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Para que el mal triunfe, solo hace falta que los buenos no hagan nada. (Edmond Burke)
ACCION San Salvador 12/7/2010 Nº 1 Pensamiento independiente
Nº 1
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EDITORIAL Pág. 1
COLUMNAS
1) ACTUALIDAD: Tocados por
la delincuencia. Pág. 2
2) CÁTEDRA: La lectura de la
Biblia en las escuelas. Pág. 4
3) ECONOMIA: FITCH califica
el Riesgo País. Pág.7
4) DEMOCRACIA: La remoción
de un Presidente. (Caso de
Manuel Zelaya) Pág.8
EDITORIAL
En este primer número de ACCIÓN
explicamos brevemente el propósito de
esta publicación. El cual lo sugirió en gran
parte, la observación de la actuación
política de la población salvadoreña, es
decir, de cómo ésta, resuelve y actúa
positiva o negativamente, con respecto a
cuantos se refiere a la vida política del
Estado.
Creemos es muy necesario para nuestra
sociedad democrática, reflexionar sobre
todas las actuaciones en las cuales el
pueblo salvadoreño debe decidir cómo
actuar, aprobando o desaprobando la
actividad de sus gobernantes, pues el
quehacer soberano no se limita al ejercicio
del voto: es permanente y constante,
manifestándose en opiniones individuales
o colectivas, según la variedad de
intereses.
Más ¿CÓMO PUEDE FORMARSE JUICIO?
¿EN CUALES CONOCIMIENTOS BASARÁ SUS
DECICIONES? Buen juicio y acertada
decisión, sólo los podrá obtener de la
información imparcial, desapasionada,
apegada a los principios ideológicos y
ajenos a todo interés partidista, el que
algunas veces, no es precisamente el que
convienen a la población.
El derecho a la información nacional está
implícito en los DERECHOS POLÍTICOS DEL
CIUDADANO. Dos de estos derechos son la
libre información y la libre expresión,
ambos de conformidad con la ley.
Ahora bien, para satisfacer
convenientemente el primero de estos
derechos, es necesario y oportuno contar
con una publicación ajena a los partidos
políticos, la cual atenderá más al aspecto
doctrinario que a intereses prácticos
inmediatos.
Y en razón de este propósito hemos
diseñado el contenido de ACCIÓN.
Esperamos, si despierta interés, ampliarlo
con la columna FORO, y otras que sugiera
la vida política nacional. Además,
aspiramos a dar espacio a todo ciudadano
ACCIÓN S.S. 12/julio/2010
publicacionaccion@gmail.com
Pensamiento independiente
Para que el mal triunfe, solo hace falta que los buenos no hagan nada. (Edmond Burke)
ACCION San Salvador 12/7/2010 Nº 1 Pensamiento independiente
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que desee expresar su opinión sobre los
diversos temas publicados u otros que él
escoja, ya sea en la publicación o en el blog
que se abrirá próximamente. Todo siempre
enmarcado dentro del espíritu de la Ley de
Imprenta, sin mas limitaciones que las que
impone el Título VI de los Delitos Relativos
al Honor y la Intimidad, establecidos en
nuestro Código Penal y el Artículo 6 de la
Constitución de la República.
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
ACTUALIDAD: Tocados por la
mano de la delincuencia.
Es más que alarmante ver que en el año
2009 fueron asesinados 4,365 personas, y
no conviene verlo como una simple
estadística sobre la que se puede teorizar.
Lo que no se menciona en los medios de
comunicación, es que junto a tal número de
muertes debe de haber mayor cantidad de
lesionados y mas aún, los que son victimas
de delitos patrimoniales.
En la publicación ECA Nº 588, de octubre
de 1997, se presenta un estudio
Multicéntrico ACTIVA, patrocinado por la
OPS, y llevado a cabo por el IUDOP,
intitulado “Magnitud de la violencia en El
Salvador”, presentado por José Miguel Cruz
y Luis Armando González, nos muestra un
cuadro muy alarmante de la situación
delincuencial los años 1995 y 1996.
Aunque el enfoque de la investigación es de
violencia social, y se sugiere en otro
informe titulado “La desmilitarización de la
economía. El caso de El Salvador”, de Knut
Walter, de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO), fechado en
octubre de 2002, dice que la sociedad
salvadoreña, aún sigue militarizada y es
necesario cambiar dicho estatus por que es
hecho generador de los altos índices de
criminalidad. Los hechos generadores, son
en última instancia, las estructuras sociales
que conforman el Estado Salvadoreño
Aunque no comparto las conclusiones de
dichos estudios, sí les doy pleno valor por
los datos presentados, los cuales están
sustentados en investigaciones reales y
convenientemente ejecutadas.
Es el caso que la violencia se entiende
como un comportamiento deliberado, que
provoca o puede provocar daños físicos o
psicológicos a otros seres y se asocia con la
agresión física, pero puede ser s psicológica
o emocional, a través de amenazas u
ofensas. La violencia es el medio que
persigue un fin fuera de razón y justicia.
Las causas generadoras de la violencia
argumentadas en los dos informes antes
relacionados, siguen la corriente de
pensamiento de Johan Geltum y Adam
Curle, quienes distinguen desde el punto de
vista de la sociología, seis tipos de
violencia: directa, estructural, cultural,
emocional, juvenil y de género.
Conciben la violencia estructural como
serie de actos violentos, en los que no hay
una persona concreta que haya efectuado la
acción, o sea, que la persona no actúa
exclusivamente por su propia voluntad, sino
que es el entorno que le rodea y que influye
en ella, la que le impele a cometer actos de
violencia. La primera forma de violencia
estructural es interna, de la personalidad
propia del individuo, o sea la naturaleza
genética y psicológica del mismo. La
segunda forma de violencia estructural,
proviene de la propia malla o tejido social,
o sea la presión que sufre del entorno. El
origen de este tipo de violencia, según la
Para que el mal triunfe, solo hace falta que los buenos no hagan nada. (Edmond Burke)
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tendencia sociológica es la política y
también la económia, o sea causada por la
represión y explotación social. El hambre,
miseria, enfermedad o incluso la muerte,
son ejemplos de violencia social cuando el
Estado no satisface las necesidades básicas
a su población.
Esta es una apreciación política, y no tiene
mas utilidad que teorizar sobre el deber ser
de un Estado y de una sociedad ideal, en
donde debe suprimirse la tenencia de armas,
el consumo de alcohol y de drogas ilícitas o
sustentar la necesidad de cambios
revolucionarios para hacer desaparecer el
hambre, la pobreza y todas las iniquidades
sociales.
Si en el último censo poblacional del 2007
se determinó que somos 5,744,113
habitantes, podemos proyectar que a esta
fecha, somos cerca de 6,000,000 de
habitantes. Tenemos 72.75 muertes por
cada 100,000 habitantes. Si consideramos
que el índice de muertes para los años de
1999-2000 fue de 60 por cada 100,000
habitantes, ha habido un incremento lento
pero inexorable, lo cual nos hace preguntar
con alarma ¿que pasará a corto plazo? Pues
si se ha determinado por estudios del BID,
que se consume el 13% del PIB en
actividades relacionadas con la violencia, y
además, hoy, el Ejecutivo propone un pacto
fiscal para acrecentar los impuestos, con el
fin de enfrentar la violencia con mayores
recursos, es imperativo darle a este
problema un enfoque de investigación
realista y práctico.
Una luz para abordar la verdadera
naturaleza del problema, y pon ende,
posibles soluciones, puede surgir del
análisis de los informes presentados por la
Fiscalía General de la República, en su
página web, y los últimos estudios
presentados por FUSADES sobre este tema.
Veamos, en estos primeros siete meses del
año, la Fiscalía ha presentado quinientos
veintidós informes, en los que da a conocer
al público, todas sus actividades. De éstos,
sólo trece, son de sucesos internos, como la
juramentación de nuevos fiscales auxiliares
y capacitaciones a su personal; sin
embargo, destacan tres informes: dos de
ellos, se refieren a ponencias presentadas
por el Sr. Fiscal General de la República,
Lic. Romeo Barahona, a juristas
canadienses, explicando el fenómeno de las
pandillas y, el tercero, es el ofrecimiento,
mediante convenio, de capacitación por
parte de abogados extranjeros, a nuestros
fiscales. También encontramos trece
artículos que se refieren a crímenes
estrictamente comunes, doce de ellos, sobre
delitos sexuales y uno, por hurto, en un
centro educativo. Y los otros quinientos dos
informes, son sobre crímenes de pandillas o
relacionados con estas y tráfico de drogas; o
sea sobre crimen organizado, el cual es
una estructura que vive y se alimenta de los
actos ilícitos. Esta última realidad, presenta
dos variantes: el ciudadano común que no
acepta las pretensiones del delincuente, o
delincuentes en ajustes de cuentas, tienen
un mismo desenlace: la muerte.
Por otra parte, FUSADES presenta
estudios que revelan que de cada diez
adolecentes estudiados, se podía determinar
sus actividades, y en consecuencia el origen
de su sustento. ¿Y el de los otros cuatro?...
Sólo se puede inferir la acción ilícita. Y la
otra pregunta que se puede formular es:
¿son éstas acciones aisladas para asegurar
Para que el mal triunfe, solo hace falta que los buenos no hagan nada. (Edmond Burke)
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su supervivencia o se relacionan con alguna
organización delictiva?
La situación en que la sociedad salvadoreña
toda ha sido tocada por el crimen
organizado, no es desconocida por las
autoridades policiales; ya pocos meses
antes de ser removido de su cargo como
Director de la PNC, el Lic. Mauricio
Sandoval (1999-2003), manifestó, que de
no contenerse a las Maras en ese momento,
llegaría la ocasión en que se tendría que
negociar con ellas para asegurar la
existencia del Estado. Esta situación ya se
presentó, pues a finales del año recién
pasado, las Maras lanzaron al Estado, una
oferta de negociación, argumentando que en
toda discusión sobre el tema delincuencial
tenia que incluírseles, porque eran ellos los
responsables de más del 25% de las muertes
ocurridos en este país, y podían evitarlas, si
la policía no los perseguía y se les
entregaba el control de las escuelas.
Ahora bien, en informes del Departamento
de Estado, se señala a El Salvador como
una vía de transporte de drogas, y que una
parte de esta droga se queda en el país
como pago por dicho transporte. Los alijos
cada vez mayores incautados por la policía
reflejan un tráfico mayor, y en
consecuencia, una presencia mayor del
narcotráfico. En efecto, basta con leer en
nuestros rotativos los amplios reportajes
sobre el narcotráfico en nuestro país, y
afirmando que muchos ciudadanos por
temor, ocultan información que poseen,
sobre la existencia de amplias zonas que
bajo la apariencia de tranquilidad, sufren el
dominio de los capos de la droga.
Un agente investigador, con su experiencia
cotidiana, afirma que el 95% de los
homicidios tienen por causa las luchas del
crimen organizado por el control territorial,
pero debemos de incluir, dentro de este
porcentaje, al los asesinados del sector
transporte. El otro 5% tiene como causas
otros tipos de violencia. Esta reflexión, es
perfectamente coincidente con los otros
indicios ya expuestos.
Ahora bien, puede ser políticamente
inconveniente, o no estar conforme con los
lineamientos propios de las tendencias
garantistas en boga, pero es una realidad
que no podemos soslayar y se hace
necesario que nuestro gobierno (entiéndase:
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Ministerio
Público y los otros órganos), y la población
en general, deben estudiar exhaustivamente
este problema bajo la luz del conocimiento
del crimen organizado como el generador
principal de la violencia, y encontrar las
soluciones que lo restringirían. Y dicho
estudio debe hacerse sin más
consideraciones que la realidad en la que
vivimos, y no bajo conceptos doctrinarios
que en resumidas cuentas permiten la
impunidad, que el Derecho pretende evitar.
CÁTEDRA: La lectura de la Biblia
en las escuelas.
Con dispensa de trámites y con el apoyo de
43 votos, fue aprobado en la Asamblea
Legislativa el Decreto Nº 411, el cual ya
fue enviado al Presidente de La República
para su sanción.
Un extracto del Decreto dice: “instituye la
lectura de pasajes de la Biblia de forma
diaria y sistemática en todos los centros
educativos del país, hasta por siete minutos,
Para que el mal triunfe, solo hace falta que los buenos no hagan nada. (Edmond Burke)
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previo el inicio de actividades académicas
de la jornada matutina, vespertina o
nocturna, sin entrar a ningún comentario
religioso, sectario ni denominacional”. En
el Art. 2 del mismo decreto, se ordena al
Ministerio de Educación establecer el
procedimiento “para hacer la selección
adecuada de las lecturas”.
La lectura de un texto por la persona que lo
considera sagrado, es en sí, un acto
religioso. El Art. 25 de nuestra Constitución
permite la libertad de culto, y aunque, el
decreto pretende esquivar una
inconstitucionalidad, permitiendo que sean
los padres de familia los que decidan si sus
hijos participan o no en la lectura, sí es el
Estado quien la promueve, y si se imparte
en las escuelas públicas, crearía una
desigualdad. Porque quien acepte la
disposición, gozará de mayor tiempo en la
atención de los servicios públicos, que
quien no la acepte; relegando a este o estos,
de una actividad escolar, por que no se
establece alguna actividad alternativa. Lo
que volvería inconstitucional el Decreto,
por violación al Art. 3 de nuestra
Constitución.
La separación de Iglesia y Estado, es una
evolución histórica del Derecho
Constitucional, y característica esencial del
Estado Moderno, en el cual el Estado debe
atender exclusivamente a las necesidades
temporales del individuo; es decir, su
interés material y psicológico. Consagra
como una garantía constitucional la libertad
de culto, o sea que el Estado, en ninguna
circunstancia puede interferir en el culto
que el individuo practica. Puede algunas
veces, la práctica pública de los ritos, crear
alarma social, alterando el orden público,
haciendo necesaria la acción del Estado, en
interés de la paz y del bien público. Jamás
el Estado puede ni debe influir en el
pensamiento interno del individuo. Y de
esto se infiere que el Estado sólo tiene en
cuanto a religión se refiere, facultades
negativas, pero nunca positivas. Este
concepto se basa en el principio de libertad
de conciencia, la que es una conquista
frente al poder del Estado.
La separación de estas dos instituciones,
Iglesia y Estado, en nuestro país ha sido
asunto zanjado ya desde 1859, con la
promulgación de nuestro Código Civil
vigente, y lapidado por la Constitución de
1886. Situación que se ha mantenido
constitucionalmente invariable hasta
nuestros días.
Al seleccionar el Estado, por medio del
Ministerio de Educación juntamente con
lideres religiosos, los pasajes de la Biblia
que serán leídos, aunque no se trate de una
lectura dirigida, el estudiante hará una
interpretación propia del pasaje, y
naturalmente, según su fuero interno; de lo
cual se deduce que el Estado siempre
estaría infiriendo en el pensamiento
religioso de la persona, pues seria el criterio
del funcionario público junto con el de los
lideres religiosos, los que marcarían la
pauta de la lectura, fundiendo en un solo
acto administrativo religión y Estado.
La lectura de los pasajes bíblicos sin más
interpretación que la de la propia
conciencia, es un principio propuesto y
defendido por Martín Lutero, y que en el
tiempo ha sido origen y sustento de las
guerras intestinas más largas y crueles de la
historia del cristianismo.
Para que el mal triunfe, solo hace falta que los buenos no hagan nada. (Edmond Burke)
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La conformación de una comisión del
Ministerio de Educación con líderes
religiosos presenta varios problemas. El
primero de ellos, es que sus acuerdos tienen
el imperativo soberano del Estado, lo que
vuelve la opinión de los líderes religiosos
parte de los actos de gobierno, ya no por su
saber o ascendiente moral, sino por el
imperio, producto de su asociación legal
con el Estado. El segundo problema es:
¿Quienes conformarán esta comisión? Por
precepto constitucional, la Iglesia Católica
está de derecho incluida, así como todas
aquellas Iglesias cuya personería jurídica
esté debidamente inscrita a la fecha. En este
punto se derivarán dos apéndices: el uno es
referente a las convicciones religiosas,
porque no todas usan la Biblia (entendiendo
las distintas traducciones y compilaciones
derivadas del Concilio de Nicea), como
ejemplo tenemos El Libro del Mormón, a la
que los seguidores de Joseph Smith y la
Iglesia de los Santos de del Último Día,
llaman Biblia, o la Tora que es el Libro de
la Ley para los judíos, raíz del cristianismo.
El otro apéndice a considerar, es: ¿están
excluidos de participar todas las creencias
religiosas que no usan la Biblia como guía
espiritual, pero sí tienen líderes religiosos
en este país, como son los musulmanes,
budistas y krisnas? Si decimos que sí,
aunque les llamemos minoría, estaremos
claramente tomando partido por una
modalidad religiosa, lo cual es claramente
inconstitucional.
La separación de Iglesia y Estado, quedó
claramente definida en 1859, con la
promulgación de nuestro Código Civil
vigente, y lapidado con la Constitución de
1886.
Si profundizamos en los motivos para la
aprobación de este decreto, vemos que es
producto de la desesperación creada por la
criminalidad en el país, ante la impotencia
de nuestros funcionarios para controlarla.
Cito las declaraciones del Diputado
Antonio Armendáriz, en publicación
electrónica de naturaleza religiosa, fechada
el 17 de febrero del corriente año, en las
que dijo “Se está hablando con los partidos
de derecha y tenemos los votos necesarios;
lo que los ha cambiado esta vez es el Señor
y la situación que tenemos ahora, porque
está visto que el único que puede cambiar
es Jesús y que ni con leyes ni con cárceles
se puede componer la situación»
En un rotativo, el Diputado Rodolfo Parker,
refiriéndose al tiempo de 7 minutos que
debían ser destinados a la lectura Bíblica,
dice que tiene su fundamento en el número
7 que es cabalístico. Esto de cabalístico
exige aclarar qué es la Cábala:
Interpretación judía esotérica de la
simbología de la Biblia, y es dada a los
iniciados en conocimiento oculto o
reservado.
Haciendo a un lado todas las
consideraciones de orden constitucional, de
ser sancionado este decreto, se corre el serio
peligro de dividir aún mas a la sociedad
salvadoreña, en una lucha religiosa, la cual
ya se está manifestando en las acaloradas
declaraciones de los lideres religiosos. Y su
discusión ya se puede leer no sólo en las
publicaciones centroamericanas, sino
también en algunas de México y España.
La disminución o extinción de la
delincuencia, la cual es el fin de este
decreto, es imposible, pues los futuros
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delincuentes no están en las escuelas, sino
fuera de ellas, y los que ya lo son, no van a
convertirse por la simple lectura de unos
pasajes bíblicos que ellos interpretarán.
Tenemos que convenir, que si a
disposiciones educativas deben de
adoptarse, seria de mayor utilidad la
implantación de la moral y el civismo, y el
recitar la Oración a la Bandera y cantar el
Himno Nacional antes del inicio de cada
jornada, con platica aleccionadora por parte
de los maestros, como se hacia
habitualmente los días lunes, antes de la
reforma educativa de 1968, y cuya práctica
se perdió a finales de la década de los 70.
Dr. Máximo Mancía.
ECONOMIA: FITCH califica el
Riesgo País.
El martes 6 de los corrientes la calificadora
de riesgo FITCH dio a conocer la nueva
calificación a aplicada a El Salvador, la cual
es de BB con panorama negativo.
Esta clasificación, refleja la realidad
económica de nuestro Estado y su
perspectiva: El endeudamiento soberano fue
el 2009 del 49% y se espera que alcance el
50% del PIB en el presente año. El
endeudamiento esperado para economías
con clasificación similar a la nuestra, es de
un 42%. Se espera para nuestro país un
crecimiento económico del 1 al 1.8%del
PIB. Cuando el promedio de crecimiento
anual para economías con igual calificación
que la nuestra se espera sea del 3 al 4%, en
cambio, el crecimiento mundial del PIB
será de un 4.6%.
La actual calificación refleja la
vulnerabilidad a shock externos o internos.
Quiero referirme al impacto que produce
dentro de nuestra economía la delincuencia
en general. En información hecha pública
por La Cámara de Comercio e Industria de
El Salvador, afirma, que en la actualidad la
empresa privada ha gastado $ 640,
000,000.00 y el costo total de El Salvador
en este rubro es del 10.8% del PIB. Esta
cifra varia según su fuente, pues algunos la
estiman que llega al 13% del PIB, según sea
el manejo de datos.
Según declaraciones de nuestros
funcionarios, es necesario un mayor gasto
en seguridad he inversión social. Ya el
Estado tiene un déficit fiscal en el ejercicio
anterior de un 5.6%. El impacto que tendría
un nuevo impuesto o el aumento de los ya
existentes afectaría negativamente en la
inversión privada y su producción, y por
consiguiente, en la competitividad de
nuestros productos. Estas medidas sólo
agudizarían la crisis que ya vivimos, porque
tal situación redundaría en calificaciones de
mayor riesgo.
Si a mayor imposición tributaria, menor
crecimiento económico, el Estado necesita
en estos momentos de crisis, asegurar la
producción y consumo actual, pues es de
dicha actividad de donde obtiene sus
recursos.
Las políticas de endeudamiento a largo
plazo, pueden dar un respiro a las finanzas
del Estado y permitirle cumplir con sus
compromisos, pero esta situación se revierte
Para que el mal triunfe, solo hace falta que los buenos no hagan nada. (Edmond Burke)
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cuando la economía decae. En
consecuencia, siendo un de los principales
problemas la delincuencia, y que se nutre y
detiene nuestra economía, se hace necesario
un estudio detallado de las inversiones en el
área de Seguridad Pública así como de sus
políticas, buscando una reorientación de los
recursos antes de proponer nuevos
impuestos.
Las calificadoras de riesgo, no solo evalúan
la situación financiera del Estado, sino el
funcionamiento de la economía en general y
una variante a tomar en consideración es la
seguridad jurídica. Una calificación
desfavorable nos encarece la deuda, y por
tanto el Estado necesitará mayores recurso
para el cumplimiento de sus compromisos.
DEMOCRACIA: La deposición de
un presidente. (Caso de Manuel
Zelaya)
“La paz es el efecto de la confianza que la
honradez y la lealtad de los gobernantes
infunden a los ciudadanos."
General Eustorgio Salgar Moreno,
Presidente de los Estados Unidos de
Colombia 1870-1872
A casi un año ya del 28 de junio de 2009,
podemos evaluar uno de los hechos
políticos de mayor trascendencia para la
vida democrática centroamericana. Los
titulares de prensa de días posteriores a la
deposición del Presidente de Honduras
Manuel Zelaya, llaman al hecho “un golpe
de Estado”, y mueve a las distintas
organizaciones internacionales a
pronunciarse al respecto. Sin embargo,
tenemos que ver dicho hecho, con la
serenidad que nos da el tiempo transcurrido
y del desenlace que ha tenido, no olvidando
sobre todo, la soberanía de la República de
Honduras, y lo que ello implica. En
valoraciones de este tipo, deben atenderse
los principios políticos y jurídicos que están
en juego por sobre los intereses de partido.
Y no debe olvidarse también que las
decisiones tomadas por los otros Estados
Centroamericanos tiene un impacto
económico significativo en el área, y más
aun hoy que existe una crisis económica
mundial. Este tema, olvidado ya por los
medios de comunicación de nuestro país,
pero siempre de actualidad, por no estar
diplomáticamente resuelto, ha sido
nuevamente llevado a discusión gracias a la
conferencia impartida por el Ex Presidente
Roberto Micheleti, a la audiencia
salvadoreña quien atendiendo solicitud de
la asociación Cívica Pro Paz y Trabajo, se
presento en un hotel capitalino el mates 22
de junio para exponer los acontecimientos
que motivaron la remoción del Ex
Presidente hondureño Manuel Zelaya.
Desde nuestra primera Constitución de la
República Federal de Centro-América,
promulgada el 22 de noviembre de 1824,
quedo claramente asentado lo que sería
para Centroamérica la soberanía nacional y
los deberes del ciudadano.
Veamos cómo pensaron nuestros próceres
en aquel momento:
Art. 1.- El pueblo de la República federal
de Centro América es soberano e
independiente.
Para que el mal triunfe, solo hace falta que los buenos no hagan nada. (Edmond Burke)
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Art. 2.- Es esencialmente soberano y su
primer objeto la conservación de la
libertad, igualdad, seguridad y propiedad.
Art. 3.- Forman el pueblo de la República
todos sus habitantes.
Art. 4.- Están obligados a obedecer y
respetar la ley, a servir y defender la patria
con las armas y a contribuir
proporcionalmente para los gastos públicos
sin exención ni privilegio alguno.
Esta remembranza histórica es para
establecer el origen político común y
explicar los hechos políticos actuales. Es
prueba de que el sentimiento democrático
es nuestro, por nacimiento, y rechazamos
cualquier intento de forzar situaciones de
imposición, que no sean producto de la
voluntad soberana expresada previamente
en la ley.
En nuestro sistema democrático, la
soberanía debe manifestarse; y la forma
usualmente aceptada para esta
manifestación, es mediante el voto directo
en elecciones libres: Sin embargo, mediante
la representación que se da a partir de las
elecciones, deja aletargada la voluntad
ciudadana, hasta la siguiente contienda
electoral. Un mandato, presidencial,
municipal o parlamentario, conlleva un
apego de la voluntad soberana en el
mandato del funcionario, quien no tiene
mas, atribuciones que las que la ley le da, y
su gestión, tiene que ser a su vez, la
expresión de la voluntad soberana. La
voluntad soberana legitima la acción del
mandatario, en tacita aceptación, mediante
la obediencia a su mandato, el cual por lo
tanto, no es jamás absoluto, ni mucho
menos, contrario a la voluntad de su
mandante.
Las expresiones de hecho, generalmente
corresponden a minorías, las cuales son
normales dentro de la democracia, y jamás
alteran el funcionamiento normal del
Estado, y se califican como manifestaciones
normales de la libertad de expresión, y que
solo incomodan al gobernante de turno.
Partiendo de los principios ya expresados,
concluimos, que al crearse una situación de
crisis política por la pretensión de instalar
una cuarta urna, que tenía el propósito de
proponer un cambio constitucional en
Honduras, no siguió los pasos determinados
en su proceso y más aún, contraviniendo la
legislación vigente. Ahora bien, aunque la
consulta popular o referéndum es un
instrumento democrático, su práctica tiene
que estar regulada previamente por la ley. Y
por esta razón aunque se arguya que se
realizará un acto puramente democrático y
sin más fin que la de una consulta, no deja
de ser un acto arbitrario. Al pretenderse la
ejecución de un acto claramente contrario a
derecho, obliga a los otros poderes del
Estado a ejercer su función contralora
objetando dentro del marco de la ley, la
colocación de la cuarta urna. Sin embargo,
al insistir el Presidente Zelaya en la
ejecución de dicho acto, obligan al único
ente facultado para el ejercicio de la fuerza
legítima, actuar: el ejercito; y se remueve
del cargo al infractor. Esta acción de fuerza
que depone al Presidente, no riñe con el
proceso democrático, pues doctrinariamente
en la mayoría de las constituciones en las
que no hay una lucha armada interna en
curso, se acepta el derecho a la insurrección
o la deposición de un funcionario si se ha
excedido en sus funciones.
Para que el mal triunfe, solo hace falta que los buenos no hagan nada. (Edmond Burke)
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Es de hacer notar que en el sistema
presidencialista, el presidente, no llega por
merito exclusivamente propio, sino que
posee inicialmente el aval de un partido
político, y de todas las fuerzas que apoyan
al mismo. Y en el caso hondureño, todas las
fuerzas políticas, negaron su apoyo al
Presidente Zelaya en su pretensión, lo que
queda claramente evidente por la
oposición de su partido en el Congreso, y
en la del ciudadano común al no acatar sus
llamados a la resistencia, ya sea esta activa
o pasiva. En consecuencia, la legitimidad de
su mandato fue diluyéndose en la medida
que su gestión fue contraria a la voluntad
soberana.
La deposición del Presidente Zelaya, fue un
acto estrictamente democrático; extremo en
su proceder, si lo calificamos, pues se
espera que un funcionario acate los
mandatos de los entes contralores directos
como es La Corte Suprema y el Congreso
Nacional. Pero explicable, por el desarrollo
de los hechos: La negativa del Presidente
Zelaya a reconocer la autoridad conferida
soberanamente a los otros poderes del
Estado, dando al ejercito la orden directa de
instalar la cuarta urna, lo que implica un
uso indebido de su autoridad. La acción
militar no generó más consecuencia que la
remoción del Presidente Zelaya.
Puede sustentarse por algunos que el
proceder del Ejército fue ilegal, pues la
forma legal hubiese sido la formación de un
antejuicio y posterior remoción del cargo.
Más, siendo él Comandante General del
Ejercito, y habiendo ordenado el uso de las
Fuerzas Armadas para la instalación de la
cuarta urna, separando de su cargo a la
cúpula militar que se le opuso, esta
posibilidad no fue viable. La legitimidad de
la deposición presidencial, estaba en duda
hasta ver el desenvolvimiento de los hechos
de ese día, porque se desconocía la reacción
del pueblo hondureño. Fue claro que no
hubo un movimiento interno
suficientemente fuerte para sostener al
Presidente Zelaya en su cargo. Lo cual
indica un apoyo sólo de la minoría.
La soberanía, también tiene que ser
entendida en su ámbito internacional, o sea
la aceptación de los otros estados de los
procesos políticos internos de un país. Es
comprensible las primeras reacciones de la
UE, OEA y ONU, instando a que se
restaure el “gobierno democrático" (el de
Manuel Zelaya), mientras que El Salvador,
Nicaragua, Guatemala, Venezuela y los
Estados Unidos anunciaron sanciones
económicas para Honduras a causa del
"golpe de Estado", y el Banco Mundial y el
BID, anunciaron la suspensión de la ayuda
financiera que otorgaban a Honduras, y se
produjo una retirada en bloque de todos los
embajadores de la Unión Europea. Por otra
parte, ya no es comprensible mantener esta
posición, porque la elección del Presidente
Porfirio Lobo, puso en funcionamiento la
soberanía hondureña, manifestando su
voluntad de un nuevo presidente.
Ahora bien, la toma de posesión del
Presidente Porfirio Lobo restaura el orden
constitucional hondureño. Y la ley de
Amnistía propuesta por él pone fin jurídico
a la deposición del Ex Presidente Manuel
Zelaya.
La de deposición de un Presidente no se
debería de dar en nuestro sistema, si el
funcionario fuese fiel a su propuesta
electoral, a su partido y respetara las
Para que el mal triunfe, solo hace falta que los buenos no hagan nada. (Edmond Burke)
ACCION San Salvador 12/7/2010 Nº 1 Pensamiento independiente
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contralorías internas de un Estado. El acto
antidemocrático es pretender interpretar la
voluntad popular arbitrariamente, fuera de
la normativa establecida.
Es de estudiar el caso hondureño, pues
refleja la deficiencia de nuestro sistema
democrático, la cual consiste en que no hay
recursos de reclamación a nuestros
funcionarios cuando estos pierden el apoyo
popular o simplemente cambian de partido
aduciendo una nueva ideología, guardando
su posición política y poder del cual fueron
investidos. En ese sentido han sido modelos
Inglaterra, Francia e Israel, y aún en nuestro
continente, Argentina, cuando luego de la
dictadura militar, el Presidente Raúl
Alfonsín al perder popularidad por las
malas políticas económicas, las que crearon
hiperinflación y por ende, falta de
aceptación y legitimidad de su mandato,
depone su cargo voluntaria y
anticipadamente a favor de Carlos Saúl
Menen, quien había sido electo
recientemente en 1989. Este fue un ejemplo
de acción democracia.
Es necesario cerrar este capítulo ya definido
por el soberano hondureño al elegir nuevo
Presidente de la República. Pues es
momento en que pesen mas los intereses
económicos del área centroamericana, y
especialmente los de El Salvador y
Honduras.
En conclusión: ¿Qué provocó el conflicto
que alteró la paz?
Fue la pretensión de imponer un acto que,
aunque democrático por naturaleza, sería
arbitrario por que no estaba regulado por la
ley nacional.
Lección política: Todo funcionario antes
de proponer la implementación de un acto
de gobierno, no solo debe considerar la
naturaleza y fines del mismo, sino que sea
legal, según la constitución, porque lo que
él juró al tomar su cargo fue cumplir La
constitución y Leyes de la república.