Post on 11-Mar-2016
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Advertencias sobre el nuevo Sistema de responsabilidad penal
adolescente
La Ley de Responsabilidad penal adolescente debió haber entrado en vigencia en junio del
año pasado; sin embargo, como el sistema no estaba preparado para operar, el Gobierno
decidió postergarla en un año, por lo que entrará en vigencia el próximo 8 de junio. Pero
ahora, a ojos de la comisión de expertos, creada por el Congreso Nacional para evaluar la
implementación de la ley, tampoco están dadas las condiciones mínimas para un
funcionamiento adecuado del sistema.
Esta comisión, en octubre del año pasado, identificó en un primer informe los cinco
núcleos problemáticos esenciales que debían ser abordados con urgencia por la autoridad
para que el sistema pudiera ser puesto en marcha adecuadamente en junio de este año.
Luego, un segundo informe presentado hace sólo unas semanas al Congreso, concluye que
a la fecha no se dan las condiciones mínimas necesarias y “no es posible garantizar que la
infraestructura, el estado de los programas y la administración general del sistema
permitan una adecuada puesta en funcionamiento integral de la justicia penal adolescente
en junio próximo”.
Para la comisión, una alternativa al aplazamiento podría ser la entrada gradual en
vigencia de la ley. Ello sería posible con excepción de los centros semicerrados, que
necesitan un diseño diferente “para cumplir con las finalidades que la ley estableció.”
Las conclusiones de la comisión se sustentan en variados antecedentes. En primer
lugar, la inexactitud de las estimaciones de la carga de trabajo. Cuando la ley entre en
vigencia, los centros de internación provisoria sufrirán una fuerte demanda por las causas
pendientes. Por su parte, en el sistema privativo de libertad se producirá un
acumulamiento hasta que se logre un cierto equilibrio entre ingresos y egresos. Es en el
intertanto cuando podrían producirse problemas de sobrepoblación.
En segundo lugar, el régimen semicerrado presenta serias dificultades de diseño y
aunque existen recintos de este tipo en todas las regiones del país, la comisión concluye
que no es suficiente. En la práctica, un adolescente podría tener que desplazarse cientos de
kilómetros para cumplir su pena lo que, además de lesionar el principio de igualdad, es
relevante si se consideran las graves sanciones asignadas al quebrantamiento de este
régimen.
Por último, la comisión estima que hay que tener especial cuidado con el
tratamiento, proceso y penas de las personas de 14 y 15 años, que hasta ahora se habían
mantenido fuera del sistema de justicia criminal: “Los errores de diseño e implementación
(…), y esto es sin duda lo más delicado, pueden tener efectos devastadores e irreparables
en los destinos individuales de los afectados.”
La nueva Ley de Responsabilidad penal adolescente se refiere a una realidad
extremadamente delicada, cual es la de sancionar, educar y reinsertar a personas que están
en una etapa determinante de su vida, la adolescencia, y es por eso que los errores en esta
materia pueden tener consecuencias insospechadas para miles de jóvenes, lo que obliga a
ser prolijos en su implementación. Es un deber, por lo tanto, que el Gobierno tome en
cuenta la insistencia de la comisión en las mismas falencias, las cuales han llevado a la
conclusión de que hoy no están dadas las condiciones mínimas para un correcto
funcionamiento del sistema.
Guillermo Ramírez D.
Abogado
Fundación Jaime Guzmán E.
Integrante Comisión Responsabilidad Penal Adolescente