LEY DE JUSTICIA Y PAZ: ¿Se están logrando los objetivos? Diego S. Díaz Navarro

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Fig. 1. Desmovilización del las Autodefensas Campesinas del Bloque Córdoba. Enero de 2005.

LEY DE JUSTICIA Y PAZ ¿SE ESTÁN LOGRANDO LOS OBJETIVOS?

DIEGO S. DÍAZ NAVARRO1 diegodiaz001@gmail.com

22 de Febrero de 2010

“Que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aun siendo tan deseada, sea sinónimo de una paz verdadera. No hay verdadera paz sino viene acompañada de equidad, verdad, justicia, y solidaridad”.

Papa Juan Pablo II (1920-2005).

“Justicia es el hábito de dar a cada cual lo que se merece”. Ulpiano (170-228) Jurista romano.

a ley 975 de 20052 o también llamada “ley de justicia y paz” tiene como objetivo principal: “facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”3.

1 Ingeniero Mecánico y Estudiante de Derecho de la Universidad de Antioquia.

2 Colombia, Ley 975 de 2005. Gaceta del Congreso, No. 520. Santa Fe de Bogotá, 18 de Agosto de 2005.

3 Ibid. art. 1.

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omo Derecho a la Verdad se entiende “el derecho inalienable, pleno y efectivo de conocer la

verdad sobre los delitos cometidos por grupos armados organizados al margen de la ley, y sobre el paradero de las víctimas de secuestro y desaparición forzada”4; Derecho a la Justicia, “De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el Estado tiene el deber de realizar una investigación efectiva que conduzca a la identificación, captura y sanción de las personas responsables por delitos cometidos por los miembros de grupos armados al margen de la ley; asegurar a las víctimas de esas conductas el acceso a recursos eficaces que reparen el daño infligido, y tomar todas las medidas destinadas a evitar la repetición de tales violaciones”5; “El derecho de las víctimas a la reparación comprende las acciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no repetición de las conductas”6.

e acuerdo con lo anterior la Ley de Justicia y Paz debería proveer una solución tanto para las

personas militantes de los grupos armados organizados al margen de la ley, facilitándoles la reincorporación a la vida social, como a las víctimas de los mismos garantizándoles la no impunidad de los delitos cometidos y la reparación de los daños ocasionados, por muy leves o graves que sean.

4 Ibid. art. 7.

5 Ibid. art. 6.

6 Ibíd. art. 8.

ste documento tiene como finalidad mostrar que, aunque la Ley 975 de 2005 ha sido una

herramienta de mucho valor en la consecución de la paz en Colombia, ha presentado muchas fallas en su implementación en cuanto se refiere a la aplicación de justicia a los procesados; la búsqueda de la verdad con la confesión de los delitos y las versiones libres; y la reparación de las victimas que ha sido una de las críticas más fuertes que ha recibido dicha ley. Tal y como está siendo articulada, apunta al establecimiento de un régimen de impunidad, en el sentido en que las medidas reparatorias y de sanción no parecen cumplir ni los estándares internacionales que sobre justicia, verdad y reparación ha establecido el sistema regional de protección, ni las reglas vigentes en el sistema nacional. Primero se abordará el tema de los antecedentes de la Ley de Justicia y Paz donde veremos las circunstancias y los motivos por los cuales se creó y las opiniones de la comunidad internacional y la opinión pública; en segundo lugar se mostraran algunos resultados de la mencionada ley con cifras oficiales y no tan oficiales; en tercer lugar se señalarán las fallas en el cumplimiento de los objetivos de la ley y por último se darán a conocer algunas conclusiones acerca del tema que nos convoca.

1. ANTECEDENTES.

os procesos de paz de los años noventa trajeron consigo la firma de acuerdos de paz en los cuales un requisito fundamental era la

concesión por parte del Gobierno de la amnistía y el indulto. Sin embargo, dado

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que en Colombia sólo se permite la concesión de la amnistía y el indulto por delitos políticos algunos desmovilizados sí fueron procesados penalmente. No obstante y a nivel general, la política de los años 90 en materia de justicia fue de perdón y olvido. En diciembre de 2002 las Autodefensas Unidas de Colombia, organismo que integraba a gran parte de los grupos paramilitares del país, declaró oficialmente un alto al fuego7. Las conversaciones entre el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez y los principales jefes de las Autodefensas se estaban llevando a cabo en la zona de concentración de Santafé de Ralito, en el departamento de Córdoba.

Fig. 2. Salvatore Mancuso y alias “Macaco” en una de las conversaciones en Santafé de Ralito, Córdoba.

a Ley de Justicia y Paz fue desarrollada por el Gobierno colombiano para enmarcar jurídicamente la desmovilización de estos grupos de extrema derecha. Durante dos años se

deliberó sobre las condiciones del texto, que finalmente se aprobó en el Congreso en junio de 2005.

7 Aunque se firmó el acuerdo de cese al fuego,

algunos frentes como el de los llanos orientales continuaban combatiendo.

a Ley 975 puede resumirse de la siguiente manera. Para acogerse a los beneficios de la ley los

miembros de estos grupos deben cumplir un conjunto de requisitos, que pueden clasificarse en tres grupos: unos requisitos de elegibilidad para ser considerados como futuros beneficiarios; unas condiciones dentro del proceso mismo; y unos compromisos después de cumplirse la pena alternativa.

ara los desmovilizados individuales los requisitos son: la entrega de información o su

colaboración para el desmantelamiento del grupo; la suscripción de un acta de compromiso con el Gobierno Nacional; su desmovilización formal; cesar toda actividad ilícita; entregar los bienes producto de la actividad ilegal y que su actividad no haya tenido como finalidad el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito. Para los desmovilizados colectivos se establecen seis requisitos de elegibilidad para ser beneficiarios de la ley de justicia y paz: que el grupo armado organizado de que se trata se haya desmovilizado y desmantelado; la entrega de bienes producto de la actividad ilegal; la entrega de la totalidad de menores de edad reclutados al ICBF; cesar toda interferencia al libre ejercicio de los derechos políticos y libertades públicas y cualquiera otra actividad ilícita; que el grupo no se haya organizado para el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito y la liberación de todas las personas secuestradas, que se hallen en su poder.

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2. LEY DE JUSTICIA Y PAZ EN CIFRAS.

l Gobierno Nacional ha postulado a 4.178 personas desmovilizadas a la Ley de Justicia y Paz8. Esta ley

ha permitido conocer aproximadamente 53.000 hechos delictivos, de los cuales más de 17.000 han sido confesados por los responsables; se han desmovilizado colectivamente 40 bloques de los cuales 37 pertenecían a las AUC y 3 a las FARC; las personas desmovilizadas colectivamente fueron 31.671 y 101 respectivamente; los desmovilizados colectivos postulados a la Ley 975 de 2005 fueron 2.991 de las AUC y 2 de las FARC; los desmovilizados individuales postulados a la ley de justicia y paz fueron 38 de las AUC y 132 de las FARC; a la fecha del informe se han realizado 1.968 versiones libres de las cuales se finalizaron 1.231 y están en curso 737, en estas versiones se han enunciado 35.664 hechos y confesado cerca de 17.000 delitos; se exhumaron 2.388 fosas y se recuperaron 2.901 cadáveres, 910 identificados plenamente y 606 en espera de resultados de laboratorio, 796 cuerpos han sido entregados a los familiares.

a ley de justicia y paz también ha permitido abrir investigaciones de tipo penal contra funcionarios con

8Colombia. Oficina del Alto Comisionado para la

Paz de la Presidencia de la República. Bogotá, 16 de Febrero de 2010. En: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/favicon.ico

cargos de responsabilidad política y/o pública9(Ilustración 1), a saber: Miembros de las FFAA 240 Senadores 32 Representantes a la Cámara 38 Servidores Públicos 106 Concejales 42 Alcaldes 171 Gobernadores 19 Diputados 9

l total de víctimas10 referidas en hechos enunciados es de 51.702 de las cuales 19.943 están

relacionadas en hechos confesados. 280.420 víctimas se han registrado, 34.445 de ellas ha participado en diligencias de versión libre.

Fig. 3. Salvatore Mancuso en versión libre con el Fiscal General Mario Iguarán.

n cuanto a bienes entregados por paramilitares para reparar a sus víctimas11, el balance que se tiene

hasta ahora es de 93 predios que representarían más de veinte mil 600 millones pesos. Además, el Fondo de Reparación a Víctimas cuenta con nueve

9 Colombia. Fiscalía General de La Nación- Unidad

Para la Justicia y la Paz. Datos a diciembre 31 de 2009. En: http://www.fiscalia.gov.co/justiciapaz/ 10

Ibíd. 11

Colombia. Fondo de Reparación a Víctimas. Acción Social. Diciembre 10 de 2009.

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mil millones de pesos (recibidos en efectivo, monetización de bienes muebles, ingresos por arriendos) constituidos en Títulos de Deuda Pública Doméstica, TES, emitidos por el Gobierno y administrados por el Banco de la República.

a Oficina del Alto Comisionado Para la Paz de la Presidencia de la República manifestó que durante

el 2010 se van a invertir seiscientos mil millones de pesos en reparar a las víctimas más vulnerables: “las madres cabeza de familia, las víctimas con discapacidad y otras categorías seleccionadas por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación”.

demás, el Gobierno ha invertido en el último año 200 mil millones de pesos para reparar a las

víctimas por vía administrativa, siendo Antioquia, Magdalena, Meta, Santander y Sucre, los departamentos donde más víctimas se han reparado.

3. OBJETIVOS NO CUMPLIDOS.

pesar de que las cifras anteriores son prometedoras, hay muchas críticas al respecto.

Algunos sostienen con respecto a los hechos enunciados y confesados, hasta el 30 de junio de este año 10.542 hechos habían sido confesados en versiones libres, entre ellos 6.549 homicidios, y

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10632

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171

42

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Compulsa de copias a miembros de la Fuerza ArmadasCompulsa de copias a Servidores Públicos

Senadores

Representantes a la Cámara

Gobernadores

Alcaldes

Concejales

Diputados

Ilustración 1. Investigación penal de personas con cargos de responsabilidad política.

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relacionando 13.125 víctimas12; el diseño de la Ley 975 parece insuficiente para enfrentar un historial delictivo tan voluminoso, lo cual hace preveer que será difícil que la Fiscalía logre hacer sus investigaciones en tan corto tiempo, y bajo parámetros que garanticen la participación de las víctimas y aseguren que la ‘verdad’ del versionado no será el único elemento probatorio en los juicios; además, comparando las cifras de víctimas registradas y las que asisten a las versiones libres, se encuentra que estas últimas solo representan un 12% del total13, lo cual implica que en su mayoría las víctimas de los paramilitares están conociendo de manera parcial las dimensiones de esta verdad confesada. Se dice que es por razones de tipo logístico, de insuficiencia de recursos, de seguridad e inclusive de mala gestión por parte de la Fiscalía. Ya sea por un motivo u otro, lo cierto es que esta tendencia se ha mantenido a lo largo de los años que ha funcionado la ley de justicia y paz; En el tema de realización de versiones libres, lo que hace a esta ley objeto de críticas es que las versiones terminadas con confesión total de hechos (5) es un indicador bajo y, tal como fue expuesto en el último informe de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, una buena parte de las versiones libres que se reportan como iniciadas no se continuaron debido a que la Fiscalía no tuvo elementos para acusar al postulado de ningún delito grave.

Además la extradición de 14 ex comandantes paramilitares que estaban

12

Colombia. Fundación Ideas para la Paz. Comunicado de prensa. Bogotá, 24 de Julio de 2009. En: http://www.verdadabierta.com 13

Ibíd.

rindiendo versión libre ante la Fiscalía impactó directamente el proceso y disminuyó las posibilidades de encontrar verdad, justicia y reparación para miles de víctimas de los grupos que comandaron.

tro tema en el que se rajó la ley de justicia y paz es el que se refiere a la reparación de las

víctimas, aunque existe un programa que establece la reparación individual por vía administrativa a las víctimas del conflicto armado, a la fecha no se conoce un informe o análisis del impacto de dicho mecanismo dentro de los procesos de Justicia y Paz14.

ara terminar, las siguientes son las posiciones de algunos organismos internacionales con

referencia a los resultados de la ley de justicia y paz:

l balance que hace el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice:“Sin justicia y sin

paz, verdad fragmentada, reparación ausente”, concluye que la Ley 975 de 2005 ha fracasado en su objetivo de llegar a la verdad, penalizar a los autores de crímenes de lesa humanidad, y reparar integralmente a las víctimas del conflicto. Las cifras presentadas por el Movice muestran un porcentaje cercano al 10 por ciento, e incluso, la Policía Nacional estima que son cerca de 7.200 los ex miembros de las AUC que componen las bandas de Los Urabeños, Los Rastrojos, el Erpac, Los Paisas, Los Machos, Nueva Generación, el grupo de Magdalena Medio, Renacer, y las Águilas

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Ibíd.

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Negras (que no ha sido reconocida por el gobierno)15.

Fig. 4. Iván Cepeda, hijo. Presidente del Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado “MOVICE” durante una marcha.

a ley de justicia y paz ha representado un avance en cuanto a la disminución de las masacres y

la violencia en algunos sectores del país, en cuanto al descubrimiento de fosas comunes y la confesión de 6889 hechos y más de 20 mil enunciados en versión libre, pero es una ley llena de problemas porque el gobierno se resiste a aplicarla”. Esta es una de las principales conclusiones que presenta el Informe público No. 4 “Justicia y Seguridad para las Víctimas del Conflicto Armado, análisis con perspectiva de género”, presentado por la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz-IMP., el documento revela que en la realidad, el desarrollo de la ley 975 de 2005 tiene dificultades: en el acceso de las víctimas a la justicia, la casi nula reparación y devolución de los bienes y el maltrato sistemático y de desconocimiento al papel y a los derechos de las víctimas y el

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Revista Semana. Sin autor. ¿Qué tanto ha funcionado Justicia y Paz?, Informe: “La percepción de los resultados de Justicia y Paz”. 15 de Febrero de 2010. En: http://www.semana.com/

incumplimiento por parte del Gobierno de crear un verdadero Plan de Protección a Víctimas y Testigos a la luz de la ley de justicia y paz. En este sentido, el informe señala problemas graves en seguridad y protección a las víctimas que hacen parte del proceso y una incapacidad total del Estado para abordar el tema de la violencia sexual en el marco del conflicto armado. El tema de la violencia sexual se presentan dos caras, la de los perpetradores y la de la víctimas.

Fig. 5. Mujeres víctimas de la violencia en Colombia.

n el caso de los victimarios se hace evidente que durante el proceso de justicia y paz, estos

prefirieron denunciar miles de homicidios y no las agresiones sexuales en contra de las mujeres, pese a los testimonios que se han recogido y la jurisprudencia de la Corte respecto al tema, actualmente solo se han presentado 9 confesiones y 20 hechos confesados16.

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Alianza Iniciativa De Mujeres Colombianas Por La Paz-IMP. Comunicado de Prensa.. Bogotá, 29 de abril de 2009.

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or otro lado, el informe presentado por la Ong Human Rights Watch:“Herederos de los

paramilitares: la nueva cara de la violencia en Colombia”, señala la preocupante situación de los “herederos de los paramilitares”, como ha preferido llamarlos, pues estos siguen ejecutando masacres, ejecuciones, desplazamientos forzados, violaciones sexuales y extorsión. Actividades que no difieren de las que cometían hace unos años las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC17.

ai Ambos, profesor de la Universidad de Göttingen (Alemania) y experto en derecho

penal internacional, en diálogo con El Espectador hizo un análisis crítico del proceso de Justicia y Paz, explicó su estudio sobre la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) en Colombia y advirtió que el país tiene que avanzar en las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales. “Para la comunidad internacional es muy grave que no se hayan producido resultados concretos en cuanto a condenas de los comandantes paramilitares. Esta es una ley cuyo elemento punitivo es mínimo. Aunque reconocemos que se ha hecho mucho en las desmovilizaciones de personas y versiones libres, vemos que hay serias deficiencias, en particular la reparación de víctimas y la falta de coordinación entre las entidades que participan. Este proyecto sólo puede funcionar si se hace sin protagonismos. Hay que reconocer que existen mecanismos para las víctimas que si bien son deficientes, antes no existían…”; “Si el proceso produce

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Revista semana. Óp. Cit.

sentencias fundamentadas contra los comandantes, será aprobado por la CPI. Hasta ahora no las tenemos y por eso es difícil evaluar el punto de vista de la Corte. Es importante evaluar el proceso íntegramente, como los elementos de verdad y el tema de víctimas. Se reconoce que hay versiones que conllevan a la verdad, pero ¿dónde está el resultado jurídico? Es preocupante la falta de reparación efectiva de víctimas y de restitución de tierras y bienes…”18.

Fig. 6. Hacinamiento de desplazados por el conflicto armado colombiano.

l representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la

Organización de Naciones Unidas (ONU), Christian Salazar criticó el desarrollo de los procesos durante su intervención en el Encuentro de la Justicia, y concluyó que, aunque Colombia necesita una ley de justicia transicional como la Ley 975 del 2005, es prioritario aplicar profundas modificaciones para poder cumplir con ese propósito. Según el representante, es necesario hacer profundas reformas estructurales y procedimentales de la Ley

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Muñoz, Laura Juliana. Experto critica escasos avances en Ley de Justicia y Paz. Tomado de Diario El Espectador. Bogotá, 15 de Febrero de 2009. En: http://www.elespectador.com/

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y combinarla con instrumentos como una comisión de la verdad o de víctimas que responda a los estándares internacionales.

ambién cuestionó que la Ley no haga diferencias entre personas que han cometido delitos graves y

quienes han cometido delitos de menor impacto y criticó las penas de ocho años en personas que han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad.

uestionamos que una condena de ocho años sea idónea cuando se trata de crímenes de guerra y lesa

humanidad, siendo que el estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece una pena mínima de 30 años para este tipo de delitos…";"Los máximos responsables de los organismos desmovilizados no están siendo castigados y nadie ha sido condenado ni siquiera parcialmente. Hasta ahora la ley no ha contribuido a crear justicia y esto es preocupante y frustrante, sin embargo quiero aclarar que el hecho de que esta ley no haya generado justicia, no significa que pensemos que es innecesaria…". A juicio de Salazar Volkman, las cifras demuestran que una cantidad muy reducida de presuntos perpetradores se han sometido a la justicia bajo la Ley 97519.

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RICO, MARÍA ANDREA. ONU descalifica la Ley de

Justicia y Paz. Tomado de Diario El Tiempo, Bogotá 10 de Febrero de 2009. En: http://www.eltiempo.com/

CONCLUSIONES

a Ley de Justicia y Paz ha sido controvertida desde que se implementó, las críticas de los

organismos internacionales20 y las demandas de inconstitucionalidad lo demuestran.

os objetivos propuestos por la ley 975 de 2005 no han sido logrados en ninguno de los aspectos para

los que fue creada, la verdad no se ha conocido a ciencia cierta ya que en las versiones libres de los acusados no se confiesan todos los delitos cometidos o se mencionan solo los delitos de que tienen conocimiento las autoridades; en cuanto a la justicia, es bien sabido que la impunidad reina en los procesos, tanto por la incapacidad probatoria de las autoridades como por el hecho de que la ley contempla penas muy bajas para los delitos cometidos, esta opinión la refuerza el informe de la Corte Penal Internacional cuando hace el estudio de los resultados de la aplicación de la ley, además las condenas dictadas son pocas comparadas con la cantidad de delitos cometidos; y en el tema de la reparación de las víctimas no se ha podido restablecer la posesión de los terrenos usurpados, ya sea porque no se ha establecido el mecanismo apropiado o porque los usurpadores no han devuelto los terrenos ocupados.

20 Oficina En Colombia Del Alto Comisionado De Las Naciones Unidas Para Los Derechos Humanos. Comunicado de prensa. Bogotá, 4 de Enero de 2006. En: http://www.hchr.org.co

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s evidente que la Ley de Justicia y Paz es un instrumento importante en la consecución de la paz de

Colombia y que los resultados obtenidos hasta ahora son prometedores, pero para que la ley tenga una alta eficacia hay que hacerle modificaciones de fondo en cuanto a la legislación penal y las consideraciones humanitarias y de derecho de las víctimas.

BIBLIOGRAFÍA

Acosta Tobón, Sergio Andrés. “Impactos psicológicos de la justicia restaurativa en el marco de la ley de justicia y paz”. Revista Electrónica de Psicología Social «Poiésis», Nº 18. Medellín, Diciembre de 2009. ISSN 1692-0945. Alianza Iniciativa De Mujeres Colombianas Por La Paz - IMP. Comunicado de Prensa. Bogotá, 29 de Abril de 2009. Colombia. Fundación Ideas para la Paz. Comunicado de prensa. Bogotá, 24 de Julio de 2009. Página de Internet. http://www.verdadabierta.com

Colombia, Ley 975 de 2005. Gaceta del Congreso, No. 520. Santafé de Bogotá, 18 de Agosto de 2005. Página de Internet. www.secretariasenado.gov.co/gaceta

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Gómez Hernández, Bersarión. “Análisis Jurídico y Constitucional de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005)”. Diálogos de Saberes. No. 27. B (Julio – Diciembre de 2007). Pág. 73-100 ISSN 0124-0021. González Zapata, Julio. “Verdad, justicia, paz y reparación en la mitología penal. A propósito de la ley 975 de 2005”. Estudios Políticos, No. 27. Medellín, Julio-Diciembre de 2005. Muñoz, Laura Juliana. Experto critica escasos avances en Ley de Justicia y Paz. Tomado de Diario El Espectador. Bogotá, 15 de Febrero de 2009. Página de Internet. http://www.elespectador.com/ Oficina En Colombia Del Alto Comisionado De Las Naciones Unidas Para Los Derechos Humanos, Comunicado de Prensa. Bogotá, 4 de Enero de 2006. Página de Internet: www.hchr.org.co Revista Semana. Sin autor. ¿Qué tanto ha funcionado Justicia y Paz?, Informe: “La percepción de los resultados de Justicia y Paz”. 15 de Febrero de 2010. Página de Internet. http://www.semana.com/ RICO, MARÍA ANDREA. ONU descalifica la Ley de Justicia y Paz. Tomado de Diario El Tiempo, Bogotá 10 de Febrero de 2009. Página de Internet. http://www.eltiempo.com/

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