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Manifestación contra la «ley Celáa» delante del Congreso de losDiputados - Guillermo Navarro
«Los gruposparlamentarios abajofirmantes acuerdanque en el primerperiodo de sesionesde la próximalegislaturaprocederán aderogar la LOMCEy paralizar de formainmediata suaplicación, ytrabajarán paraelaborar una ley que cuente con el máximoconsenso parlamentario y de la comunidadeducativa». Así rezaba el texto consensuadoentre los grupos políticos de la oposición aLey Wert en 2013. Siete años más tarde, elresultado de aquel compromiso es esta ley, laLomloe o «ley Celaá», diseñada más comorevancha que como esa nueva ley quepudiera reunir al conjunto de lacomunidad educativa, superando losconflictos ideológicos, en una suerte deconsenso básico o mínimo que diera por finestabilidad al sistema educativo.
No fue posible el acuerdo, tampoco ahora.Esta es la gran decepción de la nuevareforma educativa, la octava ya, y a laespera de la próxima, que será la novena,cuando haya un cambio de gobierno. Si laderogación de la LOMCE, o al menos dealgunas medidas que contenía gozaba de unamplio apoyo social y político, pues incluso elPP congeló en la etapa Méndez de Vigola aplicación de los aspectos máspolémicos de su propia ley como eran laspruebas externas, el Gobierno renuncióprematuramente a la negociación del pactoeducativo y pasó raudo a la ofensiva con laLOMLOE siguiendo su agenda ideológica.
La experiencia desde que Isabel Celaáocupa la cartera de educación ha consistidoen una carrera atropellada por imponer estacontrarreforma, en plena pandemia deCOVID-19, desde los planteamientos clásicosdel modelo de educación socialista másradical; por ejemplo, esa supuesta necesidadde blindaje de la escuela pública que se basaexclusivamente en una falacia, la de la sumacero. Todas las decepciones acumuladas en elperiodo de los recortes durante la primeramitad de la década 2010 en el sistemapúblico, que afectaron por igual a todos loscentros sostenidos con fondos públicos,también a los concertados y sus trabajadores,se han querido solucionar poniendo enmarcha un mecanismo de compensaciónque ha consistido en encontrar al chivoexpiatorio, a la entidad que haprovocado la frustración, en este casola enseñanza concertada. Y a esta entidadse la señala y se la condena basándose en lossignos externos de un éxito que no es tal,pues consiste en la demanda social con un25% del alumnado, hecho que el presidenteSánchez califica como privilegio inadmisible.Desgraciadamente, esta es la perspectiva másprofunda o a largo plazo que tiene elMinisterio: hay que disminuir ese porcentajecon la aplicación de la LOMLOE.
Es la ley educativa con menos apoyoparlamentario de nuestrademocracia.La menos elegante en sutramitación. Y cautiva de la aprobaciónde los Presupuestos Generales delEstado 2021 con los grupos que hanapoyado las dos iniciativas en paralelo
La presencia de un socio populista en elGobierno se ha notado, y mucho,durante el trámite de enmiendasparlamentarias, o al menos en eso haconsistido el reparto de papeles entre elpartido socialista y los grupos que le apoyanen el Congreso. El espectáculo de latramitación en la Comisión de Educación fuepoco edificante en términos democráticos.Además de prohibir las comparecencias deinstituciones y personas de reconocidoprestigio, como se había hecho hasta ahora,impusieron un ritmo frenético para aprobarel dictamen final y poder llevarlo a la sesiónplenaria del 19 de noviembre, a los seis días,donde fue aprobado por un voto de diferenciasobre la mayoría absoluta. Es la leyeducativa con menos apoyoparlamentario de nuestra democracia.La menos elegante en su tramitación. Ycautiva de la aprobación de los PresupuestosGenerales del Estado 2021 con los grupos quehan apoyado las dos iniciativas en paralelo.
Las enmiendas aceptadas empeoraron muchola Ley Celaá. El nuevo artículo 109, que estásiendo el detonante de la protestaprotagonizada por la gran marea naranja queinunda nuestras calles estos días, es una piezamaestra de deconstrucción constitucional alhaber alumbrado un derecho a la educaciónpública, un derecho restringido, por tanto.Con ello, han devaluado a su vez lalibertad de enseñanza a un papelmeramente auxiliar de la oferta de lasplazas escolares públicas que decidannuestros gobernantes y sus futuros decretosde escolarización.
Es encomiable la doctrina de la justicia socialsegún la cual no es una desgracia, sino unainjusticia, que gente honrada entre en la vidacon desventajas que no pueden compensarcon sus propios esfuerzos y que presentan unobstáculo inamovible para gozar de losbeneficios que ofrece su pertenencia a unasociedad. Compartimos letra por letra estepensamiento. Pero diferimos en el métodoelegido para abordar el problema, puesconocemos de sobra los efectosadversos que produce una intervenciónexcesiva del Estado en la educación,como es la que pretenden con la LOMLOE.
La educación es pública tanto en loscentros de titularidad gubernamentalcomo en los privados concertados. Hayuna confusión reincidente entre lopúblico y lo estatal. Que un servicio seapúblico depende de que tenga un accesopúblico y un interés de laAdministración que lo financia ogestiona, lo preste quien lo preste,empresa, ONG o ella misma
La educación es pública tanto en loscentros de titularidad gubernamentalcomo en los privados concertados. Hayuna confusión reincidente entre lo público ylo estatal. Que un servicio sea públicodepende de que tenga un acceso público y uninterés de la Administración que lo financia ogestiona, lo preste quien lo preste, empresa,ONG o ella misma. La cuestión principal, quees la que se esquiva una y otra vez, es hacerlaaccesible a todos garantizando de verdad lagratuidad real; es decir, financiándolaadecuadamente. El derecho a la educaciónjunto a la libertad de enseñanza no es baratoprecisamente. Este es el reto social y político,hacerlo posible con los recursos necesarios.
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Muchas cuestiones de la política educativason controvertidas desde posicionescontrarias, aunque legítimas. Una infeliznovedad de esta Ley Celaá consiste endisponer que alguien sobra, en pisar aladversario o, peor aún, empujarle parasacarlo del tablero. Por ejemplo, a quienesdefendemos que los fondos públicos tienenque sostener tanto a los centros de la redpública como a los de la privada concertadaen términos equivalentes, complementarios, yque la programación de las plazas escolarestiene que establecerse contando como criterioprioritario con lo que la gente quiere a la horade elegir un centro escolar gratuito y decalidad para sus hijos. También en laeducación especial.
La tramitación de la LOMLOE haexperimentado esta misma semana el pasode un nuevo rodillo político en elSenado al proponer aprobarla elpróximo día 23 de diciembre, haciéndolacoincidir con el debate de los PGE 2021.Enterrado cualquier atisbo de moderación, ymanifestando una nula disposición al acuerdoo al diálogo por parte del Gobierno, son losextremistas los que marcan el paso de lapolítica alimentando una polarización de lasposturas, una radicalización que nos daña atodos y desfigura nuestra democracia.
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En estos momentos necesitamosreafirmar, a contracorriente, que laeducación sigue siendo una cuestión deEstado. Que es esencial para lacomunidad, para todas las familias, parael conjunto del país y que se debenseguir políticas inclusivas que integrenlos diferentes puntos de vista para darsatisfacción a una gran mayoría o, almenos, generar la mínima insatisfacción
En estos momentos necesitamos reafirmar, acontracorriente, que la educación siguesiendo una cuestión de Estado. Que esesencial para la comunidad, para todas lasfamilias, para el conjunto del país y que sedeben seguir políticas inclusivas que integrenlos diferentes puntos de vista para darsatisfacción a una gran mayoría o, al menos,generar la mínima insatisfacción. No sonadmisibles políticas que expulsan oexcluyan ninguna realidad educativalegítima del sistema, o que supongan undaño para las expectativas de familias y detrabajadores. Si mala fue la LOMCE, queconcluyó con el compromiso de los partidospolíticos de la oposición a derogarla nada másllegar al poder, también es mala estaLOMLOE, pues conducirá posiblemente a unasituación similar al final de su tramitación ycon ello a otro fracaso evidente de nuestrapolítica. Vivir instalados en la frustracióncíclica y en el vaivén legislativo coyuntural delas mayorías parlamentarias no es el sitioadecuado para la educación. Nos merecíamostodos otra oportunidad. El Gobierno tendráque asumir su responsabilidad en estenaufragio.
*Antonio Amate es secretario general de laFederación de Enseñanza de USO ycoordinador de la Plataforma Más PluralesCOMENTAR LA NOTICIA
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La «ley Celaá», un nuevo fracasopolítico y social
La norma ha sido diseñada más como revancha quecomo esa nueva ley que pudiera reunir al conjuntode la comunidad educativa, superando losconflictos ideológicos, en una suerte de consensobásico o mínimo que diera por fin estabilidad alsistema educativo
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Actualizado:16/12/2020 01:21h GUARDAR
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