RECOMENDACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DOMINICANA

Examen Periódico Universal a República Dominicana

SEGUNDO CICLO EPU A RD

Febrero 2014

COALICION DERECHOS LGTB

Que el Estado Dominicano promulgue una ley antidiscriminación donde se incluya la discriminación por orientación sexual e identidad de género, se adopten las medidas legislativas necesarias a fin de incluir en su ordenamiento jurídico normas que prohíban expresamente la discriminación con base a la orientación sexual, identidad de género y expresión de género, la aprobación de una ley de Salud Sexual y Reproductiva y la protección de toda la diversidad sexual.

Que el Estado Dominicano crea políticas públicas de inclusión de la comunidad LGBTTI en todos los ámbitos de la vida nacional. Que la defensora del pueblo y sus figuras adjuntas contengan un plan o proceso de consulta con las organizaciones de la sociedad civil LGBT para la documentación y ajusticiamiento de las violaciones de derechos humanos de la población, que abra un área o responsables en asuntos de discriminación.

Que la educación en la RD sea Laica, y se solicite al Programa de Educación Afectivo Sexual del Ministerio de Educación se incluya en la currícula educativa estatal los temas relativos a la diversidad sexual.

Diseñar políticas públicas que aborden las necesidades de salud sexual y salud reproductiva de las mujeres LGBTTI así como de los hombres trans que viven en el país., y servicios amigables de salud para toda la población LGBTTI.

Que el ministerio de trabajo y educación adopten políticas de acción afirmativa en beneficios de la población LGBTTI creando cuotas específicas laborales y de becas de estudios así como también programas de alfabetización y formación amigables. Incluir en las políticas de empleo así como las bolsas, medidas antidiscriminatorias contra esta población.

El Estado debe contemplar los mandatos en materia de garantía y respeto de los derechos humanos de la población LGBTTI dentro de los anteproyectos de ley que modifiquen sus principales Códigos.

La creación de una ley de identidad de Género, donde las mujeres y hombres trans puedan desarrollar su vida fuera de la violencia y la imposición que actualmente existe en nuestra sociedad.

El Estado debe diseñar una campaña de alcance nacional de prevención de la Violencia contra la población LGBTTI y con especial enfoque a la particular violencia que sufren las personas trans en el país, sancionar de manera efectiva la violencia contra esta población así como las muertes sucedidas.

COALICION DERECHOS DE LAS MUJERES

Erogar mayores fondos para la ejecución de programas dedicados a la prevención y atención de la VCM y las niñas.

Descentralizar la asignación de recursos en la ciudad capital y distribuir con mayor equidad a nivel nacional, tomando en cuenta aquellas ciudades que registren mayores números de denuncias sobre violencia de género e intrafamiliar.

De manera urgente, iniciar el funcionamiento de más Casas de Acogidas distribuidas a nivel nacional, dedicando mayores recursos para no poner en condiciones de re-victimización a las mujeres, sus hijas e hijos.

Dedicar mayor abordaje del fenómeno de la VCM y las niñas en la currícula de la Escuela Nacional de la Judicatura y la Escuela Nacional del Ministerio Público.

Definir políticas públicas de prevención que incluyan una educación igualitaria en todos los niveles del sector educativo, en el ámbito público y privado.

Implementar medidas específicas en la educación básica y secundaria para incorporar una perspectiva de género que promueva la superación del sexismo en el sistema educativo dominicano y la promoción de conceptos, valores y principios que combatan los estereotipos de género.

Continuar ampliando la cobertura sexualmente equitativa en los niveles básico, inicial y medio, tanto a nivel rural como urbano, con miras a reducir los índices de inasistencia escolar, trabajando paralelamente las causas prioritarias del ausentismo escolar tanto femenino como masculino.

Reestructurar el sistema educativo de manera que se forma la calidad de la educación, con acciones que incluyan pero no se limiten a: la modificación del currículo escolar, la mejora del uso de las tecnologías en la jornada de clases y la formación de docentes.

Promover políticas de orientación vocacional y de adquisición de competencias digitales por parte de las mujeres y niñas, a fin de incrementar su participación en el quehacer científico, las ingenierías y las carreras de tecnologías de la información y la comunicación.Impartir educación sexual en todos los niveles del sistema escolar a nivel público como privado, desde enfoque de género y derechos humanos.

Implementar programas sobre educación no sexista ni discriminatoria desde el enfoque de derechos humanos en los niveles universitarios, de grados y post-grados.

Definir políticas públicas de empleo, en el ámbito público como en el privado, en zonas urbanas y rurales, en las cuales se promueva la inserción laboral femenina, sobre todo aquellas de menores ingresos y jefas de hogar, en la cual se definan indicadores de medición y evaluación de las inequidades salariares y laborales entre mujeres y hombres, con miras a su superación.

Incentivar en el sector privado la promoción de las mujeres a puestos directivos con salarios competitivos, a través de la introducción de un sistema de cuotas en las empresas principales del país.

Impulsar la apertura de estancias infantiles y hogares comunitarios para niños y niñas, así como de hogares para envejecientes y personas con enfermedades con especiales necesidades de cuidado, garantizando la cobertura en todo el país.

Promover la responsabilidad compartida del trabajo doméstico y el cuidado de los/as hijos/as entre hombres y mujeres; a través de diferentes acciones, entre las cuales la introducción del permiso de paternidad para los padres hasta el tercer año de edad de sus hijos(as).

Ratificar los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 156 sobre trabajadores con responsabilidades familiares, 183 sobre protección de la maternidad y el 189 sobre trabajadores domésticos

Asegurar la cobertura por la seguridad social a todas las mujeres incluidas a las mujeres que trabajan en el sector informal (a través de la activación del régimen contributivo subsidiario), a las trabajadoras domésticas remuneradas y a las amas de casa que ejercen trabajo doméstico no remunerado.

Mejorar la base de datos con informaciones sobre el mercado laboral, con datos desagregados por sexo, edad, nivel educativo, etc. incluyendo la situación de las trabajadoras migrantes.

Garantizar a las trabajadoras domésticas un régimen laboral que regule de manera adecuada su jornada de trabajo, así como el pago de sus servicios y el reconocimiento de las licencias y derechos laborales de los que deben disfrutar; a través de la adecuación legislativa y la incorporación de las trabajadoras domésticas en el sistema de seguridad social.

Incluir en la seguridad social a las mujeres amas de casa de manera exclusiva.

Modificar la actual disposición sobre acoso sexual dispuesta en el Código Penal para un abordaje de manera más amplio que contemple el acto a partir de la obstaculización de la función, cualquiera que sea, independientemente de las relaciones jerarquizadas.

Garantizar derechos laborales a las trabajadoras migrantes, que se desempeñan en los trabajos rurales y en el trabajo doméstico, independientemente de su estatus migratorio y legal en el país.

Adecuar con carácter de urgencia su legislación penal de modo que sea despenalizado el aborto por causas especiales tales como, violación sexual, incesto, peligro de la vida de la madre.

Acoger prácticas de aborto legal seguras emitidas por la Organización Mundial de la Salud.

Velar por la correcta aplicación de la Norma de Atención a la Mujer durante Parto, Post parto y Puerperio.

Monitorear a través de la creación de un programa especial o política pública fundamentada en la supervisión a cargo de expertos en gineco-obstetricia, la correcta aplicación de procedimientos médicos de calidad y el seguimiento correcto a la evolución de las mujeres antes y después del parto.

Creación de un Seguro médico especial para maternidad, que garantice atenciones gratuitas a mujeres de escasos recursos al menos durante el periodo de gestación y puerperio, incluyendo las necesidades de vitaminas u otros medicamentos necesarios según cada caso.

COALICION DERECHOS DE LA NINEZ

Asignar claramente los recursos se centran en el cumplimiento de los derechos del niño, especialmente en la salud, la educación, el sistema de protección y de las medidas generales de aplicación de la CDN. Implementar los mecanismos nacionales para evaluar y monitorear la inversión en los niños, comenzando con el recientemente aprobado Presupuesto Nacional 2014.

Se recomienda que el Gobierno establezca un asociado de defensor del niño con recursos y personal suficientes asignados para llevar a cabo su trabajo y pone en práctica antes de finales de 2013.

Se recomienda que el Gobierno de la República Dominicana establece claramente y poner en práctica la ley 200-04 de Acceso Abierto a la Información Pública y permitir la participación de la sociedad civil, incluidos los niños.

Incluir los derechos humanos como capítulo aparte, incluyendo conceptos y prácticas positivas en los planes de estudios de la educación básica a partir del año educativo 2014-2015.

Revisión y establecimiento de un plan para su inclusión en los programas de Educación para el título universitario a partir de 2014.

Establecer, poner en práctica el sistema de protección para garantizar que todos los niños y jóvenes están protegidos contra la explotación, la violencia y el secuestro a finales de 2013.

Empezar a desarrollar a finales de 2013 una formación y sensibilización del personal involucrado y la población en general sobre el contenido de la ley, su aplicación y la función protectora de los niños vulnerables que pueden ser monitoreados por el Estado y los partidos de la Sociedad Civil.

Fortalecer la protección social y el acceso a los programas sociales para reducir la pobreza de las familias vulnerables que son la causa directa de vincular a los niños a crear y / o afiliación a una pandilla.

A finales de 2013, el Gobierno de la República Dominicana debe establecer y desarrollar actividades propias que poner en práctica servicios de calidad a los jóvenes confinados de acuerdo a la ley.

Establecer una política de no discriminación a proporcionar el nombre y la nacionalidad de las personas que han nacido en la República Dominicana, al rechazar el decreto del Tribunal Constitucional.

El Estado de la República Dominicana tiene que revisar públicamente y establecer un sistema integral y coherente para dar nombre y nacionalidad, con igual participación de los grupos de la sociedad civil en una consulta abierta a desarrollarse a más tardar el 2013.

SEGURIDAD CIUDADANA

Tipificar en la legislación interna el delito de ejecución extrajudicial, apología al odio y de desaparición forzada.

Mostrar públicamente una voluntad política inequívoca de elaborar y poner en marcha reformas efectivas de la policía basadas en los derechos humanos y de hacer perdurar los resultados de dichas reformas. Las mismas deben estar basadas en lo siguiente: a) una formación profesional de calidad que integre el pleno respeto de los derechos humanos y la resolución de los conflictos como objetivos prioritarios de la intervención policial; b) condiciones de trabajo y salarios adecuados, que reflejen el nivel de responsabilidad de los agentes del orden; c) posibilidades de desarrollo profesional y mecanismos de control permanentes que incentiven el respeto absoluto de los derechos humanos; d) armonización de las políticas y prácticas con los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

Incluir a víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía en el programa de protección de víctimas y testigos del Ministerio Público y establecer un programa nacional de reparación, así como un programa de asistencia a las víctimas, que responda cuando el responsable de los daños sufridos no pueda cumplir sus obligaciones.

Recoger estadísticas de denuncias, casos tramitados a la justicia, y sentencias condenatorias, por parte de la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial, sobre detenciones arbitrarias, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y tortura por agentes del orden, clasificadas según el sexo, orientación sexual, lugar del hecho, etnia, edad, lugar de procedencia, nacionalidad y color de piel de la víctima.

Elaborar y aplicar junto a la sociedad civil un Plan Nacional de Derechos Humanos e Introducir en el currículo de las escuelas y la educación técnica y superior la educación en derechos humanos y cultura de paz.

Implementar un plan de protección de defensores de derechos humanos en riesgo, que promueva la no tolerancia a las amenazas o la apología al odio.

Reducir el hacinamiento en las cárceles.

Reducir las sanciones disciplinarias con golpes en las cárceles.

Garantizar igualdad de trato a todos los reclusos.

Disminuir cantidad de reclusos preventivos.

Dotar de camas a todos los reclusos.

Agilizar investigaciones de desaparición forzada de Juan Almonte y Gabriel Alistar.

Dar participación a la Sociedad Civil en Mesa Nacional de Seguridad Ciudadana y Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos.

Realizar benchmarking con las más valoradas defensorías del pueblo del mundo para fortalecer la Defensoría del Pueblo Dominicana.

Ratificar Convención de Desaparición Forzada.

COALICION DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Llevar a cabo un estudio riguroso y profundo sobre la situación de las Personas con Discapacidad.

Plan de acción que contenga las acciones que se implementarán de manera gradual para garantizar la implementación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU.

Aprobación del Reglamento de Implementación de la Ley 5-13.

Aprobación y ejecución de un Plan nacional de Accesibilidad. 6. Realización encuesta Nacional de Discapacidad.

COALICION DERECHOS DE LOS MIGRANTES

Requerir del Estado dominicano abstenerse de deportar a personas dominicanas de ascendencia haitiana con o sin documentos, seleccionados a causa de un perfil fenotípico racial lo cual son criterios discriminatorios.

Recomendar al Estado Dominicano adoptar políticas públicas y presupuesto destinado/as a establecer instituciones especializadas en migración, garantizando un debido proceso de ley. Entre ellas, una fiscalía y defensoría especializada en el tema migratorio, un tribunal especializado, psicólogos, intérpretes, que cada caso sea examinado de manera individual, un personal migratorio capacitado, atención especial a mujeres, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y niños. La creación de centros de detención migratorias especializadas, garantizando las condiciones mínimas de detención y derechos de la persona detenida. Registro oficial de las deportaciones adoptando la tecnología y personal capacitado, especialmente en la zona fronteriza.

Recomendar al Estado eliminar las prácticas de detención y deportación migratoria por criterios fenotípicos, la violencia física, psicológica y verbal; asimismo eliminar la extorción de dinero y amenazas en silenciar las violaciones a los migrantes.

Recomendar al estado Dominicano Cumplir con el Protocolo Binacional firmado entre los dos países en 1999 y la ley de migración, adoptando las modificaciones pertinentes a dicha ley.

Recomendar al Estado debe cumplir con la Sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Nadege Dorzema y otros, la cual contiene la adopción de políticas públicas y planes de sensibilización a las autoridades en el trato a la persona migrante sin discriminación.

Recomendar al Estado ratificar la Convención de las Naciones Unidas sobre Los Trabajadores Migrantes y sus Familiares.

Sugerir la Ejecución de acuerdos de colaboración con Haití, de manera que el Estado Haitiano y los consulados y embajadas de Haití en el país tengan una participación proactiva en este proceso y de acompañamiento a sus nacionales, además de facilitar a la Embajada de Haití en el país y el Gobierno de Haití la documentación de sus nacionales para que puedan acogerse al plan de regularización.

Sugerir al Estado la adopción de medidas para la concesión de prestaciones laborales a los trabajadores migrantes y sus familias, que por años han laborado de forma indocumentada en el país.

Recomendar al Estado Supervisar y eliminar las medidas, políticas y prácticas discriminatorias hacia los migrantes y condiciones de contratación.

10. Recomendar al Estado Eliminar la corrupción administrativa en la frontera, sancionar y judicializar los casos de tráficos de migrantes, mujeres y niños.11. Recomendar al Estado Dominicano la Ejecución del Plan de regularización en virtud del artículo 151 de la Ley de Migración de 2004, siempre y cuando el procedimiento sea justo, realista, transparente, accesible, exclusivamente dirigido a extranjeros y no a nacionales.

COALICION DERECHO A LA NACIONALIDAD

Sugerir al Estado adoptar las recomendaciones del Informe Preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos del 6 de Diciembre de 2013, la cual indica que la restitución de la Nacionalidad debe ser inmediata y automática, y que la Naturalización no es la vía. Asimismo, eliminar toda iniciativa, medida, política o práctica que conlleve a que los dominicanos de ascendencia extranjera nacidos en República Dominicana sean despojados de nacionalidad y en situación de apatridia.

Sugerir a Republica Dominicana que cumpla con las recomendaciones del CERD ede “eliminar los obstáculos administrativos para la expedición de documentos de identidad a los dominicanos de origen Haitiano y restaurar los documentos que hayan sido inhabilitada, confiscados, cancelados o destruidos por las autoridades, para garantizan que los ciudadanos dominicanos de origen Haitíano no se vean privados de su derecho a la nacionalidad”.

Exhortar al Estado Dominicano a respetar e implementar la sentencia de Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de las “Niñas Yean y Bosico” el cual dispone al Estado dominicano adoptar medidas sin discriminación de otorgar la Nacionalidad Dominicana y registro en el Registro Civil Dominicano.

Recomendar al estado Dominicano la creación de un órgano de seguimiento que vele por el cumplimiento de las recomendaciones en materia de Derechos Humanos emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las decisiones y resoluciones Corte interamericana de Derechos Humanos, integrada por organizaciones de sociedad Civil y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Recomendar al estado Dominicano adoptar las medidas legislativas y administrativas para asegurar que los habitantes de República Dominicana no sean privados de sus derechos fundamentales a la educación primaria, media y superior; salud; trabajo, y otros, por no carecer de documentos de identidad.

Recomendar al estado Dominicano Colaborar con la sociedad civil en la elaborar campañas y estrategias de concienciación para luchar contra el racismo, race profiling y el estigma social afrontado por los dominicanos de ascendencia haitiana en la sociedad Dominicana, sensibilizando a la población, en especial a los agentes estatales.

Sugerir que el Estado, conjuntamente con organismos de la sociedad civil, nacionales e internacionales, elaboren y promuevan programas, campanas y orientación que produzcan cambios respeto a la forma, expresión y manejo del discurso en torno a la discriminación, en los medios de comunicación, periodistas, escuelas, universidades y funcionarios públicos.

Sugerir al estado Dominicano que cese la implementación de la Sentencia del Tribunal Constitucional No. 168-13, y aprobar una Ley por el Congreso Nacional que confirme el artículos 18 inciso 2, sobre el derecho a la Nacionalidad dominicana de origen desde 1929 a 2010, conforme las sugerencias del Informe Preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 6 de Diciembre de 2013, en ocasión de su visita oficial al país los días 2 al 6 de Diciembre de 2013.

COALICION DEMOCRACIA y TRANSPARENCIA

Reducir la corrupción administrativa y fortalecer el sistema de consecuencias.

Fortalecer la independencia de los poderes del Estado, así como la independencia funcional del Ministerio Público, y el sistema de administración de justicia: judicial, electoral y constitucional.

Adecuar las leyes a la Constitución del 2010.

Fortalecer el sistema de partidos políticos para obtener un sistema de pesos y contrapesos.

Mejorar los sistemas de fiscalización y control de los fondos públicos por parte del Congreso de la Nación, Cámara de Cuentas y el Ministerio Público.

Contribuir al empoderamiento de la sociedad civil para el control social, rendición de cuentas de los funcionarios públicos y la transparencia en la gestión pública.