6 DE NOVIEMBRE DE 2013 Miner a...
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6 DE NOVIEMBRE DE 2013 De acuerdo con el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el 29% de los grandes proyectos de energía, indus- triales, comerciales y mineros con evaluación de impacto am- biental aprobada se judicializó en los últimos cuatro años. ¿Por qué y cuándo los tribu- nales chilenos comenzaron a tomar un rol decisivo en el des- tino de los proyectos? Hasta fines de la década pa- sada había, esencialmente, tres tipos de proyectos en Chile desde la perspectiva de las evaluaciones de impacto am- biental. Primero, los que de realizarse adecuadamente po- dían llegar a construirse en for- ma expedita. Segundo, los que se realiza- ron con errores metodológicos importantes, y por ello sufrie- ron retrasos y modificaciones sustanciales, pero que al final de cuentas fueron aprobados y construidos. Y tercero, aquellos que des- de sus inicios contaron con opositores decididos con obje- ciones valóricas, lo que los ha- cía prácticamente inviables, ya que no había negociación ni compensación posible. IN ICIA TIVA S C U E STIO N A DA S Entre los primeros estuvo la mayoría de los proyectos. En los segundos, varias docenas; por ejemplo, Celco R ío Cruces y el gasoducto G as Andes. Los terceros fueron solo unos po- cos;entre ellos, Trillium, R alco y Alumysa. Hay algunos proyectos cuyos estudios de impacto ambiental (EIA) fueron aprobados, pero que no han sido construidos aún. Entre estos figuran B arran- cones, Pascua Lama, HidroAy- sén y Castilla, por mencionar los más importantes. D e estos cuatro, HidroAysén aún debe aprobar el EIA de la línea de transmisión. Pascua Lama, con su EIA aprobado pe- ro con errores en la construc- ción, se mece entre la viabili- dad y la falta de credibilidad. Es posible que las centrales ter- moeléctricas de B arrancones y Castilla no se construyan;la pri- mera, por falta de interés del dueño; la segunda, porque su accionista principal quebró. D urante la década de los 90 los fallos de los tribunales favo- recían a los grandes proyectos. Las cortes de apelaciones y la Corte Suprema fallaron en con- tra de la paralización de Tri- llium, desde 1996 a 1998, y de Celco Río Cruces en 1997. Fo- restal Trillium inició el EIA para explotar 250 mil hectáreas de lenga magallánica en Tierra del Fuego en 1993. El 22 de septiembre de 1998 la Corte Suprema ratificó el EIA del proyecto, el que había sido cuestionado por un formidable conjunto de organizaciones. El proyecto nunca se realizó, por- que Forestal Trillium no pudo pagar las deudas contraídas con el B anco G oldman Sachs, y posteriormente los terrenos se- rían donados por este a una or- ganización internacional para constituir una reserva ecológi- ca. Celco R ío Cruces fue emble- mático desde sus inicios, en 1995, mucho antes de que mu- rieran los cisnes de cuello ne- gro, en 2004. Con dos EIA de por medio, el proyecto fue aprobado finalmente el 27 de octubre 1998 y tras haber sido ratificado por la Corte de Ape- laciones de Valdivia y por la Corte Suprema. El 29 de julio de 2013, en pri- mera instancia, la justicia dicta- minaría que los residuos de la planta de Celco afectaron el ecosistema del Río Cruces en 2004 causando la tragedia de los cisnes de cuello negro. En Ralco, cuyo EIA fue pre- sentado al Sistema de Evalua- ción de Impacto Ambiental (SEIA) el 27 de marzo de 1996, si bien hubo firme oposición por parte de organizaciones ecolo- gistas y familias indígenas afec- tadas, no hubo recursos de protección ante los tribunales. El EIA se aprobó el 6 de junio de 1997, y el proyecto se con- cretó. Los EIA de Trillium y Celco fueron inicialmente volunta- rios, ya que no había entrado en vigencia el reglamento de la Ley Ambiental 19.300, cuestión que ocurrió recién a mediados de 1997. El EIA de Ralco fue vo- luntario enteramente. La legislación que dio lugar a la Comisión N acional del M e- dio Ambiente, Conama, se ha- bía elaborado desde 1990. Por ello, las demandas ambienta- les de los chilenos, incluidos los tribunales de justicia, eran aún incipientes en 1997. LA IN FLU EN C IA P R E SIDE N C IA L Sin el apoyo decidido del Presidente Frei Ruiz-Tagle, la hidroeléctrica Ralco posible- mente no se habría concreta- do. El Presidente Frei también intervino el 1 de marzo de 1996 en una visita a los terrenos de la planta de Celco Río Cruces dando su apoyo al proyecto. Las exigencias ambientales ciudadanas habían cambiado en el gobierno de Lagos, con un país que había aumentado su ingreso per cápita en 57% en una década (Figura 1). El 1 de agosto de 2003, Lagos puso fin al proyecto Alumysa mediante una simple frase que cuestionaba la ubicación de la planta de refinación de alumi- nio en la bahía de Puerto Cha- cabuco. Este proyecto contaba con poderosas organizaciones opositoras, en defensa de Ay- sén. Se tramitaba en esos días el segundo addendum del EIA, pero N oranda desistió inme- diatamente seguir adelante. El EIA nunca se terminó. En 2010 el Presidente Piñera detuvo la central termoeléctri- ca B arrancones con un simple llamado telefónico al dueño del proyecto, cuando la planta ya tenía su EIA aprobado. Hace pocos días, la candida- ta presidencial M ichelle B ache- let afirmó que los proyectos termoeléctricos de carbón no eran aceptables, pero sí los a gas. Además, afirmó que las hi- droeléctricas pequeñas sí con- tarían con apoyo, pero no así los grandes embalses. La influencia presidencial pa- só por encima de la institucio- nalidad ambiental en muchas ocasiones, debilitando y desa- creditando el sistema institu- cional completo. LO S T R IB U N ALES PO ST 90 A partir de principios de la década pasada, los tribunales de justicia comenzaron a opi- nar en sus fallos sobre temas ambientales de una forma que no lo habían hecho en la déca- da de los 90. N o medió en ello cambio legislativo alguno. La paralización de proyectos creció a niveles aún mayores después de la promulgación, el 2 de octubre de 2008, del Con- venio N º 169 de la O rganiza- ción Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tri- bales. D esde esta fecha no se ha aprobado, sin embargo, el re- glamento que define el proce- dimiento de consulta a los pue- blos indígenas en caso de pro- yectos de cualquier índole que los afecten. En la actualidad no basta que un EIA se haya hecho perfecta- mente, dentro de la ley, para que un proyecto se apruebe. Para detenerlo solo basta que haya un grupo o comunidad opositora decidida que pre- sente un recurso de protección para que grandes proyectos puedan ser paralizados por los tribunales. ¿Q ué viene? D e acuerdo con el director del SEA, Ricardo Ira- rrázabal, el nuevo sistema de evaluación de impacto am- biental que entrará a regir el 24 de diciembre de 2013 podría cambiar esta situación. Este considera la relación del proyecto con planes regiona- les, el no fraccionamiento de proyectos, una línea base más exigente, evaluación de riesgo cuando no hay norma, y la eli- minación de la póliza de segu- ro que existía para comenzar la construcción antes de la apro- bación del EIA. Con la nueva legislación am- biental de 2010 ya funcionan- do, que incluye los tribunales ambientales y la Superinten- dencia Ambiental, es posible que se genere menos espacio para que la justicia paralice proyectos ya aprobados por el SEA. La hipótesis es atractiva, y podría resultar. Pero no lo sa- bemos aún. Esta hipótesis implica que el antiguo sistema de evaluación había caído en tal descrédito por parte de la ciudadanía, que se habría creado un vacío que los tribunales llenaron. EL RO L DE LA S U N IV E R SIDA DE S La percepción de los riesgos, impactos, costos y beneficios ha pasado a tener un peso su- perior a los tradicionales méto- dos puramente técnicos de evaluación de riesgos e impac- tos ambientales y sociales. Por ello, hay que enseñar ahora ambas herramientas. La percepción es científica- mente medible y depende del conocimiento y de las culturas de las personas, como está de- mostrado en numerosos tex- tos. Pero el conocimiento se adquiere solo cuando hay con- fianza en las fuentes;de otra manera se rechaza. La construcción de acuerdos en la sociedad depende de la convergencia entre la percep- ción y la realidad; esta última, basada en el mejor conoci- miento científico. Actualmente, uno de los principales impases del país es, justamente, la falta de confian- za en casi todas las fuentes de conocimiento, incluidos los medios de comunicación, los organismos del Estado, y las empresas. En cambio, las prin- cipales universidades están va- loradas como fuentes confia- bles, lo que debe ser aprove- chado para avanzar hacia una sociedad más conocedora de las mejores alternativas que el país dispone en el futuro. Hasta el próximo sábado. Minería y medio ambiente C on la nueva normativa que comenzará a regir en diciembre es p osible q ue disminuya la judicial ización de los proyectos. G RAN DES PRO YECTO S SO N M EN O S V IA B LE S EL MERCURIO Elantiguo sistema de evaluación había caído en tal descrédito p or parte de la ciudadanía,que se habría creado un vacío que los tribunales llenaron. Castilla, una de las centrales termoeléctricas cuestionadas. CLASE 4 D E 8 S Á BA DO
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6 DE NOVIEMBRE DE 2013
De acuerdo con el Serviciode Evaluación Ambiental(SEA), el 29% de los grandesproyectos de energía, indus-triales, comerciales y mineroscon evaluación de impacto am-biental aprobada se judicializóen los últimos cuatro años.
¿Por qué y cuándo los tribu-nales chilenos comenzaron atomar un rol decisivo en el des-tino de los proyectos?
Hasta fines de la década pa-sada había, esencialmente, trestipos de proyectos en Chiledesde la perspectiva de lasevaluaciones de impacto am-biental. Primero, los que derealizarse adecuadamente po-dían llegar a construirse en for-ma expedita.
Segundo, los que se realiza-ron con errores metodológicosimportantes, y por ello sufrie-ron retrasos y modificacionessustanciales, pero que al finalde cuentas fueron aprobados yconstruidos.
Y tercero, aquellos que des-de sus inicios contaron conopositores decididos con obje-ciones valóricas, lo que los ha-cía prácticamente inviables, yaque no había negociación nicompensación posible.
IN IC IA TIV A S
C U ESTIO N A DA S
Entre los primeros estuvo lamayoría de los proyectos. Enlos segundos, varias docenas;por ejemplo, Celco Río Crucesy el gasoducto G as Andes. Losterceros fueron solo unos po-cos;entre ellos, Trillium, Ralco yAlumysa.
Hay algunos proyectos cuyosestudios de impacto ambiental(EIA) fueron aprobados, peroque no han sido construidosaún. Entre estos figuran Barran-cones, Pascua Lama, HidroAy-sén y Castilla, por mencionarlos más importantes.
D e estos cuatro, HidroAysénaún debe aprobar el EIA de lalínea de transmisión. PascuaLama, con su EIA aprobado pe-ro con errores en la construc-ción, se mece entre la viabili-dad y la falta de credibilidad. Esposible que las centrales ter-moeléctricas de Barrancones yCastilla no se construyan;la pri-mera, por falta de interés deldueño;la segunda, porque suaccionista principal quebró.
D urante la década de los 90los fallos de los tribunales favo-recían a los grandes proyectos.Las cortes de apelaciones y laCorte Suprema fallaron en con-tra de la paralización de Tri-llium, desde 1996 a 1998, y deCelco Río Cruces en 1997. Fo-restal Trillium inició el EIA paraexplotar 250 mil hectáreas de
lenga magallánica en Tierra delFuego en 1993.
El 22 de septiembre de 1998la Corte Suprema ratificó el EIAdel proyecto, el que había sidocuestionado por un formidableconjunto de organizaciones. Elproyecto nunca se realizó, por-que Forestal Trillium no pudopagar las deudas contraídascon el Banco G oldman Sachs, yposteriormente los terrenos se-rían donados por este a una or-ganización internacional paraconstituir una reserva ecológi-ca.
Celco Río Cruces fue emble-mático desde sus inicios, en1995, mucho antes de que mu-rieran los cisnes de cuello ne-gro, en 2004. Con dos EIA depor medio, el proyecto fueaprobado finalmente el 27 deoctubre 1998 y tras haber sidoratificado por la Corte de Ape-laciones de Valdivia y por laCorte Suprema.
El 29 de julio de 2013, en pri-mera instancia, la justicia dicta-minaría que los residuos de laplanta de Celco afectaron elecosistema del Río Cruces en2004 causando la tragedia delos cisnes de cuello negro.
En Ralco, cuyo EIA fue pre-sentado al Sistema de Evalua-ción de Impacto Ambiental(SEIA) el 27 de marzo de 1996, sibien hubo firme oposición porparte de organizaciones ecolo-gistas y familias indígenas afec-tadas, no hubo recursos deprotección ante los tribunales.El EIA se aprobó el 6 de juniode 1997, y el proyecto se con-cretó.
Los EIA de Trillium y Celcofueron inicialmente volunta-rios, ya que no había entrado
en vigencia el reglamento de laLey Ambiental 19.300, cuestiónque ocurrió recién a mediadosde 1997. El EIA de Ralco fue vo-luntario enteramente.
La legislación que dio lugar ala Comisión N acional del M e-dio Ambiente, Conama, se ha-bía elaborado desde 1990. Porello, las demandas ambienta-les de los chilenos, incluidos lostribunales de justicia, eran aúnincipientes en 1997.
LA IN FLU EN C IA
PRESIDEN C IA L
Sin el apoyo decidido delPresidente Frei Ruiz-Tagle, lahidroeléctrica Ralco posible-mente no se habría concreta-do. El Presidente Frei tambiénintervino el 1 de marzo de 1996en una visita a los terrenos de laplanta de Celco R ío Crucesdando su apoyo al proyecto.
Las exigencias ambientales
ciudadanas habían cambiadoen el gobierno de Lagos, conun país que había aumentadosu ingreso per cápita en 57% enuna década (Figura 1).
El 1de agosto de 2003, Lagospuso fin al proyecto Alumysamediante una simple frase quecuestionaba la ubicación de laplanta de refinación de alumi-nio en la bahía de Puerto Cha-cabuco. Este proyecto contabacon poderosas organizacionesopositoras, en defensa de Ay-sén. Se tramitaba en esos díasel segundo addendum del EIA,pero N oranda desistió inme-diatamente seguir adelante. ElEIA nunca se terminó.
En 2010 el Presidente Piñeradetuvo la central termoeléctri-ca Barrancones con un simplellamado telefónico al dueñodel proyecto, cuando la plantaya tenía su EIA aprobado.
Hace pocos días, la candida-ta presidencial M ichelle Bache-let afirmó que los proyectostermoeléctricos de carbón noeran aceptables, pero sí los agas. Además, afirmó que las hi-droeléctricas pequeñas sí con-tarían con apoyo, pero no asílos grandes embalses.
La influencia presidencial pa-só por encima de la institucio-nalidad ambiental en muchasocasiones, debilitando y desa-creditando el sistema institu-cional completo.
LO S TR IB U N A LES
PO ST 90
A partir de principios de ladécada pasada, los tribunalesde justicia comenzaron a opi-nar en sus fallos sobre temasambientales de una forma queno lo habían hecho en la déca-da de los 90. N o medió en ellocambio legislativo alguno.
La paralización de proyectoscreció a niveles aún mayoresdespués de la promulgación, el2 de octubre de 2008, del Con-venio N º 169 de la O rganiza-ción Internacional del Trabajosobre pueblos indígenas y tri-bales.
D esde esta fecha no se haaprobado, sin embargo, el re-glamento que define el proce-dimiento de consulta a los pue-blos indígenas en caso de pro-yectos de cualquier índole quelos afecten.
En la actualidad no basta queun EIA se haya hecho perfecta-mente, dentro de la ley, paraque un proyecto se apruebe.Para detenerlo solo basta quehaya un grupo o comunidadopositora decidida que pre-sente un recurso de protecciónpara que grandes proyectospuedan ser paralizados por lostribunales.
¿Q ué viene? D e acuerdo conel director del SEA, Ricardo Ira-rrázabal, el nuevo sistema deevaluación de impacto am-biental que entrará a regir el 24de diciembre de 2013 podríacambiar esta situación.
Este considera la relación delproyecto con planes regiona-les, el no fraccionamiento deproyectos, una línea base másexigente, evaluación de riesgocuando no hay norma, y la eli-minación de la póliza de segu-ro que existía para comenzar laconstrucción antes de la apro-bación del EIA.
Con la nueva legislación am-biental de 2010 ya funcionan-do, que incluye los tribunalesambientales y la Superinten-dencia Ambiental, es posibleque se genere menos espaciopara que la justicia paraliceproyectos ya aprobados por elSEA. La hipótesis es atractiva, ypodría resultar. Pero no lo sa-bemos aún.
Esta hipótesis implica que elantiguo sistema de evaluaciónhabía caído en tal descréditopor parte de la ciudadanía, quese habría creado un vacío quelos tribunales llenaron.
EL R O L
DE LA S U N IV ERSIDA DES
La percepción de los riesgos,impactos, costos y beneficiosha pasado a tener un peso su-perior a los tradicionales méto-dos puramente técnicos deevaluación de riesgos e impac-tos ambientales y sociales. Porello, hay que enseñar ahoraambas herramientas.
La percepción es científica-mente medible y depende delconocimiento y de las culturasde las personas, como está de-mostrado en numerosos tex-tos. Pero el conocimiento seadquiere solo cuando hay con-fianza en las fuentes;de otramanera se rechaza.
La construcción de acuerdosen la sociedad depende de laconvergencia entre la percep-ción y la realidad;esta última,basada en el mejor conoci-miento científico.
Actualmente, uno de losprincipales impases del país es,justamente, la falta de confian-za en casi todas las fuentes deconocimiento, incluidos losmedios de comunicación, losorganismos del Estado, y lasempresas. En cambio, las prin-cipales universidades están va-loradas como fuentes confia-bles, lo que debe ser aprove-chado para avanzar hacia unasociedad más conocedora delas mejores alternativas que elpaís dispone en el futuro.
Hasta el próximo sábado.
Mineríay medio ambiente
C on la nueva normativa quecomenzará a reg ir en diciembrees posible que disminuya lajudicialización de los proyectos.
G RA N DES PRO YEC TO S SO N M EN O S V IA BLES
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El antiguosistema deevaluación habíacaído en taldescrédito porparte de laciudadanía, quese habría creadoun vacío que lostribunalesllenaron.
Castilla, una de las centrales termoeléctricas cuestionadas.
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