1

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES

MÓDULO 2

Eje temático: Raíces históricas de Chile. Unidad: El siglo XX: La búsqueda del desarrollo económico y de la

justicia social Introducción

Tú formas parte de una generación de jóvenes que llegó al mundo en el siglo pasado y eres uno de los millones de hombres y mujeres que fue testigo del

paso de un milenio a otro. Seguramente celebraste el último año nuevo del siglo XX y traspasaste la barrera del año 2000 con todo lo que ello significó para la humanidad.

El final de ese siglo XX nos marcó con profundas contradicciones. Por una parte, la violencia aterradora de las Torres Gemelas cayendo ante la mirada

atónita de los millones de testigos que observaron cómo se destruía uno de los símbolos económicos de una de las potencias más poderosas del mundo. Desde el otro polo, has sido testigo de innumerables cambios tecnológicos, que

nos han permitido conectarnos con el mundo a través de una compleja red de información, acercándonos a los demás habitantes de este planeta.

El siglo XX fue un siglo de cambios y de transformaciones cuya justa profundidad seguramente todavía no medimos. Nuestro país, miembro de la comunidad internacional, también experimentó

radicales cambios durante el siglo pasado. ¿Te has preguntado alguna vez cuáles fueron los cambios que experimentó tu familia en el ámbito de la vida

cotidiana durante el siglo XX?, ¿cómo cambiaron nuestras costumbres sociales e individuales, los roles de hombres y mujeres? La televisión, el cine, la radio, son creaciones que se integraron a nuestras

vidas durante los últimos 50 años y que cambiaron todas nuestras formas iniciales de ver y entender el mundo.

En esta unidad revisaremos cómo cambió la sociedad chilena durante los últimos 100 años y cómo nos estamos preparando para enfrentar el bicentenario de nuestra independencia nacional.

¿Qué tenemos que celebrar? ¿Qué cosas crees tú que debemos recordar en las puertas de nuestro segundo siglo de independencia? ¿Qué elementos del siglo

XX crees que debemos rescatar como logros? ¿Qué experiencias históricas no debemos repetir? Desde el punto de vista temporal, a través de esta unidad estudiarás el siglo

XX, y desde el punto de vista temático, deberás estudiar una serie de grandes temas históricos.

El primero corresponde al fin de la época parlamentaria y el surgimiento de nuevos proyectos políticos y sociales. A ello se agrega el desarrollo de nuevos

sectores sociales, como la clase media y el proletariado, organizados políticamente. Dentro de este punto se integran las profundas transformaciones económicas provocadas por la crisis del „29 y la caída de la

producción salitrera.

2

Es importante que revises los cambios experimentados por el sistema liberal a propósito de los sucesos del „29, y las repercusiones que tuvo en Chile dicha

crisis. En segundo lugar, deberás estudiar el nuevo rol del Estado dentro del sistema

económico nacional, función que aparecerá luego de la profunda crisis económica mundial de 1929. Este nuevo enfoque tiene que ver con el concepto

de “Estado benefactor” e industrializado que promoverá el desarrollo social de nuestro país. En tercer lugar, deberás conocer los nuevos proyectos políticos instalados en el

contexto político nacional, que comienzan en la década de 1920 y que terminaron con la reformulación partidista, experimentada entre los años

1950-1960 (creación de nuevos partidos y alianzas políticas). A ello se agregan las conquistas políticas y sociales de las mujeres, expresadas en la ampliación del sufragio en el sistema electoral chileno.

En el cuarto punto de este eje temático revisaremos los profundos cambios que significó la década de los años „60 y „70 en nuestro país. Ello significa que

deberás conocer y analizar los nuevos proyectos de país que se pusieron en marcha en aquellos dinámicos tiempos: el movimiento estudiantil, las transformaciones sociales y estéticas, las expresiones culturales juveniles.

Por último, cerraremos esta unidad con el gobierno militar y la transición a la democracia, llegando hasta nuestros días.

Fin del parlamentarismo Las elecciones presidenciales de 1920 inauguraron un nuevo estilo de hacer

política. El discurso y el programa de Alessandri representaban los deseos de cambio a los cuales aspiraba la población.

Durante las dos primeras décadas del siglo XX surgieron nuevos actores políticos: intelectuales de izquierda, estudiantes, obreros y junto a ellos los militares, quienes tuvieron una activa participación en la vida política del país.

Este gobierno, el de Arturo Alessandri, marcó el fin del período parlamentario

Evolución política de la década de 1920 – La campaña electoral de Arturo Alessandri

La candidatura de Alessandri marca un cambio notable en el estilo de hacer política en Chile. Se llevó adelante una campaña en una forma no vista hasta

entonces. Con un estilo demagógico y sentimental, Arturo Alessandri supo atraer a importantes masas de adherentes. Si bien su programa no se diferenciaba sustancialmente del de su contendor, Luis Barros Borgoño,

Alessandri llegó a representar la renovación frente a una política continuista. Los discursos apasionados y llenos de promesas de Alessandri hicieron que el

pueblo se volcara a las calles, pero algunos sectores de obreros organizados tuvieron posiciones diferentes. Mientras los anarquistas llamaron a los

trabajadores a no dejarse engañar por estas promesas, los socialistas pensaron que democratizar el sistema era una buena oportunidad para disminuir la represión y ganar mayor libertad. El Partido Obrero Socialista, más

tarde Partido Comunista, propuso a Luis Emilio Recabarren como su candidato

3

presidencial. Alessandri no logró obtener una victoria directa en las urnas, por lo que el

Tribunal de Honor debió decidir su elección. Para muchos, la elección de Alessandri representaba una nueva oportunidad de regeneración de la política

chilen. Sin embargo, la magnitud de la crisis hacía particularmente evidente la posibilidad de un nuevo fracaso. La economía se venía debilitando desde el

inicio de la crisis del salitre, provocada por la pérdida de los mercados internacionales. La cesantía crecía y las protestas y movimientos sociales se multiplicaban. Los

grupos sociales afectados no eran solamente los trabajadores de la minería, sino también los de otras actividades económicas y la incipiente clase media.

Alessandri creía que la solución a la crisis política pasaba por una serie de reformas constitucionales que restituyeran sus poderes al Presidente. Así lo planteó en su mensaje a la nación de 1921 y lo reiteró en 1923,

planteando ahora una modificación de las prácticas parlamentarias y la supresión de las facultades políticas del Senado.

Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la solución estaba en romper la divergencia entre el Senado y la Cámara de Diputados. Por ello, a finales de 1923, inició una gira por el país que anunciaba una activa intervención

electoral. En las elecciones de marzo de 1923, Alessandri estaba convencido de contar con un gran apoyo popular. Parte de su confianza estaba suscrita por el

amplio respaldo que habían recibido una serie de iniciativas referentes a leyes sociales, reformas de la Constitución y una modernización de la economía a

través de la creación de un Banco Central.

Pero un aspecto que despertó particular desconfianza y generó airados reclamos de los opositores fue su acercamiento a las Fuerzas Armadas.

Durante su gira, uno de los sitios visitados con mayor frecuencia fueron los cuarteles. Allí, Alessandri se quejó de los graves impedimentos que se colocaban a su programa de reformas, a sus ideas y a su aparente consonancia

con las inquietudes que ciertos grupos de oficiales demostraban. De hecho, la prensa opositora representada por El Mercurio, denunciaba que en las

elecciones había existido una clara intervención electoral de las Fuerzas Armadas en favor de los candidatos oficialistas. El juego en que se había embarcado Alessandri era particularmente peligroso.

Las Fuerzas Armadas no necesitaban que el Presidente fuera a hablarles de los problemas del país. Desde la década de 1910 se venía notando al interior de

los cuarteles un clima de creciente efervescencia. Particularmente preocupaban a la joven oficialidad la mala calidad del contingente, la falta de equipamiento y, lo peor, un aparente desinterés de la clase política por los problemas

militares. Todo ello se veía agravado por una inquietud frente a vecinos hostiles y problemas limítrofes no resueltos.

4

El movimiento militar de 1924

En agosto de 1924, Alessandri envió al Congreso una ley de reajuste de sueldos del Ejército que fue rechazada, aduciendo la inexistencia de fondos

para cubrirla. Además, en forma inexplicable, aplazó una vez más la discusión de leyes sobre escalafón y ascensos. Sin embargo, el Congreso inició

simultáneamente la discusión de la implantación de una dieta parlamentaria bajo la forma de una indemnización. Si bien la iniciativa aseguraba la posibilidad de una democratización del Congreso, el momento no podía ser

más inoportuno. La prensa atacó sin tregua a sus promotores y la Unión Nacional los acusó de contrarios a los intereses de la nación. A pesar de todo,

el 2 de septiembre de 1924 se inició la discusión de este proyecto en particular. Una nota que provocó inquietud fue la presencia de un nutrido número de

oficiales de baja graduación en las tribunas, que expresaban airadamente su repudio a los parlamentarios que apoyaban la iniciativa de la dieta. Al día

siguiente, volvieron a las tribunas y al ser interpelados por el vicepresidente de la Cámara, abandonaron el lugar haciendo sonar sus sables por las escalinatas,(hecho conocido como el “ruido de sables”). La prensa del día 4 de

septiembre anunciaba los hechos con grandes titulares. La manifestación de los jóvenes oficiales no había terminado allí. Reunidos en

el Club Militar, se veía claramente que los hechos tomaban las características de un verdadero pronunciamiento. Alessandri optó por aceptar dialogar con un grupo de representantes. Informados los oficiales, decidieron redactar un

documento y organizarse en la forma de un Comité Militar. Los oficiales hicieron ver a Alessandri que las Fuerzas Armadas no recibían la

debida atención de parte de los poderes públicos. Le señalaron que mientras consumían precioso tiempo en discusiones estériles, el país se encontraba sumido en una profunda crisis. De inmediato Alessandri se dio cuenta de la

magnitud del movimiento y que sus peticiones eran más propias de un movimiento político que de uno gremial. Por ello aceptó la mayor parte de

estas peticiones, salvo la renuncia de su gabinete. Sin embargo, ante la magnitud de los acontecimientos, éste renunció de todas formas. El General Luis Altamirano fue designado Ministro del Interior e inmediatamente fue

convocado el Congreso para aprobar las reformas que el comité había solicitado. El 8 de septiembre, en una breve sesión, fueron aprobados todos los

proyectos de ley pendientes. Dentro de ellos, los más trascendentes fueron las llamadas “leyes sociales”, que señalamos a continuación:

• Ley 4053: sobre contratos de trabajo, fijaba la jornada en ocho horas,

limitaba el trabajo de mujeres y niños y creaba la Inspección del Trabajo.

• Ley 4054: establecía el seguro obligatorio para todos los obreros contra accidentes, enfermedades e invalidez. Creaba un fondo común que sería formado con aportes del obrero, el patrón y el Estado.

• Ley 4055: sobre accidentes del trabajo. Estableció la doctrina integral del riesgo profesional, se equipararon las enfermedades profesionales a

los accidentes laborales y se estableció la responsabilidad del patrón en

5

el mantenimiento de medidas de seguridad. • Ley 4056: se establecieron los tribunales de conciliación y arbitraje para los conflictos laborales.

• Ley 4057: sobre organización sindical. Establecía los sindicatos

industriales y profesionales. Adoptaba para los primeros la participación en los beneficios.

• Ley 4058: establecía las sociedades cooperativas de trabajadores. • Ley 4059: reconocía el derecho de libre asociación, el período anual

obligatorio, la gratificación, y creaba la Caja de Empleados Particulares.

Alessandri creyó que con la satisfacción de las necesidades expresadas por los

militares el movimiento se iba a terminar. Sin embargo, los jóvenes oficiales se negaron a disolver el Comité Militar e informaron al Presidente que continuarían en funciones hasta “lograr la depuración política y administrativa

del país”. Ante la evidente pérdida de control, Alessandri decidió renunciar y solicitar al Congreso permiso para salir del país. El comité transformado ahora

en Junta Militar, solicitó a Alessandri que retirara su renuncia y que solamente pidiera permiso para salir. Alessandri rechazó semejante trato, ya que implicaba someterse a la autoridad de los militares. El 9 de septiembre pedía

asilo en la Embajada de Estados Unidos. El Congreso se negó a aceptar su renuncia y en cambio lo autorizó a salir del país, asumiendo el poder efectivo

el General Luis Altamirano. El 11 de septiembre de 1924 se instalaba una Junta de Gobierno, integrada por los generales Altamirano y Juan Pablo Bennet y el almirante Francisco Nef. Una de las primeras medidas que tomó esta junta

fue la de disolver el Congreso.

Para nadie fue un misterio que, desde su nacimiento, el nuevo gobierno se identificara con la Unión Nacional. Por ello, pronto surgieron tensiones con la Junta Militar, que veía que los principios del movimiento de septiembre

estaban siendo traicionados. Jóvenes oficiales que integraban esta última instancia comenzaron a acusar a la junta de gobierno de reaccionaria y de no

cumplir los compromisos contraídos con el pueblo. Un clima de creciente tensión se hizo presente en enero de 1925. Entre ciertos círculos militares se hacían cotidianas las críticas a Altamirano y se pensaba

seriamente en solicitar a Alessandri que regresara al país. El 23 de enero de 1925, en una acción concertada, miembros de los principales regimientos de

Santiago rodearon La Moneda y apresaron a los miembros de la Junta de Gobierno, luego de una tensa situación en la que ejército y armada estuvieron a punto de enfrentarse. El 27 de enero se formó una nueva Junta de Gobierno

encabezada por Emilio Bello Codesido e integrada por Pedro Pablo Dartnell y Carlos Ward. Inmediatamente se pusieron en contacto con Alessandri,

solicitándole que regresara al país, pero con la condición de llevar adelante una completa reforma constitucional.

Habiendo retornado en marzo de 1925, Alessandri comenzó de inmediato a buscar los medios para llevar adelante la reforma constitucional. Finalmente, el 30 de agosto, en un plebiscito que fue calificado de “excepcional” por sus

contemporáneos, se aprobaba la nueva Constitución. Entre sus aspectos más

6

importantes conviene destacar: 1) Se suprimió la atribución del Congreso de dictar periódicamente las

leyes que autorizaban el cobro de las contribuciones y para mantener en pie a las Fuerzas Armadas. A partir de ahora serían leyes de

carácter permanente. 2) Para la tramitación de la ley de presupuesto se fijó un plazo perentorio

al Congreso. 3) El período presidencial fue fijado en seis años no reelegible

inmediatamente.

4) Se entregó el control de las elecciones a un organismo llamado Tribunal Calificador de Elecciones.

5) Los ministros serían de la exclusiva confianza del Presidente de la República. 6) Se establecía un rol activo del Estado en la sociedad, al entregársele el

rol de garante de la protección del trabajo, la seguridad social y la equitativa distribución de la riqueza. Y, además, tenía tuición sobre el

derecho de propiedad, ya que debía estar sujeto a los intereses del bien común.

7) Declaraba la separación Iglesia-Estado, estableciendo el carácter laico

de éste y la plena libertad de culto, terminando de esta manera con el conflicto laico religioso que había marcado gran parte del siglo XIX y

principios del XX.. Fin del ciclo salitrero

Durante la década de 1920 se produjo un significativo proceso de transformación en el quehacer económico del país, pues mientras caía

vertiginosamente la explotación del salitre, comenzaba a adquirir importancia la producción del cobre. La industria salitrera se había convertido en un enclave foráneo aislado del

resto de la economía y de la sociedad chilena en general. Su aporte real para la economía nacional era escaso, ya que esta riqueza permanecía en manos de

un pequeño sector oligárquico que malgastó sus recursos en artículos suntuarios y amplió, de manera innecesaria, la administración pública. A partir de 1915, el precio del salitre disminuyó debido a la introducción en los

mercados internacionales del salitre sintético y, como era de esperarse, el aporte de la explotación del salitre al presupuesto del Estado también

disminuyó: 60% en 1915; 24% en 1919, y 17% en 1927.

7

El ciclo del cobre

La explotación de este recurso natural pasó por diferentes etapas. Estuvo

presente desde la Colonia, pero adquirió una mayor significación en la segunda década del siglo XX, simultáneamente con la disminución de la importancia del

salitre. Con la explotación del cobre, la hegemonía inglesa cedió su lugar a la hegemonía norteamericana, ya que en este período la producción de cobre

recibió un fuerte impulso de capitales provenientes de Estados Unidos. Los dos principales yacimientos de cobre chilenos estuvieron ligados desde sus

inicios a capitales norteamericanos. La Braden Copper Company surgió por iniciativa de la Americans William Braden and Barton Sewell, que adquirió la mina El Teniente en 1904. Esta sociedad construyó una línea de ferrocarril de

70 kilómetros de extensión, que unió a Sewell con Rancagua. En 1915 El Teniente fue adquirida, casi en su totalidad, por la Kennecott Copper

Corporation. La Chile Exploration Company, formada por la familia Guggenheim, se hizo cargo de Chuquicamata, que comenzó sus actividades en 1910. Luego de 14

años de explotación de este mineral, los Guggenheim decidieron vender la compañía a la Anaconda Copper Company, también norteamericana, que tenía

a su cargo la administración de Potrerillos desde 1905. La empresa Andes Copper Mining Co., inició en 1916 la explotación de una tercera mina: Potrerillos, que se agotó en 1959 y fue reemplazada por El Salvador.

Debido a esto, la minería del cobre recobró importancia en Chile y en 1945 constituía el 22% de la producción mundial. Siendo el cobre un mineral

estratégico, durante la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos comenzó a fijar su precio de manera artificial: once centavos de dólar la libra, precio mucho más bajo que el obtenido por el cobre que se producía en los Estados

Unidos. Esta medida significó para nuestro país contribuir con una guerra con la cual no mantenía ninguna relación de obligación, ni por el derecho interno ni

por el derecho internacional, produciéndose así un estancamiento, de manera que en 1966 Chile representaba solamente el 13% de la producción mundial. El Tratado de Washington de 1951 aumentó el precio de este metal a 27,5

centavos de dólar la libra y el gobierno de Chile obtuvo la franquicia de colocar en el mercado el 20% de todo el cobre obtenido en el país al precio del

mercado mundial. El gobierno de Chile, tratando de hacer más racional la relación entre el Estado y la industria del cobre, dio lugar a la Ley del Nuevo Trato 11.828, que entregó

mayor injerencia al gobierno en el control de la producción y la venta del cobre.

8

Período 1927-1932 – Crisis de 1929

El país estrenaba una nueva constitución donde el Estado se comprometía a velar por la protección del trabajo, la industria y la previsión social,

reconociendo a cada chileno y chilena un bienestar mínimo en los temas habitacionales y en los ligados a satisfacer sus necesidades personales y

familiares. Luego de promulgada la Constitución de 1925 los problemas de Alessandri no terminaron, lo que lo indujo a renunciar por segunda vez antes de terminar su

mandato. Se iniciaba así un breve período en que la pugna de poder entre Alessandri e Ibáñez introdujo al país en la inestabilidad política marcada por

varios cuartelazos militares. Una nueva elección llevó al poder a Emiliano Figueroa, mientras Ibáñez continuó como Ministro de Guerra y luego como Ministro del Interior,

representando el papel de hombre fuerte del gobierno. Estas disputas de poder llevaron a la renuncia de Emiliano Figueroa, proceso que culminó con la

consolidación del poder de Ibáñez quien fue elegido presidente en 1927. Los años del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo coinciden con un momento de gran prosperidad y, a la vez, con una crisis de una magnitud nunca vista.

Cuando Ibáñez asumió su nuevo cargo, una de las tareas fundamentales que se propuso fue dotar a Chile de una infraestructura estatal y económica que

posibilitara un rápido desarrollo. Algunos aportes se habían hecho ya en 1925, cuando el gobierno de Arturo Alessandri consiguió imponer la idea de la creación de un Banco Central, una de las propuestas principales de la Misión

Kemerer que había sido contratada para estudiar medidas de corrección de la economía.

El gran mentor de los cambios económicos impulsados por Ibáñez fue el ministro de fomento, Pablo Ramírez. Este pensaba que el Estado debía asumir un rol protagónico en el desarrollo económico; pero era necesaria, además,

una planificación que permitiera orientar los recursos a aquellas áreas que potencialmente tenían mayores expectativas. Por ello, antes de iniciar cualquier

proceso de transformación económica, era necesario racionalizar la administración pública.

Como consecuencia, una de las áreas de mayor crecimiento fue el aparato estatal orientado al fomento económico. El Estado, en la perspectiva del

gobierno, debía encabezar un gran proceso de industrialización. Por ello, aparte de la creación de una gran cantidad de organismos de fomento, se aplicaron una serie de políticas proteccionistas y de promoción de la inversión

extranjera.

Instituciones creadas en el período: Contraloría General de la República, Cuerpo de Carabineros, Fuerza Aérea, Línea Aérea Nacional, Servicio de Minas

del Estado, Caja de Crédito Agrario, Caja de Crédito Carbonífero, Instituto de Crédito Industrial, Caja de Colonización Agrícola. La expansión económica requería recursos y ellos fueron proveídos desde el

extranjero, fundamentalmente a través de la obtención de créditos a bajo

9

interés. De esta forma se fue creando una dependencia financiera que tendría a corto plazo efectos devastadores. Fundamentalmente se invirtió en

obras públicas orientadas a dotar al país de una importante infraestructura de comunicaciones. Esto lo podemos ver en el siguiente

cuadro de las inversiones realizadas el año 1928, uno de los mejores de la década:

INVERSIONES DEL ESTADO EN OBRAS PÚBLICAS EN 1928

Rubro Monto (Millones de $)

Ferrocarriles

Tranques

Obras portuarias Agua potable

183

161

327 124

400 29 95

258

Edificios públicos

Fomento industrial Fondo carretero

Otros y pérdidas en emisiones

Total 1577

La extraordinaria dependencia financiera que había contraído Chile hizo que

fuera muy vulnerable a cualquier crisis económica que pudiera producirse en el mundo. Así, el 29 de octubre de 1929 se produce la caída de la Bolsa de Nueva

York, generando una de las mayores crisis económicas de la historia. La contracción monetaria que se produjo trajo como consecuencia una inmediata deflación y una caída de los precios de las materias básicas en los mercados. El

mercado comprador se encontraba prácticamente paralizado y el precio exterior se contrajo a niveles nunca vistos. En los países industrializados gran cantidad

de bancos quebraron y la industria se paralizó. La crisis se había extendido de Estados Unidos a Europa y luego al resto del mundo. Frente a esta situación de crisis a nivel mundial, donde la única cifra que subía

era la del desempleo, el comercio mundial disminuyó en un 60% en cuatro años (1929-1932), los Estados empezaron a levantar barreras para proteger a

sus mercados nacionales y sus monedas. La Gran Depresión desterró al liberalismo durante medio siglo y obligó a los gobiernos occidentales a darle mayor prioridad a los aspectos sociales en la

formulación de sus políticas, pues de lo contrario se corría el riesgo de la radicalización de la izquierda o de la derecha, como lo demostró Alemania

(Hobsbawm, Eric: Historia del Siglo XX). Los gobiernos se ocuparon de proteger la agricultura frente a la competencia extranjera por medio de fuertes impuestos; subvencionaron esta actividad

garantizando los precios al productor, compraron los excedentes e incluso pagaron a los agricultores para que no produjeran.

El objetivo principal de los gobiernos en este período fue tratar de reducir al máximo el desempleo. Este objetivo tuvo, además, el apoyo de economistas de la época, como fue el caso de John Maynard Keynes (1883-1946), que

consideraba la necesidad de eliminar el desempleo por razones económicas y

10

políticas. Escribió una dura crítica a la Conferencia de Versalles afirmando que si no se reconstruía la economía de Alemania sería imposible restaurar una

civilización y una economía liberal estables en Europa. En este contexto internacional, Chile, que no podía escapar a las graves

consecuencias de esta crisis como país monoproductor –de hecho, el precio del salitre experimentó una caída en los mercados mundiales de un 95%-, realizó

desesperados intentos por controlar los gastos fiscales. Solamente en la minería se calcula que los niveles de desocupación llegaron a los 60.000 obreros cesantes en el norte salitrero. Santiago fue prácticamente invadido por

los obreros que huían de las oficinas paradas, vagando por las calles y generando un clima de creciente inseguridad.

Evolución política: período 1932-1952

Los años de recuperación Como ya señalamos, en 1929 se produjo una grave crisis económica a nivel

mundial que repercutió en nuestro país en la medida en que nuestras riquezas básicas eran compradas por potencias como Estados Unidos. Ello implicó una baja en las ventas de las riquezas básicas, lo que hizo entrar a toda la

economía nacional en una aguda crisis que revivió la inestabilidad de la década anterior. Para hacer frente a esta situación, Ibáñez tomó una serie de

decisiones de rasgos dictatoriales: las detenciones, relegaciones, exilios y limitación de libertades civiles fueron la tónica de los primeros años de su administración .

Desde la presidencia se dirigieron críticas a los partidos políticos y a los políticos en general, lo que produjo que la oposición a Ibáñez creciera

lentamente. De forma paralela se hacían sentir los coletazos de la crisis económica en todos los sectores de la economía nacional, agudizándose las protestas en contra del

gobierno, que entró en una escalada crítica. Esta situación haría renunciar a Ibáñez a la presidencia en Julio de 1931.

A partir de la renuncia de Ibáñez el ambiente político recuperaba su ya permanente inestabilidad y el 4 de Octubre de 1931 se convocó a elecciones presidenciales. Se presentaron como candidatos Arturo Alessandri Palma,

Manuel Hidalgo (socialista), Elías Lafferte (comunista) y Juan Esteban Montero (Radical), quien triunfó con el 63.8% de los sufragios.

El gobierno de Montero se iniciaba en medio de un caos económico, caracterizado por el alza permanente del costo de la vida. Rápidamente comenzaron a organizarse desde la oposición intentos por derrocar al gobierno.

Dentro de la oposición, el sector más fuerte era dirigido por tres hombres de tendencia socialista: Marmaduke Grove, Eugenio Matte Hurtado y Carlos

Dávila, quienes dieron un golpe de Estado y terminaon con el gobierno de Montero, instaurando lo que se denominó la Repúbliuca Socialista. Dentro de

su programa proponían organizar las fuerzas productoras bajo el control del Estado. Se llevaron a cabo una serie de medidas con el objeto de recuperar al país de la aguda crisis económica que experimentaba: se entregaron

maquinarias y herramientas, se otorgaron créditos a pequeños industriales y

11

comerciantes para que pudiesen pagar sus obligaciones no canceladas, se entregaron raciones alimenticias, etc. Estas medidas, pese a su popularidad, no

cambiaron el contexto y, desde la oposición, así como desde el interior de esta Junta de Gobierno, seguían las presiones.

Carlos Dávila tenía serias diferencias con Marmaduke Grove, lo que culminó en un nuevo Golpe de Estado dirigido por Dávila, dando término al efímero

gobierno anterior. En un mes se volvieron a decretar medidas como el toque de queda y la censura en los medios de comunicación. Luego de un breve período Carlos

Dávila renunció, quedando en la presidencia el general Bartolomé Blanche. Sin embargo, los militares habían caído en el descrédito popular y las calles

volvieron a ser testigos de movilizaciones sociales que exigían un gobierno civil. Las presiones obligaron al gobierno a convocar a elecciones. Blanche entregó el poder al presidente de la Corte Suprema Abraham Oyanedel, quien

presidió el acto eleccionario que dio por resultado el triunfo de Arturo Alessandri, que había regresado desde su exilio inmediatamente caído Ibáñez.

Al asumir Alessandri el poder, el país se debatía en una crisis de una magnitud desconocida. A los graves problemas económicos se sumaban los políticos. Una necesidad urgente era la de restituir el orden institucional y terminar con la

efervescencia militar, para luego acometer la recuperación económica. Alessandri hizo un uso extensivo de las atribuciones que la constitución le

entregaba, apelando al estado de sitio cada vez que lo estimó necesario. Igualmente alentó el desarrollo del movimiento civilista y particularmente de la llamada Milicia Republicana. Esta organización había nacido en Santiago el año

1932, integrada por jóvenes profesionales, en su mayoría de derecha. Adoptando una forma paramilitar, sus miembros habían jurado defender el

régimen republicano con las armas. Alessandri los alentó incluso a riesgo de ganarse la antipatía de diversos sectores políticos. La máxima expresión de la fuerza de la milicia fue el desfile de mediados de 1933, en que 20.000

hombres pasaron frente a La Moneda, siendo felicitados por Alessandri. Al interior del Ejército, entretanto, iba surgiendo una doctrina llamada

“constitucionalista”, que señalaba que las Fuerzas Armadas eran, por definición, subordinadas y obedientes del poder civil y no debían intervenir bajo ninguna causa en política.

Mientras el Ministro de Hacienda Gustavo Ross se preocupaba de reconstruir la economía, los diversos sectores políticos buscaban reorganizarse.

Nuevos actores se sumaron a los antiguos partidos políticos. En la izquierda, en junio de 1933 nacía el Partido Socialista, encabezado por Marmaduke Grove. Este nuevo conglomerado se planteaba como una opción socialista de

carácter no marxista, que aspiraba a tomar el poder por la vía constitucional. Mientras tanto, en la derecha, la Juventud del Partido Conservador comenzaba

a ser impregnada por el creciente interés de los sectores católicos en los problemas sociales. Específicamente la Encíclica Quadragesimo Anno (1931)

y los escritos de Jacques Maritain hicieron que en 1935 se formara la Falange Nacional, liderada por Eduardo Frei y que sería el antecedente directo de la Democracia Cristiana. En la izquierda, el Partido Comunista en su Congreso de

1933 asumía definitivamente la vía estalinista y se sumaba a los partidos

12

comunistas que eran controlados desde Moscú. El gran suceso político de la década fue sin duda la formación del Frente

Popular. En 1934 cambia la estrategia del comunismo mundial. Ante el avance aparentemente avasallador de los fascismos en el mundo, la dirección

de la Tercera Internacional decidió buscar acuerdos con los partidos definidos como burgueses o socialdemócratas para la formación de Frentes Populares

contra el fascismo. En Chile, ese mismo año, se forma al interior del Congreso el llamado Bloc Parlamentario de Izquierda, integrado por socialistas, radical-socialistas y

trotskistas. Su principal tarea, según ellos mismos lo señalan, será la de impedir la política de expoliación de la clase trabajadora, en directa alusión a la

política económica de ajuste implementada por el gobierno. Si bien su fuerza era bastante relativa, bastaba para demostrar la clara diferenciación entre el gobierno y una oposición de izquierda cada vez más organizada.

En febrero de 1936, luego de que el Partido Comunista hiciera público su abandono de la vía violenta para la toma de poder, fue invitado a integrar el

Bloc. Sin embargo, el Partido Radical permanecía renuente a integrarse. Pero fue el gobierno, con la extraordinaria represión desatada contra la huelga ferroviaria que se realizó ese mismo mes, el que empujó al radicalismo a

integrarse a las fuerzas de izquierda. En abril de 1936, el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Partido Radical declaran oficialmente organizado el

Frente Popular. El nuevo papel del Estado: empresario y de bienestar

El modelo económico de sustitución de importaciones La crisis del 29 dejó al descubierto la vulnerabilidad del modelo económico de

América Latina, que se centraba en la exportación de materias primas y en la importación de productos manufacturados. El cierre de los mercados europeos destruyó la estrategia económica llamada “desarrollo hacia afuera”, que hasta

ese momento había permitido el crecimiento y la estabilidad de los países de este continente.

Para resolver esta aguda crisis surgió la idea de la industrialización, tomando las medidas proteccionistas que ya se estaban aplicando tanto en Estados Unidos como en Europa, con el objetivo de lograr una mayor independencia

económica. Se pensaba que la producción de bienes industriales, agrícolas y minerales permitiría a las economías latinoamericanas ser más autosuficientes

y menos vulnerables a las crisis económicas internacionales. Los coletazos de la crisis del „29 hicieron pensar en la necesidad de que el Estado tuviese una mayor ingerencia en la economía nacional. El triunfo del

Frente Popular fue decisivo para implementar este nuevo modelo de desarrollo, donde el Estado actuó como motor de un proceso de industrialización que

buscaba sustituir las importaciones a través de una estrategia técnico- económica que permitiera a la población mejorar sus niveles de vida y

disminuir los altos índices de cesantía. La idea era implementar nuevas industrias para elevar el consumo interno e intentar ser más autónomos respecto de los mercados internacionales. Este desafío se llevó a cabo

ampliando los créditos entregados por el Estado y estableciendo una legislación

13

que los regulara. Se controlaron los bienes que podían ingresar al país y los que se podían importar, desarrollándose una estrategia que buscaba acrecentar

los ingresos del Estado. Por otra parte, se adoptaron medidas tendientes a la regulación de los precios para así proteger a los sectores más pobres.

Aparecieron empresas mixtas donde el Estado se asoció con particulares en la búsqueda de apertura de nuevas actividades económicas.

En definitiva, el Estado actuó a modo de empresario realizando obras de gran envergadura como electrificación, construcción de fundiciones, mejoramiento de caminos, etc.

En 1939 se creó la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), cuyo objetivo era justamente fomentar la producción para elevar el nivel de

vida de la población aprovechando los recursos naturales del país, y procurar la disminución de los costos de producción, además de lograr la satisfacción de las diferentes necesidades de las regiones del país.

Con esta iniciativa del Estado de tener un rol activo en la economía nacional, se crearon importantes proyectos gestionados por CORFO, tales como: la

Empresa Nacional de Electricidad, S.A. (Endesa), que, además de crear centrales eléctricas e hidroeléctricas, se ocupó de desarrollar un plan para la búsqueda de yacimientos petrolíferos, naciendo de esta manera la ENAP, la

Compañía de Aceros del Pacífico (CAP) y la Industria Azucarera Nacional, S.A. (IANSA).

Durante la década de 1940, Chile quedó definitivamente en calidad de país dependiente de Estados Unidos. Por una parte, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y, por otra, debido a los sustanciosos créditos que

fueron entregados a Chile. Así, Estados Unidos se transformó en el principal socio comercial de nuestro país.

El esfuerzo de desarrollo de los gobiernos radicales impulsados a través de la CORFO, tuvo un talón de Aquiles en el grave problema inflacionario y el abandono del campo chileno.

Durante toda la década de 1940 la inflación fue constantemente alta, particularmente en 1947. Sin embargo, los intentos del gobierno por estabilizar

la inflación resultaron al final un fracaso, incidiendo directamente en el poder adquisitivo de los trabajadores. La necesidad de una acción transparente por parte del gobierno, de una

administración pública que estuviera ajena a las rivalidades partidistas y el anhelo de solución a los problemas económicos y a las diferencias sociales

llevaron al electorado a apoyar la candidatura del Carlos Ibáñez del Campo, quien en 1952 llegó a la Presidencia con una votación del 46.8%. A pesar de las esperanzas puestas en el nuevo mandatario, la situación no

tuvo mayores cambios y, hacia fines del decenio, el país siguió enfrentando los mismos problemas.

Mientras se sucedían los presidentes, la sociedad en su conjunto fue experimentando una serie de cambios: como consecuencia de la mayor

ingerencia del Estado en la economía y con la necesidad de personal calificado que las nuevas instituciones creadas requieren, se produce un importante afianzamiento de la clase media, sector que se había visto beneficiado con las

políticas laborales implementadas por los gobiernos radicales desde la década

14

del 30. La actividad fabril que se llevó a cabo en este período atrajo mano de obra de

origen rural y también a gran cantidad de trabajadores provenientes del norte, luego de la crisis de las salitreras. Grandes contingentes se concentraron en las

ciudades, donde experimentaron condiciones precarias de vida, escasez de viviendas, insalubridad, ausencia de asistencia sanitaria, cesantía, hambre y

marginalidad. Esta crítica situación hizo que sectores pudientes de la sociedad y jóvenes católicos los apoyaran con instituciones benéficas como el Ropero del Pueblo.

En cambio, aquellos trabajadores que se insertaron en el sistema laboral pudieron acceder a diferentes beneficios y se organizaron para defender sus

intereses en sindicatos y organizaciones obreras. Por el contrario, los campesinos no accedieron a los beneficios de la clase trabajadora de las urbes. Ellos tuvieron la prohibición de agruparse en sindicatos, quedando así en

condiciones de mayor miseria y retraso. Los emigrantes de distinto origen que llegaron a Chile en la primera mitad del

siglo XX son otro elemento a considerar, ya que contribuyeron a la creación de una sociedad más compleja y variada. A esta cambiante realidad se incorporaron, de manera paulatina, las mujeres,

quienes votaron en las elecciones municipales por primera vez en 1935, y luego obtuvieron sus derechos políticos en 1949. Se incorporaron también a la

educación formal, constituyendo una presencia cada vez mayor tanto en escuelas como universidades. Todos estos nuevos actores sociales se incorporaron a las actividades políticas,

económicas y culturales. De hecho, entre los años „30 y „50 hay una expansión editorial y se nota un auge en la creación artística. Todo esto se vio reflejado

en los cambios que se experimentaron en la vida cotidiana; en la ciudad de Santiago, principalmente, comenzó una especie de “época dorada” para la bohemia, que tiene numerosos cafés y restaurantes a su disposición.

Así, en esta nueva realidad, los partidos políticos comienzan a organizarse para enfrentar las elecciones de 1958. En este momento ya es posible distinguir los

tres tercios que dominarán la política chilena entre 1958 y 1973. En la izquierda, luego de muchos años de lucha, los socialistas y comunistas logran llegar a acuerdos.

En el centro, la recientemente creada Democracia Cristiana desplaza a los radicales, y, en la derecha, los liberales y conservadores logran también un

acuerdo. La derecha logra obtener la victoria en 1958, encabezada por Jorge Alessandri. Así como Ibáñez representó la opción del caudillo carismático, Alessandri

representaba la opción de los técnicos. Alessandri intentó encabezar un gobierno que estuviera por encima de los

intereses partidarios y que tuviera, como primera tarea, controlar la grave crisis económica que afectaba al país. Sin embargo, a poco andar quedó

demostrado que gobernar con independientes era casi imposible. Las elecciones municipales de 1963 confirmaron los más oscuros augurios que rondaban al gobierno. La Democracia Cristiana se levantó como la primera

fuerza electoral del país, mientras que la derecha sufrió una gran derrota. Así

15

comenzaron los preparativos para la elección presidencial. Los pronósticos aseguraban que la definición se iba a dar entre la Democracia Cristiana y los

partidos de izquierda unidos, desde 1956, en el Frente de Acción Popular (FRAP); sin embargo, a fines de 1963, el panorama se complicó

extraordinariamente. El fallecimiento del diputado Óscar Naranjo hizo necesaria la convocatoria a elecciones complementarias en Curicó. Por ser

una zona agrícola, la derecha esperaba una fácil victoria, ya que el difunto parlamentario que pertenecía al Partido Socialista había obtenido su cargo en una lucha muy estrecha. Sin embargo, en la elección para ocupar su sillón,

ganó Óscar Naranjo hijo, representando al FRAP. Esto generó una inmediata reacción de la derecha, que decidió abandonar la candidatura presidencial de

Julio Durán y apoyó a la Democracia Cristiana, lo que permitió la victoria de Eduardo Frei Montalva con una mayoría histórica.

La Revolución en libertad La victoria de Eduardo Frei encabezando a la Democracia Cristiana representa

dos fenómenos de importancia mayor para la historia política chilena de la segunda mitad del siglo XX. En primer lugar, los más prestigiados historiadores coinciden en que con la administración demócrata cristiana

se inician los llamados “Proyectos Políticos Globales”, que pretendían lograr un camino íntegro del país. En segundo lugar, la victoria demócrata

cristiana es un claro reflejo de la influencia que los sucesos internacionales tenían sobre Chile. Diversos analistas aseguran que la experiencia de la “Revolución en Libertad” era una clara opción frente al avance aparentemente

victorioso del comunismo en América Latina, particularmente desde el triunfo de la revolución cubana en 1959.

Habiendo obtenido la victoria por tan amplia mayoría, la Democracia Cristiana buscó poner en práctica su programa de gobierno, el cual consistía esencialmente en llevar adelante grandes reformas que permitirían un cambio

radical del país. En primer lugar, se recuperarían las riquezas básicas del país llevando adelante la “chilenización del cobre”. En segundo lugar, se impulsaría

una reforma agraria amplia y no como la del gobierno de Jorge Alessandri (conocida popularmente como la “reforma del macetero”). En tercer lugar, se estimularía la “Promoción Popular” a través de los organismos de carácter

intermedio, tales como las juntas de vecinos, los organismos juveniles, etc. En cuarto lugar, se procuraría emprender un vasto plan de vivienda que permitiera

la construcción de 60.000 casas por año. Y, finalmente, se promovería la implantación definitiva del sufragio universal, integrando a los analfabetos y a los no videntes.

La vastedad del plan demócrata cristiano hizo que los más entusiastas hablaran del inicio de tres décadas de gobierno de esa tendencia política. Sin

embargo, la situación del país terminó frustrando el intento. Cuando Frei había asumido el poder señaló que “no iba a cambiar una coma de

su programa ni por un millón de votos”. Esto tenía consecuencias políticas que no pasaron inadvertidas para los diversos sectores políticos. En primer lugar, la Democracia Cristiana estaba anunciando que iba a intentar gobernar sola; y en

segundo lugar, que tendría que ganar necesariamente el control total del

16

Congreso. El ánimo claramente confrontacional que percibieron los partidos políticos hizo que desde un primer momento se desatara una oposición

despiadada al gobierno. En marzo de 1965, la Democracia Cristiana obtiene el control de la Cámara de

Diputados, pero el Senado queda en manos de la oposición, lo que obliga al gobierno a tener que negociar. El primer enfrentamiento se produce a raíz del

envío del proyecto de ley de reforma agraria junto al proyecto de reforma de la Constitución en lo referente al derecho de propiedad. La derecha se opone inmediatamente alegando que se intentaba destruir el concepto de propiedad y

llevar la anarquía al campo. La tramitación es demorada hasta 1967, cuando es aprobada, aunque con una serie de correcciones que hacen que el gobierno

reaccione promulgando la ley de sindicalización campesina con el apoyo de la izquierda. La aprobación de la ley de reforma agraria tiene consecuencias inmediatas. En

primer lugar, obliga a la derecha a cerrar filas, organizando a liberales y conservadores en el Partido Nacional. En segundo lugar, el “entusiasmo” de

algunos funcionarios de la Corporación de la Reforma Agraria, CORA, hace que se genere un clima de creciente inestabilidad en el campo, representado fundamentalmente en las tomas de terrenos.

De igual forma, el gobierno debe enfrentar a la izquierda que ganaba rápidamente terreno. Fundamentalmente el Partido Socialista y el Partido

Comunista vieron un grave peligro en la política de promoción popular impulsada por el gobierno. No estaban equivocados, ya que el posible éxito del gobierno significaba desplazarlos de los sectores que

tradicionalmente los habían apoyado. Por ello, como respuesta, en el Congreso retienen la promulgación de la ley de Juntas de Vecinos hasta mediados de

1968. Y, además, promueven la agitación obrera, particularmente en la minería. La represión del gobierno a los obreros paralizados, en marzo de 1966, hace que por primera vez la prensa de izquierda hable de violación de

derechos humanos, de tortura y de dictadura legal, para referirse a la acción del gobierno.

Un clima de creciente polarización se estaba haciendo presente en el país. Muchos militantes de los partidos de la izquierda tradicional no estaban de

acuerdo con el voto como un medio de acceso al poder, sino que se inclinaban por una vía revolucionaria y organizaron movimientos que tuvieran este

objetivo. Uno de los más importantes fue el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que nació en 1965 en la Universidad de Concepción, bajo la inspiración de la revolución cubana. Entre los años 1967 y 1970 demostraron

su capacidad como guerrilla urbana llevando a cabo asaltos a bancos y otras acciones que la prensa de la época se encargó de magnificar para dar a la

opinión pública la idea de una situación de beligerancia. Efectivamente, el país vivía una situación de gran polarización de la cual fueron partícipes todos los

sectores. Al mismo tiempo, la derecha estaba reorganizada en el Partido Nacional, creado en 1966, en el que se habían fusionado los antiguos miembros de los

partidos Liberal y Conservador, así como los grupos nacionalistas de marcado

17

carácter antimarxista. Al respecto, los historiadores Correa, Figueroa, Jocelyn- Holt, Rolle y Vicuña en Historia del Siglo XX chileno señalan:

“(…) De suerte que, al igual que en el espectro de la izquierda, en la derecha también se hizo uso de la incontinencia verbal con el enemigo político a través

de los medios de comunicación, se utilizó la movilización social que ocupaba la calle y grupos extremistas dispuestos a la acción violenta como fue el caso del

Movimiento Patria y Libertad. Así pues, la derecha también contribuyó a exacerbar el creciente clima de polarización; por ejemplo, reaccionando, a veces irracionalmente incluso, a las políticas encaminadas a profundizar de los

cambios estructurales, especialmente a la reforma agraria, en la medida que ésta quebró el orden hacendal responsable de la persistencia de la elite

tradicional desde tiempos coloniales. (...)" También los militares tuvieron participación en este período, ya que en 1969 se produjo un alzamiento conocido como el “Tacnazo”, en que el general

Roberto Viaux se atrincheró en el regimiento Tacna en Santiago. El motivo esgrimido por este levantamiento fueron las malas remuneraciones y

el pobre equipamiento del ejército. Este movimiento ponía en evidencia la existencia de un fuerte descontento entre las filas de esta institución. En ese clima se iniciaron los preparativos para la elección presidencial que se

avecinaba. La situación de extrema polarización en que se encontraba el país hacía que la contienda electoral se planteara como una lucha ideológica

insoluble. La victoria de la izquierda significaba para muchos la caída de Chile en el comunismo; para la Democracia Cristiana, entretanto, era imperativo obtener una victoria electoral si deseaba consolidar el proceso de cambios que

había iniciado; mientras que para la derecha era casi una cuestión de sobrevivencia.

La campaña electoral alcanzó límites de violencia y tensión que nunca se habían visto. En junio de 1969, el Ejército había descubierto una escuela de guerrillas al interior de Concepción y arreciaban las acusaciones de violación de

derechos humanos en contra del gobierno por parte de la izquierda. En septiembre de 1970, el abanderado de los partidos de izquierda,

agrupados en la Unidad Popular, Salvador Allende, obtenía la primera mayoría en las elecciones, pero sin alcanzar la mayoría absoluta, lo que obligaba a su ratificación por el Congreso. La cuestión debía decidirse entre él y Jorge

Alessandri, abanderado de la derecha, que había obtenido el segundo lugar. Si bien la Democracia Cristiana había llegado tercera, estaba en sus manos

la decisión final a raíz de su importante fuerza en el Congreso. La Unidad Popular estuvo dispuesta a firmar un acuerdo con la Democracia Cristiana llamado “Estatuto de Garantías”, que comprometía al conglomerado

de izquierda a no llevar adelante reformas que pusieran en peligro la estabilidad constitucional. Con ello ganaban el apoyo demócrata cristiano en el

Congreso. Sin embargo, para la extrema derecha, la posible victoria de Allende era el peor escenario posible. Por ello intentaron levantar a las Fuerzas

Armadas para que se tomaran el poder. Para ello, pretendieron secuestrar al Comandante en Jefe del Ejército, General René Schneider; sin embargo, éste ofreció resistencia y fue asesinado. La oportuna acción del gobierno y la rápida

designación del General Carlos Prats, ayudaron a evitar una posible asonada

18

militar. Así, el 4 de noviembre de 1970, Salvador Allende juraba como Presidente de la

República, iniciando el gobierno de la Unidad Popular.

1970 – 1973: del socialismo al autoritarismo

Los contradictorios y difíciles días del “Gobierno Popular” El 4 de septiembre de 1970 se llevaron a cabo elecciones presidenciales. Todo ese año se había desarrollado en el país una intensa campaña política de

inusitada violencia y polarización. Se enfrentaban los tres proyectos políticos que se perfilaban en forma excluyente desde 1958: el liberal de derecha, que

llevaba como candidato a Jorge Alessandri; socialcristiano de centro, con su candidato Radomiro Tomic, y socialista de izquierda, con Salvador Allende como abanderado.

El estrecho triunfo de la izquierda fue algo inesperado y sorprendente para los círculos de derecha, que desde ese mismo instante decidieron coartar su

ascenso al poder. No obstante, el Congreso Pleno eligió a Salvador Allende como presidente de la República, quien asumió el cargo el 4 de noviembre de 1970.

Con respecto a la crisis que vivía en ese momento el país, el Informe Rettig señala:

“A partir de los años 1950, el país –como muchos en América Latina– presenció la inserción de su política interna en la lucha entre las superpotencias, la llamada “guerra fría”, que por su carga de opuestos

intereses e ideologías de nivel mundial, implicaba en sí misma una polarización. Ella afectó a Chile, al comienzo –quizás– en escasa medida, pero muy

fuertemente a partir de los años 1960, con la Revolución Cubana. Esta pretendía resolver los problemas que a su juicio eran comunes de Latinoamérica, derivados de la existencia de dictaduras militares y de serios

desniveles económicos y sociales. Como se verá en la segunda parte, dicho acontecimiento rebasó las fronteras del país en el cual se daba, y vino a ser un

episodio de la “guerra fría” y a oponer en toda Latinoamérica la “insurgencia” cubano-soviética versus la “contrainsurgencia” norteamericana, –con sus respectivos aliados locales–, constituyendo una forma extrema de polarización.

La acompañó la intervención activa de las dos superpotencias en la vida política de los diversos países latinoamericanos. El nuestro no fue una

excepción, ni hubo sector alguno de la política nacional enteramente libre de esos influjos.” (Informe Rettig. Segunda Parte. Capítulo I. Marco Político). El período 1970 – 1973 fue intenso, complejo y contradictorio. La politización y

polarización del país llegó a extremos inesperados haciendo imposible el entendimiento y la búsqueda de acuerdos entre los distintos sectores.

Salvador Allende llegó a la Presidencia apoyado por un conglomerado de fuerzas de izquierda, la Unidad Popular, que durante su campaña enarboló un

programa a ser aplicado una vez obtenido el triunfo; distintas medidas de orden económico, político y social que iniciarían el cambio estructural del país: la “vía chilena al socialismo”.

Una de las primeras medidas del Gobierno fue un aumento masivo de sueldos

19

y salarios del 55% como promedio. La idea era lograr una redistribución masiva del ingreso y así aumentar el poder adquisitivo y el consumo. Esto, a

su vez, estimularía a la industria, que utilizaría su capacidad ociosa para elevar los niveles productivos, bajaría el desempleo y con ello se generaría un clima

de confianza que permitiría al Gobierno aplicar las medidas más revolucionarias de su programa.

En julio de 1971 se prodeuce la Nacionalización de la gran minería del cobre, única medida que concitó el apoyo unánime de todo el espectro político nacional, y se aceleró la reforma agraria.

Inversiones en obra social

El programa de la Unidad Popular contemplaba medidas que iban en beneficio directo de los más pobres e históricamente excluidos. Su preocupación fundamental era la salud, educación y vivienda. Consecuentemente con ello se

invirtieron recursos en las tres áreas. Así, subió el número de matrículas en la educación preescolar, básica, media y universitaria. Se aumentó la capacidad

hospitalaria y subió la demanda de atención médica en consultorios y hospitales. Otra de las medidas implementadas a favor de los más pobres fue la entrega

de medio litro de leche a cada niño. Si bien es cierto que no se logró cubrir el programa completo, esta fue una ayuda en muchos hogares y un beneficio

indudable para cientos de niños. La crisis final

El 8 octubre de 1972, los transportistas, afectados en sus intereses y temerosos ante un futuro que sentían incierto, llamaron a un paro nacional que

fue apoyado por la oposición al gobierno. Al paro adhirieron camioneros, autobuseros, el comercio, sectores de estudiantes y algunos gremios profesionales; a fines de octubre, el país estaba paralizado. La situación fue

superada por el Gobierno al llamar a las Fuerzas Armadas a integrarse como institución al gabinete. El propio comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats,

asumió el cargo de Ministro del Interior. El 29 de junio de 1973 se producía el “Tanquetazo”, un intento golpista comandado por el coronel Roberto Souper. La situación fue controlada por el

general y comandante en jefe del ejército, Carlos Prats. Este incidente desencadenó la renuncia de Prats a la Comandancia: el alto mando y la

oposición se lo pedían hacía semanas, y en su reemplazo era nombrado el general Augusto Pinochet. La Iglesia Católica, encabezada por el arzobispo de Santiago, cardenal Raúl

Silva Henríquez, preocupada frente a la violencia diaria y polarización que vivía el país, buscó los canales para el diálogo entre el Presidente Allende y la

Democracia Cristiana, cuyo presidente era Patricio Aylwin. El objetivo era llegar a acuerdos sobre cuestiones fundamentales para la oposición: la determinación

jurídica de las tres áreas de la economía, el control de las tomas y la violencia. No obstante, los esfuerzos realizados por la Iglesia eran ya tardíos, la Democracia Cristiana había perdido toda confianza en el Gobierno, estaba

aliada a la derecha y buscaba soluciones y compromisos radicales; por su

20

parte, el Presidente Allende carecía de fuerza cohesionadora ante una izquierda interiormente dividida.

Para tener una visión más amplia de este período, te sugerimos que leas los siguientes análisis:

Documento 1

“En 1972 [...] la inflación cobró velocidad ascendente. El Gobierno perdió toda capacidad de planificación de largo plazo: la supervivencia diaria era todo lo que se podía lograr en esas condiciones.

La oposición hizo todo lo que estaba en sus manos para sabotear los planes económicos y sin duda contribuyó en forma decisiva a las dificultades

económicas. En el Congreso se opuso a reformas tributarias y reajustes, y en 1972 aumentó sustancialmente el déficit fiscal al negarse a financiar el presupuesto. [...] Hubo sabotaje a la producción y huelgas generalizadas –

como las llamadas huelgas patronales de octubre de 1972 y de junio de 1973– que dañaron seriamente la economía.

El problema de la intervención norteamericana es un tema polémico. La CIA estaba autorizada para gastar ocho millones de dólares a fin de asegurar el derrocamiento de Allende; [...] Además se suspendieron los créditos

norteamericanos; Estados Unidos usó su influencia para obstruir los préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, y trató de

obstaculizar la renegociación de la deuda externa chilena. [...] Es posible que no haya existido bloqueo por parte de Estados Unidos, pero sí hubo un virtual boicot, [...].

El centro político desapareció en el Chile de Allende. El Partido Radical se dividió en tres fracciones. El PDC entabló relaciones de trabajo con el Partido

Nacional debido a la presión de consideraciones electorales, a la ejercida por su propia ala derechista y a la deserción de varios parlamentarios progresistas que formaron la Izquierda Cristiana. Su propia moderación fue dejando aislado

a Allende a medida que sus partidarios desarrollaban nuevas formas de organización política que escapaban al control del poder Ejecutivo y constituían

el llamado “poder popular”. [...] La oposición elaboró toda una serie de medidas destinadas a obstruir al Ejecutivo; no eran ilegales, pero violaban, por cierto, las normas convencionales del sistema parlamentario. El Gobierno,

por su parte, empleó medidas de dudosa legalidad.”

Alan Angell. Chile de Alessandri a Pinochet: en busca de la utopía. Ed. Andrés Bello, Santiago, 1993.

Documento 2 “El balance económico del gobierno de Allende es, en definitiva, desastroso. Se

trató, sin duda, en sus resultados de la peor gestión económica de toda la historia del país. Desde el punto de vista técnico-sustantivo la razón del

fracaso hay que buscarla en el menosprecio y desconocimiento de los líderes políticos de la UP, empezando por el propio Presidente Allende e incluida la mayoría de los economistas de gobierno, de la lógica y reglas de

funcionamiento de una economía de mercado.

21

[...] Su modelo operativo era la economía soviética. Consideraban la política

monetaria como un instrumento imperialista administrado por el FMI [...] por lo demás, la izquierda nunca había asumido funciones de gobierno en el área

económica, de modo que carecían totalmente de experiencia de gestión en la materia. [...], la acción de la CIA se centró en el apoyo financiero a

diversas instituciones y acciones opositoras, especialmente sus medios de comunicación, las campañas electorales tanto políticas como en organizaciones sociales e instituciones de relevancia nacional, los sucesivos paros (octubre 72,

mayo y agosto de 1973) y, en general, toda iniciativa encaminada a debilitar o desestabilizar el gobierno.

En el período 71-72, la DC –de vuelta de su proyecto histórico fracasado– trató de desempeñar, por primera vez y en circunstancias muy difíciles, el papel de partido de centro que le asignaba la ciencia política y que siempre había

rechazado. En ese breve período pudo haberse restablecido el esquema de tres bloques;

sin embargo, la DC fue arrastrada (por la clase media) y empujada (por la Unidad Popular) a integrar la oposición en la confrontación dicotómica que condujo a la crisis final.

[...] A partir de ese momento, la DC caminó inexorablemente hacia un entendimiento con la derecha, procurando moderar la estrategia de ésta pero

con escasa capacidad de iniciativa propia. De ahí en adelante la oposición fue endureciéndose en su conjunto, un escenario en que la voz cantante correspondió crecientemente a los gremios radicalizados, decididos a producir

el fin del régimen de la Unidad Popular.” Edgardo Boeninger. Democracia en Chile. Lecciones para la

gobernabilidad. Ed. Andrés Bello, Santiago, Segunda edición, 1998. Documento 3

“Cualesquiera que hayan sido las causas de la crisis económica, no parece discutible que ella contribuyó con singular intensidad a desarrollar la situación

que desembocaría en los sucesos de 1973. Si la oposición partidista no tuvo [...] una posición tan neta de “vía armada” como la que tenían algunos sectores de Gobierno, no parece discutible que, a

través de organismos políticos (partidos y Congreso) y sociales (gremios productivos y profesionales), intentó obligar a la Unidad Popular a transigir,

preterir y abandonar su modelo de sociedad, colocándola en la disyuntiva de hacerlo o de enfrentar un país ingobernable. “Vía armada” e “ingobernabilidad” vinieron a ser, de tal modo, indicativas de

conceptos excluyentes de sociedad, ninguno de los cuales podía imponerse al otro democráticamente, y sin tampoco admitirse transigirlo con el adversario,

abriendo así camino a una salida pacífica. Sin embargo, para que los sectores gremiales y profesionales, así como las

bases más que las directivas de los partidos opositores, hayan llegado a esa postura de extrema rebeldía –el paro conducente a la ingobernabilidad- no es explicación bastante el apasionamiento político de la hora.

Además, esos sectores se sintieron desamparados por los mecanismos

22

estatales llamados a proteger sus derechos. Sintieron que dichos mecanismos –Congreso Nacional, Contraloría, Justicia– eran impotentes para detener la

violación de aquellos. [...] Finalmente no puede olvidarse [...] el papel jugado por los medios de

comunicación. No en todos ellos, pero sí en algunos, especialmente escritos, de vasta difusión –y de ambos lados–, la destrucción de la persona moral de los

adversarios alcanzó límites increíbles, y se recurrió para ello a todas las armas. Presentada así en ambos extremos, la figura del enemigo político como despreciable, su aniquilamiento físico parecía justiciero, si no necesario, y no

pocas veces se llamó a él abiertamente. [...] los hechos posteriores, [...], tampoco parecen dejar dudas que,

adicionalmente, existía al interior de las Fuerzas Armadas y de Orden una corriente ideológica, caracterizada (quizás) por algunas nociones más bien vagas y simples sobre lo que debía ser la organización política, social y

económica del país, pero sobre todo por un concepto extremo y extraviado de la guerra antisubversiva en relación con la seguridad nacional.”

Informe Rettig. Segunda Parte. Capítulo I. Marco Político.

El golpe militar del 11 de septiembre de 1973 Múltiples son las causas mediatas e inmediatas que llevaron a la profunda

crisis que el país vivió en los años 70 y que tuvieron como desenlace dramático y drástico el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Es claro que ellas son de todo orden: político, económico y social, y que operaron lentamente en el

tiempo desde el interior pero también del exterior del país. El 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas y de Orden, en un

movimiento conjunto por aire, mar y tierra, depusieron al Gobierno de Salvador Allende. El palacio presidencial, La Moneda, fue sitiado por unidades del Ejército y más tarde bombardeada por la Fuerza Aérea, mientras, en su

interior, el Presidente Allende se quitaba la vida. Producido el golpe militar, las Fuerzas Armadas y de Orden asumieron todo el

poder del Estado, a excepción del poder Judicial. De tal modo, la Junta Militar estuvo formada por los generales Augusto Pinochet, comandante en jefe del Ejército; Gustavo Leigh, comandante en jefe de la Aviación; César Mendoza,

comandante en jefe de Carabineros; y el almirante José Toribio Merino, comandante en jefe de la Marina.

La refundación neoliberal A partir de 1975 el gobierno militar implementó, en la economía nacional, el

modelo neoliberal, impulsado por un grupo de jóvenes economistas chilenos formados en la Universidad de Chicago conocidos como los “Chicago Boys”.

Bajo su perspectiva, la economía social de mercado implicaba una reestructuración de la economía y un replanteamiento necesario de la política

económica del país desde los años treinta en adelante. El Estado debía perder su rol conductor y planificador de la economía. El proyecto económico significaba una refundación de la economía nacional y del sistema político, y

con ello, de la sociedad en su conjunto. Para esta tarea se requerían plazos

23

largos y un estricto control autoritario en el plano político; solamente así se podrían eliminar las distorsiones introducidas al ceder frente a demandas

populares, y establecer los requerimientos indispensables para que las fuerzas del mercado pudiesen operar.

Las medidas a tomar para implantar el nuevo modelo eran claras:

• Reducción del sector público, esto era, reducir el tamaño, funciones y, por lo tanto, gastos del Estado. Reducir el tamaño significaba la disminución drástica del aparato burocrático, o sea, el despido de

empleados públicos. Reducir las funciones del Estado implicaba que éste dejaba su rol conductor de la economía, la educación, la salud y

otras áreas en que históricamente había ejercido un papel rector. • Conceder absoluta libertad a la iniciativa privada. • Establecer las condiciones para que las fuerzas del mercado pudieran

operar, es decir, condiciones para el libre mercado; así, éste regularía los distintos sectores de la economía sin necesidad de

apoyo estatal a sectores no competitivos. También regularía los niveles de sueldos y salarios, debilitando cualquier negociación política de estos.

El historiador Ricardo Krebs comenta al respecto:

“El modelo neoliberal de economía se nutría de la fe en la libertad. Creía en la capacidad creadora del individuo para producir bienes materiales y espirituales y promover el desarrollo integral de la sociedad. Rechazaba, por tanto, todo

sistema de planificación gubernamental centralizado y todo dirigismo económico y social y procuraba extender al máximo el ámbito de interacción

espontánea del individuo. Consecuentemente, había que redefinir el papel del Estado, limitar las funciones, atribuciones y acciones del poder público, reducir el gasto fiscal y el aparato administrativo y promover una amplia liberalización

de los mercados, del comercio exterior, del sistema financiero, de las relaciones laborales, de la seguridad social, de la salud y de la educación.”

(Ricardo Krebs. Nueva historia de Chile. Ed. Zig-Zag, Santiago, 1996). El neoliberalismo en acción

Las medidas señaladas y consideradas imprescindibles se tomaron a partir de abril de 1975 en lo que se llamó la política de “shock”. Después de 1982 se

introdujeron correcciones al modelo, pero en lo sustancial prevaleció desarrollándose en torno a grandes cambios que, más que reformas, significaron una verdadera revolución en nuestra economía.

Se inició el proceso de privatización de las empresas del Estado y como un proceso paralelo a éste se subieron las tasas de interés. Por ello quienes

adquirieron los bienes del Estado fueron aquellos grupos económicos con acceso a los créditos en el extranjero, cuyos intereses eran significativamente

más bajos. Este hecho dio como resultado la concentración del poder en pocos grupos económicos que dominaron el sector financiero, bancario, industrial y las exportaciones agrícolas. En el otro extremo, la pobreza se profundizó.

La privatización también llegó al sector agrario. Casi el 40% de la tierra

24

expropiada se asignó a quienes la trabajaban, pero estos debieron venderla al no tener acceso a los créditos ni a la asistencia técnica.

Desregularización y liberalización de la economía

La economía nacional estaba sujeta a un control y planificación que el Estado ejercía con rigurosidad. Esa realidad cambia bruscamente y se liberalizan los

precios sobre prácticamente todos lo productos, los que en adelante fijaría el mercado según la oferta y la demanda. Lo mismo ocurrió con las tasas de interés bancario y las operaciones financieras en general, permitiéndose la

entrada de capitales extranjeros. Además, se otorgaron franquicias como una forma de atraer la inversión extranjera.

Consecuentemente con esta liberalización se eliminaron todas las trabas legales que regulaban la economía; así, se redujeron los aranceles sobre las importaciones, lo que significará la invasión de los mercados nacionales por

productos importados a bajo precio y la quiebra de la industria nacional.

La crisis de 1982: redefinición del modelo En 1982 se inicia un período de recesión mundial. El crecimiento económico sostenido que había tenido el país a partir de 1976, el llamado “milagro”, sufre

una crisis importante. Es a partir de esta crisis que, en 1985 y bajo la dirección de Hernán Büchi, el modelo económico sufre algunas alteraciones.

El neoliberalismo como principio económico permanece inalterable, pero se redefinieron las funciones del Estado, que se transformó en un “Estado subsidiario” que conservará determinadas funciones económicas y sociales,

principalmente, aquellas que los particulares no pueden sostener por su envergadura.

En el ámbito social, al Estado se le asignó la tarea de mantener un sistema que ofreciese gratuitamente prestaciones de salud, educación y previsión social; además, debía asignar subsidios habitacionales para que las familias más

pobres adquirieran una vivienda.

Institucionalidad, crisis y transición a la democracia En 1980 es aprobada, a través de un plebiscito, una nueva carta fundamental: la Constitución de 1980. Por medio de ella el gobierno militar daba

definitivamente un marco institucional y legitimaba su quehacer, fijando el camino político que el país seguiría en el futuro.

La Constitución establecía una “democracia protegida” con un nuevo período de 8 años de gobierno para el general Pinochet como Presidente de la República y sin Parlamento; en 1988 se llamaría a un nuevo plebiscito que

decidiría si Augusto Pinochet continuaba por 8 años más. Si en este plebiscito no era ratificado en el poder, se llamaría a elecciones abiertas y competitivas

en 1989, entrando en vigencia la Constitución. Sin embargo, la crisis económica de 1982 sirvió de detonante para que la

oposición al gobierno se organizara. Entre 1983 y 1986 el país vivía una gran agitación social desarrollándose una serie de jornadas de protestas llevadas adelante por sindicatos, organizaciones estudiantiles, poblacionales y partidos

políticos.

25

La oposición desarticulada durante años logró finalmente formar un frente común que se concretó en diversas organizaciones. Una de ellas fue el

Comando Nacional de Trabajadores, que logró articular el movimiento sindical y jugar un rol importante en la oposición al régimen. Por otro lado, los partidos

de izquierda se reagruparon en el Movimiento Democrático Popular que, bajo la política de movilización de masas, se sumó a las protestas. La Democracia

Cristiana, junto a socialistas renovados, formó la Alianza Democrática, que buscó una salida política a través de las negociaciones y la llamada resistencia pacífica.

En 1986, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), en un despliegue operativo, intentó asesinar al general Pinochet. Este intento fracasó, pero fue

un elemento que influyó para que la oposición redoblara sus esfuerzos por dar una salida pacífica a la crisis. Llegó 1988 y con ello se cumplía la primera etapa diseñada por la Constitución.

Correspondía ahora llevar a cabo el plebiscito para ratificar o rechazar a Augusto Pinochet por otros 8 años. Este fue fijado para el 5 de octubre y la

Junta denominó a Augusto Pinochet como único candidato; la alternativa era votar SÍ o NO. Se reorganizaron los registros electorales, los ciudadanos debieron inscribirse y

se dictaron las normas para el funcionamiento de los partidos políticos, los que lentamente iniciaron su proceso de legalización.

El 2 de febrero de 1988 se concretó la formación de la Concertación de Partidos por el NO. 16 partidos conformaron esta nueva alianza política cuyo objetivo inmediato era lograr el triunfo del NO en el plebiscito. La vida

partidaria y política renació, y con ella grandes concentraciones, campañas por radio y televisión, calles sembradas de panfletos y propaganda; periodistas de

todo el mundo llegaron a observar el desarrollo de la campaña y la votación: eran los ojos de la comunidad internacional que esperaba con expectación los sucesos.

Las elecciones se realizaron con absoluta normalidad: de los 7.400.000 inscritos votó el 97%, dando un triunfo al NO con un 57% de los votos

válidamente emitidos. Siguiendo el itinerario constitucional, el 14 de diciembre de 1989 se realizaron elecciones presidenciales, en las cuales triunfó el abanderado de la

Concertación, Patricio Aylwin, con un 55% de los votos, quien asumió como Presidente del República en marzo de 1990. Con él se iniciaba la transición a la

democracia. Algunos puntos del programa de gobierno se referían a: - Desarrollo de una política de Derechos Humanos. - Lograr el retorno total de las Fuerzas Armadas y de Orden a sus

funciones propias, y su reinserción en la vida democrática tal como lo dispone la Constitución.

- Reformar la Constitución suprimiendo los resabios autoritarios de ella y, de esta forma, perfeccionar las instituciones democráticas.

- En el desarrollo económico, buscar el crecimiento con equidad.

26

Derechos Humanos: una responsabilidad nacional e internacional

Junto al establecimiento de un nuevo modelo económico, desde la instalación

del gobierno militar se llevó a cabo una política de persecución a sus opositores. Ello se expresó en una represión prolongada en el tiempo; la

violación sistemática de los derechos humanos fue una realidad a la cual los chilenos y chilenas debieron enfrentarse. Esta realidad es la que se recoge en el Informe Rettig, que investigó las

violaciones de los Derechos Humanos con resultado de muerte, y en el Informe Valech, que indagó sobre la aplicación sistemática de torturas

durante el régimen militar. El Informe Rettig dice al respecto:

“La doctrina de la contrainsurgencia se reflejó, en diversos grados, sobre las enseñanzas recibidas y las prácticas inculcadas en los entrenamientos de la

lucha antiguerrillera. El secreto de las operaciones; las “técnicas de interrogatorio”; la educación en formas de lucha y de muerte “especiales” y para tender emboscadas; los adiestramientos “de supervivencia”, que a

menudo incluían realizar actos degradantes para la propia dignidad, o crueles, etc., iban acostumbrando a los alumnos a que los límites éticos fuesen

retrocediendo o desvaneciéndose, hasta desaparecer. [...] el contrainsurgente, el luchador [...] venía a ser una especie de héroe, que sacrificaba no sólo vida física, sino su integridad moral, para que los

demás pudieran gozar de ésta y de los beneficios de la sociedad libre. La otra justificación era un concepto deformado de la seguridad nacional. Esta

como valor supremo, estaría por encima de la ética, formulándose así una revivencia de la antigua “razón de Estado” que –como esta– autorizaría en casos extremos, declarados subjetivamente por la propia autoridad, la violación

de derechos individuales por motivos de supuesto interés general.” Informe Rettig. Segunda Parte: El marco político 1973-1990 y los

Derechos Humanos. La Comisión de Verdad y Reconciliación

En 1990 el gobierno de Patricio Aylwin dio el primer paso oficial en la búsqueda de respuestas y en el establecimiento de los hechos ocurridos. Para tal efecto

creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Su objetivo era:

“[...] establecer un cuadro lo más completo posible sobre las graves

violaciones a los derechos humanos, entendiendo por tales la situación de los detenidos-desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte, en

que apareciera comprometida la responsabilidad del Estado por actos de sus agentes o personas a su servicio, como asimismo los secuestros y los

atentados contra la vida de personas cometidos por particulares bajo pretextos políticos.” (Comisión Rettig) Ella reunió a personas de distintos ámbitos de la vida nacional, con distintas

visiones de nuestra historia y del período en cuestión; el producto de largos

27

meses de investigación y trabajo, el Informe Rettig, fue entregado al Presidente Aylwin el 8 de febrero de 1991 y éste lo dio a conocer al país el 4

de marzo del mismo año. Las investigaciones de la Comisión vertidas en el Informe señalaron que los

crímenes negados por tan largo tiempo existían. La evidencia era indiscutible, las personas secuestradas, en un número cercano a 2.000, eran detenidos

desaparecidos. La responsabilidad de estos hechos recaía en los servicios de seguridad del gobierno militar, especialmente la DINA, dirigida por el general de Ejército Manuel Contreras. El Informe fue enfático en rechazar la existencia

de un estado de guerra interna en el período, elemento en el cual se había sustentado el gobierno militar para explicar las muertes y desaparecimientos.

En su segunda parte este documento entrega una explicación global que ayuda a entender las múltiples causas que condujeron a la crisis de 1973 y a la posterior trasgresión de los derechos humanos. El informe da posibles

respuestas frente a hechos y, lo que es más importante, a través de su explicación y reconocimiento histórico intenta prevenir que tales situaciones se

repitan. En términos generales el Informe señala:

- La crisis de 1973 tenía raíces profundas de carácter socio-económico, que iban más allá del período en cuestión, “... el origen último de la

crisis deberá buscarse en la lucha, a lo largo del siglo, y dentro del régimen republicano, entre los distintos y divergentes intereses sociales.” (Informe Rettig, Segunda Parte, cap. I).

- En orden de las causas inmediatas de esta crisis “... puede ser descrita como una aguda polarización de dos bandos –gubernativo y opositores–

en las posturas políticas del mundo civil. Ninguno de estos bandos logró (ni probablemente quiso) transigir con el otro, y en cada uno de ellos hubo, aun, sectores que estimaban preferible, a cualquier transacción, el

enfrentamiento armado.” (ibid.) - Dentro de los factores de polarización es importante señalar el

desempeñado por el marco internacional. Nuestro país se ve involucrado, a partir de la década de 1950, en lo que fue el enfrentamiento entre las grandes potencias hegemónicas del período,

EE.UU. y la URSS, en la llamada “Guerra Fría”. A partir de 1960, con la Revolución Cubana, esta situación se agudiza, puesto que las fuerzas de

izquierda se convencen de que la única alternativa para la resolución de los problemas socioeconómicos es a través del enfrentamiento y la insurgencia. A este análisis se opuso la contrainsurgencia

norteamericana; Latinoamérica pasó así a formar parte del cuadro general de la guerra fría.

- En este marco actúa Estados Unidos una vez obtenido el triunfo la Unidad Popular, desarrollando un plan de desestabilización económica

contra el Gobierno. - En el marco de la contrainsurgencia y de la Guerra Fría, los oficiales de

las Fuerzas Armadas recibieron adiestramientos sistemáticos

organizados por Estados Unidos en Panamá. Estos adiestramientos

28

implicaron un cambio profundo en sus planteamientos en torno a la seguridad nacional; a partir de ese momento se visualizó un escenario

de guerra en donde el enemigo no solo provenía del exterior, sino que existía también el enemigo interno, personificado indistintamente por las

fuerzas de izquierda y “comunistas”. Así planteada, la seguridad nacional pasó a ser prioridad, y en la lucha contra este enemigo interno la

dignidad personal no tenía espacio ni significación. Cabe señalar que no todos los oficiales ni las Fuerzas Armadas en su conjunto

compartieron esta línea de pensamiento. Al margen de las respuestas dadas por el Informe Rettig, existen muchas

otras ofrecidas por historiadores, sociólogos e investigadores en general. Todas ellas aportan elementos a considerar, puesto que ayudan a entender un difícil período de nuestra historia.

Es importante también señalar la posición adoptada por sectores cercanos y partidarios del régimen militar. Ellos argumentan que el país vivía un estado de

guerra interno y, en ese contexto, hubo muertes producto de los enfrentamientos naturales en esa situación; las violaciones a los derechos humanos habrían sido el producto de excesos cometidos por personas

claramente identificables, pero que no involucran a las Fuerzas Armadas y de Orden en su conjunto, ni a sus altos mandos y, por lo tanto, no existió una

política de Estado destinada a exterminar a determinados grupos de la sociedad. Por otro lado, la izquierda chilena tiene una interpretación diferente de los

hechos. Ellos afirman que la política de exterminio existió y fue posible gracias al poder absoluto que los militares detentaron durante los 17 años de

gobierno. El objetivo de esta fue descabezar los partidos y organizaciones de izquierda y de esta forma desbaratar el proyecto de sociedad socialista. Estos objetivos se relacionarían con la política de contrainsurgencia y seguridad

nacional implantada desde los Estados Unidos.

La mesa de diálogo El Informe Rettig logró recopilar antecedentes, estableciendo como una verdad inobjetable la trasgresión de los Derechos Humanos. No obstante,

constatado el hecho, era necesario ubicar los restos mortales de las víctimas o establecer su destino y así ayudar a la reconciliación nacional. Con ese objetivo

fue creada en agosto de 1999 la Mesa de diálogo, la cual el 13 de junio de 2000, hizo pública una declaración en la que expresó: “Con miras a propiciar dicho espíritu y, en general, de avanzar hacia un

reencuentro nacional, representantes de las FF.AA. y Carabineros, abogados de derechos humanos, autoridades de entidades éticas y personeros de la

sociedad civil, han trabajado por largo tiempo en esta instancia de diálogo, reconstruyendo espacios de confianza sobre la base de la tolerancia y la

franqueza.” En esa declaración propusieron distintas medidas a tomar para lograr la ubicación de los restos de los detenidos desaparecidos o establecer su destino;

al respecto era vital dictar disposiciones legales que establecieran el secreto

29

profesional para aquellos que entregaran información sobre los detenidos desaparecidos. Para esto, pedían al Congreso Nacional la aprobación rápida de

ellas y al poder Judicial el nombramiento sin dilación de Ministros en Visita para la investigación de estos casos, cuando se produjesen.

La Fuerzas Armadas y Carabineros se comprometieron a, en un plazo de seis meses, realizar esfuerzos para obtener información útil con el fin de encontrar

los restos de los detenidos desaparecidos o establecer su destino. Igual compromiso hicieron las instituciones religiosas y éticas presentes en la Mesa de diálogo, poniéndose a disposición para recibir esta información.

Se llamaba al Presidente de la República a evaluar el trabajo y los logros después de 6 meses, pudiendo prorrogar el trabajo por otros 6 meses si fuese

necesario. Bibliografía

Si deseas profundizar alguno de los temas estudiados te sugerimos revisar la siguiente bibliografía:

Aylwin, Mariana y otros, (s/f). Chile en el siglo XX. Emisión, Santiago. Bengoa, José(1985). Historia del pueblo mapuche. Ediciones Sur, Santiago.

De Ramón, Armando (2001). Breve Historia de Chile. Desde la invasión incaica hasta nuestros días (1500-2000). Ed. Biblos, Buenos Aires.

Edwards, Alberto (1987). La fronda aristocrática. Editorial Universitaria, 10ª. edición, Santiago. Garcés, Mario (1991). Crisis social y motines populares en el 1900.

Documentas, Santiago. Godoy, Hernán (1971). La estructura social de Chile. Editorial Universitaria,

Santiago. Góngora, Mario (1986). Ensayo sobre la noción de Estado en Chile, siglos XIX y XX. Editorial Universitaria, Santiago.

Grez Toso, Sergio (1997). De la regeneración del pueblo a la huelga general. Dibam, Santiago.

Izquierdo, Gonzalo (1990). Historia de Chile. Editorial Andrés Bello, 3 tomos, Santiago. Jocelyn-Holt, Alfredo (1997). El peso de la noche. Ariel-Planeta, Santiago.

Pinto Vallejos, Julio (1998). Trabajos y rebeldías en la pampa salitrera. USACH, Santiago.

Vial, Gonzalo (1981). Historia de Chile. Editorial Fundación, Santiago. Villalobos, Sergio y otros (1974). Historia de Chile. Editorial Universitaria, Santiago.

Te sugerimos visitar los siguientes SITIOS WEB, donde podrás complementar

tus conocimientos: www.todocl.cl/sociedad/historia. Sitio en el cual podrás encontrar información

acerca de diversos temas referidos a nuestra historia nacional. www.geocities.com/historiaenchile/radical/httm. Sitio en el que se encuentra una serie de artículos y esquemas con diferentes temas de historia de Chile y

del mundo.

30

www.siglo20.cl/. Aquí encontrarás imágenes, artículos y esquemas referidos a las características históricas de nuestro siglo XX chileno.