CAPÍTULO II

MARCO TEORICO

La fundamentación teórica, determina la perspectiva de análisis, la

visión del problema que se asume en la investigación y de igual manera

muestra la voluntad del investigador, de analizar la realidad objeto de estudio

de acuerdo a una explicación pautada por los conceptos, categorías y el

sistema preposicional, atendiendo a un determinado paradigma teórico

(Balestrini, 2002).

Antecedentes de la Investigación

Los elementos centrales de orden teórico que orientarán el estudio, y

que están relacionados con el tema de investigación y el problema son los

siguientes:

Chipix, Edwin (2009) en su trabajo de grado titulado “Participación de

actores sociales en espacios de seguridad ciudadana y prevención del delito”

cuyo objetivo principal de la investigación es facilitar la transformación de los

marcos se seguridad del Estado, a través de contenidos y mecanismos

correspondientes a las necesidades e intereses de una comunidad política

democrática, donde la misma manifiesta el enfoque de investigación

estatocentrista, donde el concepto de seguridad se refiere a la protección de

la soberanía y el territorio de un Estado ante amenazas externas o internas.

La presente investigación constituyo un análisis sobre la criminalidad

y violencia en Guatemala, así como de la diferencia de criterios conceptuales

que los distintos actores sociales del contexto guatemalteco tienen en

14

relación a la seguridad ciudadana. Constituyen también un diagnóstico sobre

la pluralidad de actores sociales y la efectividad de algunos espacios de

participación ciudadana y procesos, que desde el Estado, se han constituido

y desarrollado en materia de seguridad ciudadana y prevención del delito.

Entre las conclusiones más resaltantes se cita que los distintos

procesos relativos a la seguridad ciudadana desarrollados, no ha habido una

participación verdaderamente democrática y representativa de todos los

actores y sectores sociales, muchos líderes, inclusive político-partidistas,

siguen concibiendo al Estado como el único responsable del desarrollo

integral de la sociedad. Conjuntamente, el desconocimiento relativo al marco

conceptual de la seguridad ciudadana, ha recaído en la equivocada

identificación de actores, acciones y estrategias, lo cual ha incidido en los

logros de los distintos procesos desarrollados en materia de seguridad

ciudadana.

Analizando, este trabajo y llevándolo al campo la investigación

en curso se pudo asimilar que los planes de prevención del delito son

escasamente conocidos por las comunidades, quienes desean implementar

diferentes estrategias. Es por esto que para realizar un proyecto de

prevención del delito es necesario un estudio de campo para recoger

experiencias, sistematizarlas, para así poder expresar sus fortalezas y

debilidades de la comunidad, de esta forma podremos lograr nuestro

propósito, de construir una red de conocimientos para la consolidación e

integración de políticas en la prevención del delito y seguridad del ciudadano.

Medina, R. (2009) realizó un trabajo sobre Auditoria Social: una

estrategia de control en el ejercicio del poder comunal en Venezuela con la

finalidad de instrumentar mecanismos que doten las funciones de vigilancia,

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fiscalización y control que corresponde efectuar a las contralorías sociales de

los Consejos Comunales. La investigación se realizó bajo un enfoque de

campo de tipo explicativo, considerando una muestra de 35 consejos

comunales de Iribarren y 2 promotores sociales adscritos a

FUNDACOMUNAL, ello permitió al investigador conocer impresiones sobre

control social, la técnica utilizada fue la observación directa y la revisión

bibliográfica, y se concluyó que los integrantes de los consejos comunales

conocen sus funciones, además se determinó la ejecución de procedimientos

contenidos en las leyes sin una metodología adecuada, e incluso se notó la

ausencia de planificación, por tal razón se recomendó implementar

estrategias de auditoría social tales como: planificación, diagnostico

comunitario, entre otras.

La relación entre esta investigación y la efectuada es que ambas

desarrollan un tema en particular el control social, el cual se perfila como

punto principal de investigación, siendo el control un derecho, mediante el

cual el ciudadano está facultado para vigilar los proyectos que se ejecutan en

la comunidad, actividad que se ejecuta eficientemente siempre y cuando el

ciudadano cuente con los instrumentos necesarios y esenciales para la

puesta enpractica de sus conocimientos, los cuales deben obtenerse por la

vía de la capacitación.

De igual manera Montilla, Ana (2010) realizo una investigación

“Gestión de Políticas Públicas para la Seguridad Ciudadana y Prevención Del

Delito en la ciudad de Valencia, Edo. Carabobo. Una Propuesta De

Marketing”. La presente investigación surge de la necesidad de encontrar

respuestas ante el alto índice de criminalidad y la precariedad de las políticas

públicas para la Seguridad Ciudadana y la efectiva prevención del delito en la

ciudad de Valencia. Igualmente responde a la necesidad de incorporar a la

población y a las instituciones privadas a un rol protagónico, basado en los

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principios de participación y corresponsabilidad contenidos en la Constitución

de la República, para el concurso de personas e instituciones públicas y

privadas en el mejor desarrollo de las políticas públicas.

Es por ello que el objetivo general estuvo dirigido a diseñar una

investigación que permitiera proponer, desde las técnicas de publicidad y

conceptos generales del Marketing, una vía de soluciones posibles para

gerenciar eficazmente la promoción para el control de la inseguridad, la

violencia y sus derivaciones, integrando a las llamadas Fuerzas Vivas de la

ciudad de Valencia Estado Carabobo. Para esto, la metodología utilizada

consistió en una investigación del tipo proyecto factible, que permitiera no

sólo identificar la problemática planteada y sacar conclusiones del problema,

sino también hacer una propuesta viable para la puesta en práctica de las

soluciones que de esta investigación emergen. Asimismo se realizó el

análisis de Principios y Valores Constitucionales, de teorías sobre el

comportamiento criminal y de las situaciones de la cotidianidad y realidad del

país y de la ciudad, lo mismo que de las estrategias comúnmente usadas en

las organizaciones, para el mejor aprovechamiento de los recursos

materiales y humanos en sus proyectos.

Seguidamente se tomó en cuenta la investigación de Pérez, J. (2011),

que se denominó “Análisis de los mecanismos de seguridad ciudadana

establecidos en la Ley de la Policía Nacional Venezolana”, que tuvo como

objetico el análisis de los mecanismos se Seguridad Ciudadana en la Ley de

Servicios de Policía y del cuerpo de Policía Nacional. La misma se sustentó

en los postulados teóricos de la Constitución de la República Bolivariana de

Venezuela. El tipo de investigación fue documental. La población estuvo

conformada por las leyes vigentes de la nación. La técnica de recolección de

datos utilizada fue la observación directa.

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El instrumento utilizado fue la guía de observación de datos tipo

cuestionario, donde los resultados permitieron concluir que la policía

Nacional luego de su implementación a nivel nacional es el órgano rector del

resto de los cuerpos policiales y estos deben someterse a lo estipulado por el

nuevo régimen policial. Esta investigación sirve de aporte ya que involucra la

reglamentación que atañe a la policía la cual tiene como fin resguardar la

seguridad y el bienestar de la sociedad.

Otro trabajo relevante es el Arraga, M. (2011). “Políticas Públicas

ySeguridad Social en Venezuela”, donde la seguridad social como eje de las

políticas públicas, conforman un aspecto de la relación Estado-sociedad, al

constituirse en el medio donde estas se diseñan, implementan y evalúan. En

esta área y especialmente en lo referente a la protección a los adultos

mayores venezolanos se enfoca este estudio cuyos principales objetivos

fueron analizar la correspondencia entre el rol del Estado venezolano y las

políticas públicas para la protección de los ciudadanos y, analizar la

correspondencia entre las necesidades delas comunidades y las políticas

públicas expresadas en la Ley Orgánica de Seguridad Social y la Ley de

Servicios Sociales.

Fue un estudio enmarcado en el enfoque cualitativo, documental, de

campo, realizado en dos fases, cuyas fuentes de información fueron los

textos legales mencionados, incluyendo la Constitución Nacional, una

muestra de expertos en seguridad. Se encontró que el rol democrático,

pluralista, social, de derecho y de justicia del Estado expresado en la

Constitución, se corresponde con algunos aspectos de las políticas de

atención a los ciudadanos, las cuales se concretan en un sistema de

seguridad social selectivo, asistencial, basado en los derechos humanos, con

participación mixta del Estado y estructura de financiamiento impositiva;

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mientras que la Ley que protege a esta población es selectiva, asistencial,

basada en la necesidad, no contributiva y financiada por transferencia de

fondos del sector público.

Como conclusión, no existe claridad en cuanto a si las políticas de

protección a la población se basan en la seguridad o la asistencia social. El

rol social del Estado que busca la protección integral de la población se

corresponde con las políticas de protección a ciudadanos, mientras que el rol

pluralista no, porque las leyes son selectivas y discriminan,

contraponiéndose, al respeto a la diversidad característico del pluralismo.

Amaro, Ivo (2012). Investigó sobre: “La prevención del delito como

medio para disminuir el índice delictivo, en la tercera etapa de la

Urbanización Fundación Mendoza”. Este Proyecto Socio Comunitario se

propone en la comunidad de la tercera etapa de la Urbanización Fundación

Mendoza, para aportar las estrategias para la Prevención del Delito y sus

factores generadores y potenciadores cuyo objetivo fue argumentar socio

jurídica y científicamente, a la comunidad de la tercera etapa de la

Urbanización Fundación Mendoza, que la prevención del delito es la

estrategia más idónea, para reducir el índice delictivo, sus factores

generadores y potenciadores en el sector. Asamblea Comunitaria, reuniones

de vecinos, otros).

Los actores sociales o comunitarios del proyecto estuvieron

organizados en el Consejo Comunal de la Urbanización Fundación Mendoza,

los comités de trabajo y la Mesas Técnicas. Es importante destacar, que la

investigación se realiza con la finalidad de capacitar en la prevención del

delito a la comunidad de la tercera etapa de la Urbanización Fundación

Mendoza, pretendiendo aportar un valor agregado a la situación del

incremento de los índices delictivos y ser promotores de acciones

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participativas en concordancia con la sociedad organizada, conjuntamente

con los entes de seguridad pública como agente proactivo para la prevención

del delito y la violencia.

Además se fundamenta en las líneas estratégicas que presenta el

Proyecto Nacional Simón Bolívar, el cual se orienta hacia la construcción del

Socialismo del Siglo XXI, a través de las siguientes directrices: la nueva ética

socialista, a suprema felicidad social; logrando entre sus conclusiones que se

hace necesario que el Consejo Comunal y la comunidad de la tercera etapa

de la Urbanización Fundación Mendoza, vinculen con los organismos de

seguridad ciudadana ya sean municipales, estadales o nacionales con el

objetivo de desarrollar acciones que influyan en la disminución del índice

delictivo en el sector.

Contexto Organizacional

La Urbanización la Isabelica fue fundada oficialmente en el año de

1965 por el para entonces Presidente de Venezuela Raúl Leoni y formaba

parte del Municipio Rafael Urdaneta, hoy en día Parroquia Rafael Urdaneta

del Municipio Valencia. El proyecto se inició con las viviendas de lo que hoy

día se conoce como sector 4 y luego se fue desarrollando el resto de la

urbanización a medida que se desarrollaba la zona industrial cercana. La

urbanización tiene un área aproximadamente de 190 hectáreas. Los primeros

años, la urbanización era solo de viviendas, y la parte central de la

Urbanización que era un pulmón verde, también la Plaza Andrés Bello

creada como sitio de esparcimiento con variedad de árboles traídos

especialmente para ella.

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La Urbanización está organizada en tres zonas: sectores, bloques e

isla central. En los sectores se localizan principalmente viviendas

unifamiliares, hay 13 sectores, 5 de ellos ubicados al norte de la urbanización

(1 al 5) y los restantes (6 al 13) ubicados al sur. Mientras que en los bloques

se localizan viviendas multifamiliares. Hay 79 bloques ubicados en el área

central de la urbanización. Sin embargo, hay 10 bloques ubicados en lo

sectores 6 al 13 (Bloques 1 al 10). En la isla central se localizan complejos

deportivos, mercados y otros comercios, es un área muy transitada diversos

comercios, tales como: Centros de Copiados, Mercados populares, Auto

mercados, abastos y quincallas, Licorerías, Restaurantes, Panaderías,

Centros de Comida Rápida y Caucheras.

Adicionalmente, La Isabelica cuenta con un Mercado Periférico que

abarca un área de 24.560 metros cuadrados, poco más de dos (02)

hectáreas, está localizado próximo a la isla central de la urbanización. Fue

construido entre los años 1976-1978 por la administración municipal de la

época, con el objeto de facilitar a los residentes de las zonas aledañas el

abastecimiento de alimentos.

De lo anterior se desprende la reseña histórica del sector llamado

coloquialmente el 13 (sector 13) ubicado al Sur-oeste de la Urbanización y

que su consejo Comunal Nª 3 referido en esta reseña está integrado por 232

casas y su ámbito va desde las Calle11 Casas con Números pares, Calles12

Casas con números Impares, Calle 13 con casas números impares. y las

veredas 02, la vereda 03 desde la casa 01 hasta 17, Vereda 04, 05. 06., la

vereda 07 desde la casa 01 hasta la 27 en ambos sentidos luego va desde la

28 hasta la 56 en números pares. Vereda 08,10 y 12.agregandose el área del

polideportivo “Batalla de Carabobo”.

21

Para profundizar en la reseña se entrevistaron en tres sub áreas de

nuestro ámbito a personas fundadoras del lugar cuentan: Primera sub-área.

Comprendida por las veredas 3, 10 y 12, parte de la Vereda 7 y calle 13 y el

Área deportiva del Polideportivo “Batalla de Carabobo” comentan que las

casas se las entregan en 1974 inicio de habitabilidad del sector, todos los

patios de las casas se comunicaban y luego se fueron dividiendo los patios.

Fue fácil y agradable poder conocer rápidamente a los que se iban mudando

porque siempre nos veíamos por los patios. Los Espacios rectangulares que

existen en el sector y que fungen de áreas verdes actualmente existieron

parques infantiles, con su tobogán, rueda, columpios, sube y baja, banquitos,

todos pintados de colores alegres

Por otro lado, en el lugar donde se construyó el Polideportivo

“Batalla de Carabobo” existía un cerro de tierra rojiza y completamente plano

en la parte de arriba y allí los muchachos vecinos se dedicaban a volar

zamuros, papagayos, partidas de peloticas de goma, comían saltaban,

jugaban futbol y drenaban toda esa energía propia de la niñez y la pubertad,

ya que era completamente nula la existencia de drogas y otras cosas

dañinas para el organismo.

También es importante recordar a alguien muy especial en esta

área que vivió junto a nosotros por muy poco tiempo lamentablemente al niño

Ramoncito un niño muy educado e inteligente y precoz que vivía con su

familia donde actualmente funciona el Colegio San Ramón Nonato, fue grato

conocerle, al igual que su hermana Yaneth que era para la época una

adolescente prospecto de modelo, llegando inclusive a aparecer en primera

plana del Diario Notitarde que estaba recién estrenado.

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Segunda sub- área. Comprende las veredas 02, 4,5,6,7 donde

se encuentra un estacionamiento con una amplia área de terreno que

siempre estaba lleno de escombros y gamelote de una altura de 4mts y las

casa no se veían unas con otras, luego los vecinos realizaron una colecta y

limpiaron el lugar y todos los vecinos compartían fiestas como el Día de la

Madre, semana santa y en el Carnaval de realizaban competencias de

carreras de sacos, el cochino encebado, huevo en la cucharilla, la quema de

judas rifas etc. Hoy en día se mantiene el área los niños juegan futbol pero la

convivencia colectiva se esfumó.

Bases Legales

La presente investigación tiene como referente legal la Constitución

Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, (1999), la cual en su

naturaleza, bajo la tendencia de Estado social y democrático de derecho,

que respeta la dignidad humana para hacer efectivas la libertad y la

igualdad, dentro de acciones de corresponsabilidad.

Artículo 55. Toda persona tiene derecho a la protección por parte del

Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley,

frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la

integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus

derechos y el cumplimiento de sus deberes. La participación de los

ciudadanos y ciudadanas en los programas destinados a la prevención,

seguridad ciudadana y administración de emergencias será regulada por una

ley especial. Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y

los derechos humanos de todas las personas. El uso de armas o sustancias

tóxicas por parte del funcionario policial y de seguridad estará limitado por

23

principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad,

conforme a la ley.

Por consiguiente, los cambios emanados generan expectativas sobre

la solución de necesidades colectivas de primer orden, económicas, sociales

y en el campo penal, la seguridad ciudadana, la delincuencia y el sistema

penitenciario, específicamente en el sistema penal, en la práctica.

De esta manera, Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana en el

artículo 1. Se entiende por Seguridad Ciudadana, el estado de sosiego,

certidumbre y confianza que debe proporcionarse a la población, residente o

de tránsito, mediante acciones dirigidas a proteger su integridad física y

propiedades. Se entiende por Concurrencia, aquellas facultades cuya

titularidad y ejercicio le son atribuidas por igual tanto al Poder Nacional como

al Poder Estadal y Municipal.

Artículo 5. Los órganos de seguridad ciudadana participarán en la

ejecución de los planes fijados en el Consejo de Seguridad Ciudadana; así

como en la ejecución de las directrices que en materia de equipamiento

logístico, disciplina, educación, doctrina y las otras que se dicten con el

objeto de garantizar la uniformidad en estas materias

Así mismo, la aparición de nuevos instrumentos jurídicos ha ayudado

a dar un mayor protagonismo a las comunidades, cambiando los modelos, tal

es el caso de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, que establece:

Artículo 5. El Estado y la sociedad son corresponsables en materia de

seguridad y defensa integral de la Nación, y las distintas actividades que

realicen en los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico,

ambiental y militar, estarán dirigidas a garantizar la satisfacción de los

intereses y objetivos nacionales plasmados en la Constitución y las Leyes.

24

Artículo 8. El Estado debe fortalecer, a través de sus órganos

gubernamentales, la institucionalidad democrática sobre la base de la

pluralidad política y la libre participación ciudadana en los asuntos públicos,

por medio de los mecanismos establecidos en la Constitución y las leyes,

apoyándose en los principios de honestidad, participación, celeridad,

eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en

el ejercicio de la función pública y en el principio de corresponsabilidad que

rige la seguridad de la Nación.

Esta misma ley alude a los Órganos de Seguridad Ciudadana

en el artículo 23, estableciendo que los mismos deben trabajar

coordinadamente a los fines de garantizar la preservación del orden interno,

donde las comunidades deberán participar activamente en los planes que

estos desarrollen.

Ahora bien, la inseguridad como bien se ha determinado, no

corresponde solamente a modelos de participación represivos, es por ello

que el Estado Venezolano, fiel a los principios de Derecho Democrático,

encauza su acción hasta la educación, observándose que en la Ley Orgánica

de Educación, se establece:

Artículo 3º La educación tiene como finalidad fundamental el pleno

desarrollo de la personalidad y el logro de un hombre sano, culto, crítico y

apto para convivir en una sociedad democrática, justa y libre, basada la

familia como célula fundamental y en la valorización del trabajo; capaz de

participar activa, consciente y solidariamente en los procesos de

transformación social; consustanciado con los valores de la identidad

nacional y con la comprensión, la tolerancia, la convivencia y las actitudes

que favorezcan el fortalecimiento de la paz entre las naciones y los vínculos

de integración y solidaridad latinoamericana. La educación fomentará el

25

desarrollo de una conciencia ciudadana para la conservación, defensa y

mejoramiento del ambiente, calidad de vida y el uso racional de los recursos

naturales; y contribuirá a la formación y capacitación de los equipos humanos

necesarios para el desarrollo del país y la promoción de los esfuerzos

creadores del pueblo venezolano hacia el logro de su desarrollo integral,

autónomo e independiente.

Con ello, se busca lograr un Estado de Derecho, donde los

ciudadanos y ciudadanas puedan convivir en una sociedad democrática,

justa y libre, con conciencia de responsabilidad, capaces de participar activa,

consciente y solidariamente en los procesos de transformación social.

De igual manera la Ley Orgánica de Los Consejos Comunales se hace

presente en los artículos:

Artículo 44. El ciclo comunal en el marco de las actuaciones de los

consejos comunales, es un proceso para hacer efectiva la participación

popular y la planificación participativa que responde a las necesidades

comunitarias y contribuye al desarrollo de las potencialidades y capacidades

de la comunidad.

Se concreta como una expresión del poder popular, a través de la

realización de cinco fases: diagnóstico, plan, presupuesto, ejecución y

contraloría social.

Artículo 56. El ministerio del poder popular con competencia en

materia de participación ciudadana dictará las políticas estratégicas, planes

generales, programas y proyectos para la participación comunitaria en los

asuntos públicos y acompañará a los consejos comunales en el cumplimiento

de sus fines y propósitos, y facilitará la articulación en las relaciones entre

éstos y los órganos y entes del Poder Público.

26

Bases Teóricas

Seguridad

La seguridad es una necesidad básica del hombre, lo fue desde

tiempos remotos en su afán de protegerse de las inclemencias de la

naturaleza, de los animales y del mismo hombre. Actualmente la seguridad

constituye una de las principales prioridades de los gobiernos y sociedades

para lograr su desarrollo y consolidación.

Tener calles y ciudades más seguras constituye hoy en día una

aspiración ciudadana que se debe traducir en mayor tranquilidad y bienestar

la seguridad se ha convertido en uno de los principales factores que tienen

mayor incidencia sobre la calidad de vida de las personas. Cada cultura ha

generado mecanismos institucionalizados para salvaguardarla porque

constituye un derecho universal así como la salud, la educación, la vivienda y

el trabajo.

En este marco, muchos tratadistas consideran que el Estado es la

organización jurídico política de la sociedad asentada sobre un territorio

determinado con el fin de buscar el bien común de los ciudadanos. La

seguridad es, pues, un conjunto de acciones y previsiones adoptadas y

garantizadas por el Estado con el fin de asegurar una situación de confianza

y garantía, de que no exista ningún peligro ni riesgo en el territorio de un

país, sea en sus estructuras, en sus organismos públicos y privados, ni en la

población en general, frente a amenazas o agresiones que se presenten o

puedan presentarse.

Para mantener y garantizar la seguridad de un país, el Estado

tiene inherente a su naturaleza el poder político que se define como la

potestad o facultad que dispone el Estado para ejercer su autoridad y

27

organizar la vida social del país, dentro de la Constitución y de los derechos

humanos.

Seguridad Ciudadana

Según la Organización de las Naciones Unidas, el desarrollo de la

persona humana es un proceso de goce y disfrute de las libertades que el

estado se las otorga. Este proceso no resulta, en modo alguno, inevitable.

Por el contrario, está plagado de amenazas. Precisamente por ello, el

desarrollo humano debe estar fuertemente relacionado a la seguridad

humana, que tiene como propósito proteger al individuo frente a amenazas

de distinta naturaleza: desastres naturales, criminalidad, enfermedades y

epidemias, hambre, pobreza extrema entre otros, como dictaduras y

totalitarismo.

La seguridad ciudadana es solo uno de varios componentes de la

seguridad humana, aquel responsable de enfrentar las amenazas violentas y

delictivas contra las personas y sus bienes. La seguridad ciudadana tiene

dos acepciones.

La primera la define como la condición de encontrarse la persona libre

de violencia o amenaza de violencia, o la sustracción intencional por parte de

otros. El concepto de violencia denota el uso o amenaza de uso de la fuerza

física o psicológica con el fin de causar daño o doblegar la voluntad. La

noción de sustracción nos remite al acto de privar ilegítimamente de su

patrimonio a una persona física o jurídica quitarle algo a una persona lo que

conocemos como robo o hurto.

Aunque esta definición parecería un tanto pequeña - limitada, en

realidad incluye a todos los delitos contra las personas, como el homicidio, la

28

agresión, la violación, el secuestro y la trata de personas, así como los

delitos contra el patrimonio (robo, hurto y estafa).

La segunda acepción es la acción destinada a proteger a los

ciudadanos frente a los hechos de violencia o sustracción o despojo, lo que

se persigue con una política pública, entendida como los lineamientos o

cursos de acción que definen las autoridades estatales. Esto constituye una

obligación del Estado derivada de sus compromisos internacionales para

garantizar los derechos fundamentales de las personas.

La Comisión Andina de Juristas, en la I Reunión Técnica sobre

Seguridad Ciudadana y Democracia, precisa la existencia de algunos

elementos centrales en la noción de seguridad ciudadana:

En primer lugar, la protección de los ciudadanos debe darse dentro de

un marco de respeto de la Constitución y de las leyes. En este sentido la

seguridad ciudadana se constituye en un marco central para el desarrollo de

los derechos humanos.

En segundo lugar, la seguridad ciudadana no se limita

exclusivamente a la lucha contra la delincuencia, sino que busca crear un

ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas.

En tercer lugar, los aspectos señalados permiten ver que la seguridad

ciudadana sobrepasa la esfera de la acción policial para demandar la

participación coordinada de otros organismos e instituciones tanto del Estado

como de la sociedad civil.

En cuarto lugar, la seguridad ciudadana define un nuevo perfil de la

Policía, entendiéndola como un servicio de naturaleza civil orientado a la

comunidad antes que hacia el Estado.

29

Finalmente, la seguridad ciudadana pone mayor énfasis en el

desarrollo de labores de prevención y control de los factores que generan

violencia e inseguridad, antes que en tareas meramente represivas o

reactivas ante hechos ya consumados.

Inseguridad objetiva: la criminalidad en Venezuela

El registro, sistematización, procesamiento y análisis de información

sobre criminalidad y delincuencia es parte del conjunto de elementos

fundamentales para el desarrollo de una política de seguridad ciudadana, ya

que sin informaciones de calidad no es posible obtener un diagnóstico serio

de la magnitud del problema ni planificar o evaluar las diferentes políticas

públicas. Por ello, un diagnóstico preciso de las condiciones de seguridad y

de los factores criminógenos en los diferentes estados y municipios de

Venezuela, debe tener en cuenta un amplio conjunto de informaciones y

variables, además de las estadísticas delictivas.

Es fundamental que se puedan examinar de forma articulada los datos

sobre la incidencia de delitos producidos por las policías, así como las

informaciones relativas a la infraestructura social y urbana y la calidad de

vida de la población en dichos estados y municipios. La fragmentación,

dispersión y falta de criterios de recolección de los datos, impide que éstos

sean plenamente útiles para el diagnóstico, planificación y la integración de

acciones, así como para la evaluación de resultados de políticas públicas.

Informaciones calificadas, integradas y de fácil acceso, aumentan la

transparencia de las acciones gubernamentales, permiten racionalizar el uso

de los recursos escasos y favorecen la adopción de formas participativas de

gestión municipal y estatal.

En Venezuela, las cifras disponibles sobre las ocurrencias delictivas,

muestran importantes déficit de índole metodológica, especialmente en lo

30

que concierne al levantamiento y clasificación de la información, así como

en la utilización de criterios definidos para la pluralidad de instituciones

relacionadas directamente con el tema. Estas cifras, adicionalmente, son

incontrastables a los fines de probar su legitimidad y capacidad para retratar

la realidad, ya que como se anotó arriba no existen encuestas de

victimización para este período. Esta situación alimenta las importantes

discrepancias que existen con relación a los índices de criminalidad y

delincuencia manejados por diversas instituciones estatales en los tres

niveles de gobierno, lo cual redunda en el desconocimiento del

comportamiento de indicadores básicos de seguridad ciudadana.

Evaluación de las políticas públicas de seguridad ciudadana

La política de seguridad ciudadana no es sólo un problema de las

agencias públicas responsables, ni implica solamente la disminución del

número de delitos. Incluye acciones para mejorar las condiciones de vida de

la población y para reducir el desorden urbano, las incivilidades, las

interacciones conflictivas y el deterioro de los espacios públicos, así como de

los equipamientos y servicios públicos esenciales para la población.

En este sentido, un análisis contextual de la seguridad ciudadana en

Venezuela precisa la consideración de elementos de carácter institucional,

por medio de los cuales el Estado venezolano operacionaliza su acción, y un

análisis programático que contemple la revisión y estudio de los diversos

planes, programas, políticas y acciones emprendidas. Son diversos los

organismos que tienen competencia directa en materia de seguridad

ciudadana y abarcan desde la Asamblea Nacional (AN) que por medio de su

actividad legislativa puede generar impactos diversos en el derecho que nos

ocupa, hasta los cuerpos de seguridad del Estado, en torno a los cuales se

centrará el análisis por constituir la expresión institucional estatal que más

31

directamente interviene en la seguridad ciudadana y que establece

relaciones directas con la ciudadanía.

Dimensiones de la seguridad ciudadana

Si bien la inseguridad se encuentra presente en todas las sociedades,

existen situaciones y circunstancias que la acrecientan o reducen. Esta es

una materia que preocupa a amplios sectores de la ciudadanía y, a la vez, un

tema altamente sensible y complejo, por cuanto no existe acuerdo ni político

ni técnico sobre el estándar de seguridad esperada o buscada, y menos

sobre el nivel de inseguridad tolerada.

La Organización de Estado Americanos (OEA), en su Declaración de

Montrouis (1995), indica que por seguridad ciudadana debe entenderse la

seguridad de todas las personas sujetas a la jurisdicción del Estado.

Considera, además, que la seguridad ciudadana involucra elementos

esenciales para el desarrollo de la sociedad, y que la criminalidad, la

impunidad y la deficiencia de los sistemas judiciales y policiales afectan el

normal desenvolvimiento de la vida de las sociedades, amenazan la

consolidación de las democracias, deterioran los niveles de vida de la

población e impiden la vigencia plena de los derechos humanos y garantías

de las personas.

Así, en cuanto a la connotación del término, la seguridad ciudadana se

relaciona con el conjunto de sistemas de protección y respeto de la vida, la

integridad física y los bienes de los ciudadanos frente a los riesgos a que se

ve enfrentado como persona integrante de una sociedad..

Desde este punto de vista, pueden identificarse diversas dimensiones

complementarias y que revisamos someramente.

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a) De acuerdo es esto, la acción de ciertos fenómenos, propios de la

vida moderna en sociedad, como la concentración urbana, la marginalidad, la

pobreza, el debilitamiento de la familia, la falta de consensos en torno a

valores de convivencia, entre otros, crean un escenario propicio para el

desarrollo de conductas y circunstancias que afectan el ejercicio del derecho

a la seguridad y los derechos de las personas. Desde este punto de vista,

una política de seguridad ciudadana dependerá de una eficaz política social,

no obstante una no reemplaza a la otra.

b) El simple hecho de que el concepto de ciudadanía tiene su raíz en

el mismo término que da origen al de “ciudad”, revela una faceta que

tampoco debe ser olvidarse. La urbanización refleja y reproduce complejos

procesos que afectan la sociabilidad de las personas y transforman las

relaciones sociales, a saber: desde la multiplicación de canales de

comunicación que conducen a una sobrecarga informativa, hasta la

sobrevalorización de la autonomía individual, el anonimato, la generación de

espacios cerrados, el aislamiento y la soledad, disolviendo las tradicionales

relaciones “cara a cara”, acentuando la depravación social y afectiva.

De esta forma, la seguridad ciudadana tiene relación con la

tranquilidad, paz social y la resolución de conflictos de convivencia. Hay, por

cierto, también expresiones de violencia que se manifiestan tanto en el

ámbito público como en el privado y que deterioran los niveles de

convivencia en una sociedad. Tal es el caso de la violencia doméstica o

intrafamiliar, y otros comportamientos no siempre violentos que van en

detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos, como son situaciones de

violencia sicológica, como la exclusión y estigmatización, por ejemplo.

c) Por otra parte, el término “seguridad ciudadana” se ha vuelto un

sinónimo de prevención y control del crimen, reduciendo su campo

33

semántico a la seguridad pública afectada por la delincuencia y el ejercicio

de una política criminal ineficiente. Lo anterior se debe al hecho de que el

crimen y la violencia en América Latina han emergido y “copado” el debate

público, constituyéndose en desafíos complejos para los gobiernos de los

países en vías de desarrollo. En efecto, diversos estudios confirman que por

seguridad ciudadana se entiende en aumento de la criminalidad, ineficacia

del sistema de administración de justicia penal, inseguridad y desprotección

ante la delincuencia, entre otros.

d) La convicción más o menos generalizada sobre la incapacidad de la

policía y otras instituciones gubernamentales para mejorar los mecanismos

legales y las políticas de prevención y control del crimen, que frecuentemente

reaccionan con “propuestas de políticas” parciales y carentes de un respaldo

técnico y empírico adecuado, e inconsistentes con políticas criminales

eficaces, y que amenazan con minar los cimientos de las transiciones

democráticas, por cuanto la inseguridad derivada del crimen y la violencia se

transforma en campo de gestión política de la autoridad, cuyos resultados

ponen en jaque la eficacia de la democracia como sistema para el ejercicio

de los intereses colectivos. A ello se agrega que la búsqueda de una “rápida

recuperación” de los niveles la seguridad de las personas, desatendiendo las

causas estructurales, arriesga el respeto de los derechos de las personas

(política de mano dura que estigmatiza a víctimas y victimarios). De esta

forma, la seguridad ciudadana dependerá de una eficaz política criminal, no

siendo ambas equivalentes.

e) Es importante destacar, entonces, la transición desde un origen en

un contexto sociopolítico donde el riesgo no lo constituía la criminalidad y la

violencia en sí, hacia un empleo más corriente y actual provocado por un uso

más extensivo como sinónimo de la búsqueda y construcción de certezas

para las personas de que sus derechos serán respetados y no vulnerados

34

por la acción de la delincuencia común, el crimen organizado narcotráfico u

otras formas, la violencia, e incluso por los propios órganos del Estado

responsable de otorgar seguridad y justicia.

f) Con respecto a los elementos subjetivos, la inseguridad se asocia

con el temor de la ciudadanía a ser víctima de algún delito, como también por

vivencias directas e indirectas de la población ante la delincuencia

(victimización vicaria o indirecta). Este sentimiento de inseguridad también se

relaciona con el surgimiento de un mercado de la seguridad, la existencia de

tráfico y consumo de drogas, entre otras. Estos ejemplos sirven para

considerar la separación entre lo percibido o subjetivo y lo real u objetivo.

Dicotomía que tiene varias explicaciones.

g) En relación a las causas basales que tienden a consolidar esta

apreciación de que el mayor riesgo presente en las sociedades de

Latinoamérica serían hoy la criminalidad, la violencia (en todas sus diversas

formas) y la inseguridad misma, derivadas de situaciones estructurales como

los índices de cesantía, la desigualdad en la calidad de la educación, la falta

de oportunidades para los jóvenes, un alto nivel de consumismo, etc., ligado

al rol de los órganos estatales responsables, los medios de comunicación

social, la lentitud de la justicia restaurativa, una legislación que no responde

a las necesidades impuestas por nuevas formas delictivas, la dispersión de

los esfuerzos en materia de prevención, la ineficacia del sistema

penitenciario, entre otros, y que son parte de un conjunto de causas que

requieren ser abordadas con un enfoque integral y global a corto y largo

plazo.

En síntesis, existe unanimidad en señalar que los ámbitos de la

seguridad ciudadana incorporan valores del Estado social y democrático de

Derecho y se vinculan con:

35

a) Los derechos humanos

b) La seguridad de las personas y de los bienes

c) La delincuencia y el quehacer de la policía y la administración de la

justicia

d) El desarrollo de la sociedad y mejores niveles de vida

e) El desarrollo económico y la generación de oportunidades

f) La calidad de la democracia y la gobernabilidad

Del mismo modo, también es importante destacar que la seguridad

ciudadana, como condición o situación exigible, es un derecho consignado

implícitamente y en otros casos de manera explícita en constituciones, leyes,

así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones

Unidas (1948) y la Declaración de la OEA en Montrouis (1995) en el caso de

América Latina.

Factores que influyen en la percepción de la inseguridad

Según diversos autores el sentimiento de inseguridad es un fenómeno

multifactorial, los cuales son de diversa naturaleza. Entre ellos se mencionan:

• Factores demográficos, psicológicos, sociales y ambientales

Estudios sobre el miedo desarrollados por los investigadores Box,

Hale y Andrews (citado por Torrente), revelan que más que un problema

individual, es el resultado de una complejidad de factores que, en mayor o

menor grado, tiene un origen social, y no necesariamente están directamente

relacionados con la delincuencia. Entre ellos:

36

La experiencia previa de sufrir un delito se perfila como el primer

factor. Normalmente los casos más serios y recientes son los que más

influyen en el sentimiento de inseguridad. Esto es debido a que las personas

que han sufrido la mayor parte de los delitos de poca gravedad tienden a

neutralizar y olvidar la experiencia negativa.

Además, la sensación de inseguridad depende de la persona que lo

sufre. La vulnerabilidad de las personas está relacionada con su estilo de

vida, sus hábitos y su personalidad. Una experiencia anterior de victimización

hace, sobre todo si es grave y reciente, aumentar la percepción del riesgo.

La victimización puede ser directa o indirecta. La experiencia directa

puede aumentar la sensibilidad al riesgo, llevándolos a percibir situaciones

de peligro de forma más frecuente y exagerada. La segunda se refiere a

individuos que tienen amigos, parientes o vecinos víctimizados. Estas

personas influenciadas por la victimización de otros, también pueden

presentar una mayor percepción de riesgo y miedo (Guemureman, 2002).

El segundo factor son las diferentes características sociodemográficas

de los individuos que tienen incidencias tanto en el aspecto subjetivo como

en el objetivo. Factores tales como la edad, género, estado civil, nivel

económico y educativo, etnia, definen los términos de vulnerabilidad. Muchas

personas pueden sentirse vulnerables; incapaces de protegerse física o

económicamente, de huir rápidamente, e incapaces de hacer frente a las

consecuencias físicas y emocionales de ser víctimas de un delito. Por

ejemplo, las personas ancianas comúnmente perciben determinados lugares

o situaciones como de mayor riesgo de victimización que las jóvenes ya que

son más vulnerables a los daños físicos (Maguire y col., 1997).

El riesgo objetivo de sufrir un delito, también varía según las variables

sociodemográficas. El delito no tiene una distribución aleatoria entre la

37

población; cada grupo social tiene una vulnerabilidad distinta según su

estructura de edad, género, clase social o etnia, entre otros.

Según Warr (citado por Torrente, Ob cit), la percepción del riesgo es

importante en la predisposición para el miedo pero no está perfectamente

correlacionada con ello. El miedo no es la percepción del riesgo; más bien

todo indica que es una consecuencia. Éste también depende de la valoración

personal, de la gravedad del delito y de la vulnerabilidad individual.

El tercer factor está relacionado con la percepción sobre el propio

riesgo personal que no suele coincidir con el riesgo objetivo. Las evidencias

sugieren que esa percepción depende de la imagen de la víctima-tipo.

Cuanto más se cree que una víctima es elegida al azar, más miedo se

provoca. También es importante tener en cuenta la percepción de la

gravedad del delito, relacionado con el tipo de delito y la probabilidad de ser

víctima de uno (riesgo percibido).

Las personas que perciben un riesgo alto de ser víctimas tienen más

miedo (Box y col., 1988), lo cual conlleva a que las personas cambien o

ajusten sus actividades rutinarias. Para sentirse más seguros, instalan

cerraduras dobles, alarmas, rejas, entre otras. Tienden a permanecer más

tiempo en el hogar. Cuando salen de casa toman medidas de precaución

como no caminar en determinadas calles, salir acompañadas, alejarse de

determinados tipos de personas, o regresar antes de que anochezca. Estos� �

cambios interfieren en la vida cotidiana del individuo, disminuyendo su

calidad de vida. Las personas viven con miedo y desconfianza y tienen

dificultades a la hora de relacionarse en su comunidad.

El cuarto factor lo representan las condiciones ambientales y sociales.

El estudio de los efectos de las características físicas y sociales del entorno,

muestra que éstos son indirectos y dependen de la percepción del riesgo.

38

Las características físicas del entorno social se refieren a desórdenes

como basura, casas, terrenos y vehículos abandonados, grafitis, y destrozo

del mobiliario urbano, tendiendo a ser asociadas con desorden e

imprevisibilidad lo que genera sentimiento de inseguridad. Las señales de

delincuencia y los extraños en el barrio incrementan la percepción de riesgo.

Las condiciones sociales se refieren a conductas molestas como

personas durmiendo en la calle, personas vestidas de cierta forma, personas

gritando, o pandillas en actitud agresiva. Estos comportamientos suelen ser

considerados signos de erosión de las normas y valores convencionalmente

aceptados; provocando un incremento en la percepción del riesgo y miedo,

siendo asociadas estas conductas con frecuencia a actividades delictivas

(Andrew, 1988. Citado por Torrente ob cit).

El quinto factor es la cohesión de la comunidad, la existencia de

vecinos que se conocen y se ayudan, influyendo positivamente en la

percepción de seguridad en la zona. Por el contrario, la sensación de

aislamiento de la comunidad incrementa la percepción de riesgo en la

vecindad. Según Hraba y col. (1998), la percepción del riesgo está

inversamente relacionada con la confianza de los vecinos y la satisfacción

con el barrio o la zona donde viven.

Como sexto factor según Mosegue (2002), encontramos la confianza

en la Policía y en el sistema penal. La imagen de eficiencia hace aumentar la

confianza. Es importante la presencia del policía en la calle, la creencia de

que la Policía es efectiva y eficiente hace pensar que el ciudadano se siente

mas seguro. Incluso, entre las víctimas, el hecho de saber que el incidente es

resuelto y que prevalece la justicia, ayuda a desarrollar menos miedo.

Según Short (citado por Guemureman, ob cit), la confianza en la

Policía y en el sistema penal, depende del grado de competencia y

39

responsabilidad en su gestión de los riesgos. Por lo tanto, la confianza (o

falta de la misma) en las instituciones, está influenciada por la percepción del

riesgo de victimización. Igualmente la confianza en las instituciones influye

en la denuncia de delitos.

El séptimo factor nos habla del realismo de la información disponible

sobre delitos y víctimas. La información disponible sobre los delitos y

víctimas es un elemento de inseguridad. La proximidad de los sucesos o las

víctimas influyen sobre el miedo concreto, las noticias generalmente más

lejanas de los medios de comunicación, inciden sobre el miedo difuso.

En este orden de ideas, los medios de comunicación presentan una

imagen parcial de la delincuencia que puede contribuir al miedo (Torrente,

1997). Por ejemplo, enseñar las diferentes formas de elección de la víctima

por el delincuente, mostrar como normal el comportamiento del criminal o

dramatizar los eventos y los riesgos de victimización, son algunos de los

factores que pueden afectar a los individuos e influir en la percepción del

riesgo y el miedo.

Por el contrario Tyler (citado por Guemureman, ob cit), plantea que los

medios de comunicación no parecen influenciar mucho en el miedo. Sin

embargo, el hecho de que la influencia de los medios parezca menor de la

esperada no implica que éstos no tengan influencia. Para el autor, los

mismos estudios que muestran su baja influencia en el miedo también

indican la importancia de los mismos en el conocimiento sobre el problema

de la delincuencia. Los medios tienen la función primaria de reforzar y

sostener actitudes previas, además de fomentar comportamientos

recurrentes; por otro lado, tienen un impacto más fuerte a un nivel abstracto y

más débil a nivel individual.

40

Finalmente, el octavo factor es la percepción de la gravedad de los

delitos y la percepción sobre la probabilidad de su ocurrencia, lo que

contribuye a la generación de miedo, sobre todo si se combinan los

elementos. Los delitos relacionados con la violencia son los más temidos,

también el consumo de ciertas drogas lleva a una percepción de amenaza

tanto por la imagen de violencia que ofrece, como por la enajenación de la

persona con la que se asocia (Guemureman, ob cit).

En consecuencia, la conceptualización de la inseguridad subjetiva y el

miedo es complejo y difícil, una primera dificultad es que el significado de la

palabra miedo o inseguridad varía entre las personas; en parte porque� � � �

resulta ficticio separar los elementos cognitivos y emocionales del miedo, una

cosa es que se piense en el riesgo y otra que atemorice. El miedo y la

inseguridad se suelen evaluar a través de sus secuelas.

Ahora bien, el análisis de la dimensión subjetiva de la inseguridad

muestra que ésta se reparte de forma desigual entre los grupos sociales y

sufre la influencia de diversos factores. Afecta la tolerancia, interviene en las

demandas de seguridad y en las actitudes hacia las instituciones y el delito

construyéndose a partir de la comprensión y la construcción que de la

realidad o del entorno hacen los individuos en particular y la sociedad en su

conjunto, basándose en la experiencia individual y social. Siendo influenciada

por la cultura y el contexto socioeconómico. Está asociada a otras

inseguridades vitales o del entorno. Por tanto, la vivencia y necesidades de

las personas van a determinar su percepción de la seguridad

41

Consejos Comunales

La Ley Orgánica de los Consejos Comunales (2009), en el marco

constitucional de la democracia participativa y protagónica, la ley orgánica de

los consejos comunales los define como una instancia de participación,

articulación e integración entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas

organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares que permiten

al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de

las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades,

potencialidades y aspiraciones de las comunidades, en la construcción del

nuevo modelo de la sociedad -socialista de igualdad, equidad y justicia

social.

Organizaciones Comunitarias

La Ley Orgánica de los Consejos Comunales (2009) la define como

organizaciones que existen o pueden existir en el seno de las comunidades y

agrupa un conjunto de personas con base a objetivos e intereses comunes,

para desarrollar actividades propias en el área que les ocupa.

Ciclo Comunal como proceso de participación popular

De acuerdo con la Fundación Centro Gumilla (2008), en el marco de

las actuaciones de los consejos comunales, la participación popular es un

proceso para hacer efectiva la participación popular y la planificación

participativa que responde a las necesidades comunitarias y contribuye al

desarrollo de las potencialidades y capacidades de la comunidad. Se

concreta como una expresión del poder popular, a través de la realización de

cinco fases: diagnostico, plan, presupuesto, ejecución y contraloría social.

42

Fases del Ciclo Comunal

Igualmente, la Fundación Gumilla, plantea que son cinco fases que

conforman el ciclo comunal, las cuales se complementan y se interrelaciona

entre si y son las siguientes:

• Diagnostico: Caracteriza integralmente a las aspiraciones, los

recursos, las potencialidades y las relaciones sociales propias de la

localidad.

• Plan: Determina las acciones, programas y proyectos que atendiendo

al diagnóstico, tiene como finalidad el desarrollo del bienestar integral de la

comunidad.

• Presupuesto: Comprende la determinación de los fondos, costos y

recursos financieros y no financieros con los que cuenta y requiere la

comunidad, destinados a la ejecución de las políticas, programas y proyectos

establecidos en el plan de desarrollo integral.

• Ejecución: aquí se garantiza la concreción de las políticas,

programas y proyectos en espacio y tiempo establecidos en el plan

comunitario de desarrollo integral, garantizando la participación activa,

consciente y solidaria de la comunidad.

• Contraloría Social: Se refiere a la acción permanente de prevención,

vigilancia, supervisión, seguimiento, control y evaluación de las fases del

ciclo comunal para la concreción del plan comunitario de desarrollo Integral y

en general, sobre las acciones realizadas por el consejo comunal, ejercida

articuladamente por los habitantes de la comunidad, La Asamblea de

Ciudadanos y Ciudadanas, las organizaciones comunitarias y la Unidad de

Contraloría Social del consejo comunal.

43

• Las fases del ciclo comunal deberán ser avaladas y previamente

aprobadas por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas en el consejo

comunal respectivo.

La participación Ciudadana

Según Ramos (2003), citado por Cáceres (2008) la participación de la

ciudadanía “es una forma del ejercicio del poder, además de un fundamento

de la democracia, por tal motivo los ciudadanos deben conocer al Estado, los

problemas que hay dentro del sector público, de lo contrario este ejercicio

seguirá siendo retorcido”. Con relación a lo anterior se puede considerar

como un proceso flexible donde el ciudadano se organiza colectivamente

para asumir de forma protagónica la formación, ejecución y control de la

gestión pública.

Con la participación ciudadana se manifiesta los derechos y las

responsabilidades que tiene cada individuo en el desarrollo de su localidad,

en función al colectivo.

No sería justo que solo se promueva una participación ciudadana en la

esfera electoral o política, porque se disminuyen los espacios donde hay

relación entre el Estado y la sociedad y ese no es el propósito, porque el

marco legal sustenta una orientación de desarrollo del país a través de una

intervención en la administración pública, en este sentido, debe evitarse que

sea particularizada.

Por ello, Palencia (2002), citado por Cáceres (2008), comenta que es

necesario “crear mecanismo más efectivos, establemente más orgánicos

dentro de los estados y en consecuencia con características jurídicas e

institucionales para que la participación ciudadana no solo ocurra como un

44

acontecimiento de cultura, sino también pueda expresarse como un proceso

de ejercicio del poder”. El concepto de participación representa la forma

como la ciudadanía intervienen en los asuntos públicos, midiendo su

capacidad para representarse y ejercer la soberanía directamente en la toma

de decisiones gubernamentales y que repercuten en el desarrollo de su

entorno.

Vielma (citado por Ramos 2003) en el Manual de Fortalecimientos de

la Organización Comunitaria señala que en la década de los 60`, teóricos de

la marginalidad calificaron “la participación como el instrumento más

apropiado para lograr la incorporación de los sectores marginales a la

dinámica de desarrollo”, ya se concebía la importancia de la participación,

para lograr un objetivo como era superar la situación social en que se

encontraba la población. En relación con lo antes planteado, se señala que la

participaron ciudadana es entendida como un proceso clásico a través del

cual los y las ciudadanas se organizan colectivamente para asumir de forma

protagónica la formación, ejecución y control de la gestión pública, el

desarrollo de su comunidad, Municipio, Estado País en lo social, técnico,

científico, económico, y productivo, dándole uso competente a esa gestión en

sintonía con los intereses del pueblo.

El mecanismo para entender la participación ciudadana es verla como

un proceso de generación de conciencia crítica y prepositiva del ciudadano,

donde este se entienda así mismo, como parte de un colectivo de una

comunidad, de una Región o País, de manera tal que dé paso a esa

transformación que sucede a su alrededor e igualmente esté inmerso en

dicho proceso. De igual forma, para Murillo (2002), citado por Cáceres (2008)

la participación Ciudadana es el proceso gradual mediante el cual se integra

a la ciudadanía, en forma individual o colectiva, en la toma de decisiones, la

fiscalización, el control y la ejecución de las acciones en asuntos públicos y

45

privados que afecten en lo político, económico y ambiental para permitirle su

pleno desarrollo como ser humano.

De esta forma se logra la intervención de las instituciones del Estado,

es por ello que la participación dentro de la democracia representativa obliga

a los ciudadanos a realizar ejercicios de abstracción de la realidad para él, la

cual representa una herramienta que le permite defender sus derechos e

involucrarse en el acontecer social, político, económico y cultural que le

interese. Por otro lado, el control fiscal en Venezuela tradicionalmente, ha

estado concebido dentro de los criterios de legalidad y justicia y de esta

manera se ha definido conceptualmente. En los organismos públicos se ha

distinguido diferentes tipos de control fiscal a saber: Control interno y control

externo, dentro de los mismos se especifican los de carácter previo, posterior

y concomitante, todos ellos seriamente discutidos y señalados por la

Contraloría General de la Republica.

Participación del Ciudadano

Tal como se señala en el Módulo Formativo para la Formación en

Participación Ciudadana de FONDEMI (2007), la participación se relaciona

principalmente con la democracia participativa y directa. Según el texto está

basada en varios mecanismos para que la población tenga acceso a las

decisiones del gobierno de manera independiente sin necesidad de formar

parte del gobierno o de un partido político. La presencia de los ciudadanos

en los asuntos públicos es una condición necesaria para alcanzar la

gobernabilidad democrática.

Por lo tanto, la participación es un proceso gradual mediante el cual se

integra al ciudadano en forma individual o participando en forma colectiva, en

46

la toma de decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las acciones en

los asuntos públicos y privados, que lo afectan en lo político, económico,

social y ambiental para permitirle su pleno desarrollo como ser humano y el

de la comunidad en que se desenvuelve.

La participación ciudadana es necesaria para construir la democracia.

Por eso, resulta fundamental para favorecer el control de los/las

gobernantes, transmitir mejor las preferencias de los ciudadanos y

ciudadanas, suavizar los conflictos, favorecer los acuerdos, y hacer menos

costosa la toma de decisiones políticas.

Además, la participación fomenta un tipo de ciudadanía que tiene un

mayor interés por informarse acerca de los asuntos políticos, por cooperar

con las demás personas, y que es más respetuosa con las que son

diferentes, lo que refuerza los vínculos sociales entre los seres humanos, y

favorece la comprensión intercultural.

Campo de Acción de la Participación Ciudadana

a) Participación Privada

Es la que realizamos a nivel personal, en cuanto a cumplir algunos

deberes y responsabilidades, tales como el pago de impuestos, el

respeto de las leyes, el contar con un empleo para participar de la vida

económica, entre otras.

b) Participación Social

Es la que realizamos ya sea en nuestro ámbito geográfico o funcional

inmediato, en procura de mejorar condiciones de vida para una

determinada colectividad. Ejemplo: nuestra participación en Juntas de

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Vecinos, Sindicatos, Grupos Ecológicos, Sociedad de Padres de

Familia, Colegios profesionales, etc.

c) Participación Política

Es la que realizamos cuando directamente o a través de nuestros

representantes buscamos los canales institucionales del Estado para

lograr decisiones gubernamentales.

Medios de participación

Los medios de participación son los mecanismos a través de los

cuales los ciudadanos pueden manifestar su aprobación, rechazo,

observación, propuesta, quejas, sugerencias para expresar aquello con lo

que está de acuerdo, entre ellos se tienen: las consultas públicas, el ejercicio

del control social, los referendos, los cabildos abiertos, iniciativas legislativas,

empresas de economía social y las instancias de participación ciudadana.

Todos ellos pueden ser clasificados de acuerdo al tipo de órgano del poder al

que se aplican.

Instrumentos de Participación Ciudadana

Se ha dicho en muchas ocasiones que el instrumento participativo

central en las democracias representativas los procesos electorales tienen 3

funciones principales: renovar la legitimidad democrática, que sustenta el

funcionamiento de la vida política, dar lugar a una representación de los

intereses de los distintos ciudadanos y grupos sociales y permitir la

formación de un gobierno. Los instrumentos de participación ciudadana entre

los que se pueden tratar, se tienen en primer lugar la capacidad de legitimar,

como mínimo a las políticas concretas que se están adoptando y quizás en

48

algunos casos también a aquellas instituciones que las genera. En segundo

lugar, la representatividad ha sido uno de los temas de debate central

cuando se habla de instrumentos participativos, por cuanto la participación

ciudadana en la toma de decisiones se encuentra ligada a la legitimidad y

representatividad, y al final deben conseguirse unos resultados.

Glosario de Términos

Prevención: Medida o disposición que se toma de manera anticipada

para evitar que suceda una cosa considerada negativa.

Seguridad: Es el sentimiento de protección frente a carencias y

peligros externos que afecten negativamente la calidad de vida; en tanto y en

cuanto se hace referencia a un sentimiento, los criterios para determinar los

grados de seguridad pecarán de tener algún grado de subjetividad.

Seguridad Ciudadana: Es la acción integrada que desarrolla el Estado, con

la colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de bien público,

destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia,

la utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y, en

general, evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus

bienes.

Programas de Prevención: Son las acciones y programas que

tienden a modificar y mejorar la formación integral y la calidad de vida de las

personas. Es una acción anticipatorio para evitar riesgos y/o reducir la

frecuencia de las “enfermedades sociales” como el alcoholismo, el Sida, la

violencia familiar y la drogodependencia.

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