^ Católicas por el Derecho a Decidir - Perú,,

Donde hay duda, hay libertad

Aborto: entre la autodeterminación y el juicio socio sobre el vientre de las mu eres El debate sobre el aborto generalmente se ha centrado en cuestiones morales y religiosas sancionadoras, y no ha sido analizado a partir de las evidencias científicas y el respeto al derecho a decidir de las mujeres, que tienen que ser los principios de las políticas estatales sobre este tema. El aborto es un problema de salud piíblica, justicia social y de ejercicio de democracia, su penalización atenta contra los derechos humanos y la libertad reproductiva de las mujeres^

La maternidad es una experiencia compleja que transforma sustancialmente la vida, y la posibilidad de elegirla es un derecho humano fundamental. Por lo tanto, no puede ser asumida como un destino obligatorio, por el contrario, tiene que ser un acto voluntario que brinde alegría y bienestar a quien procrea y a quien nace. Es un acto de amor que requiere deseo, voluntad y decisión.

Ante un embarazo no deseado, muchas mujeres decidirán continuarlo, pero también otras decidirán interrumpirlo. Ambas decisiones son

legítimas y deben ser respetadas.

Panorama del aborto en el Perú La Organización Mundial de la Salud (OMS) define médicamente al aborto

como la interrupción del embarazo anterior a las 22 semanas de gestación, o antes de que el feto alcance 500 gramos de peso.

En el Perú se realizan 371 420 abortos clandestinos al año^, más de mil abortos diarios, sin embargo, esta cifra no revela el número real de abortos clandestinos realizados en

todo el país, precisamente por esa condición. Las mujeres arriesgan su salud y su vida debido a esta clandestinidad que está rodeada de condiciones poco higiénicas y salubres.

' RED L A T I N O A M E R I C A N A DE CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR. Carpeta institucional.

' FERRANDO, Delicia. El aborto clandestino en el Perú. Revisión. Lima; Centro Flora Tr is tán , 2006.

Aborto

El 50,9% de mujeres hospitalizadas por aborto incompleto es menor de 25 años\l aborto

inseguro continúa siendo causa importante de muertes maternas en el Perú.

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Entre las razones por las que las mujeres enfrentan un embarazo no deseado destacan la falta de acceso a anticonceptivos y a educación sexual. El 75,4% de las mujeres unidas utiliza métodos anticonceptivos, de las cuales el 51,1 % empléalos modernos*. Es decir, casi la mitad de mujeres en edad reproductiva

Solamente el aborto terapéutico está

despenalizado en el país desde 1924. Pero, dos

causales que cuentan con una alta aprobación para

su despenalización, son el aborto por violación sexual

y por malformaciones graves del feto.

no utiliza ningún método y afronta el riesgo de tener un embarazo no deseado. A esto se suma que los y las adolescentes no pueden acceder a métodos anticonceptivos y que la anticoncepción oral de emergencia dejó de distribuirse gratuitamente en los establecimientos de salud. Además, en las instituciones educativas no se imparte una educación sexual integral, a pesar de la aprobación de los Lincamientos Educativos y Orientaciones Pedagógicas para la Educación Sexual Integral por el Ministerio de Educación.

El 39% de mujeres hospitalizadas por aborto incompleto en distintas regiones, y el 12% en Lima, señalaron que afrontaron un embarazo no deseado porque no pudieron abastecerse de métodos anticonceptivos en el establecimiento de salud donde solían hacerlo, o porque cambiaron de método al no encontrarlo en el establecimiento el que venían utilizando^

Asimismo, en el Perú el 11,4% de jóvenes expresó que se practicaría un aborto ante un embarazo no deseado, y el 35 % de mujeres jóvenes indicó

que conoce a una persona que se ha practicado un abortón

Solamente el aborto terapéutico está despenalizado en el país desde 1924. Pero, dos causales que cuentan con una alta aprobación para su despenalización, son

el aborto por violación sexual y por malformaciones graves del feto. El 61 % de población de Lima aprueba la interrupción del embarazo producto de una

violación sexual y el 76 % cuando el feto presenta malformaciones incompatibles con la vida'. Asimismo, el 62 % de personas católicas de Lima considera que debe

permitirse el aborto por violación y para casos de malformaciones congénitas incompatibles con la vida^.

^ ídem.

* I N S T I T U T O N A C I O N A L DE ESTADÍSTICA E I N F O R M Á T I C A [ INEI) . ENDES Continua 2011. Lima:-INEI, 2012.

= I N E I . Op. cit.

8 Encuesta Nacional de la Juventud. ENAJUV 2011. Lima: SENAJU, 2012.

' IPSOS APOYO. Encuesta Febrero 2011. Lima: Ipsos Apoyo, 2011.

« CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR - PERÚ (CDD-PERÚ). Sexualidad, Religión y Estado: percepciones de católicos y católicas. Lima: CDD-Perú, 2011.

V

Marco normativo internacional y nocional respecto al aborto El aborto está penalizado en el Perú, excepto el aborto terapéutico. El artículo 119 del Código Penal Peruano expresa que: "No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviere, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente". No obstante, ante la falta de un protocolo de atención, la mayoría de los establecimientos públicos de salud no suele atender estos casos.

Sin embargo, existe un marco normativo internacional que insta al Estado peruano a tomar medidas eficaces para que el aborto clandestino deje de ser un problema de salud pública.

El Comité que monitorea la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) plantea en su Recomendación General N° 24 (1999) que la criminalización de prácticas médicas que solo requieren las mujeres constituye una violación del derecho a la igualdad.

El Comité de Derechos Humanos, que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), ha expresado que los Estados que tienen leyes restrictivas sobre el aborto violan el derecho a la vida de las mujeres, ya que el aborto clandestino está estrechamente vinculado con la mortalidad materna.

En la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994), el Perú como Estado firmante se comprometió a incrementar acciones para mejorar la salud de la mujer, a ocuparse de los efectos que tienen los abortos clandestinos en la salud de las mujeres como un problema de salud pública, y a ampliar y mejorar los servicios de información y acceso a anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados, y con ello, la necesidad del aborto.

La Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995) indica que el aborto en condiciones peligrosas pone en peligro la vida de un gran número de mujeres y representa un grave problema de salud pública, puesto que son las mujeres más pobres y jóvenes las que corren mayores riesgos. Por ello, demanda que los gobiernos afronten las consecuencias de los abortos en la salud de las mujeres.

Asimismo, las Observaciones Finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Perú (2007) evidencian su preocupación acerca de que el aborto ilegal continúe siendo una de' las principales causas de la elevada tasa nacional de mortalidad materna y cuestionan la interpretación restringida que hace el Estado del aborto terapéutico.

En las Observaciones Finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para el Perú, aprobadas en su 28° Sesión en el 2012, se recomienda al Estado peruano que establezca un protocolo nacional que regule la práctica de abortos terapéuticos, y que modifique el Código Penal para despenalizar los abortos cuando los embarazos son producto de violaciones. Estas recomendaciones son de obligatorio cumplimiento.

La sanción y vulneración del derecho o decidir de los nnujeres La penalización del aborto atenta contra la dignidad humana y representa una violación del derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación, a la privacidad, a la libertad, y a la igualdad. La despenalización del aborto no implica forzar a todas las mujeres que enfrentan embarazos no deseados a practicarlo, sino, garantiza la libertad de decidir de las mujeres y protege su vida y salud, valorando sus proyectos de vida.

Con leyes restrictivas o no, las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos no deseados lo continúan haciendo. Estas leyes no contribuyen a preservar la vida, por el contrario, se incrementan las muertes maternas debido a las complicaciones de los abortos clandestinos. El tratamiento de las complicaciones del aborto genera al Estado un importante porcentaje del presupuesto del sector salud, cuyo desembolso podría evitarse si se brindara en condiciones seguras.

La despenalización del aborto es una medida impostergable, pero también urge que las políticas públicas se orienten a disminuir embarazos no I deseados y que garanticen los principios de libertad e igualdad en el marco de un Estado laico, además de cumplir con los acuerdos internacionales suscritos y aprobados por el Perú y la normatividad nacional vigente.

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" Católicas por el Derecho a Decidir - Perú

Lo jerarquía católico y el aborto La Iglesia Católica ha tenido diversas posturas sobre el aborto a lo largo de la historia. Santo Tomás de Aquino (1127 - 1174 d. C.) y San Agustín (354 - 430 d. C.) sostenían que el aborto no podía considerarse homicidio debido a que el embrión no se asumía como persona humana, ya que no existía alma ni conciencia en un cuerpo que carece de sensación. Sin embargo, esta práctica era sancionada porque evidenciaba la separación entre sexualidad y reproducción. Por esa misma razón, la anticoncepción también es sancionada por la Iglesia Católica. Como ni la iglesia ni la ciencia han resuelto la duda sobre el inicio de la persona, en 1869 la Iglesia Católica sancionó el aborto en cualquier momento del embarazo^

Santo Tomás, que concuerda con San Agustín, coincide en la posición confirmada en el Código Graciano del siglo XII, respecto de la teoría de hominisación retardada, según la cual el embrión no es una persona porque no posee alma desde su fecundación. Ambos establecían una diferenciación de género cuando señalaban que, en el caso de los hombres, los mismos adquirían alma a los 40 días después de la fecundación, mientras que la misma recién ingresaba en las mujeres a los 80 días.

HURST, Jane. La historia de las ideas sobre el aborto en la Iglesia católica (lo que no fue contado). México D.R: Católicas por el Derecho a Decidir, 1992.

Aborto

A esto se suma que no existen referencias bíblicas explícitas sobre la condena al aborto voluntario, más bien hay referencias directas sobre la práctica de la liberación, justicia, misericordia, amor"*.

La jerarquía eclesiástica amenaza con la excomunión a las mujeres que se practican un aborto. Sin embargo, el Código de Derecho Canónico, normatividad que regula la organización de la Iglesia Católica, indica atenuantes. Así, la mujer que se practica un aborto no es excomulgada cuando es menor de 16 años, actuó presionada por miedo, o por evitar un grave daño; ignoraba que infringía una ley, actuó en legítima defensa, si actuó por violencia o de manera accidental, o la mujer carecía de razón o sufría alguna deficiencia mental (Canon 1323).

El derecho canónico también plantea que muchas veces las mujeres toman esta decisión extrema porque están solas, o porque se encuentran en una condición económica o social negativa que se agrava al traer al mundo a un hijo o hija de quien no pueden hacerse cargo. En ambas situaciones, las mujeres están afectadas por emociones que limitan su entendimiento y, por ello, su libertad de conciencia para evaluar equilibradamente si algo es bueno para sí mismas o para otras personas se ve limitada.

Entonces, la Iglesia Católica no sanciona a todas las mujeres que deciden practicarse un aborto y con ello, tampoco se aplica la excomunión en todos los casos.

Cuando la jerarquía católica, sin considerar estas excluyentes, condena a todas las mujeres que abortan e influye en las políticas públicas del país para penalizar la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia, está atentando contra la tradición y el Evangelio.

Existen distancias entre aquello que plantea la ley, los mandatos de la jerarquía católica y las percepciones de su feligresía sobre el aborto. El 70,8 % de la población católica de Lima considera que las mujeres que abortan no deben ir a la cárcel. El 63,7% indica que solamente le corresponde a la mujer tomar la decisión de interrumpir o no su embarazo, en comparación con el 11 % que considera que es el médico quien debe determinar, y solo el 1 % que considera que ese rol corresponde a la iglesia^^

No obstante lo anteriormente mencionado, se sabe que a lo largo de la historia, la jerarquía de la Iglesia Católica mantiene mensajes y acciones que reafirman estereotipos y formas de discriminación contra las mujeres, considerando la sexualidad como un pecado y a la maternidad como un destino "natural". ¿Si Dios consultó a María y respetó su derecho a decidir, debe la jerarquía católica vulnerar ese derecho e ir en contra de la libertad de conciencia y la decisión de cada mujer?

Difícilmente una persona apoyará el aborto, lo que se respalda es el derecho a decidir de las mujeres, pues la maternidad tiene que ser deseada y decidida. El aborto es un dilema ético que afrontan las mujeres, una situación límite en la que se consideran todos los factores favorables y los desfavorables, y toman la decisión de acuerdo con los dictados de su conciencia, por lo que es una decisión moralmente válida'^.

•» H A N K S , Tomás . "El aborto y la Biblia". En: CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR - A R G E N T I N A . Carpeta institucional.

" CDD-PERÚ. Op cit.

GARCIA, Aidé. Aborto: aspectos sociales, éticos y religiosos. México D.F,: Católicas por el Derecho a Decidir - México; Observatorio Eclesialí-íííL, 2008.

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Dentro del credo cristiano predomina el principio de que la vida es un don precioso y que la dignidad se basa en la capacidad de emplear la propia conciencia para definir la vida moral de las personas. Esto permite debatir la posición oficial de la iglesia respecto a que el derecho a decidir a favor de la maternidad voluntaria es algo reprochable.

Consideramos que la Iglesia Católica tiene que reconocer en toda su magnitud la libertad como un principio fundamental inmerso en su doctrina, y no puede seguir ocultándolo cuando sea de su conveniencia política. Asimismo, tiene que aceptar y legitimar la pluralidad existente en su interior, y a la luz de la realidad actual, los cambios y las expectativas de la feligresía por uno iglesia más inclusiva, justa y acogedora.

Por otro lado, el Estado está en la obligación de implementar políticas públicas que garanticen la libertad de las mujeres a decidir sobre sus proyectos de vida y no obligarlas a maternidades forzadas. En tal sentido, tiene que respetar el derechio a la vida, a la autodeterminación reproductiva, a la salud, a la no discriminación y a la información. Ante esta realidad, surge la necesidad y urgencia de fortalecer el carácter laico del Estado para garantizar todos los derechos y libertades de las personas sin ningún tipo de discriminación y sin intervención de las iglesias.

Cabe recordar que las autoridades públicas fueron elegidas para garantizar el ejercicio de los derechos de todas Ids personas sin ningún tipo de discriminación, y no para privilegiar a algún poder religioso. Hay que tener presente que la posición de la jerarquía eclesiástica no siempre es representativa del sentir de un gran número de católicas y católicos, quienes como fieles y parte activa de la Iglesia, tenemos el derecho a no estar de acuerdo con las imposiciones de los representantes del clero.