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ACTORES ARMADOS ILEGALES Y SECTOR PETROLERO DEL
META
INFORME MONOGRÁFICO 2013
Frédéric Massé
Director del Área de DDR
Johanna Camargo Castro
Asistente de investigación
CONTENIDO
I. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................... 3
I. CONTEXTO MILITAR Y ECONÓMICO DEL META ......................................................................... 4
1. Los actores armados ilegales luego del sometimiento del Erpac ................................................... 4
a. Estructuras post-desmovilización luego del sometimiento del Erpac .................................................................... 4
b. FARC .............................................................................................................................................................. 6
2. Proyectos de producción y exploración de hidrocarburos en el Meta ........................................... 7
a. Proyectos en fase de producción ....................................................................................................................... 7
b. Proyectos en fase de exploración ...................................................................................................................... 8
II. EL MODUS OPERANDI DE LOS ACTORES ARMADOS ILEGALES FRENTE AL SECTOR
PETROLERO DEL META ................................................................................................................................. 8
1. Extorsión y protección frente a amenazas contra la seguridad ...................................................... 9
a. Entre la connivencia…................................................................................................................................... 10
b. …Y la amenaza ............................................................................................................................................ 11
2. “Favorecedores” del trabajo de las empresas ................................................................................. 12
a. Desplazamiento ............................................................................................................................................ 12
b. Amenazas y homicidios .................................................................................................................................. 14
c. Intermediación en conflictos entre grupos étnicos y las empresas petroleras ..................................................... 14
3. Modalidades más sofisticadas y/o indirectas de captación de recursos ....................................... 14
a. Provisión de seguridad al interior de la nómina de las empresas ...................................................................... 14
b. Administración de la oferta laboral: Trabajadores y votos cautivos ................................................................... 15
c. Seguridad a cambio de contratos ................................................................................................................... 17
d. Captación ilegal de regalías ............................................................................................................................ 17
4. ¿Qué sucede en un municipio petrolero “sin conflicto armado”? ................................................ 18
III. LA RESPUESTA DEL ESTADO FRENTE AL CONTEXTO DE SEGURIDAD PETROLERA
18
1. El Plan Espada de Honor frente a la industria petrolera en el Meta ............................................ 19
2. Implicaciones de la militarización en los campos petroleros ........................................................ 19
IV. CONCLUSIONES ................................................................................................................................ 20
ANEXOS ............................................................................................................................................................ 22
3
I. INTRODUCCIÓN
Desde finales de la década de los años noventa, el Bloque Centauros de las AUC, las Autodefensas Campesinas del
Meta y Vichada y las FARC-EP se lucraron de las rentas petroleras del Meta mediante el cobro de extorsiones, la
apropiación ilegal de regalías y la facilitación de proyectos de exploración y explotación. Desde los inicios de los años
dos mil y hasta 2011, el Erpac, en cabeza de „Cuchillo‟ y „Caracho‟, prolongó algunas de dichas prácticas. En la mayor
parte de municipios del departamento, „Cuchillo‟ impuso un control territorial y social de facto, que sumado a la
corrupción de políticos e integrantes de la fuerza pública, posibilitó que algunos recursos petroleros nutrieran sus
fuentes de financiación.
Con el descubrimiento de nuevos yacimientos y tras el sometimiento del Erpac a la justicia, los actores armados
ilegales han ido reacomodándose.
Las FARC aún permanecen en su zona histórica de retaguardia estratégica, donde siguen siendo frecuentes el cobro
de extorsiones y las amenazas contra los proyectos económicos de la industria petrolera. En otras zonas del
departamento (como Puerto Gaitán y Mapiripán), han intentado retomar parte del control que durante años
ejercieron, y que les fue disputado y hasta cierto punto arrebatado por la Fuerza Pública y el Erpac desde hace algo
más de cinco años1.
Por su parte, tal y como lo hicieron en su momento las Autodefensas y el Erpac, las estructuras post-desmovilización
volvieron a disputarse territorios del departamento que constituyen potenciales fuentes de recursos económicos
para desarrollar sus actividades2. Varios integrantes del Erpac que no se sometieron a la justicia posiblemente
mantuvieron los vínculos que sostenían con representantes del sector económico y político de la región, en parte
gracias al control territorial y social ejercido durante años.
En la actualidad, varios municipios del Meta atraviesan uno de sus mejores momentos económicos, debido al
dinamismo de proyectos a gran escala como la exploración y/o explotación de hidrocarburos3. Que esos nuevos
contextos económicos y militares continúen involucrando la interacción entre actores armados ilegales y el sector
petrolero del Meta, no es por lo tanto nada extraño. Es frecuente observar que algunos municipios con las mayores
expectativas de producción petrolera del Meta como Puerto Gaitán, Puerto López o San Martín, reporten los
mayores escenarios de riesgo en materia de violaciones a los derechos humanos4. Al mismo tiempo, ¿cómo explicar
que el departamento no registre un alto número de atentados en contra de las infraestructuras petroleras, aunque se
sabe de la presencia de grupos armados ilegales?
Dando continuidad al V Informe, este estudio monográfico pretende entonces realizar una aproximación tipológica al
modus operandi de los actores armados ilegales frente al sector petrolero del Meta. Después de una breve
descripción del contexto militar de los actores armados ilegales presentes en el departamento luego de diciembre de
20115, y de una mirada general del desarrollo de la industria petrolera en el departamento, el informe expone las
tipologías de interacción de los actores armados ilegales con la industria petrolera, con base en el modelo expuesto
1 A pesar de que el Plan de Consolidación Integral de la Macarena (PCIM) y la actual Política Nacional de Consolidación y
Reconstrucción Territorial han golpeado el aparato militar de las FARC en La Macarena, su tradicional zona de retaguardia
estratégica, esa agrupación sigue haciendo presencia en los municipios que la integran (La Macarena, Mesetas, Puerto Rico, San
Juan de Arama, y Vista Hermosa) (Véase por ejemplo Defensoría del Pueblo, “Informe especial de riesgo electoral –
Elecciones Regionales 2011”-, Bogotá: Defensoría del Pueblo, 2011 y “Informe de Riesgo Nº 006-12 A.I”, Bogotá: Defensoría del
Pueblo, 2012, p. 4 y 9). En Vista Hermosa, donde se adelantan actividades petroleras, se presume que las FARC estarían detrás de
presiones contra una empresa canadiense (Véase adelante apartado “Cuotas de seguridad y bonificaciones económicas”). En esto
coinciden varias fuentes entrevistadas (Entrevista CITpax con líder de ONG en Villavicencio, 4 de diciembre de 2013 y en Bogotá
con funcionario, 7 de noviembre de 2012). 2 Defensoría del Pueblo, “Informe de Riesgo Nº 006-12 A.I”, Bogotá: Defensoría del Pueblo, 2012, pp. 2 y 9. 3 Desde 2005 las cifras de producción petrolera del Meta se han incrementado constantemente. Adicionalmente, las buenas
expectativas económicas del Meta también se reflejan en el impulso de la industria agrícola, forestal y de biocombustibles. Ver
infra apartado 2. 4 Ver para tal efecto los siguientes Informes de Alertas Tempranas emitidos por la Defensoría del Pueblo: “Informe de Riesgo Nº
006-12 A.I”, Bogotá: Defensoría del Pueblo, 2012; “Informe de Riesgo Nº 014-11 A.I”, Bogotá: Defensoría del Pueblo, 2012. 5 El sometimiento de algunos integrantes del Erpac, en cabeza de José Eberto López, alias „Caracho‟, se llevó a cabo los días 22 y
23 de diciembre de 2011.
4
por el Área de DDR del Observatorio en su último Informe6. Finalmente, se relacionan algunas medidas diseñadas
por el Estado frente a la cuestión de seguridad de la industria petrolera.
I. CONTEXTO MILITAR Y ECONÓMICO DEL META
1. Los actores armados ilegales luego del sometimiento del Erpac
A finales de diciembre de 2011, 272 hombres del Erpac, liderados por José Eberto López, alias „Caracho‟, se
presentaron ante las autoridades para someterse a la justicia. Pocos meses antes, sin embargo, la Policía estimaba que
el Erpac estaba conformado por un número muy superior de integrantes y el mismo „Caracho‟ había anunciado que
se entregaría con aproximadamente 500 de sus hombres7. Según fuentes consultadas, las diferencias numéricas
residían en la existencia de divisiones internas en el Erpac, por lo cual muchos no aceptaron entregarse;
adicionalmente, no pocos menores de edad fueron dejados en libertad por el grupo antes de su sometimiento.
Tras el sometimiento del Erpac, la región no sintió una mejora significativa en materia de seguridad. Luego del
proceso, se presume que quienes no se entregaron y algunos que fueron dejados en libertad habrían pasado a
conformar nuevas estructuras o a vincularse a las ya existentes. Además, el sometimiento generó varios vacíos de
poder en zonas donde el Erpac ejercía control territorial y social8, lo que dio lugar a tentativas de incursión de la
guerrilla a sus antiguas zonas de influencia y a disputas entre antiguos liderazgos del Erpac y otras facciones post-
desmovilización de las Autodefensas.
Dicho eso, si bien el Ejército y la Policía han logrado la captura de varios de sus cabecillas y el desmantelamiento e
incautación de arsenales con armas o laboratorios de procesamiento de coca, el pasado reciente evidencia que el
Erpac logró corromper a varios integrantes de la Fuerza Pública y funcionarios del DAS9. No son pocas las fuentes10
que han manifestado cómo la estrategia de crecimiento y consolidación del Erpac pasaba, entre otros puntos, por el
pago de importantes sumas de dinero a este tipo de funcionarios para operar con relativa facilidad11. A ciencia cierta
se desconoce si esta estrategia persiste entre quienes lideran las actuales estructuras post-desmovilización con
presencia en el Meta. Sin embargo, esto es algo que no se descarta, tratándose de estructuras que operan bajo una
lógica mafiosa, heredada de „Cuchillo‟, y prolongada tras el sometimiento a la justicia del Erpac y la captura de „El
Loco Barrera‟.
a. Estructuras post-desmovilización luego del sometimiento del Erpac
Tras el sometimiento del Erpac, muchos de quienes no participaron en el proceso, dieron continuidad al modus
operandi de esa estructura, con el objetivo de llenar los espacios otrora ocupados por la estructura sometida,
6 Véase Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), “Actores Armados Ilegales y Sector Extractivo en Colombia”,
Bogotá, 2012, <http://www.toledopax.org/uploads/Actores_armados_ilegales_sector_extractivo.pdf> 7 “Nos vamos a someter”, en Semana.com, <http://www.semana.com/nacion/vamos-someter/167751-3.aspx>, (19.11.11) 8 Es de recordar que la influencia del Erpac se reflejaba en el control de áreas favorables para sus negocios, y un control social de
facto sobre las comunidades de diferentes municipios. En ese camino, „Cuchillo‟ y su estructura armada ilegal fueron regulando
aspectos de la vida social como la administración de justicia, perpetrando ejecuciones extra judiciales e incluso tasando
(extorsionando) las grandes y pequeñas actividades económicas. Para mayor información remitirse al informe monográfico:
Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), “¿Urnas sin Armas? Análisis del impacto de las estructuras armadas ilegales
post-desmovilización en las elecciones locales de 2011 en Córdoba, Magdalena y Meta”, Bogotá 2012,
<http://www.citpaxobservatorio.org/sitio/images/stories/Urnas_sin_armas.pdf> 9 Véase Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), “Actores Tercer Informe”, Bogotá, 2010, <
http://www.toledopax.org/uploads/Tercer_Informe_CITpax_Observatorio_DDR_Ley_Justicia_Paz_septiembre_2010.pdf > 10 Ver para tal efecto: “Cayó „Cuchillo‟, ¿ahora qué?”, en Semana.com, < http://www.semana.com/nacion/articulo/cayo-cuchillo-
ahora-que/233834-3> (8.1.11); International Crisis Group, “Desmantelar los nuevos grupos armados ilegales en Colombia:
Lecciones de un sometimiento”, en Informe sobre América Latina, nº 41, 2012, Bogotá/Bruselas, pp. 5-6; K. Johnson, “El Erpac:
¿Desmovilización, pacto o venta? (Segunda entrega), En Arco Iris, <http://www.arcoiris.com.co/2012/06/el-erpac-desmovilizacion-
pacto-o-venta-segunda-entrega/> (26.612) 11 Algunas estimaciones observan por ejemplo que „Cuchillo‟ ofreció en su momento aproximadamente $700 millones, pagos
mensuales, y ganancias de los laboratorios de coca (K. Johnson, “El Erpac: ¿Desmovilización, pacto o venta? (Segunda entrega), op.
Cit). En enero de 2012, un reportaje de La F.M señaló la existencia de una nómina conjunta manejada por „Cuchillo‟ y „El Loco
Barrera‟, en la cual periódicamente habrían destinado recursos dirigidos a policías, integrantes del Ejército, detectives del DAS,
policías, ex personeros, etc. Véase: “Los pagos de alias „el loco Barrera‟ y alias „cuchillo‟ a funcionarios públicos”, en LaF.M.com.co,
< http://www.lafm.com.co/noticias/colombia/19-01-12/los-pagos-de-alias-el-loco-bar-10>, (19.1.12)
5
mediante un ejercicio de control territorial y social, así como a través de la apropiación de las fuentes de financiación
procedentes de actividades económicas legales e ilegales12.
Algunos pasaron a engrosar las filas de una estructura conocida como „Bloque Meta‟ y otros conformaron los
„Libertadores del Vichada‟, la que ha sido considerada como disidencia del Erpac en los departamentos de Meta y
Vichada.
Si bien la Defensoría del Pueblo ha recabado información preliminar sobre el ingreso de presuntos integrantes de
Los Urabeños y Los Paisas a algunas zonas del departamento, de momento esto no ha ratificado13.
i. El ‘Bloque Meta’
Presuntamente liderado desde la cárcel por el ex jefe paramilitar del Bloque Centauros, Manuel de Jesús Pirabán alias
„Pirata‟, el llamado Bloque Meta ejerce influencia en la región del Ariari y una parte de la zona rural de Puerto
López14. Si bien algunas fuentes consideran que este grupo surgió como disidencia del Erpac por vincular a algunos de
sus ex integrantes15, otras informaciones apuntan a que esta estructura operaba desde hacía varios años de forma
independiente16 y no guarda ninguna relación con esa estructura sometida17.
Se presume en la actualidad que las disputas territoriales entre el Bloque Meta y Libertadores del Vichada, indican su
expansión a nuevas zonas del departamento18. El Bloque Meta estaría tratando de expandir su influencia19, disputando
los municipios del departamento con vacíos de poder de facto luego del sometimiento del ERPAC20. Esos
enfrentamientos demostrarían también que los acuerdos territoriales establecidos en el pasado entre el Erpac y
Bloque Meta, sobre los límites del Río Manacacías, habrían sido quebrantados21.
ii. Los ‘Libertadores del Vichada’
Martín Farfán, alias „Pijarvey‟, quien fuera en su momento el “segundo” al mando del Erpac y hombre de confianza de
„Cuchillo‟, es el actual jefe máximo de la estructura conocida como „Libertadores del Vichada‟. Esa nueva estructura
se organizó rápidamente cuando, luego de salir de la cárcel en enero de 201222, „Pijarvey‟ regresó a los Llanos
Orientales para retomar su liderazgo y rearmarse junto a otros ex integrantes del Erpac23. Recién comenzó con esta
labor, varios ex paramilitares, presuntamente pertenecientes al llamado „Bloque Meta‟, fueron asesinados o
amenazados por esta estructura armada ilegal gracias a actividades de espionaje ordenadas por „Pijarvey‟24.
12 Defensoría del Pueblo, “Informe de Riesgo Nº 006-12 A.I”, op. Cit., p.3. 13 Defensoría del Pueblo, “Informe Especial de Riesgo sobre reclutamiento y utilización ilícita de Niños, Niñas, Adolescentes en el
Sur Oriente Colombiano: Meta, Guaviare, Guainía y Vichada”, Bogotá: Defensoría del Pueblo, 2012. Pág. 40. 14 En esas zonas han sido capturados varios de sus cabecillas, como Jorge Alveiro Payoguaje, alias „Indio Chamuyoi‟.
Adicionalmente, según fuentes consultadas, desde hace varios años el Bloque Meta habría sostenido algún tipo de relación con el
esmeraldero Víctor Carranza, quien ejercía una influencia importante en la zona. Entrevista CITpax en Bogotá con funcionario, 7
de noviembre de 2012. 15 Entre ellos Rubén Caicedo, alias „Flaco Freddy‟, quien con el tiempo fue máximo jefe de la estructura. 16 Entrevista CITpax en Bogotá con funcionario, 7 de noviembre de 2012. 17 “Nos vamos a someter”, en Semana.com, op. Cit. 18 International Crisis Group, “Desmantelar los nuevos grupos armados ilegales en Colombia: Lecciones de un sometimiento”, en
Informe sobre América Latina, nº 41, 2012, Bogotá/Bruselas, p. 14. 19 Información de la Defensoría del Pueblo permite observar que esa estructura hace presencia en los municipios de Villavicencio,
Granada, San Martín, Puerto López, Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Puerto Rico, Fuentedeoro, Acacías, Vista Hermosa, Restrepo,
Barranca de Upía, Cumaral, Cubarral, Cabuyaro, El Calvario, San Juanito, El Dorado, EL Castillo, San Carlos de Guaroa, Castilla La
Nueva y Guamal. Véase Defensoría del Pueblo, “Informe Especial de Riesgo sobre reclutamiento (…)”, op. Cit. 20 Defensoría del Pueblo, “Informe de Riesgo Nº 014-11 A.I”, op. Cit., p. 3. 21 En el pasado, „Cuchillo‟ y „Pirata‟ habrían acordado no traspasar algunos límites territoriales –específicamente en Puerto Gaitán,
Puerto López y Mapiripán -. Con la muerte del primero y el sometimiento del Erpac, se modificó la validez de los acuerdos. Véase
Defensoría del Pueblo, “Informe de Riesgo Nº 006-12 A.I”, op. Cit., pp. 3-8. 22 „Pijarvey‟, fue capturado por las autoridades en 2009 por el delito de concierto para delinquir. Fue dejado en libertad en enero
de 2012. Se presume que antes de su salida de prisión, alias „Careto‟ era el máximo jefe de los Libertadores. 23 “Segundo de alias „Cuchillo‟ salió de la cárcel y heredó banda”, en El Tiempo, <http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-
WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11954669.html>, (17.6.12) 24 “Misión humanitaria salvó a tres „exparas‟ que iban a ser asesinados”, en El Tiempo,
<http://m.eltiempo.com/colombia/llano/misin-humanitaria-salv-a-tres-exparas-que-iban-a-ser-asesinados/11584682>, (17.4.12)
6
Las áreas de fuerte influencia de los Libertadores del Vichada abarcan los municipios de Mapiripán, Puerto Gaitán
(especialmente las zonas que limitan con Vichada), Puerto López, San Martín y Granada. Al igual que el Bloque Meta,
se encuentra en proceso de expansión25.
iii. Las disputas territoriales
Según informes de inteligencia de la Policía, el origen de la división entre el Bloque Meta y los Libertadores del
Vichada surgió por diferencias entre ex jefes de las Autodefensas y del Erpac recluidos en La Picota26, respecto a
cómo retomarían control de los llanos orientales. En la actualidad, los enfrentamientos entre ambas estructuras no
se desarrollan mediante hostigamientos ni confrontaciones directas, sino a través de asesinatos selectivos contra
integrantes del bando opositor27, en localidades limítrofes con Vichada como Puerto Gaitán28 y Puerto López y otras
zonas como Granada y San Martín29.
Ahora bien, y como lo reportan dos informes del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, el
objeto de esos enfrentamientos no se limita al control del narcotráfico30. En efecto, las zonas en disputa que no
cuentan con una presencia estatal fuerte, tienen unas características topográficas especiales, y sufren
transformaciones económicas y del uso del suelo relacionadas con la viabilidad de proyectos agropecuarios y a la
existencia de hidrocarburos31, que constituyen un aliciente para que esas estructuras busquen asegurar el control
territorial sobre las ricas y productivas tierras de esos municipios y las actividades de la población32.
b. FARC
En los municipios del departamento considerados como zonas históricas de retaguardia estratégica de las FARC -
Uribe, Puerto Rico, San Juan de Arama, Vista Hermosa, La Macarena y Lejanías-, donde la fuerza pública concentró
sus actividades en el desmantelamiento de las FARC y la recuperación del monopolio de la fuerza mediante la
implementación del Plan de Consolidación Integral de La Macarena (PCIM)33, la capacidad militar de esa agrupación
guerrillera se ha visto mermada. Sin embargo, varios frentes del Bloque Oriental siguen operando en esa región,
especialmente mediante la promoción de la resiembra de cultivos ilícitos34.
25 Según la Defensoría del Pueblo, se ha identificado la presencia de esta estructura en los siguientes municipios: Villavicencio,
Puerto López, Puerto Gaitán, Mapiripán, Puerto Concordia, Acacías, Restrepo, Barranca de Upía, Cumaral, Cabuyaro, El Calvario
y San Juanito. Véase Defensoría del Pueblo, “Informe Especial de Riesgo sobre reclutamiento (…)”, op. Cit. 26 Se presume que además de „Pirata‟, „Don Mario‟, „Venado‟ (ex jefe militar del Erpac) y el mismo „Carecuchillo‟ –hermano de
alias „Cuchillo‟–, figuran entre los nombres de ex paramilitares recluidos que apoyan a las estructuras post-desmovilización.
Véanse: S. Brodzinsky, “After Failed Demobilization, Erpac Factions Join Colombia‟s Larger War”, en In Sight Crime,
<http://www.insightcrime.org/news-analysis/after-failed-demobilization-erpac-factions-join-colombias-larger-war>, (8.6.12);
“Disidencia del Erpac, herencia militar”, en La Patria.com, < http://www.lapatria.com/nacional/disidencia-del-erpac-herencia-militar-
10680>, (21.7.12) 27 Defensoría del Pueblo, “Informe de Riesgo Nº 006-12 A.I”, op. Cit., pp. 8-9. 28 Puerto Gaitán es una de las zonas más afectadas por las disputas entre el Bloque Meta y los Libertadores del Vichada. Allí se
han multiplicado los casos de homicidio. Todo parece indicar que desde mediados de septiembre de 2012 se lleva a cabo una
purga interna del Libertadores del Vichada, debido a una traición de alias „Calamisco‟ y „Calibre‟, antiguos hombres de „Pijarvey‟. El
primero se habría aliado con el Bloque Meta y fue capturado en enero de 2013. “Toman medias en Puerto Gaitán contra
„Pijarvey‟”, en El Tiempo, <http://www.eltiempo.com/colombia/llano/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12299061.html>,
(11.10.12). ”En plena bacanal capturan a alias „Calamisco‟, en Semana.com, <http://www.semana.com/nacion/articulo/en-plena-
bacanal-capturan-alias-calamisco/329558>, (14.1.13) 29 Véanse Defensoría del Pueblo, Informes de Riesgo Nº 0014-11 A.I y 006-12 A.I, op. Cit.; “Disidencia del Erpac, herencia
militar”, en La Patria.com, op. Cit. 30 A pesar de los reiterativos operativos de la Fuerza Pública orientados hacia el desmantelamiento del narcotráfico en sus
distintas etapas en el departamento del Meta, este negocio sigue siendo un incentivo económico muy fuerte para las estructuras
post-desmovilización y las FARC en el departamento. También se desempeñan como contratistas de seguridad y/o propietarios o
protectores de los laboratorios de cocaína. Véase: Crisis Group, “Desmantelar los nuevos grupos armados ilegales en Colombia:
Lecciones de un sometimiento”, op. Cit., p. 8. 31 Defensoría del Pueblo, “Informe de Riesgo Nº 006-12 A.I”, op. Cit., p. 9. 32 Ibíd., p. 2. 33 El PCIM fue concebido bajo la administración de Álvaro Uribe como una “estrategia de recuperación social e institucional del
territorio […] para garantizar la presencia integral y permanente del Estado en el territorio, [y] establecer las condiciones que hagan posible
el desarrollo económico, social e institucional de esta región”. “Plan de Consolidación Integral en La Macarena”, 2008. 34 Defensoría del Pueblo, “Informe Especial de Riesgo sobre reclutamiento (…)”, op. Cit., p.17.
7
En otros municipios del Ariari y Piedemonte, donde la Fuerza Pública y el Erpac lograron replegar a las FARC –o
cuando menos reducir su número de combatientes–, la guerrilla ha intentado retomar su influencia35 y luego del
sometimiento a la justicia del Erpac, algunos de esos intentos han sido efectivos36 (como en Puerto Gaitán37,
Granada38 y Mapiripán39).
2. Proyectos de producción y exploración de hidrocarburos en el Meta
Entre las muchas actividades económicas que pasan por un momento favorable en el Meta, el sector de
hidrocarburos es quizás el de mayor dinamismo. Durante el año 2011, la Agencia Nacional de Hidrocarburos
reportó que el departamento recibió por concepto de regalías una suma de 1.020.382.055.788 de pesos40. Aunque,
gracias a la reforma del sistema general de regalías éstas se han reducido, el Meta sigue siendo uno de los mayores
receptores de esos recursos en el país. En 2011, su participación en el PIB nacional fue del 4,34%, constituyendo una
de las cinco regiones donde se concentró más de la mitad de la producción económica del país. Justamente, el mayor
porcentaje del PIB del departamento del Meta en 2011 lo constituyó el sector de explotación de minas y canteras
con una participación del 59,1%41.
Este panorama también se ha reflejado en el aumento de empresas que han decidido invertir en el sector petrolero
del Meta. A finales de agosto de 2012, frente a las seis empresas que realizaban actividades de explotación petrolera,
se encontraban 17 adicionales en etapa de exploración.
Este panorama ha repercutido en un incremento significativo de los precios de la tierra en la región de los llanos
orientales. Un reportaje de Alfredo Molano da cuenta, por ejemplo, del incremento del valor de la tierra en la
primera etapa de bonanza petrolera, derivado de la creación de nuevas vías y las crecientes expectativas de hallazgo
de petróleo42. Así, tierras que costaban $50.000 la hectárea, pasaron a costar $500.000. Luego de “restablecido el
orden”43 por parte de los paramilitares (desde los años noventa hasta inicios de los años dos mil), casi de forma
automática se dio un impulso a las compras a gran escala; la conjunción de esas dinámicas económicas explican que
los precios de la tierra en la actualidad hayan alcanzado en algunas partes del Meta cifras que rondan los $10 millones
de pesos la hectárea44.
a. Proyectos en fase de producción
Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), las siete empresas que se encontraban realizando actividades de
explotación petrolera en el Meta en municipios como Puerto Gaitán, Puerto López, San Martín, Castilla la Nueva,
Barranca de Upía, Cabuyaro, Acacías, La Macarena y Villavicencio45 eran: Ecopetrol, Meta Petroleum Corp.
(subsidiaria de la canadiense Pacific Rubiales Energy), New Granada Energy Corporation (perteneciente al grupo
Sinopec de China), Hocol S.A. (perteneciente al grupo Ecopetrol), Cepsa Colombia S.A (Cepcolsa) (empresa de
origen español), Emerald Energy PLC Sucursal Colombia (de origen chino) y Petrominerales (empresa canadiense).
(Ver Tabla Anexa Nº 1 y Mapa Anexo Nº 2)
Reportes económicos estiman que la producción de hidrocarburos en el Meta durante 2012 cerró en diciembre con
un promedio diario de 469.160 barriles, esto es, un incremento del 9,4% respecto al mismo período del año
35 Esto sucede en municipios como Mapiripán, Granada, Cubarral, Fuente de Oro, Puerto Gaitán, entre otros, donde el Bloque
Oriental de las FARC venía haciendo presencia mediante actividades de inteligencia, logística, extorsiones, homicidios y
amenazando a la población civil. Véase: Defensoría del Pueblo, “Informe de Riesgo Nº 014-11 A.I”, op. Cit., p. 4. 36 Entrevista CITpax en Villavicencio con funcionario, 12 de abril de 2012. Véanse también: Defensoría del Pueblo, Informes de
Riesgo Nº 0014-11 A.I y 006-12 A.I, op. Cit. 37 Con participación de los frentes 36, 16 y 44. 38 Defensoría del Pueblo, Informe de Riesgo Nº 0014-11 A.I, op. Cit. 39 Específicamente, con la intervención del Frente 39. 40 Ministerio de Minas y Energía y Agencia Nacional de Hidrocarburos, “Regalías giradas 2011”, en ANH,
<http://www.anh.gov.co/media/HISTORICO%20DE%20REGALIAS%20PAGADAS%202011_Octubre_incluye_desh_1.pdf> 41 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), “Boletín de Prensa”, CUENTAS DEPARTAMENTALES - BASE 2005,
Resultados año 2011, 2011. 42 A. Molano, “La altillanura en crudo”, en El Espectador.com, < http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-393947-
altillanura-crudo>, (23.12.12) 43 Ibíd. 44 Ibíd. 45 Agencia Nacional de Hidrocarburos, “Mapa de Tierras”, en ANH, <http://www.anh.gov.co/es/index.php?id=1>, (29.5.13)
8
anterior46. Esos indicadores demuestran que el Meta es el principal productor de crudo del país, con una
participación del 49% en la producción nacional47.
Las principales contribuciones a la producción petrolera del departamento durante 2012 fueron realizadas desde
Campo Rubiales (con 175.969 barriles diarios), y los campos Castilla (65.935 barriles), Castilla Norte (49.554
barriles), Quifa (46.491 barriles) y Chichimene (37.603 barriles)48.
b. Proyectos en fase de exploración
Más allá de la producción actual, el departamento tiene grandes expectativas y ambiciones para el futuro. A inicios de
2013, casi la totalidad del territorio del departamento había sido concedida para la exploración petrolera49 a un total
de veintiún empresas de Colombia, Canadá, Brasil, China Corea o la India50 (Ver Mapa Anexo Nº 1 y Tabla Anexa N°
2).
II. EL MODUS OPERANDI DE LOS ACTORES ARMADOS ILEGALES FRENTE AL
SECTOR PETROLERO DEL META
El interés de los actores armados ilegales en el sector petrolero del Meta no es noticia nueva. El despojo de ricas y
productivas tierras del Meta por agrupaciones guerrilleras y paramilitares ha atendido a múltiples propósitos; uno de
los más visibles ha sido aprovechar las expectativas económicas en torno a proyectos petroleros y agroindustriales
(Véase Mapa Anexo Nº2). El Bloque Centauros de Miguel Arroyave, y más adelante el Erpac, por ejemplo, buscó
también la captación de recursos de la industria petrolera, especialmente mediante el cobro de extorsiones, el
ofrecimiento de seguridad y la captación ilegal de regalías.
En el marco de los procesos judiciales de Justicia y Paz, „versiones libres‟ de máximos jefes del Bloque Centauros,
como Daniel Rendón Herrera alias „Don Mario‟, y Manuel de Jesús Pirabán alias „Pirata‟, han dado a conocer la
creación de aparatos sofisticados diseñados para el cobro de extorsiones a todo tipo de industrias en el Meta,
Guaviare y Casanare51. Esto incluyó, por supuesto, el cobro de cuotas de seguridad a empresas multinacionales,
entre las cuales figuró presuntamente una de las más reconocidas petroleras de Casanare52, y posiblemente algunas
petroleras del Meta también53.
Actualmente, y como sucede en varias localidades del país, si bien las estructuras post-desmovilización han
prolongado parcialmente en el Meta el modus operandi heredado de las Autodefensas y el ERPAC, y las FARC
continúan desarrollando sus prácticas de siempre en torno a amenazas y extorsiones, esas prácticas se han vuelto
más sofisticadas y discretas54.
46 Banco de la República, “Boletín económico regional. Tercer Trimestre de 2012. Suroriente. Meta, Casanare, Amazonas,
Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada”, Bogotá, diciembre de 2012. Pág. 6. 47 Ibíd. 48 Ibíd. 49 San Juanito y el Calvario no figuran en los registros de la Agencia. 50 Tecpetrol Colombia SAS (empresa de origen argentino); Petronova (empresa canadiense); Montecz S.A (empresa colombiana);
SK Innovation (empresa surcoreana); Petrobras Colombia Limited (empresa de origen brasilero); Hupecol Operating Co LLC
(empresa de origen estadounidense); ONGC Videsh LTD Sucursal colombiana (empresa de origen indio); Winchester Oil and
Gas (empresa colombiana adquirida por la norteamericana GeoPark); Pluspetrol Colombia Corporation (empresa canadiense);
Maurel and Prom Colombia B.V (empresa de origen francés); Columbus Energy (empresa de origen canadiense); Grupo C&C
Energía Barbados Sucursal Colombia (de origen barbadense, filial de Pacific Rubiales Energy); Canacol Energy (empresa
canadiense); Consorcio Andes Energía Argentina S.A – Integra Oil & Gas S.A.S (empresa argentina); Emerald Energy PLC Sucursal
Colombia (empresa de origen chino, hace parte de la corporación Sinochem); BC Exploración y Producción (empresa española);
Meta Petroleum Corp. (subsidiaria de la canadiense Pacific Rubiales Energy); Ecopetrol S.A; Hocol S.A (empresa colombiana, filial
de Ecopetrol); Petrominerales Colombia LTD Sucursal Colombia (empresa de origen canadiense); New Granada Energy
Corporation (empresa de origen chino). 51 “La Dian del Bloque Centauros”, en Verdad Abierta, < http://www.verdadabierta.com/component/content/article/156-captura-
de-rentas-publicas/2237-la-qdianq-del-bloque-centauros>, (24.2.10) 52 Ibíd. 53 Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), “Actores Armados Ilegales y Sector Extractivo en Colombia”, op. Cit. 54 Ibíd.
9
Sobre la base del control territorial y social ejercido desde años atrás por quienes hoy integran dichas agrupaciones,
éstas han podido retomar sus prácticas pasadas frente a los sectores económicos del departamento y aprovechar
todo tipo de espacios abiertos en organizaciones comunales, administraciones locales o firmas contratistas, para
lucrarse de modo más o menos silencioso, del gran caudal económico que mueve la industria petrolera del
departamento.
En el Meta se ha identificado una participación indirecta y parcialmente discreta de los actores armados ilegales en el
sector petrolero. Contrario a la participación directa que algunos actores armados ilegales ejercieron sobre otros
sectores, como la minería de los llanos orientales55, el modus operandi de las FARC y las estructuras armadas post-
desmovilización frente a las grandes industrias, está relacionado en la actualidad principalmente con la extorsión y
asistencia en servicios de protección, y la facilitación de proyectos económicos a gran escala, mediante amenazas y
desplazamientos.
1. Extorsión y protección frente a amenazas contra la seguridad
Los municipios del Meta que cuentan con grandes inversiones económicas en el sector petrolero han sido muy
atractivos para agrupaciones guerrilleras y estructuras post-desmovilización. Mediante el cobro de extorsiones y/o
cuotas de seguridad, las FARC y las estructuras herederas del Erpac en el Meta, han logrado aprovechar las nuevas
dinámicas económicas de la región y percibir jugosas exacciones económicas56.
De una parte, después de verse obligadas a replegarse de municipios como Puerto Gaitán y Mapiripán, debido a la
presión de la Fuerza Pública y la muerte del de alias el „Mono Jojoy‟, las FARC habrían procurado retomar cierta
influencia57, incluso retornando a zonas petroleras estratégicas, donde estarían cobrando cuotas extorsivas
retroactivas, en función de los años en que estuvieron ausentes58.
Por su parte, los Libertadores del Vichada y el Bloque Meta, estarían replicando el modus operandi de las
Autodefensas y del Erpac frente al sector petrolero, en materia de extorsiones, captación ilegal de regalías,
facilitación del trabajo de las empresas, etc.59.
En aras de aprovechar las recientes dinámicas económicas de la región, esas estructuras seguirían extorsionando y
ofreciendo seguridad a empresas petroleras y agroindustriales60. No en vano, el gobierno departamental ha
reportado para 2012 un aumento de los casos de extorsión en todos los niveles comerciales del departamento61, a
tal punto que el Meta figuraba como el segundo departamento con mayor número de denuncias por extorsión62. El
foco de extorsiones se observa especialmente en las cabeceras de los municipios donde se desarrollan varios
proyectos petroleros –especialmente en San Martín y Granada–63.
Esto no parece ser fortuito. Los actores armados ilegales, al tiempo que buscan ampliar sus economías ilícitas y
posicionarse en todo el departamento, direccionan sus esfuerzos hacia zonas donde, gracias al ejercicio de un
55 Alias „Cuchillo‟ participó temporalmente como socio de la empresa Exploración y Explotación Minera del Llano Ltda., la cual
contaba con títulos de explotación de granito y otros minerales en San José del Guaviare. La creación de la compañía se remonta
a 2005 y en ella intervino además un ex gobernador del Guaviare quien fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por el
delito de concierto para delinquir. Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), “Actores Armados Ilegales y Sector
Extractivo en Colombia”, op. Cit., p. 12. 56 Defensoría del Pueblo, “Informe de Riesgo Nº 006-12 A.I”, op. Cit., pp. 2 y 9. 57 International Crisis Group, “Desmantelar los nuevos grupos armados ilegales en Colombia…”, op. Cit., p. 15. 58 Ibíd. 59 Un ex integrante del Erpac manifestó que su “función en la zona era asegurar el desarrollo”, refiriéndose a la supuesta relación
que dicha estructura habría sostenido con varios sectores económicos de la región, asegurando la seguridad de los proyectos
empresariales frente a la presencia de otros grupos armados ilegales. Entrevistas CITpax en Villavicencio, 24 de agosto de 2011 y
12 de abril de 2012. Asimismo, es de recordar que las AUC ofrecían servicios de protección a grandes empresarios rurales,
comerciantes, transportadores, narcotraficantes, políticos y también a empresas petroleras, a cambio de tributos “en procura de
la defensa del orden y la seguridad en los campos y poblados”. Véase: J. González, “Los paramilitares y el colapso estatal en Meta y
Casanare”, en M. Romero (editor), Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos, Bogotá: Cerec y
Corporación Nuevo Arco Iris, 2007, p. 279. 60 Entrevista CITpax en Villavicencio con representante de ONG, 3 de diciembre de 2012. 61 “Gobierno departamental admite aumento de la extorsión en el Meta. Es acción de todos los grupos al margen de la ley”, en
Notillano, <http://www.notillano.com/index.php/meta/38-meta/12824-gobierno-departamental-admite-aumento-de-la-extorsion-en-
el-meta-es-accion-de-todos-los-grupos-al-margen-de-la-ley>, (6.12.12) 62 “FARC y Bacrim pretenden revivir ola de extorsiones en el país”, en El Tiempo, <http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-
WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11205541.html>, (23.2.12) 63Defensoría del Pueblo, “Informe de Riesgo Nº 014-11.A.I”, op. Cit., p. 9.
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control territorial y social, puedan facilitar la realización de proyectos económicos64, ofreciendo protección a cambio
de contraprestaciones económicas.
Por esa razón, el cobro de „vacunas‟ va de la mano del ofrecimiento de protección: las cuotas extorsivas, presionadas
o relativamente voluntarias, transmiten un mensaje de garantía de seguridad –frente a acciones violentas de otros
grupos ilegales o de ellos mismos-, en tanto se pague regularmente la cuota correspondiente al grupo armado ilegal.
Varios documentos y fuentes consultadas por CITpax han revelado la supuesta prestación de servicios de seguridad a
empresarios y compañías petroleras que operan en diferentes zonas del Meta65. Mediante el pago de determinadas
cuotas, presuntos integrantes de estructuras post-desmovilización protegen a esas empresas en contra de las
FARC66.
Lo cierto es que varias fuentes consultadas en terreno encuentran el pago de cuotas extorsivas como una práctica
habitual al interior de las empresas67.
Sin embargo, hasta dónde esos aportes a los actores ilegales son presionados o voluntarios es algo difícil de
determinar y conlleva serias dificultades jurídicas68.
Independientemente de la naturaleza de las „vacunas‟, la metodología de los pagos parece ser la misma:
hipotéticamente algunas empresas –tanto petroleras como contratistas- han delegado en varios de sus trabajadores
la “responsabilidad” de pagar a los grupos, en persona, las cuotas correspondientes69.
Desde el punto de vista de los actores armados ilegales, otra de las estrategias para garantizar el pago de las cuotas
aparentemente consiste en cooptar todas las rutas de transporte de los recursos naturales, garantizando así que no
existan mayores amenazas provenientes de otros actores armados ilegales en el desplazamiento del crudo extraído70.
a. Entre la connivencia…
Hoy en día, la percepción de quienes habitan cerca de las zonas de explotación o exploración petrolera es que,
directa o indirectamente, las empresas petroleras voluntariamente siguen pagando por su protección a integrantes de
las actuales estructuras post-desmovilización. La presencia de hombres armados encapuchados ejerciendo vigilancia
cerca de campos petroleros de Puerto Gaitán, Puerto López o San Martín71, suele ser el argumento que “justifica”
tales percepciones.
Contrario a otros departamentos petroleros del país que también se desenvuelven en medio del conflicto armado, el
Meta no registra un alto número de acciones violentas contra el personal o infraestructura petrolera72. A pesar de
ser el mayor productor de crudo del país, las empresas petroleras han logrado desarrollar su trabajo de forma
comparativamente menos traumática. La pregunta es entonces ¿por qué?
En un municipio como San Martín, donde el Bloque Meta ejerce un importante control social y territorial, los
hombres armados al mando de „Pirata‟ presuntamente serían los que, en el terreno, “autorizan” y de hecho,
permiten (o no) la implementación de actividades de exploración de hidrocarburos en esa localidad. Adicionalmente,
se ha reportado que presuntamente habrían ofrecido seguridad a empresas petroleras73. Nuevamente, este tipo de
acciones estarían mediadas por el aparente pago de determinadas cuotas económicas74. Hasta el momento, allí no se
reportan amenazas o atentados contra esas empresas.
64 Ibíd., p. 11. 65 Ibíd., pp. 2-3 y 9. 66 En repetidas ocasiones, varias fuentes en terreno han expresado las denuncias de las comunidades locales de Puerto Gaitán,
según las cuales, una reconocida empresa petrolera, se habría beneficiado de la seguridad brindada en su momento por el Erpac.
Entrevistas CITpax en Bogotá y Villavicencio, 7 de noviembre de 2012 y 24-26 de agosto de 2011. 67 Entrevistas CITpax con funcionario en Bogotá, 7 de noviembre de 2012 y líder de ONG en Villavicencio, 3 de diciembre de
2012. 68 Ver por ejemplo C. González Posso, Petróleo y transformación de conflictos, Bogotá: INDEPAZ, 2012, p. 35. 69 Entrevista CITpax en Villavicencio con líder de ONG, 3 de diciembre de 2012. 70 Entrevista CITpax en Villavicencio con líder de ONG, 3 de diciembre de 2012. 71 Entrevistas CITpax en Villavicencio con integrantes de ONG, funcionarios y periodistas regionales, 24 de agosto de 2011, 12 de
abril y 3 de diciembre de 2012. 72 Algunos de los departamentos más afectados por esta situación el país son Arauca, Casanare, Nariño, Norte de Santander y
Putumayo. 73 Entrevista CITpax en Bogotá con funcionario, 7 de noviembre de 2012. 74 Entrevista CITpax en Bogotá con funcionario, 7 de noviembre de 2012.
11
De forma similar, existen rumores en Puerto Gaitán sobre supuestos paramilitares, procedentes de la región del
Urabá, que habrían llegado para custodiar la seguridad de las vías que desde el casco urbano conducen hacia un
importante campo petrolero del municipio, luego de la tensión social que acompañó las manifestaciones y paros
realizados entre agosto y septiembre de 201175.
La aparente generalidad de estas prácticas da lugar a un escenario donde mientras los actores armados ilegales sigan
presentes en el Meta, las empresas que lleguen al departamento “tienen que aprender a convivir con vecinos
incómodos como las FARC y las Bacrim”76.
b. …Y la amenaza
Sin embargo, no se puede desconocer que tras un importante número de pagos extorsivos, subyace el chantaje del
uso de la violencia. En zonas con presencia e influencia de las FARC, se encuentran algunos casos de empresas
petroleras amenazadas y presionadas por ese grupo para que cedan ante sus pretensiones extorsivas77. El pago de las
denominadas “vacunas” evita entonces posibles atentados contra su infraestructura y/o personal por parte de la
guerrilla. De allí que a juicio de algunos observadores, es apenas natural considerar que toda negativa de pago de las
empresas en el Meta, es “castigada” por las FARC mediante atentados contra la infraestructura petrolera, así como la
perpetración de secuestros a empleados y contratistas78.
Las hostilidades contra las empresas son entonces la estrategia que complementa, o mejor, “castiga” el no pago de
las cuotas extorsivas a las FARC. Pero también, internamente es consecuente con un supuesto contenido
“ideológico” de la guerrilla, en tanto se trataría de acciones de lucha contra la llegada de empresas transnacionales y
la vulneración de la soberanía nacional, representados en la operación de los grandes proyectos petroleros de la
región.
Aunque los ataques contra el sector petrolero no han sido recurrentes en el Meta, existen algunas ilustraciones.
Medios especializados en temas económicos reportaron, por ejemplo, que debido a supuestas amenazas de los
frentes 27 y 53 de las FARC contra la empresa Petrominerales en Vista Hermosa, se habrían afectado sus metas de
producción, y suspendido temporalmente las labores de exploración en julio de 201279. Sin embargo, personas
cercanas al conflicto petrolero del municipio aseguraron que la suspensión temporal del trabajo de la empresa
obedeció a las constantes movilizaciones y acciones de las comunidades de Piñalito, para expresar su desacuerdo
sobre el trabajo de la compañía canadiense en sus territorios, y no tanto a la dinámica del conflicto armado de Vista
Hermosa. Precisamente, ese contexto de conflicto habría sido argumento para que la movilización social, no en
pocas ocasiones, fuera estigmatizada y calificada como “subversiva”.
Por su parte, Pluspetrol fue objeto de la quema de un helicóptero y algunos de sus campamentos por parte del
Frente 39 de las FARC80 en el municipio de Mapiripán. Como consecuencia de esos hostigamientos, la empresa tuvo
que suspender provisionalmente su trabajo en ese municipio del sur del Meta81.
Esto no excluye la posibilidad de que las estructuras post-desmovilización, en medio de sus disputas, también puedan
participar de extorsiones coaccionadas a las empresas petroleras, como estrategia de control territorial en sus zonas
de interés estratégico. Sin embargo, fuentes primarias y secundarias suelen coincidir, en que este tipo de práctica
extorsiva, mediada por la violencia, sigue siendo principalmente un modus operandi de las FARC en el departamento
del Meta82.
75 Entrevista CITpax en Villavicencio con líder sindical, 4 de diciembre de 2012. 76 “Predios del llano en manos de grupos económicos y al margen de la ley”, en El Tiempo,
<http://www.eltiempo.com/colombia/llano/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-8913502.html>, (24.2.12) 77 “Petróleo: ¿locomotora para la guerrilla?, en Arco Iris, <http://www.arcoiris.com.co/2012/03/petroleo-locomotora-para-la-
guerrilla/>, (23.3.12). 78 Entrevista CITpax en Bogotá con funcionario, 7 de noviembre de 2012. Véase también Ibíd. 79 “Petrominerales confirma suspensión temporal de exploración”, en Dataifx.com,
<http://www.dataifx.com/noticias/petrominerales-confirma-suspensi-n-temporal-de-exploraci-n>, (13.7.12) 80 “FARC incendian helicóptero de Pluspetrol en los Llanos Orientales”, en El Espectador,
<http://www.elespectador.com/articulo194636-farc-incendian-helicoptero-de-pluspetrol-los-llanos-orientales> (23.3.10) 81 “¡Boom! La guerra por el petróleo”, en Dinero.com, <http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/boom-la-guerra-
petroleo/156300> (2.8.12) 82 Véanse por ejemplo: Defensoría del Pueblo: “Informe de Riesgo Nº 006-12 A.I”, op. Cit; Defensoría del Pueblo, “Informe de
Riesgo Nº 014-11 A.I”, op. Cit.; International Crisis Group, “Desmantelar los nuevos grupos armados ilegales en Colombia:
Lecciones de un sometimiento”, op. Cit.; “Petróleo: ¿locomotora para la guerrilla?, op. Cit.
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2. “Favorecedores” del trabajo de las empresas
El atractivo del sector petrolero para los actores armados ilegales no reside solamente en las posibilidades de
lucrarse mediante el secuestro y la extorsión. En zonas donde cuentan con un arraigado control territorial y social,
como Puerto Gaitán, Puerto López, San Martín o Granada, dichos actores pueden beneficiarse económicamente de
las rentas extractivas, al “facilitar” la llegada y operación de este tipo de industrias en el departamento. Sin necesidad
de así haberlo concertado con empresas, los actores armados ilegales pueden participar en amenazas,
desplazamientos e incluso homicidios en zonas potencialmente petroleras, despejando el camino para que las
compañías interesadas en extraer petróleo en la región, puedan asentarse y llevar a cabo sus actividades extractivas
sin mayores tropiezos.
Este modus operandi no es novedoso. Varios de los más importantes ex jefes paramilitares, en el pasado reciente se
apropiaron de un importante número de hectáreas de Mapiripán y San Martín83, de las cuales varias fueron destinadas
a grandes proyectos económicos84. Algo similar sucedió en la finca Carimagua (Puerto Gaitán) donde „Cuchillo‟
despojó 15 mil hectáreas de tierra, en la cual se ha descubierto un gran potencial petrolero y agroindustrial85. Según
investigaciones de la Superintendencia de Notariado y Registro, tras la muerte de ‟Cuchillo‟, „Caracho y „Vaca Fiada‟
habrían prolongado el modus operandi del extinto paramilitar.
Algo similar también sucedería en las zonas de presencia de los Libertadores del Vichada y del Bloque Meta.
a. Desplazamiento
En varios municipios del Meta, la posible relación entre desplazamiento forzado y la facilitación de proyectos
petroleros no es tan evidente y puede ser cuando menos compleja. En municipios como Puerto Gaitán y Puerto
López, las disputas por el control territorial entre los Libertadores del Vichada y el Bloque Meta tienen lugar en
zonas con altas expectativas para la producción petrolera y agroindustrial. Esto permite suponer que una de las
metas de dichos actores es establecer cierto control previo en esas áreas para, posteriormente, presionar o negociar
con las empresas que allí se instalen.
Si ese control implica propiciar el desplazamiento de las comunidades que puedan estar allí asentadas, los actores
armados ilegales al parecer así lo harían bajo el pretexto que les sea más conveniente. Máxime, si sus disputas
involucran predios que actualmente no disponen de títulos de propiedad en regla o se encuentran en proceso de
titulación individual en zonas que fueron tituladas colectivamente a poblaciones vulnerables.
No es fortuito que el creciente interés de las empresas petroleras por las tierras de Puerto López y San Martin
comience a ser visto como una de las causales de amenazas y desplazamientos de comunidades reubicadas en
predios con títulos en común y pro indiviso en varios municipios.
En Puerto López, por ejemplo, cerca de 300 familias –la mayoría desplazadas o campesinos sin tierra– fueron
reubicadas en predios en extinción de dominio, pertenecientes a las fincas „Las Delicias‟, „Las Leonas‟, „El Rodeo‟ y
„Caballeros‟86. Según se ha ido conociendo, la factibilidad de proyectos agro-industriales o petroleros a gran escala ha
ido aumentando la presencia de actores armados ilegales en esos territorios87. En paralelo, la incursión de dichos
grupos se ha reflejado en desplazamientos y otras graves vulneraciones a los derechos humanos de quienes fueron
reubicados en los predios.
83 “Asegurado registrador que le titulaba tierras a „Cuchillo‟ en el Meta”, en El Tiempo,
<http://www.eltiempo.com/colombia/llano/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-9440924.html>, (24.5.11) 84 Esto no habría sido posible sin la anuencia y asistencia de las autoridades estatales encargadas del registro de predios a nivel
local. „Cuchillo‟, a través de su red de testaferros, compró predios a bajo precio bajo presión armada. Según una investigación
conjunta de la Fiscalía y la Superintendencia de Notariado y Registro, se logró determinar que dichos predios fueron
posteriormente legalizados con la complicidad de funcionarios de notarías y oficinas de registro ubicadas en el municipio de San
Martín, donde el Erpac contaba con un importante grado de control territorial y social. Como consecuencia, resultó asegurado un
registrador de instrumentos públicos de ese municipio en mayo de 2011. 85 Las pesquisas del Gobierno sobre la apropiación ilícita de los predios, derivaron de la recuperación de 70.500 hectáreas de
tierra en la Finca Carimagua. Como parte de ese proceso, el Gobierno protocolizó y dejó en firme la revocatoria de las
resoluciones que adjudicaron estas tierras a testaferros de ex jefes paramilitares, entre ellos „Cuchillo‟. Ese territorio será
destinado a la implementación del proceso de restitución de tierras. Ministerio de Agricultura, “El Gobierno recuperó 70 mil
hectáreas para víctimas del desplazamiento y despojo y lanzó proyecto para la producción masiva de alimentos en la Orinoquía”,
en Boletín de prensa, Nº 57, Bogotá, 2011. 86 Las familias se encuentran preocupadas ante la posibilidad de perder estas tierras, debido al eventual vencimiento de términos
para la regularización de los predios por parte del Incoder. 87 Entrevista CITpax en Villavicencio con líder de ONG, 3 de diciembre de 2012.
13
Tal y como dio a conocer la Defensoría del Pueblo, varias familias beneficiarias del proceso de reubicación del
Incoder han sido desplazadas, amenazadas o asesinadas por los Libertadores del Vichada88. Otras fuentes en terreno
incluso han escuchado rumores sobre la presunta incursión de un llamado “Ejército Anti-restitución” en algunos de
estos predios, sin que hasta el momento se sepa con certeza de quiénes se trata89.
El hecho más alarmante se registró en septiembre de 2012, cuando fueron asesinados dos miembros de una misma
familia, beneficiarios del proceso de reubicación del Incoder en el predio „Las Delicias‟90, lo cual llevó al
desplazamiento de dos familias en ese período91. De forma similar, en mayo de 2011 un grupo de 31 familias
desplazadas, beneficiarias de un proceso de reubicación de Acción Social92, fueron víctimas de amenazas por parte de
presuntos integrantes de estructuras post-desmovilización, quienes las acusaron de sostener nexos con las FARC.
Los hechos condujeron al desplazamiento de la mayor parte de las familias93.
Organismos como la Defensoría del Pueblo han reportado que esas vulneraciones se desarrollan de forma
simultánea a la llegada, presión y solicitudes de compra de dichas parcelas por parte de personas y empresas
interesadas en la implementación de proyectos energéticos y agro-industriales94.
Los problemas administrativos que acompañan la titulación individual de los predios de Puerto López potencian dicha
situación. Para las familias reubicadas, la poca celeridad del Incoder en la titulación individual puede terminar
favoreciendo los intereses económicos de importantes empresas petroleras en la región95.
En suma, las actividades de los actores armados ilegales, las empresas, y algunas instituciones estatales, a simple vista
parecen favorecer en su conjunto el “despeje” de los predios para favorecer el desarrollo de proyectos económicos
a gran escala, sin necesariamente así haberlo concertado entre sí: Los primeros, mediante las acciones violentas
contra líderes; las segundas, presionando la venta de tierras; y las instituciones, con la poca eficiencia en la resolución
de las solicitudes de titulación individual.
En San Martín algo similar parece suceder. En 2007, el Incoder otorgó varias hectáreas de tierra en común y
proindiviso a desplazados (72 familias), campesinos sin tierra (86 familias) y desmovilizados (209 familias) de la región,
en un predio conocido como „Gualas‟96. Según ha alertado la Defensoría del Pueblo, se han registrado homicidios y
otras manifestaciones de violencia contra las familias beneficiarias; situación que se recrudece a medida que las
personas desplazadas denuncian y/o solicitan la individualización de sus predios97.
Aun los desmovilizados que comparten tierras con los campesinos y desplazados98, han sido víctimas de amenazas y
homicidios. En noviembre de 2010, fue asesinado Carlos Flórez Lizarazo, desmovilizado de las AUC y líder de
beneficiarios del proceso de reubicación. Paralelamente, varios líderes desplazados han sido amenazados de muerte y
otros presuntamente asesinados por desmovilizados e integrantes de estructuras post-desmovilización99.
88 “Defensor del Pueblo alerta sobre riesgo de desplazamiento forzado en Puerto Rico y Puerto Gaitán (Meta)”, en Defensoría del
Pueblo, <http://www.defensoria.org.co/red/index.php?_item=0301&_secc=03&ts=2&n=1562>, (26.10.12) 89 Entrevista CITpax en Villavicencio con líder de ONG, 3 de diciembre de 2012. 90 El 12 de septiembre de 2012, Reinaldo Rodríguez Nieto y su esposa María Graciela Parra fueron asesinados por sicarios.
Debido a que habían sido desplazados por la violencia, habían sido beneficiarios del programa de adjudicación de tierras por parte
del Incoder. “Asesinan a dos desplazados en Meta”, en Semana.com, < http://www.semana.com/nacion/articulo/asesinan-dos-
desplazados-meta/264739-3>, (14.9.12) 91 “Defensor del Pueblo alerta sobre riesgo de desplazamiento forzado en Puerto Rico y Puerto Gaitán (Meta)”, en Defensoría del
Pueblo, op Cit. 92 Actualmente esas acciones son desarrolladas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas. 93 Defensoría del Pueblo, “Informe de Riesgo Nº 006-12 A.I”, op. Cit., p. 8. 94 “Defensor del Pueblo alerta sobre riesgo de desplazamiento forzado en Puerto Rico y Puerto Gaitán (Meta)”, en Defensoría del
Pueblo, op Cit. Véase también, Defensoría del Pueblo, “Informe Especial de Riesgo sobre reclutamiento y utilización ilícita de
Niños, Niñas, Adolescentes (…) op. Cit., p. 40. Según las comunidades es preocupante la cercanía de sus tierras a grandes
proyectos económicos de empresas como La Fazenda o Bioenergy. Véase: “Restitución frustrante entre López y Gaitán”, en
Verdad Abierta, < http://www.verdadabierta.com/el-despojo/restitucion-frustrante-entre-lopez-y-gaitan>. 95 Uno de los beneficiarios del proceso de reubicación del Incoder en el predio Las Leonas manifestó haber sido abordado por
una persona desconocida mientras se disponía a pagar el impuesto predial. Esta persona le “sugirió” detener su pelea con el
Incoder y vender pronto su predio al “patrón”, pues a él “sí le titulaban rápido”. Entrevista CITpax en Villavicencio con líder de
ONG, 3 de diciembre de 2012. 96 Mediante la Resolución 1934 del 17 de diciembre de 2007. 97 Defensoría del Pueblo, “Informe de Riesgo Nº 014-11 A.I”, Bogotá: Defensoría del Pueblo, 2012, p. 5. 98 Según la Defensoría, varios desplazados han denunciado presuntas amenazas por parte de desmovilizados beneficiados por el
proceso de reubicación. Ibíd., p. 13. 99 Ibíd.
14
b. Amenazas y homicidios
La zona del departamento donde los actores armados ilegales parecen perpetrar el mayor número de amenazas y
otras acciones violentas contra quienes cuestionan el trabajo de reconocidas empresas petroleras del Meta, es
Puerto Gaitán.
Varios líderes ambientalistas, que han puesto en tela de juicio el trabajo de dichas empresas en el Municipio, fueron
por ejemplo amenazados por actores armados ilegales100. Ciertas denuncias incluso relacionan asesinatos selectivos
perpetrados en Puerto Gaitán con la realización de denuncias contra una importante empresa petrolera101.
Actualmente, ese municipio se desenvuelve en medio de un clima de zozobra generado por los Libertadores del
Vichada. Si bien de momento no existen denuncias sobre la presunta participación de dicha estructura en amenazas o
asesinatos contra líderes sociales o sindicalistas que se oponen al trabajo de las petroleras, no puede desconocerse
que en ese municipio siguen reproduciendo los mecanismos de vigilancia y control social en el casco urbano y zonas
rurales.
Es más, no se descarta que la administración del miedo en Puerto Gaitán pueda tener como uno de sus objetivos
afectar también los procesos de movilización laboral102. Justamente, a mediados de diciembre de 2012, se reportó el
asesinato, a manos de sicarios, de un sindicalista de la USO que era a su vez dirigente comunal y trabajador de la
empresa Termotécnica –compañía contratista que adelanta labores de construcción para Cepcolsa103– cerca de su
lugar de trabajo104.
c. Intermediación en conflictos entre grupos étnicos y las empresas petroleras
Con ocasión de los desencuentros y múltiples conflictos entre empresas petroleras y grupos indígenas para la
implementación de actividades de exploración en sus territorios, algunos actores armados ilegales habrían
contactado a líderes indígenas para convencerlos de facilitar el trabajo de las petroleras en sus territorios.
Según reportó una fuente local, en el sur del Meta, una estructura post-desmovilización (posiblemente los
Libertadores del Vichada) les habrían manifestado a representantes de un resguardo indígena que facilitarían su
vinculación laboral en una empresa petrolera de la zona a cambio de permitir que dicha compañía trabajara en sus
territorios y les cedieran una parte de sus sueldos105. Aparentemente esas propuestas no se concretaron, entre
otros factores, debido a la intervención de varias organizaciones de la sociedad civil y del Estado.
3. Modalidades más sofisticadas y/o indirectas de captación de recursos
Más allá de las amenazas y presiones, los actores armados ilegales del Meta, han ofrecido otro tipo de “servicios” a
las empresas petroleras, durante los últimos años. Aunque esos servicios no son del todo legales, tampoco son del
todo ilegales. Dichos actores han logrado así obtener recursos adicionales para su financiación y presionar de
distinto modo a las empresas106.
a. Provisión de seguridad al interior de la nómina de las empresas
Desde hace varios años, las comunidades que habitan localidades petroleras del Meta han manifestado que los
actores armados ilegales han estado vinculados con la seguridad de empresas petroleras de Puerto Gaitán, no sólo
como hombres encapuchados salvaguardando los intereses de terceros, sino también como presuntos integrantes de
100Entrevista CITpax en Bogotá con funcionario, 7 de noviembre de 2012. 101 Entrevistas CITpax en Bogotá y Villavicencio con funcionario y sindicalista, 7 de noviembre y 3 de diciembre de 2012. 102 Entrevista CITpax en Villavicencio con sindicalista, 3 de diciembre de 2012. 103 Específicamente en las áreas Cara-Cara y Jaguar en Puerto Gaitán. 104 “Repudio general por crimen de sindicalista en Gaitán. Min. Trabajo se pronuncia y pide claridad, en Notillano,
<http://www.notillano.com/index.php/meta/38-meta/13115-repudio-general-por-crimen-de-sindicalista-en-gaitan-mintrabajo-se-
pronuncia-y-pide-claridad>, (12.12.12) 105 Entrevista CITpax en Villavicencio con líder de ONG, 3 de diciembre de 2012. 106 Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), “Actores Armados Ilegales y Sector Extractivo en Colombia”, op. Cit., p.
29.
15
los cuerpos de seguridad de las empresas, como contratistas o empleados de planta107.
Así, se ha reportado la vinculación de desmovilizados en empresas contratistas que brindan seguridad a las empresas
petroleras, aun cuando existen serias sospechas de que éstos no han abandonado del todo su prontuario delictivo.
Esta situación podría haber tenido lugar en Puerto Gaitán y Vista Hermosa, según lo reportaron fuentes cercanas a
las comunidades que habitan en zonas cercanas a los campos petroleros108.
En Vista Hermosa, por ejemplo, luego de que varios líderes comunales denunciaran la persecución de un
desmovilizado que supuestamente seguía delinquiendo, y a quien vieron con el uniforme de una empresa petrolera
de la zona, la contratación de ex integrantes de grupos armados ilegales en esa compañía habría cesado.
En esa misma línea, según lo enfatizaron varias fuentes en región, actualmente las empresas petroleras de Meta son
especialmente cuidadosas en no vincular a ex integrantes de grupos armados ilegales en sus nóminas de vigilancia109.
El panorama se hace más complejo cuando desmovilizados, con un pie en la legalidad y otro en la ilegalidad, son
vinculados en firmas contratistas que prestan servicios de vigilancia y seguridad a las empresas. Las cadenas de
contratación y subcontratación dificultan que las compañías petroleras ejerzan una vigilancia estricta en las nóminas
de esas firmas contratistas.
b. Administración de la oferta laboral: Trabajadores y votos cautivos
Como bien se documentó en anteriores informes del Observatorio, las Juntas de Acción Comunal de varios
municipios petroleros del Meta, constituían instancias intermediarias para la vinculación laboral de las comunidades
locales en las empresas. No obstante, varias de ellas fueron infiltradas y controladas por los actores armados
ilegales110.
Si bien hasta finales de 2011 el Erpac ejerció cierto control sobre las Juntas y sus decisiones, varias fuentes en
terreno consideran que ese modus operandi fue parcialmente reproducido por los Libertadores del Vichada y el
Bloque Meta. Es decir, las estructuras post-desmovilización continuarían vigilando a las comunidades en sus zonas de
injerencia111 e interferirían en la vinculación laboral de las empresas petroleras, gracias a que han logrado cooptar y
manipular ese tipo de espacios sociales y comunitarios.
Esto ha sido posible, en parte, gracias a que muchos de quienes no se sometieron a la justicia, reprodujeron y
prolongaron el control que el Erpac ejerció durante varios años sobre la oferta y demanda de empleo de las
petroleras en municipios como Puerto Gaitán, Puerto López, Puerto Lleras, Mapiripán, Granada y San Martín112.
Como recientemente alertó la Defensoría del Pueblo, esta práctica ha perjudicado los procesos organizativos y ha
vulnerado seriamente la autonomía de dichas instancias comunitarias, a tal punto que muchas de las decisiones que a
su interior se han tomado –entre ellas la vinculación de mano de obra a las empresas petroleras–, deben pasar por el
filtro de los grupos armados ilegales113.
Al anclar mano de obra en las empresas, las estructuras post-desmovilización apuntan a varios objetivos
simultáneamente.
En primer lugar, buscan ejercer labores de inteligencia –especialmente frente a asociaciones sindicales- y contener
todo “posible” ingreso de la guerrilla114 a los campos petroleros115. Como lo mostraron algunas cifras de la
107 Entrevista CITpax en Villavicencio con periodista local, 12 de abril de 2012. 108 Entrevistas CITpax en Villavicencio con funcionario y representante de ONG, 12 de abril y 3 de diciembre de 2012. 109 Según refirieron algunos entrevistados, inmediatamente se realizó el proceso de desmovilización de las ACMV en la zona,
implícitamente se promovió la vinculación laboral de ex combatientes a cuerpos de seguridad de empresas. Sin embargo, debido a
diversos cuestionamientos, esto debió ser suspendido del todo. Entrevistas CITpax en Villavicencio con periodista local y
representantes de ONG, 12 de abril de 2012. 110 Algo similar sucede en las organizaciones sociales del municipio, pero no en relación con los grupos armados ilegales sino con
las empresas petroleras. Según fuentes locales, la mayoría de las ONG de Puerto Gaitán reciben algún tipo de patrocinio
económico de las petroleras del municipio para visibilizar el trabajo social realizado por ellas. Entrevista CITpax en Villavicencio
con representante de ONG, 3 de diciembre de 2012. 111 Defensoría del Pueblo, “Informe de Riesgo Nº 006-12 A.I”, op. Cit., p. 14. 112 Ibíd., p. 7. 113 Ibíd., pp. 14-15. 114 Posiciones más radicales han mencionado incluso el supuesto direccionamiento de actores armados ilegales a manifestaciones
de trabajadores contra empresas petroleras del Piedemonte en 2011. Entrevista CITpax en Villavicencio con representante de
ONG, 3 de diciembre de 2012.
16
Asociación Colombiana del Petróleo, retomadas por El Tiempo, sólo en el primer trimestre de 2012 se ejecutaron en
el Meta 16 bloqueos a la industria petrolera, posicionándose en los primeros lugares a nivel nacional en lo que
respecta a esa problemática116.
En ese escenario surgen extrañas coincidencias: Por ejemplo, cuando a inicios de octubre de 2012 se desarrollaron
varias protestas de trabajadores contra Termotécnica y Cepcolsa, reclamando un espacio de negociaciones117, se
rumoraba dentro de las asociaciones sindicales una supuesta orden emitida por presuntos integrantes de la fuerza
pública de asesinar a líderes sindicales de la región118. Además, de forma casi simultánea, se registró una escalada de
homicidios en Puerto Gaitán bajo la modalidad de sicariato, cuyas víctimas eran en su mayoría jóvenes que, según las
autoridades, habrían muerto como consecuencia de la mal llamada “limpieza social” en los barrios119.
En segundo lugar, las estructuras armadas ilegales estarían buscando presionar internamente el pago de cuotas de
seguridad y, también interferir en el direccionamiento de los recursos de inversión social de las empresas como
parecen sugerirlo algunos casos en Puerto Lleras, Mapiripán y Puerto Gaitán, donde la infiltración de las Juntas de
Acción Comunal por integrantes del Bloque Meta estaría enfocada hacia ese punto, según denuncias locales120.
Sin embargo, el panorama de interferencia de actores armados en el proceso de contratación de las empresas puede
cambiar a corto plazo debido a que los problemas de corrupción en esos espacios llevaron a la modificación del
modelo de contratación de mano de obra local en las petroleras, donde las Juntas ya no son la única instancia
intermediaria en la vinculación de mano de obra. Sumado a la infiltración de actores armados ilegales, la gobernación
departamental recopiló denuncias que vinculaban a las juntas en cobros irregulares para inscribir o emitir
certificaciones que permitan a las personas acceder a puestos de trabajo en las petroleras121. Estas medidas han
tenido eco en varios municipios del departamento122, donde se ha concebido la participación de otras instituciones y
de las mismas alcaldías en los procesos de selección de mano de obra123 (éstas últimas así habilitadas por la Ley 1551
de 2012).
Ahora bien, toda vez que el control social ejercido por las estructuras post-desmovilización logró interferir en las
rutas de contratación laboral en empresas petroleras del Meta, posicionando mano de obra que facilitara el alcance
de sus objetivos económicos, las condiciones estaban dadas para orientar ese personal hacia las urnas en las
elecciones locales de 2011.
115 Según varias versiones, personas cercanas a las estructuras post-desmovilización formarían parte de la nómina de empresas
como Hocol, Cepcolsa, y Maurel. Entrevista CITpax en Villavicencio con representante de ONG, 3 de diciembre de 2012. 116 O. Ahumada. “Van al menos 80 bloqueos del petróleo”, en El tiempo.com,
<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5422101>, (15.5.12) 117 Véanse: “Sicariato se apodera del Meta. Anoche fueron asesinadas otras dos personas. Van 15 en Gaitán y Villavicencio”, en
Notillano, < http://www.notillano.com/index.php/meta/38-meta/10114-sicariato-se-apodera-del-meta-anoche-fueron-asesinadas-
otras-dos-personas-van-15-en-gaitan-y-villavicencio>, (10.10.12); “Medidas excepcionales en Puerto Gaitán. Suspenden porte de
armas, cierre de establecimientos temprano y aumentan recompensas”, en Notillano,
<http://www.notillano.com/index.php/meta/38-meta/10187-medidas-excepcionales-en-puerto-gaitan-suspenden-porte-de-armas-
cierre-de-establecimientos-temprano-y-aumentan-recompensas>, (11.10.12); 118 Entrevista CITpax en Villavicencio con líder sindical, 4 de diciembre de 2012. 119 Entrevista CITpax en Villavicencio con líder sindical, 4 de diciembre de 2012. Adicionalmente en ese período y con mayor
fuerza en el mes de septiembre de 2012, se registró una escalada de muertes selectivas. Véanse por ejemplo: “Seguidilla de
muertes en las calles de Puerto Gaitán”, en El Tiempo, <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12261423>, (27.9.12);
“En Puerto Gaitán cada vez que se va la luz sucede un asesinato”, en Prensa Rural, <
<http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article9211>, (23.9.12). 120 Entrevista CITpax en Bogotá con funcionario, 7 de noviembre de 2012. 121 “Problemas de acueducto y petróleo dificultan elección de JAC en el Meta”, en El Tiempo,
<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12058148>, (24.7.12) 122 Por ejemplo, en Puerto Gaitán, uno de los municipios más afectados por la corrupción de las juntas e interferencia de actores
armados ilegales en los procesos de contratación, el alcalde Óscar Bolaños tomó la decisión de revocar a Asojuntas y al Comité
Empresarial (instancia creada por la juntas de acción comunal) del proceso de intermediación laboral. En su lugar, la
administración concibió la viabilidad de un convenio con el Sena para que esa institución maneje una plataforma de trabajo que
garantice la vinculación de mano de obra en las petroleras del municipio, medida que es tomada en consideración en otros
municipios petroleros del departamento. 123 Para mayor información ver: “Alcaldes habilitados para expedir certificación de residencia a potenciales trabajadores del sector
petrolero”, en Notillano, <http://notillano.com/index.php/meta/38-meta/10881--alcaldes-habilitados-para-expedir-certificacion-de-
residencia-a-potenciales-trabajadores-del-sector-petrolero>, (25.10.12); “El SENA regulará plazas de empleo en Puerto Gaitán”,
en El Tiempo, <http://www.eltiempo.com/colombia/llano/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11393961.html>,(20.3.12)
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El Registro Único de Mano de Obra (RUMO), herramienta a través de la cual las Juntas priorizaban a los habitantes
de los municipios en vacantes de las empresas petroleras, tenía como una de sus variables de análisis, el lugar de
residencia y votación. Si una persona foránea o local había sido vinculada a la industria petrolera gracias a la acción de
un actor armado ilegal, ésta podía ser fácilmente manipulable para votar por determinados candidatos, tal y como
sucedió aparentemente en octubre de 2011124.
No es fortuito entonces que organismos como la Defensoría del Pueblo hayan alertado varias veces sobre el posible
interés de los actores armados ilegales de influir en las administraciones de municipios petroleros, mediante la
manipulación de los derechos civiles y políticos de varios sectores de la población, entre ellos los trabajadores de las
empresas petroleras125, con el objetivo de permitir la elección de candidatos afines a las estructuras o fácilmente
corruptibles en sus áreas de influencia126.
c. Seguridad a cambio de contratos
En Puerto Gaitán, según fuentes en terreno, existen presuntos acuerdos entre delegados de la seguridad de algunas
empresas petroleras con actores armados ilegales, basados en el siguiente modus operandi: los pagos
correspondientes a la “seguridad” prestada por los grupos se concretarían indirectamente a través de la entrega de
contratos para la prestación de otro tipo de servicios, mediante cooperativas fachada127.
Varias personas han denunciado que los actores armados ilegales, aprovechando que una importante parte del
transporte de crudo en la zona se desarrolla por vía terrestre128, han patrocinado presuntamente a cooperativas de
transporte, para lucrarse económicamente. Generalmente, las comunidades asocian la vinculación de algunas
cooperativas de transporte con las estructuras post-desmovilización, en la medida en que varios de sus jefes fueron
socios o establecieron aparentemente algún tipo de relación con paramilitares de la región129. Para ellas es
sospechoso que muchas personas adscritas a las cooperativas de transporte, luego de firmar contratos por
determinados montos económicos, perciban cada mes valores muy inferiores a los pactados, aun después de haber
aplicado las deducciones propias del régimen de cooperativas.
d. Captación ilegal de regalías
Toda vez que ha sido el mayor productor de hidrocarburos del país, el departamento del Meta ha recibido
importantes sumas económicas por concepto de regalías130. Tal dinamismo económico y fiscal no ha pasado
desapercibido por los actores armados ilegales.
En los municipios petroleros de la región, la captación ilegal de regalías por parte de las Autodefensas fue una
situación medianamente generalizada131. El trasfondo de esta práctica ilegal era la aplicación de acuerdos electorales
entre políticos y grupos armados ilegales, donde una vez posesionados los candidatos de su interés, éstos debían
devolver los “favores recibidos” mediante contratos, a través de los cuales pudieran entregarles una parte de
recursos de las regalías petroleras girados a los municipios.
Previo al sometimiento a la justicia del Erpac, varios de sus integrantes habían contactado a candidatos a alcaldías y
concejos municipales para financiar sus campañas, comprar votos y garantizarles su seguridad en medio de la
124 Véase: Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), “¿Urnas sin Armas?...”, op. Cit. 125 Véanse: Defensoría del Pueblo, “Informe Especial de Riesgo Electoral –Elecciones Regionales 2011-“, Bogotá, 2011 e “Informe
de Riesgo Nº 006-12 A.I”, op. Cit., p. 4. 126 Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), “¿Urnas sin Armas?...”, op. Cit. 127 Entrevista CITpax en Villavicencio con representante de ONG, 3 de diciembre de 2012. 128 El único oleoducto que opera en el Meta, sale desde Rubiales, el cual permite el transporte del crudo extraído en la cuenca de
Los Llanos por Pacific Rubiales Energy en Puerto Gaitán, hasta la terminal de exportación de Coveñas, en el Caribe. Entró en
funcionamiento en septiembre de 2009 y es conocido como Oleoducto de los Llanos (ODL). 129 Esas personas instan a quienes son propietarios de camiones a vincularse en sus cooperativas. Entrevista CITpax en
Villavicencio con representante de ONG, 3 de diciembre de 2012. 130 Esto aun cuando se han reducido las cantidades de dinero giradas al departamento, debido a la implementación del nuevo
Sistema General de Regalías. A pesar de esto, el Meta continúa siendo una de las localidades que comparativamente recibe las
mayores cantidades de recursos por concepto de regalías en el país. 131 Según ha sido documentado por diferentes estudios académicos, durante la década de los años 2000, los diferentes grupos
paramilitares que operaron en el Meta (y también en Casanare) siguieron “un patrón de acumulación y diversificación de sus ingresos
[…para lo cual] construyeron sus fuentes de financiamiento y de negocios a través de distintos mecanismos [uno de ellos], la captura de
parte de la renta petrolera, correspondiente a los entes territoriales subnacionales, por concepto de regalías […]”. Véase: J. González, “Los
paramilitares y el colapso estatal en Meta y Casanare”, op. Cit., p. 272.
18
contienda electoral. Esto aparentemente sucedió en municipios como Mapiripán, Puerto Concordia, Puerto Gaitán,
Puerto Lleras, San Martín y Vista Hermosa, zonas donde el Erpac ejercía un control importante.132
En el municipio de San Martín, donde el Bloque Meta ejerce desde hace años una influencia social y territorial
ostensible, la disputa electoral sostenida en 2011 reflejó una movilización de los intereses de los actores armados.
Tras ser descubierto petróleo en uno de los Pozos de Caño Sur, ubicado cerca de la cabecera municipal, los actores
armados ilegales habrían interferido en varias candidaturas, para asegurar de alguna forma que podrían beneficiarse
de la inminente llegada de regalías petroleras en los próximos años133.
Algo similar pudo suceder en Puerto Gaitán, donde el volumen de regalías giradas al municipio pudo motivar la
presunta influencia de las estructuras post-desmovilización en las campañas electorales locales134.
Sin embargo, la entrada en vigencia del nuevo Sistema General de Regalías (SGR)135desde enero de 2012 pudo
transformar de algún modo las expectativas de los actores armados ilegales en torno a este aspecto. El SGR redujo
las competencias de las administraciones locales respecto del manejo y distribución de estos recursos y otorgó
paralelamente un mayor rol al gobierno central en esta materia, con lo cual se dificulta que los actores armados
ilegales puedan apropiarse de esas rentas mediante acuerdos con los alcaldes de los municipios petroleros.
4. ¿Qué sucede en un municipio petrolero “sin conflicto armado”?
A pesar de lo anterior existen excepciones. La más representativa se encuentra en el municipio de Castilla la Nueva,
un caso especial no sólo en el departamento sino en todo el territorio nacional: A pesar de que los pozos petroleros
Castilla la Nueva y Chichimene aportan una de las mayores cantidades de crudo del país, este municipio petrolero
aparentemente no se mueve en medio del conflicto armado que lo rodea.
Este escenario no deja de generar sorpresas. Según ha documentado el proceso de Justicia y Paz, Castilla fue una de
las zonas donde ejerció influencia militar una parte del llamado Frente Meta, del Bloque Centauros de las
Autodefensas136; sin embargo, el proceso de rearme de „Cuchillo‟ parece no haber alterado de mayor forma al
municipio.
No obstante, líderes del departamento no son tan optimistas. Según percepciones, Castilla ha sido pacificada por
terceros137, y la eventual calma sólo parece indicar que todo está debidamente arreglado138 gracias a la influencia y el
orden implantado por los actores ilegales en el pasado reciente el municipio139.
Según algunos observadores, si bien el proceso de explotación petrolera de Castilla no se desarrolla en un contexto
de conflicto armado, el transporte del crudo que sale de los campos petroleros de Castilla hasta sus lugares de
destino, está siendo afectado por el eventual cobro de cuotas de seguridad a las empresas.
III. LA RESPUESTA DEL ESTADO FRENTE AL CONTEXTO DE SEGURIDAD
PETROLERA
En los últimos años, el gobierno colombiano ha venido incrementando la protección militar al sector minero-
energético, en vista de los cada vez más recurrentes atentados contra la infraestructura y el aumento de secuestros,
amenazas y extorsiones al personal de las empresas del sector140.
132 Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), “¿Urnas sin Armas?...”, op. Cit., p. 26. 133 “El fantasma de los „paras‟ en San Martín”, en Verdad Abierta, <http://www.verdadabierta.com/component/content/article/63-
nacional/3628-san-martin-ibajo-el-fantasma-del-paramilitarismo/> (27.10.11) 134 Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), “¿Urnas sin Armas?, op. Cit., pp. 32-33. 135 Mediante el Acto Legislativo Nº 005 de 2011. 136 “El Frente Meta, La „célula‟ del Centauros”, en Verdad Abierta, <http://www.verdadabierta.com/nunca-
mas/index.php?option=com_content&id=3989>, (26.4.12) 137 Entrevista CITpax en Villavicencio con líder de ONG, 3 de diciembre de 2012. 138 Entrevista CITpax en Bogotá con funcionario, 7 de noviembre de 2012 139 Otras fuentes consultadas consideran sospechosa la calma de municipio, toda vez que allí se asentaron, presuntamente, varios
hombres que estuvieron al mando de alias „Soldado‟, ex jefe militar del Erpac recluido. Entrevista CITpax en Bogotá con
funcionario, 7 de noviembre de 2012. 140 A nivel nacional, durante los primeros diez meses de 2012, se incrementaron en un 38 % los actos de sabotaje contra la
infraestructura económica. Los atentados contra oleoductos se incrementaron en un 173%. Véase Dirección de Estudios
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Estas medidas se condensaron en el Plan de Guerra Espada de Honor141, la nueva estrategia de seguridad y defensa
del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, la cual comenzó a desarrollarse en enero de 2012 y con vigencia de
dos años142. El Plan se desarrolla en diez zonas del país donde las agrupaciones guerrilleras y estructuras post-
desmovilización han concentrado la mayor parte de sus acciones bélicas, una de las cuales es el departamento del
Meta.
1. El Plan Espada de Honor frente a la industria petrolera en el Meta
Como parte del Plan, el gobierno desplegó un importante número de efectivos en los campos Rubiales y Quifa
(Puerto Gaitán), que entraron a conformar el Batallón Especial Energético y Vial N° 15143. Adicionalmente, se previó
el refuerzo de las unidades de Policía del municipio.
Ahora bien, aunque en otras zonas del país la implementación del Plan Espada de Honor impulsó retaliaciones de las
guerrillas, especialmente contra la infraestructura de los proyectos minero-energéticos, en el Meta sin embargo, no
fue así; durante 2012 no se reportaron secuestros o atentados contra la infraestructura petrolera o el personal de
las empresas en el departamento. No obstante, no es descartable que esto pueda suceder, especialmente si se prevé
la conformación de un batallón de similares características en zonas donde las FARC aún cuentan con algún tipo de
fortaleza (por ejemplo en Vista Hermosa). Como lo contemplaron varios generales al analizar los riesgos de la
implementación del plan, “la reacción más lógica de la guerrilla sería intensificar sus ataques contra la infraestructura
productiva del país, buscando atomizar la acción de las tropas y crear un clima de malestar en la opinión” 144.
2. Implicaciones de la militarización en los campos petroleros
En Puerto Gaitán la fuerza pública ha sido objeto de quejas por parte de los trabajadores, respecto a presuntos
atropellos contra los derechos sindicales. La percepción de varios sindicalistas es que la represión de los conflictos
laborales ha dado lugar a extralimitaciones en las funciones de varios integrantes de la fuerza pública, a tal punto que,
varios militares y policías estarían supuestamente implicados en detenciones arbitrarias, intentos de desaparición y
amenazas145.
Por su lado, la USO ha denunciado que algunos militares estarían patrullando los campos en motos sin placas, con
cascos y uniformes sin ningún tipo de identificación146. Otras asociaciones sindicales, reportaron también que ciertos
militares habrían sido invitados por las empresas a realizar labores de inteligencia al interior de los campos
petroleros147.
Debido a esto, algunos consideran que la primera fuente de amenazas contra el movimiento sindical y todo aquel que
cuestione el trabajo de las empresas petroleras en el municipio, no proviene tanto de los actores armados ilegales de
la zona, como de la supuesta actuación irregular de algunos integrantes del Ejército o la Policía de la zona148. Si bien
no descartan que integrantes de las estructuras se hayan vinculado a las empresas o realicen labores de vigilancia,
Estratégicos y Grupo de Información Estadística, “Logros de la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad –
octubre de 2012”, en Ministerio de Defensa, Bogotá, 2012, p. 37. 141 El Plan de Guerra Espada de Honor es una re-ingeniería de las estrategias de seguridad y defensa del Gobierno nacional,
enlazada con al Plan Nacional de Desarrollo y la Política Integral de Seguridad y Defensa. En el marco del Plan se re diseñaron los
mecanismos para atacar a las agrupaciones guerrilleras y las llamadas “bandas criminales”. 142 En palabras del General Navas, la campaña “Espada de Honor” “es una estrategia de vocación ofensiva, conjunta y focalizada,
con acompañamiento interinstitucional”. “Mantener la fe en la causa”, en Seguridad & Democracia, N° 003, mayo-agosto, 2012, p.
8. 143 Los Batallones Minero-Energéticos (11 en total en el país y con perspectiva de aumentarse en número), están anclados a las
Fuerzas de Tarea diseñadas por el Plan Espada de Honor. 144 Véase “¡Boom! La guerra por el petróleo”, en Dinero.com, op. Cit. 145 Según mencionaron varios entrevistados, en 2011 algunos trabajadores sindicalizados de una empresa petrolera de Puerto
Gaitán fueron objeto de un atentado, perpetrado por un supuesto integrante de la Policía de la zona, quien portaba uniforme,
pero no distintivos. En otro caso un trabajador sindicalizado del campo Cara-Cara, -operado por la empresa CEPCOLSA-, habría
sido detenido arbitrariamente por efectivos del Batallón Energético y Vial Nº 15 e integrantes de inteligencia de la Policía.
Entrevistas CITpax en Villavicencio con sindicalistas de empresas petroleras del Meta, 3 y 4 de diciembre de 2012. 146 Unión Sindical Obrera (USO), “Comunicado a la opinión pública”, en Prensa USO,
<http://www.usofrenteobrero.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4797:comunicado-a-la-opinion-
publica&catid=43:boletin-junta>, (26.8.12) 147 Entrevista CITpax en Villavicencio con sindicalista, 4 de diciembre de 2012. 148 Entrevistas CITpax en Villavicencio con integrantes de ONG y sindicalista, 3 y 4 de diciembre de 2012 y 3 de mayo de 2013.
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para ellos es preocupante que proliferen las amenazas contra sindicalistas y otros habitantes del municipio, a pesar
de la gran militarización desplegada en su territorio149.
El Plan de Consolidación Integral de La Macarena (PCIM), constituyó la estrategia de recuperación social e
institucional de los municipios que integran esa región150, mediante la acción conjunta de la fuerza pública, la justicia y
demás instituciones estatales, para garantizar la presencia del Estado y establecer condiciones propicias para el
desarrollo económico, social e institucional151. Su implementación en municipios cuya industria petrolera pasa por un
momento favorable, despertó críticas en torno a su fuerte componente militar152. Si bien el Plan fue efectivo en
reducir las áreas sembradas con coca y mejorar las condiciones de seguridad (replegando al Bloque Oriental de las
FARC), fue asimilado por las comunidades como una prolongación del esquema de protección y defensa de las
empresas petroleras, específicamente de aquellas que se desempeñan en el municipio de Vista Hermosa153. Tal y
como sucede en Puerto Gaitán, en Vista Hermosa se han reportado presuntos abusos de autoridad de la fuerza
pública y la estigmatización de los habitantes rurales, quienes han sido señalados como supuestos guerrilleros de las
FARC que entorpecen el trabajo de las empresas petroleras154.
Esa percepción no se ha transformado luego de los cambios introducidos por la administración Santos en la Política
Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial (PNCRT). Las actividades de consolidación en esta zona del
país155, apuntan desde 2011 hacia la creación de las capacidades institucionales requeridas para asegurar el acceso y
protección de los derechos fundamentales156. Si bien su objetivo principal se define precisamente en clave de
derechos constitucionales, persisten denuncias de defensores de derechos humanos sobre supuestas dinámicas
irregulares de la actual estrategia de consolidación. Algunas de ellas se refieren por ejemplo a la supuesta connivencia
–o tolerancia– de militares de Vista Hermosa frente a la aparición de reconocidos paramilitares y otros hombres
armados de civil cerca de las zonas petroleras, así como hechos de corrupción entre varios integrantes de la fuerza
pública157.
IV. CONCLUSIONES
El buen momento de la industria de hidrocarburos en el Meta sigue ofreciendo importantes oportunidades
económicas para todos los actores armados ilegales. Actualmente, éstos privilegian un modus operandi más discreto y
sofisticado frente al sector económico de la región, toda vez que procuran no llamar la atención de las autoridades.
De una parte, las FARC siguen extorsionando toda la cadena de producción y transporte de hidrocarburos – donde
las principales víctimas siguen siendo contratistas y trabajadores de las empresas. Si bien esa agrupación ha sufrido
fuertes golpes de la fuerza pública y se ha visto obligada a replegarse, sigue conservando algún tipo de control en sus
zonas de retaguardia estratégica.
De forma similar, los reacomodos y disputas entre los Libertadores del Vichada y el Bloque Meta expresaron el
interés de dichas estructuras de controlar zonas con altas expectativas para la producción petrolera y agroindustrial,
desplazando comunidades vulnerables y amenazando o asesinando a líderes, para facilitar el despeje de zonas
económicamente estratégicas.
149 Entrevistas CITpax en Villavicencio con sindicalistas, 3 y 4 de diciembre de 2012. 150 San Juan de Arama, Puerto Rico, Vista Hermosa, Uribe, Mesetas y La Macarena. 151 Presidencia de la República y Centro de Coordinación de Acción Integral, “Plan de Consolidación Integral de la Macarena”,
Bogotá, 2008. 152 En términos generales, la implementación del PCIM en el departamento del Meta estuvo acompañado de diversas falencias. Sus
programas no fueron consultados con las comunidades locales, no tomaban en cuenta las condiciones físicas del territorio y no
tenían el acompañamiento técnico requerido para la implementación de medidas de transición. Véase: 152 Defensoría del Pueblo,
“Informe Especial de Riesgo sobre reclutamiento (…)”, op. Cit., p. 17. 153 Entrevistas CITpax en Villavicencio con defensores de derechos humanos, 3 de mayo de 2013. 154 Entrevista CITpax en Villavicencio con defensor de derechos humanos, 3 de mayo de 2013. 155 Además de retomar los municipios focalizados por el PCIM, la PNCRT involucra zonas del Caquetá, como Cartagena del
Chairá, San Vicente del Caguán y La Montañita. 156 La PNCRT tiene como fundamento la seguridad territorial; apunta hacia la generación de capacidades locales y se fundamenta
en tres columnas: (a) institucionalización del territorio; (b) participación ciudadana y buen gobierno e (c) integración regional.
Véase: “Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial”, en Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial,
<http://www.consolidacion.gov.co/?q=content/pol%C3%ADtica-nacional-de-consolidaci%C3%B3n-y-reconstrucci%C3%B3n-
territorial> 157 Entrevista CITpax en Villavicencio con defensor de derechos humanos, 3 de mayo de 2013.
21
Dichas estructuras también lograron aparentemente interferir en los procesos de vinculación de mano de obra a las
empresas e incidir en las elecciones locales de varios municipios, posiblemente para apropiarse ilegalmente de las
regalías que la nación gira al departamento. Asimismo, se presume que algunos de sus integrantes (desmovilizados de
las AUC con un pie en la legalidad y otro en la ilegalidad), fueron vinculados a los órganos de seguridad de algunas
empresas o de empresas contratistas, para mantenerlas al margen de la interferencia de otros actores armados
ilegales. También habrían patrocinado la conformación de empresas fachada de transporte, para percibir la
retribución económica por sus servicios de seguridad.
En ese camino se han tejido interacciones –algunas hostiles y otras más o menos conniventes– entre los actores
armados ilegales y algunas industrias petroleras del Meta. Sin lugar a dudas, esto ha tenido efectos sobre las
comunidades locales, los trabajadores de las petroleras y en ciertas oportunidades sobre la aplicación de las políticas
de restitución de predios en zonas donde se desarrollan importantes megaproyectos económicos.
Todas esas amenazas a la seguridad han dado lugar al despliegue de un alto número de efectivos para proteger la
infraestructura. Sin embargo, a pesar de la gran militarización y el aumento de las unidades policiales, esas zonas
siguen siendo un foco importante de sicariato, extorsiones, desapariciones y amenazas.
El reto para las autoridades consiste no sólo en militarizar las zonas de extracción y exploración petrolera de la
región. En paralelo, es necesario comprender que tanto la guerrilla como las estructuras armadas ilegales post-
desmovilización han dado continuidad a órdenes sociales instaurados desde hace años en municipios del
departamento, lo cual ha favorecido que se beneficien económicamente, de forma más sofisticada y menos visible, del
boom petrolero en la región. Un futuro acuerdo de paz con las guerrillas permitiría probablemente reducir el nivel de
amenazas y ataques en contra del sector extractivo del departamento. Sin embargo, el problema no desaparecerá si
no se desmantelan también las oscuras y complejas redes de influencia económica de los demás actores armados
ilegales.
22
ANEXOS
MAPA N° 1
Mapa de Tierras de la industria petrolera en el Meta hasta enero de 2013
Para consultar cuáles empresas se ubican en el departamento, consultar Tablas Anexas Nº 1 y Nº 2 según el ID del contrato
Fuente: Mapa adaptado por CITpax según el “Mapa de Tierras” nacional de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
23
MAPA N° 2
Empresas petroleras en fase de Explotación en el Meta y presencia de actores armados ilegales en
Meta
Fuente: Mapa elaborado por CITpax según información de la Agencia Nacional de Hidrocarburos e información del
Informe Especial de Riesgo de la Defensoría del Pueblo sobre Reclutamiento y Utilización Ilícita de Niños, Niñas,
Adolescentes en el Sur Oriente Colombiano: Meta, Guaviare, Guainía y Vichada
24
TABLA ANEXA N° 1
Contratos de producción petrolera en el Meta hasta agosto de 2012
ID Contrato Operadora Cuenca Estado Municipios
19 Cabiona
(Cabiona B)
New Granada
Energy Corporation
LLA E&P en
Producción
Puerto Gaitán
48 Corcel A
Corcel C
Corcel D
Boa
Corcel E
Petrominerales
Colombia LTD
Sucursal Colombia
LLA E&P en
producción
Barranca de Upía
91 Guarrojo
(Ocelote)
Hocol S.A LLA E&P en
producción
Puerto Gaitán
130 OMBU (Capella) Emerald Energy PLC
Sucursal Colombia
Área de
Explotación
La Macarena
159 Guatiquía
Candelilla
Petrominerales
Colombia LTD
Sucursal Colombia
LLA E&P en
producción
Cabuyaro
2057 Caracara Cepsa Colombia S.A
Cepcolsa
LLA Producción en
asociación con
ECP
Puerto Gaitán
(Antes del río
Manacacías, límite
con Puerto López)
2201 Apiay Ecopetrol S.A LLA Convenio de
explotación
Villavicencio
2202 Cubarral Ecopetrol S.A LLA Convenio de
explotación
Castilla la Nueva y
Acacías
2402 PIRIRI Meta Petroleum
Corp.
LLA Producción en
asociación con
ECP
Puerto Gaitán
2214 Camoa Ecopetrol S.A LLA Convenio de
explotación
San Martín (sur)
2216 Valdivia –
Almagro
Ecopetrol S.A LLA Convenio de
explotación
Puerto López
2399 Rubiales Meta Petroleum
Corp.
LLA Producción en
asociación con
ECP
Puerto Gaitán
Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos
TABLA ANEXA N° 2
Contratos de exploración petrolera en el Meta hasta agosto de 2012
ID Contrato Operadora Cuenca Estado Municipios
11 SANGRETORO Canacol Energy
Colombia S.A
CAG
PUT
Exploración con
ANH
La Macarena
13 LOS
PICACHOS
Hupecol
Operating Co
LLC
CAG
PUR
Exploración con
ANH
La Macarena
14 MACAYA Hupecol
Operating Co
LLC
CAG
PUT
Exploración con
ANH
La Macarena
19 Cabiona New Granada
Energy
Corporation
LLA Exploración con
ANH
Puerto Gaitán
26 CPE-6 Meta Petroleum
LTD
LLA Exploración con
ANH
Puerto Gaitán
Mapiripán
25
48 Corcel Petrominerales
Colombia LTD
Sucursal
Colombia
LLA Exploración con
ANH
Barranca de Upía
Cabuyaro
52 Caño Sur Ecopetrol S.A LLA Exploración con
ANH
Castilla la Nueva
Fuente de Oro
Lejanías
Puerto López
San Martín
Puerto Gaitán
Mapiripán
Vista Hermosa
El Castillo
Granada
Puerto Concordia
Puerto Rico
San Carlos de Guaroa
Puerto Lleras
San Juan de Arama
75 Las Garzas New Granada
Energy
Corporation
LLA Exploración con
ANH
Puerto Gaitán
91 Guarrojo Hocol S.A LLA Exploración con
ANH
Puerto Gaitán
130 Ombu Emerald Energy
PLC Sucursal
Colombia
CAG
PUT
Exploración con
ANH
La Macarena
135 COCLI Hocol S.A LLA Exploración con
ANH
Puerto Gaitán
143 Río Ariari Petrominerales
Colombia LTD
Sucursal
Colombia
LLA Exploración con
ANH
Puerto Lleras
Puerto Concordia
Mapiripán
Puerto Rico
San Juan de Arama
Vista Hermosa
144 Chigüiro Oeste Petrominerales
Colombia LTD
Sucursal
Colombia
LLA Exploración con
ANH
San Martín
Puerto López
149 Chigüiro Este Petrominerales
Colombia LTD
Sucursal
Colombia
LLA Exploración con
ANH
San Martín
Puerto López
153 Sabanero Maurel and Prom
Colombia B.V
LLA Exploración con
ANH
Puerto Gaitán
159 Guatiquía Petrominerales
Colombia LTD
Sucursal
Colombia
LLA Exploración con
ANH
Cabuyaro
169 Cerrero Petrobras
Colombia
Limited
LLA Exploración con
ANH
Barranca de Upía
Cabuyaro
212 SERRANIA Hupecol
Operating Co
LLC
CAG
PUT
Exploración con
ANH
La Macarena
222 Cabrestero Cepsa Colombia
S.A Cepcolsa
LLA Exploración con
ANH
Cabuyaro
225 CPO-2 Pluspetrol
Colombia
Corporation
LLA Exploración con
ANH
Puerto Gaitán
26
226 CPO-3 Pluspetrol
Colombia
Corporation
LLA Exploración con
ANH
Puerto Gaitán
227 CPO-4 SK Innovation LLA Exploración con
ANH
Cabuyaro
Puerto López y
Cumaral
Restrepo
Villavicencio
228 CPO-8 Ecopetrol S.A LLA Exploración con
ANH
Puerto Gaitán
229 CPO-10 Ecopetrol S.A LLA Exploración con
ANH
Villavicencio
Acacías
San Carlos de Guaroa
Castilla la Nueva
San Martín
Puerto López
230 CPO-11 Ecopetrol S.A LLA Exploración con
ANH
Puerto López
San Martín
231 CPO-17 Hocol S.A LLA Exploración con
ANH
Puerto Rico
Mapiripán
Puerto Lleras
Concordia
235 CPO-1 Meta Petroleum
Corp.
LLA Exploración con
ANH
Puerto Gaitán
236 CPO-12 Meta Petroleum
Corp.
LLA Exploración con
ANH
San Martín
Puerto López
Puerto Gaitán
237 CPO-14 Meta Petroleum
Corp.
LLA Exploración con
ANH
Puerto Gaitán
242 CPO-5 ONGC Videsh
LTD Sucursal
colombiana
LLA Exploración con
ANH
Barranca de Upía
Puerto López
246 CPO-6 Tecpetrol
Colombia SAS
LLA Exploración con
ANH
Puerto López
Puerto Gaitán
247 CPO-7 Tecpetrol
Colombia SAS
LLA Exploración con
ANH
Puerto Gaitán
248 CPO13 Tecpetrol
Colombia SAS
LLA Exploración con
ANH
Puerto Gaitán
250 TINIGUA Petronova
Colombia
CAG
PUT
Exploración con
ANH
Uribe
251 CPO-9 Ecopetrol S.A LLA Exploración con
ANH
Villavicencio
Acacías
Guamal
Castilla la Nueva
Lejanías
San Martín
El Dorado
El Castillo
Cubarral
Granada
255 LLA 31 Petrominerales
Colombia LTD
Sucursal
Colombia
LLA Exploración con
ANH
Barranca de Upía
258 LLA 36 Montecz S.A LLA Exploración con
ANH
Acacías
Villavicencio
271 LLA 34 Winchester Oil
and Gas
LLA Exploración con
ANH
Cabuyaro
291 LLA 30 Columbus Energy
Sucursal
LLA Exploración con
ANH
Puerto Gaitán
27
Colombia
324 CPO 16 Hocol S.A LLA Exploración con
ANH
Vista Hermosa
340 LLA 59 Petrominerales
Colombia LTD
Sucursal
Colombia
LLA Exploración con
ANH
Cumaral
Villavicencio
366 LLA 58 Hupecol
Operating Co
LLC
LLA Exploración con
ANH
Puerto López
373 LLA37 Ecopetrol S.A LLA Exploración con
ANH
Acacías
Villavicencio
393 LLA 65 Hocol S.A LLA Exploración con
ANH
San Martín
402 LLA 2 Consorcio Andes
Energía Argentina
S.A – Integra Oil
& Gas S.A.S
LLA Exploración con
ANH
Puerto Gaitán
403 LLA 28 Consorcio Andes
Energía Argentina
S.A – Integra Oil
& Gas S.A.S
LLA Exploración con
ANH
Puerto Gaitán
405 LLA33 BC Exploración y
Producción
LLA Exploración con
ANH
San Martín
411 LLA 66 BC Exploración y
Producción
LLA Exploración con
ANH
Puerto López
415 LLA 83 Grupo C&C
Energía Barbados
Sucursal
Colombia
LLA Exploración con
ANH
Puerto Gaitán
2064 QUIFA Meta Petroleum
Corp.
LLA Exploración en
asociación con
ECP
Puerto Gaitán