Los Acuerdos de Paz en Guatemala y El Salvador:

una historia compartida

Por Ricardo Ernesto Marroquín Flores

Por su proximidad, Guatemala y El Salvador comparten etapas históricas similares.

Desde la configuración de ambas sociedades durante la etapa de la Colonia y la

aparición de los Estados liberales de tipo oligárquico, se sentaron las bases para la

exclusión y la imposibilidad de la participación política de la mayoría de la población.

Esta realidad, que alejó a la mayoría de la población del desarrollo y de la posibilidad de

una vida digna, junto con la configuración de un mundo bipolar, creó las condiciones

para la lucha armada, el establecimiento de regímenes contrainsurgentes de carácter

anticomunista, un alto nivel de represión y, posteriormente, la derrota militar de los

movimientos guerrilleros. El presente ensayo pone especial énfasis en los hechos que

permitieron el establecimiento de procesos políticos para la consecución de la paz en

ambos países, cuyos logros se presentaron en el primer quinquenio de la década de 1990,

bajo gobiernos de corte neoliberal. Se hizo una revisión del proceso de paz en ambos

países y del contenido de los acuerdos de paz para establecer las similitudes y diferencias

sobre los puntos más importantes de las negociaciones en Guatemala y El Salvador.

Las condiciones para la guerra

Guatemala y El Salvador comparten una historia común. Los hechos históricos

sucedidos en las diferentes etapas del desarrollo de las sociedades democráticas han

presentado una sintonía que puede explicarse tanto por el tamaño de los territorios

de ambos países y por su cercanía, así como por la configuración de las clases

económicas y sociales que han regido la política en ambos Estados.

Ambos países centroamericanos formaron parte de un mismo territorio

administrativo durante la Colonia. El establecimiento de mecanismos de explotación a

Universidad Rafael LandívarFacultad de Ciencias PolíticasCurso: Historia política contemporánea de América Latina

1

través de modalidades como el repartimiento y la encomienda configuraron

sociedades profundamente estratificadas y poblaciones diferenciadas; diferencias que

se pueden identificar como el origen de la desigualdad y la exclusión tanto en la

tenencia de los recursos productivos (principalmente la tierra) como en el acceso a la

riqueza.

El colonialismo echó las raíces y trazó la ruta para la “colonialidad” un sistema de

pensamiento y de poder que hace perdurable y presente la herencia colonial con sus

dispositivos de explotación, racismo e imposibilidad de participación política para la

mayoría de la población.

De la Colonia, ambas sociedades centroamericanas transitaron hacia el Estado Liberal

y al Estado militar-contrainsurgente, éste último enmarcado en la realidad de un

mundo bipolar inmerso en la Guerra Fría.

En su esfuerzo por reflexionar sobre la realidad centroamericana (especialmente las

de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, países en donde se presentaron conflictos

armados internos), Bataillón (2008) identifica algunas características que explican el

enfrentamiento armado en la región:

1. La presencia de un “plan de desarrollo” impulsado por las Fuerzas Armadas sin

que éstas evidenciaran la presencia de un caudillo.

2. La sucesión de gobiernos militares sin la posibilidad de abrir el camino hacia la

democracia.

3. La influencia de potencias extranjeras tanto en las fuerzas que controlan el

Gobierno como en los grupos opositores e insurgentes.

Por su parte, Sáenz de Tejada (2007), la violencia como principal herramienta del

Estado para la construcción y reproducción de las sociedades guatemaltecas y

salvadoreñas fue uno de los puntos determinantes para la generación de movimientos

subversivos que optaron por la vía armada para alcanzar el poder.

Para el historiador, la violencia se evidenció principalmente en la intervención

estadounidense para el derrocamiento del gobierno de Jacobo Árbenz Guzmán en

Guatemala, y el carácter anticomunista en ambos países de los cierres de los espacios

de participación política, lo que dio paso a la creación de organizaciones político

militares. En Guatemala las primeras se configuraron en la década de 1960 y en El

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Salvador aparecieron en la década de 1970; pero fue en 1980 cuando en ambos países

se registró el mayor índice de la violencia y de represión.

Las condiciones para la paz

El auge de la guerra de guerrillas en Guatemala y El Salvador fue producto tanto por

las condiciones estructurales y políticas que habían generado la desigualdad y la

exclusión internas, como por la coyuntura internacional de un mundo divido entre dos

visiones del desarrollo: el capitalismo representado por Estados Unidos (con la mayor

influencia en Centroamérica) y el socialismo propuesto por el bloque soviético, con la

presencia de su satélite más importante en la región (Cuba).

Sin embargo, a mediados de la década de 1980, con la apertura democrática en

Guatemala y con la reconfiguración de los partidos de derecha en El Salvador, y ante el

creciente interés de los países de la región latinoamericana por la pacificación del

istmo (especialmente quienes integraban el Grupo de Contadora), se abrió una

ventana de oportunidad para alcanzar la paz por medios políticos.

Además, se pueden identificar dos elementos comunes que tomaron en cuenta tanto

los gobiernos como los movimientos guerrilleros de ambos países, ya unificados en la

Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y en el Frente Farabundo Martí

para la Liberación Nacional (FMLN) en el caso de El Salvador, para iniciar el proceso

de paz:

1. La presión internacional sobre los gobiernos para establecer los mecanismos

para alcanzar la paz por medios políticos y el ofrecimiento de cooperación de

los llamados “países amigos” en proyectos de desarrollo postconflicto.

2. La constatación, por parte de los movimientos guerrilleros, de la imposibilidad

de alcanzar el poder por la vía armada y la opción de alcanzar ciertas reformas

económicas, políticas y sociales a través de los diálogos de paz.

3

El Caso de El Salvador

Los primeros pasos hacia la paz

El 15 de octubre de 1984, una delegación de alto nivel del Gobierno de El Salvador,

encabezada por el presidente José Napoleón Duarte, sostuvo una reunión con los

delegados del Frente Democrático Revolucionario (FDR) y del Frente Farabundo Martí

para la Liberación Nacional (FMLN), en el municipio de La Palma, Chalatenango,

departamento ubicado en el noreste del vecino país. Como moderador de la reunión

actuó el Arzobispo de San Salvador, Monseñor Arturo Rivera Damas, y como testigos,

otros religiosos: los monseñores Rodrigo Orlando Cabrero, obispo de Santiago de

María, y Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador, así como Giacomo

Otonello, representante del Vaticano.

Como producto de la reunión, considerada el punto de partida de la negociación para

la paz entre el gobierno salvadoreño y las fuerzas guerrilleras, se emitió el llamado

“Comunicado Conjunto de La Palma”, un documento escueto en donde se estableció la

disposición y el interés por establecer una ruta para la creación de una comisión de

trabajo que garantizara el fin del conflicto armado interno.

Casi dos años después, el propio presidente Duarte participaría en la cumbre de

presidentes centroamericanos llevada a cabo en Esquipulas, Guatemala, en donde se

emitió una declaración conjunta que, entre otras cosas, señalaba la necesidad de crear

los mecanismos institucionales para la apertura al diálogo y para la pacificación del

istmo.

“Que la paz en América Central solo puede ser fruto de un auténtico proceso

democrático pluralista y participativo que implique la promoción de la justicia social,

el respeto a los derechos humanos, la soberanía e integridad territorial de los Estados

y el derecho de todas las naciones a determinar libremente y sin injerencias externas

de ninguna clase, su modelo económico, político y social, entendiéndose esta

determinación como el producto de la voluntad libremente expresada por los pueblos

(Cumbre de Esquipulas)”, señala uno de los cinco puntos de la Declaración de

Esquipulas (1986).

La reunión en La Palma permitió la realización de otras reuniones entre

representantes del gobierno salvadoreño y del FMLN, bajo la moderación y facilitación

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de Monseñor Rivera Damas. Una de las reuniones más importantes fue la denominada

Ronda de la Nunciatura, en donde las partes emitieron el “Comunicado Conjunto de la

Tercera Reunión de Diálogo”, en donde se expresaba la voluntad de un cese al fuego y

de respaldar las decisiones tomadas por el Grupo Contadora, conformado por

Colombia, México, Panamá y Venezuela, que buscaba la pacificación en Centroamérica.

La reconfiguración de Arena y la Ofensiva al Tope del FMLN

El 1 de junio de 1989 Alfredo Cristiani, del derechista Alianza Republicana

Nacionalista (ARENA), asumió la Presidencia de la República. El proceso de diálogo

entre el Gobierno y el FMLN iniciado por su antecesor, José Napoleón Duarte, había

dado pocos resultados.

El 31 de octubre de ese año, nueve integrantes de la Federación Nacional Sindical de

Trabajadores (FENESTRAS) fueron asesinados, lo que aceleró la puesta en marcha de

la llamada “Ofensiva Final” u “Ofensiva hasta el tope” del FMLN, iniciada el siguiente

11 de noviembre, con la movilización de alrededor de 3 mil guerrilleros en varios

puntos del país. Cristiani impuso un estado de sitio y un toque de queda con la censura

a los medios de comunicación.

Uno de los saldos trágicos de la movilización del Ejército y de las fuerzas paramilitares

del vecino país fue el asesinato, el 16 de noviembre por parte de integrantes del

batallón Atlacatl, de 6 sacerdotes jesuitas y 2 mujeres en la Universidad

Centroamericana José Simeón Cañas (UCA); entre las víctimas se encontraba Ignacio

Ellacuría, rector de la universidad y uno de los principales representantes de la

Teología de la Liberación.

El 6 de diciembre de 1989 el Ejército de El Salvador reportó la muerte de más de mil

900 guerrilleros y más de mil 100 heridos. A partir de ese día la disputa disminuyó y

generó dos hechos importantes para el proceso de paz:

1. La deslegitimación y condena contra las Fuerzas Armadas luego del asesinato

de los sacerdotes jesuitas en la UCA.

2. El reconocimiento, por parte del FMLN de la imposibilidad de alcanzar el poder

por la vía armada.

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Además, se identifica una lucha hegemónica a lo interno de ARENA, el partido

gobernante. Mientras un grupo se decantaba por abrir el proceso de pacificación por

medio del diálogo, otro grupo, el más duro, consideraba necesario intensificar la lucha

armada para garantizar la derrota militar del FMLN.

Sin embargo, en 1989, la situación de los derechos humanos era precaria. Así lo

identificó Salvador Carranza, quien señaló que “si se consolida el gobierno y el grupo

dirigido por el presidente Cristiani hegemoniza el ámbito militar, económico, social y

político, es previsible una tendencia de respeto-violación de los derechos humanos

similar a la vigente en los últimos años (…) Internacionalmente, el partido ARENA se

encuentra bajo sospecha, en una especia de cuarentena. El gobierno de Cristiani tiene

que legitimarse internacionalmente, probando con los hechos que no será como se

esperaba y esto muy concretamente en el ámbito del respeto a los derechos humanos

(…) La legitimación internacional no es únicamente un problema de honor, es un

requisito indispensable para obtener la ayuda económica y militar necesaria para

sobrevivir y desarrollar su proyecto” (Carranza, 1990, p. 226).

Precisamente, la demanda de la comunidad internacional, fue uno de los factores más

importantes para que Alfredo Cristiani, con el acuerdo del FMLN, solicitara el apoyo

de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la instalación y desarrollo del

proceso de diálogo. El secretario general del organismo, Javier Pérez de Cuéllar, luego

de consultar al Consejo de Seguridad, nombró como representante y enviado para las

mesas de negociación al peruano Álvaro de Soto.

La ruta de la paz en El Salvador

Entre los principales acuerdos firmados entre el Gobierno de El Salvador y el FMLN se

encuentran:

o Acuerdo de Ginebra: Firmado el 4 de abril de 1990 en Ginebra, Suiza,

estableció el mecanismo para establecer los diálogos de paz. Se acordó la

reserva de las negociaciones y se estableció los resultados únicamente serían

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dados a conocer por el representantes de la ONU. Además, se convino la

participación de otros sectores de la sociedad civil.

o Acuerdo de Caracas: Firmado el 21 de mayo de 1990 en Venezuela, detalla la

agenda general y el calendario del proceso de negociación. Se establece la

intención de garantizar acuerdos sobre los siguientes temas:

Fuerzas Armadas

Derechos Humanos

Sistema Judicial

Sistema Electoral

Reforma Constitucional

Problemas económicos-sociales

Verificación por las Naciones Unidas.

o Acuerdo de San José: Firmado el 26 de julio de 1990 en Costa Rica, se refiere

a la vigencia de los derechos humanos. Estableció la existencia de una misión

de verificación de la ONU en la materia.

o Acuerdo de México: Firmado el 27 de abril de 1991 en la Ciudad de México,

establece el sometimiento de las Fuerzas Armadas al poder civil, la creación de

la Policía Nacional Civil y de un organismo de inteligencia del Estado

independiente del Ejército. Además, propone cambios al proceso de elección

de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la creación del Tribunal

Supremo Electoral. También crea una Comisión de la Verdad para investigar

los hechos de violencia perpetrados durante el conflicto armado interno.

o Acuerdo de Nueva York: Firmado el 25 de septiembre de 1991 en la ciudad

de Nueva York, estableció las condiciones y garantías para asegurar el

cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Se acordó la creación de la Comisión

Nacional para la Consolidación de la Paz (COPAZ) y la depuración y reducción

de las Fuerzas Armadas.

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El caso de Guatemala

La apertura democrática como primer paso para la paz

En el primer quinquenio de la década de 1980, Guatemala vivió una transformación de

las instituciones políticas dirigida a la apertura democrática. Desde 1954 (con la

excepción del gobierno de Mario Méndez Montenegro) en el país se había sucedido

una serie de gobiernos militares que alcanzaron el poder a través de golpes de Estado

o por la vía de elecciones ilegítimas con evidentes prácticas de fraude.

En 1984, durante el gobierno militar de Óscar Mejía Víctores, se convocó a la elección

de una Asamblea Nacional Constituyente que fue dominada por los extintos partidos

políticos Movimiento de Liberación Nacional (MLN), Unión del Centro (UCN) y

Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG).

Durante el gobierno de Efraín Ríos Montt se había derogado la Constitución Política de

1965 y se había implantado un nuevo ordenamiento jurídico-político a través del

“Estatuto Fundamental de Gobierno”.

Luego del golpe de Estado contra Ríos Montt, Mejía Víctores levantó el estado de

alarma que se encontraba vigente, promulgó una nueva Ley de Amnistía y convocó a

elecciones para la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente, como primer

paso hacia la democracia.

Una de las normativas aprobadas por la Constituyente fue la Ley Electoral y de

Partidos Políticos vigente hasta nuestro días. La nueva Constitución fue promulgada el

30 de mayo de 1984 y la normativa electoral el 3 de junio. Un día después, el gobierno

militar convocó a elecciones presidenciales, legislativas y municipales, a realizarse el 3

de noviembre de ese mismo año y una posible segunda vuelta el siguiente 3 de

diciembre.

En esos comicios, el candidato por la DCG, Vinicio Cerezo, ganó las elecciones

presidenciales con el 68% de los votos válidos. El primer presidente de la era

democrática tomó posesión del cargo el 14 de enero de 1986.

Además del retorno a la democracia, Cerezo se enfrentaba a un conflicto armado que

llevaba dos décadas en el país. El Salvador también se encontraba en medio de un

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enfrentamiento entre el Gobierno y grupos guerrilleros, mientras que en Nicaragua

los sandinistas le hacían frente a la “contra” y a las políticas estadounidenses que

alentaban la resistencia armada y el aislamiento del país. El istmo centroamericano

representaba uno de los últimos territorios en conflicto de Latinoamérica en la etapa

final de la Guerra Fría.

Esquipulas II

Vinicio Cerezo fue uno de los principales promotores de las cumbres presidenciales

realizadas en Esquipulas, Guatemala. El 7 de agosto de 1987 los mandatarios del istmo

emitieron el “Acuerdo de Esquipulas II” que, además de referirse a la necesidad de la

democratización y a garantizar la realización de elecciones libres, establece una serie

de mecanismos institucionales para la consecución de la paz:

1. Proceso de reconciliación nacional a través del diálogo, la amnistía y la

instalación de una Comisión Nacional de Reconciliación.

2. Exhortación al cese de hostilidades para alcanzar un definitivo cese del fuego.

3. Exhortación a otros Estados a cesar la ayuda militar, logística, financiera,

propagandística y personal a grupos guerrilleros.

4. Asistencia para refugiados y desplazados como consecuencia del conflicto.

5. Creación de una Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento

integrada por la Organización de Estados Americanos (OEA), ONU, cancilleres

de Centroamérica, del Grupo de Contadora y del Grupo de Apoyo.

El Acuerdo de Esquipulas II puede considerarse como el primer paso en Guatemala

para el establecimiento del proceso de paz que terminó con el conflicto armado

interno en 1996.

La ruta de la paz en Guatemala

En Guatemala a diferencia de El Salvador, la inestabilidad del Gobierno y la

participación activa del Ejército en los asuntos políticos hicieron más tumultuoso el

proceso de paz. De hecho, las fuerzas armadas consideraron al nuevo gobierno civil

como la herramienta para la continuación de la política contrainsurgente (ODHAG,

1998).

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Además, Vinicio Cerezo debió enfrentar una serie de intentonas de golpes de Estado y

de acciones de desestabilización por parte de los sectores más conservadores ligados

a la élite económica ante los cambios que exigía la instalación de la democracia,

principalmente en los temas relacionados con la reforma fiscal, que incluyó la

aprobación del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Sin embargo, desde el ámbito institucional, el gobierno de Cerezo instaló la Comisión

Nacional de Reconciliación, integrada por el Poder Ejecutivo, por Roberto Carpio

Nicolle (vicepresidente de la República); por la Conferencia Episcopal de Guatemala,

Monseñor Rodolfo Quezada Toruño; por los partidos políticos de oposición, Jorge

Serrano Elías; y la periodista Tere Bolaños de Zarco como ciudadana notable.

o Acuerdo de Oslo. Firmado el 29 de marzo de 1990 entre la Comisión Nacional

de Reconciliación Nacional de Guatemala (CNR) y la Unidad Revolucionaria

Nacional Guatemala (URNG), establece la intención de la búsqueda de la paz

por medios políticos. Además, ambas partes solicitan al secretario general de la

ONU, Javier Pérez de Cuéllar, constituirse como observador del proceso y de los

compromisos asumidos.

Jorge Serrano Elías, del Movimiento de Acción Solidaria (MAS), asumió la presidencia

de Guatemala el 14 de enero de 1991. Durante su gobierno, se nombró a Manuel

Conde Orellana como el representante del Gobierno para los diálogos de paz, y se

alcanzaron los siguientes acuerdos con la URNG, siempre con el acompañamiento de

la CNR.

o Acuerdo de México. Firmado el 26 de abril de 1991, establece el mecanismo de

diálogo entre las partes y se definen los temas generales para la negociación:

Democratización y derechos humanos.

Fortalecimiento del Poder Civil y función del Ejército en una sociedad

democrática.

Identidad y derechos de los pueblos indígenas.

Reformas constitucionales y régimen electoral.

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Aspectos socioeconómicos.

Situación Agraria.

Reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento

armado.

Bases para la incorporación de URNG a la vida política del país.

Definitivo cese del fuego.

Cronograma de la implementación, cumplimiento y verificación de los

acuerdos.

o Acuerdo de Querétaro. Firmado en México, el 25 de julio de 1991, establece la

necesidad del fortalecimiento de la democracia funcional y participativa para

alcanzar la paz.

El rompimiento constitucional y el denominado “autogolpe” de Jorge Serrano Elías,

que mediante un acuerdo gubernativo suspendió al Congreso de la República y a la

Corte Suprema de Justicia, y que le obligó a renunciar a la Presidencia de la República

el 31 de mayo de 1993, significó un segundo obstáculo para la negociación de paz

entre el Gobierno y la URNG.

Sin embargo, el proceso fue reanudado por el gobierno de transición de Ramiro de

León Carpio, quien nombró a Héctor Rosada Granados como representante del Poder

Ejecutivo en el proceso de diálogo.

A continuación se enumeran los acuerdos operativos alcanzados durante la

administración de De León Carpio:

o Acuerdo marco para la reanudación del proceso de negociación entre el

Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca,

firmado en la ciudad de México el 10 de enero de 1994, retoma el temario

general del Acuerdo de México y solicita al secretario general de la ONU

designar a un representante para que asuma la función de moderador del

proceso. Además, se establece la creación de una asamblea para permitir la

participación de la sociedad civil en la discusión de los puntos del temario

11

general. También se solicita la integración de un grupo de amigos con la

participación de Colombia, España, Estados Unidos, México, Noruega y

Venezuela.

o Acuerdo de calendario de las negociaciones para una paz firme y duradera,

firmado en la ciudad de México el 29 de marzo de 1994, establece un

cronograma operativo. Se estableció (un punto no cumplido) la firma del

acuerdo de paz para diciembre de 1994.

Los acuerdos para la paz:

Los acuerdos que pusieron fin al conflicto armado en El Salvador se firmaron el 16 de

enero de 1992 en el Castillo de Chapultepec, Ciudad de México. Casi cinco años

después, el 29 de diciembre de 1996 el turno fue para Guatemala, cuando se firmaron

los documentos que terminaron con el enfrentamiento entre el Gobierno y los

movimientos guerrilleros aglutinados en la URNG.

Una de las características principales que comparten ambos países, es que los

documentos que abrieron la puerta a la paz fueron alcanzados por gobiernos de

derecha. En 1992 gobernaba El Salvador el representante de ARENA, Alfredo Cristiani

y, en 1996 en Guatemala, Álvaro Arzú, del Partido de Avanzada Nacional (PAN). En

ambos países se contó con el apoyo de la ONU y de un grupo de países amigos que

facilitaron la negociación.

Más allá de la ideología de los gobiernos de Cristiani y Arzú, que implementaron una

serie de privatizaciones en ambos países, entre las que se encuentra la banca, los

acuerdos de paz alcanzados en varios países guardan una serie de similitudes que

reflejan la situación que enfrentaban ambos países antes y después del conflicto

armado interno.

El cuadro que se presenta a continuación trata de evidenciar las similitudes y

diferencias entre los acuerdos de paz de El Salvador y Guatemala:

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TEMA CONTENIDO GUATEMALA EL SALVADOR

Derechos

humanos

Fortalecimiento de las

instancias de

protección de

derechos humanos,

compromiso en

contra de la

impunidad, garantías

individuales y

desmantelamiento de

los cuerpos

clandestinos y

aparatos ilegales de

seguridad (CIACS).

Acuerdo global sobre

derechos humanos.

México, D.F., 29 de

marzo de 1994.

Acuerdo de San

José. Costa Rica, 26

de julio de 1990.

Establecimiento

de una misión de

verificación de la

ONU

Instalación de una

misión de verificación

de la ONU sobre el

cumplimiento de los

acuerdos alcanzados y

verificación de la

vigencia de los

derechos humanos.

Acuerdo global sobre

derechos humanos.

Méxido, D.F., 29 de

marzo de 1994.

Acuerdo de San

José. Costa Rica, 26

de julio de 1990.

Poblaciones

desarraigadas

Atención a la

población

desarraigada por el

conflicto armado

interno.

Reintegración de

dichas poblaciones y

establecimiento de

procesos de

Acuerdo para el

reasentamiento de

las poblaciones

desarraigadas por el

enfrentamiento

armado. Oslo,

Noruega, 17 de junio

de 1994.

No existente.

13

desarrollo económico

y social.

Esclarecimiento

de la verdad

Instalación de una

comisión de

esclarecimiento

histórico para

investigar las

violaciones a los

derechos humanos

cometidas durante el

conflicto armado

interno.

Acuerdo sobre el

establecimiento de la

Comisión para el

Esclarecimiento

Histórico de las

violaciones a los

derechos humanos y

los hechos de

violencia que han

causado

sufrimientos a la

población

guatemalteca. Oslo,

Noruega, 23 de junio

de 1994.

Acuerdo de

México. México,

D.F., 27 de abril de

1991.

Pueblos

indígenas

Reconocimiento de la

identidad de los

pueblos indígenas,

lucha contra la

discriminación,

derechos culturales

Acuerdo sobre

identidad y derechos

de los pueblos

indígenas. México,

D.F., 31 de marzo de

1995.

No existente.

Tenencia de

tierra y

economía

Fortalecimiento de la

participación

democrática para el

desarrollo, tenencia y

acceso a la tierra,

modernización fiscal.

Acuerdo sobre

Aspectos

Socioeconómicos y

Situación Agraria.

México, D.F., 6 de

mayo de 1996.

Acta de Nueva

York. Nueva York,

Estados Unidos, 25

de septiembre de

1991.

Actas I y II de

Nueva York. Nueva

York, Estados

14

Unidos, 31 de

diciembre de 1991

y 13 de enero de

1992,

respectivamente.

Acuerdos de

Chapultepec.

México, D.F., 16 de

enero de 1992.

Fortalecimiento

del poder civil y

Ejército

Modernización del

Sector Justicia,

creación de la Policía

Nacional Civil,

redefinición de la

función del Ejército,

reducción de las

Fuerzas Armadas.

Acuerdo sobre

fortalecimiento del

poder civil y función

del Ejército en una

sociedad

democrática. México,

D.F., 19 de

septiembre de 1996.

Acuerdo de

México. México,

D.F., 27 de abril de

1991.

Acuerdos de

Chapultepec.

México, D.F., 16 de

enero de 1992.

Cese al fuego Cese al fuego y

desmovilización de

efectivos de la

guerrilla, inventario

de armas.

Acuerdo sobre el

definitivo cese al

fuego. Oslo, Noruega,

4 de diciembre de

1996.

Acuerdos de

Chapultepec.

México, D.F., 16 de

enero de 1992.

Incorporación

de los

movimientos

guerrilleros a la

vida civil y

política.

Incorporación de

guerrilleros a la vida

legal, política, social,

económica y cultural

del país; amnistía y

programas de

desarrollo para

efectivos de la

guerrilla.

Acuerdo sobre bases

para la

incorporación de la

Unidad

Revolucionaria

Nacional

Guatemalteca a la

legalidad. Madrid,

España, 12 de

Acta de Nueva

York. Nueva York,

Estados Unidos, 25

de septiembre de

1991.

Acuerdos de

Chapultepec.

México, D.F., 16 de

15

diciembre de 1996. enero de 1992.

Paz Establecimiento de la

paz y vigencia de los

acuerdos de paz.

Acuerdo de paz

firme y duradera.

Guatemala, 29 de

diciembre de 1996.

Acuerdos de

Chapultepec.

México, D.F., 16 de

enero de 1992.

Una agenda compartida, un presente similar

Los acuerdos de paz en El Salvador y Guatemala evidencian el interés por garantizar

las condiciones económicas, políticas y sociales que permitieron el surgimiento y

operación de los grupos guerrilleros, movimientos subversivos que materializaron la

opción de una lucha armada como la única vía ante el Estado represor, oligárquico y

de carácter anticomunista.

Estos acuerdos de paz se constituyeron como una ventana de oportunidad para la

superación de las estructuras instaladas por el colonialismo y el liberalismo

oligárquico-militar.

En ambos países, los acuerdos se pueden dividir en grandes grupos:

1. Sustantivos sobre la estructura económica y social: Referidos a la tenencia de

los recursos productivos (especialmente de la tierra) concentrada en pocas

manos y dirigidos a la superación de la desigualdad y la exclusión.

2. Modernización y democratización del Estado: Dirigidos a la instalación de una

institucionalidad democrática y civil, replegando la participación del Ejército a

tareas específicas como la defensa de la soberanía nacional y el cuidado de las

fronteras. Un punto importante en ambos países es la creación de la Policía

Nacional Civil, no supeditada al Ejército.

3. Derechos humanos y reconocimiento de la verdad: Dirigidos a la instalación de

mecanismos para garantizar la vigencia de los derechos humanos frente una

institucionalidad estatal construida para ejercer la violencia sistemática como

medida de represión contra la oposición política, y a la elaboración de

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“informes de la verdad” para el esclarecimiento de los hechos violentos

perpetrados por el Ejército y por la guerrilla. En este último punto cabe

destacar que, pese a la tradición de impunidad que atraviesa al Sistema de

Justicia en ambos países, en Guatemala se ha avanzado en el esclarecimiento de

los hechos del pasado para garantizar el derecho a la justicia a las víctimas de

la represión del Estado.

4. Incorporación de los movimientos guerrilleros a la vida civil y legal: Aunque

ambos países contemplaron la inclusión de un acuerdo para establecer el

mecanismo para dar legalidad a los movimientos guerrilleros, la diferencia fue

sustantiva. Si bien en ambos países se presentó un mecanismo adverso para la

transición de los movimientos guerrilleros hacia partidos políticos, en el caso

de El Salvador el acuerdo estableció la ruta para la organización política

partidaria del FMLN. Esta podría ser una de las causas para explicar la

diferencia de la fuerza de la izquierda de El Salvador respecto a la debilidad de

la URGN en Guatemala.

Uno de los temas ausentes en los acuerdos de paz de El Salvador que sí se registró

como parte fundamental de la negociación en Guatemala, fue el tema de los derechos

de los pueblos indígenas. El racismo ha sido un dispositivo permanente de la sociedad

guatemalteca para justificar la exclusión de la población indígena y, a través de los

diálogos de paz, se trató de superar esta realidad que todavía se mantiene vigente.

Se puede observar entonces, que la agenda de los acuerdos de paz de ambos países se

correspondía a una realidad nacional e internacional propia de finales del siglo

pasado, previo a la implementación de políticas neoliberales y ante un mundo

cambiante que recién superaba la dicotomía entre el capitalismo y el socialismo.

Pese a que los acuerdos de paz de El Salvador y Guatemala significan una serie de

compromisos por parte del Estado para la promoción de una serie de cambios

institucionales que significaran el fortalecimiento de la democracia en todos los

ámbitos sociales, fue la propia institucionalidad estatal la que impidió la concreción de

dichos acuerdos.

17

Es innegable que la asociación y la expresión, por ejemplo, son dos de las libertades

alcanzadas y ejercidas gracias a los acuerdos de paz. Además, también se hace

evidente la instalación de ciertas instituciones dirigidas al fortalecimiento del poder

civil, como la Policía Nacional Civil en ambos países.

Sin embargo, las instituciones relacionadas con el fortalecimiento del poder civil no

fueron dotadas de los mecanismos que garantizaran su éxito. Además, aquellos

acuerdos que significan un cambio importante en la estructura económica fueron

parcialmente implementados. En el tema de la tierra, por ejemplo, no se estableció en

El Salvador un mecanismo de fiscalización sobre la calidad de los terrenos

distribuidos; mientras que en Guatemala se optó por el mecanismo del mercado para

hacer cumplir la política de acceso a la tierra a través del Fondo de Tierras

(FONTIERRA).

Además, uno de los principales acuerdos alcanzados como parte de los diálogos de paz

en Guatemala fue la promoción de una reforma a la Constitución Política de la

República para implementar los cambios acordados. Esta reforma, realizada en 1999

fue rechazada por el propio gobierno de Álvaro Arzú, quien contribuyó bastante para

la victoria del “no”.

En términos históricos, y con base a la realidad actual, los acuerdos de paz de El

Salvador y Guatemala podrían considerarse como herramientas fundamentales y

actuales para la consolidación de la democracia en ambos países y en la región

centroamericana.

Sin embargo, frente a nuevos elementos sociales relacionados con el desgaste del

sistema político y con la presencia de sofisticados mecanismos de organización

delictiva, se hace necesario la concreción de nuevos acuerdos que traigan paz en

tiempos de paz.

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