ACUERDOS DE PAZ

Guatemala vivió un conflicto armado interno, en el cual se manifestaron actos de crueldad, desprecio a la vida y a la dignidad de la población guatemalteca, a través de métodos cuya crueldad causan horror.

Después de 36 años de conflicto armado interno que vivió la población guatemalteca, finalmente el 29 de diciembre de 1996 se llevó a cabo en Guatemala la firma de la paz firme y duradera entre la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca (URNG) y el Estado de Guatemala, acontecimiento que puso fin al conflicto.

El Acuerdo de Paz Firme y Duradera, firmado el 29 de Diciembre de 1996, introduce las bases necesarias para un desarrollo en paz y augurar un futuro moderno para el país.

El acuerdo contiene 17 puntos, ante todo, declaraciones de voluntad política. La adhesión a los principios orientados a garantizar y proteger la plena observancia y el respeto de los derechos humanos, el compromiso de investigar las violaciones de los derechos humanos ocurridos en el marco del enfrentamiento interno para contribuir a fortalecer el proceso de conciliación nacional y la democratización en el país, el reconocimiento de la identidad y derechos de los pueblos indígenas como base para la construcción de una nación multiétnica, pluricultural y multilingüe. Forma parte del catálogo de objetivos políticos la necesidad de un desarrollo socioeconómicos participativo orientado al bien común. Lograr una situación social más justa se relaciona con la necesidad de un sistema fiscal más equitativo y eficiente. Erradicar la pobreza y el desempleo, mejorar la salud, la educación y capacitación y la seguridad social son consideradas tareas prioritarias del desarrollo. Otro aspecto planteado es la reforma del Estado y del Ejército. 

ACUERDO DE IDENTIDAD DE LOS PUEBLOSEl Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas -AIDPI- fue el quinto de los doce Acuerdos de Paz suscritos por el Gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), para alcanzar soluciones pacíficas alConflicto Armado Interno (García, s.f., p. 1). Este enfrentamiento duró más de treinta años y dejó un saldo en muertos y desaparecidos que supera las 250 000 personas (Comisión para el Esclarecimiento Histórico, s.f., p. 17).

El Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas fue firmado el 31 de marzo de 1995, en México, D. F., y forma parte delAcuerdo de Paz Firme y Duradera (APFD), el cual concluyó el proceso de negociaciones de paz que duró alrededor de una década y fue suscrito el 29 de diciembre de 1996 (Procuraduría de los Derechos Humanos, 2001).De acuerdo con Condore (2007, p. 48), el Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas es el acuerdo que ha motivado mas reacciones de rechazo

–tanto en la sociedad civil y política, como en las esferas de gobierno–, tal como lo evidencia la negativa de población guatemalteca a aprobar las propuestas de reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala durante la Consulta Popular de 1999.

 

Contenido

Contenido Vigencia Referencias bibliográficas Artículos Relacionados

ContenidoEn el Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, el Gobierno y la URNG acordaron reconocer la identidad de los pueblos Maya, Xinca y Garífuna, y adoptar una serie de medidas para desarraigar la opresión y la discriminación, que han padecido los pueblos indígenas y les ha negado el pleno ejercicio de sus derechos y participación política (“Acuerdo sobre identidad”, 1997). En ese sentido, los firmantes acordaron reconocer:

La descendencia directa de los mayas contemporáneos de los antiguos mayas. La procedencia de los idiomas mayas de una raíz maya común. La cosmovisión maya que se basa en la relación armónica de todos los

elementos del universo, en el que el ser humano es sólo un elemento más, la tierra es la madre que da la vida, y el maíz es un signo sagrado, eje de su cultura.

El papel de la mujer maya en la transmisión de su cosmovisión. La particular vulnerabilidad e indefensión de la mujer indígena frente a la doble

discriminación como mujer y como indígena, con el agravante de una situación social de particular pobreza y explotación.

La autoidentificación. Los derechos culturales de los pueblos indígenas.

A través del Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, el Gobierno y la URNG acordaron llevar a cabo las siguientes acciones (“Acuerdo sobre identidad”, 1997):

La promoción de la tipificación de la discriminación étnica y del acoso sexual como delito.

La creación de la Defensoría de la Mujer Indígena. La lucha para la erradicación de la discriminación.

La construcción de la unidad nacional basada en el respeto y ejercicio de los derechos políticos, culturales, económicos y espirituales de todos los guatemaltecos.

La promoción de una reforma de la Constitución Política de la República que liste el conjunto de los idiomas existentes en Guatemala que el Estado está constitucionalmente comprometido en reconocer, respetar y promover.

La promoción del uso de todos los idiomas indígenas en el sistema educativo, a fin de permitir que los niños puedan leer y escribir en su propio idioma o en el idioma que más comúnmente se hable en la comunidad a la que pertenezcan, promoviendo en particular la educación bilingüe e intercultural.

La promoción del uso de los idiomas de los pueblos indígenas en la prestación de los servicios sociales del Estado a nivel comunitario.

Garantizar el derecho constitucional al uso del traje indígena en todos los ámbitos de la vida nacional.

VigenciaEl Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas cobró vigencia a partir de la firma del Acuerdo de paz firme y duradera, según lo estipulado en la siguiente cláusula: “todos los acuerdos integrados al Acuerdo de Paz Firme y Duradera cobran formal y total vigencia en el momento de la firma del presente Acuerdo” (“Acuerdo de paz”, 1997, p. 419).

Según el Perfil de Gobernabilidad de Guatemala (2005, p. 20), la aplicación de este acuerdo generó un debate en torno al racismo y la discriminación, la Consulta Popular de 1999, la creación de la Defensoría de la Mujer Indígena en 2004, la tipificación del delito de discriminación en el Código Penal en 2002, la aprobación de la Ley de Idiomas Nacionales en 2003 y, entre otras cosas, la instauración de la Comisión Presidencia contra la Discriminación y el Racismo en 2005. Sin embargo, dicho documento subraya que estos pasos positivos “distan mucho de revertir una situación que ofrece grandes retos y cuya transformación requiere tanto de una voluntad política decidida como de una movilización de la población afectada” (2005, p. 20).