Código asignatura Nombre asignatura

66901029 Derecho Administrativo I

Fecha alta y origen Convocatoria 02/04/2014

Junio 2013 (1ª Semana) Foro Asignatura

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GRADO EN DERECHO Y GRADO EN CIENCIAS JURÍDICAS DE LAS AAPP. Derecho Administrativo I. Nacional. Original.

-El examen consta de veinte (20) preguntas tipo test con cuatro (4) alternativas de respuesta, de las cuales el alumno debe marcar la que considere correcta –sólo una es válida– -Las preguntas acertadas suman 0,5 puntos, las erróneas restan 0,2 y las no contestadas no se califican -Para la realización de este tipo de examen se entregará un cuestionario y una hoja oficial de respuestas. En la hoja oficial de respuestas el alumno deberá plasmar, además de sus datos personales, las respuestas correspondientes. Lea y siga con mucho cuidado las indicaciones de dicha hoja oficial de respuestas. - La evaluación de la prueba tipo test se hará teniendo en cuenta única y exclusivamente los resultados marcados en dicha hoja oficial de respuestas. Entregue sólo la hoja de respuestas. Puede quedarse con el cuestionario. - No se permite utilizar en el examen material alguno (ni programa, ni código de leyes, ni cualquier otro). 1. Un Decreto-Legislativo es una norma a. Que aprueba el Gobierno, que tiene rango de Ley, y que se puede impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa en determinados supuestos b. Que aprueba el Gobierno, que tiene rango inferior Ley, y que se puede impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa en todo caso c. Que aprueba el Parlamento, que tiene rango de Ley, y que solo se puede impugnar ante el Tribunal Constitucional d. Que aprueba el Parlamento, que tiene rango inferior a la Ley, y que se puede impugnar ante el Tribunal Constitucional 2. Los Reglamentos de la Unión Europea a. Son directamente aplicables en España b. Son directamente aplicables en España, salvo que vayan en contra de una Ley española. c. Son aplicables en España, una vez que hayan sido incorporados o traspuestos a Derecho español mediante un acto formal de recepción d. Son directamente aplicables en España, salvo que el Estado español desista unilateralmente de su aplicación. 3. En cuanto a la capacidad normativa del Gobierno, y de acuerdo con la Constitución Española de 1978 a. El Gobierno puede regular cualquier materia, pues no hay materias reservadas a la Ley b. El Gobierno sólo puede regular aquellas materias que han sido objeto de reserva reglamentaria por la Constitución c. En nuestra Constitución no hay reserva de Ley ni reserva reglamentaria d. En nuestra Constitución hay determinadas materias cuya regulación está reservada a la Ley 4. ¿Puede la Administración desvincularse de su práctica anterior o precedente al resolver un asunto nuevo y análogo a otro anterior? a. Sí puede, pero debe motivarlo b. Sí puede, sin ningún requisito

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c. No puede, el precedente le vincula en todo caso d. No puede, porque supondría una ruptura del principio de seguridad jurídica 5. De acuerdo con la Ley 30/1992, las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales a. Son nulas de pleno derecho b. Son anulables c. Son convalidables d. Son válidas 6. Diga cuál de las siguientes afirmaciones es cierta, conforme establece la Ley 30/1992 a. Los órganos administrativos no pueden dirigir la actividad de sus órganos jerárquicamente dependientes. b. Los órganos administrativos podrán dirigir la actividad de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio, cuyo incumplimiento da lugar por sí sólo a la invalidez de los actos dictados por los órganos administrativos y a la responsabilidad disciplinaria correspondiente. c. Los órganos administrativos podrán dirigir la actividad de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio, cuyo incumplimiento da lugar por sí sólo a la invalidez de los actos dictados por los órganos administrativos, aunque en ningún caso a responsabilidad disciplinaria. d. Los órganos administrativos podrán dirigir la actividad de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio, cuyo incumplimiento no afecta por sí sólo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir 7. La transferencia tanto de la titularidad como del ejercicio de una competencia se denomina, en nuestro ordenamiento, a. Desconcentración b. Delegación c. Encomienda de gestión d. Avocación 8. De acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, podrán dar lugar al planteamiento de los conflictos en defensa de la autonomía local a. Sólo las normas o disposiciones del Estado con rango de ley que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada. b. Una norma o disposición del Estado o de una Comunidad Autónoma con rango de ley que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada. c. Una norma o disposición del Estado rango reglamentario que lesione la autonomía local constitucionalmente garantizada. d. Una norma o disposición del Estado o de una Comunidad Autónoma con rango de ley o con rango reglamentario que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada.

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9. La asistencia y cooperación requerida en virtud del principio de lealtad institucional, de acuerdo con el contenido de la Ley 30/1992 a. Sólo podrá negarse cuando el ente del que se solicita no esté facultado para prestarla b. Sólo podrá denegarse cuando el ente del que se solicita no disponga de medios suficientes para ello c. Sólo podrá denegarse cuando el de lo contrario el ente del que se solicita causaría un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones. d. Ninguna de las anteriores es correcta 10. De acuerdo con la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), la determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia respectivo de los Ministerios y las Secretarías de Estado se establece mediante a. Un Real Decreto del Presidente del Gobierno b. Real Decreto del Consejo de Ministros c. Ley ordinaria d. Ley Orgánica 11. De acuerdo con la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), la dirección de los denominados “servicios comunes” del Ministerio correspondiente corresponde a. Al Secretario de Estado b. Al Subsecretario c. Al Secretario General Técnico d. Al Secretario General 12. El control de las normas con rango de Ley elaboradas y aprobadas por las Comunidades Autónomas se realizará, conforme queda señalado en la Constitución española, a. Por el Tribunal Constitucional b. Por el Defensor del Pueblo c. Por la jurisdicción contencioso-administrativa d. Por el Tribunal de Cuentas 13. De acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local, en los municipios de régimen común, la aprobación del reglamento orgánico del Ayuntamiento corresponde a. Al Pleno b. Al Alcalde c. A la Junta de Gobierno Local d. A ninguno de los anteriores 14. Son municipios de gran población, de acuerdo con la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL) realizada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, a. Los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes, siempre que así lo decidan las Asambleas Legislativas correspondientes a iniciativa de los respectivos Ayuntamientos. b. Los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los 175.000 habitantes, siempre que así lo decidan las Asambleas Legislativas correspondientes a iniciativa de los respectivos Ayuntamientos.

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c. Los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes, que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales, siempre que así lo decidan las Asambleas Legislativas correspondientes a iniciativa de los respectivos Ayuntamientos d. Los municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas, en todo caso. 15. De acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local, cuando la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas considere, en el ámbito de las respectivas competencias, que un acto o acuerdo de alguna Entidad local infringe el ordenamiento jurídico a. Podrán anular dicho acto o acuerdo directamente b. Podrán requerir a la Entidad local para que anule dicho acto o acuerdo, o bien impugnarlo directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa c. Podrán requerir a la Entidad local para que anule dicho acto o acuerdo, pero no impugnarlo directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa d. Podrán suspender dicho acto o acuerdo y, posteriormente, una vez instruido el correspondiente procedimiento, podrán anularlo. 16. De acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local, los acuerdos de las Corporaciones locales se adoptan a. Siempre, por mayoría simple de los miembros presentes. b. Siempre, por mayoría absoluta. c. Como regla general, por mayoría simple de los miembros presentes. d. Como regla general, por mayoría absoluta. 17. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), las Entidades Públicas Empresariales a. Son Organismos públicos, que se rigen por el Derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en dicha Ley, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria. b. Son Organismos públicos, que se rigen por el Derecho público, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en dicha Ley, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria. c. Son Organismos privados, que se rigen por el Derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en dicha Ley, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria. d. Son Organismos privados, que se rigen por el Derecho público, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en dicha Ley, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria. 18. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a. Las sociedades mercantiles estatales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico público, salvo en las materias en que les sean de aplicación la normativa presupuestaria, contable, patrimonial, de control financiero y

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contratación. En todo caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública. b. Las sociedades mercantiles estatales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sean de aplicación la normativa presupuestaria, contable, patrimonial, de control financiero y contratación. En todo caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública. c. Las sociedades mercantiles estatales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico público, salvo en las materias en que les sean de aplicación la normativa presupuestaria, contable, patrimonial, de control financiero y contratación. En ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública. d. Las sociedades mercantiles estatales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sean de aplicación la normativa presupuestaria, contable, patrimonial, de control financiero y contratación. En ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública. 19. En cuanto a los honorarios profesionales entre las profesiones colegiadas y de acuerdo con la Ley de Colegios Profesionales a. La regla general es que los Colegios Profesionales podrán establecer recomendaciones sobre honorarios profesionales. b. La regla general es que los Colegios Profesionales no podrán establecer recomendaciones sobre honorarios profesionales, aunque sí unos baremos orientativos. c. Los Colegios Profesionales no podrán establecer recomendaciones sobre honorarios profesionales, ni siquiera criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas de los abogados. d. Los Colegios Profesionales no podrán establecer recomendaciones sobre honorarios profesionales, aunque sí criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas de los abogados. 20. La composición y competencia del Consejo de Estado se encuentra regulada a. En una Ley Orgánica específica, que regula estas materias b. En la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado c. En la Ley del Gobierno. d. En la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

Código asignatura Nombre asignatura

66901029 Derecho Administrativo I

Fecha alta y origen Convocatoria 02/04/2014

Septiembre 2013 (Original) Foro Asignatura

GRADO EN DERECHO Y GRADO EN CIENCIAS JURÍDICAS DE LAS AAPP. Derecho Administrativo I. Nacional-UE. Original.

-El examen consta de veinte (20) preguntas tipo test con cuatro (4) alternativas de respuesta, de las cuales el alumno debe marcar la que considere correcta (sólo una es válida). -Las preguntas acertadas suman 0,5 puntos, las erróneas restan 0,2 y las no contestadas no se califican. -Para la realización de este tipo de examen se entregará un cuestionario y una hoja oficial de respuestas. En la hoja oficial de respuestas el alumno deberá plasmar las respuestas correspondientes. Lea y siga con mucho cuidado las indicaciones de dicha hoja oficial de respuestas. - La evaluación de la prueba tipo test se hará teniendo en cuenta única y exclusivamente los resultados marcados en dicha hoja oficial de respuestas. Entregue sólo la hoja de respuestas. Puede quedarse con el cuestionario. - No se permite utilizar en el examen material alguno: ni programa, ni código de leyes, ni cualquier otro (su utilización conlleva expulsión del Aula, no corrección del examen y un posible expediente sancionador). 1.- De acuerdo con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía se aprueban: a) Por una Ley de la correspondiente Comunidad Autónoma. b) Por una Ley de transferencia o delegación. c) Por una Ley orgánica. d) Por una Ley ordinaria. 2.- En relación a las leyes estatales de conexión con los subsistemas autonómicos, puede afirmarse de acuerdo con la Constitución española que a) El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde al Gobierno, previo acuerdo favorable del Senado, la apreciación de esta necesidad. b) El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, salvo en el caso de materias atribuidas a la competencia exclusiva de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde las Cortes Generales, por mayoría simple de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad. c) El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, salvo en el caso de materias atribuidas a la competencia exclusiva de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde al Gobierno, previo acuerdo favorable del Senado, la apreciación de esta necesidad. d) El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.

3.- Conforme señala la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (LBRL) en el procedimiento de aprobación de las ordenanzas locales: a) Hay un trámite de información pública y audiencia a los interesados. b) Hay un trámite de audiencia a los interesados, pero no de información pública. c) No hay trámite de información pública, ni audiencia a los interesados, pero sí de audiencia a las asociaciones de vecinos. d) Ninguna de las anteriores es correcta 4.- De acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA) las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general, a) no afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente. b) en ningún caso afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales. c) afectarán por sí mismas y necesariamente a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales. d) afectarán por sí mismas y necesariamente a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente.

5.- Los Jueces y Tribunales, según queda establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ),

a) interpretarán y aplicarán los reglamentos –pero no las leyes– según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Supremo en todo tipo de procesos. b) interpretarán y aplicarán las leyes –pero no los reglamentos– según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos. c) interpretarán y aplicarán las leyes orgánicas –pero no las leyes ordinarias ni los reglamentos– según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos. d) interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos.

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6.- La avocación por un órgano superior, de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC): a) Está prohibida por ser incompatible con el carácter irrenunciable de la competencia. b) Sólo resulta posible respecto de aquellos asuntos cuya resolución corresponda por delegación a sus órganos administrativos dependientes. c) Nunca resulta posible respecto de aquellos asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente a sus órganos administrativos dependientes. d) Resulta posible, con carácter general, respecto de aquellos asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes. 7.- Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación se considerarán dictadas, conforme se establece en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJPAC: a) Por el órgano delegante. b) Por el órgano delegado. c) Por el órgano delegante o por el órgano delegado en función de los términos en que se haya realizado la delegación. d) Por el órgano delegante o por el órgano delegado en función de la materia sobre la que recaiga. 8.- ¿Cuál es el órgano o autoridad que tiene la competencia para resolver los conflictos interministeriales en la Administración General del Estado? a) El Consejo de Ministros. b) El Presidente del Gobierno. c) Los Ministros implicados en el conflicto. d) El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción. 9.- ¿Cuál de estas afirmaciones es la correcta en relación a la coordinación del Estado y de las Comunidades Autónomas sobre las Entidades Locales? a) Ha sido declarada inconstitucional por vulneración del principio de autonomía local. b) Ha sido declarada constitucional como derivación del poder de jerarquía del Estado y de las Comunidades Autónomas sobre las Entidades Locales. c) Está aceptada y ha quedado regulada en la Ley de Bases de Régimen Local. d) La establecerá cada Ayuntamiento mediante acuerdo del Pleno. 10.- De acuerdo con la Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), tendrán la consideración de órganos: a) todas las unidades administrativas. b) las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. c) únicamente las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros. d) únicamente las unidades administrativas cuya actuación tenga carácter preceptivo.

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11.- En cuanto a la organización de los departamentos ministeriales o Ministerios, y siempre conforme a la LOFAGE (Ley 6/1997) puede afirmarse que, a) En los Ministerios pueden existir Secretarías de Estado, y excepcionalmente Secretarias Generales, para la gestión de un sector de actividad administrativa. b) En los Ministerios pueden existir Secretarías de Estado y una Subsecretaría, y excepcionalmente Secretarías Generales, para la gestión de un sector de actividad administrativa. c) Los Ministerios contarán, siempre y en todo caso, con Secretarías de Estado y Secretarías Generales, para la gestión de un sector de actividad administrativa. d) Los Ministerios contarán, en todo caso, con Secretarías de Estado y una Subsecretaría, para la gestión de un sector de actividad administrativa. 12.- En relación con la planta orgánica de los municipios de régimen común, y de acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL), puede afirmarse que la Comisión Especial de Cuentas: a) Es un órgano que existe en todos los municipios. b) Existe únicamente en los municipios de población superior a 5.000 habitantes. c) Existe únicamente en los municipios de población superior a 25.000 habitantes. d) Existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento. 13.- De acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL), la dirección del Gobierno y la Administración municipal corresponde en los municipios de régimen común, a) Al Pleno del Ayuntamiento. b) Al Alcalde. c) A la Junta de Gobierno Local. d) Al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma. 14.- En relación a la posibilidad de constituir Consorcios por parte de las entidades locales puede afirmarse, conforme a la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL), que, a) Las entidades locales pueden constituir consorcios con otras Administraciones públicas pero nunca con entidades privadas. b) Las entidades locales pueden constituir consorcios con entidades privadas, pero nunca con otras Administraciones públicas. c) Las entidades locales no pueden constituir consorcios. d) Las entidades locales pueden constituir consorcios con otras Administraciones Públicas o con entidades privadas que cumplan determinados requisitos.

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15.- Según la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL), la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales, a) Podrá acordarse por el Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con consentimiento del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Congreso de los Diputados. b) Podrá acordarse por el Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado. c) Podrá acordarse por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Ministros o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado. d) Podrá acordarse por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente, a iniciativa propia y con consentimiento del Consejo de Ministros o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Congreso de los Diputados. 16.- Una Sentencia que resuelva un conflicto en defensa de la autonomía local, de acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC): a) declarará si existe o no vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada, pero la declaración, en su caso, de inconstitucionalidad de la ley que haya dado lugar al conflicto requerirá nueva sentencia. b) declarará si existe o no vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada, y declarará, en su caso, la inconstitucionalidad de la ley que haya dado lugar al conflicto. c) declarará si existe o no vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada, y declarará, en su caso, la inconstitucionalidad de la ley o reglamento que haya dado lugar al conflicto. d) declarará, en su caso, la inconstitucionalidad de la ley que haya dado lugar al conflicto, pero la declaración, en su caso, de vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada requerirá nueva sentencia. 17.- De acuerdo con la Ley 6/1997, de 14 de abril de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), los estatutos de los Organismos autónomos y entidades públicas empresariales se aprobarán: a) Mediante una Ley ordinaria. b) Por Real Decreto del Consejo de Ministros. c) Mediante Orden Ministerial del Ministro de Hacienda. d) Por una Orden Ministerial del titular del Ministerio de adscripción.

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18.- Son notas características de la estructura y naturaleza de los organismos públicos, de acuerdo con la Ley 6/1997 (LOFAGE), que: a) no tienen personalidad jurídica pública diferenciada, ni patrimonio ni tesorería propios, pero sí autonomía de gestión. b) no tienen personalidad jurídica pública diferenciada, ni patrimonio ni tesorería propios, ni autonomía de gestión. c) tienen personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, pero no autonomía de gestión. d) tienen personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión. 19.- En relación al Tribunal de Cuentas y de acuerdo con la Constitución Española, puede afirmarse que, a) Es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público. Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. b) Es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público. Dependerá directamente del Gobierno y ejercerá sus funciones por delegación de éste en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. c) Es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público. Dependerá directamente del Tribunal Supremo y ejercerá sus funciones por delegación de éste en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. d) Es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público. Dependerá directamente del Consejo General del Poder Judicial y ejercerá sus funciones por delegación de éste en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. 20.- Conforme señala la Ley Orgánica del Consejo de Estado, en relación con los Proyectos de Decretos legislativos, deberá –es preceptivo- consultarse: a) Al Pleno del Consejo de Estado. b) A la Comisión Permanente del Consejo de Estado. c) A la Comisión de Estudios del Consejo de Estado. d) No se debe consultar al Consejo de Estado en esta materia.

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66901029 Derecho Administrativo I

Fecha alta y origen Convocatoria 02/04/2014

Junio 2013 (1ª Semana) Foro Asignatura

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GRADO EN DERECHO Y GRADO EN CIENCIAS JURÍDICAS DE LAS AAPP. Derecho Administrativo I. Nacional. Original.

-El examen consta de veinte (20) preguntas tipo test con cuatro (4) alternativas de respuesta, de las cuales el alumno debe marcar la que considere correcta –sólo una es válida– -Las preguntas acertadas suman 0,5 puntos, las erróneas restan 0,2 y las no contestadas no se califican -Para la realización de este tipo de examen se entregará un cuestionario y una hoja oficial de respuestas. En la hoja oficial de respuestas el alumno deberá plasmar, además de sus datos personales, las respuestas correspondientes. Lea y siga con mucho cuidado las indicaciones de dicha hoja oficial de respuestas. - La evaluación de la prueba tipo test se hará teniendo en cuenta única y exclusivamente los resultados marcados en dicha hoja oficial de respuestas. Entregue sólo la hoja de respuestas. Puede quedarse con el cuestionario. - No se permite utilizar en el examen material alguno (ni programa, ni código de leyes, ni cualquier otro). 1. Un Decreto-Legislativo es una norma a. Que aprueba el Gobierno, que tiene rango de Ley, y que se puede impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa en determinados supuestos b. Que aprueba el Gobierno, que tiene rango inferior Ley, y que se puede impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa en todo caso c. Que aprueba el Parlamento, que tiene rango de Ley, y que solo se puede impugnar ante el Tribunal Constitucional d. Que aprueba el Parlamento, que tiene rango inferior a la Ley, y que se puede impugnar ante el Tribunal Constitucional 2. Los Reglamentos de la Unión Europea a. Son directamente aplicables en España b. Son directamente aplicables en España, salvo que vayan en contra de una Ley española. c. Son aplicables en España, una vez que hayan sido incorporados o traspuestos a Derecho español mediante un acto formal de recepción d. Son directamente aplicables en España, salvo que el Estado español desista unilateralmente de su aplicación. 3. En cuanto a la capacidad normativa del Gobierno, y de acuerdo con la Constitución Española de 1978 a. El Gobierno puede regular cualquier materia, pues no hay materias reservadas a la Ley b. El Gobierno sólo puede regular aquellas materias que han sido objeto de reserva reglamentaria por la Constitución c. En nuestra Constitución no hay reserva de Ley ni reserva reglamentaria d. En nuestra Constitución hay determinadas materias cuya regulación está reservada a la Ley 4. ¿Puede la Administración desvincularse de su práctica anterior o precedente al resolver un asunto nuevo y análogo a otro anterior? a. Sí puede, pero debe motivarlo b. Sí puede, sin ningún requisito

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c. No puede, el precedente le vincula en todo caso d. No puede, porque supondría una ruptura del principio de seguridad jurídica 5. De acuerdo con la Ley 30/1992, las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales a. Son nulas de pleno derecho b. Son anulables c. Son convalidables d. Son válidas 6. Diga cuál de las siguientes afirmaciones es cierta, conforme establece la Ley 30/1992 a. Los órganos administrativos no pueden dirigir la actividad de sus órganos jerárquicamente dependientes. b. Los órganos administrativos podrán dirigir la actividad de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio, cuyo incumplimiento da lugar por sí sólo a la invalidez de los actos dictados por los órganos administrativos y a la responsabilidad disciplinaria correspondiente. c. Los órganos administrativos podrán dirigir la actividad de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio, cuyo incumplimiento da lugar por sí sólo a la invalidez de los actos dictados por los órganos administrativos, aunque en ningún caso a responsabilidad disciplinaria. d. Los órganos administrativos podrán dirigir la actividad de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio, cuyo incumplimiento no afecta por sí sólo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir 7. La transferencia tanto de la titularidad como del ejercicio de una competencia se denomina, en nuestro ordenamiento, a. Desconcentración b. Delegación c. Encomienda de gestión d. Avocación 8. De acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, podrán dar lugar al planteamiento de los conflictos en defensa de la autonomía local a. Sólo las normas o disposiciones del Estado con rango de ley que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada. b. Una norma o disposición del Estado o de una Comunidad Autónoma con rango de ley que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada. c. Una norma o disposición del Estado rango reglamentario que lesione la autonomía local constitucionalmente garantizada. d. Una norma o disposición del Estado o de una Comunidad Autónoma con rango de ley o con rango reglamentario que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada.

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9. La asistencia y cooperación requerida en virtud del principio de lealtad institucional, de acuerdo con el contenido de la Ley 30/1992 a. Sólo podrá negarse cuando el ente del que se solicita no esté facultado para prestarla b. Sólo podrá denegarse cuando el ente del que se solicita no disponga de medios suficientes para ello c. Sólo podrá denegarse cuando el de lo contrario el ente del que se solicita causaría un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones. d. Ninguna de las anteriores es correcta 10. De acuerdo con la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), la determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia respectivo de los Ministerios y las Secretarías de Estado se establece mediante a. Un Real Decreto del Presidente del Gobierno b. Real Decreto del Consejo de Ministros c. Ley ordinaria d. Ley Orgánica 11. De acuerdo con la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), la dirección de los denominados “servicios comunes” del Ministerio correspondiente corresponde a. Al Secretario de Estado b. Al Subsecretario c. Al Secretario General Técnico d. Al Secretario General 12. El control de las normas con rango de Ley elaboradas y aprobadas por las Comunidades Autónomas se realizará, conforme queda señalado en la Constitución española, a. Por el Tribunal Constitucional b. Por el Defensor del Pueblo c. Por la jurisdicción contencioso-administrativa d. Por el Tribunal de Cuentas 13. De acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local, en los municipios de régimen común, la aprobación del reglamento orgánico del Ayuntamiento corresponde a. Al Pleno b. Al Alcalde c. A la Junta de Gobierno Local d. A ninguno de los anteriores 14. Son municipios de gran población, de acuerdo con la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL) realizada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, a. Los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes, siempre que así lo decidan las Asambleas Legislativas correspondientes a iniciativa de los respectivos Ayuntamientos. b. Los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los 175.000 habitantes, siempre que así lo decidan las Asambleas Legislativas correspondientes a iniciativa de los respectivos Ayuntamientos.

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c. Los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes, que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales, siempre que así lo decidan las Asambleas Legislativas correspondientes a iniciativa de los respectivos Ayuntamientos d. Los municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas, en todo caso. 15. De acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local, cuando la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas considere, en el ámbito de las respectivas competencias, que un acto o acuerdo de alguna Entidad local infringe el ordenamiento jurídico a. Podrán anular dicho acto o acuerdo directamente b. Podrán requerir a la Entidad local para que anule dicho acto o acuerdo, o bien impugnarlo directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa c. Podrán requerir a la Entidad local para que anule dicho acto o acuerdo, pero no impugnarlo directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa d. Podrán suspender dicho acto o acuerdo y, posteriormente, una vez instruido el correspondiente procedimiento, podrán anularlo. 16. De acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local, los acuerdos de las Corporaciones locales se adoptan a. Siempre, por mayoría simple de los miembros presentes. b. Siempre, por mayoría absoluta. c. Como regla general, por mayoría simple de los miembros presentes. d. Como regla general, por mayoría absoluta. 17. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), las Entidades Públicas Empresariales a. Son Organismos públicos, que se rigen por el Derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en dicha Ley, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria. b. Son Organismos públicos, que se rigen por el Derecho público, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en dicha Ley, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria. c. Son Organismos privados, que se rigen por el Derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en dicha Ley, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria. d. Son Organismos privados, que se rigen por el Derecho público, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en dicha Ley, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria. 18. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a. Las sociedades mercantiles estatales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico público, salvo en las materias en que les sean de aplicación la normativa presupuestaria, contable, patrimonial, de control financiero y

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contratación. En todo caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública. b. Las sociedades mercantiles estatales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sean de aplicación la normativa presupuestaria, contable, patrimonial, de control financiero y contratación. En todo caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública. c. Las sociedades mercantiles estatales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico público, salvo en las materias en que les sean de aplicación la normativa presupuestaria, contable, patrimonial, de control financiero y contratación. En ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública. d. Las sociedades mercantiles estatales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sean de aplicación la normativa presupuestaria, contable, patrimonial, de control financiero y contratación. En ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública. 19. En cuanto a los honorarios profesionales entre las profesiones colegiadas y de acuerdo con la Ley de Colegios Profesionales a. La regla general es que los Colegios Profesionales podrán establecer recomendaciones sobre honorarios profesionales. b. La regla general es que los Colegios Profesionales no podrán establecer recomendaciones sobre honorarios profesionales, aunque sí unos baremos orientativos. c. Los Colegios Profesionales no podrán establecer recomendaciones sobre honorarios profesionales, ni siquiera criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas de los abogados. d. Los Colegios Profesionales no podrán establecer recomendaciones sobre honorarios profesionales, aunque sí criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas de los abogados. 20. La composición y competencia del Consejo de Estado se encuentra regulada a. En una Ley Orgánica específica, que regula estas materias b. En la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado c. En la Ley del Gobierno. d. En la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

Código asignatura Nombre asignatura

66901029 Derecho Administrativo I

Fecha alta y origen Convocatoria 02/04/2014

Septiembre 2013 (Original) Foro Asignatura

GRADO EN DERECHO Y GRADO EN CIENCIAS JURÍDICAS DE LAS AAPP. Derecho Administrativo I. Nacional-UE. Original.

-El examen consta de veinte (20) preguntas tipo test con cuatro (4) alternativas de respuesta, de las cuales el alumno debe marcar la que considere correcta (sólo una es válida). -Las preguntas acertadas suman 0,5 puntos, las erróneas restan 0,2 y las no contestadas no se califican. -Para la realización de este tipo de examen se entregará un cuestionario y una hoja oficial de respuestas. En la hoja oficial de respuestas el alumno deberá plasmar las respuestas correspondientes. Lea y siga con mucho cuidado las indicaciones de dicha hoja oficial de respuestas. - La evaluación de la prueba tipo test se hará teniendo en cuenta única y exclusivamente los resultados marcados en dicha hoja oficial de respuestas. Entregue sólo la hoja de respuestas. Puede quedarse con el cuestionario. - No se permite utilizar en el examen material alguno: ni programa, ni código de leyes, ni cualquier otro (su utilización conlleva expulsión del Aula, no corrección del examen y un posible expediente sancionador). 1.- De acuerdo con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía se aprueban: a) Por una Ley de la correspondiente Comunidad Autónoma. b) Por una Ley de transferencia o delegación. c) Por una Ley orgánica. d) Por una Ley ordinaria. 2.- En relación a las leyes estatales de conexión con los subsistemas autonómicos, puede afirmarse de acuerdo con la Constitución española que a) El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde al Gobierno, previo acuerdo favorable del Senado, la apreciación de esta necesidad. b) El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, salvo en el caso de materias atribuidas a la competencia exclusiva de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde las Cortes Generales, por mayoría simple de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad. c) El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, salvo en el caso de materias atribuidas a la competencia exclusiva de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde al Gobierno, previo acuerdo favorable del Senado, la apreciación de esta necesidad. d) El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.

3.- Conforme señala la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (LBRL) en el procedimiento de aprobación de las ordenanzas locales: a) Hay un trámite de información pública y audiencia a los interesados. b) Hay un trámite de audiencia a los interesados, pero no de información pública. c) No hay trámite de información pública, ni audiencia a los interesados, pero sí de audiencia a las asociaciones de vecinos. d) Ninguna de las anteriores es correcta 4.- De acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA) las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general, a) no afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente. b) en ningún caso afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales. c) afectarán por sí mismas y necesariamente a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales. d) afectarán por sí mismas y necesariamente a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente.

5.- Los Jueces y Tribunales, según queda establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ),

a) interpretarán y aplicarán los reglamentos –pero no las leyes– según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Supremo en todo tipo de procesos. b) interpretarán y aplicarán las leyes –pero no los reglamentos– según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos. c) interpretarán y aplicarán las leyes orgánicas –pero no las leyes ordinarias ni los reglamentos– según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos. d) interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos.

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6.- La avocación por un órgano superior, de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC): a) Está prohibida por ser incompatible con el carácter irrenunciable de la competencia. b) Sólo resulta posible respecto de aquellos asuntos cuya resolución corresponda por delegación a sus órganos administrativos dependientes. c) Nunca resulta posible respecto de aquellos asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente a sus órganos administrativos dependientes. d) Resulta posible, con carácter general, respecto de aquellos asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes. 7.- Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación se considerarán dictadas, conforme se establece en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJPAC: a) Por el órgano delegante. b) Por el órgano delegado. c) Por el órgano delegante o por el órgano delegado en función de los términos en que se haya realizado la delegación. d) Por el órgano delegante o por el órgano delegado en función de la materia sobre la que recaiga. 8.- ¿Cuál es el órgano o autoridad que tiene la competencia para resolver los conflictos interministeriales en la Administración General del Estado? a) El Consejo de Ministros. b) El Presidente del Gobierno. c) Los Ministros implicados en el conflicto. d) El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción. 9.- ¿Cuál de estas afirmaciones es la correcta en relación a la coordinación del Estado y de las Comunidades Autónomas sobre las Entidades Locales? a) Ha sido declarada inconstitucional por vulneración del principio de autonomía local. b) Ha sido declarada constitucional como derivación del poder de jerarquía del Estado y de las Comunidades Autónomas sobre las Entidades Locales. c) Está aceptada y ha quedado regulada en la Ley de Bases de Régimen Local. d) La establecerá cada Ayuntamiento mediante acuerdo del Pleno. 10.- De acuerdo con la Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), tendrán la consideración de órganos: a) todas las unidades administrativas. b) las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. c) únicamente las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros. d) únicamente las unidades administrativas cuya actuación tenga carácter preceptivo.

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11.- En cuanto a la organización de los departamentos ministeriales o Ministerios, y siempre conforme a la LOFAGE (Ley 6/1997) puede afirmarse que, a) En los Ministerios pueden existir Secretarías de Estado, y excepcionalmente Secretarias Generales, para la gestión de un sector de actividad administrativa. b) En los Ministerios pueden existir Secretarías de Estado y una Subsecretaría, y excepcionalmente Secretarías Generales, para la gestión de un sector de actividad administrativa. c) Los Ministerios contarán, siempre y en todo caso, con Secretarías de Estado y Secretarías Generales, para la gestión de un sector de actividad administrativa. d) Los Ministerios contarán, en todo caso, con Secretarías de Estado y una Subsecretaría, para la gestión de un sector de actividad administrativa. 12.- En relación con la planta orgánica de los municipios de régimen común, y de acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL), puede afirmarse que la Comisión Especial de Cuentas: a) Es un órgano que existe en todos los municipios. b) Existe únicamente en los municipios de población superior a 5.000 habitantes. c) Existe únicamente en los municipios de población superior a 25.000 habitantes. d) Existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento. 13.- De acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL), la dirección del Gobierno y la Administración municipal corresponde en los municipios de régimen común, a) Al Pleno del Ayuntamiento. b) Al Alcalde. c) A la Junta de Gobierno Local. d) Al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma. 14.- En relación a la posibilidad de constituir Consorcios por parte de las entidades locales puede afirmarse, conforme a la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL), que, a) Las entidades locales pueden constituir consorcios con otras Administraciones públicas pero nunca con entidades privadas. b) Las entidades locales pueden constituir consorcios con entidades privadas, pero nunca con otras Administraciones públicas. c) Las entidades locales no pueden constituir consorcios. d) Las entidades locales pueden constituir consorcios con otras Administraciones Públicas o con entidades privadas que cumplan determinados requisitos.

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15.- Según la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL), la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales, a) Podrá acordarse por el Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con consentimiento del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Congreso de los Diputados. b) Podrá acordarse por el Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado. c) Podrá acordarse por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Ministros o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado. d) Podrá acordarse por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente, a iniciativa propia y con consentimiento del Consejo de Ministros o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Congreso de los Diputados. 16.- Una Sentencia que resuelva un conflicto en defensa de la autonomía local, de acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC): a) declarará si existe o no vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada, pero la declaración, en su caso, de inconstitucionalidad de la ley que haya dado lugar al conflicto requerirá nueva sentencia. b) declarará si existe o no vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada, y declarará, en su caso, la inconstitucionalidad de la ley que haya dado lugar al conflicto. c) declarará si existe o no vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada, y declarará, en su caso, la inconstitucionalidad de la ley o reglamento que haya dado lugar al conflicto. d) declarará, en su caso, la inconstitucionalidad de la ley que haya dado lugar al conflicto, pero la declaración, en su caso, de vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada requerirá nueva sentencia. 17.- De acuerdo con la Ley 6/1997, de 14 de abril de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), los estatutos de los Organismos autónomos y entidades públicas empresariales se aprobarán: a) Mediante una Ley ordinaria. b) Por Real Decreto del Consejo de Ministros. c) Mediante Orden Ministerial del Ministro de Hacienda. d) Por una Orden Ministerial del titular del Ministerio de adscripción.

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18.- Son notas características de la estructura y naturaleza de los organismos públicos, de acuerdo con la Ley 6/1997 (LOFAGE), que: a) no tienen personalidad jurídica pública diferenciada, ni patrimonio ni tesorería propios, pero sí autonomía de gestión. b) no tienen personalidad jurídica pública diferenciada, ni patrimonio ni tesorería propios, ni autonomía de gestión. c) tienen personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, pero no autonomía de gestión. d) tienen personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión. 19.- En relación al Tribunal de Cuentas y de acuerdo con la Constitución Española, puede afirmarse que, a) Es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público. Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. b) Es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público. Dependerá directamente del Gobierno y ejercerá sus funciones por delegación de éste en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. c) Es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público. Dependerá directamente del Tribunal Supremo y ejercerá sus funciones por delegación de éste en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. d) Es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público. Dependerá directamente del Consejo General del Poder Judicial y ejercerá sus funciones por delegación de éste en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. 20.- Conforme señala la Ley Orgánica del Consejo de Estado, en relación con los Proyectos de Decretos legislativos, deberá –es preceptivo- consultarse: a) Al Pleno del Consejo de Estado. b) A la Comisión Permanente del Consejo de Estado. c) A la Comisión de Estudios del Consejo de Estado. d) No se debe consultar al Consejo de Estado en esta materia.

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