¿Cómo reducir la corrupción en el Sector Público?

Emigdio Alfaro, profesor e investigador de CENTRUM Católica

La reducción de la corrupción exige medidas a nivel del gobierno, a nivel de las organizaciones y a nivel de la población en general. Es un reto titánico de implementar, no solo porque el diseño es complicado, sino porque es muy difícil encontrar un equipo de gobierno que no tenga algunos candidatos o técnicos corruptos, encontrar organizaciones donde no exista alguna mala práctica de gestión o encontrar grupos poblacionales en los que no se tenga algunos antivalores que dirijan su actuar. Se debe combatir la corrupción a niveles de gobierno, organizaciones y la población en general.

Algunas medidas urgentes que podrían ayudar a reducir la corrupción en el Sector Público, son planteadas para el debate a continuación:

A. Brindar garantías para la protección de la integridad física del personal y de las familias del personal de los órganos de control institucional y del personal de las sociedades de auditoría externa que han informado sobre la existencia de responsabilidades civiles y penales. Este aspecto es vital, ya que si un auditor, jefe de comisión de auditoría, jefe de órgano de control institucional, juez, o fiscal, ve amenazada su integridad física y la de su familia, y peor aún, no tiene como protegerse a sí mismo y proteger a su familia, lo más probable es que en muchos casos, tenga que ceder a las presiones de los delincuentes. El personal de la Policía Nacional debería apoyar en esta labor y en el caso que los actos de corrupción provengan del personal de la Policía Nacional, deberían recibir la protección de personal especialmente preparado para esta labor en las Fuerzas Armadas.

B. Brindar seguros de vida y seguros integrales contra daños a la integridad física para el personal de los órganos de control institucional y para el personal de las sociedades de auditoría externa que encuentren responsabilidades civiles superiores a las 300 UIT y responsabilidades penales, así como a sus familias.

C. Fortalecer capacidades de gestión y aumentar los presupuestos de los organismos de control de los Poderes de Estado y los organismos autónomos, así como los contratados por los mismos. Esto incluye a: sociedades de auditoría externa, órganos de control institucional, entidades supervisoras de sectores empresariales, y la Contraloría General de la República. Además, se debe reestructurar el Estado en su conjunto bajo una gestión por procesos, lo que exigiría independencia de parte de la Contraloría General de la República, por lo que debería renacer como un Poder del Estado Peruano, al que podríamos llamarle “Poder Auditor”, al mismo nivel que el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Este Poder Auditor debería también ser auditado por organismos internacionales de respetada trayectoria mundial.

D. Exigir que los órganos de control institucional de las entidades públicas hagan veedurías y exámenes especiales constantes de todas las compras de las entidades públicas que superen las 25 UIT (Unidad Impositiva Tributaria), buscando que se respete el debido proceso establecido en la Ley de Contrataciones del Estado Peruano.

E. Tipificar como traición a la patria todos los actos de corrupción que causen perjuicios al Estado Peruano, más allá de las 700 UIT.

F. Convocar a un referéndum que permita realizar los cambios constitucionales para que se pueda solicitar la vacancia presidencial, la vacancia de congresistas y la vacancia de los funcionarios del Poder Judicial, ante la ocurrencia de actos de corrupción. Es muy difícil que la iniciativa de los cambios constitucionales venga de parte de los miembros de los poderes del Estado actuales, por lo que la sociedad civil debería organizarse para exigir la convocatoria a un referéndum, como se logró con la devolución del dinero del FONAVI, la que ya se ha iniciado.

G. Establecer como parte indispensable del procedimiento de evaluación de las compras sin proceso de selección que superen los límites establecidos por la Ley de Contrataciones del Estado Peruano, que los informes contengan necesariamente una estimación del perjuicio financiero que estarían provocando al Estado Peruano a través de dichas compras por los montos en exceso pagados y por los costos de oportunidad de no haber

incluido esas compras como parte de un proceso de selección más grande. Las compras sin proceso de selección, comúnmente son realizadas por varias decenas de veces al año, para un mismo conjunto de productos, en muchas instituciones públicas.

H. Exigir que los órganos de control institucional de las entidades públicas hagan exámenes especiales constantes de los avances de la ejecución presupuestal, de las cuentas contables, y de las resoluciones ministeriales o directorales que las modifican, para evitar los casos de malversación de fondos y colusiones.

I. Establecer líneas de carrera por méritos a las competencias y experiencias para los funcionarios que ocupan las jefaturas, gerencias, direcciones y participación en directorios, en las entidades del Estado Peruano que son supervisoras de los sectores empresariales y gubernamentales.

J. Normar que los funcionarios de las entidades del Estado Peruano que son supervisoras de los sectores empresariales, no puedan ser contratados por empresas del mismo sector que las supervisadas, luego de su cese de funciones en un plazo no menor a 5 años. Comúnmente los funcionarios no quieren ser rigurosos con las entidades privadas o públicas de los sectores que son supervisados, ya que cuando dejen de trabajar en la entidad supervisora, lo más probable es que tengan que pedir trabajo en las entidades a las cuales supervisaron.

K. Integración de los procesos de verificación de Registros Públicos, SUNAT, Unidad de Inteligencia Financiera, Sector Bancario, Sector Seguros, Sector AFP, etc., para reducir el lavado de activos, y el financiamiento de la delincuencia, la corrupción y el terrorismo.

L. Participación de organismos internacionales en las auditorías nacionales, sobre todo de los grandes y medianos proyectos, y en las entidades públicas que manejen presupuestos elevados, como es el caso de los ministerios, los gobiernos regionales y los gobiernos provinciales, entre otros.

Estas medidas ayudarían a reducir la corrupción en el sector público; pero, ¿Qué podríamos hacer para reducir la corrupción en el sector privado? Recordemos que muchos funcionarios que están en el sector público, han venido del sector privado, sector en el que también cometían actos de corrupción. Además, también deberíamos reducir la corrupción en la población, ya que existen muchos antivalores que también debemos reducir o eliminar. Estos aspectos serán tratados en próximos artículos.