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Henry Patricio Allán Alegría Panel V3 L1 Latin América Association Study (LASA), Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales –Sede Ecuador DEMOCRACIA Y RACISMO, A PROPOSITO DE LA MOVILIZACIÓN INDIGENA EN CONTRA DEL TRTADO DE LIBRE COMERCIO (TLC) Durante el mes de marzo del año 2006 se llevaron a cabo una serie de movilizaciones por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), en contra de la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de Norteamérica. A medida que la protesta ganaba en intensidad, los medios de comunicación tanto escritos como televisados, al igual que la mayoría de políticos y empresarios desplegaron un inusitado racismo en contra de los indígenas, fenómeno que después del Levantamiento Indígena de 1990 se creía de alguna manera en retirada. 1 Sin embargo, las declaraciones que se hicieron sobre la protesta de marzo del 2006, así como las representaciones realizadas sobre los indios en esa coyuntura específica, reafirmaron que las elites del país escudaban en un discurso liberal una visión de la democracia sustentada en un orden colonial. Se trata de un discurso que bajo la patina democrática no sólo le quita la capacidad al adversario ideológico de estar presente en el escenario político, sino que lo descalifica como sujeto protagonista de la vida política nacional; en definitiva, durante esta coyuntura las elites del país, al igual que la mayoría de medios de comunicación, sobre todo la televisión, desplegaron su visión sobre la democracia: elitista y sustentada en un orden colonial-racial. 1 Indignado frente a opiniones elitistas y racistas de algunos sesudos editorialistas, decidí responder a uno de ellos; en mis argumentos señale que no me parecía que el TLC, a pretexto de ser un tratado jurídico y comercial, no debía ser discutido por ciudadanos comunes y por los posibles afectados, argumente que la toma de decisiones por unos pocos era oligarquía. Sorprendido recibí la respuesta del notable editorialista señalándome que el prefería un país oligárquico donde los que saben tomen las decisiones que le convienen al país, y no los ignorantes.

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Ponencia sobre el racismo desplegado por las elites quiteñas durante la mvilizacion de la CONAIE en el año 2006

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Henry Patricio Allán Alegría

Panel V3 L1

Latin América Association Study (LASA), Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales –Sede Ecuador

DEMOCRACIA Y RACISMO, A PROPOSITO DE LA MOVILIZACIÓN INDIGENA EN CONTRA DEL TRTADO DE LIBRE COMERCIO (TLC)

Durante el mes de marzo del año 2006 se llevaron a cabo una serie de movilizaciones por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), en contra de la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de Norteamérica. A medida que la protesta ganaba en intensidad, los medios de comunicación tanto escritos como televisados, al igual que la mayoría de políticos y empresarios desplegaron un inusitado racismo en contra de los indígenas, fenómeno que después del Levantamiento Indígena de 1990 se creía de alguna manera en retirada. 1

Sin embargo, las declaraciones que se hicieron sobre la protesta de marzo del 2006, así como las representaciones realizadas sobre los indios en esa coyuntura específica, reafirmaron que las elites del país escudaban en un discurso liberal una visión de la democracia sustentada en un orden colonial. Se trata de un discurso que bajo la patina democrática no sólo le quita la capacidad al adversario ideológico de estar presente en el escenario político, sino que lo descalifica como sujeto protagonista de la vida política nacional; en definitiva, durante esta coyuntura las elites del país, al igual que la mayoría de medios de comunicación, sobre todo la televisión, desplegaron su visión sobre la democracia: elitista y sustentada en un orden colonial-racial.

La ponencia explora entonces como en la coyuntura de marzo del 2006 salio a flote la visión sobre la democracia y en general sobre la política que tienen las elites del país, así como las representaciones sobre el indio. Para ello analizo las noticias publicadas durante todo el mes de marzo en dos periódicos que tienen una circulación regional importante: El Comercio, en la ciudad de Quito y El Universo, en Guayaquil; me limito, por un lado, a extraer de los artículos de carácter noticioso, las declaraciones que hicieron sobre la protesta y sobre los indios, tanto empresarios como políticos de alto rango (diputados, ministros, alcaldes, presidente de la República, etc.); y por otro lado, analizo las opiniones de los editorialistas que mostraban abiertamente una preferencia por el TLC o que mostraban una oposición a la movilización indígena.

En resumen analizo las declaraciones hechas por empresarios y políticos de alto nivel a los medios recomunicación escrita; así como la opinión de editorialistas pro TLC, en los mismos medios.

La experiencia histórica

En 1979, el Ecuador inauguraba su ingreso, a lo que al menos en los papeles, parecía

1 Indignado frente a opiniones elitistas y racistas de algunos sesudos editorialistas, decidí responder a uno de ellos; en mis argumentos señale que no me parecía que el TLC, a pretexto de ser un tratado jurídico y comercial, no debía ser discutido por ciudadanos comunes y por los posibles afectados, argumente que la toma de decisiones por unos pocos era oligarquía. Sorprendido recibí la respuesta del notable editorialista señalándome que el prefería un país oligárquico donde los que saben tomen las decisiones que le convienen al país, y no los ignorantes.

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una democracia liberal representativa. La idea era que la relativa modernización económica que el país acababa de experimentar durante los años setenta, debía ser “completada” con una modernización del sistema político. De hecho, el diseño del sistema político otorgaba un papel central a los partidos y los convertía en mediadores entre las demandas de la sociedad y el Estado. Ahora bien, la relativa euforia que implicó el retorno del país a la senda constitucional impidió observar que la nueva democracia liberal representativa, nacía bajo un orden elitista y colonial, que se pudo apreciar incluso desde las iniciales discusiones para diseñar la constitución que regiría al país a partir de 1979. Un ejemplo de ello constituyó la discusión en torno la posibilidad que los analfabetos, la mayoría de ellos indígenas, voten.

La discusión en torno al voto al analfabeto reflejó de manera transparente la posición política de los distintos actores. Para algunos intelectuales, no se podía permitir el voto al analfabeto porque: “La respetabilidad del (Presidente) elegido, el principio de autoridad, y la disciplina nacional se resentirían (…) si a un electorado culto y consciente de su papel (se opone) una horda de desgreñados e ignorantes, dispuestos a imponer sus condiciones y hasta sus infames intereses”2.

Para estos mismos intelectuales, “la gran mayoría de los adultos pasados los 30 años, especialmente en las zonas rurales, aunque hayan sido alfabetizados, jamás cambiarán sus primitivas formas de trabajo, sus hábitos ancestrales, para convertirse en agentes positivos de su progreso individual y menos el de la comunidad”3.

Para algunos editorialistas defensores en aquel momento del statu quo: a los analfabetos, “no se les puede conceder derechos ciudadanos, por que no están en condición de utilizarlos” y menos aún “crearles deberes que no esta[n] en aptitud de cumplir”; para las elites, el voto del analfabeto llevaría al país a “un trágico sometimiento a regímenes populistas.”4.

Para los grupos empresariales más tradicionales: la concesión del voto al analfabeto es demagógica, pues no están en capacidad de ejercer este derecho, además pueden ser víctimas de la manipulación de politiqueros. Primero hay que alfabetizar a los analfabetos –aunque muchos no quieren aprender a leer y a escribir a pesar de las facilidades- porque el ejercicio democrático requiere de cierta madurez, capacidad y cultura, (Peña 1981: 124-125).

Se trataba sin duda de un pensamiento oligárquico el cual veía en los analfabetos no sólo un peligro para la estabilidad política del país, sino también, una incapacidad congénita para ser actores de su propio destino.

En estas circunstancias, para la derecha conceder el voto al analfabeto era un planteamiento hecho por unos comisionados que no representan al pueblo, se trataba de una propuesta “tramposa y demagógica”, llena de “snobismo político”, un “cálculo partidista”, una “tesis romántica”; en definitiva “un plan demagógico preconcebido cuya finalidad era prolongar la dictadura.”

En cambio, para la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), los sindicatos, las organizaciones estudiantiles y los partidos de izquierda y reformistas, destacaban la imperiosa necesidad de conceder el voto al analfabeto5, lo cual permitiría eliminar la

2 Editorial, Revista Vistazo. Febrero 1977. Pág. 24.3 Editorial. El Comercio, abril 1, 1977.4 Editorial de Raúl Andrade. El Comercio enero 12, 1977.5 Por ejemplo, para la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), ciudadano es: “todo ecuatoriano mayor de 18 años” por las siguientes razones: 1.- En el Ecuador existe una sociedad dividida en clases donde a los

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discriminación, y sobre todo la democratización del escenario político. Finalmente, en la Constitución de 1979 se estableció el derecho de ciudadanía a los analfabetos.

He traído a colación esta larga introducción para señalar la visión elitista y racista que tuvieron -en 1978- sobre la democracia empresarios, funcionarios de gobierno, conductores de programas televisivos, entre otros. En esta medida no es casual la visión de la elite ecuatoriana sobre la movilización indígena de marzo y la propuesta de la CONAIE de convocar a una consulta popular para decidir el tema del TLC.

Sus opiniones no son anecdóticas, se trata más bien de una condición estructural de la democracia ecuatoriana. Sólo en esta medida se entiende el ataque furibundo desplegado en contra de la movilización indígena, pues desde su entrada en la escena política nacional como sujeto ha impugnado la matriz de dominación étnica presente en el Estado ecuatoriano.

Parafraseando a Guerrero han transcurrido casi 27 años desde la instauración de un régimen liberal representativo, y sin embargo en el discurso de los políticos y empresarios se transparenta un esquema mental que reformula tópicos de un boceto conservado en los repliegues perdurables de los blanco-mestizos. (Guerrero 1994: 198)

A continuación y de manera arbitraria expondré algunos de los argumentos de las elites empresariales y políticas sobre el tipo de democracia que esta implícito en su discurso:

El gobierno de los técnicos.

Uno de los argumentos favoritos de las concepciones elitistas de la democracia es que las decisiones políticas deben ser tomadas por un grupo de personas seleccionadas de entre la masa debido a sus cualidades, entre ellas, honestidad, sabiduría, conocimiento, formación, etc. En la mentalidad colonial de las elites, las decisiones políticas, no están sujetas a la discusión de la ciudadanía, no se necesita legitimarlas puesto que quien las toma tiene las credenciales suficientes para hacerlo y sobre todo sabe lo que le conviene al pueblo. En esta medida se entiende el furibundo rechazo de las elites empresariales y políticas del país a aceptar la propuesta de la CONAIE, de someter la aprobación del TLC a consulta popular.

En una entrevista realizada por El Comercio a un dirigente empresarial se le preguntaba: ¿Es conveniente la consulta para la aprobación del TLC?, la respuesta fue: “eso es irresponsable. Los detractores del TLC saben que cuando alguien no entiende algo lo va a negar. Primero hay que poner a consideración  los 18 capítulos de la negociación, no se puede preguntar “sí o no”. Eso es impracticable. No hay necesidad de una consulta, es un tema muy complejo.”6

Tal como lo señala Ramírez para este tipo de visión “la perdurabilidad y eficiencia de la

explotadores no les interesa reconocer la ciudadanía a los analfabetos, para continuar explotándoles. 2.- Los responsables para que haya en el Ecuador analfabetos son el Estado y el gobierno, órganos de clase al servicio de los explotadores. 3.- No pueden haber en el país ecuatorianos privilegiados llamados ciudadanos que tienen derechos y obligaciones, y ecuatorianos analfabetos discriminados que tengan solo obligaciones. 4.- Los analfabetos están sujetos a toda jurisdicción y competencia, no hay tribunales especiales para los llamados ciudadanos, y otros tribunales de inferior categoría para los analfabetos. 5.- Los analfabetos trabajan para el desarrollo del país, aunque de sus trabajos no se beneficien. 6.- Los analfabetos tienen plena capacidad para discernir y pensar 7.- No podemos constitucionalizar una injusticia que existía hace dos mil años en Grecia y Roma donde los nobles y patricios eran ciudadanos, y los esclavos, plebeyos.” El Comercio, marzo 15, 1977.6 El Comercio, 22 de abril 2006

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democracia requiere la restricción de los espacios en que la acción política tiene lugar, la limitación del número de participantes en las deliberaciones políticas y el desplazamiento de la participación ciudadana de la movilización al voto […] Es evidente que en esta perspectiva la democracia queda disociada de la opinión pública en un doble sentido: el poder decisorio de las elites vuelve irrelevante la formación de espacios de opinión y, a nivel del sistema de gobierno, es posible prescindir del debate público para alcanzar una cierta racionalidad política (siempre imperfecta).” (Ramírez 2006).

Ahora bien, esta visión restrictiva de la democracia, en donde el debate público no cuenta, esta preñada de un paternalismo, típico de la relación que establecían el hacendado y el indio en los latifundios. En la misma entrevista, se pregunta al empresario: ¿Cree que el ciudadano común sabe lo que es el TLC? “No es necesario que  entienda con profundidad, tiene que beneficiarse. Para eso existen las cúpulas empresariales que buscan el bienestar. El tema es complejo, por eso se lo delega a  negociadores con  conocimientos técnicos”7.

En esta visión no es necesario que las personas entiendan lo que implica el TLC, sino que deben confiar en las decisiones que las cúpulas empresariales tomen, pues son ellos los que están preocupados por su bienestar. Y es que el paternalismo -al igual que el caciquismo- constituyó una forma de dominación política que la modernización liberal experimentada por el Ecuador a partir de 1895 no pudo cambiar; de hecho, el liberalismo criollo se amalgamó con elementos ideológicos propios del latifundio dando lugar a una sui géneris combinación de elementos modernos y tradicionales, hibridación que explica la actitud de las elites empresariales. El autoritarismo y el paternalismo del recordado patrón siguen aún con vida.

Los indios no saben ni por qué mismo protestan

La democracia elitista que defienden empresarios y políticos, necesita sin duda alguna de la descalificación de la capacidad del oponente para tomar decisiones políticas. Históricamente, el indio fue visto como un ser infantilizado carente de capacidad reflexiva y de aprendizaje. El sistema educativo moldeo a los grupos mestizos con la imagen del “indio bestia, ignorante, indio rudo”. En el fondo la idea que subyace es que el indio no sabe de las complejidades del mundo comercial y político, sino que, ni siquiera puede hablar por si mismo.

En este se sentido entiende la actitud prepotente tanto del Secretario de la Administración,  José Modesto Apolo y como del Secretario de Comunicación, Enrique Proaño. El primero, retando de manera soberbia a Luis Macas –Presidente de la CONAIE- a un debate público en un canal de televisión para hablar del TLC. “Que nos diga cuánto sabe de agricultura y para que le demuestre al pueblo que lo que está montando es una tramoya”8, señalaba en aquel entonces el mencionado Secretario.

Ahora bien, para las elites tanto gubernamentales como empresariales, la toma de decisiones no es un acto político, es una decisión técnica encargada a los que si saben, por lo tanto cualquier ciudadano que quiera participar de la vida política del país y cuyo bagaje de conocimientos no sea lo suficientemente alto queda excluido de la toma de decisiones. En esta concepción se despolitiza la política, que queda reducida a un mero procedimiento administrativo-gerencial, en donde la discusión y la formación de una

7 El Comercio, marzo 22, 20068 El Comercio, marzo 18, 2006

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opinión política, entiéndase pública, no cuenta.

En una editorial se anotaba “Pero debemos decir con firmeza y con absoluta claridad, que la percepción o la certeza de que el Gobierno padece de paludismo político no da derecho ni justifica que grupos, que pretenden desestabilizar nuestra raquítica democracia, se ensañen reclamando cosas de tipo técnico que la mayoría de los reclamantes ignoran, como la no suscripción del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos o la caducidad del contrato de explotación petrolera con la empresa Occidental, cuyas vigencias deben ser examinadas desapasionadamente con argumentos de naturaleza comercial y jurídica, mas no con afiebrados argumentos políticos”9.

Tras las movilizaciones hay financiamiento y asesoría externa

En este sentido tampoco es inusual que al negarle al indio la capacidad de convertirse en sujeto político, su actuación organizada en las protestas de marzo, genere suspicacias. Para las elites los indios no piensan y no pueden tener un nivel de organización y planificación como el que demostraron en marzo. La movilización, en la mente de las elites aristócrata-coloniales, sólo puede ser producto de agentes externos.

El secretario de Comunicación Enrique Proaño, aseguraba en aquel entonces que “se expulsará a las ONG extranjeras que hayan colaborado con la protesta indígena. Hemos recibido algunos informes de inteligencia de la Policía, pero no estamos en capacidad todavía de dar a conocer ningún avance y ningún nombre, porque la investigación continúa. Proaño agregaba que "tres miembros de una ONG, que son de origen vasco y cuya detención se dispuso para continuar la investigación, han desaparecido y no se puede dar con su paradero"10

Todo ello muestra, que a pesar de haber transcurrido 16 años del primer levantamiento indígena nacional, las elites no salen de su asombro y de sus prejuicios coloniales, los miembros del grupo dominante, por lo tanto tendrán que revalorar sus mitos y creencias sobre los indios, pues estos ya no son invisibles, no son objetos, ni mucho menos “zombis, robots, máquinas que trabajaban sin ningún tipo de subjetividad.” (De la Torre 2006).

La participación irracional de los indios en la política.

Desde la época colonial, la dupla civilización-barbarie fue utilizada como recurso conceptual y tecnológico para legitimar el sometimiento de los pueblos indígenas a las estructuras coloniales de dominación. Una de las obsesiones permanente en las elites políticas del país ha sido la de “extirpar” a los indios su “natural salvajismo e irracionalidad”, la educación, el servicio militar, y hasta el mestizaje constituyeron eficaces mecanismos de la estrategia colonial para “civilizar” a los indios.

Ahora bien, a partir del levantamiento de 1990, los indios empezaron a hablar por si mismos y ocuparon un espacio en el escenario político nacional, sin embargo, este espacio es un escenario en disputa en donde los recién llegados ponen en peligro no sólo tradicionales privilegios de corte señorial, sino que implícitamente democratizan estos espacios, es más, al entrar en una disputa por el poder, los indios no solamente transforman las jerarquías sociales sino que cuestionan el ordenamiento establecido e

9 Orlando Alcívar Santos, Editorial: ¿Cuál es el paro de hoy?. El Universo, 17 de Marzo del 2006 10 El Comercio, marzo 18, 2006

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incluso se “atreven” a realizar propuesta para el establecimiento de un nuevo modelo de Estado.

El escenario político, que hasta hace algunos años era un espacio exclusivo, es decir un espacio de dominación étnica, se ve alterado por el ingreso de un nuevo actor, que al decir de las elites no hace “política” sino que bloquea carreteras, corta árboles, quema llantas, etc.

Ante la siguiente pregunta ¿Cree que las protestas indígenas contra el TLC tienen intereses políticos? un empresario responde: “Ese sector [refiriéndose a los indios] no debate y probablemente está politizado. Ahí entra la irracionalidad y sólo se ve el beneficio de dos o tres  dirigentes. El periodista le pregunta ¿Usted dice que hay una actitud de irracionalidad, qué  plantea entonces el gremio empresarial?, el empresario vuelve a responder: “no se puede responder irracionalidad con irracionalidad. El gremio  seguirá debatiendo de forma racional, no política. ¿Qué van a hacer? Pregunta finalmente el periodista y el empresario señala “Exigirle [al gobierno] que tome acciones legales contra los que se paralizan. Hay sectores que están violando los derechos constitucionales de otros ciudadanos y  demandamos que se restablezca el orden.”

Sin duda el empresario postula el establecimiento de un viejo orden donde la “irracionalidad política” de los indios no este presente y además exige que se los castigue por su “osadía” al ocupar un escenario político, bloquear caminos, y por si fuera poco, reclamar por algo que “ni siquiera saben”11. Las elites políticas y empresariales del país en su proceso de dominación establecieron su prerrogativa de quien era civilizado y quién bárbaro, quien era normal o anormal, quien participa de forma racional o irracional en la política, con lo cual se deshumanizan al adversario.

Un editorial de un periódico anotaba que “El titular de la Legislatura cree que las medidas que están adoptando ciertos sectores no son las adecuadas para resolver los problemas. Lucero se preguntó “¡qué vamos a sacar destruyendo las carreteras, boicoteando el tránsito, perjudicando al país en todos los órdenes, quemando llantas, generando violencia, protestando?”. El Presidente del Congreso opina que los problemas hay que analizarlos, “sentarnos a ver las razones, los motivos y los argumentos que hayan en el caso, por ejemplo, del TLC y de la Oxy”.12

La irracionalidad política de los indios desestabiliza la democracia

Durante las manifestaciones del mes de marzo, otro de los argumentos esgrimidos tanto por empresarios como por miembros del gobierno y hasta diputados, fue que la movilización india amenaza la institucionalidad del país, pone en peligro la sobrevivencia del Ecuador, crea las condiciones para un golpe de Estado y sobre todo desestabiliza la democracia. Se tratan de argumentos muy parecidos a los desarrollados por Samuel Huntington y la Trilateral: los problemas de gobernabilidad por los que atraviesan las democracias se deben a que hay un “exceso” de demandas por parte de la sociedad.

Ahora bien para lograr que este exceso de demandas, de irracionalidad, pongan en peligro la democracia liberal, -siempre de acuerdo a las elites- es necesario educar a la gente y sobre todo impregnarles de valores políticos de tipo moderno como (igualdad,

11 El Comercio, marzo 22, 200612 El Comercio, marzo 16, 2006.

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individualismo, racionalidad instrumental) que hagan posible su funcionamiento. Es decir, hay una necesidad implícita de transformaciones valoricas. Es necesario que las personas dejen sus prácticas premodernas y las reemplacen por individualismo, racionalidad instrumental, orden, autoridad, seguridad, propiedad, eficiencia, competencia y pragmatismo.

En este sentido se le asigna un papel fundamental a la educación y a los medios de comunicación como productores de valores, en definitiva que estos medios reproduzcan los valores sistémicos. En esta medida se entiende porqué los medios de comunicación actuaron como cajas de resonancia de los intereses de funcionarios de alto rango y empresarios, hacienda gala de un derroche de racismo.

Pero la difusión e introyección de valores aparentemente modernos, busca por un acto de prestidigitación hacer aparecer los valores de tipo capitalista como si fueran los valores de la modernidad. Y es que el control político no se realiza exclusivamente mediante mecanismos institucionales formales sino que abarcan pautas valoricas que desconocen la naturaleza política de las practicas económicas; reglas de juego del sistema político donde el tema económico no es materia de debate y negociación; el pluralismo es admitido solo con matices de principios rectores únicos; se refuerza el sentimiento de pertenencia sistémica; se pretende generar conductas sociales que disminuyan los conflictos extrasistemicos, que la sociedad no sea mirada en permanente conflicto, y si lo es, que el conflicto aparezca causado por una minoría irracional (cita?)

El desamparo empresarial

El hecho de que los indios hayan terminado con el papel ventrílocuo que ejercían sobre ellos diversos sectores de la sociedad (Guerrero 1994) y aparezcan en el escenario político con planteamientos propios, desconcierta a las elites dominantes, de hecho, provoca una crisis de identidad de los sectores que creían ser los únicos autorizados a participar de las decisiones estatales.

En este sentido, un representante empresarial –Mauricio Pinto- al ser consultado sobre la movilización indígena señala que un sentimiento de orfandad envuelve al empresariado ecuatoriano y este viene de dos vías “por la falta de un Gobierno fuerte que haga cumplir la Ley a un grupo humano pequeño que  no puede caotizar a todo un país, y por la ausencia de un partido político que represente al  empresariado.”13

Esta sensación de orfandad se explica cuando sectores organizados -de grupos que anteriormente eran considerados como inferiores- ingresan al escenario político, otrora, espacio exclusivo de los grupos dominantes; éstos últimos reaccionan con incredulidad o con violencia, de allí el sentimiento de orfandad y el llamado a que el gobierno haga cumplir la ley. Pero no se trata de la ley de tipo universal aplicada a los ciudadanos sino de aquella ley de orden señorial que obliga a cada quién a ocupar el lugar que le corresponde en el orden jerárquico. Es ese el orden y la ley que los indios no respetan.

Los empresarios si somos demócratas

Ante la movilización indígena en demanda de una consulta popular que defina la firma del TLC, Las federaciones de cámaras empresariales realizaron una marcha a favor del

13 El Comercio, marzo 22, 2006.

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tratado14, el argumento que esgrimieron los empresarios fue que “no es una demostración de fuerza, es un derecho que tienen para opinar las personas que no están en contra del TLC, es un derecho democrático”, la consigna general fue: “Por el empleo, por el trabajo, por el camello, sí al TLC” "Sí al TLC, por el empleo".

Con respecto a su movilización los empresarios señalaban que “no es una contramarcha, sino una congregación y una marcha pacífica de un grupo de trabajadores de muchas empresas que salen a opinar a favor del TLC para  defender sus puestos de trabajo”. “Creemos que es un ejercicio democrático, pacíficamente, ordenadamente, expresar una expresión sobre este tema del TLC” “No estamos de acuerdo con las protesta indígena “ni en  la forma ni en el fondo” “Nosotros no cerramos carreteras, no botamos árboles sobre las vías ni paramos la producción del país”, “No puede ser que cuatro personas manejen al país”.

Como vemos para las elites empresariales, el deseo a expresar su disconformidad si constituía un derecho, además, porque su forma de protestar es civilizada, frente a la incivilización de los indios a quienes se les niega el mismo derecho de protestar. A más de negarles la condición ciudadana, a los indios se los reduce a una minoría étnica, a la cual en tono paternalista, se le debe señalar las ventajas del TLC, se le debe instruir sobre ello.

José Modesto Apolo, en un debate televisivo cuestionaba “el conocimiento y representatividad de la Conaie frente al TLC". Los indígenas son el 8% de la población y están mal informados. Y la pregunta es: ¿qué opina el restante 92% de la población, qué representatividad tienen las comunidades?”. El funcionario planteaba un encuentro inmediato con la Conaie, para "instruirlos" sobre la materia”.15

Una visión restringida de la política

Como hemos visto, a lo largo del mes de marzo, las elites económicas y políticas del país esgrimieron una serie de argumentos, que escudados en un lenguaje de la democracia liberal representativa, escondían un visión colonial racial de la política.

Para estos grupos la política -que se sustenta en una matriz de tipo colonial- se restringe a “la política”, es decir se reduce a “las reglas del juego” del sistema político. Con ello lo que se produce es una constricción de lo político16 –como totalidad social- al plano de

14 “La movilización fue organizada por los industriales cercanos al Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE). Así, en la cabeza de la marcha estuvieron Roberto Aspiazu (vocero del CEE), Mauricio Pinto (Cámara de Industriales de Pichincha), Patricio Donoso (Cámara de Agricultura), Eduardo Maruri (Cámara de Comercio de Guayaquil), José Eljuri (Cámara de Comercio de Quito), Bolívar Cevallos (Expoflores), entre otros dirigentes gremiales, además de varios integrantes del equipo negociador del TLC: José Miguel Terán (Mesa de Agricultura) y Jorge Cevallos (coordinador de la Mesa de Acceso a Mercados). A la par de los  dirigentes empresariales marcharon también entre 3 000 y 4 000 empleados, en particular de las fincas floricultoras, de las empresas textileras y de las metalmecánicas.”. El Comercio, marzo 17, 2006. 15 EL Universo, 20 de marzo, 200616 “Lo político es la capacidad de decidir sobre asuntos de la vida en sociedad de fundar y alterar la legalidad que rige la convivencia humana, de tener a la socialidad humana como una sustancia a la que se le puede dar forma, lo político se actualiza en momentos de fundación y refundación de lo social” (Echeverría 1998: 77). Lo político esta presente en la vida social de dos maneras diferentes. Primero de una manera real, es decir, en calidad de actividad especialmente política…Lo político se concentra entonces en el trabajo que (legislando), en un sentido completa y en otro prepara la acción transformadora de la institucionalidad social, propia de las grandes ocasiones de inflexión histórica. En un segundo momento lo político aparece en lo imaginario de la vida cotidiana, en lo virtual como un trabajo “a-

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“la política” y como una actividad propia centrada en el Estado.

En otras palabras, no comprender “la política” desde el ámbito de “lo político” genera una distorsión, puesto que las acciones políticas no deben apuntar más allá del sistema político, no pueden apuntar, por ejemplo, al sistema económico. Con ello se coarta la posibilidad de un cambio en todas las esferas del orden social. Sin duda alguna, esta es una de las tesis del neoliberalismo, la política no puede o no debe intervenir en la vida económica, la misma que aparece cargada de una “pureza” y sólo manejada por especialistas.

Por lo tanto, la política no debe ser circunscrita a la aceptación pasiva por parte de las personas de las decisiones tomadas por un pequeño grupo en nombre de una supuesta racionalidad técnica; la legitimidad democrática sólo puede venir del derecho de las minorías (indios, negros, cholos, montubios, etc.) a participar en las formación de una opinión pública. La Democracia se fortalece cuando las decisiones políticas se legitiman con el debate público.

Henrry Allán

Chillogallo, Quito-Ecuador

BIBLIOGRAFÍA

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Celi Carlos, Allán Henry 2005. Los sectores populares y el proceso de transición, a un nuevo orden constitucional, desde el gobierno del triunvirato militar: 1976-1979. Tesis de licenciatura. Escuela de Sociología de la Universidad Central del Ecuador. Quito-Ecuador

Franklin Ramírez Gallegos 2002. Despliegues de la diferencia, impug-naciones étnicas y regionales en el Ecuador de fin de siglo. Centro de Investigaciones Ciudad – Facultad de Ciencias Humanas PUCE. Ponencia preparada para el 1er. encuentro de LASA sobre estudios ecuatorianos. Quito – Ecuador

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PERIODICOS: El Comercio y El Universo, mes de marzo del 2006

político” que rompe la rutina básica de la vida cotidiana, se trata de experiencias que fingen trascender las leyes sociales, se trata de las experiencias lúdicas, festivas y estéticas. (Echeverría 1998: 78).