Universidad Fermín Toro

Escuela de Derecho

Vice Rectorado Académico

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas

Análisis de la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico

María Victoria Figueroa

SAIA N

La Carta Iberoamericana define al “Gobierno Electrónico” como el uso de

las tecnologías de la información y la comunicación en los órganos de la

Administración para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los

ciudadanos, orientar la eficacia y eficiencia de la gestión pública e incrementar

sustantivamente la transparencia del sector público y la participación de los

ciudadanos.

Los valores centrales predicados por esta Carta son: igualdad, legalidad,

conservación, transparencia y accesibilidad, seguridad, responsabilidad y

adecuación tecnológica. También hay coincidencias en que se debe poner el foco

en los destinatarios del gobierno electrónico: el ciudadano y la sociedad.

Esta Carta dentro de sus objetivos considera el implementar la

plena accesibilidad al gobierno electrónico, bajo la idea de disminuir la brecha

digital, porque atenta contra el derecho de igualdad de oportunidades de los

ciudadanos. A pesar que la brecha digital y de alfabetización se acorta, persiste la

exclusión en la población de menores ingresos y por razones geográficas, ya que

la mayor concentración de servicios presenciales y disponibilidad de redes y

computadoras se da paradójicamente en los centros más poblados y que gozan

de mayores ingresos y de nivel educativo.

Otro factor importante es rectificar la información que se brinda a distancia

para acceder a los servicios con la información que se provee en forma presencial:

la normativa, los procedimientos, los requisitos. Los ciudadanos son cautivos del

sector público en tanto tienen obligación de concurrir a sus oficinas para ejercer

sus derechos y cumplir obligaciones. No conocen toda la legislación ni el alcance

de los programas y servicios que se diseñan en cada país y por cada gobierno y

que tienen alcance regional y local. Desean perder el menor tiempo posible ante el

arduo proceso: ubicar los puntos de contacto de la organización, horarios de

atención, recibir información clara sobre requisitos, resolución de dudas, sus

aranceles, tiempo de demora durante el trámite.

Bajo esta premisa los ciudadanos básicamente desean disponer de

información para acceder a los servicios públicos. Por esta razón, la información

disponible debe ser: actualizada: la tecnología brinda la posibilidad de la

actualización en línea en forma rápida y segura; comprensible: incluso para

personas de instrucción básica; suficiente y graduada: de acuerdo con distintos

tipos de destinatarios y sus necesidades o referencias para obtener mayor

información en caso de necesidad; coherente: la información brindada en un punto

de contacto no debe ser distinta o contradictoria con lo requerido para acceder al

producto.

La información disponible tambien debe tener variedad y validez de los

canales y herramientas existentes: para la disponibilidad de información y la

consulta: presencial, telefónica gratuita, fax, página web, correo electrónico, guías

de servicios y trámites. Es importante contar con un directorio completo de puntos

de contacto del Estado de acceso público a distancia.

Junto con la centralización, otro factor determinará la variedad de modelos

de gobierno electrónico: la implantación de nuevas tecnologías en un entorno de

cambio acelerado. Esto sumará un nuevo interrogante: ¿qué tecnologías aplicar a

estructuras rígidas y poco responsivas a las necesidades de los ciudadanos?

Los responsables políticos, directivos y empleados públicos

iberoamericanos tienen perspectivas múltiples en torno al Gobierno

Electrónico, hay mayor innovación de TICS en el sector privado que en el público,

marcado esto por la necesidad de adaptación y las grandes oportunidades que

significa la innovación para el primero de estos. Las organizaciones públicas

tienen perspectivas múltiples y hasta ahora han mostrado desarrollo desigual en

gobierno electrónico. El liderazgo parece ser la explicación más cierta para esto.

El funcionario público, al igual que el ciudadano, es consciente que el

cambio tecnológico avanza con mayor rapidez y ofrece cada vez mayores

servicios, aún más de los que son capaces de utilizar en su vida cotidiana. En el

sector público en general se espera que la implementación del gobierno

electrónico traiga como resultado la aceleración del flujo de trabajo y la

disponibilidad de información en línea para disminuir la demanda presencial

actual. Hay desarrollos propios y adaptaciones mediante el benchmarking que son

dignas de mencionar.