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análisis político No. 6 ENE/ABR 1989

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES (IEPRI) UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

TABLA DE CONTENIDO ESTUDIOS Tierra y violencia: el desarrollo desigual de las regiones GONZALO SÁNCHEZ GÓMEZ La crisis política de América Latina y sus nuevos movimientos sociales LUIS ALBERTO RESTREPO MORENO DEMOCRACIA La democracia y el tratamiento del enemigo interior IVÁN OROZCO ABAD COYUNTURA Por qué estamos en guerra los colombianos RICARDO MOSQUERA MESA Sigamos hablando de la Universidad Nacional SALOMÓN KALMANOVITZ De las guerras constitucionales en Colombia, capitulo LXVIII: un informe sobre la reforma Barco HERNANDO VALENCIA VILLA La constitución brasileña: liberalismo, democracia y participación JORGE ORLANDO MELO GONZÁLEZ DEBATE Tres pintores frente al arte y la crisis social en Colombia CARLOS GRANADA RESEÑAS Derecho Internacional Público, ALFREDO VÁZQUEZ CARRIZOSA Droga y sociedad en Colombia: el poder y el estigma, ANA MARÍA BEJARANO S. Elementos de la participación comunitaria, EDUARDO BARRAZA BIBLIOGRAFÍA TEMÁTICA Bibliografía sobre derecho de los conflictos armados y guerra de guerrillas en Colombia HERNANDO VALENCIA VILLA AL MARGEN La esponsión de Manizales.

Estudios Tierra y violencia…

TIERRA Y VIOLENCIA El desarrollo desigual de las regiones∗ Gonzalo Sánchez** En colaboración con Donny Meertens 1. INTRODUCCIÓN Los estudios sobre la relación violencia-estruc turas agrarias en Colombia estuvieron durante varios lustros prisioneros de esquemas, pre-guntas y enfoques que evocaban de una u otra manera la polémica clásica de feudalismo capitalismo. Esta polémica que indudablemente contribuyó, entre muchos otros aspectos, a un notable desarrollo de los debates sobre la formación, expansión y consolidación y crisis de la hacienda latinoamericana, desde la época colonial hasta décadas recientes, los encerró, no obstante, en un territorio demasiado estrecho teóricamente. Una de las más protuberan-tes limitaciones fue la de que en ellos rara vez se escuchaba la voz de los “actores históricos", según lo subrayó Arnold J. Bauer en un conocido balance sobre la temática1. Un marcado economicismo fue, en verdad, consus tancial a dicha polémica. Tal como se desprende de] balance de Bauer y de otros notables estudios sobre la problemática de la hacienda a nivel

∗ Este trabajo hace parte de un programa de investigaciones sobre “Actores, regiones y periodización de la violencia patrocinado por Colciencias y coordinado por el autor de este ensayo. ** Historiador. Investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. 1 Arnold J. Bauer, "Rural Workers in Spanish

America: Problems of Peonage and Oppression", en Hispanic American Historical Review, febrero de 1979.

latinoamericano 2 los investigadores de la cuestión agraria han tendido a privilegiar en sus análisis aspectos de la dinámica interna de la hacienda, tales como: la evolución de los factores de produc ción; los niveles de rentabilidad; las relaciones entre la hacienda y las economías campesinas subordinadas; los entronques comerciales, y la organización social de la misma. Pero, en contraste, la hacienda como unidad política, como estructura de poder articulada a otros poderes de la sociedad, e incluso como escenario de confrontación militar cuyas formas de organización se juegan eventualmente fuera de ella, son asuntos que han recibido mucha menos atención de parte de los especialistas. En consecuencia, en el presente trabajo, sin descuidar los aspectos inicialmente enumerados, nos proponemos examinar, de manera exploratoria, algunas dimensiones del entorno político de la hacienda. Más concretamente, se trata aquí de abordar la hacienda como escenario de conflictos colectivos armados y de correlaciones de fuerza en un determinado período: la Violencia. A un nivel más general, y dentro de un enfoque eminentemente comparativo, cabría resaltar cómo en los estudios sobre el impacto de crisis globales de la sociedad sobre las estructuras agrarias, los científicos sociales se han interrogado

2 Magnus Morner, "The Spanish American

Hacienda: A Survey of Recent Research and Debate", en Hispanic American Historical Review, No. 53, mayo de 1973; Cristobal Kay, “Comparative Development of the European Manorial System and the Latin American Hacienda System”, en The Journal of Peasant Studies , Vol. 2, No. 1, 1975; Eric D. Wolf, “Fases de la protesta rural en América Latina", en Ernest Feder (editor), La lucha de clases en el campo , México, Fondo de Cultura, 1975.


predominantemente sobre, la repercusión en tales estructuras de procesos inequívocamente definidos como revoluciones: revolución mexicana, en su versión zapatista; revolución boliviana; revoluciones burguesas; revolucio nes socialistas 3. Dentro de esta perspectiva sería del mayor interés teórico e histórico indagar hasta qué punto la Violencia, así esté lejos de constituir una revolución, pudo producir efectos disruptores y reordenamientos de las relaciones sociales y políticas comparables en magnitud y en profundidad, aunque no en su sentido histórico, a los inducidos por las grandes revoluciones o crisis agrarias del mundo moderno. El punto es, desde luego, muy tentador y prometedor, pero sobrepasa los objetivos de este ensayo. Concentrándonos en el caso específico de la Violencia colombiana, vale la pena advertir que la formulación y respuesta al problema de su relación con las estructuras agrarias, aparte de las limitaciones que se señalaban al comienzo con respecto a la hacienda, ha tropezado con otras aún mayores, que apenas comienzan a resolverse. En efecto, la mayor parte de los trabajos sobre el tema, o bien se han ido por el camino de buscar los antecedentes agrarios de la Violencia, para determinar cómo ellos contribuyen al desencadenamiento de aquélla, o bien, desde el otro extremo, se interrogan por los resultados de la Violencia una vez concluido el proceso. Pero el análisis del proceso mismo, de las cambiantes relaciones entre estructuras agrarias y actores sociales durante la 3 Eric R. Wolf, Peasant Wars of the Twentieth

Century, Londres, Faber and Faber, 1971; Barrington Moore Jr., Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modem World, Londres, Penguin University Books, 1973.

Violencia, se ha quedado entre paréntesis, como si se tratara de un objeto incapturable. Si reorientamos la investigación, la pregunta que debemos responder es, entonces, ¿en qué medida los conflictos asociados a la Violencia han influido directamente en los cambios observables en la estructura agraria? La constatación que sirve de punto de partida es clara, ya que durante los últimos treinta años se han manifestado, particularmente en las zonas cafeteras, cambios significativos respecto a los sistemas de producción, niveles de tecnificación y relaciones sociales de producció n; respecto a la vinculación de nuevos sectores sociales al cultivo del café; y, finalmente, respecto a la estructura de la propiedad, cambios cuyas raíces se remontan en buena parte al período de la Violencia (1945-1965). También es clara la insuficienc ia de las, explicaciones tradiciona les en sus dos variantes principales y excluyentes: la primera, según la cual la Violencia re-presentaría una contraofensiva terrateniente y el restablecimiento de viejas formas de dominación política y económica que un intento fallido de transformación burguesa, la Revolución en Marcha, habría tratado de romper; la segunda que, por el contrario, postularía como resultado globalizante de la Violencia la disolución de las viejas formas y la instauración definitiva del capitalismo en el campo y en la sociedad colombiana en su conjunto. Como punto de encuentro y factor decisivo de la Violencia en ambas tesis, se subraya la concentración de la propiedad en manos de antiguos terratenientes. En la búsqueda de una solució n a algunos de los interrogantes aquí planteados, y apoyándonos en los aportes de investigaciones recientes sobre ésta y


otras temáticas, hemos partido de una premisa simple pero esclarecedora: el desarrollo desigual de las estructuras regiona les y la inserción diferenciada de los múltiples actores de la Violencia en ellas4. Hemos considerado entonces necesario, a manera de ilus tración introductoria, presentar dos casos de las relaciones entre la Violencia y la gran propiedad. En el primer caso, que llamaremos de transforma ción progresiva, es el de las zonas en las cuales la Violencia acompaña el proceso de consolida ción y ensanche de la gran empresa agraria capitalista. El departamento del Valle en general, pero sobre todo el valle geográfico del Alto Cauca, es el que mejor ejemplifica esta trans formación "típica" capitalista, por medio de la expropiación campesina a "sangre y fuego" y la consiguiente proletarización. La expresión armada que le es característica a esta modalidad es la de las siniestras bandas de "pája ros". El segundo caso es el que ejemplifica la región de Sumapaz. En -él se da cierta correlación de fuerza entre los campesinos y los propietarios; el éxodo de estos últimos dejó las haciendas prácticamente en poder de los arrendatarios. En tales circunstancias, los arrendatarios, herederos de una larga

4 Al asumir esta perspectiva debemos reconocer

aquí nuestra deuda con dos trabajos pioneros, el primero de Darlo Fajardo, "La violencia y las estructuras agrarias”, y el segundo, un lúcido comentario al anterior de Fernando Urrea, “Consideraciones sobre el tema de la violencia", incluidos ambos en Francisco Leal y otros, El agro en el desarrollo histórico colombiano, Bogotá, Punta de Lanza, 1977. Véase también allí mismo, de Absalón Machado, -Incidencias de la economía cafetera en el desarrollo rural".

tradición de lucha, simplemente se negaban a reconocer cualquier tipo de renta y establecían pleno dominio sobre las haciendas, sobre la producción y sobre los semovientes. Esta situación que se presentó en otras regiones con carácter transitorio, se convirtió en ocupación permanente de hecho en Sumapaz, dado que la guerrilla, que era parte de este proceso, logró consolidarse allí como un verdadero poder local. Los terratenientes tuvieron que negociar y el conflicto concluyó las más de las veces con una parcelación legitimadora y legalizadora de la ocupación campesina, promovida incluso por los terratenientes, una vez terminada la Violencia. El itinerario descrito corresponde en té rminos concretos a una de las modalidades de disolución de la hacienda. Se trata de una salida aceptada en tanto se la consideraba inevitable después de un prolongado enfrentamiento bélico sin triunfadores netos y frente a los cuales el Estado, a través del INCORA, se erige en mediador. En trabajos anteriores hemos puesto el énfasis en los actores sociales y políticos: los revolucionarios de los años veinte, los amotinados del 9 de abril, los guerrilleros de los años cincuenta, los bandoleros de los sesenta. En este ensayo nos esforzaremos más bien en avanzar una propuesta metodológica en la que se pongan de relieve las relaciones recíprocas de los componentes del triángulo actores, regiones y estructuras. Por ello, más que a una discusión de detalle de cada uno de los casos, el texto es una invitación a retomar procesos globales y a re formular en torno a ellos preguntas y debates claves que quedaron en suspenso desde hace más de una década. El esclarecimiento de algunos de tales interrogantes para el pasado reciente quizás nos ponga también en buen


camino para entender mejor el momento actual. II. TRANSFORMACIÓN PROGRESIVA. VALLE: EL CAPITAL SIGUE SU MARCHA Los "pájaros" constituyen la modalidad carac terística, aunque no exclusiva, del valle geográfico del Alto Cauca, desde donde se extendió a otras regiones particularmente del Tolima y el Viejo Caldas. En efecto, si bien en el cafe tero y menos desarrollado norte del departa-mento (Sevilla, Caicedonia, etc.) el fenómeno de mayor arraigo fue todavía un cierto tipo de bandolerismo urbanizado, en la parte baja y de más altos índices de industrialización y desa-rrollo, donde las relaciones económicas y sociales básicas se tejen a través de la relación salarial, la Violencia se planifica como una verdadera empresa cuyos ejecutores, los "pájaros", son verdaderos asalariados del delito. El capital extiende así su dominio -integrándolas – a las formas "atrasadas" de la confrontación política partidista. Para entender cabalmente esta dimensión de la Violencia como "empresa" y de sus ejecutores como "asalariados" es preciso abordar la reconstrucción histórica de algunos de los aspectos que caracterizan el proceso de formación de la estructura dominantemente capitalista de la región, proceso que ya antes de la Violencia se encontraba mucho más avanzado allí que en el resto del país. Las bases del moderno desarrollo del Valle se establecieron durante la segunda y tercera décadas del presente siglo, período en el cual, como es sabido, Colombia, al igual que otros países latinoamericanos, se convirtió en un notable receptor de inversiones privadas

norteamericanas, buena parte de las cuales aflu yeron al Valle5. En 1914 se abrió el Canal de Panamá y se terminó la construcción del ferrocarril entre Cali y Buenaventura, con lo cual el litoral pacífico quedó integrado al mercado mundial. Asimismo, a las diferentes obras de infraestructura en todos los ramos (carreteras, puentes, ferrocarriles, energía, telégrafos, 'etc.) se agregaría a partir de los primeros años de la década del treinta el impulso dado a la innovación tecnológica agrícola con la Misión Chardon y el Colegio Agrícola de Palmira. También durante aquella misma época, en el Valle al igual que en otras regiones del país, se aceleré la des-composición de la antigua hacienda basada en el colonato y el arriendo precapitalista; pero, a diferencia de la zona cafetera, por ejemplo, en el Valle el ritmo de la expropiación campesina fue mucho más rápido y el consiguiente proceso de expulsión y de proletarización mucho más masivo, pese a que subsistieron algunas zonas, tales como el sur del departamento, en donde la pequeña parcela campesina se veía reducida al límite apenas necesario para cumplir con su función de reserva de mano de obra barata para las grandes plantaciones azucareras. En términos generales, la descomposición campesina del norte y del sur del departamento

5 Para una visión general de la región pueden consultarse Mateo Mina, Esclavitud y libertad en el valle del río Cauca, Bogotá, La Rosca, 1975, p. 83; Michael Taussig, Destrucción y resistencia campesina, Bogotá, Punta de Lanza, 1978, p. 13; José María Rojas G. “Empresarios y tecnología en la formación del sector azucarero en Colombia 1860-1980”, en Sociedad y Economía en el Valle del Cauca, Tomo V, Bogotá, Biblioteca Banco Popular, 1983.


proveyó de fuerza de trabajo libre a la empresa agroindustrial que se expandió, sobre todo a partir de la década del treinta, en la zona central y plana del Valle. Un ejemplo ilustrativo, tanto de las condiciones de trabajo imperantes en las primeras décadas de este siglo, como de los mecanismos de despojo que se empleaban, es el informe que hacia 1925 hicieron llegar al periódico El Relator los terrazgueros de la antigua hacienda "La Bolsa", que fuera otrora del caudillo don Julio Arboleda, y que en la época del relato que transcribimos pertenecía a los señores Jorge Holguín y Caicedo Albán. Los campesinos hicieron memoria en los siguientes términos: Es una hacienda enorme. Más bien una propiedad feudal, con los siguientes límites, que parecen límites de departamento o frontera de nación: Puerto Tejada, Caloto y Santander. En este inmenso globo que fue extenso y tupido monte se dio arriendo a nuestros padres, a cambio de que ellos pagaran un tributo por la ocupación de la tierra. Ellos descuajaron la montaña, la convirtieron en plantaciones de cacao y en fin, le dieron a la gran hacienda la fisonomía civilizada que hoy tiene y por consi-guiente con su trabajo, con su sudor y con su brazo, valorizaron aquellos montes salvajes. En cada fundo o finca los ocupantes podían sembrar las plantaciones que quisieran. Los arrendamientos al principio eran bajos; poco a poco han ido subiendo hasta Regar al precio de dos con cincuenta por plaza, que pagamos hoy con muy buena voluntad a los due ños de las tierras y como dueños efectivos que somos de las plantaciones. Repetirnos: el

canon de arrendamiento lo pagamos de buena voluntad. No se venga a decir que nuestra protesta se refiere al arrendamien-to justo. Los amos se han hecho dueños descaradamente de nuestras mangas y cultivos sin reconocernos un centavo por las mejoras. A tal extremo se ha llegado en este camino de la apropiación, que se introducen cua drillas para contar los árboles de cacao para cobrarle al cultivador dos centavos por cada árbol. Esto es como si la finca que hemos hecho en terreno que ocupamos pagando arrendamiento, fuera íntegra de los amos. Como se nos han arrebatado las mangas y pastales que nosotros sembramos, por la noche buscan los animales de nuestro servicio, que tenemos en los alrededores de nuestros predios, los recogen y los encierran en mangones para que paguemos un peso cada vez, y otras ocasiones, los llevan a los cosos de Puerto Tejada y Santander para que los alcaldes tengan parte y ayuden con más gusto a esquilmarlos. Por estas causas cuando los dueños de tierra pretenden realizar un descarado despojo del cultivador, si éste reclamo y protesta y pide la protección que le dan las leyes, vie ne un capataz o perro de presa y marcha con el trabajador a la cárcel. Ya estamos cansados de sufrir. La justicia jamás ha estado con nosotros. No hay ley que nos favorezca ni nadie ampara nuestro derecho. Las autoridades son para proteger la iniquidad de los amos... Con las autoridades nada obtenemos. Con todas las audiencias de las autoridades y de las leyes que nos protegen sólo sacamos que nos digan: véndale a fulano y compren en otra parte. Pero esto no es posible porque en este país no hay un lote


que no tenga amo o que no resulte, cuando ya lo hemos cultivado, con dueño que se llama hacendado. Por esto parece que ahora es un crimen trabajar aquí, ya que las cárceles están llenas de los que trabajan honradamente para vivir. Por eso de ahora en adelante estamos listos a defender nosotros mismos las plantaciones que hemos sembrado Y hecho con el sudor de nuestras frentes. Ya estamos convencidos que las leyes todas están en nuestra contra. Nos hemos de defender, tenemos la bandera de nuestro derecho y somos como cinco mil, cada uno con su familia. Estamos unidos y estamos Estos a pagar el arriendo de la tierra que cultivamos, pero no, de ninguna manera, por las plantaciones que s hecho, porque eso es nuestro y no lo abandonaremos porque no queremos correr la suerte de m s de nuestros hermanos ya despojados que andan mendigando por las calles. Lo que pasó en los años venideros en ésta y otras regiones del valle del río Cauca podría adivinarse en el informe que desde Puerto Tejada daba cuenta de la situación que se vivía a comienzos de 1931 en la hacienda "Perico- Negro". En este inmenso latifundio de tres mil fanegadas se encontraban "más de siete mil negros que (habían) venido a refugiarse en estos montes, arrojados de otras haciendas del Valle y Cauca"6. Las tensiones sociales, en efecto, se multiplicaron con el advenimiento de la Gran Depresión de 1929-30 que en el Valle -dependiente en gran medida del capital extranjero para su desarrollo, y embarcado también en razón de su misma

6 Citado en Gonzalo Sánchez G., Las Ligas Campesinas en Colombia, Bogotá, Editorial Tiempo Presente, 1977, p. 114.

expansión en amplios programas de infraestructura- tuvo consecuencias movilizadoras comparables a las que se dieron en otras regiones del país. Fue así como numerosas haciendas, entre ellas "La Elvira", "La Elsa" y "La Guaira", propiedades de los señores, Reyes Angulo, Otto Barth y José Dolores Pati-ño, respectivamente, fueron invadidas, pero por motivaciones distintas a las que atizaron el fenómeno en otros departamentos. En efecto, en las dos últimas propiedades el desencade-namiento directo de la acción fue el intempestivo licenciamiento de unos 400 obreros de la carretera al mar. Ya cesantes, los obreros se presentaron a los predios en cuestión a reclamar la entrega de algunos semovientes, a lo cual accedieron sin mayores resistencias los administradores, temerosos de represalias si no lo hacían. Pocos días después, aquellos campesinos errantes volvieron a la hacienda de Barth, pero esta vez dispusieron de varios semovientes sin el consentimiento de nadie. La ocupación, al menos inicialmente, estaba dirigida, pues, no tanto a hacer uso de la tierra, sino a satisfacer una necesidad inmediata de alimentos ante el pánico, y en ocasiones el hambre, derivados de la crisis. La Gobernación, para prevenir que el impacto del conflicto alcanzara proporciones de epidemia social, nombró un comisario judicial con el fin de que se encargara, entre otras cosas, de "organizar la salida de todos los desocupados que se encontraban en la región, la que se consiguió remitiéndolos, también con pases gratuitos, a diferentes sitios... 7. Al lado de los conflictos enunciados se extendían los enfrentamientos de colonos

7 Informe del Secretario de Gobierno, Víctor

D. Olano, al Go bernador (1930-31), Cali, Imprenta Departamental, p. 4.


y arrendatarios contra presuntos o reales titulares del dominio. Pero de muchos de, ellos sólo se venía a saber cuando ya se habían solucionado, temporal o definitivamente, tal como aconteció con eventos de esta naturaleza en los municipios de Roldanillo, Villa-Sucre, Obando, Buenaventura y otros 8. En cierto modo puede decirse lo mismo de los que se presentaron en Pavas (hoy La Cumbre), Caicedonia, la región de Rozo (municipio de Palmira) y, sobre todo, en la región de Bitaco y Bugalagrande9. De los conflictos todavía pendientes a comienzos de 1932, el secretario de Gobierno de entonces enumeró algunos de los ubicados en el norte del depar-tamento: el de la hacienda "El Tamboral", de propiedad de Joaquín Rodríguez, en el municipio de Cartago; los de "la Ennea" y "La Marta", de propiedad de Sebastián Feijoo, en los municipios de Toro y Obando, respectivamente; el de la hacienda "El Cairo", de Gonzalo Marulanda, en el municipio de Toro, y el de la hacienda "El Nilo", de Epifanio Gaviria, en el municipio de Obando, todas ellas invadidas intempestivamente por colonos10. Una Junta de Colonización se vio obligada a recomendar la compra y consiguiente parcelación por parte del departamento de algunos de los terrenos litigiosos, tal como efectivamente sucedió en el paraje denominado "El Placer", en el distrito de Dagua, y en la región de

8 Mensaje del Gobernador Tulio Raffo a la Asamblea, marzo 1 de 1930, Cali, Imprenta Departamental, pp. 14, 15 y 16. 9 Mensaje del Gobernador Valentín Ossa a la

Asamblea, 1933, Cali Imprenta Departa mental, p. 13; El Relator , Cali, agosto 18 de 1933.

10 Informe del Secretario de Gobierno, Guillermo Borrero Olano, al Gobernador, marzo de 1932, Cali Imprenta Departamental, p. 4.

Rozo, en el municipio de Palmira 11. No obstante, en la mayoría de los casos, los presuntos dueños controlaban la situación manipulando leyes y autoridades. El caso del predio "La Selva", en el municipio de Sucre, antes corregimiento de Alcalá, es suficientemente ilustrativo de prácticas corrientes en el tratamiento a los con-flictos agrarios en la época: el conflicto comenzó a fines del siglo pasado y se reactivó hacia 1928 cuando los pretendidos dueños iniciaron una acción de lanzamiento de numerosos colo nos, para cuya ejecución la Gobernación brindó el apoyo de agentes de policía que destruyeron las casas y cultivos de los campesinos. Algunos de ellos volvieron a ocupar sus parcelas y dos años después los pretendidos dueños reiniciaron el anterior procedimiento, pero en esta ocasión el asunto cayó en manos de un honesto funcionario, inspector del Trabajo, quien conceptuó lo siguiente: "Un ligero examen me demostró que ese terreno de 'La Selva' lindaba con terrenos baldíos y que no se había verificado el correspondiente juicio de amojonamiento y deslinde... el resultado fue que casi la totalidad de los colonos estaban situados en terrenos baldíos... "12. Paralelamente a los conflictos que hicieron eclosión en las grandes haciendas de estructuras arcaicas se dio otro proceso, particularmente notorio a partir de 1930: el ininterrumpido 11 Ibid., p. 26; El Relator, Cali, agosto 18 de 1933. 12 Para una visión más detallada de estos conflictos véase de Darío Betancourt, “Los pájaros y la violencia en el occidente colombiano: Colonización y conflictos agrarios 19461985-, Tesis de Maestría en Historia, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1988. Consúltese también de Catherine LeGrand, “Breakdown of Public Land Grants and Colono Conflicts by Municipality, 1880-1936... for the Departrnent of Valle del Cauca” (Inédito).


ensanche de las grandes plantaciones azucareras a través de una presión demoledora sobre la pequeña parcela campesina. La Manuelita, La Paila, Castilla, Providencia y en general los más prósperos ingenios son monumentos a la dinámica expansiva del capital. En la región estudiada por Taussig, caracterizada como de coexistencia de la agricultura campesina y la capitalista, el tamaño promedio de la parcela campesina pasó de 7.5 plazas en 1933 a solo media plaza en 1964. En 1970 -agrega- cerca del 80% de las tierras cultivables estaban en poder de cuatro plantaciones de azúcar y de otros hacendados capitalistas dedicados a diferentes cultivos, en tanto que un 90% de las propiedades tenía una extensión inferior a 15 plazas13. El cuadro que venimos esbozando podría completarse con el testimonio de algunos campesinos sobre la formación de las grandes propiedades ganaderas del norte del departamento, testimonio recogido por un funcionario del INCORA a comienzos de los años setenta: Cada campesino hacía su labranza en la selva y se posesionaba con sus plantaciones y tal. Entonces ya después vino Pedro Lamus y Epifanio Gaviria que fueron los que se engrandecieron por aquí con estas tierras, con ese sistema de decir que ellos tenían títulos de propiedad de la tierra. Entonces entraron a la fuerza y la violencia con esas mentiras y fueron sa-cando la gente (claro). ... aquí ellos con esas mentiras sacaron todos los pobres; le voy a decir, eso se venía registrando más o menos desde 1920 para acá. Sí, en 1927 estaban tum-bando estos montes, vea que yo fui

13 Michael Taussig, Destrucción y resistencia.... p.15.

echador de pastó allí por voto de Epifanio Gaviria y Pedro Lamus... y el pobre que no les vendía la labranza dentraban y le sembraban pasto, pues se quejaba el pobre y traían el inspector, y el inspector decía que no que ellos tenían títulos de propiedad de esas tierras, entonces los quitaban a la brava. ... As í hicieron estas grandes fincas y por eso reclamaban de la cordillera al río Cauca. ... De allí viene el dicho de esta región llamarse "Pleito---, porque entonces con el tiempo ya tuvieron un pleito los ricos con los pobres y entonces así fue que los ricos no pudieron ganar, ya hubo quien les abriera los ojos, los ilustrara en el particular y entonces ya ellos se fueron convenciendo de que eran mentiras de los ricos y ya entraron fue a pleitiar y los pobres ganaron el pleito, por eso se le llama a esto Pleito. Vía, a este secto r de aquí se le llama pleito...14. Las invasiones y las expulsiones que se habían generalizado a partir de la Gran Depresión, continuaron incluso hasta los años cuarenta (caso de las tierras de San Fernando de la familia Eder, invadidas en 1945 por doscientas fa milias), pero el fenómeno que mayor preocupación causaba tanto a las autoridades como a los hacendados, sobre todo de la zona central del departamento, era el alarmante incremento del hurto de ganado mayor y de víveres y de otros delitos contra la propiedad15. Al respecto, el comandante de la Policía Departamental informaba que en el curso de los años 1944-45, de los 1.454 individuos capturados, la mayoría lo había sido por ese tipo de

14 Fabio Londoño Rojas, "Estudio de las zonas

minifundistas de los corregimientos de Molina y Juan Díaz (Municipio de Obando) ", Palmira,. marzo de 1974, p. 15.

15 Taussig, Esclavitud y libertad ... p.96.


violaciones a la ley, lo cual deba tenerse quizás como un índice del grado de desocupació n reinante, o visto de otra manera, de la incapacidad de las plantaciones más desarrolladas técnicamente para absorber el volumen de mano de obra que la expulsión campesina generaba16. El fenómeno que, como se ha venido señalando, se disparó a raíz de la crisis mundial de 1929-30, no merecería mayor atenció n si no fuera por las durables consecuencias que de él se desprendieron en relación con la creación de grupos paramilitares por parte de los hacendados, con la tolerancia, e incluso el estímulo de las autoridades. Pero como suele acontecer con este tipo de organismos punitivos paraestata les, hoy se les crea con el pretexto del hurto de ganado mayor, sin que se pueda adivinar con qué pretexto actuarán o se les justificará maña na. El proceso concreto en el área rural de los municipios de Cali, Palmira, Candelaria, Jamundí, Tuluá, Florida y Zarzal, tal como lo observó el entonces gobernador del departamento Tulio Raffo, fue el siguiente: "En los últimos días se ha adoptado un sistema distinto e ingenioso para verificar las expropiaciones, en forma aparentemente voluntaria, eludiendo así las sanciones legales y pudiendo obrar a sol meridiano: se presenta un grupo de individuos donde el hacendado en demanda pacífica de una o varias reses, dizque para aliviar la situa-ción de los sin trabajo; el propietario guiado por el temor de que la negativa determine la expropiación manu militari en proporción y forma de mayor gravedad, accede inmediatamente a todo

16 "Informe del Comandante de la Policía Departamental", en Informe de Secretaría de Gobierno al Gobernador, 1944-45, Cali, Imprenta Departamental, p. 73.

lo pedido y, en vista del éxito alcanzado, el procedimiento ha hecho carrera a tal extremo que los dueños de haciendas se encuentran justamente alarmados. Reunidos hace pocos días en número considerable en la sala de la gobernación, y mediante el concurso decidido del gobierno para la defensa de sus intereses, se resolvió organizar una sección de policía montada, compuesta de 18 agentes, bien seleccionados, cuyos sueldos, provisión de caballería y demás enseres serán a cargo de los hacendados..." 17. Como próximo paso, los hacendados asumieron directamente la selección del personal para cumplir las funciones señaladas, es decir, organizaron sus propias "policías privadas". Por su propia dinámica, la situación llegó a tal punto en los años cuarenta que la Asamblea Departamental se vio obligada, a petición del ejecutivo seccional de entonces, a dictar una ordenanza encaminada a recuperar la vigilancia "de esas policías que venían fuera del control del Estado". La reglamentación apuntaba expresamente a las "empresas industriales ubicadas en parajes rurales", es decir, muy probablemente a los ingenios azucareros, que quedaron de todas maneras facultados para solicitar al gobierno la creación de servicios policivos internos18. Esta práctica semiinstitucional, formal y parcialmente abolida en 1945, fue de hecho reforzada a medida que se acercaba esa otra gran crisis de la sociedad 17 Mensaje del Gobernador a la Asamblea, mía o lo. de 1930, Cali, Imprenta Departamental, p. 19 (el subrayado es nuestro). 18 Informe de la Secretaría de Gobierno al Gobernador, 1944-45, Cali, Imprenta Departamental, p. 12.


colombiana que se llamó la Violencia. En la perspectiva de ese futuro inmediato, las consecuencias de tales organismos resultaron sencillamente imprevisibles. Las policías privadas, o bandas asalariadas, serían utilizadas no solo para defender y promover los intereses de los hacendados y capitalistas sino también los de inescrupulosos, y turbios jefes políticos. Más aún, de instrumentos de defensa de la propiedad, pasaron a ser adicionalmente en los años posteriores instrumentos de ejercicio del poder, un modo de hacer política. Como lo hemos señalado antes, en el proceso de transformación del terrateniente en empresario capitalista, el régimen del salario se había ido generalizando en forma tal que ni siquiera la práctica delictiva le escaparía: por el ejercicio del delito se pagarla o se cobraría también casi estrictamente el equivalente a un salario. Complementariamente a la ya establecida costumbre por parte de los hacendados y empresarios de contratar sus propios organismos represivos de carácter privado, habría que agregar otro factor que políticamente tendría su propio peso en el reforzamiento de las tendencias anteriormente señaladas: nos referimos, por supuesto, al carácter partidista de la policía. La dependencia directa de la policía con respecto a las autoridades municipales y departamentales imponía, en efecto, que cada vez que se materializaba un relevo en el gobierno regional o nacional, la policía corriera el mismo destino del conjunto del aparato burocrático, es decir su renovación y utilización con un criterio sectario. En el Tolima y Viejo Caldas, la última renovación y conservatización, que había comenzado desde el año 46, fue

llevada hasta su culminación con posterioridad al 9 de abril, como represalia por la ostensible participación de la policía (liberal) en los sucesos que se desencadenaron con motivo del asesinato de Gaitán. En el Valle, por el contrario, que en desarrollo del pacto de Unión Nacional seguiría bajo el mandato de un gobernador liberal, la policía fue aumentada, rearmada y políticamente homogeneizada (liberal) en función de uno de los tantos golpes de Estado que alegaba estar impulsando la Dirección Nacional Liberal. La consecuencia, según narra Gustavo Álvarez Gardeazábal, fue que "los conservadores del Valle del Cauca formaron ellos mismos su policía privada y le dieron funciones específicas con miras a las elecciones presidenciales de 1950-, todo ello bajo la inspiración del gobernador Nicolás Borrero Olano, y con el concurso de gremios y propietarios rurales19. En este contexto y para la realización de tales objetivos fueron contratados los servicios de hombres como León María Lozano, "El Cóndor", que dejaron una verdadera escuela de violencia cuyas repercusiones son palpables en la Colombia de hoy. 19 Gustavo Álvarez Gardeazábal, Cóndores no

entierran todos los días, Guayaquil, Editorial Ariel Universal, 1974, p. 57. Véase también el ya citado trabajo de Darío Betancourt, “Los pájaros y la violencia...” p. 68. El de Betancourt es, sin duda, el trabajo más elaborado sobre la región y sobre el tema; su perspectiva es un tanto diferente a la nuestra, que esbozamos por primera vez con Donny Meertens en Bandoleros, gamonales y campesinos, Bogotá, El Ancora Editores, 1983, pp. 159 y ss.


Los Pájaros o la empresa del crimen Los "pájaros", como se indicó al comienzo de este capítulo, son parte de una próspera "empresa" cuyos niveles jerárquicos podrían reducirse, en última instancia, a los siguientes: a) Por un lado están los que planifican, desde las ciudades, desde las oficinas, desde los cargos públicos, desde los directorios, pero que nunca aparecen directamente involucrados en las operaciones de sus subalternos, aunque haya un cierto conocimiento, rara vez expresado públicamente, de que sí lo están. Son éstos los autores intelectuales que, además, pagan, bien para el sostenimiento permanente de la “empresa", o bien para la ejecución de "trabajos especiales", bajo promesas de protección posterior que se traducen generalmente en garantías de impunidad y fuga, en el caso de ser aprehendidos por la justicia sus emisarios. b) En segundo lugar están los agentes e intermediarios de los anteriores, cuyo papel es establecer las condiciones de ejecución de las órdenes impartidas por los primeros. Estos intermediarios asumen las responsabilidades frente a los superiores y por lo general tampoco ac-túan en la realización misma de los "trabajos". De León María Lozano, el prototipo de los jefes de “Pájaros" se dice que nunca disparó, ni participó personalmente en una matanza, aunque se supiera que estaba detrás de la mayor parte de ellas, no sólo en Tuluá, sino también en poblaciones aledañas, como Trujillo y Rio frío. e) Por último, se encuentran los verdaderos ejecutores o lugartenientes de los intermediarios.

En el relato de Ramón Manrique, Los días de terror, se destaca su característica forma de actuar y la importancia ciudadana para contra-rrestarla, en los siguientes términos: Nadie se preocupaba ya por las vidas segadas por carros- fantasmas que caían en los cafés concurridos, en los corrillos, en las puertas de las residencias, en las calles transitadas por muchas vidas. El carro fantasma aparecía en la puerta de un café. De él se bajaban dos o tres Hombres-Lobo y rociaban de metralla la concurrencia o pasaban por la puerta de las residencias a gran velocidad disparando sus metralletas20. La escogencia de las víctimas, en colaboración con sus "asesores jurídicos", la llevaban a cabo en los más públicos de los sitios que pue da tener una ciudad: los cafés y los bares. Tanto en su forma de operar, como en los distintivos externos de sus integrantes era posible advertir una impresionante regularidad que traspasaba las fronteras regionales. Un periódico de Armenia, el Diario del Quindío, después de señalar que "los pájaros se vinieron de los cafés de la 18 a los de la plaza pública", hacía este perfil de ellos: Lo mismo en los establecimientos públicos que en las esquinas de la Plaza, a una hora cualquiera, con afluencia de gentes o sin ella, se observa al "pájaro, en actitud de vigilancia portando ruana, sombrero hasta el propio nivel de los ojos y cubriendo éstos con gafas oscuras listos a entrar en "acción” para liquidar el resentimiento personal con su futura víctima o para cumplir el compromiso

20 Ramón Manrique, Los días del terror, Bogotá, Editorial A.B.C., 1955, p. 126.


con los que se mueven en la sombra de la impunidad y de la cobardía...21. Conocida la trayectoria de los "pájaros", para los propósitos de este estudio queda naturalmente una inquietud: ¿en qué medida ese inmenso poder político que acumularon y que les permitió en un determinado momento desplazar o subordinar a los representantes del poder institucional, les permitió también acu-mular capital o propiedades abandonadas de sus propias víctimas? La respuesta de Álvarez Gardeazábal, que concuerda perfectamente con la lógica de acción y el carácter de "asalariados del delito" que tenían los "pájaros", es la siguiente: "León María, aunque pudo haberse vuelto más rico que todos ellos juntos (los ricos del pueblo), jamás compró una plaza de tierra ni obligó a nadie a vendérsela. A él no le importaba el dinero, con lo que recibía mensualmente, del directorio, le alcanzaba... Además, y eso lo pregonaba cada que tenía cuatro aguardientes en su cabeza, la política la hacía con dinero, pero no para conseguir dine ro"22. Cuando comenzábamos nuestro trabajo de campo sobre este tema, en entrevista con Álvarez Gardeazábal éste nos decía con la cautela que impone el espinoso asunto: "En Tuluá los actores de la violencia no la promo-vieron directamente por razones económicas. El que disparó nada consiguió, pero tal vez el vecino del muerto sí"23. Dicho de otra manera, lo que hubo fue un aprovechamiento mediatizado. Si las anteriores consideraciones eran demostrables, razón tenían quienes desde

21 Diario del Quindío, Armenia, enero 28 de 1955. 22 G. Álvarez Gardeazábal, Cóndores ... pp.83-84. 23 Entrevista a G. Álvarez Gardeazábal, Cali, noviembre 4 de 1976.

Ibagué, por ejemplo, pedían la reorientación del sentido de las investigaciones judiciales recalcando que más que a los "pájaros", a quienes había urgencia de identificar, encarcelar y sancionar era a los pajareros, a los empresarios, a los importadores, a los organizadores, a los siniestros y ocultos traficantes del mercado negro del crimen24. En conclusión, la Violencia no había entorpecido la expansión capitalista del Valle. Al contrario, los índices de urbanización, industrialización, proletarización, reforzaron las tendencias ya existentes antes de comenzar la Violencia. Más aún, en términos comparativos, el mayor número de nuevos ingenios azucareros surgió precisamente en lo peor de la Violencia: entre 1948 y 1953. Los récords negativos del Valle, tales como el registro de la más alta cifra de migrantes por causa de la Violencia, 368.900, o el registro del mayor número de parcelas agrícolas perdidas, 98.400, a consecuencia del mis-mo fenómeno, eran saldos a favor del capital. A fines de los años cincuenta los dos polos de la relación económico-social, es decir, tanto los grandes cultivadores a través de ASOCAÑA, copio los trabajadores rurales a través de sus sindicatos, hacían del plan del Valle el área rural gremialmente más organizada del país 25. 24 Tribuna, Ibagué, julio 14 de 1955. 25 Paul Oquist, Violencia, conflicto y política en

Colombia, Instituto de Estudios Colombianos, Bogotá, 1978, pp. 323324; José María Rojas, Empresarios y tecnología..., pp. 20 y 118; María del Pilar Gaitán, "Condiciones y posibilidades de organización del proletariado cañero", en Campesinado y capitalismo en Colombia, Bogotá, CINEP, 1981, pp. 161 y ss; Urbano Campo, Urbanización y violencia en el Valle, Bogotá, Ediciones Armadillo, 1980; Charles David Collins, Prensa y poder


No es, pues, necesario insistir aquí sobre esta relación entre Violencia y desarrollo en el Valle. De hecho, es el caso que más se adecúa a una de las versiones hasta hace poco predominantes en la explicación global de la Violencia en el país. Bástenos cerrar este capítulo con las reflexiones que entre arrepentido y acusa-dor hizo “Pájaro Verde" (José Vicente Mesa Gamboa), uno de los lugartenientes de "El Cóndor", desde una cárcel de Bucaramanga, a donde se le trasladó para protegerle de sus antiguas víctimas, los nuevos vengadores. En efecto, en el curso del largo proceso que se le siguió, “Pájaro Verde" demostró cómo él ha bía sido simplemente un instrumento de altas figuras de la política regional que nunca llegaron a ocupar el banquillo de los acusados, o de invisibles redes económicas que sólo ahora, en los años setenta cuando se le procesaba, co-menzaban a identificar. En una de sus confesiones finales denunció -él que lo sabía cómo esas asociaciones criminales de las cua les había hecho parte, más allá de los pretextos políticos, eran mecanismos de despojo y de acumulación de tierras que eventualmente no respetaban fronteras partidistas. Según escribió de su puño y letra: “Había que cumplir órdenes hasta de los Casiques (sic) y muchas beses (sic) con el tiempo hera (sic) que se sabía que tal Casique había hecho matar a otro copartidario con chismes y por negocios o por ambiciones de tierras, etc. "26.

político en Colombia, Cali, Universidad del Valle, 1981.

26 Sumario contra “PájaroVerde” - por el delito de Homicidio, iniciado en noviembre 16 de 1949, en Cali, expediente No. 1226, Archivo Juzgado Quinto Superior de Bucararnanga. En la audiencia pública que por ese primer delito de 1949 se llevó a cabo en abril de 1975 en Bucaramanga, se aceptó la tesis de que en

III. PARCELACIÓN, Y DISOLUCIÓN DE HACIENDAS: EL CASO DE SUMAPAZ La disolución del sistema de hacienda, a través del mecanismo de la parcelación y como efecto inmediato de la Violencia, fue quizás el resultado característico de esa amplia zona que bajo el nombre de Sumapaz se extiende desde el sur de Cundinamarca al oriente del Tolima. Geográfica y hasta socialmente muy diversa, la región fue en cierta medida unificada políticamente en el curso de varias décadas de agitación campesina y de combatividad que sobrevivió hasta los años sesenta, en los albores del Frente Nacional. La zona constituye también el ejemplo más próximo a una "revolución agraria", como resultado final y no buscado de la Violencia. Pero no obstante la bien ganada reputación de radicalismo agrario, la última ratio de los conflictos en la zona, incluso después de su generalización a partir de 1928, no era el cuestiona miento a la propiedad privada como tal sino el castigo a su ociosidad. En ese sentido 1928 no es una fecha gratuita; en ese año el Gobierno, basándose en la doctrina de la Corte según la cual todo el territorio

aquel entonces había obrado "por insuperable coacción ajena", y en consecuencia de tal hecho se le absolvió. Pero de todas maneras debía regresar a la cárcel de Cali para seguir pagando una condena de 37 años por delitos cometidos en el Tolima. Cuando llegó a la estación de buses en la capital del Valle, acompañado de guardianes, el mismo individuo que ya había atentado contra él va-rias veces y que llevaba 25 años esperando el momento de la venganza, desenfundó un revólver y lo descargó en el cuerpo de "Pájaro Verde---, quien cayó mortalmente herido en su propia tierra.


nacional ha sido baldío y se presume que es de dominio de la Nación hasta tanto los particulares no demuestren, lo contrario (la famosa prueba diabólica), expidió el 14 de junio de 1928 un controvertido Decreto, el 1.110, por medio del cual trazó algunas zonas de reserva destinadas a la colonización27, disposición que entró en conflicto con el hecho de que dentro de las líneas de demarcación establecidas quedaron incluidos terrenos pertenecientes a las haciendas Guatimbol, Castilla, Buenos Aires, Doa y San Francisco, todas ellas en la región tolimense de Icononzo. Y no obstante que previsivamente se advierte en el texto del decreto que "si dentro de las zonas señaladas hubiere propiedades particulares, dueños conservarían sus derechos de acuerdo con la ley", los campesinos, a sabiendas de la insuperable precariedad e incluso inexistencia de títulos que respaldaran las pretensiones de los terratenientes, convirtieron el aludido Decreto en un arma política de sus rei-vindicaciones. Más aún, buscaron en él una fuente de legitimidad para argumentar el carácter baldío de las áreas incultas no solo de los predios mencionados sino de muchos otros en toda la comarca del Sumapaz. En consecuencia, se rebelaron contra los hacendados, dejaron de pagar arriendo y se proclamaron colo nos, es decir, 27 Probablemente el mejor alegato jurídico sobre

el Decreto 1. 110 de 1928 fue el que preparó para la Gobernación del Tolima y el Ministerio de Industrias el notable jurista Antonio Rocha: Archivo Histórico Nacional de Bogotá, Ministerio de Gobierno, Sección Primera, tomo 1064, ff. 101-112. Sobre las consecuencias del Decreto, véase el Informe que presente al señor Gobernador del Tolima la Comisión Investigadora de los hechos ocurridos entre propietarios y colo-nos en las regiones de Icononzo y Cunday , Ibid., ff. 113145.

ocupantes legítimos de terrenos baldíos. Como dijeran los comisionados de la Gobernación del Tolima que visitaron la zona en agosto de 1931, esta actuación institucional, la del decreto, fue la que prendió la chispa: de hoc fonte derivata clades. El conflicto se disparó, a la par que en el Tequendama, en el Sumapaz cafetero (Cunday, Icononzo, Pandi, Fusagasugá) y rápidamente sacudió las montañas de Pasea, de Cabrera e incluso del corregimiento bogotano de Nazareth, en donde 90 arrendatarios de la hacienda Las Animas pusieron en tela de juicio los títu-los que sobre 20.000 fanegadas alegaban los hermanos Hernando y Juan Pardo Acevedo28. Este procedimiento y esta táctica de antiguos arrendatarios que venían reconociendo el dominio ajeno de sus parcelas y que de repente al abrigo del Decreto 1.110 se declaraban propie tarios unos, cultivadores de baldíos o colonos otros, se fue divulgando de hacienda en hacienda, de vecindario en vecindario, de municipio en municipio, hasta generalizarse tanto en el Tolima como en Cundinamarca, inaugurando según la mirada nerviosa de los hacendados la era de las invasiones, cuyo apogeo habría de manifestarse hacia mediados de 1931. Conflictos de este tipo fueron ampliamente documentados en 1931 por la Comisión Investigadora antes mencionada, en las siguientes haciendas: Guatimbol, Castilla, Balsora y Canadá, en Icononzo; en la hacienda Buenos Aires, en límites de Cunday e Icononzo; en las siguientes haciendas situadas en jurisdicción de Cunday: San Pedro, La

28 A.H.N.B., Ministerio de Gobierno, 1933, Sección Primera, Tomo 1062. ff. 463-474.


Hoya, La Virginia, La Esperanza y San Francisco, vinculada esta última a la familia López Pumarejo; en las haciendas Nuevo Mundo, Varsovia y El Rodeo, pertenecientes a la compañía cafetera de Cunday; en la hacienda Doa, en Pandi; El Retiro, en Pasea; y por supuesto en Fusagasugá,'en la célebre hacienda "El Chocho", a cuya Federación de Dueños y Mejoras le fue revocada la personería jurídica en 1933 29. El tema del reparto de tierras y una cierta idea de la "función social" de la propiedad recorrie ron como un fantasma las haciendas del Sumapaz. La legitimidad no solo jurídica, sino también política y social de los latifundios había entrado irremediablemente en crisis, y los vientos reformistas e incluso revolucionarios que soplaban por entonces en el mundo permitían pensar en la viabilidad de una salida democrática a la cuestión agraria colombiana. El cambio de actitud en los campesinos era palpable y hasta sorprendente. Los testimonios de la época no admiten duda. El administrador de la hacienda Guatimbol, por ejemplo, informó que el 30 ¿le noviembre de 1928 los arrendata-rios "abandonando su antiguo nombre se titularon colonos y abrieron un camino dentro de los terrenos de la finca para comunicarse con unos desmontes que estaban haciendo en las haciendas de Doa

29 A.H.N.B., Ministerio de Gobierno,

1930-1931, Sección Primera, Tomo l064,"ff i 113-145; tomo 1062, ff . 443-44; tomo 1075, ff. 123-24. En un cuidadoso estudio de Elsy Marulanda sobre la región, "Colonización, hacienda y movilización campesina”, se mencionan, hasta 1930, invasiones a 22 haciendas en el Tolima y a 10-eNCundinamarca. El trabajo de E. Marulanda es su Tesis de Magíster en Historia, Bogotá, Universidad Nacional, 1988.

y Aguadulce, al propio tiempo que manifestaron a la hacienda que ellos no continuarían pagando arrendamiento por estar sus trabajadores dentro de la línea señalada por el Decreto 1.110 como zona destinada a la colonización de terrenos baldíos..."30. El administrador de la hacienda Doa escribió en marzo de 1931 al Ministerio de Industrias que ocho arrendatarios se habían declarado "due ños por sí ante sí"31. En agosto del mismo año uno de los ocupantes de la referida, hacienda afirmaba orondamente: "entré de arrenda tario... y pagué arriendo hasta hace dos años en que esto se declaró baldío y por tal razón no volví a pagar". Con igual naturalidad otro campesino puntualizó: "entré a Doa hace unos cinco años, con permiso de la hacienda y como salió el Decreto 1.110 de 1928 no volví a pagar arrendamiento..."32. No es necesario multiplicar los ejemplos. Lo que cabe destacar ahora es que a la era de las invasiones y de las ocupaciones de hecho siguió como contrapartida la era de los lanzamientos de colonos, lanzamientos precedidos generalmente de sistemáticas campañas de desprestigio que abonaban el terreno a los encarcelamientos injustificados; a los hostigamientos permanentes de la Guardia Civil; a torcidas actuaciones de las autoridades para provocar la división e incluso el enfrentamiento entre los campesinos. La solidaridad con los compañeros perseguidos era calificada de obstrucción a la justicia; el reclamo de los derechos era tipificado corno desconocimiento a las autoridades y la protesta colectiva o el ejercicio del

30 A.H.N.B., Fondo Ministerio de Gobierno, 1930-31, Sección Primera, Tomo 1064, f. 125. 31 A.H.N.B., Fondo Ministerio de Gobierno, 1929-30, Sección Primera, Tomo 997, f. 17. 32 Ibid. Tomo 1064, f. 125.


derecho de reunión los colocaba dentro de categorías penales como las de “salteadores de caminos" o "cuadrillas de malhechores' A algunos se les acusaba de la ejecución de actos manifiestamente reprobables, tales como amenazas de muerte o flagelación a los labriegos que seguían fieles a los hacendados. La campaña surtió de alguna manera sus efectos pues con todos estos elementos se fue estructurando de modo más o menos perceptible un voluminoso expediente que serviría de justificación para que la Gobernación de Cundinamarca emitiera un cuerpo de normas que abrieron paso al desalojo de todo aquel que pudiera ser sindicado de "ocupación violenta o clandestina de una finca o predio rural". Y cuando por estos medios el, conflicto tenía visos de tornarse insoluble se proponía entonces la compra de las tierras litigiosas por parte del Estado con miras a una ulterior parcelación, lo que resultaba ser en últimas un premio a la intransigencia de los terratenientes. Claro está que a pesar de algunos caracteres unificadores de la problemática agraria de la región, una mirada detallada permitía observar desarrollos tecnológicos y de organización social muy desiguales, que podían variar de una hacienda a otra. Por ejemplo, en la hacienda San Francisco, manejada con un cierto criterio empresarial, los campesinos -para complacencia no solo de los hacendados sino también de los funcionarios que la visitaron- no oculta-ban su conformismo con las obligaciones y compromisos que regían el jerarquizado microcosmos de la hacienda. Los cultivadores o colo nos -anotaron los comisionados del Gobierno-, "presentan caracteres, bien distintos de los de las regiones de Doa, Icononzo y Cunday. No se hallan solidarizados con aquéllos, no dependen ni tienen jefes en Bogotá, no

hacen colectas para sostener gastos de abogados, etc., ni reciben el periódico Claridad" 33. Es decir, no ostentaban ninguno de los signos que identificaban al típico campesino rebelde de la región. Condiciones similares parecían advertirse en tres de las haciendas que conformaban la Compañía Cafetera de Cunday, a saber, Nuevo Mundo, Varsovia y El Rodeo. La Compañía Cafetera de Cunday era una de las empresas agrícolas más tecnificadas y organizadas de la época y también una de las mayores concentraciones de trabajadores rurales. En 1931 el caserío de la hacienda Varsovia tenía 40 casas suministradas por la hacienda a los trabajadores, el de la hacienda Nuevo Mundo 38 casas y el de la finca El Rodeo 36. La población total en predios de la compañía era de 755 habitantes, que disfrutaban de condiciones de vida y de trabajo relativamente favorables si se las comparaba, en otro extremo, con el despotismo de las obligaciones que imperaban en haciendas como la de Guatimbol, en Icononzo, en donde los arrendatarios corrían por lo menos con la mitad de los costos de sus viviendas y en donde tanto las cláusulas resolutorias de los contratos como los términos en que se efectuaban las compras de mejoras se definían al puro arbitrio de los hacendados. Si no obstante las variaciones indicadas se puede hablar de un paradigma, éste habría que buscarlo más del lado de los rasgos característicos del régimen interno de las haciendas Guatimbol y El Chocho, que de los más flexibles de la compañía cafetera o de la hacienda San Francisco.

33 Informe que presenta al señor Gobernador...,

A.H.N.B., Ministerio de Gobierno, 1930-193 1, Sección Primera, Tomo 1064, f. 138.


Los campesinos, como es apenas explicable, se organizaron. Y lo hicieron no solo a nivel de haciendas sino también en torno a una especie de poderosa federación regional que llamaron la "Colonia Agrícola del Sumapaz" sin lugar a dudas la más amplia organización campesina del período. Se estima que en su momento de máximo esplendor llegó a agrupar cerca de seis mil campesinos34. La colonia que no era sólo una "comunidad de cultivadores", tenía sus propias normas, sus propios emblemas (bandera, himnos), su periódico (Claridad), instancias judiciales internas (los jueces de cortes con carácter decisorio sobre la distribución de la tierra), mecanismos colectivamente aceptados para la recolección de fondos destinados al cubrimiento de los costos de sus peticiones o acciones legales defensivas frente a los latifundistas y hasta cierta autonomía económica y administrativa. En sus relaciones con las instancias nacionales de poder se perfilaba como un partido organizado, a través del PAN. La colonia, que en tanto fuerza colectiva no era incompatible con el sueño campesino de la parcelación o el reparto, respondía a la necesidad de la comunidad rural de dotarse de argumen-tos suficientemente disuasivos frente a la codicia de los terratenientes. Para los campesinos los límites de la Colonia Agrícola de Sumapaz eran deliberadamente imprecisos. Más que de un territorio claramente amojonado se trataba de toda un área en rebeldía y en conflicto, que para el caso podía incluir municipios de la contigua y también convulsionada región del Tequendama. De allí la necesaria anotación de los

34 Catherine Le Grand, Frontier Expansion and Peasant Protest in Colombia, 1830-1936, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1986, pp. 127-131.

comisionados del Gobierno. "Colonia Agrícola del Sumapaz llaman los pretendidos colonos no solamente las regiones de Viotá, Pandi, Fusagasugá y Suma paz, sino' también las de Icononzo y Cunday"35. Pero no solo la extensión o el volumen de campesinos comprometidos con la organización resultaban sorprendentes. También lo era la variedad de recursos de acción a que apelaban. La acuciosidad con que se los describe en los informes oficiales podría hacer pensar a una mente prevenida que el objetivo no declarado y maquiavélico era el de magnificar el movimiento para asustar a las autoridades bogotanas e incitarlas a golpearlo. Pero aunque estas sospechas no sean del todo descartables es preciso matizarlas recordando que la mayor parte de los ardides utilizados por los colonos hacen parte de las tácticas características, del acervo político-cultural, de las luchas campesinas en otras latitudes y en otras épocas. Las acusaciones incluían ejemplos del siguiente tenor: "1- No hay entre ellos respeto al juramento y así fácilmente prueban, con número plural de testigos, hechos falsos, verbigracia, el tiempo de ocupación de las rocerías a fin de que la policía no pueda prestar el apoyo de su autoridad; 2- Pican los cercos llevando para ello individuos desde lejos; a fin de que, -aun siendo sorprendidos, no puedan darse sus nombres a la autoridad; 3- En las inspecciones oculares el Alcalde generalmente no encuentra a nadie y una vez ido el ocupante vuelve nuevamente;

35 Informe que presenta..., Ibid., f. 118.


4-Arrancan los pastos llegando muchos a la vez, de manera que en corto tiempo hacen grandes destrozos; 5- Amenazan a quienes no quieren formar parte de la Colonia, con la muerte o con otros males; 6- Los colonos hacen una casa en un día, de tal manera que los dueños de haciendas se sorprenden hallando habitaciones donde antes no había nada; 7- Ocultan a las personas que son perseguidas o buscadas por las autoridades; 8- Usan escopetas de cápsula a las cuales se puede adaptar fácilmente el proyectil de grass"36. En suma, se trataba de acusaciones y descrip ciones que, en términos por lo menos equiva lentes a los citados, se podrían encontrar sobre los campesinos españoles de la Andalucía republicana, sobre el movimiento agrario de la Convención en el Perú de los años sesenta, o sobre las “LigasCamponesas" brasileñas de la época de Goulart. Con todo, es igualmente cierto que dada la magnitud de la movilización campesina, tanto a las autoridades como a los hacendados les inquietaba no sólo las acciones catalogadas como violentas sino también, y quizás en ma yor grado, las cobijadas por el concepto apenas descubierto de " resistencia pasiva": Esa resistencia pasiva y en las ocasiones dichas vio lenta, tan bien organizada; ese obedecer a consignas precisas; ese decir continuo de que solamente reciben 36 Ibid. f. 126

inspiraciones de su “compañero” el señor Erasmo Valencia; ese afirmar que se hallan defendidos por el periódico “CLARIDAD que circula en sus montañas y se lee a los analfabetas; esa confesión espontánea de que hacen colectas quincenales y mensuales en las que cada colono contribuye desde la suma de veinte centavos hasta la de un peso, según su capacidad pecuniaria, valorada naturalmente por los dirigentes; esa unión firme, también confesada, entre los colonos de Sumapaz, Fusagasugá, Viotá, Pandi, Cunday e Icononzo, conduce a creer sin temor de errar, que nuestros campesinos van contagiándose, tal vez sin sospecharlo, de las ideas comunistas que van subvirtiendo el orden social y amenazando destruir las bases mismas sobre que se asienta el edificio de la República37. Como un índice adicional del nivel de organización de estos campesinos podría aducirse el hecho, que no podía pasar inadvertido, de que a la reunión convocada por los comisionados gubernamentales del Tolima en agosto de 1931 en lcononzo asis tieran 452 colonos del Sumapaz tolimense, sin que se hubiera hecho el registro de los que se habían desplazado desde Cundinamarca. El motor de esta agitación rural en toda la región y desde fines de los años veinte era un' abogado y periodista, oriundo de Santa Rosa de Cabal y nacido en las postrimerías del siglo XIX (1893): Erasmo Valencia, el fundador y director del periódico Claridad. Valencia se desplazaba incesantemente al Sumapaz y al Tequendama en tareas de concientización, ase soría y organización campesina, e incluso proyectaba una imagen de ubicuidad tan extraordinaria y 37 Informe que presenta..., Ibid. f. 126


una energía tan contagiosa por su causa que podría considerársele como la répli ca de Raúl Eduardo Mahecha en las zonas de conflicto agrario. El era, según los hacendados, el culpable de que los arrendatarios se rebelaran contra los dueños de tierras con la promesa de que éstas les serían repartidas. A pesar de sus contactos obligados con zonas de influencia comunista, e inclusive de su vinculación personal con los primeros núcleos comunistas de los años veinte, las afinidades ideológicas de Erasmo Valencia habría que buscarlas más por el lado de representantes de la izquierda liberal como Moisés Prieto, José Vicente Combariza, Jorge Uribe Márquez y Jorge Eliécer Gaitán38. No es nuestro propósito hacer aquí una descripción detallada de las luchas agrarias durante las décadas precedentes al asesinato de Gaitán. Baste recordar en las líneas generales de nuestra argumentación que, como resultado del conflicto o para prevenirlo, se incrementaron las ventas directas de mejoras y parcelas a los campesinos, se extendió en buena medida el proceso de fragmentación voluntaria de las grandes propiedades y en un número más o menos significativo de casos se practicó la parcelación forzosa de haciendas, así fuera solamente, al igual que en el Tequendama, en las áreas marginales de las mismas. Fue también apreciable, particularmente durante la Revolución en Marcha, una relativa ampliación de los escenarios institucionales de tramitación de los conflictos.

Por otra parte, si bien es cierto que los terratenientes habían salido en muchos casos golpeados en su poder político y en

38 A.H.N.B., MinGobierno, 1933. Sección Primera, T. 1062, ff. 489 y ss.

su prestigio social, habían logrado igualmente realizar lucrativas operaciones económicas, con el apoyo directo del Estado o de entidades de salvamento, como el Banco Agrícola e Hipotecario. Por sobre todo, se habían dotado ellos de recursos y de capital líquido para desplazar a tiempo sus inversiones a otras actividades en el mundo de los negocios. Incluso se habían dado sus propias organizaciones político-gremiales, corno la APEN. Pese a todo ello, a las luchas, a las leyes, a las parcelaciones, a las renovadas estrategias de captación o de confrontación, prácticamente no habían surgido vencedores nítidos de este pro-ceso, por lo menos hasta 1948. Las batallas decisivas se produjeron en los años cincuenta y sus resultados, como sucedió también en el Tequendama, sólo pudieron evaluarse en los primeros años del Frente Nacional39. Las guerras del Sumapaz El Sumapaz fue desde los tiempos de la UNIR un baluarte gaitanista. Lo siguió siendo en la década del cuarenta. En Icononzo, por ejemplo, Gaitán obtuvo en las elecciones de 1946 una contundente victoria, expresada en un 72.74% del total de 1.530 papeletas depositadas. Además, en el curso de las tres o cuatro décadas anteriores al 9 de abril, lo social, lo agrario, se había tornado, como en ninguna otra región del país, en un componente explícito y decisivo de la acción política. Invasiones de tierras y 39 Para una sustentación convincente de esta parábola en el Tequendama, puede consultarse la magnífica Tesis Doctoral de Michael F. Jiménez, "The Limits of Export Capitalism: Economic Structure, Clase, and Polítics in a Colombian Coffee Municipality, 1900-1930-, Department of His tory, Princeton University, 1985, pp. 11 y 12.


expropiaciones de ganado son mani-festaciones no exclusivas pero sí notables de la reacción popular "nueveabrileña". Las parejas de oposición liberal-conservador, amigo-enemigo, están claramente atravesadas allí y de manera ininterrumpida, por la oposición terrateniente-campesino. Significativamente, durante los años cincuenta, en la primera guerra del Sumapaz, se hablaba, por un lado, de las gentes del gobierno, y por el otro, de los "agrarios" de Varela. Juan de la Cruz Varela había organizado la resistencia tomando como refugio la vereda El Palmar, del municipio de Icononzo, de donde se vio forzado a emigrar tras una brutal y arrasadora invasión militar en 1952 que dio origen a lo que se denominó la "gran marcha del oriente del Tolima" hacia el Alto Sumapaz40. Durante la tregua que se inició con el ascenso del general Rojas Pinilla al poder en 1953 los campesinos permanecieron armados y, siguiendo las orientaciones del Partido Comunista, transformaron el frente guerrillero en un movimiento de masas que llamaron “Frente Democrático". Para facilitar este proceso, Varela se entregó en forma más o menos simbólica a fines de 1953 en Cabrera (Cundinamarca) ante una Comisión encabezada por el general Alfredo Duarte Blum, el ministro de Higiene Bernardo Henao Mejía y el capellán del ejército

40 Para información complementaria sobre estos aspectos, véanse los trabajos de Darío Fajardo, Violencia y desarrollo, Bogotá, Ed. Sudamérica, 1979; Jaqcques Aprile, “La Guerra de Villarica”, Bogotá, Centro Jorge Eliécer Gaitán, 1983; Clara Inés López Mejía y Clara Inés López Ordóñez, “Violencia en la región de Sumapaz 1953 -1957”, Monografía de grado, Departamento de Historia, Universidad Nacional de Colombia, 1983.

presbítero Pedro Pablo Galindo. Duarte Blum, en una clara demostración de que conocía el problema de fondo de la región, prometió títulos de propiedad a los colonos de El Palmar, -El Roble y otras localidades vecinas. Pero la tregua resultó ser muy frágil. Se rompió a fines de 1954 en una de las zonas de mayor significación política en los años posterio res, en Villarrica, antiguo corregimiento de Cunday. El hecho-símbolo de la nueva actitud del Gobierno Militar frente a las áreas de ma-yor conflicto real o potencia] fue la detención en esta zona del veterano dirigente agrario y militante comunista del sur del Tolima, Isauro Yosa, salvajemente to rturado en las instalacio -nes militares de lo que vino a conocerse posteriormente como el "campo de concentración de Cunday". A pesar de las promesas presidenciales, autoridades militares, incluso de alto rango, como el coronel Navas Pardo, seguían dándole tratamiento de guerrilleros a los militantes comunistas y "varelistas" del Frente Democrático de Liberación Nacional, llamado también "Línea Roja". En algún momento la situación se hizo insostenible y se desencadenó la "guerra de Villarrica", la segunda guerra del Sumapaz. En noviembre de 1955 el Sumapaz fue declarado "Zona de Operaciones Militares", medida acompañada de ley seca, salvoconductos, to que de queda y campos de maltrato físico y psicológico a los habitantes de la región. Un decreto, a todas luces inaudito, el 1.139 del 22 de abril de 1955 había creado las condiciones para que operaran sin restricciones la impunidad y la "ley del silencio": "Quien divulgue informes o noticias que imputen directa o indirecta-


mente a las fuerzas armadas, o a uno o varios miembros de ellas la realización de hechos cometidos en campaña o misiones de orden público, que la ley haya erigido en delito o que por su carácter deshonroso o inmoral sean susceptibles de exponerlos a la animadversión, el desprecio o el desprestigio públicos, incurrirá en prisión de 2 a 5 años" . Variadas formas de hostigamiento en procura de información se hicieron rutinarias en zonas como Icononzo (vereda Yopal); en Pandi (particularmente en veredas del corregimiento de Cabrera, como Santo Domingo, Paquiló, Peñas Blancas, Santa Rita Punchica) y en Villarrica (vereda Los Alpes). La información se obtenía a menudo con la "colaboración" de campesinos que se habían entregado o mediante proce-dimientos coactivos aplicados a simples sospechosos de simpatías comunistas. Pero la fórmula preferida era la retención de campesinos que se presentaban a solicitar salvoconducto y para sorpresa suya descubrían que se encontraban reseñados-sindicados de pertenecer o auxiliar a la guerrilla. Los interrogatorios que se efectuaban en el “ campo de concentración de Cunday" apuntaban a la precisión de datos sobre asuntos relativos a los sitios de reuniones de los Comités del Frente Democrático; los temarios de sus sesiones; los nombres de los miembros del equipo de dirección (presidentes, secretarios y tesoreros); las formas de abastecimiento (con notable insistencia en sal y víveres); las formas de financiamiento; los montos de las cuotas de apoyo con la especificación de si éstas se cumplían en dinero o en especie; la ubicación de los cotizantes, por supuesto; y, finalmente, indagaban mucho detalle sobre los movimientos de Juan de la Cruz Varela y sobre su personal, en especial

sobre los núcleos campesinos que se suponía habían terminado refugiándose en la vereda Alsacia, como paso previo de un eventual desplazamiento a los Llanos Orientales. Todas las libertades individuales, incluidas la de movimiento, y la de comercio, para no hablar de las políticas, -estaban prácticamente anuladas en todo el territorio bajo control de la Jefatura Civil y Militar. No se podía transitar por determinadas regiones sin previo salvoconduc to del ejército en que se consignaban datos per sonales (cédula, profesión, a veces foto), lugar de destino, fecha de validez y hasta certificación de honorabilidad y buena conducta. No se podían transportar víveres, por ejemplo, para los trabajadores contratados en la recolección de café, sin que mediara autorización, escrita de los jefes militares de la zona (inspector, alcalde o comandante). Un buen mercado, in cluso en tiempos de cosecha, era considerado como," sospechoso" y sus dueños muchas veces apresados bajo la sindicación de que camuflaban provisiones para la guerrilla. No se trata de casos extremos. Por acusaciones de este tipo centenares de campesinos del Sumapaz pasaron y meses en el "campo de concentración de Cunday" y años en la cárcel. Innume-rables procesos originados en alcaldías militares y evaluados posteriormente bajo el Frente Nacional, por jueces civiles, fueron atribuidos al simple afán de sargentos y tenientes por hacer "méritos" ante sus superiores41.

41 -Fuerzas Armadas, Auditoria Principal de

Guerra, Sexta Brigada, Sumario, No. 2029, Asociación para Delinquir, Iniciado por el Juzgado 54 de Instrucción Criminal el 14 de junio de 1955 en Cunday, Radicado en Tribunal Superior de Ibagué.

-Fuerzas Armadas, Auditoria Tercera de Guerra, Expediente No. 405, Iniciado en


El marco jurídico de todas estas investigacio nes sobre actividades de -índole comunista" fue redondeado con el Decreto 0434 de 1956, cuyo texto fue una pieza clave en el tratamiento a la oposición y por lo tanto amerita su repro-ducción integral: Decreto 0434 de 1956 "El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades legales, y en especial de las que le confiere el artículo 121 de la Constitución Nacional, y CONSIDERANDO: "Que por decreto 3518 de 9 de noviembre de 1949 se declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional; "Que el acto legislativo No. 6 de 1954 prohibió en Colombia la actividad política del comunismo interna cional;

Alcaldía Militar de Pasca el 4 de febrero de 1957, Radicado en Fusagasugá, Juzgado Penal del Circuito.

-Fuerzas Armadas, Juzgado 5o. de Instrucción Penal Militar, Expediente 210, Actividades de Índole Comunista, Iniciado en Brigada de Institutos Militares de Bogotá en abril 24 de 1956, Radicado en Juzgado Penal del Circuito de Fusagasugá.

-Fuerzas Armadas, Brigada de Institutos Militares, Destacamento de O.P. de Sumapaz, Comando Cunday, Sumario No. 8919, Rebelión, agosto 26 de 1955, Radicado en Tribunal Superior de Ibagué, Sala Penal.

-Fuerzas Armadas, Juzgado Tercero de Instrucción Penal Militar, Expediente 2106, Asociación para Delinquir, Bogotá, septiembre 3 de 1955, Radicado en Juzgado Penal del Circuito de Fusagasugá.

"Que dicha actividad atenta contra la tradición y las instituciones cristianas y democráticas de la república y perturba la tranquilidad y el sosiego público, DECRETA: "Artículo lo. Quien tome parte en

actividades políticas de índole comunista incurrirá en presidio de uno a cinco años o en relegación a colonia agrícola penal por igual término; en interdicción del ejercicio de ' derechos y funciones públicas por diez años; en mi capacidad para actuar como dirigente sindical por el mismo tiempo, y quedará impedido absolutamente para pertenecer en el futuro a las fuerzas armadas. Si se trata de un miembro de ellas, la sanción se aumentará al doble y se impondrá, además, la degradación pública. ---Parágrafo. La persona a quien se

aplique una de estas sanciones no tendrá derecho a ninguna de las rebajas de pena concedidas en disposiciones anterio res, y si fuere extranjero, será expulsado del territo rio nacional, una vez cumplida la condena. ---Artículo 2o. Ejercen actividades

políticas de índole comunista quienes obedezcan órdenes, instrucciones o consignas de partidos o entidades comunistas extranjeros, o por cualesquiera medios preconicen o traten de implantar en la organización de la familia, de la sociedad o del Estado las, doctrinas y métodos del comunismo internacional, o asistan con conocimiento de causa a juntas o reuniones de ese carácter, bien sea éste manifiesto o encubierto. ---Artículo 3o. Se presume legalmente

que es responsable de participar en actividades políticas de índole comunista:


“a) Quien figure, con su conocimiento y

sin protestar por ello, como miembro inscrito de una organización comunista, en cualquier libro, registro, lista, o co-rrespondencia u otro documento; “b) Quien contribuya económicamente

mediante cuotas, donaciones, préstamos, aportes u, otra forma similar al desarrollo de planes u objetivos comunis tas; “c) Quien se someta accidental, temporal o permanentemente a la disciplina de una organización comunista; "d) Quien ejecute proyectos o cumpla instrucciones u órdenes de personas u organizaciones comunistas, o las divulgue o comunique por cualesquiera medios; “e) Quien actúo como dirigente, organizador, corresponsal, mensajero, agente, propagandista o en calidad similar de una organización comunista; "f) Quien redacte documentos, panfletos, hojas volantes, libros o cualquier otro tipo de publicaciones en apoyo de los fines u objetivos del comunismo, o los distribuya, embarque o remita como propaganda; “g) Quien exprese la decisión de cumplir los proyectos, planes, instrucciones u órdenes de personas u organizaciones comunistas tendientes a la realización de los fines u objetivos del comunismo. "Artículo 4o. De las infracciones de que trata el presente decreto conocerá la justicia militar, por el procedimiento de Consejo de Guerra Verbal y, por lo tanto, contra los fallos que éstos dicten podrán interponerse los recursos de apelación, casación y revisión consagrados por el Código de Justicia Penal Militar...”

Con un campo tan ¡limitado para la arbitrariedad como el que proporcionaba esta norma, cualquier hoja volante de la oposición política podía ser considerada como "irreverente e incitadora a la desobediencia en contra del actual régimen gubernamental de las Fuerzas Arma das"; elementos del atuendo personal se convertían fácilmente en prueba de culpabilidad, sin atenuantes. Nada más delator, por ejemplo, que portar una bufanda de color rojo, pues ésta era, según deducción de uno de los jueces militares, "la insignia de los bandoleros, y de los que integran las asociaciones comunistas". Grave indicio podía constituir también el ser capturado con algo tan rutinariamente campesino como "una mochila terciada a la espalda", si en la descripción se le podía agregar simplemente que la llevaba "al estilo equipo de campaña". Más aún, no solo la indumentaria sino también determinados rasgos físicos que no fueran del agrado de los interrogadores permitían conjeturar sobre la peligrosidad de los campesinos. De conformidad con la peculiar psicología y tarifa probatoria de los cuarteles se reseñaba a un sindicado de asociación para delinquir, con el siguiente INRI: "parece ser bandolero de corazón"42. Todo esto para no mencionar lo comprometedor que resultaba que a alguien le fuera hallado un "Proyecto de Programa del Partido Comunista de Colombia", o un "Proyecto de Programa del Frente Democrático de Liberación Nacional", así se hablara en él de temas tan ortodoxos como el contraste entre las

42 Fuerzas Armadas, Auditoria Principal de

Guerra, Sexta Brigada, Sumario No. 2029, Asociación para Delinquir... f. 128.


riquezas naturales de nuestro país y los bajos niveles de vida del pueblo colombiano; sobre las tasas de analfabetismo; o sobre las relaciones sociales de carácter semifeudal, y la necesidad de la unión de los trabajadores y el pueblo en un gran Frente Nacional y Democrático contra la Dictadura. Por supuesto que al sobrevenir el Frente Nacional los contenidos de lo legítimo y lo prohibido variarían de manera sustancial, por lo menos inicialmente. Fue así como los jueces civiles y el Tribunal de Bogotá que en 1.960 concep tuaron sobre los mater iales impresos que bajo el Gobierno Militar habían servido de cabeza de proceso, se pronunciaban ahora con cierto tono de condescendencia y de simpatía por algunas de las víctimas de la legislación anticomunista: "En realidad, dijeron, los procesados no cometieron ningún delito al encontrar y guardar unas hojas que podían ilustrarlos y que enseñaban cuestiones meritorias tendien-tes a la unión de los colombianos, a librarse de la violencia y deshacerse de la dictadura"43. De hecho, - al Sumapaz se le trató, durante toda la década del cincuenta y hasta bien entrad a la del sesenta, como zona de guerra. Por obra de la Violencia tuvo incluso transitoriamente el carácter de nueva entidad territorial autónoma, desde el punto de vista político, administrativo y militar. En efecto, invocando necesidades de orden público, se creó a fines de 1955 la Jefa tura Civil y Militar de Cunday, "con jurisdicción en los municipios de Cunday, Villarrica, Carmen de Apicalá e Icononzo en el departamento del Tolima; Pandi y Ospina

43 Fuerzas Armadas, Juzgado 5o. de Instrucción

Penal Militar, Expediente 210, Actividades de Índole Comunista..., ff. 99 y 100.

Pérez, en Cundinamarca, y el corregimiento de Núñez en el Distrito Especial de Bogotá". Esta segregación temporal de municipios a algunos departamentos fue recibida con particular recelo por parte de gremios económicos, como también de dirigentes políticos regionales, que se veían privados de importantes recursos para el sostenimiento de sus clientelas en la administración44. Por este camino, el régimen militar empezó a generar contradicciones que tendieron a agravarse año por año, resultando a la postre decisivas para su aislamiento. Una visión puramente militar de los asuntos del Estado chocaba, en efecto, con muchos intereses económicos y políticos tradi-cionales45. El Frente Nacional El advenimiento del Frente Nacional no solucionó los agudos conflictos de la región. Podría decirse más bien que a lo sumo los reclasificó. Porque lo que dentro de la perspectiva frente-nacionalista intentó hacerse, y hasta cierto punto con eficacia, fue disociar el conflicto par-tidista del conflicto social y crear una artificial atmósfera de paz en un contexto de profundas contradicciones sociales surgidas a la sombra, bajo el estímulo, o al margen del enfrentamiento partidista. Un primer paso en este itinerario de desagregación fue la proclama del Directorio Liberal de Villarrica, suscrita 44 Tribuna, Ibagué, noviembre 20 de 1955. 45 Sin embargo, la idea de convertir al Sumapaz en

una región autónoma, una Comisaría Especial, por ejemplo, revivió a fines de 1959 tras una inesperada y amistosa entrevista entre Juan de la Cruz Varela y Álvaro Gómez Hurtado. Véase Tribuna, octubre 4 de 1959.


en noviembre de 1958, teniendo como testigos a los miembros de la Comisión Investigadora de las Causas de la Violencia: A los siete días del mes de noviembre de mil novecientos cincuenta y ocho, los suscritos dirigentes del partido liberal del municipio de Villarrica, reunidos con los miembros de la Comisión Nacional Investigadora dé las Causas y Efectos de la Violencia, después de exponer los problemas que afronta actualmente nuestra colectividad en esta comarca, formulamos la siguiente pública declaración: Primero: Condenamos enfáticamente todo acto de violencia que se ejecute por cualquier ciudadano, cualquiera que sea su filiación política y cualesquiera que sean las causas que se pretexten para llevarlo a cabo. Segundo: Repudiamos todo procedimiento de lucha política sectaria que no encaje dentro de los principios que informan y regulan la ampliación honrada y sincera de los postulados del Frente Nacional. Tercero : Invitamos a todos los habitantes de esta región, cualquiera que sea su color político, a olvidar los hechos pasados y a obrar en el futuro sin espíritu de retaliación y de venganzas originadas en esos mismos hechos. Cuarto: Formulamos una fervorosa y formal invitación a nuestros compatriotas del municipio y regiones circunvecinos con el fin de que, reunidos, podamos acordar y poner en práctica una política de paz sincera, de convivencia y armonía, colaborando mutua mente y con las autoridades legítimas en la represión del

crimen y la aprehensión de quienes infrinjan las leyes. Quinto: Expresamos nuestros sinceros deseos por el pacífico regreso de quienes por cualquier causa se vieron obligados a abandonar sus legítimas propiedades. Y propiciaremos en la medida de nuestras posibilidades el tranquilo goce y usufructo de tales pertenencias. Sexto: Deseamos transmitir a los gobiernos Nacional y Departamental nuestro anhelo porque estas regiones del oriente del Departamento del Tolima se reincorporen sin más dilaciones a la nueva era de paz y de concordia que viene ganando terreno día a día, como único medio de lograr el adelanto y el progreso de estas martirizadas regiones. Séptimo. En nuestro afán de acelerar el entendimiento en esta comarca, manifestamos que viajaremos próximamente a Cunday para entrevistarnos con los dirigentes conservadores de ese municipio y demos-trar una vez más, el espíritu de concordia y de paz que anima a los habitantes de Villarrica46. Entre los signatarios del documento por el Directorio Liberal local figuraba Marcos Jiménez D., quien con el remoquete de "Capitán Resor tes" se convertiría en uno de los agentes más visibles de las futuras vendettas de la región y a quien en otro lugar hemos caracterizado como prototipo del "bandolerismo de los terratenientes"47. Pero por el momento era difícil adivinar el rumbo de actitudes tan aparentemente

46 Tribuna, Ibagué, noviembre 13 de 1958. 47 Gonzalo Sánchez y Donny Meertens,

Bandoleros, gamonales y campesinos, El Ancora Editores, Bogotá, 1983, p. 63. ,


conciliadoras. -Cabe imaginar incluso que el alborozo de las gentes de la comarca haya podido aumentar dado que tres días después de ésta se realizó una concentración polí tica, ya de carácter bipartidista, en la población de Cunday, y ante cerca de seis mil personas llevaron la palabra dirigentes liberales y con-servadores en apoyo de un manifiesto o decla ración de paz. El lenguaje elíptico, el tono grandilocuente, el ropaje equívoco en que se envuelven supuestos propósitos de paz, le dan a este documento el sabor inconfundible del discurso político del Frente Nacional. Su texto es el siguiente: Hoy 14 de noviembre de 1958, los suscritos, miembros de los dos partidos tradicionales de los municipios de Villarrica y Cunday, reunidos en este último con el objeto de estudiar la situación de violencia aún reinante y buscarle adecuada y conveniente solución, hemos Regado a las siguientes conclusiones que, para conocimiento y cumplimiento por parte de todos los conservadores y liberales de la región, hacemos públicas en el presente escrito:

1º. Los voceros de las dos colectividades políticas tradicionales declaramos en primer término canceladas las rencillas que por causa de la violencia hayan podi-do existir, o existen, entre los ciudadanos de los dos municipios, y prometemos igualmente negarle nuestro apoyo a toda campaña hablada o escrita encaminada a revivir resentimientos o rencores entre los habitantes liberales y conservadores de las dos poblaciones, con el consiguiente perjuicio para los propósitos de paz y de sosiego que hoy nos animan. 2o. De la misma manera declaramos que seremos solidarios en la campaña para combatir la presencia de fuerzas extrañas

a los dos partidos tradicionales, inte-resadas en implantar el desorden y revivir la violencia, y prestaremos nuestro decidido concurso para que las autoridades puedan cumplir a cabalidad la delicada misión de implantar la normalidad. De igual manera pedimos a nuestros correligionarios de uno y otro partido, abstenerse de toda gestión ante los funcionarios en el camino de obtener ventajas para personas sindicadas por cualquier delito, por considerar que es esa la mejor colaboración que se puede prestar para que la justicia brille con toda su intensidad en las investigaciones que sea preciso adelantar. 3o. Como sinceros y leales practicantes de los postulados del Frente Nacional, ratificamos nuestra adhesión a esa política y a sus acreedores, y en consecuencia rechazamos cualquier acto que implique violencia y constituya siquiera, reaparición del sectarismo en las luchas políticas del futuro, las cuales deben con-ducirse por los cauces de la decencia, la tolerancia y el respeto al partido adversario. 4o. Consideramos necesario complemento de esta campaña de pacificación, el tranquilo regreso a sus propiedades de quienes por una u otra causa se vieron obligados a abandonarlas, ofrecemos colaborar con las entidades para hacer un cuidadoso estudio de esta situación, a efecto de que se vaya produciendo la reincorporación de los exiliados, liberales y conserva dores, a sus legitimas propiedades en circunstancias que les permita el pacifico goce de ellas sin ningún riesgo para sus vidas. La pretendida declaración de paz era en realidad una declaración de guerra, la tercera guerra del Sumapaz, una guerra sorda, que no decía su nombre, pero cuyo


blanco era claramente identificable: el movimiento agrario de Juan de la Cruz Varela. Varela proyectaba un perfil tan decididamente agrarista que a fines de 1959 el abogado Hernando Garavito Muñoz lo comparaba a Emiliano Zapata48. Para Varela la Violencia del Frente Nacional era tan descomunal como lo había' sido la del régimen militar. Valiente pero también teme rariamente acusó con nombre propio a autoridades de Villarrica y de la zona de Cabrera en Cundinamarca de cohonestar el baño de sangre que estaba promoviendo "Resortes" tanto en áreas urbanas como rurales. El duelo verbal y a veces sangriento entre Varela y el "Capitán Resortes" en la zona de Villarrica e Icononzo se expresaba de similar manera en el Alto Sumapaz en las divergencias y mutua desconfianza entre seguidores de los "agrarios" de Varela y los "limpios" que aca taban las orientaciones de Félix María Rangel, agente del Directorio Liberal oficialista en la región. Las rivalidades entre estos grupos son obligatoria referencia en la explicación del atentado a Varela el 14 de febrero de 1960 en Bogotá y el asesinato de Rangel en 1962. En todo caso, Varela no se dejó aislar por sus adversarios y desde comienzos de 1959 recibió la mano tendida del movimiento de inconformidad generacional y política que se aglutinaba en torno a Alfonso López Michelsen y a influyentes líderes de la izquierda, como el asesor de los trabajadores petroleros, Diego Montaña, el jefe de los destechados de Cali, Alfonso Barberena, y el ex-rector de la Universidad Nacio nal, Gerardo Molina. 48 Tribuna, Ibagué, octubre 4 de 1959.

El problema que como bandera nacional de su movimiento planteó en aquel entonces el "revolucionario" López Michelsen, y que parecía formulado a partir de una reflexión sobre el Sumapaz, fue el siguiente: el bipartidismo, con el pretexto de buscarle soluciones a la controversia sectaria, se las estaba cerrando a la transformación social49. La verdad es que mirando en retrospectiva el período de la "guerra" en su conjunto, la cone xión entre violencia y despojo, entre tierra y violencia, en la región del Sumapaz es evidente, como también lo es el impacto de la contienda armada sobre la producción agropecuaria. Cualquier solución duradera tenía que partir de este hecho. La información sobre estos aspectos es abundante y concluyente. Algunos ejemplos bastan: Desde los primeros meses de 1949 empezaron a producirse expulsiones violentas y masivas de trabajadores en haciendas tales como "Varsovia" y "Nuevo Mundo" con el fin de destruir la organización sindical campesina 50. A mediados de 1951, Tribuna, el periódico gaitanista de Ibagué, alertaba sobre los atropellos de terratenientes, como los Pabón Peláez, en "Guatimbol" y otras haciendas dentro de la jurisdicción de Icononzo. Sabedores los terratenientes de la complaciente, actitud de las nuevas autoridades frente a sus pretensiones, se habían dedicado a promover la revisión de los títulos de propiedad que los campesinos habían logrado en decenios anteriores. Y puesto que el Instituto de Parcelaciones nada tenía que hacer en controversias que en el ambiente reinante se resolvían a tiros, la fórmula que

49 Semana, Bogotá. junio 23 de 1959. 50. 50 Darío Fajardo, Violencia y... p. 120. 51.


imperaba en litigios y transacciones comerciales era la siguiente: "cogen a un campesino, le ponen una escritura por delante, lo amenazan y lo obligan a firmarla. El hombre del campo, sano e ingenuo, firma algo que no es otra cosa que el documento por medio del cual pierde su parcela..."51. El propio Juan de la Cruz Varela, desde su bastión de El Palmar, dirigía el 26 de marzo de 1954 una misiva al gobernador militar del Tolima, coronel Cuéllar Velandia, en la cual le reseñaba los múltiples abusos cometidos por militares acantonados en el retén El Diviso de la vereda El Palmar: no había podido regresar a su finca porque dichos militares propagaban el rumor de que tenían orden de capturarlo o matarlo; no pagaban víveres o licores en algunas de las fondas de la vía a Icononzo; se apro-piaban de comida y de semovientes, especialmente ganado, etc.52. Por otra parte, la caída vertical de la producción afectaba tanto a pequeños como a grandes propietarios, e incluso a comarcas enteras. Veámoslo. Un pequeño propietario de diez fanegadas de tierra cafetera en lo que fue la hacienda "Bretel" de Cunday - invadida en los años treinta- describía su situación en los años cincuenta con las siguientes cifras: en 1954 recolectó 56 cargas de café; en 1959 bajó a 15 cargas y en 1961 recolectó solamente 8 cargas53. A su turno, la Comisión del Consejo Seccional Agrario de Cundinamarca, que visitó la región del Alto Sumapaz a comienzos de los años sesenta, encontró que el 95% de las vi-viendas habían sido arrasadas durante la

51 Tribuna, Ibagué, junio 22 de 1951. 52 Tribuna, marzo 31 de 1954. 53 INCORA, "Síntesis del Proyecto de Reforma Social Agraria en la Hoya del Río Cunday", Tolima 1, marzo de 1962, p.16.

Vio lencia, las escuelas habían quedado semidestruidas y la producción agrícola en ruinas. Es así como la región que antes de la Violencia aportaba al mercado 35.000 cargas de papa al año, a comienzos de los sesenta sólo llegaba a 2.000; el trigo que alcanzaba las 3.000 cargas, el maíz las 1.500, las arvejas 1.200 y la cebada 800, al término de la "guerra" apenas alcanza ban para el autoabastecimiento de esta rica región, considerada otrora como el "granero de Bogotá". La producción ganadera que se elevaba a las 27.000 cabezas, había quedado reducida a 700 en el momento del informe de la Comisión. Por el lado de los hacendados, la Violencia no había hecho sino ahondar la crisis en que éstos se debatían desde la década del veinte. Sus peores años habían sido, al igual que para los campesinos, los de mayor activi-dad bélica, 1952 y 1955. Estos dos años constituyen los hitos de éxodos masivos y abandono casi total de propiedades por parte de unos y de otros. En consecuencia, los cafetales se en-rastrojaron, no hubo resiembras y las tierras quedaron en muchos sitios a, la deriva. Los campesinos huyeron, se metieron a la guerrilla, probaron suerte en nuevas áreas de colonización o se apiñaron en barrios bogotanos, como el Inglés y el Santa Lucía54. La presión sobre las tierras abandonadas o descuidadas se hizo incontrolable a partir de 1957, cuando tras la caída del general Rojas Pinilla y la desmilitarización de la zona, en el solo Alto Sumapaz alrededor de 1.200 familias "exiliadas" emprendieron su retorno a la región, apoyadas luego por la Oficina Nacional de Rehabilitación. En 1959 ya habían regresado 650 que reclamaban sus 54 Semana, Bogotá, abril 21 de 1959.


propiedades abandonadas o que aspiraban a que se les reubicara en alguna franja de las 20.000 hectáreas que habían quedado en la década anterior fuera de la produc-ción. Sin embargo, el retorno estaba lleno de tropiezos, algunos carecían de la liquidez necesaria para poner nuevamente en producción las tierras abandonadas, suponiendo que las podían recuperar; otros se encontraban con que usu-fructuarios urbanos o comerciantes, protegidos por la policía y el ejército, se habían adueñado, de sus propiedades, como había sucedido también en tantas otras regiones del país y, finalmente, tampoco era extraño descubrir que otros campesinos que se habían quedado dando la pelea, los habían sustituido. La crisis socia l y política de la zona se percibía, pues, desde todas las direcciones. Los tiempos estaban maduros para las invasiones y para el INCORA. Las tres guerras, contra el gobierno conservador, contra el régimen militar y contra el Frente Nacional, habían engendrado inesperadas contradicciones. Otra vez las invasiones Treinta años después de la primera gran oleada de invasiones en la región, los campesinos volvieron a plantear con toda su experiencia acumulada, incluida la experiencia de la lucha armada, el tema del reparto de los latifundios, es decir, la recuperación en unos Casos, o la consolidación en otros, del control directo del principal de sus medios de producción, la tierra. El momento era favorable por múltiples razones: económicamente, los terratenientes estaban considerablemente descapitalizados, y social y políticamente no solo se habían debilitado sino que de

alguna manera comenzaban a pagar el desprestigio de su alianza con los mili-tares durante la "década infame" de los cincuenta. Los campesinos, por su parte, en el curso de la contienda armada habían minado las bases* de viejos esquemas de vinculación laboral con las haciendas, como el peonazgo permanente, y estaban imponiendo modalidades de mayor elasticidad que hacían cada vez más visibles el quiebre de los lazos de depen-dencia personal. Separada o combinadamente todos éstos eran poderosos incentivos tanto para la invasión, como para la parcelación es-pontánea, caso este último que suponía una cierta liquidez de parte de los campesinos, contra la cual conspiraban factores de contracción como el excesivo endeudamiento con entidades crediticias, principalmente la Caja Agraria. Las razones del desasosiego social existente en la región fueron estudiadas y sistematizadas a comienzos de 1962 por una comisión de la cual formaban parte el -notable geógrafo Ernesto Guhl; uno de los coautores de La Violencia en Colombia, Germán Guzmán; y el antropólogo Milcíades Chaves. En su informe, los comisionados se manifestaron impactados por la coe-xistencia en el Valle de Cunday de dos situaciones que al encontrarse estimulaban claramente la polarización: por un lado, la existencia de un, potencial natural insuficientemente explotado, y por el otro, el contraste entre el número de campesinos sin tierra y sin trabajo y el ausentismo e incluso abandono por parte de los propietarios de sus extensos fundos, administrados por arrendatarios, mayordomos o simples cuidanderos. La convergencia de tales fenómenos tenía obviamente efectos muy diversos en la estruc tura productiva y en la organización


social de las haciendas: por ejemplo, era notoria la tendencia a sustituir cultivos de uso intensivo de mano de obra, como el café y los productos alimenticios, por la ganadería extensiva. Con ello no solo se desencadenaba la espiral alcista de víveres, que había que conseguir ahora en las plazas de Girardot o incluso del Quindío, sino que se distorsionaba también a la larga la disponibilidad de la fuerza de trabajo. El impacto podía llegar a extremos tales como el que se registró en la hacienda Varsovia, la cual antes de la Violencia daba trabajo a 300 campesinos y ahora sólo ocupaba a diez. Es más, un parcelero de la hacienda Guasimal estimaba que en el municipio había alrededor de veinte grandes fincas entre 1.000 y 5.000 fanegadas, cada una de las cuales contrataba apenas dos o tres trabajadores. Se calculó que al iniciar la década del sesenta un 91 %' de las familias del área estaba conformado por campesinos sin tierra o minifundistas que para sobrevivir tenían que emplearse como jornaleros en las haciendas. Cifras como éstas, hacían pensar asimismo en tasas muy altas de migración al casco urbano. Por otra parte, es sabido que estos procesos se cruzaban en escenarios en donde la alta politización de los campesinos hacía que veredas liberales, conservadoras y comunistas estuvieran sometidas a constantes aprehensiones y a hostilidad recíproca. Pero también es cierto que la miseria común los estaba llevando, al igual que había llevado a los del Tequendama en los dos o tres años precedentes, a adoptar la vía de las invasiones de haciendas demostrada mente inexplotadas. Por encima de los antece-dentes sectarios entre veredas era sobresaliente ahora la tendencia a la reorganización sindical, a menudo con la presencia combinada de sectores urbanos

y rurales, cansados por igual de más de una década de trashumancia: Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Municipio de Cunday, con 450 socios; Sindicato de Oficios Varios, con 64 socios; Centro Agrario, con asiento en la cabecera municipal... eran datos no solamente inexistentes sino impensables cinco años atrás. Que el Problema crucial para los campesinos seguía siendo el de la tierra era asunto que ellos mismos no ocultaban y que más bien reforzaban, negándose a aceptar que sus demandas se plantearan en términos de mejoramiento de salarios. De allí que fueran percibidos como potenciales invasores, incluso por parte de quienes simpatizaban con su causa. Una vigorosa corriente de invasiones se desató en el curso del segundo semestre de 1961 en la cual se vieron inicialmente envueltas 600 familias y afectadas 7 propiedades, a saber: El, Placer, Margarita de Forero, Varsovia, Rodeo, Guasimal, Arenales y California. Ahora bien, es de notar que en todos estos casos, no sólo por táctica sino también por mentalidad, los campesinos partían de] reconocimiento de la propiedad ajena, se mostraban convencidos de estar actuando bajo la protección de la Ley de Reforma Social Agraria y manifestaban interés en entrar a negociar las parcelas, si los terratenientes o el Estado les ofrecían condiciones de pago aceptables a sus capacidades. El retorno de los campesinos a la región se había producido a un ritmo mucho más acelerado que el proceso de reconstrucción económica de las ha-ciendas. Empero, no todas las propiedades se encontraban en las mismas condiciones frente a esta nueva crisis, que para muchas era quizás la última. En efecto,


como se vio para los años treinta, otra vez en los sesenta había generoso espacio para la diversidad55. Por ejemplo, en tanto que en un primer grupo podía ser con-siderada como modelo en la región la hacienda ganadera La Victoria (propietario, José Alonso Escandón; cabida, 307 hectáreas) cuyo rendimiento era de dos cabezas por hectárea, como representativa del otro extremo podría mencio narse, entre otras, la hacienda California (Jacobo Bonilla, 600 hectáreas) cuyo propietario residía en Girardot. Llevaba más de ocho años de completo abandono hasta cuando treinta familias decidieron ocuparla, sembrarla inme-diatamente con cultivos de pan-coger (maíz, yuca, plátano), distribuirla en parcelas que fluctuaban entre 5 y 30 hectáreas y asignarle a cada familia ocupante terrenos que tuvieran no solamente agua sino, además, una topografía cuidadosamente estudiada que combinara tierra plana, ladera y monte. En igual situación se encontraba el inmenso latifundio conocido bajo el nombre de Líbano-Arenales (Cardozo Hermanos, 6.400 has.). En cuanto a Guasimal, una vieja hacienda que hacía parte de la otrora próspera Compañía Cafetera de Cunday, cuyo actual propietario, Francisco Sáenz Fetty, la había adquirido en 1953 en plena violencia, su abandono era tal que ni siquiera tenía mayordomo. Significativamente, en este caso, fueron habitantes del casco urbano quienes decidieron invadirla, tomándose las áreas de rastrojo y respetando ostensiblemente los potreros y las siembras. Repitiendo

55 Ernesto Guhl, "El Municipio de Cunday y sus

problemas económicos y sociales", Bogotá, INCORA, 1962; Milcíades Chávez, "Informe sobre el problema de tierras de Cunday", Bogotá, INCORA, 1962.

cielos ya conocidos en la región vecina del Tequendama, los labriegos accedieron a desocupar, previa declaración firmada reconociendo el derecho del propietario, con el fin de facilitar, se decía, el proceso de parcelación. La promesa fue incumplida y la hacienda nuevamente tomada por pobladores dispuestos a cobrarse la burla de las autoridades. Sólo en unos pocos casos reaccionaron los terratenientes con una agresividad que pudiera catalogarse de pre-nueveabrileña. El de la finca Varsovia fue uno de ellos. Asociada en los años treinta, al igual que la anterior, a la Compañía Cafetera de Cunday, tanto su dueño, Juan Uribe Holguín, como su arrendatario, Antonio Gómez Durán, residían en Bogotá y era trabajada por sólo 5 de los 300 jornaleros que solían cultivarla en sus mejores tiempos. En septiembre de 1961, ritualmente 200 a 250 familias irrumpieron en sus bosques y rastrojos, levantaron chozas y mejoras en parcelas de 5 a 10 hectáreas y se proclamaron respetuosos de las áreas ya cultivadas, con potreros, sementeras o cultivos permanentes, como café y cacao. Aceptaron conversaciones con las auto-ridades, incluidos los jefes militares, y bajo la promesa de que si se retiraban la Caja Agraria iniciaría la parcelación, así lo hicieron, pero se quedaron esperando en vano hasta noviembre. Y cuando los campesinos tomaron la determinación de reemprender sus cultivos, tropezaron con que los dueños habían comprado ganado que dejaron deambular sin control alguno para que destruyera las mejoras que en estas fincas enrastrojadas se erigían como símbolo de ocupación material de los terrenos, por parte de los campesinos. La hacienda El Revés (Juan de Dios Giraldo, 941 has.) pertenecía al grupo de propiedades en las cuales los


terratenientes, antes que confrontar, preferían recurrir a estrategias preventivas de carácter legal, a menudo más eficaces. Tenía la hacienda El Revés al frente de sus actividades un mayordomo y dos vaque ros permanentes a los cuales les pagaba un sueldo, y a los diez arrendatarios que laboraban una ínfima porción de la hacienda se les permitía sembrar cultivos de pan-coger, pero se les exigía un pago simbólico de $6.oo anuales de arrendamiento por hectárea, esto es, apenas un mínimo que permitiera hacer un registro anual de renovación explícita de su reconocimiento al terrateniente como titular del dominio de los predios en cuestión56. Uno de los más vívidos relatos de lo que pudiera llamarse la argumentación campesina de las invasiones fue el narrado por uno de los parceleros de la finca El Rodeo, explicando la conducta de sus compañeros: En Cunday existen propietarios como Francisco Sáenz con tres grandes propiedades, como son: Guasimal, El Rodeo y Nuevo Mundo o Pata de Cuinde. Estos propietarios como el señor Sáenz no dejan sembrar una mata, no venden una fanegada de tierra, no arriendan ninguna pequeña extensión, y tampoco la. dan en aparcería, porque ellos sostienen que a quie nes hacen estos favores (sic) se vuelven comunistas. El hecho gravísimo es que no hay comida en ninguna parte. Teniendo en cuenta estas circunstancias, los campesinos resolvieron invadir la montaña virgen, el bosque primario y así, en los tres últimos días del mes de

56 Abel Ronderos, Ernesto Daza, Jorge Z.

Quiñones, "Informe sobre la Re gión del Baio Cunday---, Bogotá, INCORA , 1962.

septiembre del año pasado, los parceleros salieron a las dos de la mañana, llegaron al amanecer a su destino comenzando a tumbar bosque y a sembrar las parcelas. Todos ayudaron a construir una casa en donde alojarse y luego, de común acuerdo, señalaron una parcela a cada cual, en tal forma que todos tuvieran acceso a la quebrada y les tocara tierra plana, ladera y montaña. Cuando adelantaban estos trabajos se presentó un Cabo del Ejército que comanda un puesto militar y les advirtió que lo que hacían era un delito, preguntando por qué lo cometían. Ellos arguyeron que la causa era la falta de trabajo, la miseria y el hambre. Como el Cabo les amenazara con llevarlos a la cárcel, le dijeron que irían gustosos puesto que ahí tendrían que darles de comer Agregaron que cultiva-ban a esa tierra porque no deseaban robar ganado, ni asaltar a la gente y sólo querían trabajar. Cuando el Cabo del Ejército sostuvo que la Constitución Nacio nal amparaba el derecho de propiedad, los parceleros contestaron que con mayor razón debería amparar a un pueblo que se está muriendo de hambre. Ante este razonamiento el Cabo accedió a dejarlos seguir trabajando con la promesa de que se presentaran al puesto militar de La Aurora El día convenido se pre-sentaron, efectivamente allí, y encontraron al Teniente en compañía de Juan Segura, mayordomo de la finca, y el Inspector de Policía. Allí se produjo nueva mente la discusión que anotamos anteriormente. El Teniente les aconsejó que tomaran la vía legal y acudieran a la Caja Agraria, consejo que ellos acogieron enviando un memorial y una comisión a Ibagué con el objeto de hablar con el Gobernador. Al conocer la situación, el Gobernador prometió aportar sus buenos servicios para que la Caja: Agraria resolviera el problema. Una promesa similar hizo el doctor Márquez Arbeláez a


la comisión que los campesinos enviaron a Bogotá. Todos ofrecieron ir a tratar el problema el 30 de octubre al lugar de los hechos pero ninguno fue. Posteriormente el dueño de la finca ofreció vender, si se le pagaba el 30% del valor al contado y el resto, con plazo de dos años. Como los campesinos no esta-ban en posibilidad de aceptar esta propuesta, continuaron ocupando las parcelas. Así queda la situación. Actualmente hay allí 225 familias dedicadas a la agricultura y al parecer, dispuestas a no abandonar sus parcelas. En días pasados fueron visitados por el doctor Palacio Rudas y el doctor Caicedo, quienes les prometieron que el Frente Nacional, por medio de la Reforma Agraria solucionaría el problema 57. La recientemente expedida legislació n social agraria se jugó, pues, su prestigio en esta zona y de inmediato se planeó la adquisición de cinco haciendas y la parcelación de veinticinco. Por supuesto que el factor que más ampliamente contribuía a que las negociaciones avan-zaran sin mayores tropiezos era que los propie tarios "tenían especial interés en abandonar la región"58. Pero esto tampoco suprimía las dificultades normales que se presentaban en el proceso de avalúos con fines de una eventual parcelación: las disparidades entre el cálculo de los propietarios y el de los campesinos eran notables y mucho más protuberantes eran incluso las que se daban entre los avalúos catastrales -hechos generalmente con la intención de evadir impuestos- y los comerciales que se suministraban, por

57 Milcíades Chaves,"Informe sobre el problema de tierras de Cunday", Bogotá, INCORA, 1962, p. 5. 58 Aníbal Tobón Villegas, "Informe sobre la Finca Guatimbol (Municipio de Icononzo)-, Bogotá, INCORA, s.f., p. 4.

ejemplo, a la Caja Agraria, cuando de obtener un crédito se trataba. Por otra parte, la situación que encontró el INCORA a comienzos de los años sesenta en el municipio de Icononzo no era muy diferente de la observada en Cunday. Ante todo, había funcionarios del Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) que no tenían especiales simpatías por Juan de la Cruz Varela y especulaban con la idea de salirle al paso al movimiento político por él liderado con medidas reformistas. Uno de tales funcionarios, refiriéndose precisamente al campesinado "varelista" de El Palmar, anotaba que "sería una admirable jugada política agraria nacional, que en un momento dado y previo estudio de la región, se lograra la adjudicación de parcelas a esta gente que podría alejarse de ese movimiento ideológico al recibir su parcela"59. Adicionalmente al clima de agitación política, contaba también la presencia objetiva de dos mil quinientas familias necesitadas de tierra. Pero cualesquiera fueran los motivos invocados para abordar los problemas, el potencial parce lable había que buscarlo en las siguientes propiedades: Finca "Castilla", Sucesión familia Aya 2.560 has. Finca " Uribe ", de Julia Díaz de Forero 448 has. Finca "Guatimbol", de Carlos José Pabón

501 has. Finca "Altamira", de Antonio Vargas 1.344 has. 59 Ibid.


De estas cuatro haciendas, por lo menos dos, "Uribe" y "Guatimbol" fueron ofrecidas por sus propios dueños al INCORA. "Guatimbol", colindante de la hacienda Castilla, hacía parte de la antigua hacienda del mismo nombre que tenía 2.880 hectáreas y había sido sometida en el curso de los años a sucesivas parcelaciones que dicho sea de paso, constituían la huella imborrable de la progresiva victoria campesina sobre el latifundio. Como se recordará, había entrado en conflicto por primera vez a fines de 1928 a raíz de las contradictorias lecturas que se hicieron del tantas veces citado Decreto 1.110. Empero, su historia reciente era similar a la de los casos examinados en la región de Cunday: invadida a comienzos de los años sesenta, su conflicto fue sólo transitoriamente resuelto pues debido al incumplimiento de los arreglos pactados fue ocupada nuevamente a los ocho meses. Un mes después de la segunda invasión su dueño la ofreció al INCORA y se iniciaron las negociaciones con la intervención de los actores regionales del conflicto, entre otros el ejército60. Como resultado paradójico de la Violencia que se había iniciado en esta zona como "revancha terrateniente", se hacía inevitable ahora la reforma agraria. Esta era simultáneamente bandera de los campesinos y necesidad económica de los terratenientes, Por eso no solamente se daban los casos de terratenientes que tomaban la Iniciativa y le ofrecían sus fincas al INCORA, sino también los de aquellos que incluso promovían la invasión de sus predios con el fin de estimular a su seguro y generoso comprador, el mismo INCORA.

60 lbid. A propósito de estos temas véase también

la excelente contribución de Víctor Daniel Bonilla, "Tolima 1, Primer Proyecto de la Reforma, Agraria", en Tierra, Bogotá, julio-septiembre de 1966.

También en territorio de Cundinamarca, y concretamente en Pandi, para insistir en la parte baja del Sumapaz, a los 1.025 metros de altura, los propietarios de la hacienda Bélgica, atemo rizados por la invasión de la hacienda adyacente, Guatimbol, por más de 200 familias, recurrieron al INCORA y se lamentaron de que andaban en dificultades con sus arrendatarios desde 1940 y que éstas no habían hecho sino agravarse en el curso de la Violencia, debido, según sus palabras, a "los focos de insurrección y rebeldía (sic) de los cuales llevamos más de 12 años sin esperanza de solución medianamente satisfactoria"61. Agregaban los propietarios, que hasta 1950 la hacienda habla estado en plena producción y ahora se encontraba en ruinas, por lo cual habían resuelto ofrecerla "voluntariamente" al INCORA, a la espera de que se la tomara en cuenta en el plan de parcelaciones del Tolima, al cual -recalcaron una y otra vez - " los dueños de tierras estamos dispuestos a dar nuestra colaboración". Confesiones como éstas podían indicar también hasta qué punto la existencia de un movimiento guerrillero latente hacía sentir a los terratenientes del Sumapaz mucho más acosados que los del Tequendama. Si se quisiera recapitular lo planteado hasta aquí habría que advertir sin vacilaciones que la sola extensión de los predios no es argumento suficiente para que los campesinos se inclinen por las invasiones. A la extensión debe añadir se por lo menos otra consideración, el no uso productivo, la ociosidad de la tierra. Niveles apreciables de tecnificación, por

61 INCORA, Archivo microfilmado,

"Memorándum No. 5, Hacienda Bélgica", Bogotá, marzo 12 de 1962.


ejemplo, le quitaban mucha legitimidad a las invasiones campesinas que, como se anotó también para los años treinta, eran esencialmente un castigo a la improductividad. En su manejo de un concepto muy práctico de propiedad, los campesinos, incluso cuando se aventuraban a la ocupación de fundos tan extensos como los que han sido mencionados en páginas "anteriores, se cuidaban bien de respetar y deslindar las áreas cult ivadas, así éstas lo estuvieran sólo con pastos. Dentro de esta misma perspectiva, el hecho de que las más grandes haciendas estuvieran aceptablemente cultivadas fue probablemente el principal factor que hizo que la dinámica del corregimiento de "Los Alpes", al noroccidente de Villarrica, fuera tan distinta de la situación percibida por los funcionarios del INCORA en Cunday e Icononzo. Es más, en este tipo de propiedades los hacendados obtenían ingresos regulares que les permitían resistir sin remor-dimientos las tentadoras ofertas que pudiera hacerles el INCORA. Miremos en detalle algunos ejemplos. La hacienda "El Edén", propiedad de Iginio Patiño, con unas cien fanegadas de extensión cultivadas casi en su totalidad en café, con recientes innovaciones tecnológicas, y valorización con vías de penetración, estaba administrada, excepcionalmente, por su propietario, en forma directa. No había, en tales condiciones, interés alguno en una eventual negociación con el INCORA, como tampoco especial propensión campesina a invadirla. Similares actitudes eran de esperarse con respecto a la hacienda "El Santuario", propiedad de Joaquín y Alirio Betancur, y al cuidado en este caso de un administrador. El predio contaba con doscientas cincuenta fanegadas, casi todas dedicadas al café, con una producción

anual de 415 cargas, instalaciones para el beneficio del café, incluyendo planta eléctrica y dos descerezadoras, y habitaciones para trabajadores permanentes y para los jornaleros en períodos de cosecha. Tampoco mostraron mayor interés en adelantar negociaciones los propietarios de la hacienda "El Darién" (Josefina y Alfonso Patiño), atendida eficientemente por un administrador. Los propietarios, a decir verdad, estaban satisfechos con los rendimientos de la hacienda ya que de sus 362 fanegadas, las 229 dedicadas al café producían 400 cargas. Tanto para el INCORA como para los adjudicatarios en un esquema de asignaciones individuales y no de empresa comunitaria, los costos, de las instalaciones con miras a una parcelación resultaban demasiado altos. La hacienda tenía una edificación de seis pisos para el beneficio, una planta "Lister" de seis caballos de fuerza, un dínamo de tres kilovatios, una Pelton de seis caballos dos deserezadoras, etc. La hacienda "Potosí", de los herederos de Mario Corredor, atendida por un administrador, tenía 100 fanegadas, 65 de las cuales en café, con una producción de dos cargas por fanegada. Disponía de adecuadas instalaciones de beneficio y sí estaba puesta en venta, pero por un precio que los funcionarios del INCORA consideraban prohibitivo. En casi todas estas últimas haciendas había, además de café, algunas zonas de rastrojo, pero también una importante porción de terrenos cultivados con pastos artificiales y destina dos a ganado vacuno y animales de carga. Era también común a todas ellas la renuencia de los propietarios a utilizar formas de trabajo que, como la aparcería y el arriendo, le pudieran abrir paso a una ocupación permanente. La forma de explotación


principal era el jornal, y sólo excepcionalmente contratos de corto plazo para la realización de tareas específicas, como desmonte de potreros, siembras, etc., La excepción a la relativa tranquilidad que se respiraba en esa zona de Villarrica fue la hacienda "Montecarlo" cuyos propietarios, por iniciativa propia, venían realizando gestiones de venta ante la Caja Agraria desde 1957, y lo mismo estaban intentando ahora con el INCORA. Esta hacienda con sus 1.717 fanegadas sí había sufrido el impacto de las invasiones recientes. Pero en los términos anteriormente expuestos, había condiciones que las hacían explicables. Con instalaciones y cultivos en franca decadencia, sólo tenía 120 fanegadas dedicadas a la agricultura, las cuales no producían más de una carga en promedio, lo que equivalía a la mitad de la producción de otras haciendas en zonas circundantes. Una parte considerable de su área, 250 fanegadas, estaban ocupadas de hecho por numerosos campesinos que no pagaban renta a los propietarios y que periódicamente eran víctimas de la inter-vención por la fuerza del ejército 62. Anunciada como una verdadera válvula de escape a la presión agraria de la región fue creada, en mayo de 1961, la "Colonia de Altamizal", en el sector de Galilea, del municipio de Villarrica. Se trataba de 138.000 hectáreas de terrenos baldíos asignados por el Gobierno Nacional a la Caja de Crédito Agrario como parte de un ambicioso programa de colonizaciones, sobre cuya urgencia había insistido tanto la extinta Oficina Nacional de Rehabilita-ción. Debe mencionarse, sin embargo,

62 Estanislao Zuleta, Eernesto Daza y Javier Santacruz, "La región de Montecarlo", Bogotá, INCORA, 1962.

que la citada Colonia no pudo escapar a los problemas rutinarios de la Violencia: por un lado, antiguos ocupantes de los terrenos ahora adjudicados, regresaron a reclamar el pago de sus me joras y, por el otro lado, tratándose de adjudicaciones (legalizaciones) a colonos ya estable-cidos, estos no entendían por qué después de haber sido soc ial y políticamente reconocidos durante años como ocupantes legítimos llegaba ahora una nueva entidad, les adjudicaba lo que ya estaban cultivando, y de paso les cobraba los terrenos. Por otra parte, en las montañas y laderas del Alto Sumapaz de Cundinamarca -en San Bernardo, Cabrera, Venecia-Ospina- una región estratégica en el suministro de víveres a Bogotá, que se la conocía precisamente como su "despensa", allí los terratenientes no estaban tan seguros de hacer tan buen negocio, como los de la parte baja, lo cual quizás explique, en gran medida, la ausencia de ofertas de parcelación en la zona. Pero tampoco debe ignorarse que allí los -campesinos estaban fuertemente politizados y nucleados en torno a Juan de la Cruz Varela y se mostraban recelosos cuando no francamente hostiles a la presencia de entidades gubernamentales, incluidas las directamente relacionadas con la problemática agra ria63. Esta última

63 Guido Taborda F., Epifanio Rincón R., y

Gustavo Jaramillo Z., "Informe sobre la Colonización de Altamizal - Municipio de Villarrica - -Departamento del Tolima---, Bogotá, INCORA, 1962; Consejo Seccional Agrario de Cundinamarca, "Informe sobre el problema social agrario del Alto Sumapaz", Bogotá, INCORA, 1962; Abel Ronderos, Lisandro Villa, "Informe y Proyecto de Colonización de la Región de Sumapaz", Bogotá, INCORA, 1963; Semana, abril 21 de 1959; Sobre Juan de la Cruz Varela se anuncia un novedoso estudio de la socióloga Rocío Londoño.


posición expresaba probablemente la perspectiva más' radical de solución del problema campesino en la zona. Era el reconocimiento de que se había efectivamente consolidado en el curso de esa cruenta guerra de doce años un cierto poder regional campesino organizado, que no estaba dispuesto a tolerar la intromisión de agencias estatales que desarreglaran lo que los campesinos habían ordenado a su manera. Las parcelaciones, en cambio, eran en buena medida una solución de compromiso entre los terratenientes y los campesinos, con la mediación del Estado (INCORA). Con ellas también se llegaba, en otra ópti-ca, a la liquidación de por lo menos medio siglo de hostilidades que habían oscilado entre los respetuosos memoriales a las autoridades, las movilizaciones campesinas de diversa factura y la confrontación armada. Se trataba, de algún modo, de la materialización de dos resultados diferentes pero complementarios de un mismo proceso. Dicho de otra manera, frente a cualquiera de las dos vías, la de la ocupación defi-nitiva de hecho, o la de la parcelación, el balance neto de la Violencia en esta zona había sido el desplome del poder social y político de los terratenientes. IV. DOS PALABRAS PARA TERMINAR Cada uno de los casos de este estudio sugiere sus propias conclusiones. No obstante, quisié ramos concluir señalando algunos puntos básicos que subyacen a los planteamientos de las historias regionales aquí discutidas. En primer término, las fronteras entre el pasado y el presente en temas como el de la Violencia se tornan cada vez más borrosas, es decir,

no constituyen datos sino objetos de definición. ¿Qué es pasado y qué es presente con respecto a las policías y ejércitos privados? ¿Qué es pasado y qué es presente con respecto a la debilidad es-tructural del Estado colombiano? ¿Qué es pasado y qué es presente con respecto a los éxodos campesinos o terratenientes de las zonas de conflicto? En segundo lugar, es cierto que las regiones y las estructuras condicionan por regla general a los actores, pero también creemos haber demostrado abundantemente que la dinámica de éstos puede imponer ritmos y movimientos propios a las regiones y a las estructuras. En tercer lugar, resulta evidente que el estudio de los procesos regionales tiene una gran fuerza ilustrativa, pero no se los debería contraponer al análisis de los procesos globales. De hecho, estudios regionales como los aquí tratados manifiestan todo su potencial heurístico, precisamente cuando se les mira desde la totalidad o desde una perspectiva comparativa. Por último, lo que estas reflexiones pretenden sugerir es que en el desarrollo, social y político no hay caminos predeterminados: son tan diversas las formas de la dominación como variadas las expresiones de la resistencia.

Estudios La crisis política de América Latina…

LA CRISIS POLÍTICA DE AMÉRICA LATINA Y LOS NUEVOS

MOVIMIENTOS SOCIALES Luis Alberto Restrepo* Desde comienzos del siglo XX hasta los inicios de los años sesenta, América Latina parecía tener claro su destino histórico. Desde los sesenta hasta hoy no cesa de adentrarse en la incertidumbre, aunque sólo ahora -a fines de los ochenta- parece reconocerlo. No son muchos los signos de esperanza, pero están ahí, cruzados con síntomas de fatiga y desesperación suicida. En las filas de la esperanza militan, entre otros procesos, el debilitamiento de la hegemonía norteamericana en el área, el crecimiento de una conciencia de solidaridad latinoamericana, los primeros esbozos de coordinación política y de autonomía regional frente a los Estados Unidos, la erosión de la frágil hegemonía de las clases dominantes, la reva luación de la democracia desde una perspectiva "popular"64 y, por sobre todo, el surgi-miento de nuevas formas de organización y acción de los sectores sociales subalternos. Son ellas el tema central de este ensayo.

* Filósofo. Investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. 64 No hablamos de ''popular" y de "pueblo" en el sentido rousseauniano del conjunto de los ciudadanos asociados mediante el Contrato Social. Asumimos aquí lo popular como designación genérica que envuelve al conjunto de clases subalternas e incluso de clases medias hoy afectadas por la crisis estructural del modelo de desarrollo latinoamericano. La insuficiente constitución y diferenciación de las clases sociales en el continente, a la que nos referiremos más ade-lante, han generalizado el recurso al término de "pueblo' para referirse al conjunto de las clases subalternas.

Pero no podemos desconocer las señales de alarma: la creciente descomposición social, el corrosivo auge del narcotráfico que va desde los países andinos hasta América del Norte y Europa, el fortalecimiento de algunas guerrillas que cubren la carencia de proyecto político con la acción militar y la agudización de la guerra sucia como forma de represión privilegiada. Todos estos factores contradictorios hacen de la época un período incierto y azaroso. Presentamos aquí, en primer lugar, el contexto de la evolución histórica latinoamericana en este siglo, particularmente a partir de los años sesenta hasta hoy. En la segunda parte, esbozamos los horizontes de emancipación que se abren para el continente desde la perspectiva de los Movimientos Sociales, sobre todo de los más recientes. 1. CONTEXTO HISTÓRICO DE AMÉRICA LATINA A pesar de sus indudables diferencias, las naciones latinoamericanas tienen también rasgos comunes en su acontecer histórico. La primera mitad del siglo fue de ilusiones y esperanzas. Los años sesenta, de tropiezos y agudos conflictos. Los setenta, de represión y alegre en-deudamiento. Los ochenta de manifestación de la crisis global, encubierta apenas por un incierto retorno a los gobiernos civiles en varios países antes asolados por dictaduras militares. El espíritu de estas cuatro décadas, de fronteras temporales imprecisas, nos sirve de esquema para esta sintética presentación histórica.


1. El "modelo" de desarrollo capitalista Con diferencias de tiempo, la mayor parte de los países de América Latina emprendieron el camino de la industrialización en la primera mitad del siglo XX. Especial ímpetu le dio al proceso de "sustitución de importaciones" la década de los cincuenta, con la poderosa expansión capitalista de la posguerra. Con la industrialización, nació la ilusión del desarrollo, acariciada por las nuevas clases dirigentes latinoamericanas. El sentido de la his toria del continente parecía asegurado: el subdesarrollo era un retraso temporal, pero los países de América Latina marchaban hacia la plena incorporación en el mundo desarrollado. Eran países "en vías de desarrollo". El camino estaba ya trazado: creación de industria nacional, ampliación del mercado interno, fortalecimiento de la democracia representativa, consolidación del Estado nacional y, por ende, urba-nización, expansión de las capas medias, extensión del sistema educativo. Hacia el logro de este fin se orientaron todos los recursos. La sociedad norteamericana, convertida en "modelo", era el futuro continental. En esta imagen reflejada por la sociología de América del Norte, contemplaba América Latina su propia identidad y su destino. Sobre tal ilusión fundaron su hegemonía las clases dirigentes hasta comienzos de los años sesenta. Es cierto: fue una hegemonía superficial. La burguesía industrial latinoamericana surgió con un déficit de identidad nunca subsanado. A la verdad, no ha sido nunca una bur guesía industrial en sentido pleno. Como clase no se constituyó en franca lid con la oligarquía terrateniente y agroexportadora del siglo XIX, sino más bien como

derivación y prolongación suya N-6 ha sido creadora de tecnología, sino simple importadora, y por ello dependiente. Hasta cierto punto, más comerciante que industrial. Su constitución no estuvo acompañada por un proceso de creación científica, ética, estética y filosófica que le diera profundidad a su proyecto histórico. Creció en hombros de una industrialización inorgánica e importada, que acompañó con una similar importación cultural, incoherente y no bien digerida. Al igual que su identidad de clase, también su hegemonía ha sido superficial. No ha podido generar sólidos consensos en torno a proyectos de desarrollo nacional que permitan integrar a las distintas clases sociales. En el paso del régimen oligárquico al Estado burgués, la clase fundamental se vio obligada con frecuencia a suplir el vacío de dirección intelectual por el recurso a la figura un caudillo populista que encarnara la unidad nacional65, y en momentos de crisis no ha tenido reparos en sustituir su propia dirección por la coerción militar 66. La democracia liberal ha oscilado, pues, entre estos dos polos.

65 Ejemplos significativos son los de Juan Domingo Perón en la Argentina, Getulio Vargas en el Brasil, Lázaro Cárdenas en México, Rómulo Betancur en Venezuela, José María Velasco Ibarra en Ecuador. Hubo también líderes populistas que no llegaron al poder, como Víctor Raúl Haya de la Torre en Perú. 66 Como se sabe, la lista de dictaduras y dictadores en América Latina, a lo largo del siglo XX, es inagotable. Van desde las dictaduras proconsulares impuestas en los países centroa-mericanos y del Caribe, hasta Juan Vicente Gómez, por ejemplo, quien permaneció durante 27 años en el poder en Venezuela (1914-1941). Bolivia ha sufrido más golpes militares que años tiene de independencia. Colombia y Costa Rica, son, en cierto modo, la excepción.


La falta de identidad de la burguesía se ha proyectado también sobre las clases subalternas, particularmente sobre las urbanas. Nunca han estado bien definidos los perfiles de clase en América Latina y, en consecuencia, tampoco sus fronteras y conflictos. Las relaciones sociales son complejas y a veces contradictorias. Las clases trabajadoras urbanas conservan muchos rasgos de su origen agrario y han establecido frecuentemente con sus patronos relaciones de tipo tradicional. Las amplias capas de desempleados y subempleados que no han sido integradas al modelo formal de desarrollo, han permanecido dispersas y atomizadas, sin organización ni representación social o política. Falta, pues, organicidad y coherencia en la conformación de la sociedad civil. Ante esta aguda fragmentación social, es posible incluso preguntarse en qué medida es licito hablar de sociedad civil. La insuficiente definición de las clases sociales ha afectado, incluso, la misma identidad nacional y continental. Esta peculiaridad de la conformación social del continente, ignorada con frecuencia en las dos décadas anteriores, es importante hoy para comprender, entre otras cosas, una de las funciones básicas. que pueden cumplir los Movimientos Sociales más recientes: contribuir a la identificación de los distintos actores sociales subalternos. El desarrollo capitalista "normal" fue, pues, hasta fines de los cincuenta, la ilusión de una clase burguesa débil. Los sesenta dan la campanada de alerta: el sueño ha concluido. Ya entonces se manifiesta la inviabilidad del proyecto desarrollista. Pero, por circunstancias a las que nos referiremos luego, todavía se la pudo ocultar y postergar por veinte años más. En los ochenta las élites siguen

hablando de desarrollo, pero el de hoy es un desarrollismo de fachadas, sin ilusiones. 2. Los sesenta: crisis del modelo y disyuntiva histórica A comienzos de los años sesenta, el desarrollo capitalista en América Latina parecía llegar a su fin. La distancia entre el continente y los países avanzados, en lugar de disminuir, crecía aceleradamente. Aumentaba el déficit comercial. La industrialización inducida se mostraba incapaz de absorber la mano de obra desalojada por la penetración capitalista en el campo. Se expandía una urbanización salvaje, que introducía masivamente el conflicto de clases en las grandes ciudades. El abandono del campo contribuía al encarecimiento de los alimentos y a la inflación. Estos graves desajustes del modelo dificultaban aún más la formulación de un proyecto nacional y la implantación de una sólida hegemonía burguesa. Ya desde los años cincuenta, la teoría económica de la CEPAL67 comenzaba a mirar el subdesarrollo desde una perspectiva latinoamericana. De su raíz surgió, en los sesenta, la crítica al desarrollismo de la "escuela de la depen-dencia"68. Sus autores aceptaban aún, implícitamente, el modelo ideal de sociedad industrializada propuesto por los países avanzados pero, a diferencia de la versión rostowiana, no veían el subdesarrollo como un simple retraso 67 Gracias a la adaptación del keynesianismo a la América Latina, realizada por Raúl Prebisch, Celso Furtádo y otros. 68 A ella pertenecen, entre otros, André Gunder Frank, Fernando H. Cardoso y Enzo Faletto, Quijano y Weffort, Theotonio dos Santos y Ruy Mauro Marini.


temporal dentro de un proceso lineal en curso, sino como el resultado directo del desarrollo de los países ricos. El enriquecimiento de éstos era producto de nuestro empobrecimiento relativo y a la inversa. Esta relación contradictoria estaba fundada, según esta interpretación, en el modelo dependiente de desarrollo adoptado por América Latina, basado en la exportación de materias primas cada vez más baratas y en la importación de bienes de capital siempre más costosos. No estaba, pues, el continente "en vías de desarrollo" como' lo habían predicado hasta entonces las élites, sino más bien en proceso de subdesarrollo: en el "desarrollo del subdesarrollo"69. Los estudios de la Escuela de la Dependencia ponían de manifiesto una relación contradictoria y conflictiva entre América Latina y los países industrializados, en vez del apacible paralelismo predicado hasta entonces por la sociología norteamericana. Al fracaso del modelo económico vino a sumarse un factor de aguda desestabilización política: la revolución cubana y su impacto continental. En 1959, 82 jóvenes levantados en armas lograron acaudillar la lucha del pueblo cubano contra el odiado dictador Batista. Impulsado luego por los intentos de invasión y por el blo queo promovido por los Estados Unidos, el 2 de noviembre de 1961 Fidel Castro declaró a la isla como nueva "República socialista". Ante la emergencia provocada por la crisis del modelo, la administración estadounidense lanzó la Alianza para el Progreso70 como una especie de Plan

69 André Gunder Frank. 70 Propuesta por el presidente Kennedy a las naciones latinoamericanas el 13 de mayo de 1961.

Marshall para América Latina, ligada desde luego a programas de contrain-surgencia. Tras la breve euforia que suscitó, el plan tampoco surtió efecto. Una sensación de frustración comenzaba a invadir al continente. En este contexto de crisis, la revolución cubana resonó en la juventud de capas medias como la alternativa histórica inmediata. Con su fervor, lograron arrastrar a minorías campesinas y a reducidos núcleos de empleados y obreros. Si el desarrollo capitalista dependiente había llegado a un callejón sin salida, estaba allí, a la vuelta de la esquina, la revolución continental. El estancamiento del modelo de desarrollo predominante desde el primer cuarto del siglo, se transformaba así en una aguda bifurcación de generaciones y proyectos históricos, y en un conflicto interno que no ha concluido aún. Del tronco de los antiguos Partidos Comunistas, atados a los cálculos geopolíticos de la Unión Soviética, se desprendieron, una tras otra, las disidencias. Cada una de ellas adquiría identidad por referencia a un nuevo centro de poder del socialismo internacional, considerado de nuevo como "modelo". En nombre de la emancipación, se acogía de nuevo el ger-men intelectual de la dependencia. Nacieron así organizaciones de inspiración explícitamente cubana. Con motivo de la ruptura de China con la URSS (1960), hizo irrupción el maoísmo en la segunda mitad de la década. Más tarde, aparecieron las nuevas corrientes socialistas de tipo legal, próximas o afiliadas a la IV Internacional. A pesar de sus diferencias, las organizaciones de la nueva izquierda coincidían en su ruptura con el Partido


Comunista, calificado de revisionista, en el rechazo absoluto a las instituciones "democrático-burguesas", y en la simpatía por la lucha armada. Prosperaron los "focos" guerrilleros lanzados a la rápida conquista del poder, acompañados luego por los "ejércitos populares" de inspiración maoísta. De algún modo, todas las organizaciones revolucionarias compartían la concepción heroica de la lucha armada. Incluso las agrupaciones legales, miraban hacia ella con el rabillo del ojo. La certeza del triunfo les confería una adhesión casi confesional al marxismo- leninismo. La figura del "Che" Guevara, desaparecido de Cuba y reaparecido luego en las montañas bolivianas para encender el primero de los muchos Vietnams latinoamericanos, se convirtió en el símbolo de una generación. La revolución continental estaba en marcha. El destino histórico de América Latina quedaba así colocado ante la disyuntiva: revolución socialista o mantenimiento a la fuerza de un "desarrollo" capitalista inviable pero afincado en todas las estructuras de poder. Esperanza contra frustración. Juventud contra antiguos privilegios en decadencia. 3. La transición de los setenta Si los años sesenta plantearon una disyuntiva radical de proyectos históricos para el continente, los setenta pueden considerarse como años de transición y redefinición de ambas alternativas: transformación del modelo de acu-mulación capitalista dominante y evolución simultánea de los proyectos de liberación. Esta doble transición implicó graves traumatismos. Impulsado por la paulatina disminución de la tasa de ganancia, durante los años

setenta el capitalismo mundial aceleró su proceso de internacionalización hasta en convertirlo en nuevo modelo de acumulación. En efecto, las empresas de los países industrializados desbordaron las estrechas fronteras nacionales para buscar su asociación con otros capitales, disponer de materias primas y mano de obra más baratas, menores impuestos y nuevos mercados para sus productos tanto tradicionales como de punta. En este proceso de expansión transnacional, el capital financiero jugó y sigue desempeñando un papel clave: permite la fusión de los capitales, su desplazamiento internacional y su inversión en los países y ramas más rentables de la economía mundial. Ante el estancamiento del modelo de industrialización basado en la protección al capital nacional, ya desde fines de los sesenta, las élites latinoamericanas venían buscando, a través de políticas neo-liberales de apertura e integración al mercado mundial, su articulación al nuevo modelo en curso, basado en la acumulación transnacional. La transición tuvo su punto de apoyo fundamental en el capital financiero, que a través de créditos abundantes condicionó el modo específico de vinculación de América Latina al nuevo esquema capitalista. En efecto, la crisis del modelo de sustitución de importaciones encontró un aparente paliativo en la generosa oferta de créditos blandos por parte del capital transnacional. Los petrodólares generados por las sacudidas petroleras de 1973 y 1979, acumulados en la banca privada de los países avanzados (sobre todo en la banca de Estados Unidos), fluyeron hacia el Tercer Mundo, y en particular hacia América Latina. Gobiernos y clases dirigentes latinoamericanas, ávidos de unas divisas siempre esquivas en el


pasado, recibieron dólares a manos llenas. La crisis podía ser temporalmente encu-bierta. Los créditos externos contribuyeron a consolidar las condiciones económicas y políticas de la internacionalización del capital en América Latina: el dinero que no retornó a través de cuentas privadas, vía corrupción administrativa, a la banca internacional, se destinó en su mayor parte a grandes obras de infraestructura y a equipamiento militar. Represas, centrales hidroeléctricas, exploraciones petroleras y vías de comunicación "hacia fuera", hacia el mercado mundial, mejoraron las futuras condiciones de producción y circulación del nuevo esquema neo- liberal. El equipamiento militar, a la vez que le creaba nuevos mercados a la industria de armamentos, eje del capital productivo transnacional, fortalecía a los Estados latinoamericanos en su lucha contra la "subversión comunista". Pero más importante que esos efectos inmediatos, el abundante crédito externo tendría otro más fundamental: la hipoteca a término indefinido de las economías latinoamericanas al capital financiero y el sometimiento creciente de los Estados nacionales a los dictados del capital transnacional, al que las mismas élites del continente están vinculadas. Pero estas dimensiones de la generosidad crediticia sólo se harían evidentes para la mayoría de la población en los años ochenta. Entre tanto, en los setenta, las clases dirigentes latinoamericanos veían con muy buenos ojos el auge de las grandes obras públicas, la revitalización artificial de sus débiles economías, el reciclaje de sus capitales y el fortalecimiento militar de sus aparatos de Estado contra "la infiltración cubano-soviética" .

En efecto, en el contexto de agitación política del continente, la crisis social a la que había conducido el antiguo modelo de acumulación, acelerada ahora por la implantación del nuevo, requirió de la militarización del Estado. Ante la crisis, las clases dirigentes y sus Partidos no tuvieron dificultad en ceder el mando a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, las dictaduras significaban el fracaso del tradicional modelo de desarrollo capitalista que había inspirado a las burguesías hasta entonces y que debía in-cluir, aunque sólo fuera como subproducto, la consolidación de la democracia representativa. Para la juventud rebelde, por su parte, los regí-menes de fuerza trajeron consigo persecución, tortura y muerte. La proliferación de dictaduras militares y gobiernos autoritarios dieron al traste, simultáneamente, con las democracias representativas soñadas por las clases dirigentes de la primera mitad del siglo y con los proyectos revolucionarios de corto plazo, inspirados en el modelo cubano. Por una década al menos, las alternativas políticas quedaban en suspenso. La transición se hizo a fuerza de terror oficial. A la par con la expansión del capital transnacional y casi en proporción directa al grado de organización y lucha de los movimientos revolucionarios, irrumpió en* la escena un nuevo militarismo doctrinario, politizado y con perspectiva continental71. Las doctrinas de la

71 La creciente vinculación de los ejércitos del continente se expresó, por ejemplo, en el llamado "Plan Viola" para América Latina, diseñado por el general argentino del mismo nombre y asumido en la reunión de altos mandos militares del continente celebrada en Bogotá, en 1979. El desastre del ejército a comienzos de 1982, y su caída del gobierno, interrumpió ese proceso.


Seguridad Nacional72 le daban una nueva coherencia ideológica y política y un sentido mesiánico de su misión histórica. En la guerra interna contra el comunismo internacional, los ejércitos eran el eje del Estado y los defensores de la civilización "occidental y cristiana". La izquierda, legal o ilegal, se vio sometida a la dura prueba de las verdaderas dictaduras mili-tares desde mediados de los sesenta. Por ironías del destino, los ejércitos, creados para la defensa de la soberanía nacional, se convirtieron así en promotores del nuevo Estado latino americano, sensiblemente desnacionalizado. Las más rígidas dictaduras militares -como las Argentina, Brasil y Chile- fueron también las que impulsaron más decididamente, durante los setenta, la política neo- liberal. El nuevo militarismo se encarama al poder en 1964, en los Estados Unidos del Brasil. El general Castelo Branco inicia la historia dé los allanamientos, de las detenciones masivas, de las desapariciones nunca aclaradas, de los escuadrones dedicados al buen oficio de la muerte ajena. Da comienzo al vandalismo estatal que habría de hacer escuela en todo el continente. En 1973, el mal se extiende al Uruguay, bajo el auspicio civil del presidente Bordaberry quien es finalmente depuesto en 1976. Los "Tupas" primero, y luego sus parientes, sus amigos, y los amigos de sus amigos son sometidos a una cacería implacable. La renovada ilusión socialista de 1970, del Chile de Allende, es arrasada

72 Para un estudio de esta doctrina ver: Joseph Comblin, El poder militar en América Latina , Salamanca, Ediciones Sígueme, 1978. Por ser escrita por su principal expositor latinoamericano es, así mismo, de interés la obra del general brasileño Golbery do Couto e Silva, Geopolítica del Brasil , México, El Cid Editor, 1978 (traducción de Paulo R. Schilling).

en 1973 con el bombardeo a la Casa de la Moneda y la muerte del presidente cons-titucional. La junta militar entroniza al general Pinochet. Tres años después, en 1976, le llega su hora a la Argentina. Un súbito golpe militar encarcela a la viuda de Perón, e impone en la Presidencia al general Videla. Se inicia entonces una violenta cacería humana. Alrededor de 30.000 argentinos son asesinados o desaparecen por obra del régimen. Bolivia padece, en 1980, el golpe del general García Meza, quien interrumpió así el incipiente proceso democrático. Buena parte de América Latina queda cubierta con una mancha verde-oliva teñida de sangre. En él resto del continente los militares acrecentaron sensiblemente su poder, según la necesidad. En Colombia, por ejemplo, bajo el gobierno del presidente civil Turbay Ayala (19781982), se implantó un severo Estatuto de Seguridad que llevó a la cárcel y a la tortura a miles de activistas y dirigentes populares. Con excepción del Perú, donde las Fuerzas Armadas llevaron a cabo un contradictorio experimento nacionalista y popular, en los demás países las Fuerzas Armadas volvieron su poderío bélico en contra del "enemigo interno". Pero las ilusiones de revolución continental no se esfumaron solamente por causa de la represión. Desde sus inicios, la izquierda de los sesenta tuvo quizás la marca de su origen estudiantil y de clase media. Prosperaron en ella antiguas formas de autoritarismo: el estilo dogmático de sus planteamientos, el sectarismo, la lucha interna por el poder, la disputa por una pretendida hegemonía sobre las masas. Esta presunción juvenil e intelectualista la aisló del pueblo y la debilitó internamente. Parejamente, fueron perdiendo poder de seducción los


antiguos modelos del socialismo real, a los que la izquierda latinoamericana estaba tan ligada. La invasión de Afganistán en 1979, y el respaldo a la represión del movimiento obrero "Soli-daridad", a partir de 1980, contribuyeron a deteriorar la imagen ya desgastada de la Unión Soviética, con mayor eficacia que las invasiones a Hungría y Checoslovaquia. China emprendió el camino de la desmaoización después de la muerte del Gran Timonel, se empeñó en la industrialización a costa de la despolitización interna y de la solidaridad internacional. En vano algunos pequeños grupos trataron de suplir el vacío dejado por la China de Mao con la lejana Albania socialista. La misma revolución cubana, por muchos conceptos aún ejem-plar, no ejerce hoy el mismo atractivo de sus primeros años, debido a su dependencia forzosa de la URSS, a los obstáculos con los que ha tropezado su desarrollo económico y a la prolongación de un régimen personalista y vertical. Mención especial merece el frustrado experimento de Salvador Allende (1970-1973). El intento chileno puso de manifiesto las presiones y dificultades internas y externas a las que se ve sometido hoy cualquier gobierno latinoamericano que intente introducir cambios sustanciales en el orden social y político. El Chile de Allende fue víctima de la presión de la CIA a través de la ITT, del bloqueo de los gremios económicos y de los partidos de oposición. Pero al mismo tiempo develó, trágicamente, las propias divisiones de la izquierda. A Salvador Allende no lo derrotaron solamente sus enemi gos, sino también sus compañeros de causa. El golpe a la Casa de la Moneda cierra el círculo de los interrogantes que asedian desde fines de los setenta a la América

Latina. Un desarrollo capitalista propio se ha mostrado inviable. Si la alternativa socialista por la vía armada tampoco parecía posible, a partir de 1973 parece como si un socialismo por medios pacíficos y electorales tuviera así mismo cerrado el camino. Se ahonda, entonces, la incertidumbre acerca del destino histórico del continente. Con cierto desencanto, los años setenta fueron dando fin a un período en el que se soñó con el rápido triunfo de la revolución continental. Desde mediados de la década, y por los factores ya enumerados, la izquierda marxista-leninista entró en un proceso de crisis ideológica y organizativa que aún perdura. Las ciencias sociales reflejan el desconcierto. El abuso de las generalizaciones, el cambio de modelo de acumulación en curso, la dictadura y el exilio lleva a los ana listas a abandonar silenciosamente el esquema teórico general de la dependencia y a limitarse a los estudios nacionales y regionales. 4. Los años ochenta: la incertidumbre manifiesta La década de los ochenta saca a la luz pública la crisis latinoamericana. La incertidumbre se prolonga hasta hoy sin señales de solución. Sólo por eufemismo político las mismas clases dirigentes de antaño siguen hablando de programas y proyectos de "desarrollo". La verdad es que la implantación del nuevo modelo de acumulación internacional en América Latina sólo promete, en el mejor de los casos, un crecimiento económico en beneficio de minorías aún más reducidas, pero no permite pensar en un auténtico


desarrollo que sea a la vez económico, social y político. Por el contrario, presu-pone un incremento considerable de la dominación cultural y de la coerción militar. Pero los años ochenta son contradictorios. Curiosamente, mientras se agudiza el deterioro económico y social, una cierta "redemocratización" política parece imponerse. En el campo popular y de clases medias, por su parte, surgen nuevas formas de organización y de lucha por múltiples liberaciones. A la vez aparecen signos de frustración y desesperanza: en el terreno de la lucha por el control del Estado, se fortalece en algunos países un movimiento armado con escasa proyección política, y se recrudece la "guerra sucia" por parte del establecimiento. En el ámbito social, prolifera la descomposición y la delincuencia. El narcotráfico, que se extiende desde Perú, Bolivia y el norte de Brasil, pasando por Colombia, Cen-troamérica y México hasta llegar a los grandes mercados del Norte, trae consigo descomposición y violencia. Los setenta pusieron la premisa que le da sus rasgos específicos al desarrollo del nuevo mo delo de acumulación en América Latina: el endeudamiento externo. Debido a la devaluación de las monedas latinoamericanas frente al dólar, al alza de los intereses, al deterioro de los términos de intercambio y al proteccio nis-mo de los países industrializados, el crédito originariamente barato se tornó en deuda impagable. Hoy la banca internacional sabe que América Latina no podrá cancelar la totalidad de sus deudas, pero América Latina sabe que deberá seguir pagando indefinidamente sus intereses si quiere sobrevivir en el actual orden internacional. Y así, préstamos que se recibieron ávidamente como la

necesaria anticipación del desarrollo, se convirtieron en hipoteca del presente y del futuro de América Latina para con la banca internacional. De economía siem-pre endeudada, la nuestra pasó a ser economía para el pago de la deuda. Ante la carencia de productos manufacturados aptos para la exportación, la mayor parte de los países latinoamericanos73 paga la deuda con recursos naturales y materias primas cada día más devaluadas. La hipoteca económica tuvo, además, su equivalente político. A través del Fondo Monetario Internacional, el capital financiero ha impuesto sus propias condiciones de política interna, reduciendo drásticamente, con la connivencia de las minorías dirigentes, el ya estrecho margen de soberanía nacional de los Estados latinoamericanos. Las forzosas medidas de "ajus te" socializan los efectos de la crisis y privatizan las ganancias. Castigan a las clases medias y trabajadoras en beneficio del capital privado y del Estado. Son medidas similares para todo el continente: devaluación de la moneda, contención de salarios por debajo de la inflación, reducción del gasto social del Estado, supresión de subsidios, aumento de impuestos indirectos y reducción de los directos, liberación de importaciones, etc. Desde su perspectiva neo liberal, el capital transnacional impulsa así el nuevo modelo de Estado: el Estado mínimo que debe sustituir al incipiente Estado de Bie-nestar latinoamericano 74. De este modo, se lleva a cabo, insensiblemente, la 73 Con la excepción relativa de Brasil, México y Argentina. 74 Estado de Bienestar más desarrollado en los países del Cono Sur, como Argentina, Chile y Uruguay, pero de todas maneras precario en relación con el Welfare State de los países industrializados.


transforma ción de la naturaleza y función del Estado. De garante de la unidad y soberanía nacional se transforma, en buena medida, en agente intermediario entre el capital internacional y las mayorías subalternas nacionales. El Estado latinoamericano queda situado en una inestable contradicción: dirigido por las nuevas élites, responde a la lógica y a los intereses del capital internacional, pero en su calidad originaria de garante de la unidad nacional, debe dar satisfacción a las crecientes demandas de las mayorías para mantener su legitimidad. A través de las altas tasas de interés, la devaluación de la moneda, el crédito y el endeudamiento, el capital privado internacional ha impuesto su predominio en el continente. En primer lugar, mediante una voluminosa fuga de capitales, reducidas élites latinoamericanas han ligado su prosperidad a la buena suerte del capital especulativo. De este modo, los pueblos de América Latina contribuyen a financiar, a través del pago de la deuda, la condición de privilegio de sus minorías dominantes. Por otra parte, tras el capital financiero se ha expandido aún más la presencia del capital productivo y comercial transnacional. Como en otras regiones del mundo, la fuga de capitales nacionales en busca de paraísos financieros, sumada a los altos costos del capital, ha traído consigo la parálisis de la inversión productiva nacional. Ante la ausencia de inversión y la descapitali-zación de las economías nacionales, los Estados buscan afanosamente atraer capitales internacionales, ofreciéndoles todo tipo de privilegios tributarios y arancelarios, lo que acelera aún más la decadencia de muchas de las empresas creadas por las burguesías latinoameri-canas en las décadas anteriores. Las élites

dirigentes, impreparadas para asumir la competencia en el mercado mundial, prefieren invertir ahora sus dineros en la banca internacional o asociarse con las empresas transnacionales. De este modo, a través del capital financiero, la industria y el comercio, como el mismo Estado, se desnacionalizan. La internacionalización del capital trae consigo, obviamente, su desnacio nalización. Con todo, la estrechez de los mercados latinoamericanos y la incertidumbre acerca de sus condiciones de estabilidad social y politica no parecen ejercer un atractivo suficiente sobre el nuevo capital. En algunos países se habla incluso de procesos de "desindustrialización"75 y en todos ellos, de parálisis de la inversión productiva. La industrialización nativa, santo y seña del desarrollo desde los años veinte hasta los sesenta, parece estancada por término indefinido. Las consecuencias sociales del nuevo modelo de acumulación son funestas: fortalecimiento de reducidas minorías desnacionalizadas por su vinculación al capital internacional y con frecuencia parásitas por su carácter rentista; erosión de las capas medias, abocadas al desem-pleo y los malos salarios; proletarización y debilitamiento de las clases trabajadoras; altos índices de desempleo. La producción se orienta progresivamente hacia el mercado mundial y no hacia el consumo interno. Mucho menos a la satisfacción de las necesidades básicas de la mayoría. En suma, avanza una agudización acelerada del conflicto. Para hacer frente de alguna manera al desempleo masivo, algunos Estados76,

75 Como en la Argentina y en Chile, por ejemplo. 76 Por ejemplo, Brasil y Colombia.


organismos financieros multilaterales y poderosas empresas privadas estimulan ahora la pequeña empresa, articulándola en ocasiones a las más grandes para la producción de partes. El efecto es múltiple: fuera de generar empleo y mitigar así el conflicto, el capital se ahorra buena parte de los costos laborales (como prestaciones y cesantías) y desarticula el conflicto obreropatronal. El antes denominado sector "informal", "atrasado" o "tradicional" en relación con el modelo de desarrollo capitalista "for-mal" y moderno, tiende así a institucionalizarse. La informalidad se formaliza. De este modo, se consagra un esquema social dual, conformado, de una parte, por una estricta minoría ligada al capital internacional y regida por "estrategias de crecimiento", y de otra, por la gran mayoría para la cual se diseñan "estrategias de sobrevivencia" y planes contra la "pobreza absoluta". Esta dualidad no significa, sin embargo, paralelismo: el bienestar de los pocos se mantiene a costas de la pobreza de la mayoría. Se trata de un modelo de creci-miento económico sin desarrollo social y político. La involución del continente, sin alternativas a la vista, ha traído consigo un nuevo fenómeno creciente: la descomposición social. Crece la delincuencia como escape atomizado a la dosificada muerte cotidiana. Las grandes ciudades se tornan cada vez más agresivas y peligrosas. La individualización extrema de la desesperanza dificulta las soluciones colectivas. Del seno de la delincuencia surge, además, un hecho masivo que involucra cada vez más amplios sectores y países y cuya significación final todavía está por definirse: el narcotráfico. Mientras fue

promovido por clases subalternas, significó la transformación del desempleo y la delincuencia individual en una poderosa delincuencia organizada e internacional. En tales condiciones de ilegalidad, ha corroído hasta ahora, aceleradamente, la sociedad y el Estado mediante la incontestable dialéctica del soborno y el terror. Cada vez más, sin embargo, involucra amplios sectores de las capas medias y clases dirigentes tradicionales en decadencia y podría convertirse así en una forma de acumulación originaria de nuevas bur-guesías surgidas de la crisis. Comoquiera que sea, dejará tras de sí un legado de descomposición, ilegalidad y violencia. Si Estados Unidos se empeña en bloquear al narcotráfico mediante la presión unilateral a la producción, no es posible prever el grado de destrucción que puede traer a los países involucrados, ya que a diferencia de la mafia de Chicago, él narcotráfico en América Latina no es asunto de unas pocas "familias", sino derivación masiva del modelo de acumulación y de la crisis que padece el continente, y producto de una demanda inagotable de países avanzados con un creciente déficit de proyecto histórico que les dé sentido. 5. La evolución política en la década En este contexto económico y social poco esperanzador, la evolución política es contradictoria y todavía muy incierta. Como la década de los sesenta, también la de los ochenta estuvo precedida por un triunfo revolucionario. Cuando todo parecía indicar que Cuba quedaría como excepción solitaria en el área, las prolongadas dictaduras proconsulares de América Central se convirtieron en catalizadores de revolución. Primero sobrevino el triunfo insurreccional del Frente Sandinista en Nicaragua, en 1979.


A él se añadió, en 1980, la "ofensiva general" del movimiento guerrillero en El Salvador y el fuerte desarrollo de la lucha armada en Guatemala. La revolución parecía tomar nuevo aliento, y ahora sobre terreno continental. Con menos ímpetu que la revolución cubana, debido quizás a la amarga experiencia latinoamericana de los años setenta, la lucha y el triunfo centroamericano dieron nuevos ánimos a la lucha guerrillera en Colombia y en Perú77. Sin embargo, el nuevo auge revolucionario se estrelló contra los esfuerzos de la administración Reagan y de la nueva derecha norteamericana por reconstruir la hegemonía de la potencia del Norte. En este sentido, su política hacia América Latina abarca dos dimensiones: "redemocratización"78 del régimen, como una forma dudarle legitimidad a los gobiernos amigos en la lucha antisubversiva; y "guerra de baja intensidad" que ahorre el desgaste políti-co de una intervención militar directa de los marines, aunque tampoco se la descarte. Seña les intermitentes en este sentido se emiten para todo el continente: invasión a la pequeña isla de Granada, desembarque de marines en Honduras (abril de 1988), amenazas a Panamá (abril de 1988). Centroamérica se convirtió en el "test" de credibilidad de la nueva política de contención norteamericana. La guerra de

77 Con Sendero Luminoso y el Movimiento Túpac Amaru en el Perú. Las FARC, el ELN, el EPL, el M-19 y otros movimientos armados en Colombia. 78 La "redemocratización" encubre una realidad bastante más modesta: se trata, ante todo, de garantizar que los gobernantes lleguen al poder del Estado por vía electoral. Sin embargo, con el retorno de los gobiernos civiles se han recuperado también, de ordinario, libertades públicas desa-parecidas durante las dictaduras.

baja intensidad incluye todas las formas de agresión indirectas: el bloqueo económico, el apoyo a los "contras" o a los ejércitos de cada nación, el estímulo a la "guerra sucia"79 y al asesinato político. Ha logrado algún éxito militar: ha mantenido en vilo el proceso nicaragüense, ha estancado la gue rra en El Salvador e hizo retroceder a las fuerzas guerrilleras de Guatemala. La guerra sucia se manifiesta hoy, sobre todo, en las naciones donde los conflictos son más agudos: en Centroamérica, particularmente en Nicaragua, El Salvador y Guatemala; en Colombia, Perú y México; en el norte del Brasil; desde luego en el Paraguay, de donde nunca ha estado ausente. Es por ahora menos notoria en los países que aún viven la euforia de la recién recuperada democracia y en donde las dictaduras desarticularon hondamente el movimiento popular. Pero, tras el desgaste de los ejércitos en el poder, está latente en todo el continente como el muro de contención para la ola de rebeldía popular de la próxima década. Sin embargo, tras un primer efecto de freno a la lucha revolucionaria en Centroamérica (1980-1983), la política de la derecha norteamericana parece revertirse paulatinamente en su contra, e irse convirtiendo en una incipiente derrota política en toda el área. Curiosamente, la redemocratización y el restablecimiento de los regímenes civiles ha contribuido a este revés. Tres hechos han provocado, por primera vez en la historia, un inicio de

79 "Guerra sucia" se ha denominado, habitualmente, a la represión ejercida por fuerzas del establecimiento al margen de la ley y de manera, desde luego, clandestina.


organización política autónoma de América Latina frente a la potencia americana: el peso agobiante de la deuda, el apoyo de Estados Unidos a Inglaterra en la guerra colonialista de las Malvinas y la intervención norteamericana en Centroamérica, en contra de todo derecho internacional. Las tres causas, la primera de carácter económico y las dos últimas político-militares, son hoy asumidas de manera conjunta por un solo frente con-tinental: el Grupo de los Ocho, en estrecha alianza con los gobiernos centroamericanos. Al logro de su debilitamiento apunta, dicho sea de paso, la crisis provocada por la administración norteamericana en uno de sus países miembros: Panamá. La violación norteamericana del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en las Malvinas (1982), suscitó la protesta continental80 y relajó el vínculo del Pentágono con ejércitos claves, como el argentino y el brasileño. Pero no generó inmediatamente una respuesta orgánica de América Latina. El conflicto centroamericano llevó a la activación del Grupo de Contadora 81 a partir de 1983, al que se sumó luego, en Lima, el Grupo de Apoyo (1985). La crisis de la deuda, por su parte, condujo al Consenso de Cartagena. Finalmente, la perduración y agravamiento de los dos tipos de problemas, económicos y políticos, hicieron converger al Grupo de Contadora y al Grupo de Apoyo en uno solo: el actual Grupo de los Ocho (1986). En el espacio abierto por estos Grupos, los gobiernos centroamericanos pudieron llegar al Plan de Paz del Presidente Arias,

80 Con excepción del gobierno de Turbay, Colombia 81 Conformado por México, Colomb ia, Venezuela y Panamá.

y a sus versiones sucesivas en Esquipulas I (1986) y Esquipulas U (1987). Por primera vez en la historia, a fines de 1987 se reunieron, en Acapulco, los presidentes de los ocho países sin la presencia de Estados Unidos. Sus decla raciones finales son un desafío, discreto desde luego, a los principios aplicados por la adminis tración norteamericana en el área. El desarrollo de esta nueva diplomacia, multilateral e independiente de Estados Unidos, ha puesto en marcha un proceso de aproximación política latinoamericana, basada en una diferenciación de sus intereses frente a Norteamérica. Ha sido, a la vez, un fuerte obstáculo para el desarrollo de la política estadounidense en la región. En alguna medida, le ha infligido una derrota a la administración Reagan, allí donde ésta quería sentar el precedente definitivo de su renovada credibilidad. A los desaciertos norteamericanos, ha venido a sumarse, recientemente, la presión imprudente sobre Panamá, provocando allí una crisis para la que no tenía una clara solución. En cuanto a la redemocratización, ésta se impuso en Honduras, El Salvador y Guatemala gobiernos militares fueron sustituidos por gobiernos civiles mediante sendos procesos electorales. La redemocratización se extendió también al Cono Sur (con excepción de Chile y Pa-raguay), aunque allí más bien en razón del fracaso interno, económico y político, de las dictaduras militares. El proceso se inició con la derrota militar del ejército argentino en su aventura de las Malvinas, emprendida con el ánimo de reconquistar la legitimidad perdida. Esta aplastante derrota, en su propio campo, rebosó la copa. En Uruguay, el ejército entregó el control visible del poder central tras el plebiscito de 1980, que confirmó el rechazo de la población a la bota militar.


En el Brasil, un ejército poderoso que ha mantenido vínculos permanentes con el poder civil durante todo el siglo, inició su "apertura democrática", presionado por los gritos multitudinarios de "las direitas agora! ": ¡elecciones directas ya! En Bolivia se reabrió el incipiente proceso demo crático a partir de 1982. Más importante que la caída de los gobiernos militares y el restablecimiento de los civiles, es la redemocratización de las mentalidades en el Cono Sur, y un poco por todas partes en América Latina. La percepción de este fenómeno es importante para comprender los nuevos Movimientos de liberación en el continente. En las dos décadas anteriores, el Estado capitalista, democrático-representativo, era considerado por la izquierda marxista-leninista como "democracia burguesa" y "dictadura de clase", sin darle mayor significación a las diferencias de régimen. Desde esa perspectiva, la única estrategia posible ante el Estado burgués era la lucha por su conquista y posterior des-trucción. Cuando más, se podría haber hecho un uso táctico de los "espacios democrático burgueses" del Estado, pero sólo para poderlo destruir más eficazmente después. En esta convivencia táctica con el "aparato estatal", la izquierda latinoamericana era en general tímida, más tímida que el mismo Lenin, por temor al "reformismo". La terrible experiencia de las verdaderas dictaduras durante los setenta permitió establecer, sobre todo en el Cono Sur, la enorme diferencia existente entre la "dictadura burguesa" bajo formas democráticas y la dictadura sin más. Este proceso, sumado al desencanto con los modelos autoritarios del "socialismo real", y al rechazo del verticalismo presente en las organizaciones de izquierda, hicieron

entrar en crisis al leninismo latinoamericano. La crisis económica provocada por el endeudamiento externo explotó en manos militares, que además la agudizaron con enormes gastos bélicos, mala administración y corrupción desmedida. La expansión del nuevo modelo capi-talista ahondó la crisis social. La sistemática violación de los derechos humanos en nombre de la seguridad suscitó el repudio nacional e internacional. Las Fuerzas Armadas no resolvieron sino que aplazaron la crisis política. Esta suma de fracasos hizo que perdieran, probablemente, parte de la confianza inicial en su papel propio providencial, aunque los efectos de esta crisis de identidad sólo podrán percibir se en el mediano plazo. La doctrina de la Seguridad Nacional perdió, sin duda, piso sicológico. Por otra parte, los desaciertos militares condujeron a la oposición a buena parte de los sectores sociales y políticos que les habían dado su apoyo inicial, escarmentados quizás por la experiencia. Además, y esto no es lo menos importante, una parte significativa de la izquierda latinoamericana ha ido revalorando la democracia, con todo y sus enormes limitaciones en América Latina. Para comprender los actuales esfuerzos de liberación, es necesario ahondar un poco en este punto. De esta crisis ha surgido una fragmentación y desdoblamiento de los proyectos de liberación en América Latina. Amplios sectores consideran hoy la democracia, bajo cualquiera de sus formas, como una causa popular: espacio de participación y fortalecimiento de las clases subalternas, de "poder popular". Estos secto res son habitualmente los más cercanos a los Nuevos Movimientos Sociales. En cambio, en algunos países se


ha fortalecido militarmente una guerrilla cada vez más fundamentalista, aferrada a un marxismo-leninismo doctrinario, ante la quiebra de los modelos del socialismo real. Estos dos caminos parecen hoy divergentes y hasta contrapuestos, ya que sus concepciones y prácticas discrepan diametralmente. Pero en este campo nadie podría predecir el futuro con certeza. La corriente que revalúa la democracia como causa popular es hoy preponderante en la intelectualidad latinoamericana y entre los sectores críticos de clases medias urbanas, sobre todo en las grandes ciudades o en países donde ha existido un Estado de Bienestar más fuerte y una sociedad civil más consolidada82. ¿Triunfo de la política de redemocratización en el área o maduración de la intelectualidad y del movimiento popular? En todo caso, la redemocratización de las mentalidades no se identifica con la redemocratización de los gobiernos, mediante la cual las burguesías tradicionales y las nuevas, apoyadas por la administración norteamericana, intentan cooptar a los movimientos populares y a sus dirigentes, algunas veces con éxito. Al control del Estado han vuelto las mismas clases y partidos que gobernaban antes de las dictaduras, las que auspiciaron o cohonestaron los golpes y la represión. Las clases dominantes de siempre. Para ellas, se trata del retorno a la "normalidad”. Pero han regresado con una diferencia: vuelven sin ilusiones, sin proyecto histórico, ceñidos a fórmulas de corto plazo.

82 Fundamentalmente en Argentina, Uruguay y Chile.

Los dirigentes de hoy querrían un desarrollo integral, pero saben que es imposible mientras no reformulen radicalmente sus relaciones con el capital internacional y con sus sedes políticas, de cuyo respaldo depende -económica, política y militarmente- la continuidad de su dominación. De allí que no se deban sobrevalorar sus gestos de autonomía política. El Grupo de los Ocho adopta posturas de independencia frente a la intervención militar de Estados Unidos en el área, pero no sentará una posición enérgica. Los gobiernos quieren la democracia, pero sin pueblo que le de contenido. La quieren como ha sido siempre: como forma jurídica y fórmula electoral. Por ello alimentan, simultá-neamente, las formas pacíficas de la democracia y la realidad de la guerra interna. De esta unión ilegítima surge la guerra sucia, no sólo como política norteamericana, sino ante todo como respuesta de las mismas clases dominan-tes nacionales a la presión popular. La represión encubierta puede convivir, solapadamente, con la redemocratización restringida. Es la forma de represión privilegiada para esta nueva fase de la historia continental. Si la clase dirigente latinoamericana había tenido siempre dificultad para formular un verdadero proyecto nacional de desarrollo que le permitiera ejercer una auténtica hegemonía, con el nuevo modelo de acumulación es prácticamente imposible. Deberá tener a la mano, con más ve ras, el auxilio de la coerción y de la fuerza. A la par con este nuevo aire democrático, se ha fortalecido con la crisis una guerrilla cada vez más militarista en países en los que el peso del sector agrario tradicional es todavía significati-vo83. Encarna, quizás, la desesperación 83 En El Salvador, Guatemala, Colombia y Perú.


social sin salida política a corto plazo. Despojada de los modelos de revolución y socialismo que la habían guiado en las décadas pasadas, y sin relación con el debate político nacional, esta nueva guerrilla se acantona en una versión doctrinaria del marxismo- leninismo o en vagos ideales nacionalistas y populistas, y se lanza a una acción militar de corte frecuentemente terrorista. En este sentido, sería posible hablar hoy de una tendencia ala "senderización"84 de la guerrilla latinoamericana. Sumado a la guerra sucia del régimen, el terrorismo guerri-llero contribuye al deterioro general de la confrontación política. En el contexto azaroso e incierto que hemos descrito, surcado de temores y esperanzas, han venido surgiendo los nuevos Movimientos Sociales, que son el objeto de la segunda parte de este ensayo y tema central de nuestra reflexión.

84 Por referencia a "Sendero Luminoso", del Perú, que parece encarnar de manera ejemplar este perfil fundamentalista de la nueva guerrilla latinoamericana. Incluso la misma guerrilla salvadoreña parece no escapar por completo a es ta tendencia.

Democracia La democracia y el tratamiento del enemigo interior

LA DEMOCRACIA Y EL TRATAMIENTO DEL ENEMIGO

INTERIOR Iván Orozco Abad∗ Tanto para quienes piensan que el país debe prepararse para una guerra larga contra la subversión como para quienes creen que una paz negociada con las guerrillas -si no con los paramilitares - puede resultar viable en el corto o mediano plazo, empieza a ser crucial el debate sobre la aplicabilidad del derecho internacional humanitario al conflicto interno colombiano. El derecho de gentes y el derecho internacional humanitario ofrecen códigos de comportamiento y mecanismos de acotamiento y humanización de la guerra y aun de negociación de la paz, los cuales gracias a su carácter marcadamente formal y neutral ofrecen, por lo menos a partir de un cierto grado de generalización y escalamiento en las hostilidades, enormes ventajas racionalizantes sobre el derecho público interno en general y sobre el derecho penal en particular. Argumentos de tipo táctico-militar y aun de tipo estratégico se entremezclan con razones de humanidad en esta difícil discusión sobre las condiciones, modalidades y consecuencias de la aplicación del derecho internacional humanitario en nuestro medio. La discusión, apenas comenzada, sobre la oportunidad de ratificar los llamados Protocolos Adicionales de 1977, complementarios de los Convenios de Ginebra de 1949, ha derivado hacia el

∗ Abogado. Investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.

juego infructuoso y narcisista de las imputaciones de responsabilidad personal y hacia el chisme. Porque la pregunta por la paz, en un país desangrado por la guerra, es la pregunta fundamental, resulta imprescindible rescatar la discusión sobre el derecho internacional humanitario del abismo de inocuidades en que amenaza sumergirse. Dado el desconocimiento casi absoluto de las cuestiones relativas al derecho internacional humanitario en nuestro medio, este ensayo está orientado hacia el desentrañamiento de su naturaleza, función y ámbito de aplicación, sobre todo en cuanto estatuto regulador de los conflictos no-internacionales. El trabajo se ocupa, en síntesis, de las siguientes cuestiones: 1. La primera parte, concebida a manera de introducción, busca esbozar el estado de la discusión entre nosotros y señalar la relevancia del problema para el futuro de nuestra democracia; 2. La segunda parte se ocupa de la presentación de aquello que hemos llamado una concepción punitiva del derecho internacional público, concebido a manera de un derecho público interno mundial, y cuyo corolario principal es una definición delincuencial -no política - de la guerra. Se hace énfasis en su inadecuación para el tratamiento de las realidades políticas de los países del llamado Tercer Mundo, agobiados por el demonio de la guerra, en su doble dimensión internacional y civil; 3. La tercera parte se oc upa del derecho internacional humanitario y con ello tanto del derecho de La Haya (1907) como del de Ginebra (1949). Se abandona aquí la perspectiva tradicional, según la cual éstos se distinguen por el tipo de personas


a las cuales se dirigen sus imperativos de comportamiento y protección y se ensaya una perspectiva, acaso no explorada, que mira en ellos el hecho común de involucrar ambos una visión política -no punitiva- de la guerra. La evolución del derecho internacional humanitario es entendida, entonces, como un proceso de ampliación progresiva del concepto político de la guerra, desde los, días de su aplicación restrictiva a las llamadas guerras interestatales de carácter regular hasta su conquista semántica de las guerras irregulares de índole no- internacional, y 4. El trabajo termina, regresando al comienzo con una discusión exploratoria sobre las condiciones para el reconocimiento de las guerrillas como sujetos de diálogo y/o negociación a la luz de los Protocolos Adicionales de 1977. 1. DEMOCRACIA Y GUERRA CIVII, La pregunta por el tratamiento que debe dar el Estado a las distintas organizaciones guerrilleras de izquierda que recorren en su guerra partisana, irregular y móvil, buena parte de la geografía de este país, ha cobrado nuevamente auditorio a partir de las reflexiones recientes del expresidente Alfonso López Michelsen sobre la materia. Miremos rápidamente cuál es el contexto discursivo de tales reflexiones para efectos de comprender mejor su alcance y significación. Durante el siglo XIX en ausencia de un Estado central con presencia nacional y en circunstancias de cuasi- internacionalización del espacio político interior se llegó inclusive hasta la constitucionalización del derecho de gentes. En circunstancias de un relativo

empate político militar entre el liberalismo y el conservatismo, así como de enorme aislamiento regional, con plena conciencia de la crisis estructural de dominación política que se cernía sobre el conjunto social y acaso con mucho mayor sentido de realidad del, que hoy se les atribuye, los constituyentes de Rionegro (1863) acogieron el derecho de gentes como sustituto del derecho público interno en materia de orden público. Se buscaba con ello que los enemigos político-militares, en circunstancias de guerra civil, no se criminalizaran recíprocamente, para efectos de que los enfrentamientos fueran susceptibles de acotamiento y humanización. La Constitución unitaria y central de 1886 entronizó la figura del "estado de sitio" como atribución presidencial y como medida de l tratamiento delincuencial del enemigo interior, por parte del Estado. El tránsito de una concepción* política a una concepción punitiva de los conflictos armados internos ha sido, sin embargo, gradual. El reconocimiento de la vigencia del derecho de gentes como instrumento subsidiario para la regulación de los conflictos armados internos, presente entre nosotros desde los días de la expedición del ahora artículo 121 de la Constitución, aparece a los ojos de casi todos como un incómodo atavismo, cuando se trata en verdad del único testimonio histórico sobreviviente de la realidad ineluctable de que el Estado es, no sólo en el momento de su origen histórico sino siempre, la negación de la guerra civil. La gran discusión doctrinal y jurisprudencial de este siglo ha sido entre nosotros, en materia de orden público, la discusión en torno al perfeccionamiento del estado de sitio como instrumento de punición. Su dimensión política –y con ella su referencia explícita al derecho de


gentes - se ha querido ocultar y aun extirpar del texto constitucional. Ni siquiera la violencia de los años cincuenta consiguió devolverle su dignidad frente a un discurso de orden público dominado por la ficción empírico-normativa de la "soberanía interior" y por el derecho penal. Este, incapaz de tematizar al enemigo político-militar como tal, lo trataba tradicionalmente por lo menos, como delincuente político, es decir, como rebelde. Ahora, cuando el concepto de "terrorismo" se ha enseñoreado de] discurso normativo de orden público en nuestro país, asistimos a la apoteosis de la criminalización del enemigo interior por parte del Estado. La generalización substitutiva del concepto de terrorista y el desplazamiento creciente de categorías o bien decididamente no discriminatorias, como "enemigo" o por lo menos no tan estigmatizantes como "rebelde", es acaso simultáneamente causa y efecto del escalamiento de la guerra. ¿Puede todavía la revitalización del concepto de enemigo contribuir al acotamiento y humanización del conflicto, y aun favorecer las negociaciones de paz? ¿Habría que distinguir por lo menos entre rebeldes y terroristas para efectos de favorecer el diálogo con aquellas organizaciones guerrilleras -como el M-19- subordinadas a un proyecto político- ideológico de carácter simplemente reformista y no revolucionario y poco propensas al terror sistemático? Dentro de este contexto de desarrollos históricos y de preguntas coyunturales de naturaleza jurídico-política se inscribe la nueva discusión en torno al derecho internacional humanitario. En su conferencia de Cartagena, del 2 de agosto de 1988, empezó el expresidente

López Michelsen por decir que el gobierno no tenía claro el tratamiento que quería y debía dar al enemigo interior, si como beligerante o si -como delincuente, y concluyó que cualquiera que fuese la opción tomada, lo importante era tomar alguna, de manera que se pusiera fin a la confusión reinante. La falta de claridad, dijo el conferencista, hace el peor de los daños. López Michelsen, quien sólo había querido hacer una pregunta, se vio sin embargo envuelto en una serie de comentarios indignados de prensa que le reprochaban, desde una perspectiva conservadora, que su discurso no era otra cosa que un escandaloso espaldarazo a la subversión. Hacer lo que él supuestamente pretendía, conceder el status de beligerancia a los insurgentes, era prestar apoyo, 0 por lo menos ser funcional a los intereses de una izquierda revolucionaria que no pretende sino desestabilizar el país. López Michelsen se limitó, entonces, a anotar que él había formulado una pregunta y que su discurso no expresaba una respuesta unívoca. Pasados tres meses de la conferencia de Cartagena, es decir, después de haber observado el efecto de su propuesta, resolvió ensayar una toma de posición a favor de la alternativa de la cuasi-beligerancia (constatar la existencia de -un enemigo relativamente poderoso no es, según López Michelsen, conferirle una legitimidad y con ello un derecho a la guerra) y contra la criminalización. Sobre todo la tomó contra el temor aislacionista de quienes piensan que aceptar una mediación de terceros países u organismos internacionales en los asuntos internos del Estado colombiano, puede significar una internacionalización del conflicto doméstico. El fondo del argumento mediante el cual el expresidente López Michelsen en su discurso -del 4 de noviembre de 1988


ante el auditorio de INCOLDA, en Medellín, defendió el reconocimiento de la capacidad de negociación de la guerrilla, para efectos de favorecer la humanización de la guerra, fue simultáneamente un argumento liberal-humanitario y conservador. Puso de presente cómo Colombia estaba casi perdiendo la guerra contra la subversión armada en el frente interno y en el frente externo. En el frente interno bastaban pocas observaciones para darse cuenta cabal de que los militares no estaban en condiciones de asestar en el corto plazo golpes decisivos, lo cual significa simple y llanamente que la guerra, si continúa como va, va a ser larga y costosa. Más enfático aún es López Michelsen en decir que la nave de la diplomacia colombiana está, en el frente externo, a punto de naufragar ante el embate de los enemigos de la democracia, los cuales, en cuanto informantes privilegiados de los distintos organismos internacionales humanitarios, la hacen aparecer como marcadamente autoritaria y cercana, en sus métodos terroristas, alas dictaduras militares del vecindario subcontinental. Partiendo del supuesto de que en Colombia los derechos humanos no se violan de manera sistemática ni consentida por parte del Estado, el recurso a la mediación .internacional representa para el expresidente una jugada diplomática maestra, tendiente a mejorar la posición del régimen frente a la opinión internacional, así que el statu quo pueda triunfar sobre el enemigo interior. La argumentación del expresidente tiene la fuerza avasalladora de todo discurso que logra reconciliar la defensa de intereses con la idea de la realización de un valor. El interés sociopolítico en la estabilización del régimen resulta

inmediatamente compatible con el imperativo ético-politico de humanizar la contienda. En este sentido, es importante anotar cómo la propuesta de López Michelsen se orienta más hacia la consecución de una victoria político-militar sobre la subversión que hacia una solución negociada. La constatación hecha por López Michelsen del carácter prolongado que muy probablemente habrá de tener la guerra no es utilizado tanto como argumento para propiciar una solución transaccional -acaso porque le parece improbable, si no indeseable -, sino sobre todo como refuerzo a su convicción de que el régimen debe cambiar de táctica para triunfar. En ello no hay que engañarse. El discurso del expresidente es, si no abiertamente guerrerista, por lo menos pesimista en lo que toca a la esperanza de una solución temprana de carácter negociado. Acaso piensa el ilustre conferencista que la guerra debe ser ganada en el plano político-estratégico -si no en el militar- antes de que una negociación de paz con los insurgentes tenga posibilidad y sentido. La opción del expresidente por un tratamiento del enemigo interior como cuasi-beligerante, su distanciamiento frente a la supuesta ambigüedad del gobierno, pero sobre todo frente al tratamiento criminalizante de la subversión armada, implica una diferencia táctica pero no estratégica respecto de la política oficial. La toma de posición de López Michelsen ha causado, de todas maneras, más desconcierto que rechazo entre los círculos liberal-conservadores. Estando clara su opción por el sistema -y aun por la necesidad y/o deseabilidad de una paz victoriosa- la discusión sobre la criminalización del enemigo interior se


vuelve una simple cuestión de oportunidad e idoneidad. El mismo expresidente Lleras Restrepo, quien parapetado en su fijación legalista sólo ha encontrado argumentos para el tratamiento delincuencial de las guerrillas, le ha concedido a López, esta vez, el beneficio de la duda y de la espera. Los epígonos empiezan a surgir. El columnista D'Artagnán ha empezado por llamara juicio a Héctor Charry Samper, supuesto responsable de que Colombia no haya ratificado todavía los dos Protocolos Adicionales de los Convenios de Ginebra de 1949, sin cuyo auxilio el recurso a la mediación internacional con miras a humanizar la guerra carece, en buena parte, de sustento jurídico desde el punto de vista del derecho público interno colombiano. Hecha salvedad de los comentarios historiográficos de Carlos Restrepo Piedrahita, acaso las demás intervenciones de prensa posteriores a la comentada conferencia de Medellín no tocan la sustancia del problema 85. Lo cierto es, pues, que López Michelsen parece querer situarse, a manera de puente, entre las dos grandes políticas de gobierno en to rno a la subversión ensayadas durante los últimos años. La administración Betancur estuvo caracterizada por un tratamiento principalmente político de las guerrillas, así que buscó, dentro del marco de una amnistía, negociar con ellas. La administración Barco, buscando distanciarse de la anterior -y acaso presionada por aquellos sectores civiles y militares que son más amigos de una solución de fuerza ha propendido, por el contrario, dentro del marco de un plan de paz concebido a la manera de un indulto, por un tratamiento por lo menos 85 1. El Tiempo, agosto 2, noviembre 4 y 30, diciembre 17 de 1988.

semidelincuencial, apropiado en el mejor de los casos para el tratamiento del M-19, caracterizado por su debilidad militar. Del expresidente López puede decirse que se sitúa tácticamente junto a Betancur y estratégicamente junto a Barco, por lo menos en lo que respecta al reconocimiento de beligerancia, si no al alcance que se concede a ella. Ahora bien, supuesto ese equivalente menor del empate militar que representa la guerra larga y costosa de que habla el mismo López Michelsen, ¿no tiene acaso más sentido ampliar el horizonte de los objetivos buscados mediante el reconocimiento de beligerancia hasta la posibilidad de una paz negociada, que limitarse, como parece ser la intención del exmandatario, a querer propinar un golpe diplomático a la izquierda armada? Entonces el plan de paz tendría que evolucionar hacia un modelo verdaderamente contractual, capaz de contener prestaciones y contraprestaciones y, con ello, las bases para verdaderas reformas sociales y políticas. Y que no se argumente que ello constituye una traición a la democracia y un apoyo a las guerrillas. Un nuevo pacto social, de origen reformista y no revolucionario, es acaso, en Colombia, la condición de posibilidad de toda democracia que funcione, aun de una democracia liberal y burguesa. Si bien es cierto que la fuerza -como bien lo expresó Rousseau en su Contrato Social- no constituye un argumento ético, sí constituye, querámoslo o no, un argumento empírico, y la cuestión de la democracia es una cuestión simultáneamente empírica y normativa. Desde un punto de vista histórico-empírico la lógica de la guerra ha tenido, a pesar de su menor dignidad moral, por lo menos tanta capacidad


argumental como la lógica de la paz y de la democracia, a pesar de que esta última ha estado siempre más imbuida que la primera de elementos ético-políticos. Y lo que resulta aún más escandaloso pero no por ello menos cierto en los procesos de formación de los estados naciones modernos, el surgimiento del Estado como sistema de dominación, ha sido, en buena medida, anterior al desarrollo de su capacidad para motivar espontáneamente el consenso social y político. La lógica de la guerra ha precedido, en tal sentido, a la lógica de la paz. La cuestión relativa al tratamiento que se debe dar al enemigo interior, como beligerante o como delincuente, está de manera directa relacionada con esa otra cuestión fundamental que es la de la legitimidad democrática. Así por ejemplo, la Iniciativa de Paz de la administración Barco criminaliza a las gue rrillas social-revolucionarias en nombre de la democracia. El documento dice que el mandato de la mayoría recibido por el gobierno mediante su elección popular no puede desobedecerse para ceder a las exigencias de una minoría violenta. El gobierno aparece allí como el portador de la única legitimidad políticamente vinculante y, lo que es aún más importante en este contexto, precisamente en nombre de -esa legitimidad democrática se criminaliza en última instancia a los insurgentes. La suerte está echada. La disyuntiva entre un tratamiento político y un tratamiento delincuencial del enemigo armado ha sido resuelta a favor de la última alternativa enunciada con apoyo en el argumento a la vez empírico y normativo de la legitimación y de la legitimidad democráticas. Pero la cosa no termina allí: la criminalización con el rasero de la legitimidad democrática se convierte inmediatamente en el fundamento de la

criminalización con el rasero, adicional de la legalidad. Dentro de este doble marco de la democracia y del Estado de derecho colombianos, con su reforzado efecto criminalizante, el plan de paz no puede tener sino la forma jurídica de un indulto. Que baste por lo pronto esta glosa breve del discurso oficial para ejemplificar la relevancia de la cuestión relativa a las relaciones entre la democracia y la criminalización del enemigo interior. La actualidad política colombiana no tiene ciertamente por qué reproducir el pasado europeo. Las apreciaciones siguientes sobre la precariedad del orden democrático como realidad empírico-histórica no deben entenderse, por lo tanto, como una ley histórico-sociológica de carácter universal sino simplemente como un esquema probable y susceptible de encontrarse de nuevo en condiciones espacio -temporales distintas. Allí donde el Estado no se ha articulado de manera clara como monopolio de la violencia -pues se lucha todavía por su constitución, dentro del marco de esa dinámica de competencia y exclusión, acaso no ineluctable pero sí históricamente dominante que Norbert Elías ha dado en llamar "el mecanismo de monopolización" (y que parece haber acompañado a los Estados nacionales europeos en el largo proceso de su formación)-, allí puede hablarse de un primado de la racionalidad de la guerra. Se trata ciertamente, para Elías, de una fase caracterizada por un primado de la victoria sobre el consenso, de la dominación sobre la cooperación como forma determinante de la integración político-territorial, la cual culmina con la formación de los primeros grandes


Estados territoriales modernos entre los siglos XVI y XVIII. El "mecanismo de monopolización" y su cristalización en la realidad del Estado moderno como monopolio de la violencia fue, según lo anterior, no sólo el antecedente temporal sino además la condición histórica de posibilidad de la democracia moderna. Ya la Orestíada de Esquilo había tematizado desde la antigüedad aquella metamorfosis de las Erinias (diosas la venganza) en Euménides (diosas protectoras de la polis) con la cual se puso fin a la justicia privada -con su cadena infinita de retaliaciones- y se dio paso a la justicia estatal. El absolutismo fue, con su institucionalización de los conflictos en torno a los medios de poder social, la escuela dentro de la cual la guerra se transformó en competencia política y los enemigos en contrincantes. La aristocracia guerrera del medioevo evolucionó, entonces, en el largo proceso de "socialización de los monopolios", hacia una aristocracia de corte. Esta última fue, finalmente, sustituida por la burguesía: Resulta importante en este contexto tener presente el hecho de que la burguesía no disputó entonces a la corona y a la aristocracia la existencia misma de los monopolios fiscal y de la violencia, sino sólo la distribución de las cargas y beneficios derivados de los mismos. El monopolio de la violencia era más bien condición de existencia de la clase burguesa, clase no heroica por excelencia. Precisamente porque el monopolio estatal de la violencia creó las condiciones internas para que la lucha por el poder fuera una lucha no violenta, pudo surgir la democracia moderna como un sistema de competencia pacífica por la consecución de mayorías, como un

sistema de rotación de mayoría y minorías. Es bien sabido, en tal sentido, cómo la Revolución Francesa significó no sólo la sustitución de una clase y de una forma de gobierno por otra. Ella fue, además, el marco social y jurídico-político para el fortalecimiento y la profundización de la dominación estatal. Acaso el primero, Tocqueville, y tras él muchos otros, han podid o confirmar este aserto. Si nuestras apreciaciones con respecto al proceso de formación del Estado-nación no son equivocadas, entonces cabe decir que tampoco Colombia ha escapado, en términos generales, a esta secuencia histórica Sólo tras la estabilización del Estado unitario de 1886 en el turbulento período que va de 1885 a 1902 y que culminó con la victoria militar sobre el Radicalismo, puede acaso decirse que el Estado colombiano surgió como cuasi-monopolio de la violencia. La guerra entre mayorías y minorías, entre gobierno y oposición se transformó, por lo menos en lo que respecta al sistema tradicional de partidos, en simple competencia. Los enemigos de ayer se convirtieron en los contrincantes de hoy. Pero no hay que creer que la cuestión estatal-nacional se solucionó, entonces, durante el período de la República Conservadora, de una vez por todas. No hay garantías metafísicas contra las involuciones y las regresiones históricas. El mito del progreso no es sino eso: un mito. De la misma manera que el Estado es la negación de la guerra civil, la guerra civil es también, en cualquier tiempo, la negación del Estado, y lo que en el contexto de esta discusión resulta tanto o mías importante, el Estado, como monopolio de la violencia, es la condición


de posibilidad de la vida democrática. La racionalidad de la guerra, la racionalidad del mecanismo de formación de monopolios es autónoma y habla, querámoslo o no, el lenguaje de la victoria, y si ésta no es factible a ojos vistas, el de las negociaciones y los compromisos. Sólo quien acepte la autonomía relativa de la racionalidad de la guerra como una racionalidad que hunde sus raíces en una reflexión empírica sobre la magnitud de poder que representan las armas, puede, en un país donde la paz y la guerra coexisten, establecer un puente entre las racionalidades propias de cada uno de esos ámbitos. Sólo él está dispuesto a buscar, de acuerdo con la correlación de fuerzas entre los enemigos, un equivalente para las mismas en términos de esa otra magnitud de poder que son los votos. Parapetarse, en los términos de una pura ética de conciencia (en el sentido que Max Weber atribuye a dicha expresión), en el argumento ético-político del valor absoluto e incondicional de la legitimidad democrática es cerrar los ojos a la realidad político-militar de la guerra civil. Criminalizar al enemigo interior en nombre de la legitimidad democrática y de la legalidad del Estado de derecho en condiciones en que, como lo dice López Michelsen, la posibilidad de una victoria militar aparece remota y costosa, es excluir, absurdamente, la única posibilidad razonable, la posibilidad de una paz negociada. Precisamente por ello, porque del tratamiento que se dé a los alzados en armas puede, en buena parte, depender la paz y con ella el futuro de la democracia colombiana, queremos hacer un estudio de la racionalidad subyacente y de las consecuencias prácticas que conlleva el tratamiento delincuencial o político del

enemigo interior, desde el punto de vista del derecho de gentes. 2. EL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO EN LA ENCRUCIJADA ENTRE UNA CONCEPCIÓN DELINCUENCIAL Y UNA CONCEPCIÓN POLÍTICA DE LA GUERRA La decisión jurídico-política sobre el tratamiento que el derecho internacional debe dar a los guerrilleros, como enemigos o como delincuentes, tiene implicaciones importantes con respecto a la definición de la política interna de cada Estado en torno a la misma cuestión. La criminalización de la guerra en general y de la guerra de guerrillas en particular, por parte del derecho internacional público, refuerza la tendencia criminalizante inherente a la lógica del derecho público interno de los Estados. El reconocimiento de la existencia de un derecho de la guerra -que no de un derecho a la guerra- aun para las guerrillas, estimula, en sentido contrario, la apertura del derecho público interno a la posibilidad de que eventualmente, en presencia de una guerra civil revolucionaria de cierta intensidad, se reconozca a los rebeldes, de manera más o menos explícita, el status de beligerancia. Todo ello para efectos de que se humanicen las acciones y el tratamiento recíproco entre los enemigos, y aun para que, bajo ciertas circunstancias, se pueda poner fin al conflicto a través de negociaciones. Resulta en tal sentido importante, si no indispensable (para efectos de ahondar en la comprensión de las alternativas de tratamiento jurídico de las guerrillas colombianas) realizar una evaluación somera de las tendencias normativas dominantes en el derecho internacional


público moderno en torno a esta cuestión de vital importancia para la política interna de nuestro país. En tal sentido, trataremos de reconstruir la racionalidad de aquellos que consideramos los dos modelos dominantes. Lo haremos no tanto desde el punto de vista de su ideal común de realización de la paz, como a partir de las incompatibilidades fundamentales implicadas en la reflexión sobre sus condiciones fácticas de posibilidad, de tal modo que ambos aparezcan como suficientemente diferenciados, tanto en su concepto como en sus consecuencias. Todo ordenamiento jurídico orientado hacia la constitución de un sistema de interacciones políticas intenta, en general, articularse con un equilibrio entre realidad e idealidad. Sus normas deben, de un lado, reflejar la realidad que pretenden regular, y deben asimismo, del otro, postular un ideal, un telos legitimidad como valioso, el cual debe ser por lo menos compatible con dicha realidad. Ahora bien, cuando el ideal postulado está excesivamente alejado de la realidad que pretende orientar, entonces las definiciones e instituciones jurídicas que deben contribuir a realizarlo se tornan disfuncionales con respecto su tarea regulativa. Parece entonces justificado pensar cómo la idoneidad de la decisión -elevada a la condición de ideal- que tanto e derecho internacional público como el derecho público interno de cada Estado tomen con respecto al tratamiento de los guerrilleros, como enemigos o como delincuentes, debe depender, por lo menos en parte, del juicio empírico que se

haga sobre las realidades de la guerra del mundo de hoy86. La cuestión se puede plantear, para empezar, en los siguientes términos: ¿resulta acaso idóneo postular un discurso de derecho internacional público que sea una extrapolación del discurso del derecho público interno y sobre todo del derecho penal, habida cuenta del hecho de que las guerras interestatales y, aún más, las guerras civiles constituyen una realidad cotidiana de primer orden en el mundo de hoy? En otras palabras: ¿tiene sentido la criminalización absoluta de la guerra frente a la presencia masiva de la misma? Una respuesta a dicha pregunta depende, como acabamos de explicarlo, por lo menos en buena medida, de la valoración global que se haga del presente mundial en términos de la significació n que tiene la violencia en general, y en particular, la guerra, como medio para la solución de conflictos políticos en el ámbito internacional. Un discurso de derecho internacional público a manera de un derecho público interno mundial tiene por condición empírica de su eficacia normativa un alto grado de aproximación a la realidad de un monopolio mundial de la violencia, es decir, un alto grado de realización, por la vía de la dominación y no de la cooperación, de esa misma paz que postula. Proponer un discurso tal en un mundo agobiado por la guerra cumple muy probablemente la única función de 86 Sobre la dialéctica de realidad e idealidad en el derecho constitucional véase Hermann Heller, Staatslehre, Tübingen, ed. J.C.B. Mohr, 1983; Dietrich Schindler, Verfassungsrecht und Soziale Struktur, Zürich, ed. Schulthess & Co., 1967.


incapacitar el derecho, como lenguaje y como técnica de solución de conflictos, para la tematización y el tratamiento adecuado de las realidades de la guerra. Con lo cual se destruye, de paso, la credibilidad del derecho internacional público como orden regulador de las relaciones internacionales. Cabe entonces -preguntarse si no resulta más idóneo, en las condiciones actuales de desarrollo político de la humanidad, proponer un discurso de derecho internacional, heredero del derecho interestatal europeo (jus publicum europeaum), orientado hacia la ampliación del concepto de la guerra como dialéctica de las voluntades políticas entre enemigos relativos, es decir, entre enemigos que se reconocen recíprocamente como tales, a formas no-convencionales y aun, a formas no- internacionales del enfrentamiento entre los pueblos, de manera que el derecho internacional sea más un reflejo de la realidad que pretende regular. Entonces estaremos frente a un orden normativo, si bien incapaz de inhibir totalmente la apelación a la práctica de la guerra, por lo menos capaz de humanizarla y acotarla, sin perder por ello como último punto de referencia valorativo e ideal de una paz mundial87. Se critica a dicha tendencia normativa hacia la expansión del concepto de la guerra clásica a formas modernas no-convencionales y sobre todo no- internacionales el que su ampliación -el derecho de la guerra (jus in bello ) lleve implícita, en realidad, una

87 Carl Schmit, El Nomos de la tierra en el derecho de gentes del Jus Publicum Europeaum, Madrid, Ed. Centro de Estudios Constitucionales, 1979.

ampliación del derecho a la guerra (jus ad bellum), con lo cual la racionalidad en el manejo de los conflictos armados estará retrocediendo hasta el medioevo. La razón jurídica, empeñada a través de los siglos en una reducción progresiva del número de los sujetos que detentaban un derecho a la guerra y que había alcanzado con la moderna noción del Estado como monopolio legítimo y eficaz de la violencia, y como único sujeto del jus ad bellum, un alto grado de desarrollo, parecería ciertamente retroceder siglos en su empeño racionalizante. Así, en el evento de que el concepto de enemigo -beligerante - se ampliara a otros sujetos, y lo que es peor, a actores armados no-convencionales de naturaleza intraestatal. El riesgo existe. La lucha de los movimientos insurgentes por hacerse a un reconocimiento internacional como beligerantes está, con frecuencia, acompañada de la intención de hacerse fuertes mediante la adquisición de un nuevo status político-jurídico y de una nueva legitimidad, antes que de la intención de crear las condiciones necesarias para un acotamiento y una humanización de las acciones, o para que la paz pueda negociarse. De todas maneras es importante precisar que constatar su existencia no es en sí mismo legitimar la guerra y lo que es aún más importante (por lo menos en circunstancias de verdadera guerra civil y sobre todo de relativo empate militar) los beneficios que pueden derivarse de un tal reconocimiento superan con creces las pérdidas eventuales derivadas del mismo hecho para el gobierno correspondiente. Ahora bien, ambas tendencias existen y coexisten de hecho en el ordenamiento internacional. Sería facilismo intelectual pensar que el conjunto de las instituciones


normativas que se orientan hacia una criminalización absoluta de la guerra carecen totalmente de sentido de la realidad. Sería torpe, asimismo, pensar que aquellas otras, herederas del derecho interestatal europeo y preocupadas, por razones de humanidad, por ampliar el concepto político de la guerra a modalidades modernas de la misma, representan la única y verdadera medida de las realidades del sistema político mundial. Cabe presumir, con buenas razones, que ambas tendencias normativas pretenden ser respuestas a realidades empíricas y no únicamente al ideal, por ambas compartido, de alcanzar de alguna manera la paz en la convivencia entre los pueblos. En tanto que la tendencia hacia una criminalización absoluta de la guerra parece orientarse según las realidades de la guerra en las sociedades industriales y post-industriales, la tendencia hacia la ampliación del concepto de la guerra parece referirse más bien a las realidades de la guerra en los países del llamado Tercer Mundo. Las dos guerras mundiales demostraron ciertamente que la guerra convencional, y con mayor razón la guerra nuclear, se han tornado absolutamente disfuncionales como medios para la solución de los conflictos internacionales entre los países del primero -y acaso también del segundo- mundo. Las confrontaciones armadas entre las grandes y medianas potencias conllevan costos que se han vuelto, por definición, mayores que los beneficios eventuales derivados de las mismas. De otro lado, resulta igualmente evidente cómo las guerras civiles revolucionarias han proliferado después de 1945 al amparo del empate nuclear entre las superpotencias, y lo que es tanto o más importante, dichas guerras civiles

revolucionarias -casi siempre guerras de guerrillas- siguen siendo evidentemente funcionales, en el sentido de que involucran, por lo menos en principio, un chance real de éxito revolucionario. Basta lo anterior para explicar por qué los países industrializados propenden al menos en el ámbito de sus interrelaciones, por la prohibición y criminalización absoluta de, la guerra. En tanto que esos mismos países -por lo menos en cuanto neutrales- pero sobre todo los movimientos de insurgencia -que no los gobiernos - de buena parte de los países del Tercer Mundo, están evidentemente interesados en una ampliación del concepto político de la guerra y con ello, del derecho de la guerra, hasta el ámbito de la guerra civil revolucionaria88. Los primeros acaso más por razones de humanidad que los segundos. Por supuesto que dentro del marco de la ética de responsabilidad se pueden compatibilizar idealmente ambas posturas mediante el expediente de atribuir a la paz universal el carácter de fin último valorativo al cual debe subordinarse el objetivo inmediato de humanizar y de acotar la guerra 89. Acaso constituya dicha subordinación un marco ético-jurídico adecuado para pensar la posibilidad de un derecho internacional humanitario, el cual, a diferencia del derecho interestatal clásico, involucre la idea de un jus in bello que no lleve implícito, tanto frente a una guerra internacional como no internacional y en el evento de requerirse la constatación de existencia de un enemigo, el reconocimiento simultáneo de un jus ad bellum. 88 Otto Kimminisch, Völkerrecht im Atomzeitalter, Freiburg, Archiv des Vólkerrechts, 1969. 89 Max Weber, “Der Beruf zur Politik", en: Soziologie, Universal-geschichtliche Analysen, Politik, Stuttgart, Ed. Kröner, 1973.


La prohibición absoluta de la guerra, es decir, el imperativo de la paz universal, estaría inhibiendo, en última instancia, la atribución de un derecho a la guerra a todo sujeto político, incluidos los Estados, en tanto que el imperativo de humanidad estaría obligando a la constatación de existencia correspondiente. El concepto de beligerancia designaría ya únicamente un hecho y no más un derecho y podría, entonces, aplicarse, en sentido amplio, no sólo a los Estados sino también a otros actores armados como son los grupos insurgentes, sin que conllevara, en ningún caso, un principio de legitimación de la Violencia90. Cabe todavía preguntarse si dicha evolución lleva implícita, como generalmente se afirma, la muerte del concepto de soberanía. Se puede pensar que dicho concepto estaría haciendo en ese evento una evolución paralela, en el sentido de dejar de designar un derecho para referirse simplemente al hecho de la potenc ia superlativa y con ello a la independencia de esa forma de integración política todavía dominante que conocemos con el nombre de Estado. De todas maneras, en la práctica histórica, siendo sus condiciones fácticas de vigencia institucional en buena medida incompatibles, las situaciones de crisis pondrán una y otra vez los signos contrarios de las soluciones que se deriven de aplicar uno u otro principio. La idea de la guerra acotada o normada parece ser, por lo menos de manera inmediata, disfuncional con respecto a las realidades político-militares de los países industrializados, en tanto que la idea de

90 Alfred Verdross, Völkerrecht, Wien, Ed. Springer, 1964, 447.

una criminalización absoluta e inmediata de la guerra en general, aparece, a su vez, como disfuncional desde el punto de vista de las realidades político- militares de los países del Tercer Mundo. EL DERECHO INTERNACIONAL COMO DERECHO PÚBLICO INTERNO MUNDIAL: LA GUERRA COMO DELITO Cuando en el siglo XVIII la Ilustración emprendió la crítica del derecho clásico interestatal europeo, lo hizo en nombre de un humanismo universalista que postulaba el imperativo moral, si no la posibilidad empírica, de la paz perpetua. La moral individual y con ella la razón, había sido erigida por la burguesía emergente como la instancia llamada a ejercer la crítica política, con lo cual se había puesto en marcha un proceso de repolitización de la moral, que destruía, manera históricamente regresiva, la distinción entre política y religión, así como entre política y moral, que se había alcanzado con la Europa Central, tras la imposición de una nueva visión secular y con ello diferenciadora de tales instancias rectoras del comportamiento, a través del Absolutismo91. A la luz del universalismo humanís tico de la Ilustración, el cual postulaba la obligatoriedad incondicional, político-moral, de realizar una paz universal, todo intento de legitimación del llamado sistema interestatal europeo resultaba éticamente insostenible. Tanto moral como políticamente aparecía como

91 Reinhard Kosellek, Kritik und Krise, Freiburg/München, Ed. Karl Alber 1959.


un exabrupto el que pudiera pensarse en una organización de la comunidad interestatal cuya idea afirmaba la prohibición absoluta de la guerra interior, es decir, de la guerra civil -y con ello el carácter delincuencial de la misma -, pero que reconocía asimismo, por lo menos, de manera implícita, la legitimidad de la guerra interestatal. La coherencia intrínseca del discurso político moral exigía que la prohibición de la guerra y su criminalización fuera universal y absoluta. La necesidad política del reconocimiento de un jus ad bellum para los Estados soberanos constituía un contrasentido o una perversión moral. Desde entonces, cuando la responsabilidad política llevó a pensar tanto en las condiciones fácticas de posibilidad, como en las consecuencias del establecimiento de un orden jurídico universal, se planteó la cuestión de la disyuntiva entre una Confederación de Estados soberanos y un Super-Estado soberano como los tipos fundamentales de organización política que estarían en capacidad de garantizarle vigencia normativa al derecho internacional según el modo como éste fuera concebido. La pluralidad irreductible de los Estados nacionales europeos, en aquel entonces todavía apenas en formación, obligó a la aceptación de la idea corporativa y no impositiva de construir una Confederación de Estados soberanos. Hoy, frente a un mundo más integrado, pero sobre todo amenazado por la destrucción nuclear, se cae fácilmente en la tentación de preferir la idea de un Super-Estado mundial soberano, como aquel sujeto único y unitario que puede y debe ser el portador de un derecho público interno mundial. Hasta antes de la primera guerra mundial, y sobre todo dentro del sistema interestatal europeo

restaurado por el Congreso de Viena (1815), apenas si se ponía en duda la existencia de un jus ad bellum en cabeza de los Estados soberanos y con ello la existencia de un derecho de la guerra de naturaleza consensual y no impositiva. Pero ya los estatutos de la llamada Sociedad de las Naciones, fundada inmediatamente después de la primera gran conflagración mundial (1919), establecieron aquel régimen que se ha llamado de la prohibición parcial de la guerra, por el cual la misma -por lo menos en cuanto agresiva- se hizo, por primera vez, asunto de la comunidad de Estados y no simplemente de los Estados inmediatamente involucrados en el conflicto. La decisión hasta entonces soberana de hacer la guerra, empezó a transformarse en materia justiciable. Pero fue en el año de 1928 cuando como resultado del Pacto Briand Kellogg, firmado en París, se condenó, por todos los Estados signatarios, la guerra como medio para la solución de conflictos interestatales y se la calificó abiertamente como delito internacional. Cuando después de la segunda guerra mundial, en 1945, se constituyó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se quiso llegar aún más lejos, así que se pasó de la simple prohibición absoluta de la guerra de 1928 a la prohibición absoluta de la violencia como instrumento de las relaciones internacionales 92. HOY, a la sombra de la prohibición absoluta de la guerra y de la violencia proclamada por la ONU parecería no

92 Alfred Verdross, op. cit., pp. 437 y ss.; Otto Kirnininisch, Einführung in das Vólkerrecht, München, Ed. Saur K G., 1983, pp. 84 y ss.; Charles Rousseau, Derecho Internacional Público, Barcelona, Ed. Ariel, 1966, pp. 474 y ss.


poder hablarse, tanto en el caso de las guerras internacionales como en el de las guerras civiles, más que de delitos. Es ilustrativo en tal sentido pensar en el tipo de racionalidad y de lenguaje utilizado por buena parte de los doctrinantes del derecho internacional público contemporáneo. De la prohibición general de apelar a la violencia, y en particular a la guerra, se exceptúan únicamente la guerra punitiva, legitimada a manera de 6 auxilio en la legítima defensa", si no de "ejecución judicial" impuesta por la comunidad de las naciones a aquel Estado que haya sido juzgado y condenado como infractor del derecho penal internacional; y la llamada guerra defensiva, legitimada también a través del principio de la "legítima defensa" Tanto el "auxilio en la legítima defensa" como la "legítima defensa" misma constituyen, en el sentido del derecho penal interno clásico, causales de justificación de los actos punibles. Si bien, para muchos, la extrapolación de la racionalidad del derecho penal intraestatal al ámbito del derecho internacional no constituye sino un ejercicio de analogía orientado a iluminar la conceptualización correspondiente, dicho ejercic io es a todas luces sintomático de una nueva embestida del universalismo. Esta vez ocurre ya no bajo la égida de la moral individual, sino del derecho como moral social de naturaleza puramente formal y con ello, acaso también de la idea del Super-Estado mundial, unitario y central, con su marcado sabor totalitario 93.

93 Hans Kelsen, Das Problem der Soueveränität und die Theorie des Völkerrechts , Tübingen, 1928; Alfred Verdross Die Einheit des rechtfichen Weltbildes aufgrund der Vólkerrechtsverfassung , 1923.

Prescindiendo, por lo pronto, de la cuestión de si tiene o no sentido postular un orden universal y único del derecho para efectos de garantizar la coherencia intrínseca del discurso jurídico, cabe repetir aquí la pregunta sobre la idoneidad de imponer a nivel internacional una concepción puramente policiva y criminalizante de la guerra, propia de un universo altamente pacificado en un pluriverso, en el cual la guerra, tanto la internacional como la civil, constituye una realidad cotidiana. Sólo la existencia de un supermonopolio de la violencia parece estar en condiciones de garantizar la eficacia de un orden jurisdiccional que esté en capacidad, a manera de tercero neutral (soberano), de juzgar con ecuanimidad sobre la justicia del comportamiento de los partidos enfrentados en una guerra de carácter internacional. En ausencia de un tal supermonopolio mundial, es bien probable que poderes hegemónicos -todavía tributarios del "sacro egoísmo de los Estados nacionales- se arroguen, a manera de juez y parte, Para beneficio propio, un tal jus iudicandi, de manera que el pretendido derecho penal mundial se transforma de hecho en un simple instrumento para la criminalización y discriminación del enemigo. Piénsese en tal sentido, por ejemplo, en el botón de muestra que representa la política exterior de los Aliados (Entente) con respecto a Alemania después de la primera guerra mundial. ¿Tiene acaso sentido el hecho de que el pueblo alemán y no sólo sus representantes, haya sido entonces tratado como delincuente y no como enemigo? Un ejemplo reciente del manejo punitivo de las relaciones internacionales por parte de una potencia hegemónica lo ofrece la actitud de Estados Unidos frente a Panamá y en particular frente al gobierno


del general Noriega. ¿Piensa acaso el gobierno imperial del Norte -que puede subrogarse en el derecho de juzgamiento atribuido a un presunto supermonopolio mundial, de manera que está legitimado para manejar las relaciones con el Estado de Panamá como si se tratara de relaciones de derecho público Interno, y en particular, de derecho penal? No es en todo caso el general Noriega sino todo el pueblo panameño el que ha resultado criminalizado. Aún más, parece ser que el gobierno. del presidente Reagan creía que el Canal de Panamá señala los límites de un mar interior, así que el tratamiento policivo y punitivo de las relaciones con el istmo aparece como perfectamente normal y justificado. El tratamiento jurídico que da Estados Unidos a Panamá -y no únicamente a Panamá- se parece bastante a aquel que concibió alguna vez Inglaterra para sus colonias. Dentro del marco del Imperio Británico, aquéllas estaban, desde el punto de vista del derecho internacional (y sobre todo para efectos de legitimar de manera policiva y punitiva la ejecución de actos de fuerza contra sus pueblos) concebidas como “interior”, y desde el punto de vista del derecho público interno (y sobre todo con miras a evadir toda responsabilidad política y económica en la tarea de contribuir a su desarrollo) eran tratadas como “exterior". La visión imperial del gobierno del presidente Reagan - expresión exacerbada del moralismo político estadounidense- parece, en todo caso, no limitarse a la idea de imponer una visión de derecho público interno para el manejo de las relaciones con los países de América Latina. El tipo de criminalización por el cual propugna no se limita al intento de reducir al enemigo político a la condición de delincuente. Se pretende ir, con frecuencia, aún más allá, mediante el

expediente de asimilar el delincuente político o rebelde al delincuente común y al terrorista. No sólo en el caso de Panamá, sino también en el de Colombia se pueden leer signos inequívocos de dicha tendencia. Apelando a la existencia indiscutible de la llamada narcoguerrilla, ha propugnado la Embajada de Estados Unidos en Colombia por una generalización de dicho concepto al conjunto de las organizaciones guerrilleras, de manera que en el tratamiento de ellas se renuncie a la consideración de su especificidad como delincuentes políticos impulsados por móviles altruistas y por ello mismo dotados, por lo menos en principio, de capacidad negociadora. Se busca con ello legitimar su criminalización y discriminación absolutas, En su simplismo maniqueo, propugna el Coloso del Norte por una criminalización absoluta del enemigo interior, de manera que una solución negociada a los conflictos armados internos de los Estados del subcontinente resulte, ya en la definición misma, imposible. Frente a un enemigo percibido como absoluto no cabe sino la guerra absoluta y con ella, la idea de una victoria que se debe alcanzar a cualquier precio. La sangre debe correr, por supuesto, por cuenta nuestra. Nótese que en el caso de Estados Unidos se trata de un país caracterizado por su resistencia casi sistemática a acogerse a los fallos de la Corte Internacional de La Haya. La visión punitiva de las relaciones internacionales en general y de la guerra en particular desestimula las soluciones negociadas. Tanto para el derecho público interno mundial como para el derecho público interno estatal, constituye una verdad de puño la manida afirmación en Colombia con tanta frecuencia escuchada: 46 con delincuentes no se negocia". La


tendencia hacia una concepción puramente delincuencia] de la guerra por parte de ciertas corrientes normativas y doctrinales en el derecho internacional incide de manera directa en la valoración, y el tratamiento que se da a la guerra civil y a sus análogos en el ámbito de la política y del derecho interno de los Estados. Una visión punitiva de la guerra por parte del derecho internacional constituye un refuerzo evidente de la visión punitiva que de la guerra tiende a tener el derecho público interno. Aún más, si llegara a desaparecer definitivamente del derecho internacional público el concepto de la guerra como dialéctica de enemigos que se reconocen recíprocamente -enemigos relativos-, entonces habría de desaparecer con ello, también en el derecho interno, toda posibilidad de tematización de la guerra como un fenómeno político -metamoral- y sobre todo cualquier posibilidad de orientar el desarrollo de sus acciones en la dirección de su humanización y de una paz negociada. 4. EL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO COMO DERECHO HUMANITARIO: LA GUERRA COMO ENFRENTAMIENTO ENTRE ENEMIGOS RELATIVOS Dentro del, cuerpo normativo y doctrinal del derecho internacional público no se encuentran únicamente tendencias hacia la concepción del mundo como un universo y con ello, hacia una crin-drializaci6n absoluta de la guerra. Hay así mismo, una tradición del derecho internacional público, igualmente digna, con elementos normativos y de doctrina -y con arraigo en realidades empíricas relevantes- que presupone y postula la existencia del mundo como un pluriverso político.

Dentro del marco de dicha concepción, la existencia de Estados soberanos, si bien relativizada por el concepto de humanidad (que no por la idea de un super-monopolio de la violencia) involucra una noción de la guerra determinada por la noción del justo enemigo (iustus hostis) y con ello, por el reconocimiento recíproco de los partidos enfrentados. Con base en criterios puramente formales, esta noción hace posible y mira como normal la terminación de los conflictos armados por medio de una paz negociada. Dentro de esta tendencia se renuncia, por lo menos en los conflictos interestatales a la idea de una justa causa material (iusta causa), de manera que el enemigo (hostis) pueda ser tratado como un igual y no, de manera discriminatoria, como un simple delincuente. Se trata, en tal sentido, de una concepción heredera del llamado derecho clásico interestatal europeo (jus publicum europeaum) que pretende evitar el peligro de que, bajo la sombra de un supuesto derecho público interno mundial concebido a la manera de un equivalente formal de la moralidad material, se regrese a la vigencia rampante de la idea de la iusta causa con sus secuelas terribles para la dinámica de los enfrentamientos armados interestatal e internacionales. Negarle a la guerra su carácter político dominante equivale ciertamente a una reedición de la idea de la justa causa material como criterio fundamental para el tratamiento recíproco de los enemigos, es decir, a un regreso de la razón jurídica a los fanatismos de los siglos XVI y XVII, a una versión modernizada e infinitamente más


destructiva de las guerras civiles confesionales europeas94. En el derecho clásico interestatal europeo no había, en general, lugar para los combatientes irregulares y para los guerrilleros. Mientras la guerra estuvo dominada por las ideas del duelo y de la caballerosidad, el guerrillero sólo pudo ser comprendido a la manera de un soldado especialmente ligero y móvil, pero dependiente de un ejército regular -del cual derivaba él mismo un tinte de regularidad-, o tuvo que ser considerado como "fuera de la ley", es decir, como delincuente. A pesar de que la democratización de la guerra propició enormemente la tendencia a la confusión entre combatientes y población civil, la guerra popular, por lo menos en cuanto guerra internacional, permaneció fundamentalmente acotada. Así que se buscó, sobre todo dentro del sistema interestatal europeo restaurado por el Congreso de Viena, mantener hasta donde resultara posible la distinción entre la guerra y la paz, entre combatientes y población civil, así como entre enemigo y delincuente. Los Conve nios de La Haya de 1907 sobre la guerra terrestre ampliaron, buscando adecuarse a las nuevas realidades impuestas por las guerras internacionales, la noción de combatiente a algunos tipos de luchadores irregulares como los milicianos, los voluntarios y, lo que es aún más revolucionario desde el punto de vista del derecho de gentes, a los simples ciudadanos levantados espontáneamente en armas, a la manera de movimiento de resistencia, para defenderse contra la

94 Ricarda Huch, Das Zeitalter der Glaubensspaltung , Zurich, Ed. Manesse, 1987; Carl Schrnitt, Der Nomos der Erde , op. cit.

amenaza inminente de un ejército de ocupación. Sin embargo, permanecieron, como herederos que eran de la larga tradición del derecho interestatal europeo, fieles al criterio de la regularidad como medida privilegiada de la legalidad95. El primer artículo del Capítulo lo. (sobre los beligerantes) del primero de los convenios en cuestión fijó, una vez más, de conformidad con la tradición del jus publicum europeaum, los requisitos que debían ser cumplidos por los combatientes, aun por milicianos y por los voluntarios, para acceder al tratamiento privilegiado de los beligerantes, eran: 1) la existencia de un superior jerárquico responsable; 2) el empleo permanente y visible de las insignias del ejército correspondiente; 3) el porte abierto de las armas; y 4) el respeto de los usos y as reglas de la guerra. El artículo 2o. sobre movimientos espontáneos de resistencia constituía una clara excepción al principio de la legalidad, en aras de una legitimidad todavía hoy considerada como incontrovertible, como es la de la defensa de la nacionalidad. Los Convenios de La Haya viven todavía, de todas maneras, del paradigma de la guerra interestatal como guerra regular Aun los Convenios de Ginebra de 1949 deben ser entendidos, en lo fundamental, como los últimos bastiones de aquella concepción del derecho internacional público que limitaba el uso del concepto de la guerra a la guerra internacional, que no ya a la simplemente interestatal96.

95 Jost Huelffer, Rege1n gegen den Krieg. Die haager Friedenkonferenzen von 1899 und 1907 in der Internationalen Politik, Frankfurt, 1981; Peter Cornelius Mayer-Tasch, Guerrrillakrieg und Völkerrecht, Baden Baden, Ed. Nomos, 1972. 96 Normas fundamentales de los convenios de Ginegra y de sus Protocolos Adicionales,


Sólo el artículo 3o., común a los cuatro convenios suscritos, se preocupó, a manera de excepción y por razones de humanidad, de ampliar las normas sobre el tratamiento de los no-combatientes y de la población civil a los conflictos no- internacionales. Si antes, en 1907, se había exceptuado el dogma de la regularidad, ahora, en 1949, se exceptuaba el dogma de la internacionalidad de la guerra. En ambos casos en nombre de la humanidad. El artículo 3o. de los Convenios de Ginebra no decía, en todo caso, en su versión original, absolutamente nada sobre la protección de los combatientes propiamente dichos y mucho menos sobre la posibilidad de ampliar hasta ellos el concepto de beligerancia. Todavía los Convenios de La Haya estaban evidentemente marcados por el drama de las guerras de ocupación. La ampliación del concepto de beligerante a algunas modalidades de combatientes no convencionales -sacrificando con ello, por lo menos en parte, el dogma de la regularidad- había sido entonces la expresión de la correlación de fuerzas entre las grandes potencias, es decir, los ocupantes potenciales, de un lado, y los países pequeños, potencialmente ocupables, del otro, así como del triunfo diplomático de es los últimos, empeñados en la protección de sus movimientos de resistencia El tipo de guerrillero que entonces se tenía en mente era, sin lugar a dudas, únicamente el de las guerras defensivas, autóctonas, de ocupación, el cual era por definición una figura marginal en una concepción y en una práctica pre-

Ginebra, Ed. Coimité Internacional de la Cruz Roja, 1983.

tendidamente regular de las guerras inter-nacionales. El hecho de que el artículo 3o. de los Convenios de Ginebra, de 1949, haya ampliado, por primera vez, el ámbito de vigencia del derecho internacional público, en cuanto derecho humanitario, a las guerras no-interna-cionales parece ser la expresión de una nueva correlación de fuerzas a nivel mundial97. El nuevo tipo de guerrillero que se tuvo en mente al momento de redactar el mencionado artículo fue, sin lugar a dudas, el de las guerras civiles social-revolucionarias de la segunda mitad de este siglo. El guerrillero defensivo, autóctono, de las guerras internacionales de ocupación cedió, después de 1945, su lugar al guerrillero de las guerras civiles social-revolucionarias, el cual, a diferencia del primero, no es una figura marginal subordinada a la figura del soldado regular sino, por el contrario -según una apreciación de Carl Schmit-, el nuevo héroe de las contiendas98. Este cambio, por lo menos parcial, en la significación del guerrillero, determinado por el tránsito de la guerra de ocupación a la guerra civil como tipo dominante de la guerra, es un indicador del cambio de 97 La Unión Soviética, país ocupado durante la Segunda Guerra Mundial pero asimismo consciente de su nuevo papel como superpotencia, terció esta vez a favor de los países pequeños en su empeño por ahondar en la protección de los combatientes no convencionales y, lo que es aún más importante, propició, en nombre de la humanidad, la injerencia del derecho internacional en el ámbito intraestatal, mediante la protección de los no-combatientes y de la población civil, en circunstancias de guerra no-internacional. Acaso buscó con ello, por lo menos de manera indirecta, la protección de los guerrilleros mismos, en cuanto supeditados para su supervivencia política y material al apoyo popular. 98 Carl Schrnit , Teoría del Partisano, Madrid, Ed. Instituto de Estudios Políticos, 1966.


significación de, la irregularidad misma, la cual dejó de ser una táctica marginal y subordinada para convertirse en una táctica dominante dentro de un horizonte estratégico. Von Heydte habla en tal sentido del tránsito de la guerrilla como simple forma de hacer la guerra a la guerrilla como modalidad de la guerra99. 5. EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y LA GUERRA CIVIL REVOLUCIONARIA Si el artículo 3o. de los Convenios de Ginebra se había abstenido de extender su protección al guerrillero social-revolucionario mismo, el artículo primero del II Protocolo Adicional de 1977 dio, por fin, ese último paso, tan trascendental como revolucionario desde el punto de vista de la concepción jurídico- internacional de la guerra. El artículo en cuestión definió las condiciones que debe cumplir un movimiento guerrillero no-internacional para efectos de que pueda ser considerado como beligerante, de suerte que la guerra civil misma pueda, a su vez, ser entendida como una dialéctica de enemistades relativas. La disposición habla, en tal sentido, de la necesidad de observar por lo menos un mínimo de conducta humanitaria en aquellos conflictos "que se desarrollen en el territorio de una alta parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y

99 Friedrich August von Heydte, La guerra irregular moderna, Bogotá, Ed. Eir de Colombia, 1987.

concertadas, y aplicar el presente protocolo"100. De esta manera se acabó de romper la ecuación que había servido durante siglos para fundamentar la valoración y el tratamiento normativo de la guerra por parte del derecho de gentes. La fórmula regularidad = legalidad, así como su correlato secular, la fórmula irregularidad = ilegalidad, debió ser, a pesar de su insuperable precisión, por razones incontrovertibles de humanidad, sustituida por otros indicadores de la legalidad y de la ilegalidad, así que el derecho internacional público estuviera en capacidad de dar cuenta de la realidad sobreabundante de las guerras civiles social-revolucionarias y contrarrevolucionarias del Tercer Mundo, en la segunda mitad de este siglo. Antes de adentrarnos en el análisis de la disposición transcrita es importante hacer la siguiente aclaración: haciendo caso omiso de si la prohibición absoluta de la guerra como medio para la solución de conflictos lleva implícita la relativización y aun la muerte del concepto de soberanía y con ello la del ius ad bellum como atributo de los Estados soberanos, una cosa sí ha dejado clara la legislación de Ginebra en torno a los conflictos no- internacionales. Esto es que el artículo 3o. común a los cuatro Convenios de Ginebra es, en su último parágrafo, explícito e inequívoco en el sentido de afirma que la aplicación de sus disposiciones ¿no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las partes en

100 Normas fundamentales de los convenios de Ginegra y de sus Protocolos Adicionales, Ginebra, Ed. Coimité Internacional de la Cruz Roja, op. cit.


conflicto"101?. El reconocimiento de beligerancia respecto de grupos insurgentes no puede tener sino el sentido de una constatación de existencia. Las condiciones impuestas por el derecho internacional humanitario a las organizaciones guerrilleras para que se las pueda reconocer como tales constituyen en realidad, por lo menos en lo fundamental, criterios de identificabilidad 102. Es cierto, como afirma el expresidente López Michelsen, que si bien el artículo 30 común a los cuatro Convenios de Ginebra habla de “partes", así que le reconoce a los insurgentes el carácter de enemigos (y no simplemente de delincuentes), también es cierto que los Protocolos Adicionales no vuelven a utilizar la expresión "partes". Pero no lo es que ello sea un indicador de que no se pretendía ampliar los beneficios del derecho internacional humanitario a los guerrilleros social-revolucionarios. La intención del artículo primero del segundo Protocolo Adicional es, evidentemente, definir los criterio s para el conocimiento (identificación) de ese sujeto negociador, de esa parte de la cual se piensa que dada su capacidad militar y política está asimismo en capacidad de aplicar los Protocolos para efectos de humanizar las acciones, y llegado el caso, aun de negociar la paz.

101 Otto Kimminisch, Einführung in das Völkerrecht , op. cit, pp. 133 y ss., 213 y ss, 422 y ss. 102 Ulrich Beyerlin, Die Humanitäre Aktion zur Gewährleistung des Mindeststandards im nicht-internationaler bewaffneter Konflicte, Berlin/München, 1975; Jürg H. Schinid, Die Volkerrechtliche Stellung der Partisanen im Kriege, Nendeln/Lichtenstein, Ed. Polygraphischer, 1979

Sólo la presencia de un mando responsable ha sobrevivido como reminiscencia de los criterios de regularidad definidos por las convenciones de La Haya como condiciones indispensables para el reconocimiento de beligerancia. El carácter organizado de los grupos alzados en armas, criterio que ya desde antes y de manera silenciosa había empezado a abrirse paso como sustituto de la regularidad, logró, a pesar de su fragilidad, encontrar por fin, de manera inequívoca, su lugar. Fundamental ha venido a ser, por sobre todo, el dominio territorial, del cual -supuesta la organización- la realización de operaciones sostenidas y concertadas y aun la capacidad para aplicar los Protocolos vienen a ser casi un simple corolario. Qué significa, desde el punto de vista de las organizaciones guerrilleras, tener dominio territorial sobre una región, es cuestión que no resulta, en nuestra opinión, fácil de determinar. Por lo pronto debe tenerse presente que el nomadismo (a pesar de los grados diferentes del mismo que pueden desarrollarse) es consustancial a la táctica de guerrillas. La territorialización de un movimiento guerrillero no puede ser entendida en el mismo sentido de la territorialidad sedentaria del Estado territorial moderno, sino a lo sumo como análoga de la de los grupos nómadas. Supuesto lo anterior hay por lo menos dos peculiaridades de la concepción nómada de la territorialidad que deben ser tenidas en cuenta para el análisis: 1) El concepto de pertenencia, las nociones de adentro y afuera, no están delimitadas exclusivamente por la noción de frontera territorial, sino que tienen además una mediación social fundamental. Se vive


dentro o fuera de un grupo y no únicamente de un territorio. 2) Tener dominio territorial significa, para un pueblo nómada, sobre todo, conservar libres sus vías de circulación103. La guerrilla tendrá que dejar de operar como tal, para articularse a la manera de un ejército regular, capaz, de defender un Contra.-Estado sedentario. Una concepción tal de la territorialidad guerrillera estaría desconociendo el hecho fundamental, arriba comentado, según el cual la guerra de guerrillas ha dejado de ser una simple forma subordinada de dirigir la guerra para transformarse en una modalidad autónoma de la misma. En sentido contrario cabe hacerse las siguientes preguntas: ¿podría acaso desconocerse el dominio territorial a una organización guerrillera, de la cual pueda decirse que por haber extremado su modalidad táctica ha llegado a expandirse corno un gas -que no como un sólido- por toda la geografía nacional? De otro lado, toda guerrilla tiene que ser en mayor o menor grado una guerrilla societal, así que requiere indefectiblemente para sobrevivir a largo plazo, de un grupo social localizado que le sirva no sólo de apoyo logístico sino, sobre todo, de base de legitimación. ¿Debe entenderse dicha pertenencia social -e indirectamente geográfica- como una suerte de dominio territorial? ¿0 debe ser acaso la realización "sostenida y concertada" de funciones "impositivas" (extorsión, etc.) y "policivas" (asesinato ejemplar, etc.) en los territorios y/o en el interior del grupo social que les sirve de sustento logístico y/o político, el indicador de la dominación territorial? ¿Y cómo calificar

103 G. Deleuze y F. Guattari, Nomadology: The Warmachine, New York. Ed. Columbia University, 1986.

grados diversos de dominación en distintas regiones? El expresidente López Michelsen afirma, por ejemplo, que las guerrillas colombianas no tienen un dominio territorial strictu sensu sino sólo una "sombra" del mismo. López Michelsen renuncia a pensar el concepto de dominio territorial desde la perspectiva del espacio y prefiere refugiarse para ello en el concepto de tiempo. Los Protocolos distinguen entre grupos organizados con dominio territorial y con capacidad para realizar de manera continuada y coordinada acciones militares, los simples “motines ocasionales". La guerrilla colombiana puede, a juicio del exmandatario, argüir a lo sumo sus treinta o treinta y cinco años de existencia como indicador negativo de su no-ser un motín esporádico, con lo cual se colocan en un lugar intermedio entre el combatiente y el simple criminal. López Michelsen parece exigir a las guerrillas su articulación a manera de Contra-Estado sedentario capaz de una verdadera “secesión" para efectos de reconocerles un verdadero dominio territorial. Así las cosas, es evidente que no tienen ese dominio y que sólo detentan una sombra del, mismo indicada por su capacidad de supervivencia en el tiempo. Pero acaso tenga más sentido, argumentando desde la categoría de espacio, que es la dominante en el concepto de "dominio territorial", que dicho concepto se redefina en el sentido del nomadismo. La capacidad desestabilizadora de una organización guerrillera puede ser tanto o más que de su sedentariedad, función de su movilidad. Para resolver la cuestión no basta, en todo caso, partir de manera acrítica de la idea de que el dominio territorial es únicamente aquel que se


corresponde con la manera como una sociedad sedentaria articulada en forma de Estado territorial nacional ejerce su dominio y control sobre una frontera internacional. El límite absoluto de lo ilegal, de lo irremediablemente delincuencial, desde el punto de vista del derecho internacional público (que no del derecho público interno) se ha desplazado con los Protocolos de 1977, de manera considerable. En general, cabe decir que el terrorismo y no ya la simple irregularidad guerrillera define la nueva frontera de la criminalidad bélica. Al respecto, resulta importante anotar cómo la noción de terrorismo desarrollada por el derecho internacional humanitario no es unívoca. Se habla en tal sentido tanto de un terrorismo definido por la intención, como de un terrorismo definido por la apelación a prácticas o a medios intrínsecamente perversos, y aun de un terrorismo de origen simplemente taxonómico. Por lo menos en la intención, existe claridad sobre todo respecto al hecho de que el derecho internacional humanitario se ocupa del terrorismo únicamente en cuanto se presente en circunstancias de guerra. De la circunstancia de que el terror es de todas maneras inmanente a la "normalidad" de la guerra con sus tendencias casi ineluctables al escalamiento y a la brutalización, se deriva, de todas formas, una cierta tendencia hacia la desprotección de los combatientes mismos en cuanto víctimas potenciales de actos de terror. Las normas que de manera expresa condenan el terrorismo buscan sobre todo la protección de la población civil. El artículo 13 del 11 Protocolo Adicional de 1977 sobre la guerra no internacional, citado aquí a manera de ejemplo, dice en

tal sentido que "quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal es aterrorizar a la población civil"104. Ahora bien, supuesta la suciedad inherente a la táctica de insurgencia y contrainsurgencia, con su tendencia exacerbada a la confusión entre la guerra y la paz, entre los combatientes y la población civil, etc., resulta ciertamente difícil discernir dónde acaban la irregularidad y la brutalidad "lícitas" y dónde comienza el terrorismo. Retornemos aquí el hilo de nuestras reflexiones iniciales. El derecho internacional humanitario -con su concepción de la guerra como dialéctica de enemigos que se reconocen "horizontalmente" como iguales y que no se discriminan “verticalmente" como delincuentes- debería permear siquiera un poco el derecho público interno. Así, dicha concepción podría ser reivindicada, por lo menos en el evento de un relativo empate militar, medido por los costos que representa obtener eventualmente una victoria militar y no simplemente por la capacidad para obtenerla. Entonces se estará haciendo más expedito el camino que conduce al acotamiento y a la humanización de la guerra, si no la paz negociada. Hoy resulta difícil saber hacia dónde vamos manojo abigarrado de preguntas en que consiste siempre el día de mañana se abre ahora como un abismo, gracias a las contingencias de la guerra. El gobierno ha iniciado, otra vez, conversaciones con el M-19. El presidente Barco ha llamado al

104 Hans-Peter Gasser, Prohibición de los actos de terrorismo en el Derecho Internacional Humanitario, Separata de la Revista Internacional de la Cruz Roja, julio-agosto de 1986.


socialconservatismo a participar en diálogo, y tanto los altos comisionados oficiales como la dirigencia de dicha organización guerrillera hablan de la constitución de foros amplios de discusión para una paz que, en, el sentir de todos, debe ser nacional. M-19 ha accedido -de conformidad con la iniciativa oficial de paz- a la elección de representantes que no se encuentren al margen de la ley. ¿Qué significa todo ello? Son más las preguntas que las respuestas. ¿Por qué quiere negociar el M-19?, y ¿por qué se accede a negociar con él? ¿Puede acaso decirse que dicha organización está militar y/o políticamente derrotada? ¿Es entonces el cansancio lo que la lleva a deponer las armas? ¿0 se trata más bien del hecho de que comparte un marco político- ideológico común con el establecimiento, de manera que sus objetivos simplemente reformistas hacen posib le, para ambas partes en conflicto, el tratamiento recíproco como enemigos relativos? ¿Constituye el M-19, con su reformismo nacionalista, un puente ideológico que pueda servir para propiciar la participación de otros grupos guerrilleros en el diálogo y las negociaciones? ¿Constituye su ambiguo ideario un lugar de encuentro para las ideologías en conflicto? ¿Qué significa, en este contexto, el llamamiento a juicio a la comandancia del M-19 por los hechos del Palacio de Justicia? La justicia ordinaria sigue en su empeño criminalizante mientras el gobierno descriminaliza para conversar. ¿Se trata acaso de un síntoma de esquizofrenia estatal? Para salir del impasse se habla, otra vez, de indulto. ¿Simboliza la figura jurídica del indulto, propia del derecho penal, el tratamiento adecuado para el enemigo interior? ¿Y la advertencia de las FARC en el sentido de

que no se establezca una diferenciación perversa entre guerrillas buenas y guerrillas malas? ¿Evidentemente existe el riesgo de que la descriminalización del M-19 no sea sino la ocasión para ahondar en la criminalización de los grupos restantes, y en particular de las FARC como única guerrilla capaz, gracias a su tamaño y a su supuesto pragmatismo, de presentarse con éxito como sujeto potencial de diálogo y negociación? ¿Pero están las FARC verdaderamente dispuestas a negociar? ¿Y está el ejército dispuesto a permitir que se negocie con ellas? ¿Y los grupos paramilitares? ¿Su propensión a la barbarie es acaso el resultado de un doctrinarismo a ultranza? ¿0 se trata más bien de una herencia irredimible del narcosicariato que ha llegado a hegemonizar su dirección y métodos de lucha? Sólo una cosa está clara: ni el fanatismo cuasireligioso, ni la herencia delincuencial común son proclives a una concepción política de la guerra. La apelación sistemática de los paramilitares al terrorismo es un indicador inequívoco de que su percepción de la enemistad es absoluta. Su incondicionalidad en la defensa de los intereses terratenientes y su anticomunismo exacerbado parecen no negociables. Ya ni siquiera el Estado les resulta susceptible de ser concebido como aliado potencial o como enemigo relativo. La masacre de La Rochela apenas deja lugar a dudas al respecto. Y sin embargo, quien haya leído las cartas del grupo paramilitar "Muerte a Revolucionarios del Nordeste" no puede evitar la tentación de pensar que se trata de una organización partisana de derecha con un proyecto político- ideológico y dispuesta al diálogo y a la negociación. ¿Puede predicarse también, por lo menos de dicho grupo, que sus miembros merecen el tratamiento de enemigos, y no de simples


delincuentes o de terroristas? ¿Tiene sentido invitarlos a participar en el diálogo? Aun suponiendo que se consiga negociar con el M-19 su desmovilización y reintegración, muy probablemente la guerra habrá de continuar. El ELN y el EPL son grupos doctrinarios y fuertes, y la barbarie paramilitar no habrá de acabarse porque si. Y lo que es más grave aún, las desigualdades sociales tampoco. No importa cuál sea la verdad de todo esto. Lo cierto es que la adopción y aplicación de las normas del derecho internacional humanitario podría contribuir a racionalizar y a enriquecer la base jurídica y la legitimidad del comportamiento gubernamental con respecto a la subversión, tanto en el evento de una paz inmediata como en el de una guerra prolongada. Ensayar este recurso constituye, para el gobierno, una responsabilidad política y un deber moral.

Coyuntura Por qué estamos en guerra…

¿POR QUE ESTAMOS EN GUERRA LOS COLOMBIANOS?

Ricardo Mosquera Mesa* En relación con el fenómeno de violencia que vive el país, hoy se reconoce que estamos en guerra y, lo peor, que avanzamos hacia una peligrosa polarización entre extremas, en me dio de las cuales se encuentra una "sociedad civil", que entre intimidada y escéptica, espera un nuevo rumbo y una mejor suerte para los próximos años. Se dan varias interpretaciones y puntos de vista llegando a convertirse en obligada referencia para políticos, analistas, investigadores, académicos y gente del común. La violencia debe ser abordada desde una perspectiva interdisciplinaria y como un fenómeno multicausal que tiene sus raíces más profundas en las guerras, sublevaciones y enfrentamientos que originó nuestra colonización y más tarde la lucha por la independencia y la consolidación como República. Sin embargo, el propósito de este ensayo es analizar otras facetas de la violencia como realidad presente y como mani-festación de un pasado que ha venido acumulando desigualdades, frustraciones y desesperanzas, que no sólo nos acorrala y amenaza, sino que puede colocarnos en el terreno de la indiferencia o, lo que es peor, del fatalismo y la pérdida de opción de una vía civilista y democrática para Colombia.

* Economista. Rector de la Universidad Nacional de Colombia.

INGRESOS Y CRECIMIENTO En primer lugar, la violencia como producto de factores estructurales nos remite a un modelo de desarrollo que es triplemente concentrador: de medios de producción, del ingreso y del espacio (en términos urbanos y rurales). Ya desde la mitad de este siglo, las propuestas de la CEPAL se inscribían dentro del marco amplio de la necesidad de combinar la distribución del ingreso con el crecimiento económico, procurando erradicar la pobreza en la periferia mediante esquemas de reordenación de los recursos, que implicaban políticas de redistribución fiscal y la administración de precios de factores y productos, hasta reformas de la propiedad de los medios de producción y la apropiación de los ingresos. A casi cuatro décadas de aquel diagnóstico, la mayoría de los países de la región latinoamericana acusan severas crisis económicas, sociales y políticas que han puesto en entredicho los mecanismos del crecimiento económico y del progreso social. En el caso de Colombia, el fenómeno de la concentración de los medios de producción ha ido de la mano con la concentración del ingreso. Hoy nos encontramos con que de los 1.150 dolares per cápita que le corresponden a cada colombiano del Producto Interno Bruto (PIB) ó 345.000 pesos, seis millones de personas (20 % de la población más pobre) sólo percibe $43.125 anuales equivalentes a $120 diarios. En el otro extremo, 20% de la población más rica percibe más de un millón de pesos, casi unos $3.000 diarios. La brecha ya es demasiado grande: en un extremo se acumula pobreza y en el otro


riqueza, incluyendo un muy pequeño porcentaje que disfruta de una riqueza absoluta105. Además, el modelo es ineficiente en términos de productividad, como lo demuestra el hecho de que en 1950 tuviésemos un Producto Interno Bruto per cápita de US$949, colocándonos por encima del Brasil (US$637) y Japón (US$810); pero en 1985 los US$1.878 ya nos colocan por debajo de esos países, y de otros de igual desarrollo relativo como Venezuela, México, Uruguay o Argentina106. En materia de exportación de pro ductos manufacturados, estamos aún más por debajo de esos países, donde se ha desarrollado un proteccionismo estatal que nos impide ser competitivos, excepto en exportaciones tradicionales. El modelo de concentración también se expresa en términos espaciales. Según el último censo, en el 31% de los 1.017 municipios colombianos (319 municipios) más de tres cuartas partes de la población se encuentran clasificados como pobres, es decir, que exhiben necesidades básicas insatisfechas. En situación inversa, sólo el 75 % de las personas en 13 municipios tiene satisfechas sus necesidades básicas (Envigado, Sabaneta, Floridablanca, Ita-güí, Bucaramanga, Cajicá, Manizales, Bogotá, Bello, Armenia, Medellín y Duitama). En los niveles de pobreza absoluta están 16 municipios con el 100% de las necesidades básicas insatisfechas107.

105 Ver Miguel Urrutia, Los de arriba y los de abajo, CERECFedesarrollo, Bogotá, 1984, p. 149. Y Joaquín Vallejo Arbeláez, El Tiempo , 22 de noviembre de 1988. 106 Ver José A. Ocampo y E. Sarmiento, ¿Hacia un nuevo modelo de desarrollo?: Un debate, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1987, pp. 15-19. 107 Ver, Memoria al Congreso Nacional 1987-1988, DANE, pp. 103-104.

Si a una inequitativa distribución del ingreso y al monopolio en los medios de producción se agrega una concentración territorial, el fenómeno social se torna francamente explosivo. URBANIZACIÓN Y VIOLENCIA Un segundo factor de violencia es el proceso de urbanización que ha experimentado la región de América Latina. En las últimas décadas se ha observado un mayor crecimiento de las ciudades, particularmente las capitales. Al concentrar el mayor número de su población en unas regiones, se presenta la macrocefalia urbana, cómo en el caso de Ciudad de México, para ilustrar la situación más crítica. En los últimos 35 años, Colombia pasó de ser un país típicamente rural a un país urbano. Según el último censo, de los 27,6 millones de colombianos, el 68% se clasifican como urbanos (vivían en una ciudad de más de 20.000 habitantes) y el 32% restantes como rurales. Entre ellos, 12.6 millones de personas se consideran con necesidades básicas insatisfechas y 6.2 millones como personas que se debaten en la miseria absoluta. Nótese cómo esta transformación radical de nuestro país va a incidir de manera directa en "la crisis urbana". Esta se manifiesta en por lo menos tres aspectos: 1. Crisis de los servicios urbanos

(vivienda, equipamientos colectivos, transporte). Estos, que se denominan los medios de consumo colectivo, empeoran la situación de los sectores populares y deben ser suministrados por el Estado, pues no son rentables desde el punto de vista de la ganancia


del capital privado, y ello hace que sean insuficientes, caros y de pésima calidad;

2. Crisis de una cierta forma de espacio. El crecimiento de las ciudades, el gigantismo exhibido en algunas, el desarrollo desigual entre regiones y entre la ciudad y el campo, y la segregación urbana, implican la forma-ción de monstruosas aglomeraciones humanas, donde cada movimiento, cada gesto de la vida cotidiana, se convierte en un real peligro o en una auténtica carrera de obstáculos;

3. Crisis de un cierto modo de vida. El anonimato, la impersonalidad, la carencia de solidarid ad, la inseguridad, etc., no son sólo la consecuencia de ese desarrollo urbano anarquizado, sino de las relaciones de un capita-lismo salvaje que fomenta el individualismo, la competencia y la ley del más fuerte en esa selva denominada ciudad108.

En estas nuevas urbes también se irán a incubar las bandas de maleantes, prostitutas, ga mines, y de todo el subproducto de ese proceso de marginación social surgen también los delitos contra la vida, la propiedad, la integridad personal, la drogadicción y toda suerte de degradaciones que con una reflexión puramente ética y moralista tratan de eliminar las Fundaciones de Amor o de limpieza a esas mismas ciudades. LAS NARCOEXPORTACIONES Un tercer factor de violencia se presenta con el surgimiento de las exportaciones

108 Ver, Ricardo Mosquera Mesa, La ciudad latinoamericana: Un caos organizado , Edit. Presencia, Bogotá, 1983, pp. 43-44.

ilícitas de estupefacientes, mucho más rentables que las tradicionales (café, textiles, materias primas) y generadoras de un nuevo actor social que se ha enriquecido como producto de la venta de coca a otros mercados del mundo. Ello ha llevado a la existencia de lo que algún ensayista denominaba "la irrupción de un nue vo empresario, cuyos millonarios ingresos requieren unos altos gastos de funcionamiento: costos de seguridad, pago de sobornos, gene ración de grupos de seguridad propios", que provocó una actitud de rechazo por parte de la clase empresarial tradicional, debido a la naturaleza ilegal de sus actividades e incluso por su origen social. La batalla por ganarse un espacio social y político de estos nuevos actores ha dado origen a una nueva clase social que recurre a la combinació n de todas las formas de lucha para emerger en la sociedad colombiana. Surge así una reacción que los hace unificarse frente al Estado, a las élites dirigentes que los quieran marginar y al mismo tiempo agrupamientos internos (Cartel de Medellín, Cartel de Cali), que luchan contra lo que les impide entrar en socie-dad. Aparecen entonces los métodos de coacción más eficientes que crean sus propias fuerzas de seguridad, y el personaje más nefasto, el sicario -el asalariado de la muerte-, cuyo único fin es liquidar a quien impida el libre accionar de esta acumulación ilícita. De ello hay claras evidencias en la violencia que vive el país. Sus enfrentamientos entre sí, contra par ticulares y contra el propio Estado, continúan incrementando la cuota de muertos en Colombia. Se ha hablado de una posible alianza de narco traficantes con guerrillas, donde unos aportan las armas y los otros el


capital, incluso manteniendo el monopolio de ciertas zonas. LA VIOLENCIA POLÍTICA La violencia política es otro factor de enfrentamiento radical entre grupos que se arman para acceder al poder y le declaran la guerra al Estado y a su clase dirigente. Esta forma de acción tiene en Colombia los antecedentes de la vio lencia liberal-conservadora. Luego se expresó en guerrillas de orientación marxista con clara ideología de izquierda. En las tres últimas décadas llevó al fortalecimiento de las FARC y al surgimiento del ELN, el EPL, el M-19 y otros grupos que han puesto una cuota considerable de muertos, unas veces en actos típicos de guerra y de enfrentamiento con las fuerzas militares y de policía y otras recurriendo a actos de terrorismo e intimidación. Desafortunadamente para la propia suerte de sus inspiradores, esa violencia tuvo una respuesta también vio -lenta de grupos paramilitares que decidieron hacer justicia por sus propias manos. Esta lucha irracional ha hecho víctimas a poblaciones enteras, incluso sometidas al asesinato colectivo e indiscriminado, y determinó el surgimien-to de agrupaciones tenebrosas como el MAS y Muerte a Revolucionarios del Nordeste Antio queño, que con tal de eliminar a los "comunistas" no reparan en ancianos, mujeres y niños. Si los grupos de inspiración izquierdista sur gieron como respuesta a la violencia terrate-niente y del Estado, hoy los terratenientes, los "nuevos ricos" y otros sectores intransigentes armaron sus mercenarios y responden con su propia violencia. Cuando García Márquez se preguntó ¿en qué país morimos?, prologando el libro Colombia y otras sangres, recuerda que el

autor habla de los cadáveres que bajan por el río Magdalena, ya descompuestos, y que "en una aldea fueron exterminados todos los hombres',', que "sus viudas con los niños pasan las noches en los montes vecinos desvelados por el terror..." El Nobel expresa su asombro sobre la forma como "un campesino que logró escapar de una matanza empezó su relato con una frase que barrió de un solo trazo a muchos años de literatura tremenda: `los muertos fuimos cinco' "109. ¿Será el realismo mágico del novelista? ¿Es la realidad que se vive en nuestro país? EL MONOPOLIO DE LAS ARMAS Tanto en el presente como en el pasado, el go bierno ha formulado propuestas de paz y de diálogo que no encuentran eco. Unas veces se considera que no son viables por no reconocer antagonistas; otras porque suponen a la guerrilla políticamente derrotada o, en últimas, porque se cree frustrada la capacidad de transformación de las bases objetivas de la violencia. Aquí es conveniente reconocer que la última propuesta de paz del Gobierno Barco generó una positiva expectativa, cuando ya todo se consideraba perdido, al replantear un procedimiento político. Hay quienes las juzgan ingenuas, no sólo porque no hay recursos económicos suficientes para el Plan de Rehabilitación y para resolver los problemas del empleo, la salud y la educación, sino porque se considera que previamente se debe derrotar al contendor político.

109 Ver, Germán Santamaría, Colombia y otras sangres, Edit. Planeta, Bogotá, 1987.


No cabe la menor duda de que — la paz también la pueden imponer o conquistar quienes no están en la guerra", pues "a la violencia de hoy sólo se la puede superar a partir de un proyecto democratizador de la sociedad"110 y de una voluntad política de la clase dirigente para transformar radicalmente el país. Hoy la lucha por la paz, como hace siete años con Alfonso López ("La paz es liberal"), o hace tres lustros con Álvaro Gómez ("Álvaro es la paz"), no puede ser una simple consigna retórica, o un señuelo seductor. Tampoco podemos hablar de un gran propósito nacional preparándonos para la guerra y justificando la "combinación de todas las formas de lucha". Si de veras queremos la reconciliación nacional y el diálogo como compromiso histórico no bastan las cartas y pronunciamientos reiterados sobre las bondades de la paz. Ello como lo expresó Bernardo Jaramillo dirigente de UP en el Foro de Ibagué implica que el movimiento insurgente dé pasos precisos y serios para aclimatar el ambiente de diálogo. "Nosotros estamos convencidos de que la continuación de los atentados terroristas a oleoductos, a las torres de energía y a los centros de producción del país no contribuyen para nada al ánimo de paz de los colombianos. Estamos convencidos de que el secuestro y la extorsión no son mecanismos de lucha política, ni aquí ni en ninguno de los países de América Latina donde se está librando un conflicto armado"111. Pero este es un compromiso que debe involucrar no sólo a los protagonistas de

110 Ver, Revista Análisis Político, No. 5, septiembre-diciembre de 1988, pp. 97-103. 111 El Tiempo, "Perestroika en la UP", 28 de febrero/89, p. 5A.

la guerra, sino a los partidos poli ticos y a las fuerzas vivas de la nación, proceso que no es posible ni viable en el corto plazo. Es preciso que las Fuerzas Armadas y de Policía se comprometan efectivamente a garantizar la honra, vida y bienes de todos los ciudadanos dando una lucha frontal al paramilitarismo, exacerbado en los últimos años, y también reconocer que sólo el Estado legítimamente constituido debe monopolizar el ejercicio de las armas. Como universitarios nos corresponde formar una juventud que no sólo se limite a recibir unos conocimientos científicos, técnicos, pragmáticos, actualizados, es decir, instruida, sino formar hombres con carácter y valores éticos que se realicen como personas integrales, útiles a la sociedad, aptas para la convivencia. Necesitamos formar un elenco de cuadros científicos y técnicos comprometidos con su nación, con su pueblo y con los cambios de fondo que se deben operar en nuestra estructura socioeconómica y política. Unos jóvenes capacitados y humanizados que conozcan su entorno social, su historia, su cultura y al mismo tiempo puedan asumir los retos que imponen los tiempos modernos. Una educación para la democracia y la convivencia que debe iniciarse en la escuela y continuar en el colegio y en la universidad; que no se quede en la transmisión pasiva de conocimientos en ciencias, artes y tecnologías para un hombre deshumanizado, pobre en metas y carente de ideales. "... Un hombre sin libertad, aunque ese hombre pueda vociferar y echar piedra y amenazar con su acción los basamentos mismos de la empresa donde trabaja y de la sociedad contra la cual conspira. Sin libertad, porque la libertad implica la elección racional y ponderada de metas y caminos.


Y si damos Ciencia y Tecnología a hombres deshumanizados, tendremos como consecuencia una Ciencia y una Tecnología también deshumanizadas. Y a la larga tendremos el mundo que hoy vemos levantarse con horror, con angustia y con asombro"112. Un mundo violento y anarquizado.

112 Ver, Eduardo Santa , La crisis del humanismo, Edit. Tercer Mundo, Bogotá, 1988, pp. 76-77.

Coyuntura Sigamos hablando de la Universidad Nacional

SIGAMOS HABLANDO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL*

Salomón Kalmanovitz** Partimos de la aseveración de Melo y Ramírez Tobón113 de que la Universidad Nacional está en transición: se mueve de ser una institución centrada en trasmitir las profesiones a otra organizada a partir del desarrollo del conocimiento y de los posgrados. Quiero insistir, sin embargo, en las dificultades que lega el mode lo anterior de la universidad, la burocratización de parte de su profesorado y el endogenismo con que se ha reproducido; este último ha con-tribuido a reafirmar ciertas taras pedagógicas y a aislar a la universidad de su entorno nacional e internacional. EL PROFESIONALISMO Y LA M EDIOCRIDAD Una autojustificación oída frecuentemente en el claustro es la de que la universidad se corresponde con el país. Como la industria es dependiente y no crea tecnología, el gobierno no interviene en el desarrollo de las fuerzas productivas, y su burocracia es enganchada con base en clientelas o por mandato patrimonial expreso (lo que

* Muchas de las ideas aquí expuestas surgieron dentro de una Comisión sobre la dinámica interna de la Universidad, organizada por la vicerrectoría académica de la Universidad Nacional para hacer propuestas a la comunidad universitaria. Sin embargo, yo me hago responsable por lo aquí escrito. ** Profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia. 113 Jorge Orlando Melo, William Ramírez Tobón, "Hablemos de la Universidad Nacional", Análisis Político, No. 5, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1988.

explicaría el éxito de los egresados de algunas universidades confesio nales), las exigencias son las de unos profesio nales mediocres y sometidos a las estructuras del poder y eso es justamente lo que hace el sistema universitario, incluida la Nacional. Afortunadamente la universidad, y en particular la Nacional, no es ningún calco social y más bien tiende a anticipar y a proyectar los cambios que se gestan en la sociedad. La relativa autonomía de que disfruta, el hecho de que converjan en ella intelectuales y productores de cultura, de que profesionales creativos tengan oportunidad de experimentar y comunicar sus hallazgos, permite y debe impulsar que ella se aparte y siente pautas para un desarrollo más amplio de la cultura, la técnica y las profesiones. Es evidente que la universidad basada en la transmisión de las profesiones, y cuyo currículo es resultado de un mercado imaginado por profesores que no participan en él, está condenada a quedarse rezagada frente a los cambios técnicos y las necesidades de ese mercado. No es cierto tampoco que, el mercado sea de mediocres: las exigencias sociales se han hecho cada vez más cualificadas, en la medida en que la división del trabajo nacional se hace más compleja, lo que sucede con el simple fenómeno de la acelerada urbanización que hemos vivido en los últimos 40 años, el crecimiento del Estado con sus instrumentos de planificación a todos los niveles, la diversificación industrial, el surgimiento de un fuerte sector financiero y de una multitud de nuevos servicios, en parti-cular con el surgimiento de la industria editorial y los medios de comunicación de masas. En cada una de esas áreas tiene hoy más validez que hace unos lustros el concurso


de méritos, aunque es bien cierto que el acceso alas altas posiciones gubernamentales sigue siendo patrimonial y que, para estos cargos, fue ra de la capacidad técnica del egresado, se requiere ser también de "buena familia" (caso de las universidades privadas de buena calidad). Si bien el tope de las jerarquías burocráticas permanece inaccesible para los egresados de la Nacional, se han conformado entes especializados y bastante profesionales, tanto en la burocracia pública como en la correspondiente a las grandes sociedades anónimas y los bancos, donde juegan las capacidades analíticas y de expresión de los aspirantes. En la medida en que los egresados de la Universidad Nacional vienen apropiándose de tales habilidades básicas, han mejorado sus posibilidades laborales, en particular porque el sistema privado y en especial el nocturno está muy lejos de desarro llarlas. En verdad, la Universidad Nacional es lo más próximo a una universidad que existe en el país -como bien lo señalan Melo y Ramírez Tobón- pues es el único lugar que cuenta con profesores de tiempo completo, la mayor parte de los cuales tiene detrás estudios de posgrado, y sobre todo con un buen número de inves-tigadores que publican sus hallazgos en todos los campos, desde la física, la química y las matemáticas, pasando por la biología y la genética, hasta las artes, la literatura y las ciencias sociales. El problema que plantea la transición aludida es que estos sectores de la uni-versidad establezcan una hegemonía, que no han logrado afirmar por completo hasta el momento, frente a la administración y a sectores que se contentan con trasmitir las profesiones.

LA AUTONOMÍA ACADÉMICA Hemos hablado de una distancia necesaria entre universidad y sociedad. La institución, preocupada por adecuarse a las necesidades de un mercado imaginado, ha perdido la capacidad de formar profesionales creativos, dotados de las habilidades de aprender rápidamente las tareas específicas que le pueden corresponder en la división del trabajo dentro de su profesión. Allí valen más las habilidades de lectura compleja, escritura, globalización y anticipación de consecuencias que las innumerables y sencillas técnicas que se despliegan en el trabajo. Si el currículo pretende cubrir todas las funciones descompuestas de cada profesión se dispersará irremediablemente y no formará a un individuo inteligente, con grandes capaci-dades de aprendizaje y adecuación a cualquier medio, sino a un ser inseguro que cree que el trabajo es una aplicación de lo que memorizó en la universidad. Por ello sorprende que bue na parte de los currículos existentes en la universidad se encuentren todavía sobrecargados de materias, S y 9 por semestre, que intentan replicar la imaginaria lista de tareas que van a encontrar los egresados en el taller o en la oficina. De esta manera, no es posible desarrollar a fondo los procesos de lectura intensiva y de escritura, ni presentar los enfoques divergentes que exige una buena comprensión de una temática técnica o científica, ni desarrollar las habilidades lógicas, de análisis y síntesis que serán el mejor patrimonio de los mismos egresados. Tal concepción, que es estrechamente funcionalista, contribuye a atomizar el conocimiento, no presta las herramientas necesarias para apropiarlo y deja sin sentido y sin meta la orientación pedagógica. A partir de ella, pue den


parecer permisibles tasas de deserción del 70% y más que obedecen a metas bien difíciles y que aun en el caso del 30% que se gradúan no ha formado un buen profesional (gran lector, buen escritor, con capacidades analíticas, capaz de aplicar el-diseño, de formalizar mate-máticamente, etc.). Se puede creer así que se está muy cerca del mercado y sin embargo se está más lejos de él que nunca y, en el proceso, se ha malformado a los egresados, eliminando a la absoluta mayoría de aspirantes. La universidad centrada en el desarrollo del conocimiento tiene que asumir una mayor dis tancia entre ella y el mercado, entre ella y la sociedad. Si, esto es así, los investigadores de cada área se van convirtiendo en los guías de la profesión en varios sentidos: van proveyendo, a través de sus publicaciones, nuevas herra-mientas de análisis para aplicarlas en multitud de campos profesionales y jerarquizando los problemas que enfrenta la profesión, mientras que sus incursiones teóricas y aplicadas van revelando cuál es el mejor currículo dentro de la universidad para desarrollar las habilidades de los estudiantes114. Existe una falsa dicotomía en un amplio sector del profesorado y de la administración de la universidad que concibe la profesión radicalmente separada de la 'investigación. Según ellos, el pregrado debe ser profesionalista y el posgrado investigativo. Lo cierto es que las habilidades del investigador se desarrollan en un proceso largo que no sólo incluye el pregrado sino también los

114 Antanas Mockus, "La misión de la universidad", Planteamientos y reflexiones alrededor del currículo en la educación superior, Icfes, Bogotá, 1987.

antecedentes hasta familiares del estudiante. Si en el pregrado no se desarrollan las habilidades de lectura comple ja y escritura o la del dominio de un segundo idio ma, ¿cómo va a ser posible desarrollarlos en un magíster de dos años? O ¿por qué no se concibe como indispensable que todo profesional tenga ciertas capacidades investigativas que precisamente van a garantizar su mejor desempeño en el mercado de trabajo? Y ¿qué sucede cuando en la práctica una de las tareas importantes del posgrado resulta ser remediar los malos pregrados? LOS POSGRADOS DE NUEVO Problemas como los anteriores simplemente se evaden, no se admiten. Se insiste en que el posgrado no puede ser remedial pero no se valora que es una función progresiva y que no impide que algunos de los que "lavan" sus títulos se inicien en ciertos campos de la investi-gación. Al revés, se insiste en que el posgrado debe ser investigativo, pero tales programas no se inician al lado de institutos de investigación con grandes proyectos de largo plazo en curso; cuando se toma conciencia de que los aspirantes al título superior no alcanzan en su mayoría a elaborar sus tesis de magíster, hay lamentos y rasgar de vestiduras. Muchos de los posgrados se inician entonces con muy pocos estudiantes, no se abren las inscripciones de nuevo hasta que éstos se hayan graduado (todavía menos lo logran) y no se miden los costos en que se está incurriendo ni las posibi-lidades de ampliar mucho más la influencia de este tipo de formaciones. Podría argumentarse incluso que un mayor número de ingresos permitiría una selección más adecuada de aquellos que tienen vocación y capacidad para elaborar las tesis. Al resto, si completan sus


asignaturas, se les puede otorgar un título de especialistas. Tendríamos así una pirámide con una base ancha de especiali-zaciones, cuyos mejores estudiantes conformarían la sección media de las maestrías y de nuevo un proceso de selección que conformaría un grupo más pequeño de aspirantes a doctorados. La conclusión es que los currículos deben ser orientados, tanto en el pregrado como en el posgrado, por los investigadores asociados con las profesiones en cuestión y que las habilidades exigidas para apropiar y aplicar el conocimiento deben ser desarrolladas sistemáticamente desde el mismo inicio de las carreras. Asimismo que los posgrados no se alimentan solamente de docencia; más vale fundar prime ro los institutos de investigación que garanticen pasantías y apoyos efectivos para los estudiantes, incluyendo a los de pregrado que pretendan hacer buenas monografías, y después organizar los estudios de posgrado. Una vez que los centros de investigación estén en marcha, se facilita considerablemente saltar a organizar el nivel de doctorado. La universidad comienza a presenciar un debate ineficaz sobre los presuntos malos efectos que van a tener los posgrados sobre los estudios profesionales con el argumento de que les sustraerá recursos y conducirán a un atrofiamiento de los segundos. Lo que debe suceder es lo contrario, para lo cual deben engranarse los posgrados a los pregrados en diversas formas: dar acceso al título profesional a los mejores estudiantes de último año del pregrado, de tomar un semestre de cursos en el posgrado que reemplace a la monografía de grado, y procurar que prosigan sus estudios en el posgrado (la experiencia de economía en este sentido es aleccionadora porque los estudiantes que venían del pregrado se dedican de

tiempo completo al posgrado y con ellos se ha podido jalo nar el nivel académico de los de medio tiempo); mantener la rotación de los profesores entre los dos niveles para que lleven e introduzcan te-mas de frontera en el nivel inferior; facilitar el acceso de profesores de la universidad sin títulos superiores a tales programas, en particular a los que se desempeñan en áreas asociadas y aun lejanas, para facilitar el desarrollo de la multidisciplinariedad y diseminar los métodos pedagógicos de lectura intensiva, escritura y formalización compleja dentro de los estudios profesionales; fomentar en especial la formación de los profesores de las universidades de provincia, etc. Los posgrados y sobre todo la investigación, en fin de cuentas, propiciarán un gran salto hacia adelante de toda la universidad y conducirán necesariamente a formar mejores profesionales, no sólo en la Universidad Nacional sino también en todo el sistema educativo del país. EL PREDOMINIO DE LO ACADÉMICO Como ciertas habilidades básicas son compartidas por todas las profesiones -hablo del dominio del español, de un segundo idioma, lógica matemática, historia de las ciencias, problemas de la sociedad colombiana, proble mas de la modernidad, problemas de la comu-nicación y los signos-, es posible y necesario que el primer año de labores sea unificado según grandes áreas:. 1. artes, ciencias humanas, derecho y económicas; 2. Ingenie rías y ciencias; y 3. Biología, enfermería, medicina y odontología. Grandes cursos magistrales, bajo la conducción de un profesor titular, con conferencistas invitados y con profesores asistentes e instructores que desarrollen talleres intensivos con grupos más pequeños, servirán de escenarios-foros en


los que se discutan los grandes problemas de la sociedad, la cultura y las ciencias, con ayuda del cine, del vídeo y del teatro. Ello permitiría crear una verdadera atmósfera intelectual y universitaria que por lo menos contribuiría a que los estudiantes evaluaran mejor sus vocaciones y aspiraciones para decidir después de ese año en qué profesión se quieren inscribir. Pero lo que es más importante es que tal atmósfera conduciría a una unión del interés y la disciplina, a una generalización del discurso racional y tolerante, a una verda-dera integración multidisciplinaria y a que todos los estudiantes conciban la universidad como un ámbito para el desarrollo del conocimiento y la cultura, en donde la profesión es un importante subproducto de esa vocación. Lo anterior choca irremediablemente con la estructura de una universidad organizada para trasmitir las profesiones y para hacer exclusivamente docencia departamentalizada en pequeños feudos con pocos contactos con el resto de la universidad o con el exterior, guarda para cada feudo los destellos de sus mejores investigadores, detrás de multitud de prerrequisitos. A los profesores con problemas docentes en el propio departamento se les envía a dictar pésimos servicios al resto de departa-mentos, los que se conforman porque pretenden adecuar las ciencias auxiliares que introducen en sus currículos a sus presuntas necesidades profesionales. Tales servicios son in terpretados correctamente por los estudiantes como "costuras", o sea, ciencias prostituidas, sin ningún nivel de exigencia. En el departamento mismo, profesores burocratizados y rutinizados hacen memorizar a sus estudiantes amarillas notas de clase y un viejo texto, sin

recurrir a las bibliografías de libros y revistas que señalan las fronteras de su tema y sin estimular a sus estudiantes a que indaguen y escriban. Recientemente se ha dado a conocer un escalo friante balance sobre la suerte de la Biblioteca de la Universidad Nacional, abandonada a su suerte por varios lustros. La imagen que utilizan los miembros de la comisión es que la universidad debe estar constituida por unos estudiosos que viven alrededor de una biblioteca, pero en la universidad prácticamente no hay biblioteca; se la ha dejado simplemente morir115. Se puede preguntar: ¿por qué no ha existido una presión interna, hasta ahora, para que se remedie esta situación? Y no es necesa rio volver a insistir en la trillada justificación de que lo que pasa es que no hay presupuesto, pues éste ha aumentado en términos reales y en buena forma durante el último lustro. Creo que, por lo menos en parte, la causa recae en la universidad centrada en las profesiones, en los currículos recargados de clases y trasmitidos casi que verbalmente, en la evaluación centrada en el examen parcial y no en la lectura intensiva y que no presiona la búsqueda de teorías, fuentes y aplicaciones, o sea, el uso cons tante de la biblioteca. Si los profesores no se actualizan, ¿cómo va a estar actualizada la biblioteca? La imagen de la universidad actual, que podría ser peor, es la de unos individuos que giran alrededor de varias fotocopiadoras. ADMINISTRACIÓN Y BUROCRATIZACIÓN La universidad es parte del sistema político nacional cuyas burocracias se

115 Paul Bromberg, Alonso Takahashi, Darío Mesa, ""Informe de la Comisión de Biblioteca de la Universidad Nacional", Bogotá ,1988.


mueven más por las leyes derivadas de la estructura patrimonial (despótica) y clientelista (no muy racional) que por las reglas, coherentes y pragmáticas, escritas y que se ejecutan por consenso y responsabilidad individual, de los miembros de esa burocracia. La Universidad Nacional alcanza a ser un modelo intermedio entre burocracia na-cional y burocracia racional, y hay que tener mucha conciencia de la necesidad de que se desarrolle a través de la segunda alternativa; se puede incluso afirmar que una condición necesaria para su desarrollo es que escape a las fuerzas inerciales que gobiernan las burocracias públicas en el país. Lo anterior afecta a los canales de ascenso que rigen en la Universidad Nacional. Siendo la carrera docente pobre en beneficios pecuniarios y en status social, las avenidas de promoción están constituidas por la administración de la docencia cuyo pináculo puede llegar a ser la rectoría. Las exigencias para ejercer la administración no son poseer dotes organizativas sino tener cierta, habilidad para mantener contacto con el poder político exterior, alimentar clientelas tácitas y mediar entre grupos en conflicto. Mientras más encerrado está el departa-mento en sí mismo, mientras más lejos está de un público ilustrado o de contratos de investigación y asesoría, más encarnizadas son sus pugnas internas. Por el contrario, aquella s dependencias de la universidad más orientadas hacia la investigación y la publicación de sus resultados, las que han constituido un público especializado o más general para sus trabajos, alcanzan una administración que impulsa su desarrollo y se pone al servicio de su investigación y docencia. En aquellas partes de la universidad encerradas en las, profesiones y donde

tienen poco peso la investigación y la publicación de sus resultados, la reanudación de contratos, las promociones académicas, los puntajes percibidos por publicaciones, frecuentemente de no muy buena calidad, dependen de relaciones amistosas, camaradería y contraprestaciones. En esas partes de la universidad, existen pro-fesores con publicaciones de excelente calidad que evaden ser juzgados por colegas sin calificación y se mantienen sin promocionarse. Afortunadamente, y esto se debe a que la Universidad Nacional siempre ha sido dinamizada por el intelecto, es frecuente que en muchas de las dependencias de ella sean nombradas personas meritorias académicamente para ocupar posiciones administrativas, desde las cuales impulsan concepciones más liberales y ecuánimes para orientar la marcha de la universidad. En las grandes universidades del mundo el lema que orienta toda la carrera académica es "investigue, publique o muera"... En la Universidad Nacional hasta hace 4 ó 5 años, el lema bien podría haber sido "publique y muera", pero los cambios del estatuto que adjudican puntos para las publicaciones y trabajos elaborados son un elemento diferenciador de sala rios muy positivo que, de todas maneras, como insinuaba arriba, puede ser interpretado por la administración con criterios bastante laxos y discriminatorios. Además ha sido frecuente el enfrentamiento entre investigador y adminis tración. Si se cuenta ahora con incentivos positivos para el avance de las investigaciones y publicaciones, faltan todavía los incentivos punitivos. Los sueldos de la universidad son malos, "sueldos de misioneros" los llama Clara


Gómez, y obligan a la piratería, como bien lo observan Melo y Ramírez Tobón, pero algo que es verdaderamente incomprensible es que de la administración y grupos de profesores surjan limitaciones para los complementos que se puedan ganar los profesores por investigacio nes y asesorías. En vez de establecer un salario mínimo, ellos imponen un "salario máximo", lo cual impide que muchos investigadores puedan hacer una piratería interna, que así dejaría de serlo, y permitiría una integración de sus labores dentro de la universidad y además con unos ingresos justos. No sólo eso, sino que el investigador podría traer financiamiento externo de largo plazo para sus propios proyectos de corte bien académico, sin tener que depender de la oferta gubernamental que es por contratos de muy corto plazo, bajo precio y que usualmente no generan un subproducto académico apreciable. Pero atraer investigadores que han hecho carrera fuera de la universidad es otro problema mayor que riñe absolutamente con un estatuto docente que define a la Nacional como provincia independiente y donde el profesor titular sólo se hace aquí y en ninguna otra parte. Lo anterior es expresión de nuevo de la universidad para la profesión y la docencia y no para desarrollar el conocimiento, en la que impera el mezquino principio de la antigüedad y no el del mérito. Se niega, además, el principio de la universalidad de la ciencia, el universitas, o sea que mientras rija ese estatuto no llamemos a la Nacional universidad porque en su esencia no lo es. ¿Cómo pretender que la universidad sea la congregación de las mejores mentes del país, para no hablar de las del mundo, si cada investigador debe cumplir con una antigüedad intraducible en otra institución y debe

pagar una penitencia para vincularse que nada tiene que ver con su obra y su trayectoria? Otra causa del provincialismo es el endogenismo que mencionaba al comienzo de este artículo. Si no se es egresado de la Universidad Nacional es difícil vincularse a ella y quien lo logra sigue siendo discriminado. Pareciera que la Facultad es una logia que defiende aprendizajes de dolor y militancia gremial, académica y política, como sello de identidad. Si eso es así, tampoco debiéramos llamar a nuestra universidad Nacional porque no es accesible a todos los ciudadanos que han hecho méritos académicos e investigativos sino sólo a aquellos que han pasado primero que todo por sus aulas y después por su tortuosa carrera docente. Y con el endogenismo sucede lo mismo que pasa con las familias que se casan entre ellas mismas, que van reafirmando taras genéticas y se cierran frente a la diversidad y la universalidad. Quizás el nombre que le corresponde a la Universidad Nacional, mientras sale de la transición en que se encuentra, deba ser el de Instituto Superior de la Parroquia de Santa Fe de Bogotá. Cuando algún profesional sabe que uno es profesor de la universidad le hace la peculiar observación de que "está prestando un servicio", sabiendo de los bajos sueldos y riesgos que devengamos y enfrentamos. Creo que debemos liquidar esa mentalidad y afirmar nuestra profesión de académicos como una de las que se ejerce con mayor libertad y creatividad, sobre una base de independencia impensable en cualquier otra región social, y que asimismo debe devengar salarios de los más altos de la nación, puesto que tiene una productividad social muy alta que


frecuentemente se traduce también en una ganancia de productividad medida por el mercado o por la demanda efec tiva. ¿Qué precio puede tener la vacuna contra la malaria del doctor Patarroyo?, o ¿qué beneficios pueden derivarse de la ingeniería genética que hace el profesor Yunis?, o ¿qué aplicacio nes se encontrarán para los experimentos en superconductividad que adelantan los físicos de la universidad? O ¿qué valor tienen el estudio sobre la violencia o el que se elaboró sobre La Macarena, o aquel que trasparentó las relaciones entre gobierno y Federación de Cafeteros? Todo ello es inconmensurable y al mismo tiempo incompatible con los salarios que paga la Nacional. La universidad para el conocimiento se perfila hacia el futuro como una en la que los profesores que investigan, publican y asesoran, y obtienen ingresos bastante altos mientras el resto sobreagua en la insuficiencia, a pesar de los esfuerzos de estos últimos para que todos duerman en el suelo. Pero es posible también que en la medida en que la universidad de-muestre sus potencialidades como fuente de enriquecimiento no estrictamente pecuniario, también, obtendrá por derecho propio mayores presupuestos y se ganará su dignidad salarial. UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD Las relaciones entre universidad y sociedad no dejan de ser ambiguas. Algunos docentes e investigadores utilizan la universidad y su carrera administrativa para dar saltos bastante altos hacia la burocracia pública, la del sector privado o la de instituciones internacionales, pero la universidad no los penaliza por haber perdido su postura

académica, de objetividad e independencia. Así como no existe en la sociedad colombiana ningún equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y el cuarto poder o sea el periodismo, pues el primero subordina al resto y traspasa personal sin contemplación alguna de autonomía o función legisladora, judicial, informativa o fiscalizadora, así también la universidad está al servicio del gobierno y su personal entra en él con licencias sin término que comprimen los pocos puntos disponibles para contratar sus sustitutos. En vía inversa, y como rezago de la vieja universidad colombiana, magistrados o altos funcionarios dic tan su clasecita en la universidad. No existe así, en la práctica corriente, el asomo de una defensa de la autonomía universitaria ni del rigor objetivo que exige la esfera académica como tal. A diferencia de la nuestra, la universidad anglosajona obliga a renunciar al profesor que va a trabajar con el gobierno o un gremio económico, porque ha perdido su independencia de juicio frente a la sociedad. En ambos casos se pone al servicio del gobierno o de un interés particular y no al servicio de la verdad. No sucede lo mismo cuando el Estado o algún sec tor particular contrata una investigación con la universidad, a la cual se le busca precisamente porque se requiere credibilidad para solucionar un problema o iluminarlo desde un- ángulo imparcial, y que lo trabajará con ese criterio de búsqueda de la verdad, aunque deba hacer compromisos con ella cuando enfrenta tales intereses. La relación más estrecha entre gobierno y universidad, en la medida en que el primero ha contratado investigaciones y asesorías, muchas de las cuales giran


alrededor de intereses políticos y gremiales bastante conflictivos, va reve-lando las posibilidades de sobrevivencia de la universidad en una sociedad asimismo en extremo conflictiva. Se recurre a la opinión académica para que analice, desde tierra de nadie, problemas como la violencia o la colonización, o tercie entre intereses gremiales y estatales. Se descubre que, a pesar de su historia y de sus enemigos, la universidad tiene, o mejor, nunca dejó de tener una alta credib ilidad, precisamente porque el sistema académico privado nunca pudo pensar la sociedad, la historia, la política, la economía y las ciencias desde una posición objetiva ni contó con las herra-mientas o el personal calificado para poder hacerlo. La seudouniversidad que ha sido forjada por las libres fuerzas del mercado está a años luz de cumplir las funciones que viene asumiendo la Universidad Nacional. Si sus pregrados no alcanzan a desarrollar las habilidades de lectura simple de sus clientes, algo similar ocurre con la mayoría de los posgrados de las universidades privadas y confesionales que son también de tiempo parcial; en ellos se trasmite con borrador y tiza un conocimiento dudoso y atra sado en el mejor de los casos, sus profesores viajan en buseta o en Renault 4 de garaje en garaje disfrazados de aulas, a las que asisten estudiantes sometidos a "horarios extremos" de oficina y colegio, con pobres bibliotecas, si es que existen, y sin posibilidad de desarrollar las áreas que exigen laboratorios y equipos116. Su efecto sobre el mercado de trabajo ha sido

116 Jorge Orlando Melo, "Crecimiento y expansión de la educación superior en Colombia: una feria de ilusiones", Lecturas de Economía, No. 16, Universidad de Antioquia, Medellín, enero-abril de 1985.

el de saturarlo con personal de baja calidad y producir una "inflación de títulos" (la expresión es del profesor Rubén Jaramillo), detrás de los cuales no existe mayor desarrollo cultural, profesional y mucho menos científico117. Frente a esta inocultable crisis del sistema privado y al protagonismo adquirido recientemente en los campos aludidos, la Universidad Nacional va reasumiendo su papel de dirigente cultural y científico del país, y de juez de ins tancia indefinida -recuérdese en los sesenta el papel cumplido por el libro La violencia en Colombia-, una especie de ombudsman, papel en el que puede y debe buscar la verdad pero que al mismo tiempo la obliga a ciertos compromisos: no puede decir toda la verdad, no puede actuar de denunciante y debe apartarse de las partes en conflicto. En los últimos tiempos la Universidad Nacional se ha despolitizado, tanto en sus instancias profesorales como estudiantiles, lo cual crea por abajo esa actitud pasiva y desesperanzada que permite el surgimiento de grupos de ac-ción atrevida pero sin estrategia, de grupos religiosos y de algunos anarquistas. Los pocos movimientos generales que se han logrado formar en la universidad en los últimos tres años, en difícil y desigual lucha con la anarquía y la represión externa, han vuelto a demostrar, sin embargo, que la mayoría estudiantil se orienta por metas pacifistas y de defensa de la vida. La proliferación de revistas estudiantiles, cine clubes y grupos de estudio expresa las necesidades que sienten por desarrollarse culturalmen- 117 Para un ejemplo de dos de las profesiones más saturadas véase Hugo López, "¿Por qué la superproducción de administradores y economistas en Colombia?", Lecturas de Eco-nomía, No. 15, Universidad de Antioquia, Medellín, septiembre -diciembre de 1984.


te. Una renovación académica en el sentido planteado anteriormente les facilitará a ellos tal desarrollo. Dentro del profesorado, el sector activista de antaño se ha volcado hacia metas académicas mientras que persiste la división orga nizativa en el resto, ambos sectores defendiendo a su manera y en forma ineficaz estrechos intereses gremiales. Se puede concluir así que la vinculación con ciertos proyectos del gobierno, en los cuales se ha mantenido la suficiente autonomía académica, ha permitido desatar fuerzas internas de la universidad que hasta el momento estaban represadas, tanto en el frente estudiantil como en el profesoral. El efecto interno de esta posición de la universidad en la sociedad es resaltar de nuevo el papel que tienen los académicos que saltan a la palestra pública en el sentido más amplio del término y alcanzan un alto grado de exposición, lo cual no debe impedir que los profesores de las profesiones, ciencias y técnicas, que desempeñan un papel más discreto en la sociedad, busquen sus públicos más especializados en las comunidades de profesionales, ingenie ros, médicos, contadores, abogados, etc., que refuercen o funden publicaciones y procuren guiarlos hacia adelante, para imbricarse de esta manera dentro de la sociedad civil y hacer de la universidad una realidad inexpugnable y una necesidad para los sectores educados del país. Los impactos que la universidad tenga sobre la producción, el cambio técnico, la educación y la cultura en sus varios niveles, la salud y el derecho, le garantizarán una influencia todavía mayor, pero ahora ejercida sobre toda la sociedad.

Coyuntura De las guerras constitucionales en Colombia…

DE LAS GUERRAS CONSTITUCIONALES EN

COLOMBIA, CAPITULO LXVIII* Un informe sobre la reforma Barco

Hernando Valencia Villa** Me apresto a una obra rica en casos des-venturados, atroz por las luchas, dramática por las sediciones y cruel aún en la paz. Tácito, Historias INTRODUCCIÓN Hay un constitucionalismo de guerra y un constitucionalismo de paz o, si se prefiere, un cons titucionalismo de conflicto y un constitucionalismo de consenso. Mientras el primero privilegia los remedios autoritarios o heroicos para los males sociales y suele encontrarse en los regímenes republicanos de carácter minoritario o en emergencia permanente, el segundo acentúa las fórmulas de convergencia o transacción entre las fuerzas políticas y corresponde casi siempre a sistemas democráticos fun-cionales o con alta legitimidad. El uno sanciona un arreglo político y económico entre los acto res sociales que no satisface las necesidades y aspiraciones de las mayorías nacionales; el otro se funda en un esquema de asignación y utilización de recursos que recibe de manera inequívoca el consentimiento popular. Esta distinción no ignora, por supuesto, que todo consti-tucionalismo combina el conflicto y el

* Este ensayo es el producto de una investigación documental sobre el debate constitucional de 1988, que se benefició con un auxilio financiero de la Fundación Friedrich Ebert de Co lombia (FESCOL) y con la asistencia investigativa de Alejan dro Aponte Cardona. ** Abogado. Investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.

consenso, la guerra y la paz, en la medida en que se trata de un discurso normativo cuya función no es otra que codificar, en el lenguaje ritual del derecho público, la compleja red de relaciones políticas, económicas y culturales que unen y separan a los sujetos sociales. En tal virtud, la retórica constitucional mezcla inmanencia y trascendencia puesto que traduce el mapa político de la sociedad y al mismo tiempo lo encuadra en una racionalidad finalista, en una teleología que tiene tanto de estrategia cuanto de ortopedia. Dicho de otro modo, al convertir las relaciones sociales en instituciones estatales y las realidades políticas en normas fundamenta les, el constitucionalismo no hace más que ex-presar lo que es, transfiriéndolo a otro nivel de realidad, al universo simbólico del discurso jurídico, en el cual prevalece lo que debe ser; pero en este mismo proceso se impone un cierto orden a la dinámica social, se circunscribe la acción colectiva dentro de un espacio imagina-rio, un terreno estratégico de enfrentamiento y reconocimiento cuyas reglas y fronteras no pueden ser transgredidas o desconocidas sin que el juego social pierda sentido o validez tenida cuenta de esta su ambigüedad esencial, el constitucionalismo oscila entre las tecnólogas políticas del consenso y del conflicto, pero as instituciones, normas y autoridades por él instauradas se inclinan en últimas hacia uno de os extremos, según sea el grado de encuentro o desencuentro entre el Estado y la sociedad civil118. Desde su independencia política, cuando se organiza como Estado nacio nal bajo la

118 Véase H. Valencia Villa, El Anticonstitucional, Ediciones Uniandes, Bogotá, 1981, pp. 23 y 24, y Cartas de batalla, Universidad Nacional/CEREC, Bogotá, 1987, pp. 19 a 51.


forma de una república centralista, presidencialista y confesional, Colombia siempre ha tenido un constitucionalismo de guerra. Y no sólo porque la construcción nacional se ha caracterizado, según la célebre fórmula de John Locke 119, por una reiterada apelación al cielo, por una pertinaz recurrencia a la conspiración e insurrección armadas como medios privilegiados de acción política, sino también porque las constitucio nes y sus reformas han sido y continúan siendo esgrimidas como armas en la incesante batalla entre los partidos tradicionales y sus disidencias, entre el capital y el trabajo, entre la izquierda y la derecha, entre el Estado y la sociedad civil. Tanto las quince constituciones na-cionales del siglo XIX cuanto las sesenta y siete enmiendas constitucionales del siglo XX deben ser vistas entonces como formando un conflicto civil interminable, la guerra del país contra sí mismo. A partir de la ruptura del vínculo colo nial con la metrópoli española, que se resuelve en la fundación del Estado antes de la nación y sin la nación merced a la conjunción estratégica del autoritarismo bolivariano y el legalismo santanderista, las constituciones decimonónicas batallan unas contra otras y a través suyo Colombia batalla contra su pueblo en la búsqueda quimérica de la ley fundamental perfec ta. Y las reformas contemporáneas son otros tantos capítulos de la misma historia contenciosa y pugnaz, que se prolonga en una dinámica conflictiva aparentemente imbatible120. Daniel Pécaut, el lúcido colombianista francés, ha señalado recientemente el lugar central que entre nosotros ocupa la

119 J. Locke, The Second Treatise of Government, BobbsMerrill, Indianápolis, 1979, p. 14. 120 Véase H. Valencia Villa, Cartas de batalla, pp. 105 a 107 y 149.

creencia colectiva según la cual la historia nacional está condenada a una repetición eterna 121. La fascinación de este estereotipo de la historia repetitiva en-cuentra su máxima expresión en Cien años de soledad, esa genealogía paradigmática que contendría la clave del drama nacional: "La historia de la familia era un engranaje de repeticiones irreparables, una rueda giratoria que hubiera seguido dando vueltas hasta la eternidad de no haber sido por el desgaste progresivo e irremediable del eje"122. Pero si el optimismo de la voluntad debe rechazar el mito, el pesimismo de la inteligencia tiene que aceptar el hecho: en algunos aspectos decisivos, el país está atrapado en el círculo vicioso de un constitucionalismo de guerra que no da tregua y que ha hecho de la paz, de la paz democrática, el más elusivo de los bienes y el más ambicionado de los objetivos. La pregunta que se hacen muchos es si este nudo gordiano puede ser desatado mediante las artes del foro o si, por el contrario, tiene que ser cortado por la fuerza de la espada. En una tal perspectiva, las páginas siguientes ofrecen una lectura contextual del debate cons titucional de 1988 y en particular de las propuestas de enmienda de la administración Barco y de las entidades no gubernamentales u organizaciones de la sociedad civil. La primera sección evoca el proceso político que ha desembocado en la iniciativa gubernamental que se tramita actualmente en el Congreso y que es la enmienda No. 68 que se introduciría en la codificación

121 D. Pécaut, Crónica de dos décadas de política colombiana 1968-1988, Siglo XXI Editores, Bogotá, 1988, pp. 19 y 31. 122 G. García Márquez, Cien años de soledad, Ediciones Alfa guara, Madrid, 1982, p. 336.


de 1886 en poco más de cien años123, y la propuesta No. 360 que se presenta ante las Cámaras desde 1957 124. La segunda sección comenta los principales aspectos del proyecto barquista y de los proyectos más destacados de las organizaciones sociales en diez áreas estratégicas: derechos humanos, órgano legislativo, órgano ejecutivo y ley marcial, justicia, sistema electoral, régimen económico y financiero, control fiscal, régimen departamental y municipal, participación ciudadana y reforma constitucio nal. Y la tercera sección sugiere, por fin, algunas tendencias tanto previsibles como desea-bles de la política constitucional en Colombia. I. EL CONTEXTO Como en ningún otro país hispanoamericano, en Colombia se observa una obstinada adhesión de las clases dominantes y los partidos gobernantes a las formas republicanas en general y al discurso constitucional en particular. A lo largo de la evolución nacional puede advertirse, en efecto, la

123 Las sesenta y siete reformas son: dos bajo la Regeneración (1886-1902); veintisiete durante la república conservadora (1902-1930); once en la república liberal (1930-1946); tres bajo la hegemonía conservadora (1946-1953) ; ocho durante la dictadura militar (1953-1957); y dieciséis a lo largo del Frente Nacional (1957-1988). Los diez actos legislativos aprobados por la Asamblea Nacional Constituyente (ANAC) entre 1952 y 1957 fueron invalidados por el plebiscito de 1957. Y los actos legislativos No. 2 de 1977 y No. 1 de 1979 fueron declarados inexequibles por la Corte Suprema de Justicia en mayo 5 de 1978 y noviembre 3 de 1981, respectivamente. En tal virtud, hay tan solo cincuenta y cinco enmiendas válidas. Véase H. Valencia Villa, Cartas de batalla, pp. 127, 149, 150 y 171. 124 Véase C. Restrepo Piedrahita., Tres decenios de proyectos constitucionales en el Congreso de Colombia, 1957-1986, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1987, p. 17.

continuidad del constitucionalismo liberal como coartada legitimadora del régimen bipartidista en sus modalidades de gobierno de partido y gobierno de coalición. Este estado de cosas ha terminado por generar un auténtico culto del orden, que es el ethos profundo de la dirigencia bipartidista. Frente a él, como reacción obligada, la sociedad civil ha tenido de antiguo una cultura de la violencia125 dentro de la cual se hace política mediante la lucha armada en forma casi rutinaria y se recurre con metódica insistencia a la oposición conspirativa e insurreccional como única respuesta eficaz que los grupos desafectos o los sectores marginales pueden ofrecer al autoritarismo y al sectarismo del gobierno y del Estado. Así, el correlato histórico del continuismo, asegurado gracias a la modernización tradicio nalista que se imparte a través del ritual estra-tégico del reformismo normativo, ha sido y es la subversión. La crítica de las armas asume la forma de la guerra civil interpartidista desde el surgimiento de los partidos tradicionales, a mediados del siglo XIX (1847-1855), hasta la ruptura de la modernidad capitalista, cien años después (1948-1958). A partir de entonces, la violencia política se torna revolucionaria y el

125 Esta paradójica expresión no es ciertamente la más adecuada para referirse a la tradición colombiana de la violencia armada como metodología de acción política incorporada a la vida cotidiana. No se trata, por supuesto, de una civilización en sentido ético, ni de una cultura en sentido antropológico, sino de una política en sentido estratégico y táctico, de una configuración específica de las relaciones de poder, que se condena o ignora en el discurso pero que prolifera en la prác tica. Véase D. Pécaut, Orden y violencia: Colombia 1930-1953, CEREC/Siglo XXI Editores, Bogotá, 1987, Vol. II, Cap. V, pp. 487 a 569.


establecimiento liberal-conservador se ve crecientemente asediado por un movimiento guerrillero que no ha sido derrotado pero que tampoco ha conseguido derrocar al gobierno o movilizar a la población en su apoyo. Hoy, tras casi treinta años de insurgencia armada, el conflicto ha entrado en una fase de escalada y degeneración en la medida en que al enfrentamiento crónico entre Estado y guerrillas se suman ahora las guerras del narcotráfico y del paramilitarismo contra altos funcionarios, jueces, perio distas, profesores, sindicalistas, dirigentes políticos y populares, y ciudadanos inermes en general. Tales violencias apelan con intensidad cada vez mayor a la barbarie y al terrorismo, quebrantando todas las leyes y costumbres de la guerra y conduciendo el proceso político na cional a un callejón sin salida aparente. En contrapunto con esta "ascensión a los extremos", el reformismo constitucional parece estar atrapado en su propia dinámica circular, como si fuera incapaz de seguir sorteando crisis políticas o desarmando insurgencias populares mediante la ideología del reajuste institu-cional como sucedáneo del cambio social, económico y político. Porque en muchas coyunturas pasadas, como las de 1850 ó 1930, la estrategia funcionó como una exitosa "huida hacia adelante" y consiguió remozar la dominación tradicional sobre las clases subalternas, al igual que reproducir la imaginería democrática en el inconsciente colectivo. En la crisis actual, esta herramienta favorita de las élites se ha convertido en un arma de doble filo, con la cual resulta posible tanto comprar más tiempo para el sitiado régimen colombiano cuanto alimentar la insurgencia democrática que se prepara por doquier. Una tal ambigüedad del constitucionalismo

colombiano, discurso de la vieja república y a la vez discurso de la nueva demo-cracia, se pone de manifiesto por enésima ocasión en la propuesta barquista de enmienda constitucional. Tras año y medio de gestión, caracterizada por su aparente incapacidad para asumir el liderazgo político y moral de la nación, a comienzos de 1988 el gobierno de Barco se enfrenta a una auténtica crisis de gobernabilidad suscitada por la proliferación y degradación de los enfrentamientos armados y por el desbordamiento consiguiente de las instituciones y autoridades. Se propone entonces una enmienda cons titucional de corte heterodoxo que en su formulación inicial, recogida en la carta del presidente a los directores de El Espectador el 30 de enero del año pasado, consiste en que el electo-rado derogue la prohibición plebiscitaria de reformar la Carta por un procedimiento distin to del previsto en el artículo 218 y autorice así al gobierno para convocar un referéndum mediante el cual el soberano ratifique las nuevas formas institucionales126. La iniciativa oficial, si bien se reduce a un procedimiento atípico para modificar la ley fundamental, tiene la virtud de despertar el entusiasmo de la opinión pública y en especial de los sectores no tradicionales y de oposición, los cuales ven en ella la oportunidad histórica de involucrar por vez primera a las mayorías nacionales en la legitimación de los textos constitucionales. Pero los partidarios del orden, encabezados esta vez por los

126 Véase C. Gaviria Trujillo, Memoria al Congreso Nacional: Documentos políticos en torno al proceso de reforma institucional , Ministerio de Gobierno, Bogotá, 1988, pp. 12 y 13.


expresidentes liberales, se oponen a todo procedimiento referencial con dos argu-mentos: el artículo 218 constitucional sólo permite reformar la Constitución a través de un acto legislativo pasado por el Congreso, y la apelación al constituyente primario no solo está proscrita sino que además resulta ilícita pues lo que ahora se pretende con ella es la exploración o la invención del futuro, mientras en 1957 dicho recurso al soberano era legítimo como que se trataba de la restauración del pasado127. Ante esta arremetida, los abogados del régimen, que han alcanzado en este cuatrienio las más altas cotas de incompetencia, reculan y enmudecen. Intervienen entonces dos políticos profesionales de ambos partidos, quienes se erigen en mediadores ad hoc para salvar la propuesta gubernamental del ataque expresidencial y de la atonía presidencial. Surge así, semanas más tarde, el llamado Acuerdo de la Casa de Nariño, que no es otra cosa que un pacto bipartidista para hacer no sólo más viable jurídicamente sino también menos peligrosa políticamente la iniciativa barquista de re formar el estatuto estatal mediante refrendación popular o a través de algún procedimiento no canónico que otorgue legitimidad política a las nuevas normas fundamentales. El Tratado Barco-Pastrana, como también ha sido calificado el singular instrumento suscrito el 20 de febrero de 1988, diseña un Proceso de Reajuste Institucional de ocho meses que incluye un órgano constituyente de origen congresional y un referéndum final al cual debe someterse el articulado reformatorio resultante de todo el itinerario. El dispositivo consta de cuatro elementos, a saber: una Comisión Preparatoria de catorce miembros, trece de ellos pertenecientes a las fuerzas tradicionales, que debe preparar la agenda 127 C. Gaviria Trujillo, Memoria..., pp. 48 a 54.

preliminar; una sesión extraordinaria del Congreso, en la cual se eligen los cin-cuenta miembros de la Comisión de Reajuste Institucional o cuerpo constituyente, con base en«ternas enviadas por el Presidente de la Re-pública y tenida cuenta de la nueva composición política de las Asambleas Departamentales tras las elecciones del 13 de marzo de 1988; un proyecto de reforma constitucional o de nueva Constitución, que los cincuenta constitu-yentes elaboran durante cuatro y medio meses; y un referéndum o consulta nacional, que aprueba o imprueba la propuesta de la Comisión de Reajuste Institucional como parte 'final del proceso128. Aun cuando el Acuerdo' de la Casa de Nariño y su Proceso de Reajuste Institucional reproducen la lógica excluyente del bipartidismo, des-mintiendo de paso el propio discurso presidencial sobre el carácter monopartidista de la presente administración, la Comisión Preparatoria tiene imaginación suficiente como para convo car a una serie de audiencias públicas en las cuales todos los individuos y grupos interesados tengan oportunidad de presentar sus ideas y propuestas en materia de reforma constitucional. Celebradas a mediados y fines del mes de marzo de 1988, las cinco sesiones abiertas ante la instancia preliminar del itinerario reformador desencadenan un amplio debate nacional en torno a las enmiendas posibles y deseables de la ley de leyes y se traducen en 523 propuestas cuya riqueza ideológica no tiene antecedentes entre nosotros. Esta oleada de propuestas y

128 El texto del Acuerdo puede consultarse en C. Gaviria Trujillo, Memoria..., pp. 91 y 92.


contrapropuestas de enmienda o sus-titución del código político configura un inventario de necesidades y aspiraciones del cual no podrá prescindirse en adelante, cualquiera que sea el desenlace del debate constitucional de este cuatrienio. Tales iniciativas constituyen una respuesta innovadora al revisionismo jurídico del establecimiento bipartidista y contienen no sólo muchos de los proyectos políticos alternativos que se vienen gestando en lo profundo de la sociedad civil a lo largo de la última generación, sino también algunas de las claves del futuro del Estado colombiano. De entre ellas hemos seleccionado las más significativas de nuevas tendencias o representativas de nuevas fuerzas para nuestro cotejo crítico con la propuesta gubernamental. En medio de este ejercicio de imaginación democrática, el Consejo de Estado asume como propia la jurisprudencia activista o intervencio nista de la Corte Suprema de Justicia y decide que el pacto bipartidista que sustenta el proceso es un acto administrativo inconstitucional que debe ser suspendido y así lo decreta el 4 de abril siguiente129. Como consecuencia de ello, la administración Barco recoge velas: la incierta voluntad de reformar la Carta con la participación directa de la ciudadanía cede el paso a la costumbre inveterada de confiar los reajustes del texto fundamental a la casta parlamentaria. La iniciativa gubernamental ad quiere entonces la forma tradicional de un pro-yecto de acto legislativo que ha de tramitar el Congreso de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 218 constitucional. Se pasa así de un agitado y

129 El auto de suspensión provisional en prevención se lee en C. Gaviria Trujillo, Memoria.... pp. 263 a 280.

en ocasiones bizantino debate procedimental, en el cual se juega de to-das maneras la posibilidad de consultar al pueblo para enmendar la ley suprema, a una discusión sobre los contenidos de la revisión, que queda otra vez en manos del establecimiento liberal-conservador y que ya no plantea dispositivo alguno de refrendación popular. II. LOS TEXTOS El proyecto que recoge las iniciativas del gobierno liberal está fechado el 27 de julio y se tramita en su primera vuelta o legislatura ordinaria con el nombre de Acto Legislativo No. 11 de 1988. Consta de 181 artículos, aun cuando se ha reducido a 91 artículos en la ponencia de Hernando Durán Dussán para el Senado y a 89 artículos en la ponencia de Mario Uribe Escobar para la Cámara de Representantes 130. El extenso y abigarrado proyecto oficial ha sido redactado por cinco o seis personas distintas, entre quienes se menciona a Carlos Restrepo Piedrahita, Fernando Hinestrosa Forero, César Gómez Estrada, Alberto Hernández Mora, Luis Carlos Galán y el propio César Gaviria Trujillo, sin que se observe trabajo alguno de edición o armonización posterior. Por ello, las remisiones internas no proceden, los títulos y subtítulos corresponden a diferentes lógicas, y el lenguaje mismo cambia sin cesar, pasando de lo declarativo a lo prescriptivo y de lo humanista a lo populista. Las fallas formales de la heteróclita propuesta son tan notorias que un grupo de juristas 130 Al momento de redactar estas páginas (enero de 1989), no se había publicado aún en el Diario Oficial el texto del Acto Legislativo No. 11 de 1988 tal como fue aprobado por el Congreso en la primera legislatura ordinaria y tal como lo ordena el artículo 218 constitucional.


liberales, encabezado por el expresidente López Michelsen, expresa en una carta dirigida al presidente de la Comisión Pri-mera y al ponente en el Senado: Desde el punto de vista estrictamente formal, el texto del articulado adolece de graves deficiencias gramaticales en la redacción de sus cláusulas y de falta de claridad en el manejo del léxico jurídico (...) Carece de la noble factura literaria de la Constitución actual, sus enunciados son prolijos y ambiguos, y en ocasio nes se omiten palabras que arrojarían luz sobre el propósito de los redactores de la respectiva disposición (...) No hay en el articulado ni en la exposición de motivos -salvo en lo relativo a derechos humanos- criterios o principios de teoría constitucional que permitan saber cuál es la inspiración del proyecto. No señala, como carta política de la Nación, la clase de Estado que persigue. El proyecto crea diversas instituciones o entidades que no se adecúan a un concepto estructural del Estado, de manera armónica y cohe-rente131. Ciertamente, el carácter desvertebrado de la propuesta proviene de la ausencia de un proyecto político que la sustente y le dé una racionalidad finalista clara y distinta. A menos que se tenga como teleología del texto la modernización tradicionalista en la cual se especializa la clase dirigente colombiana, que se imparte a través del reformismo preventivo del estatuto constitucional y que resulta incluso de la más torpe de las enmiendas, como la que nos ocupa132. Tanto lo desarticulado de la 131 Véase El Tiempo, septiembre 21 de 1988, p. 8A. 132 Para el concepto de modernización tradicionalista acuñado por el jurista peruano Fernando de Trazegnies, véase H. Valencia Villa, Cartas de batalla, pp. 127 y 128.

forma cuanto lo indoctrinario del contenido se ponen de manifiesto en las antigüedades y novedades de muy diverso orden que se mezclan sin lógica aparente en la iniciativa gubernamental: hay capítulos enteros que no son más que transcripciones de la fallida enmienda de 1979, especialmente en cuanto concierne a la intervención del Ejecutivo en la justicia y a la tecnificación del Legislativo; hay innovaciones positivas en materia de libertades públicas, participación ciudadana y reforma constitucional, que son resultado del debate ampliado del primer semestre de 1988; y hay, por fin, propuestas de índole autoritaria o antidemocrática que pugnan por salir a la superficie del derecho público interno desde hace más de veinte años, como las que versan sobre estado de sitio, régimen electoral, control constitucional y algunas atinentes a derechos humanos. De otra parte, las numerosas propuestas surgidas de la sociedad civil durante el fracasado Proceso de Reajuste Institucional se resisten a toda caracterización o clasificación. Quizá lo único que puede predicarse del conjunto es la voluntad de participación y de cambio que con grandes diferencias de enfoque y de énfasis manifiestan tanto los proponentes individuales como los proponentes colectivos o representativos de sindicatos, gremios, partidos, movi-mientos, universidades y otros grupos y sectores sociales. Pero la heterogeneidad prevalece, hasta el punto de que no parece licito extraer un proyecto político compartido o un modelo económico común de las 523 propuestas, las cuales son en su inmensa mayoría reivindica-ciones corporativas o sectoriales sin ninguna vocación nacional o societal. Ello explica, por ejemplo, que casi todas las iniciativas se presenten como


proyectos de reforma parcial y con frecuencia puntual a la legalidad política del país y que las deficiencias en el manejo del discurso jurídico y del idioma mismo sean incontables. Tales rasgos sugieren la despolitización y disgregación que campean entre las organizaciones no gubernamentales, la clamorosa ausencia de un proyecto político con verdadera fuerza aglutinante y movilizadora, y la generalizada falta de maestría en el empleo colectivo del derecho público como herramienta privilegiada del debate democrático contemporáneo. Con todo, puede ofrecerse una visión fenomenológica, casi impresionista, de la propuesta barquista y de las más significativas o representativas propuestas sociales y populares en cada uno de los diez temas que mencionamos atrás y que comprenden en cierto modo lo esencial del sistema político nacional. Las glosas siguientes se refieren entonces al acto le-gislativo en proceso de formación y a unas 90 de las 523 iniciativas de la sociedad civil que corren publicadas133. 1. Derechos humanos El drama de la mortífera violencia política que afecta a Colombia, y que algunos tienen por una guerra civil no declarada, también encuentra expresión en la retórica constitucional. Y no sólo por la casi "pavloviana" apelación guber-namental a la dictadura constitucional que establece el artículo 121 del código político, sino también por la alta prioridad 133 Véanse las cinco ediciones especiales del Diario Oficial bajo el título de Comisión Preparatoria del Proceso de Reajuste Institucional: Audiencias Públicas, Imprenta Nacional, Bo gotá, Nos. 1 y 2, marzo 25 de 1988; No. 3, marzo 28 de 1988; y Nos. 4 y 5, marzo 29 de 1988.

que gobierno y oposición le conceden en sus propuestas a los derechos humanos de los habitantes del territorio. Eh efecto, 421 de las 523 proposiciones ciudadanas versan sobre esta materia, en lo que constituye una respuesta masiva a la esca-lada de atentados contra la vida y las libertades de la población. El proyecto oficial, por su parte, dedica 43 artículos a la cuestión y en ellos propone consagrar 52 garantías y libertades, unas nuevas y otras viejas pero reformuladas o remozadas. De esta suerte, el hecho de que el 78.7 por ciento de las iniciativas societales y más del 25 por ciento de las gubernamentales correspondan a la parte declarativa o dogmática de la Constitución, también conocida como bill of rights, indica que la necesidad más sentida por los gobernados es la protección de sus bienes y derechos por la legalidad del Estado. Así lo demuestra la radicalidad de propuestas como la abolición del artículo 28 constitucional sobre retención administrativa de personas, planteada por la Unión Patriótica, el Comité Permanente por la` Defensa de los Derechos Humanos y la Universidad del Valle, o la declaratoria de las comunidades aborígenes como minorías nacionales sujetas a un status especial, presentada por la Organización Nacional Indígena de Colombia. Paradójicamente, sin embargo, la mayoría de las dispersas 'iniciativas libertarias de origen no gubernamental se halla de alguna manera recogida en el proyecto oficial. Pero las entrañables reivindicaciones de la sociedad civil se agrupan en la propuesta barquista tan solo para convertirse en un catálogo declamatorio, que carece no solamente de técnica jurídica sino además de voluntad política. Prueba de ello es que la extensa lista de garantías humanas y ciudadanas, que constituye sin duda lo mejor del paquete reformista de la actual


administración, se ha reducido ya a su mínima expresión, transcurrida apenas la mitad del trámite congresional, sin que el gobierno considere que su "histórica" reforma se vea afectada por la amputación de este pretencioso bill of rights. Entre las novedades del repertorio gubernamental cabe mencionar: el derecho a la intimidad, el derecho a la información, la objeción de conciencia contra el servicio militar, el derecho al matrimonio y a la familia, el derecho al nombre y á los apellidos, el derecho a la participación, el derecho de asociación sindical, el derecho de afiliación partidista, el derecho a la co-gestión y copropiedad de los trabajadores en las empresas, el derecho a la salud, a la recreación y al deporte, el derecho a la cultura, la libertad de investigación y creación, el derecho al ambiente, la iniciativa popular y la refrendación popular, garantías todas ellas inéditas en el derecho constitucional colombiano. Hay otras libertades que se consideran tácitamente reconocidas en la actual ley fundamental pero que se explicitan por primera vez en la propuesta oficial: el derecho a la vida, el habeas corpus o recurso judicial contra las detenciones arbitrarias, la presunción de inocencia, el derecho al fuero o al juez natural, la proscripción de la tortura, el derecho de réplica frente a los medios de comunicación, el libre acceso a los documentos públicos y la autonomía universitaria. Se enumeran, por fin, con modificaciones menores en la terminología o en los alcances de la norma, los restantes derechos que consagra el Titulo Tercero constitucional. De las iniciativas societales que no están incorporadas en el articulado del gobierno, vale la pena señalar: la absoluta

igualdad entre los sexos, propuesta por un grupo de organizacio nes feministas; el establecimiento de las accio nes populares o de clase, sugeridas como remedios procesales frente a los perjuicios colec-tivos por la Fundación para la Defensa del Interés Público; la ampliación del derecho de huelga a los servicios públicos, con tres excepcio nes: la defensa nacional, los auxilios en las catástrofes y las urgencias hospitalarias, presentada por Fenaltrase, el sindicato de trabajadores del Estado; la inclusión del estratégico concepto de "calidad de la vida" como criterio ético para la conservación del patrimonio natu-ral común, sustentada por la Federación Colombiana de Entidades de Conservación de la Naturaleza; y la aplicación obligatoria del derecho internacional humanitario por las autoridades civiles y militares en todo el territorio, planteada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. En general, esta temática del humanismo constitucional, en la cual se percibe la influencia no siempre bien asimilada de las constituciones española de 1978 y nicaragüense de 1987, re sulta a la postre la más promisoria y la más frustrante del debate constitucional nacional. La más promisoria, por cuanto la práctica de las libertades se ha convertido en la piedra de toque de la democracia, y en las luchas ciudadanas por los derechos humanos se juega hoy el futuro de la república colombiana. Y la más frustrante, a causa de las enormes dificultades con que tropieza la tarea de democratizar la vida cotidiana del país y de sus habitantes, tan-to por la' opacidad de las instituciones cuanto por el autoritarismo de los comportamientos. En cualquier caso, parece haberse perdido otra oportunidad histórica, la primera


desde 1936, para enriquecer la parte dogmática de la Cons titución colombiana con la imaginación democrática de la sociedad civil. Tenida cuenta de la ambivalencia del discurso sobre los derechos humanos -ellos son al mismo tiempo conquistas populares y dispositivos disciplinarios, técnicas de contención y regulación del poder, y tácticas de atomización e individualización de la población- un tal enriquecimiento no resolvería todos nuestros problemas en este terreno, pues subsistiría la cuestión de la práctica efectiva de las garantías y libertades reconocidas en la ley de leyes. Pero un avance sustancial en la codificación de los derechos humanos tendría la doble virtud de circunscribir una arena pública más abierta, que consulte mejor la heterogeneidad constitutiva de la nación, y de simbolizar al más alto nivel jurídico las aspiraciones de fuerzas sociales que recurren hoy a la crítica de las armas pues encuentran cerradas las puertas de la ley. 2. Congreso Resulta curioso comprobar cómo el proyecto gubernamental dedica amplio espacio a la modernización del órgano, legislativo, al paso que los proyectos societales no le otorgan tanto énfasis a la descaecida institución parlamentaria, lo cual habla con elocuencia del desprestigio de la clase política a los ojos de las organizaciones no gubernamentales y, lo que es más relevante, de la falta aparente de consenso entre Estado y sociedad civil en cuanto al destino del Congreso se refiere. La propuesta barquista, en concreto, reedita con algunos retoques la parte pertinente de la reforma constitucional de la administración Turbay Ayala, la cual,' como se sabe, fue decla rada inexequible

por la Corte Suprema de Jus ticia debido a vicios de procedimiento en su formación. Dicha enmienda desarrollaba la política autoritaria del cuatrienio 1978-1982 en dos regiones neurálgicas del régimen estatal: la justicia, para la cual disponía una desembozada intervención gubernamental a través de la adopción del sistema de juzgamiento acusato rio, que traslada la iniciativa de impulsar el proceso penal de - los jueces a los fiscales, y del control disciplinario de abogados y jueces por el llamado Consejo Superior de la Judicatura; y el Congreso, que era objeto de una reestructuración de carácter técnico, inspirada casi por entero en el Congreso norteamericano, y cuya inocuidad quedó demostrada luego de que las flamantes innovaciones del Legislativo estuvieran dos años en vigor sin que los congresistas de entonces manifestaran la más mínima intención de ponerlas en práctica. Al proponer de nuevo las audiencias de investigación, las mociones de censura y otras modificaciones más o menos benignas del régimen interno de las Cámaras, la administración Barco juega una vez más a la amnesia característica de los colom-bianos pues pretende hacernos creer que, diez años después, ahora sí, la clase política que ocupa el Congreso tiene la voluntad de autorreformarse como no quiso hacerlo entonces y como no ha querido hacerlo nunca. Un aspecto más inquietante de la iniciativa oficial es el que concierne a las funciones consultivas y de control político del Consejo de Estado en materia de retenc ión de personas, tránsito de tropas extranjeras, declaratoria del estado de sitio y del estado de emergencia econó mica y social, y apertura de créditos presupuestales extraordinarios, las cuales pasarían todas a la nueva Comisión Legislativa Permanente del Congreso.


Desaparece así el control político previo o preventivo que de muy eficiente manera ha venido ejerciendo el tribunal supremo de lo contencioso-administrativo sobre el manejo gubernamental de los dispositivos constitucionales con mayor potencial de arbitrariedad, como son los artículos 28, 121 y 122, bien conocidos de autos. La única preocupación que parece asaltar a las propuestas ciudadanas en este campo es la relativa al origen político y a la estructura gene ral del órgano legislativo. Además de respaldar la moción de censura que conduciría a la dimisión forzosa del ministro en cuestión, la Unión Patriótica plantea la sustitución del Senado y la Cámara. por un Congreso unicameral, con el plausible argumento según el cual en un sistema centralista cómo el colombiano carece de toda justificación la existencia de dos cámaras que ya no 'se distinguen más que en algunas funciones ceremoniales. En esta asamblea se reuniría la representación política de las circunscripciones departamentales junto a una nueva diputación, la de las minorías, que sería elegida en una sola circunscripción de carácter nacional. Otras organizaciones postulan, en cambio, un bicameralismo de nuevo cuño, cuyo denominador común es una cámara baja de naturaleza gremial o sindical, que venga a contrabalancear la índole puramente partidista, es decir, tradicional, del Senado. Así, esta segunda corporación debe ser comunal para la Universidad La Gran Colombia, laboral para el Consejo Nacional de Laicos y de las organizaciones económicas y sociales para la Asociación Colombiana de Inquilinos. He aquí lo que podría denominarse el buen corporativismo. Más allá de la cuestión un tanto bizantina de si la casta parlamentaria quiere o puede regenerarse, el problema de la

institución legislativa no es constitucional sino político, no radica en las normas que la gobiernan sino en las fuerzas que la componen. Sin la democratización de los partidos y de la vida política, cualquier modernización del Congreso y de las corporaciones electivas está condenada a no ser más que un ejercicio de constitucionalismo semántico, sin sustento en la realidad, de acuerdo con la clasificación ontológica de Karl Loewenstein 134. 3. Ejecutivo y estado de sitio Lo primero que salta a la vista en el actual despliegue de revisionismo constitucional respecto de la forma del gobierno es la generalizada conformidad con el presidencialismo prevaleciente. Esta postura es comprensible en el liderazgo bipartidista, que sigue siendo legítimo heredero del arquetipo autoritario establecido por Bolívar, Mosquera, Núñez y Reyes para el ejercicio del poder ejecutivo. Pero en el constitucionalismo insurgente de los sectores demo cráticos la aceptación acrítica de la presidencia "monárquica pero desgraciadamente efectiva", según el tópico atribuido a Caro, supone una contradicción injustificable si se piensa que la hipertrofia de la jefatura del Estado y del gobierno es uno de los focos de necrosis constitucional más notorios de nuestro régimen. Sorprende, por ejemplo, que ninguna de las fuerzas de oposición haya propuesto todavía la eliminación pura y simple del estado de sitio, que no es otra cosa que la absolutización del presidencialismo y como tal el mecanismo autodestructivo de las

134 Véase K. Loewenstein, Teoría de la Constitución , Editorial Ariel, Barcelona, 1983, pp. 216 a 222.


democracias constitucionales latinoamericanas. Aun cuando se trate hoy de una reivindicación utópica, hay que convenir en que los sistemas de dictadura constitucional o legalidad marcial repugnan con la teoría y la práctica de la democracia política, y una izquierda republicana que no se disculpe por serlo debe oponerse enérgicamente a esta institución incivil en todas sus formas y manifestaciones. En cualquier caso, estas preocupaciones son pertinentes toda vez que tanto en el proyecto barquista cuanto en los proyectos ciudadanos la parte del león en el capítulo sobre el Ejecutivo corresponde al desdichado artículo 121 constitucional. Además de los retoques a la ley marcial, que constituyen una auténtica reformatio in pejus, la propuesta gubernamental incluye la supresión del parágrafo del ordinal lo. del artículo 120, que prolonga indefinidamente la paridad frentenacionalista en el gabinete ministerial y que se elimina de acuerdo con el estilo monopartidista de la corriente administración; la creación de la Vicepresidencia de la República como cargo electivo con funciones permanen-tes, para reemplazar la anacrónica Designatura; la prohibición ahora absoluta de la reelección presidencial, que parece corresponder a una ley de hierro de la política nacional; y la incorporación del poder de imposición tributaria a la panoplia de facultades excepcionales del presidente durante el estado de emergen-cia económica y social, que desnaturalizaría la vieja garantía constitucional según la cual sólo los órganos electivos de representación política pueden tomar decisiones que afecten el patrimonio de los particulares. Al término de la primera vuelta, se ha prescindido de la Vicepresidencia con lo cual se mantiene el antidemocrá tico y

complicado sistema de sucesión presi-dencial vigente desde 1843. Y se conserva sin cambios sustanciales la nueva redacción propuesta por el gobierno para la norma sobre estado de sitio. Dicha formulación empeora el texto actual al disponer que en lo sucesivo ha-brá tres grados de ley marcial que corresponden a tres niveles de alteración del orden público: estado de alarma o alerta, estado de conmo ción interior y estado de sitio propiamente dicho. Mientras que la primera modalidad de emergencia responde a conflictos menores que pueden afrontarse con medidas de policía, la segunda opera en casos de rebelión armada contra las instituciones135 y la tercera se aplica únicamente cuando sobrevenga una guerra internacional o una agresión externa. Con esta gradación, se extiende y se profundiza en el organismo social la terapia de shock para el conflicto colectivo en que el régimen de excepción consiste. Pero hay más: se establece la 135 Entre paréntesis, cabe sospechar que esta segunda hipótesis de utilización del artículo 121 está enderezada a evitar la invocación del derecho internacional humanitario como normatividad reguladora de la guerra de guerrillas en Colombia, por cuanto según la doctrina dominante los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977, que recogen casi todo el jus in bello interno, no se aplican con la misma fuerza a los disturbios y las tensiones interiores que a los conflictos armados no internacionales. Al en-cuadrar el alzamiento guerrillero dentro del nuevo estado de conmoción interior, la Constitución colombiana elude la cobertura del derecho de Ginebra o al menos la entraba considerablemente en comparación con lo que hoy sucede al amparo de la invocación del desecho de gentes pos la ac-tual regla sobre estado de sitio. Véase Christophe Swinarski, "El derecho internacional humanitario en la situación de un conflicto armado no internacional" y "El derecho internacional humanitario y las situaciones de disturbios interio-res y de tensiones internas", Comité Internacional de la Cruz Roja, Ginebra, 1984.


posibilidad jurídica, inédita hasta hoy, de limitar los derechos humanos bajo estado de alarma y de suspenderlos bajo estado de conmoción. Y se incurre en el despropósito de hablar de facultades gubernamentales derivadas del derecho internacional humanitario, cuando nadie ignora que la llamada legalidad de Gine-bra no contiene atribuciones o poderes sino más bien limitaciones y obligaciones para los gobiernos involucrados en conflictos armados no internacionales o enfrentados a disturbios y tensiones interiores. El texto reformado, por fin, autoriza la creación de jurisdicciones especiales de orden público, si bien el ponente ante el Senado ha tenido el buen juicio de suprimir el pasaje que permite la convocatoria de consejos de guerra para el juzgamiento de delitos que comprometen la seguridad del Estado, lo mismo que disponer que la justicia militar sólo puede ocuparse de tales conductas en caso de guerra. Frente a este arreglo normativo, que ciertamente no resuelve ninguno de los problemas generados por el uso y el abuso del estado de sitio, las iniciativas comunitarias aparecen como expresiones del más prosaico minimalismo político. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos habla del estado de prevención o alarma y del estado de sitio, y sugiere limitar el primero a períodos de 45 días y el segundo a lapsos de 90 días en el año, con la intervención del Consejo de Estado y del Congreso, respectivamente, más la aplicación de los instrumentos internacionales de protec-ción de los derechos humanos en ambas emergencias. Por su parte, la Unión Patriótica emplea la expresión emergencia pública para rebautizar la ley marcial, la sujeta a períodos de 60 días al año que no pueden prorrogarse sin autorización congresional y la reserva, lo

mismo que el Comité, para amenazas graves en contra de las instituciones. Preocupa, en verdad, la falta de inventiva democrática de las organizaciones de la sociedad civil en esta cuestión central en la cual está en juego el manejo libertario o autoritario del orden público interno entre los extremos de la autoridad estatal y las libertades ciudadanas. 4. Justicia Probablemente no existe manifestación más dramática de la debilidad estructural del Estado colombiano que la crisis de la Justicia. La incapacidad de tribunales y juzgados para asegurar la solución de las controversias ciudadanas y el castigo de los delitos mediante la aplicación de las leyes, en efecto, pone en evidencia no sólo la ineficacia sino también y sobre todo la ilegitimidad de las instituciones y las autoridades. Porque las fallas crónicas de este servicio público estratégico no pueden atribuirse únicamente a la carencia de los recursos o a la inadecuación de los medios para procesar el conflicto civil dentro de los canales institucionales. Se trata de una crisis más fundamental, que tiene que ver con el déficit de hegemonía que aqueja de antiguo al régimen colombiano, con la injusticia económica y social que define a nuestra sociedad, y con el debilitamiento del monopolio estatal de la violencia legítima que distingue a todo sistema político viable y que se ha agravado entre nosotros en grado extremo, merced a la impunidad, el paramilitarismo o vigilantismo y la guerra de guerrillas. En este horizonte, las alternativas de reestructuración y reorientación del aparato judicial adquieren importancia decisiva. Por desgracia, ni las iniciativas gubernamentales ni las societales se caracteriza n propiamente por su originalidad o radicalidad.


Por parte del -establecimiento; la tónica dominante es la de restaurar las instituciones judiciales de la reforma Turbay, sobre cuya dudosa ortografía democrática la opinión pública se pronunció en su momento. El gobierno de Barco insiste entonces en la creación de la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Administración de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, con el obvio propósito de asegurar la funcionalidad política de las decisiones judiciales y neutralizar la insurgencia de la actual justicia constitucional, en cabeza de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, y que a lo largo de la última década se ha erigido en una auténtica instancia de control político del Ejecutivo y del Legislativo, indeseable para el liderazgo bipartidista pero vital para la sociedad civil. A tal fin apuntan también otras medidas como la eliminación de la cooptación y del carácter vitalicio en las altas magistraturas, que se sustituyen por períodos fijos de ocho años e intervención del Consejo Superior de la Administración de Justicia, órgano integrado en principio por el gobierno, en la renovación de los dos tribunales de cúpula. Conviene añadir que estas corporaciones, la Corte Suprema y el Consejo actuales, deben quedar conformadas por un número impar cíe magistrados según el proyecto oficial y por una cifra par de jueces según la ponencia aprobada por el Congreso, pero en ambos casos ha de tenerse en cuenta la proporción en que estén representados los partidos en el órgano legislativo, con lo cual se garantiza la virtual dominación bipartidista en la máxima jerarquía judi-cial. En cuanto a la Corte Constitucional, institución típica del constitucionalismo centroeuropeo del período de entreguerras que no deja de suscitar sospechas de

autoritarismo judicial y que se propone en el país por enésima vez, en buena hora ha desaparecido del acto legislativo en trámite. Respecto del Ministerio Público, por fin, el texto oficial entrega la Procuradur ía General de la Nación a la partija burocrática al disponer que su titular "pertenecerá a un partido distinto al del Presidente de la República", lo cual equivale a politizar toda la función de vigilancia. Mucho más si se considera que el nuevo homólogo del Procurador, el Fiscal General de la Nación, quien viene a compartir las tareas del Ministerio Público en lo que concierne a la justicia penal, "pertenecerá al mismo partido político del Presidente de la República". La agencia que se crea tiene a su cuidado la instrucción o investigación criminal y la acusación o formulación de cargos, lo cual significa que nuestra justicia penal abandone el sistema de juzgamiento inquisitivo de origen latino que la distingue desde el siglo pasado y que se funda en el protagonismo del juez, para adoptar en su lugar el sistema de juzgamiento acusatorio de estirpe anglosajona que se basa en la iniciativa del fiscal y que pasa por ser el más eficaz del planeta. No es la primera vez que tal cambio se intenta entre nosotros, y ciertamente el modelo de los fiscales instructores y acusadores comporta ventajas. Pero cabe preguntar si la mera sustitución de un procedimiento criminal por otro tiene la virtud de remediar los enormes problemas de congestión, morosidad, imp unidad, vigilantismo y desinstitucionalización que tienen prácticamente paralizada la justicia nacional. Las propuestas no gubernamentales apenas si rozan la problemática judicial. Las medidas que se sugieren no abordan el fondo de la cuestión: el Instituto de Estudios Liberales de Antioquia se


manifiesta en favor de la Rama Fis-calizadora del Estado, la Unión Patriótica postula un Procurador General de elección popular, el Colegio Nacional de Abogados propone la supresión del Consejo de Estado, Projusticia y ASONAL demandan plena autonomía presupuestal para la jurisdicción, las organizaciones femeninas y feministas plantean la conveniencia de crear una jurisdicción especializada de la familia y del menor, y las comunidades indígenas hacen lo propio en cuanto a sus necesida-des de justicia. Como puede verse, estas propuestas dispersas no configuran un proyecto global dé recambio para el sector judicial del Estado colombiano. 5. Elecciones La cuestión electoral ha sido habitualmente desdeñada o minimizada por los sectores alternativos e insurgentes con un doble argumento: ella constituye el coto de caza del clientelismo bipartidista que debe desaparecer de la faz de la nación, y la nueva política democrática ya no se hace a través de partidos políticos y eleccio nes sino mediante movimientos sociales y pro-cesos autogestionarios. No importa cuán plausibles sean estas ideas, y lo son, resulta evidente que en el juego electoral está la clave del futuro político de Colombia por cuanto, mientras el país conserve sus características de tamaño relativo y complejidad creciente, no , podremos escapar a la forma republicana o a algún tipo equivalente de organización política basada en la representación o delegación de la supuesta soberanía nacional, como lo profetizara Rousseau a propósito de cualquier régimen en el cual la voluntad ciudadana esté agenciada por intermediarios profesionales o diputados permanentes. Dicho de otra manera, toda

sociedad compleja y extensa está en cierto modo condenada al encuadramiento del régimen representativo de uno u otro signo y en tal virtud al empleo del juego electoral en alguna de sus modalidades. De estas horcas caudinas surge la legitimidad formal del Estado y de sus decisio nes en los diferentes sectores y niveles. En el caso colombiano, la búsqueda de un nue-vo consenso colectivo por las vías de hecho a que apela desde hace más de una generación el movimiento guerrillero no ha prosperado, y la legitimidad formal del orden imperante, por indeseable que aparezca a los ojos de muchos, no ha podido ser eficazmente cuestionada y sigue proviniendo del ritual electoral. Lo anterior no significa en absoluto que el esquema representativo no pueda, ni deba, ser enrique cido y perfeccionado con la más amplia participación comunitaria o que la democracia no siga siendo ante todo un proyecto de construcción de mayorías en un horizonte de libertades y justicias. El proyecto gubernamental contiene ajustes de diverso orden al régimen electoral del país: de una parte, se plantean cambios de signo positivo como la elección popular de los gobernadores departamentales, la representación parla-mentaria de las minorías políticas a través del llamado cociente nacional y la revocación del mandato de alcaldes municipales y representantes a la Cámara; de otra parte, hay novedades de carácter regresivo, como el voto obligatorio y la ampliación de la representación par-lamentaria de las fuerzas tradicionales mediante la creación de nuevas circunscripciones electorales para Senado y Cámara en los, territorios nacionales. En el texto aprobado tras la primera legislatura ordinaria, ya no figuran el voto obligatorio ni la elección de los


gobernadores, lo cual delata una vez más la incoherencia del gobierno en la defensa de su proyecto y del Congreso en la tramitación de la reforma. Las contrapropuestas ciudadanas son progresistas pero puntuales: representación electoral de intereses sectoriales o corporativos (Procomunal), circunscripción única para las minorías nacionales (Frente de Integración Liberal y Facultad de Jurisprudencia del Colegio del Rosario), circunscripciones especiales para las poblaciones indígenas (Comisión Nacional Comunal) y para los colombianos en el exterior (Prodemocracia), circunscripciones uninomina les para todas las corporaciones (Instituto de Estudios Liberales de Antioquia) y revocación del mandato (Unión Patriótica y Consejo Nacio nal de Mujeres). En general, puede decirse que si el establecimiento no siente la necesidad de democratizar el sistema electoral, la oposición no ofrece todavía un proyecto alternativo de régimen representativo que incluya una revisión radical de la cuestión comicial. Esta temática debe ser tratada con la intervención decisoria de todos aquellos grupos y sectores que son a la vez minorías electorales y mayorías sociales, por la misma razón que los partidos tradicionales, mayorías electorales y minorías sociales al propio tiempo, no pueden seguir monopolizando el espacio político como si fuesen los personeros no sólo legales sino también legítimos de la sociedad colombiana. 6. Régimen económico La Constitución Nacional siempre ha sido pobre en sus disposiciones económicas y de hacienda pública. En estos temas, la normatividad superior suele ser

heterogénea e insufi ciente al regular tanto los procesos productivos y de circulación cuanto la propia gestión económica estatal. Pueden citarse al menos dos razo-nes: el verdadero derecho económico no se encuentra en el código político sino en las legislaciones civil y comercial, y la dinámica del mercado, incluyendo la intervención del Estado en la economía privada, no está determinada por reglas constitucionales o legales sino por arreglos estratégicos y tácticos entre las fracciones del capital y los actores políticos, como se advierte en las polémicas pero rentables relaciones entre la administración pública y los gremios patronales para efectos de nego ciar y establecer las políticas oficiales en materia monetaria, crediticia y de comercio exterior. Ejemplo de este segundo aspecto es el artículo 32 constitucional, sobre intervención estatal en la economía, que no ha sido utilizado más que una vez desde su incorporación en 1936 (en 1937 y sin consecuencias significativas) y que ha terminado por convertirse en una declaración de buenas intenciones más que en una regla de derecho de carácter fundamental136. El proyecto inicial del gobierno, fiel a esta tradición de nominalismo en las disposi-ciones económicas y financieras del estatuto estatal, contiene algunos retoques más o menos técnicos a la formación del presupuesto y dos innovaciones en materia de cogestión obrera y plan de desarrollo. La primera consiste en facultar al Congreso para facilitar a los trabaja-dores el acceso a la propiedad o la administración y los beneficios de los factores de producción. Y la segunda radica en que la tramitación de la ley del plan se haga por el procedimiento

136 Véase H. Valencia Villa, El Anticonstitucional, pp. 47 a 52.


ordinario, es decir, a través de las comisiones permanentes en lugar de la fallida Comisión del Plan, que nunca ha podido integrarse ni deliberar a causa de las contradictorias aspiraciones de las múltiples facciones parlamentarias. El texto de primera vuelta, por su parte, se hace eco de las mencionadas iniciativas e incluye además tres curiosas figuras: la intervención estatal en los monopolios de hecho, el fomento de la concertación económica y del sistema cooperativo, y la adopción de dos nuevos presupuestos, el monetario y el de divisas de cambio exterior. El lector desprevenido se pregunta cómo se articulan estas herramientas de política económica y sobre todo cuál es la pro-babilidad de que sean puestas en práctica para beneficio de los asociados. Las organizaciones no gubernamentales parecen haberse contagiado de la tibieza del constitucionalismo económico liberal. Ninguna de las propuestas societales cuestiona a fondo el capitalismo salvaje, sin controles democráticos, que campea en el país o la parcialidad económica y financiera del Estado y del gobierno en su gestión dentro del mercado. Se encuentran apenas reivindicaciones abstractas, que no guardan relación con la inicua distribución de la riqueza, el envilecimiento de la moneda o la pauperización de las clases medias y bajas. Así, el Consejo Nacional de Laicos habla de la propiedad comunitaria, la Comisión Nacional Comunal propone un sector solidario de la economía, la Organización Nacional Indígena de Colombia demanda la autogestión por las comunidades aborígenes de sus territorios ancestrales, la Federación Colombiana de Entidades de Conservación de la Naturaleza plantea la intervención económica estatal en una perspectiva

conservacionista, y la Universidad del Valle y el Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Teléfonos de Bogotá favorecen la cogestión obrera en términos similares a los del gobierno. La moraleja que se infiere de esta parte del debate es que no habrá por ahora revolución económica por la vía constitucional. 7. Control fiscal Si alguien dudare aún del círculo vicioso que aherroja al régimen político colombiano, bastaría contemplar lo que acontece con la reforma constitucional en el aspecto concerniente a la vigilancia de la gestión fiscal del Estado. En ningún tema se observa tanta pobreza en las propuestas de recambio, tanto de parte de la administración cuanto de parte de la ciudadanía, y pese a ello ningún tema ha suscitado más preocupación y debate entre los constituyentes que la eventual sustitución de la Contraloría General de la República por la nueva Corte de Cuentas. Se ha presentado incluso un conato de rebelión entre los representantes a la Cáma ra, que hubo de ser debelado por el presidente de la República y el jefe único del liberalismo, y se prevé desde ahora, por la cantidad de constancias registradas, que este asunto será la piedra de tropiezo de la enmienda durante su segunda vuelta en la legislatura ordinaria de 1989. Puesto que el clientelismo burocrático y presupuestal es el mecanismo de reproducción de la clase política y del sistema bipartidista en su conjunto, la modificación del corriente régimen de control fiscal apareja el replanteamiento de los electorados cautivos (los llamados feudos podridos) y amenaza los intereses creados de los parlamentarios de la cámara baja que eligen al Contralor a cambio de una porción o cuota parte del


botín de empleos de la Contraloría. Se confirma así, una vez más, que los representantes de la nación son incomparablemente más sensibles a la alteración de su propio sistema nutric io que al descaecimiento de las libertades ciudadanas, el deterioro del patrimonio común o la ilegitimidad de las institu-ciones. Hasta tanto el mayor compromiso del estamento congresional sea la defensa corporativa de sus fueros y privilegios, en detrimento de las urgencias colectivas y de la apertura del proceso político, se mantendrá el bloqueo del Estado que ofrece razones y sinrazones a la rebelión y a la violencia. El Tribunal de Cuentas que sugiere el proyecto gubernamental, con un número indeterminado de miembros designados por un Consejo Elec toral de las tres ramas del poder, se convierte en la ponencia para el Senado en la Corte de Cuentas, compuesta de cinco magistrados elegidos por la Cámara de Representantes. En uno y otro caso, las funciones del organismo son aproximadamente las mismas que hoy ejerce la Contraloría, vale decir, el registro de la deuda pública, la contabilidad nacional y la vigilancia de la gestión presupuestal y financiera de todos los entes estatales. Del lado de la sociedad civil, es bien poco lo que puede registrarse. El Colegio Nacional de Abogados, la Unión Patriótica y la Fundación para la Investigación del Archipiélago de San Andrés y Providencia coinciden en postular una Rama Fiscal como cuarto sector de la organización estatal, con algunos avances respecto de la desarticulación observable hoy entre las agencias fiscales (Contraloría, Procuraduría y Registraduría), cada una de las cuales parece responder a una

lógica distinta y marchar en una dirección diferente. En teoría, los tribunales de cuentas han venido a reemplazar con ventaja a las contralorías en muchos países. En la práctica, sin embargo, existen serios motivos para dudar de que la simple sustitución de una autoridad unipersonal por otra colegiada tenga la virtud de supe-rar la ineficiencia y la corrupción que han caracterizado hasta ahora la administración del patrimonio público y su control correspondiente. 8. Régimen departamental y municipal El polémico proceso de paz de la administración Betancur se tradujo a la postre en dos resultados concretos, el uno de orden político y el otro de orden jurídico: la Unión Patriótica y la reforma municipal, respectivamente. En el primer caso, se trata del movimiento político sur-gido del Acuerdo de La Uribe de 1984, que suscribieran la Comisión de Paz y las FARC; en el segundo, de la modernización de la administración local, en torno a la elección popular de los alcaldes municipales, a que se redujo la apertura democrática de 1982. El éxito de una y otra experiencia, tal como puede apreciarse hoy, es muy desigual. La Unión Patriótica tiene una pequeña pero activa representación parlamentaria, padece una auténtica campaña de exterminio por parte de los grupos paramilitares y no consigue o no decide todavía separarse de la organización guerrillera que le dio origen. La reforma municipal, por su parte, tiene tanto de conquista como de concesión, apenas ha empezado a ensayarse a través de las un mil nueve nuevas administraciones locales elegidas en marzo de 1988 y suscita grandes expectativas como que corresponde al signo más promisorio del


proceso político nacional, a saber, la eclosión de los movimientos cívicos y regionales. En este contexto, las propuestas de reforma constitucional en materia de régimen departamental y municipal revisten una importancia decisiva. Así lo reconoce incluso el propio gobierno al plantear un cierto número de innova-ciones interesantes como la elección popular de los gobernadores departamentales, la trans formación de las intendencias y comisarías en departamentos especiales, el restablecimiento de las provincias como entes intermedios entre los departamentos y los municipios, y el refinamiento dé las normas fundamentales atinentes a la administración regional y urbana. Con excepción del último aspecto, empero, estas iniciativas no aparecen en el proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988 debido a que el senador ponente considera que resulta más conveniente ocuparse de la problemática departa-mental por separado y en la segunda vuelta. Ello entraña un vicio de procedimiento en la tramitación de la reforma, que señalaremos más adelante, y muestra la proverbial predilección del órgano legislativo por la vía de menor resistencia en lo referente al revisionismo normativo. El texto en curso recoge tan solo algunos ajustes al sistema actual e incluye dos cambios al régimen de los alcaldes populares: en adelante, los ejecutivos de las capitales y ciudades de más de trescientos mil habitantes se eligen para períodos de cuatro años, al paso que los demás lo son para un término de dos años, y todos ellos cuentan con un suplente personal también elegido. La inventiva ciudadana es harto predecible aun cuando bienvenida.

Pueden enumerarse medidas como la conversión de los territorios nacionales en departamentos (Universidad INCA y Unión Patriótica), la asimilación de los resguardos indígenas a entidades territoriales de la nación (Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente), la fijación de las divisio nes internas del territorio con base en criterios ecológicos (Universidad de América) y la elección popular de las autoridades regionales (Prodemocracia y Movimiento de Salvación Nacional). Si ninguno de estos avances puede desdeñarse, el glosador no puede evitar un sentimiento de desencanto al comparar las iniciativas efectivamente presentadas para la modernización departamental y el dinamismo democratizador de la población que florece en otros ámbitos. 9. Participación ciudadana Por todo lo que se ha consignado atrás; la participación ciudadana en la vida del Estado es la verdadera fuente de la legitimidad constitucional. Y sin el consentimiento activo y explícito de la población, ni la ley de leyes, ni el conjun-to de instituciones y autoridades que ella sanciona, tendrán carácter genuinamente demo crático. Desde este punto de vista, bien puede decirse que en la incorporación del pueblo al proceso de toma de decisiones públicas radica la clave para democratizar la convivencia y, de consiguiente, para legitimar la institucionalidad y su normatividad. En Colombia, la presencia popular como suprema instancia decisoria, esto es, como soberanía, brilla por su ausencia en sectores tan estratégicos como la administración de justicia, el manejo del orden público, la formulación de las políticas econó micas, el control de los representantes y gobernantes, la gestión


del patrimonio natural y cultural, y la mismísima reforma de la Constitución, según se advierte en este sumario análisis. Un tal déficit de soberanía popular efecti-va, en honor a la verdad, no es únicamente resultado de un sistema institucional y normativo obsoleto y autoritario sino también y sobre todo de unas fuerzas políticas minoritarias o poco representativas de las mayorías sociales. De ahí que las nociones de soberanía e iniciativa para legislar adquieran señalada trascendencia como medios jurídicos a través de los cuales se realiza la participación legitimadora de la población políticamente activa. Aunque ello no pueda probarse judicialmente, como tantas otras cosas en este país, resulta evidente que las propuestas constitucionales de las organizaciones societales han terminado por influir en el proyecto reformista del gobierno. Tal es el caso del concepto de soberanía popular, propio de los regímenes de democracia participativa o semidirecta, cuya sola postulación implica un gran salto adelante con res-pecto a la noción de soberanía nacional, típica de los sistemas de democracia representativa o república. Tanto en el articulado original como en la ponencia para primer debate se da cabida a esta novísima. figura, hasta ahora ajena a nuestra tradición toda vez que el artículo segundo constitucional consagra desde hace cien años la- soberanía nacional, la cual es patrimo nio de los individuos de una y otra Cámara, quienes "representan a la nación entera y deberán votar consultando únicamente la justicia y el bien común", al tenor de la regla 105 de la codificación. Este sistema de soberanía indivisible, que da pie a la delegación aparentemente irreversible del poder político de la nación en manos de sus representantes, cede el paso a un esquema

de soberanía fraccionada, controlable y revocable, en el cual el titular es el pueblo, que nunca entrega del todo sus libertades y las ejercita por sí mismo regularmente. Sucede, sin embargo, que a instancias de la bancada conservadora la Comisión Primera del Senado ha mezclado malamente las dos categorías y ahora el precepto habla de la soberanía nacio nal ejercida por el pueblo, sin que se sepa a ciencia cierta quién es el soberano: la nación, esa entelequia jurídica y moral que no puede actuar por sí misma, o el pueblo, esa realidad histórica y política que sí puede actuar por sí misma137. De otra parte, la propuesta oficial plantea por primera vez entre nosotros la iniciativa legislativa popular, si bien el articulado aprobado en 1988 la restringe al excluir los proyectos de ley que se refieren a economía, hacienda y admi-nistración pública. Esta posibilidad de elevar proposiciones al Congreso, que eventualmente se conviertan en leyes, se extiende también a gremios y sindicatos. La réplica ciudadana incluye la soberanía popular, apoyada por el Partido Socialista de los Trabajado res, la Comisión Nacional Comunal, el Frente Popular, el Instituto de Estudios Liberales de Antioquia y Prodemocracia; la iniciativa legislativa popular, sustentada por la Unión Patriótica; el multipartidismo, respaldado por la Universidad del Valle; y la ampliación de la participación política de campesinos, indígenas y mujeres, propuesta por Acción Unitaria Campesina, Organización Nacional Indígena de Colombia y Organización Múltiple de Mujeres, en su orden.

137 H. Valencia Villa, El Anticonstitucional , pp. 14 a 22.


Pese a la activa movilización popular de la última década, el debate acerca de las alternativas de opinión, de poder y de orden no entra aún en el terreno de las iniciativas de Estado y las grandes cuestiones de la política como soberanía, legitimidad, representación. Tal discusión es necesaria, aunque no debe perderse de vista que ningún régimen de soberanía eliminará el riesgo de que los representantes terminen prevaleciendo sobre los representados o sobre la cosa representada. Conviene recordar la admo-nición de Proudhon: "Siempre, a pesar de los principios, el delegado del soberano será el dueño del soberano"138. 10. Control y reforma de la Constitución El control de la constitucionalidad de las leyes, lejos de ser una cuestión de técnica jurídica reservada a los especialistas, entraña hoy un problema político de interés general: la autoridad y la eficacia de la legalidad constitucional, como fiel trasunto del consenso político domi nante, para encuadrar la gestión estatal y la acción social. Por tal razón, la llamada defensa judicial de la Carta no es sólo la preservación de la estructura jerárquica del orden jurídico interno, de suerte que la Constitución sea en verdad la ley suprema del territorio, sino además la protección de las libertades públicas, los derechos humanos y todos aquellos bienes y valores que integran la cultura política de una sociedad y que constituyen la única justificación ética de la existencia del Estado. En estrecha vinculación con este tema, la reforma constitucional, como subrayamos al restituir el contexto de la enmienda en

138 Citado por Bertrand de Jouvenel, El Poder, Editora Nacional, Madrid, 1974, p. 142.

trámite, plantea otra cuestión política de primer orden: la posibili dad de canalizar el conflicto civil, con todo su potencial de cambio social y participación popular, por las vías pacíficas del derecho. Es esto y no otra cosa lo que está en juego cada vez que se reforma la norma fundamental en un país como la Colombia de hoy. En estas materias, la iniciativa barquista se apropia de lo más avanzado del debate plebiscitario adelantado en los primeros meses de 1988 pero también reitera viejas obsesiones de la dirigencia tradicional. Respecto de enmiendas al código político, se proponen tres procedimientos alternativos: un acto legislativo del Congreso, un referéndum o una asamblea constituyente, en ambos casos por convocator ia de las Cámaras. Por cualquiera de estas vías pueden tramitarse propuestas del gobierno, de diez parlamentarios, de doscientos cincuenta concejos municipales o de quinientos mil ciudadanos. Sobre control constitucional, se revive la idea de crear una Corte especializada de origen político que reemplazaría a la Cor te Suprema de Justicia y al Consejo de Estado en la función de determinar la exequibilidad o inexequibilidad de las decisiones legislativas y administrativas del Estado. El proyecto gubernamental incurre en la ingenuidad o la torpeza de declarar en su artículo 178 que la reforma no estará sujeta a control alguno, negando el pos-tulado del Estado de Derecho que se inscribe en el pórtico del articulado y olvidando que la vigilancia de ésta o cualquier enmienda no es un problema de derecho sino de poder que depende del juez constitucional. Para bien o para mal, el minimalismo bipartidista vuelve a imponerse pues para estas fechas ha caído en el olvido la sugerencia de la Corte Constitucional y se


ha regresado al sistema de control por la Corte Suprema con una salvedad: las decisiones ya no son de la competencia de la Sala Plena sino de la Sala Constitu-cional, que se convierte en falladora y dobla su población a ocho magistrados. El Congreso como constituyente derivado ha prescindido igualmente de la iniciativa ciudadana para proponer revisiones a la ley suprema, reservándola para el gobierno, las Cámaras, los partidos sin representación parlamentaria y las organi-zaciones de patronos y trabajadores. Se observa consenso generalizado entre las entidades no gubernamentales en torno a la conveniencia de introducir la consulta popular o referéndum para la aprobación o improbación de los cambios normativos. Algunas organizaciones, como la Asociación Colombiana de Abogadas y el Frente Popular, sugieren institucionalizar el procedimiento de la asamblea constituyente, y otras más, como la Casa de la Mujer y el Movimiento Nacional Conservador, se pronuncian en favor de la derogatoria del artículo 13 del plebiscito de 1957, que prohíbe toda modificación constitucional por fuera del Congreso o sin él. III. PERSPECTIVAS Casi todas nuestras conclusiones acerca del ejercicio de inventiva constitucional del año pasado, lo mismo que de la preceptiva fundamental encarnada en la enmienda pendiente, están consignadas en las páginas precedentes. No sobra, empero, ofrecer algunas observaciones finales. Si el proyecto original de la administración Barco ha perdido algo de su incoherencia a lo largo de la primera mitad del trámite parlamentario, las inquietantes características señaladas se

mantienen y probablemente se incor-porarán al estatuto superior, por lo menos durante algún tiempo. Porque existen razones para pensar que durante la segunda mitad del proceso podría generarse una tacha de inexequibilidad que daría al traste con el nuevo texto, si los congresistas, como prometen hacerlo, modifican cualitativamente el articulado ya establecido en la legislatura anterior. En efecto, los más de los parlamentarios, incapaces de negar las protuberantes deficiencias y las graves amenazas de que está preñado el proyecto, han dejado docenas de constancias y aclaracio nes de su voto favorable en la primera vuelta, con la vana pretensión de alterar o adicionar el acto legislativo en su segunda y última vuelta. Amén de que resulta escandaloso aprobar un texto que no se comparte o frente al cual se abrigan dudas de fondo, so pretexto de no desperdiciar la legislatura de 1988 o de acatar la disciplina de partido, lo que se arriesga es mucho más serio: con arreglo a la reciente jurisprudencia de la Corte en materia de reformas constitucionales, la segunda legislatura de toda enmienda es tan solo de ratificación y en su transcurso no puede alterarse ni adicionarse, sino apenas retocarse en aspectos formales, el texto fijado en la legislatura inicial. Si no fuere así, la propia Carta en su regla 218 no exigiría la publicación gubernamental del proyecto aprobado después de la primera vuelta y antes de la segunda, ni ordenaría la adopción definitiva del articulado por la mayoría absoluta de los miembros de ambas Cámaras. Ello quiere decir, en otras palabras, que el poder constituyente secundario o derivado de que están investidas los representantes nacionales se ejerce con amplitud durante la primera ronda y con restricciones durante la segunda ronda, por lo cual acrecer o cambiar el pliego reformatorio ya establecido significa quebrantar el


trámite canónico con un vicio de procedi-miento que bien puede conducir a una declaratoria de inexequibilidad por la Corte. En cualquier caso, la reforma es mediocre, como el gobierno que la propone y el Parlamento que la tramita. Y el singular despliegue de imaginación constitucional de 1988 que hemos reseñado no logra desvirtuar el hecho de que los colombianos volvemos a padecer y no a protagonizar la modificación de nuestro contrato social. Así lo corrobora, por desgracia, el propio silencio de las organizaciones de la sociedad civil, que han hecho mutis por el foro tras el fracaso de la tentativa plebiscitaria en abril de 1988. Peor aún, el Ejecutivo insiste en desvincular la enmienda de su proyecto de pacificación (la Iniciativa para la Paz), en un gesto de esquizofrenia política que no es nuevo ni aislado pero que resulta trágico en la coyuntura por cuanto supone ignorar que la Constitución es el verdadero tratado de paz entre los colombianos. Esto no implica que una nueva Constitución y un nuevo constitucionalismo sean suficientes, para sortear la crisis estructural del Estado. Pero son necesarios comoquiera que se trata de remediar también la injusticia política. Por todo ello, la gran frustración que la enmienda en curso le deja al país nacional es que con ella parece haberse perdido otra oportunidad histórica, probablemente la más propicia en los últimos cuarenta años, para pactar el cambio y la participación mediante métodos civilizados. El aporte del constitucionalismo insurgente o alternativo a la crisis nacional consistiría en diseñar un espacio institucional sin exclusiones, en el cual se garanticen a to-dos procedimientos legítimos, es decir, demo cráticos y pacíficos a la vez, para

perseguir y realizar los más diversos objetivos e intereses. Hace más de dos generaciones, en otra edad oscura, Albert Camus decía que "la verdadera generosidad con el porvenir consiste en darlo todo al presente"139. Nuestra mejor respuesta al viejo constitucionalismo minoritario y con-flictivo que se nos impone es avanzar -en la tarea plural de codificar el nuevo constituciona lismo democrático que pugna por articularse y en el cual está cifrado el proyecto político alternativo que puede convocar a los colombianos. BIBLIOGRAFIA Barco, Virgilio, Proyecto de Reforma Constitucional, Bogotá, Presidencia de la República, 1988. Charria Angulo, Alfonso, Plebiscito, Referéndum o Dictadura? La Constitución de Barco, Bogotá, Impresores Iberoamericanos, 1988. Fals Borda, Orlando, et al, La insurgencia de las provincias: Hacia un nuevo ordenamiento territorial para Colombia, Bogo tá, Universidad Nacional/Siglo XXI Editores, 1988. Gaviria Trujillo, César, Memoria al Congreso Nacional: Documentos políticos en torno al proceso de reforma institucional, Ministerio de Gobierno, Bogotá, 1988. Lleras Restrepo, Carlos et al. Hacia una reforma Constitucional, Medellín, El Mundo/Universidad de Medellín, 1988.

139 A. Camus, El hombre rebelde (1951), Alianza Editorial, Madrid, 1982, p. 338.


Restrepo Piedrahita, Carlos, Tres decenios de proyectos constitucionales en el Congreso de Colombia, 1957-1986, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1987. Valencia Villa, Hernando, El Anticonstitucional: Introducción a la crítica de la Constitución Política, Bogotá, Ediciones Uniandes, 1981. -Cartas de batalla: Una crítica del constitucionalismo colom biano, Bogotá, Universidad Nacional/CEREC, 1987. -"El régimen bipartidista colombiano a la luz del derecho de los conflictos armados", Bogotá, 1987. -"Un gobierno sin abogados en un país de abogados", Magazín Dominical de El Espectador, Bogotá, septiembre 27 de 1987. -"Vida, pasión y muerte del Tribunal Especial de Instrucción", Análisis Político, No. 2, Bogotá, septiembre a di-ciembre de 1987. -"Bases de reforma constitucio nal", Bogotá, 1988. -"Una evaluación del debate constitucional de 1988", Bogo tá, 1988. -"Glosas a la propuesta de reforma constitucional de la administración Barco", Bogotá, 1988.

Coyuntura La constitución brasileña…

LA CONSTITUCION BRASILEÑA: LIBERALISMO, DEMOCRACIA

Y PARTICIPACIÓN Jorge Orlando Melo* El 5 de octubre de 1988 el presidente José Sarney promulgó la octava Constitución de la historia del Brasil, redactada por la Asamblea Nacional Constituyente a lo largo de 19 meses de discusiones y debates. Durante este proceso los grupos renovadores y tradicionalistas del Brasil tropezaron y se enfrentaron con frecuen-cia, hasta el punto de que muchos temieron que sería imposible lograr un consenso que diera bases sólidas a la recién reconstruida democracia. Los choques entre la Asamblea y el Ejecutivo, que veía con preocupación cómo en aquélla parecían triunfar un esquema político parlamentarista y un federalismo que dejaba sin muchos poderes al gobierno central, hicieron pensar que podía repetirse la historia de 1823, cuando se reunió la primera Asamblea Constituyente de la historia brasileña. En aquella ocasión, el emperador Pedro I no juzgó aceptable la Carta expedida por la Asamblea, y prefirió disolverla. La Constitución fue redactada, entonces, por un pequeño grupo de aseso res y refrendada por los concejos municipales del país. Esta vez, sin embargo, predominó la moderación y triunfó el espíritu de compromiso. Los representantes de los partidos que más habían estimulado la ruptura con el statu quo, fueron aceptando diversos grados de compromiso con las posiciones del Ejecutivo y de los sectores tradicionales. En particular, a pesar de la

* Historiador. Investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.

mayoría original que prefería un sistema parlamentario de gobierno, la Asamblea aprobó finalmente un esquema presidencialista, aunque lleno de restricciones, y dejó una curiosa cons-tancia de sus intenciones reales al incluir en la Constitución un artículo que convoca a un plebiscito en 1993, en el que los votantes decidirán si el Brasil será una "monarquía" o una "república" y si el régimen político será parla mentario o presidencialista. Igualmente cedió la Asamblea en su pretensión de fijar en cuatro años la duración del período presidencial vigente, lo que habría lanzado al país a eleccio nes casi inmediatas de presidente: finalmente, Sarney recibió un mandato de cinco años, que tranquilizó algo a los más inquietos defensores del autoritarismo. Con la firma de Sarney concluía la etapa principal del proceso de democratizació n del Brasil, iniciado a mediados de la década pasada bajo la presidencia del general Ernesto Geisel, y que tuvo un momento central en 1983-84, cuando todo el país se movilizó para discutir si el presidente debía ser elegido en forma directa y si la Constitución debía ser elaborada por un órgano escogido únicamente para tal efecto. Se acordó entonces, contra la opinión mayoritaria del país pero con el apoyo de los principales partidos democratizadores, el sistema de elección presidencial indirecta, que llevó al poder a Tancredo Neves y a su vicepresidente José Sarney; después de las elecciones de 1986, que dieron el poder en casi todos los estados al partido de oposición, Partido Movimiento Demo-crático Brasileño (PMDB), que se convirtió también en la principal fuerza parlamentaria, se decidió no hacer una nueva elección para la Constituyente y conformar ésta a partir del Congreso.


Estas soluciones transaccionales, curiosamente estimuladas por partidos que aparecían como representantes de la oposición, como el PMDB, probablemente hicieron posible que el proceso constitucional terminara normalmente y que esta Constituyente no fuera, como su lejana antecesora, disuelta por el Ejecutivo. Otros temas de debate, como la amplitud de las garantías y libertades individuales, el sistema tributario y los derechos sociales y laborales, llevaron en diversos momentos al gobierno y a otros sectores dominantes a expresar un vio lento rechazo del texto constitucional y a pro-nosticar que bajo el imperio de la nueva Carta el Brasil sería ingobernable, el gobierno federal carecería de recursos fiscales e incluso, como afirmó el presidente, sería imposible detener o apresar un criminal. Las transacciones de los sectores políticos dejaron en amplios sectores de la opinión -contra el punto de vista del gobierno y de los grupos más autoritaristas- la sensación de que la Constitución no representaba la verdadera opinión del país, y que las ilusiones despertadas por el proceso constitucional entre amplias capas populares y sindicales habían sido de-fraudadas. Así, mientras para unos era una Constitución que destruía las bases del poder tradicional y no podía sino conducir al país a una nueva fase de anarquía, para otros era una Constitución tradicional, que había desperdiciado las oportunidades de romper radicalmente con el pasado militarista y dictatorial. Sin embargo, en la Asamblea Constituyente los principales grupos políticos, aun los que ha bían visto cómo algunas de sus ideas favoritas habían sido rechazadas, estuvieron de acuerdo en

firmar la Constitución, convencidos de que representaba la transacción mejor posible y un camino de superación de las dificultades políticas de las últimas tres décadas. Y sobre todo, que representaba un punto de confluencia central: el acuerdo de los sectores civiles brasileños para construir un régimen que no invite la intervención militar y que no permita el retorno a las formas de dictadura y violencia de los años recientes. En el proceso de democratización que condujo a este punto de confluencia tuvo un peso singular la Iglesia, con su defensa de los derechos humanos y su compromiso con los sectores más pobres. Igualmente el sector sindical, que ha ganado una presencia cada vez más fuerte en el nuevo ordenamiento brasileño, hizo que el debate de los derechos de los trabajadores se convirtiera en uno de los ejes de la discusión constitucional. Los partidos que representan con mayor claridad una perspectiva obrera, aunque decepcionados por no haber logrado la aprobación de medidas como la jornada semanal de cuarenta horas, firmaron en la Asamblea la nueva Carta, mostrando su realismo y su compromiso con un proyecto demo-crático viable. LAS PECULIARIDADES DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN Aprobado el nuevo texto, con el apoyo, así fuera reticente, de los grupos más disímiles de la sociedad brasileña, su lectura revela que, como los buenos textos constitucionales, es el resultado de la transacción y el consenso de prácticamente todos los partidos con representación real, y que incorpora un verdadero acuerdo social, en el cual los principales sectores de la sociedad logran garantizar sus intereses centrales, sin que a nadie se le concedan instrumentos para aniquilar o paralizar a sus adver sarios.


Los sectores sindicales, por ejemplo, obtuvieron amplias conquistas laborales, pero debieron aceptar que la Carta diera importantes garantías al sector empresarial, como el reconocimiento de la prioridad de la empresa privada en el ordenamiento económico, la ga rantía de inexpropiabilidad de las tierras explo tadas y en general la incorporación en la Cons-titución de unos principios de liberalismo económico muy radicales. El ejército, que finalmente parecía esperar simplemente que el debate acerca de la reforma constitucional no fuera a conducir a un impasse político insuperable, logró conservar sus fueros legales y vio cómo algunas de sus concepciones geopolíticas, aun si parecían contradecir el extremo liberalismo de la Constitución, resultaban incorporadas en las nuevas normas. En efecto, la Constitución, a pesar de que prohíbe al Estado, como principio general, realizar actividades económicas que puedan desarrollar los particulares, exceptúa aquellas que tengan importancia estratégica y social y, yéndose al extremo opuesto, ordena el monopolio estatal en áreas como la explotación de la energía nuclear o los hidrocarburos, hasta el punto de prohibir contratos como los de riesgo y asociación. Además, reserva la actividad minera a los naciona les y eleva a principio constitucional la norma de la reserva de mercado, aplicada hasta ahora únicamente a la informática: la ley podrá, en adelante, aplicar este principio a cualquier área que se considere de importancia estratégica en términos nacionales. La Constitución es bastante prolija y extensa, y entra en detalles que tradicionalmente no se incluyen en los textos constitucionales. Es por lo menos el doble de extensa que la ya larga Constitución española, y varias decenas de veces más larga que la de Estados

Unidos. Esto ocurre en buena par te porque resulta evidente el intento por incluir en ella derechos y garantías que dejados a la ley podrían ser desvirtuados e ignorados. Es así como presenta una extensa enumeración de los beneficios laborales (incluso determina, por ejemplo, el porcentaje del sueldo de la prima de vacaciones), o una serie de detalles sobre asuntos tributarios o judiciales, que en otras constituciones se dejan a la reglamentación legal. Sin embargo, si se piensa en la historia constitucional latinoamericana, caracterizada por una enumeración vaga y abstracta de derechos que luego no se convierten en instrumentos legales operativos -piense, por ejemplo, en el principio de la "educación gratuita y obliga toria", o en el "derecho al trabajo", etc.-, el intento brasileño resulta particularmente interesante. En efecto, allí se incluyen, como en tantas de las normas hispanoamericanas, expresiones que tradicionalmente fueron entendidas como metas ideales, programas o expre-siones de deseos, pero con la novedad de que se busca definir en la misma ley fundamental los mecanismos para su aplicación práctica. Es bien interesante, por ejemplo, que se señale que los funcionarios públicos son responsables por el incumplimiento de las normas sobre obligatoriedad de la educación primaria, en la medida en que no garanticen una oferta adecuada de cupos. Y aun más novedoso es el hecho de que a la acción de inconstitucionalidad contra las leyes se añada una acción de incons-titucionalidad "por omisión", que permite demandar ante la Corte Suprema el hecho de que una determinada garantía constitucional no se haya puesto en práctica o no haya tenido desarrollo legal. En estos casos, la Corte podrá proponer el ordenamiento legal necesario, y si se trata


de asuntos del orden administrativo, fijar un plazo perentorio para su aplicación. FEDERALISMO Y DESCENTRALIZACIÓN Dada la complejidad y prolijidad de la Constitución, resulta difícil hacer un resumen de ella, pero es posible presentar una breve descrip ción de sus principales rasgos, sub rayando los puntos más novedosos. La Constitución ratifica la tradición federal del Brasil, pero refuerza dramáticamente la capacidad de acción de los Estados y los municipios, a costa del gobierno federal. Un extenso capítulo señala los recursos fiscales que corres-ponderán a cada uno de los tres niveles del Estado, y las transferencias que deberán realizarse entre ellos. A primera vista, parecería que el gobierno central queda con una parte muy reducida_ de los ingresos fiscales, lo que explicaría la impresión de los sectores del Ejecutivo de que el nivel central va a quedar sin capacidades reales de gobierno. A esto hay que añadir el hecho de que la autoridad sobre la policía, tanto civil como militar, a la que se asigna la conservación del orden púb lico, se coloca en manos de los gobernadores estatales. Además, el gobierno central no recibe atribuciones que le permitan suspender o destituir gobernadores o alcaldes, pudiendo apenas realizar, en casos taxativamente determinados, intervenciones temporales. La transferencia de atribuciones y recursos fiscales a los órganos regionales o locales de poder está acompañada por un traslado de funciones del Ejecutivo al Legislativo, que en buena medida representa una ruptura con la historia brasileña, caracterizada por un fuerte

presidencialismo, de corte ``imperial". En este terreno del debilitamiento del Ejecutivo, vale la pena destacar cómo el presidente, a la mane ra de Estados Unidos, debe someter a confirmación parlamentaria una serie de nombra-mientos, como los de miembros de la Corte Suprema y el Tribunal Superior de Justicia, los embajadores, el gerente del Banco Central y, un poco ominosamente, "los titulares de otros cargos que determine la ley". Igualmente, contra la práctica tradicional de un país en el que la conducción de las relaciones internacio -nales ha sido prerrogativa fundamental del presidente, todos los tratados y actos internacionales que generen obligaciones para el Brasil deberán ser aprobados por el Congreso. Finalmente, corresponde al Congreso aprobar la declaración del "estado de defensa" y del estado de sitio, con el poder adicional de ordenar su suspensión. EL ESTADO Y LOS DERECHOS CIUDADANOS El Estado (tanto en el nivel central como en las regiones y localidades), resulta también debilitado por el esfuerzo de establecer un régimen de derechos individuales y sociales y de libertades que encuentra pocos paralelos en los sis temas constitucionales modernos, con excepción quizás de algunos países de tradición an-glosajona. Por ejemplo, se elimina por completo la censura (incluyendo la necesidad de licencias y permisos previos) para todas las formas de expresión política, ideológica, informativa, artística, etc. El derecho de asociación para fines lícitos se garantiza en forma absoluta, así como el derecho de reunión, en el que incluso se prohíbe establecer requisitos como la solicitud de autorización previa para ocupar "lugares abiertos al público". Los sindicatos


reciben una amplia libertad para organizarse, y el paternalismo tradicional en América Latina encuentra un freno en la prohibición al gobierno de intervenir o interferir en cualquier forma en la organización sindical, aunque se conservaron, incluso contra la opinión de algunos sindicalistas y de sectores de izquierda, normas como la que obliga a la unidad sindical y la retención de contribuciones a través de las empresas. El derecho de huelga se garantiza en forma muy amplia, incluso en el sector público. Además, se establece que corresponde a los sindicatos "determinar acerca de su oportunidad y acerca de los intereses que deban defender por medio de ella", lo que legitima la huelga política e impide al gobierno establecer pro-cedimientos y etapas de obligatorio cumplimiento en el proceso de declaración del cese de actividades. Como resulta lógico, dada la historia reciente del Brasil, un amplio esfuerzo se dedica a proteger a los ciudadanos contra' las arbitrariedades del Estado, en especial con las que pueden provenir de la acción de la justicia y de las fuerzas encargadas de la defensa del orden públi co. La Constitución precisa las condiciones de aplicación del hábeas corpus, fija un recurso de "amparo" para la protección inmediata de derechos evidentes violados por autoridades públicas y crea la figura del hábeas data, que permite a los ciudadanos tener acceso a las in-formaciones que sobre ellos reposen en los organismos estatales y requerir su corrección. La detención sin orden judicial escrita solo será posible en casos de flagrancia, lo que elimina las redadas policiales para detener simples sospechosos o indocumentados. En toda detención es obligatorio informar inmediatamente a los familiares del preso, indicando el lugar donde éste se

encuentra. Por supuesto, la tortura y el racismo se erigen en crímenes de extrema gravedad, junto con el terrorismo. Para ellos no podrá darse amnistía ni indulto, y su responsabilidad se extiende no solo a los ejecutantes de actos de violación de derechos humanos, sino a quienes pudiendo impedirlos permitieron su realización. Por supuesto, la substracción de una serie de recursos al Estado, y en particular al gobierno central, requiere la realización de esfuerzos para aumentar su eficiencia. En este sentido, la Constitución brasileña muestra que el clima político del país había llegado a un punto en el que era posible resolver algunos nudos gordianos que en otros países se vuelven insolubles por la acumulación de intereses encontrados. Por ejemplo, el problema de la creación de una carrera administrativa y la sustracción de los procesos de nombramiento de los funcionarios al sistema de clientelismo, es afrontado con decisión por los brasileños. Prácticamente todos los cargos públicos, excepto los definidos taxativamente como de libre nombramiento y remoción, serán provistos únicamente mediante concurso y se garantizará la estabilidad a sus ocupantes después de dos años; a los funciona rios actuales que lleven más de cinco años en su cargo se les garantiza automáticamente su estabilidad. Este principio se ap lica con todo rigor a la carrera judicial, incluyendo a los jueces o a los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, todos los cuales tendrán derecho, tras un período inicial, a un nombramiento vitalicio. En resumen, en todos estos aspectos la Constitución está dominada por un afán descentralis ta y casi libertario, orientado a reducir el poder del Estado y la capacidad de acción del gobierno y a ampliar el


espacio inviolable de libertades y derechos ciudadanos. LIBERALISMO Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Los anteriores aspectos podrían dar la impresión de que se ha producido un triunfo total de una visión liberal clásica del Estado, impresión que puede ser reforzada por las normas que reducen su participación en la actividad productiva y por algunas restricciones a su capacidad de intervención en la propiedad, sobre todo en el mundo rural. Sin embargo, otros elementos del ordenamiento constitucional muestran que al mismo tiempo se impusieron principios que se derivan más bien de una filosofía democrática y participativa, y de una visión del Estado moderno de corte social. En este sentido, una comparación con la Constitución española, que define al Estado como un "Estado social y democrático de derecho" podría ser interesante, aunque está fuera de los alcances de este artículo, y aunque es evidente el mayor radicalismo democrático y participatorio de la Carta brasileña. Entre los elementos que vale la pena destacar están las medidas para am-pliar la participación de la comunidad y de sus organizaciones en la gestión de diversas áreas de actividad pública, la muy amplia protección a los intereses de los trabajadores y la protección de bienes colectivos como el medio ambiente, el paisaje o el patrimonio histórico y cultural, así como las formas de defensa de las unidades familiares. Para estimular la participación comunitaria, la Constitución permite la realización de plebiscitos y referendos y abre el camino a la iniciativa popular en asuntos legales, tanto para proyec tos de orden nacional como local. Otros artícu-

los dan una amplia serie de atribuciones a las autoridades municipales, mientras otros ordenan la "gestión democrática" de la educación pública, las que determinan que los trabajadores tendrán asiento en todos los órganos en donde se tomen determinaciones relativas a sus derechos, las que señalan que el sistema de seguridad social se organizará con la participación de la comunidad y los trabajadores. Las medidas de protección al sector laboral pueden parecer, en algunos casos, relativamente anodinas para el lector colombiano, y sin duda sor-prende su inclusión en la Carta fundamental. Pero fuera de lo que podría considerarse apenas obvio -el pago de prima de vacaciones, el décimo tercer salario, el descanso dominical pueden destacarse normas como el estableci-miento del seguro de desempleo, el establecimiento de la jornada semanal de 44 horas, la licencia de paternidad, el pago de un salario mínimo a todos los mayores de 65 años y a los inhabilitados que no tengan fuentes alternas de subsistencia, la "prima de bajo salario", pagada por el Estado a todos los trabajadores con un ingreso inferior a dos salarios mínimos, la acumulación del tiempo de servicio público y privado para efectos de jubilación, la indexación de las jubilaciones, y la extensión de la asistencia social y del seguro social a todos los trabajadores. Igualmente novedosas y audaces son las normas sobre protección de bienes colectivos o públicos como el patrimonio cultural y los recursos naturales: además de establecer la obligación de recuperar las áreas alteradas por explotaciones mineras, se determina que zonas como la selva amazónica y las regiones costeras solo podrán ser explotadas económicamente por autorización específica de la ley, en la que se señalen


las garantías de protección al medio ambiente. Con relación a las poblaciones indígenas, la Constitución garantiza la posesión de sus tierras ocupadas tradicionalmente, sin que puedan ser transferidas ni concedidas a terceros: todo acto en contra del derecho de los indígenas a mantener la posesión de sus tierras se declara nulo. Será interesante ver si estas medidas, que tienen la venta-ja, por su redacción, de no requerir ley complementaria o reglamentaria para entrar en vigencia, logran alterar en alguna medida el –proceso de deterioro de la Amazonía y de despojo de las comunidades indígenas, que ha tenido lugar en los últimos años con el apoyo activo del Estado brasileño. CONCLUSIONES En conjunto, la Constitución brasileña resulta sorprendente por el amplio espacio que da a los derechos individuales, por el intento de reducir el campo de acción del Estado (debilitando su capacidad represiva y su papel como entidad productiva, aunque más bien reforzando su capacidad de regular la vida económica y social) y en particular de los organismos del gobierno central y por una preocupación perma nente por reconocer el papel de los ciudadanos y de sus organizaciones voluntarias en el ma nejo de sus asuntos. En cierto modo, se afirma una voluntad de construir un sistema político caracterizado por una participación permanente de los ciudadanos en el control de la vida pública. Podría identificarse este propósito, como ya se señaló, con la tradicional filosofía del liberalismo, pero esto sería sin duda inexacto, en la medida en que se pretende superar en varios sentidos el formalismo de la concepción constitucional liberal y reemplazarlo por normas que conduzcan con decisión a

estimular la participación popular y que contribuyan a generar una sociedad más igualitaria. Pero tampoco sería fácil identificar esta propuesta política con la perspectiva socialista o socialdemócrata clásica. En efecto, todavía el socia lismo se identifica en buena parte con el forta-lecimiento del Estado y con el desarrollo de un amplio sector productivo estatal, y en este sentido la opción brasileña tiene muy poco de estatista. En todo caso, el intento por analizar a la luz de las filosofías políticas tradicionales esta Constitución es probablemente inválido, en la medida en que el contexto brasileño fue modificando drásticamente las perspectivas políticas de los principales actores. La izquierda fue reemplazando su lucha por la revolución y el socialismo, por una defensa cada vez más encarnizada de la democracia, la participación y los derechos individuales y sociales, contra un Estado relativamente poderoso identificado con los objetivos militares. En el debilitamiento del Estado encontró la izquierda un punto de con-tacto con los sectores empresariales de corte liberal, que parecen dispuestos a correr los riesgos de la democracia y de cierta vigorización del sindicalismo, a cambio de una ampliación de su campo de acción económica -ya se habla de la privatización de importantes secto res de la economía actualmente en manos del Estado- y de una menor intervención pública. El modelo político y administrativo norteamericano, en su descentralismo y en su rechazo a un Estado productor, puede haber influido en esta formulación constitucional, conjuntamente con los elementos de intervención en el conflicto social y de regulación de la actividad económica más típicos de los sistemas europeos. Pero sin duda lo más interesante de esta com-binación está en la amplia medida en que


refleja las condiciones propias de la historia y la sociedad brasileñas. Ahora bien, la única prueba real de la capacidad de una Constitución para regular la vida política de un país está en los hechos mismos, y en este sentido la situación brasileña todavía es incierta. En efecto, las condiciones económicas, dentro del contexto de una elevada deuda externa y de una situación casi incontrolable de elevada inflación, son extraordinariamente difíciles a corto plazo. Esta situación produce una exacerbación de las tensiones sociales difícil de manejar, y hace mucho más volátil el ambiente político, como lo mostraron las recientes elecciones municipales, en las que la izquierda democrática más radical recibió una proporción inesperada de los votos. La nueva Carta, tan interesante en el papel, solo podrá contribuir a una democratización duradera del Brasil si el acuerdo social que revela logra mantenerse en el terreno de la acción política cotidiana y si los conflictos que genera inevitablemente la fase actual del proceso económico no conducen a una polarización social y a una parálisis política que invite a los militares a nuevas formas de intervención. Pero si estas condiciones se llenan, la democracia brasileña habrá abierto nuevos caminos y creado nuevos ejemplos para sus vecinos latinoamericanos con esta Constitución que no quiere quedarse en la retórica sino que espera transformar la cultura política para permitir el ejercicio real de una democracia inesperadamente amplia.

Debate Tres pintores frente al arte…

TRES PINTORES FRENTE AL ARTE Y LA CRISIS SOCIAL EN

COLOMBIA Carlos Granada Gustavo Zalamea Manuel Camargo Como lo dijimos en la presentación al número tres de Análisis Político, su aspecto gráfico en ésa y en las demás apariciones era algo destinado a trascender lo meramente ornamental para hacerlo coherente con la línea editorial de fondo de la revista. Eso explicaba, agregábamos, que desde el principio hubiéramos invitado en nuestras páginas a pintores nacionales que junto a la calidad plástica destacaran en su obra la problemática sociopolítica del país. Tal carácter en los artistas que nos han colaborado hasta este número -Augusto Rendón, Carlos Granada, Umberto Giangrandi, Gustavo Zalamea, Manuel Camago-, nos llevó a considerar de importancia conocer sus planteamientos verbales sobre su quehacer profesional y la crisis que vive el país. De ellos, dos no respondieron el cuestionario: Augusto Rendón por hallarse fuera del país y Umberto Giangrandi, quien se abstuvo de hacerlo. Análisis Político: Frente a la terrible crisis que conmueve al país, es frecuente oír decir a los colombianos: Yo como abogado, como sacerdote, como estudiante, como obrero, etc., etc., pienso que... tal cosa. ¿Y qué piensa de todo esto un pintor, un artista? Carlos Granada: Bueno, pienso que realmente frente a esta crisis que vive el país, a todos concierne tener opiniones y hacer claridad frente a lo que está sucediendo. Pienso que ésta no es una crisis actual, ni mucho menos, es una

crisis de toda la vida, o sea viene desde la Colonia y posterior a la Colonia, en la Independencia aun. En la medida en que los grupos que dirigen al país han instaurado una violencia que viene de mucho tiempo atrás, la crisis tiene que ser concomitante. Lo que pasa es que ese aspecto de la violencia ha ido cobrando en los últimos años gran importancia. No podemos olvidar lo que, fue la llamada época de la violencia en Colombia, donde evidentemente ésta se ejerció sobre las clases trabajadoras. Hoy, esa violencia, desde luego, tiene repercusiones mucho mayores en las ciudades, en el campo, en toda la vida, en todo el contexto nacional. En ese aspecto, el problema es que la violencia se ha ido volviendo endémica y los sectores populares en una o en otra forma han respondido a una violencia que los ha ido atropellando toda la vida, todo el tiempo. En este momento se siente mucho más cómo hay respuestas a esa violencia que se ha ido produciendo en el país desde hace tanto tiempo. Yo creo que justamente, se habla de que en Colombia la violencia tiene características muy dramáticas pero, a mi modo de ver, esto no ha llegado al fondo. Aún necesitamos tocar fondo en esta situación y esto se dará en la medida en que comprendamos que esta violencia oficial que se ha venido instaurando en el país, tiene que cesar para dar campo a que las clases populares, las clases marginales, etc., tengan un lugar en la sociedad, haya trabajo, haya mejores condiciones de vida, haya mejor trato para la gente. Y no se trata solamente de las clases populares, se trata también de la violencia que se instaura cotidianamente en las ciudades, contra las clases medias, inclusive la violencia que las clases altas han comenzado a sentir. Desde luego, todo esto obedece a un fenómeno de profundidad en la vida nacional y hay que


tratar de encontrar sus raíces para hacer posible terminar con él. Para mí de lo que se trata es de volver a una justicia social, darle trabajo a la gente, darle mejores condiciones de vida, que haya un mejor reparto de la riqueza nacional, etc. Gustavo Zalamea: Podría decir que la "izquierda" tiene una pesada responsabilidad en la violencia que nos toca vivir hoy. Cuando hace ya más de veinticinco años la guerrilla realizó su primer secuestro, y cometió su primer asesinato en nombre de la Revolución (sin que socialistas ni comunistas dijeran esta boca es mía) perdió al mismo tiempo todo valor y legitimidad moral. Esa es la tragedia que ha conducido a la reproducción de una violencia feroz y sin escrúpulos que ya nadie controla. Como artista detesto esa lucha sangrienta por imponer el poder a la fuerza sobre las gentes y los pueblos. (Lucha y poder que asumen muy distintas y monstruosas formas: como ver a Salman Rushdie condenado por el fanatismo; como sufrir las matanzas de los soldados en el Caquetá o la de los policías judiciales en La Rochela). El artista le da forma a esa materia tan fluida, diversa y complicada que es la vida. Está armando el mundo, apuntalándolo, representándolo, organizándolo, constantemente. Si es un verdadero artista su trabajo es siempre una lucha contra la muerte, aun cuando sepa que no puede detenerla. Manuel Camargo: Yo creo que el problema que estamos afrontando debemos verlo de forma integral para no caer en opiniones aisladas. Las contradicciones, los enfrentamientos partidistas, la pérdida de toda autoridad e ideología, la falta de una acción conjunta,

la pobreza en ideas, en teorías, son la manifestación más evidente del caos que vivimos. A todo esto se suma nuestra indiferencia, y es nuestra indiferencia la que contribuye a fortalecer los intereses de los sectores empeñados en prolongar la situación que estamos padeciendo. Los procesos de paz, las largas negociaciones, los acuerdos temporales, ¿a cuántas muertes equivalen? Daniel Pécaut dice que en cualquier otro país estos problemas hubieran provocado cambios muy importantes. Aquí los problemas hacen parte de la vida normal. Ahora, como pintor, uno siempre está viendo al país dentro de un plano totalmente surrealista, con la diferencia de que todo el absurdo, la carga de ficción, esa imaginación desbordante que caracteriza el surrealismo, aquí en Colombia se vuelve una triste realidad. Las 67 amnistías, las ausencias, las alianzas, las metamorfosis, los olvidos, el tiempo, y lo que es más grave, la manera como se está caracterizando la violencia, son del más terrible surrealismo. Es triste ver a Colombia, a finales del siglo XX, entrando a la historia como el país más salvaje y más violento de todos los tiempos. Análisis Político: De tanto hablar sobre el compromiso social del artista y su obra, el problema terminó por volverse un asunto meramente formal. Sin embargo, con una realidad social y política tan amenazante como la nuestra sí parece tomar un urgente sentido el que ustedes, desde su condición profesional y ética, se manifiesten respecto de esa realidad. Carlos Granada: A mí me parece que es obligación de todos los intelectuales, artistas y gentes conscientes de un país, asumir una posición clara frente a todo lo que está sucediendo. Desde luego no se


trata solamente de pedirle a los artistas un compromiso frente a su obra de arte, sino también que ese compromiso sea personal y se exprese en la vida diaria, perma-nentemente. Hay un gran número de artistas en la vida colombiana que nunca han tratado de asumir una posición clara frente a este problema y simplemente se han limitado a hacer un arte al servicio de unas clases, sin pensar que podrían contribuir con su obra a hacer claridad frente a un problema. Yo tampoco creo que la obra de un artista tenga que ser una obra comprometida. Tiene que ser comprometida en algunos mo mentos, en algunos aspectos, tiene que ser comprometida también su vida, su manera de pensar, de acuerdo a la problemática que vive el país y eso ha sido claro. En todas partes del mundo todos los artistas han tomado partido frente a la realidad de su país. El artista más representativo de este siglo, que fue Picasso, realmente tomó partido frente al problema de la agresión fascista en España, etc. Entonces a mí me parece que si bien es cierto que yo tampoco creo en una obra comprometida políticamente en sí, creo que el artista tiene que dar testimonio en algunos momentos de su obra, sobre lo que está sucediendo en su país. El es un testigo muy importante y, en este aspecto, su obra tiene que dar testimonio de esta situación pues es importante que los intelectuales y los artistas tomemos cartas en el problema, nos manifestemos, demos nuestra opinión. Gustavo Zalamea: No hay una relación mecánica entre realidad y arte. Ni se le puede pedir a los artistas que manifiesten su pensamiento político a través de sus obras. De hecho la discusión sobre el compromiso social está completamente

superada. Está claro que el único com-promiso válido del artista tiene que ver con la existencia de su propia obra, cualesquiera sean el dominio, el tiempo, y los medios que escoja. Manuel Camargo: Hace poco una crítica de arte extranjera que fue invitada como jurado de premiación en el Salón Nacional del 87 decía que aquí no se está pintando la vida de un pueblo, sino la vida del arte. Que aquí se está ha ciendo un arte especializado. Yo creo que eso es cierto y me identifico plenamente con esa apreciación, porque el arte no puede ser ajeno a la estructura social en que convive, el artista en su compromiso debe asumir una actitud más crítica, capaz de contribuir a una toma de conciencia frente a la realidad histórica y social. El artista sólo puede ser plenamente útil si es auténtico, y sólo si su obra ha sido inspirada en realidades sociales puede convertirse, en expresión válida de esas realidades. 0 sea que, en lo artístico, el compromiso social es imprescindible, si se quiere salvar la integridad del arte y la del hombre social y cabría agregar algo más, y es que las academias y las escuelas de arte han desestimado la importancia de crear un espacio para debatir el problema de la importancia de lo social en el arte. Finalmente, quiero aprovechar esta oportunidad para solidarizarme con la carta abierta de María Mercedes Carranza donde hace un dramático llamado a todos los intelectuales, a todos los artistas, músicos, teatreros, cineastas, escritores, a todos aquellos intérpretes de nuestra realidad, con la posibilidad de plantear algo, de manifestarse a través de cualquier medio respaldando la defensa del derecho a la vida y a la justicia y rechazando cualquier procedimiento que tienda a prolongar la actual situación.


Análisis Político: Ya habrán ustedes oído la frase: "al país le va mal mientras a la economía le va bien". En cuanto a la pintura, se dice que Colombia es uno de los mercados más boyantes de América Latina. ¿Querrá esto decir que la plástica en Colombia corresponde más a la di-námica de los negocios que a la problemática social y política del país? Carlos Granada : Bueno, la verdad es que no hay que equivocarse en estos aspectos. La pintura ha ido adquiriendo, en el mundo entero, unos valores gigantescos y no podemos pensar que este fenómeno de mercado sea solamente de Colombia. Esto lo decimos porque en la medida que las necesidades se industrializan mucho más y los productos se masifican, el arte es una obra única y, desde luego, va a adquirir precios mucho mayores. Tampoco podemos partir de una posición moral con respecto al problema de los precios del arte. Por otra parte, el arte es parte de la cultura de un país y el arte es una exclusividad de un país. Si el país tiene la capacidad de consumirlo, no podemos partir de una posición moral, de condenar por eso la posición del artista porque vende su obra. El problema es que en todas partes del mundo, quienes tienen capacidad de comprar y consumir arte son los sectores más pudientes de una sociedad. No podemos pensar que es ahoraa, hoy, cuando el arte ha llegado a esos niveles, porque si miramos un poco históricamente, los artistas han sido muy bien valorados en todas las épocas, porque justamente se trata de obras únicas. Ahora, lo que me parece es que la pregunta es un poco capciosa en ese sentido, pues es como ignorar pre-cisamente esa condición del arte. En fin,

lo que pasa es que justamente en un país como el nuestro, donde en los últimos años se están moviendo una se rie de capitales de dudosa procedencia, se ha dado en pensar que el arte se deja manosear por estos dineros mal habidos, pero no podemos desconocer que el arte tiene esos precios no solamente en América Latina o en Colombia, como me dice usted, si no en todo el mundo. Análisis Político: Ya ha tocado usted el punto de los dineros mal habidos, cuestión que, además, no es excepcional sino bastante grande y de mucho impacto en Colombia. Pero volvamos al asunto, ¿qué influencia puede haber tenido el auge de esos dineros en el desarrollo del arte en los últimos diez años, así sea en términos de pura demanda? Carlos Granada : Bueno, la verdad es que hay otro aspecto del problema del arte y es que en todo el mundo él da status. Junto a esto preguntémonos si todos los grandes capitales no son de alguna manera dudosos, si podemos hablar de algún capital que no tenga dudosa procedencia. ¿Acaso los grandes capitales no se han hecho justamente bajo la explotación, no se han hecho en grandes negociados?; los grandes capitalistas en este momento en el mundo entero ¿no son también traficantes de armas, traficantes de dinero, traficantes de muchas cosas? Y como el arte ha dado status en todas partes, entonces los recién llegados a los grandes capitales evidentemente buscan la manera de rodearse del arte porque eso no solamente les da status social, sino status cultural. Todo nuevo capitalista necesita legalizarse ante los ojos del resto de la población y aparecer como persona que tiene nivel cultural, etc. Aparte de eso, hay otro aspecto que hay que ver, y es que en la medida en que la vivienda en un


país se encarece, y es evidente que en Colombia la vivienda se ha encarecido notablemente, en su misma medida esos apartamentos ya no pueden resistir, aceptar, las simples y desvalorizadas reproducciones. Tienen que ponerse obras originales, por lo tanto, vuelvo y digo, esto es un problema que da status, pero de todas maneras, en la medida en que un país tenga capacidad de consumir arte, pues en esa medida surgirán muchos pintores y artistas. Esto obedece a un proceso histórico donde se va decantando todo un fenómeno. ¡Cuántos pintores actualmente o cuánta gente que pinta no ha vendido obras a precios escandalosos! Solamente después de un proceso, de un decantamiento histórico sabremos si esas obras van a quedar o no. ¡Cuántos de nuestros artistas llamados importantes a lo mejor no pasarán a la historia del arte de nuestro país! Gustavo Zalamea: Cuando un artista se empieza a preocupar por el mercadeo de sus obras, es probable que se transforme en un productor profesional de imágenes u objetos (con o sin valor artístico). Así renuncia, al menos en parte, a su condición de creador. Algunos profe-sionales se interesan por el negocio, la mayoría está muy lejos de "la problemática social y po lítica del país", ninguno de los pocos que tienen una "conciencia política" puede pensar que con su obra puede modificar, siquiera mínimamente, la situación de violencia actual. Creo que la actividad artística en Colombia ha sido notable, y lo seguirá siendo, debido a su propia fuerza intrínseca: se alimenta de sí misma, produciendo nuevos creadores (artistas y críticos) que la enriquecen e irrigan. Los fenómenos de mercado acompañan en muy distintos niveles la actividad, y a veces la distorsionan, pero no alcanzan a corromper el conjunto.

Manuel Camargo: Creo que hay algo de esto en la vida del arte nacional y mucho más cuando aquí algunos pintores creen que con el éxito comercial ya se tiene un buen puesto en el panorama artístico del país y lo dan como un reconocimiento cultural. Ahora bien, lo peor es que este mismo tipo de reconocimiento cultural es lo que busca precisamente el sector social que lo consume, como un requisito indispensable para garantizar su inversión. Por eso es que una gran parte del buen arte colombiano, con un puesto ya adquirido en la historia cultural del país, se adquiere más por el interés de evidencia y visualmente una superioridad econó mica y social que por lograr un gocé o una identificación estética. Análisis Político: Los críticos de arte suelen preguntarse con un tono un poco pedante si la plástica nacional se inserta o no en las vanguardias internacionales. ¿Qué hay de eso en nuestra pintura? Carlos Granada: La verdad es que también frente a esto hay un profundo equívoco. El arte, es decir, los verdaderos movimientos artísticos, han sido profundamente nacionales. Goya es un artista español y no puede ser de ninguna otra parte; Picasso es un artista español y no puede ser de ninguna otra parte. En un momento dado, cuando surgió todo este capital internacional, todas estas multinacionales, se pretendió que las manifestaciones del arte fueran internacionales, por lo tanto "van-guardistas". Y es que el capital todo lo que toca lo quiere internacionalizar. A nivel mundial existen los hoteles internacionales que no tienen ninguna característica de ningún país, son internacionales; lo mismo da estar en un hotel en Bogotá que en Nueva Cork, París o Tokio. Así también son los movimientos vanguardistas. Los


movimientos vanguardistas fueron aquellos movimientos tan conocidos que lograron internacionalizar el arte, y justamente frente a eso, los artistas que se entregaban a la vanguardia eran artistas que querían estar de moda, querían estar al día en lo último que se estuviera produciendo. Es como la moda, la moda también es internacional, la moda no tiene características nacionales. Pero hablo de unas características nacionales realmente sanas, no hablo de ningún nacionalismo. Realmente los verdaderos movimientos plásticos son aquellos que han tenido características propias del país donde se producen. En América Latina el único movimiento que ha tenido verdadera importancia fue el movimiento mejicano, y no hablo en particular de uno u otro pintor mejicano sino de cómo México fue el único país que tuvo o que tiene en su haber una pintura realmente con características na-cionales representada en todo el movimiento de la revolución mejicana, de la revolución agraria mejicana que produjo una serie de artistas importantes. No podemos seguir creyendo que podemos estar al día porque estamos en la vanguardia, las vanguardias son lo internacional, la vanguardia es lo de moda que pasa, como pasan todas las modas. Habría que propender por encontrar las verdaderas raíces y no hablo de raíces propiamente colombianas, pero sí las profundas raíces nuestras, que vienen de muchas partes. Nosotros somos el producto de un mestizaje que se ha ido depurando, que se ha ido produciendo a través del tiempo y deberíamos buscar las raíces de ese mestizaje. Por otra parte nosotros, los latinoamericanos, tenemos la ventaja de que no estamos comprometi-dos solamente con un aspecto de la cultura; nosotros no somos como

cualquier europeo, solamente europeo, nosotros somos occidenta les pero también tenemos todas las raíces indigenistas; no porque yo crea en lo indigenista, porque lo indigenista desapareció con el mesti-zaje. Nosotros somos producto de un mestizaje y además nosotros tenemos, por fortuna, la libertad de tomar lo que queremos, lo que nos identifique más o menos con una realidad propia o extraña. Por ejemplo, el Pop fue un movimiento típicamente norteamericano, se produjo dentro de la simbología de la vida cotidiana norteamericana. Eran esos artistas Pop, que pintaban hamburguesas, grandes afiches con la visión propia de la vida norteamericana y sin embargo ellos exportaban el Pop. Aquí en Colombia hubo Pop, en Europa hubo Pop y en Argentina hubo Pop. ¿Y qué pasó con estos artistas, importadores? Pues que muchos de ellos desaparecieron cuando desapareció el Pop. Pero esto no es de ahora. Cuando el arte religioso europeo venía aquí traído por los monjes, etc., por los curas europeos, también nuestros artistas pintaron madonas y todo ese tipo de cosas porque eso era lo que se consu-mía en ese momento. En conclusión, nosotros tenemos que profundizar en nuestras raíces. Por eso decía, nosotros tenemos la libertad de tomar muchas cosas de muchas partes, pero debemos tomarlas a partir de las raíces propias. Gustavo Zalamea: Es seguro que las corrientes internacionales nutren el arte que se produce en Colombia. La transvanguardia y el nuevo expresionismo están ahora presentes en casi toda la pintura de los más jóvenes que, sin embargo, la modulan con sus propios acentos, tonos y matices. Tampoco creo que haya que preocuparse por eso. No


importa lo que aquí hagamos, eso no les va a interesar para nada a los centros de lanzamiento de Europa y Estados Unidos. Y lo que ellos hagan ya no nos puede sorprender. No podemos fabricar artistas o movimientos famosos, pero sí podemos seguir trabajando en lo que vale para nosotros, y eso es lo que importa. Hoy el arte es territorio verdaderamente libre para quien quiera descubrirlo y sepa convertirlo en algún espacio abierto a la sensibilidad. Manuel Camargo: En cuanto a si la plástica nacional se inserta o no en las vanguardias internacionales se podría decir que aquí todos sabemos que las vanguardias latinoamericanas, si es que se puede hablar de una vanguardia latinoamericana, son muy condescendien-tes con todas las propuestas europeas y norteamericanas. Siempre se está imitando la última propuesta de las grandes metrópolis. Podríamos decir que esto es constante en el arte lati-noamericano. Hace algunos años se creía que Latinoamérica estaba a punto de crear un arte vanguardista, se pensaba que Latinoamérica tendría una vanguardia propia diferente de la europea y la norteamericana, y aparecieron propuestas como la de Martha Traba que proponía un arte de la resistencia, un arte contra todos los modelos importados, un arte que tu-viera la prestancia de un arte original, pero esto jamás llegó, más bien se ha visto últimamente cierta confusión, sobre todo en las nue vas generaciones, por falta de nitidez respecto de las propuestas foráneas. Así que nuestra pintura está muy lejos de insertarse en el panorama internacional, a excepción de algunos artistas latinoamericanos como Botero y Tama yo que según palabras de Damián Bayán han sido capaces, a través de su sensibilidad, imaginación y voluntad de síntesis, de una expresión que no podría

haber brotado en ningún otro lugar del tiempo y del espacio.

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ENRIQUE GAVIRIA LIÉVANO, DERECHO INTERNACIONAL

PÚBLICO

Bogotá, Editorial Temis, 1988, 506 páginas El abogado y profesor universitario Enrique Gaviria Liévano publicó la tercera edición de su obra Derecho Internacional Público, que es un logro afortunado de síntesis de una materia de suyo compleja y dilatada. Tiene la estructura de un manual especializado en esa rama de la ciencia jurídica, en la cual halla el lector los principios básicos de esta materia, ciñéndose a un criterio de estricta especialización. La obra está dividida en veintitrés capítulos que abarcan desde los conceptos generales y la historia, como las fuentes y el estudio de los sujetos del orden internacional, hasta los modos de adquirir el territorio, los desarro llos del nuevo derecho del mar, la responsabilidad de los Estados, el régi-men jurídico de los tratados y las no-ciones generales sobre los organismos internacionales, tanto regionales como universales. Es, por lo tanto, una obra didáctica, destinada a la enseñanza de la materia, más que a la consulta de temas específicos. Con el tiempo, podrá el autor llegar a un tratado más extenso que cubra en profundidad los distintos temas que aquí se hallan expuestos en resumen. Merece un comentario especial el Ca-pítulo XIII, "Nuestro Archipiélago de San Andrés y Providencia" en su Sección 11, que versa sobre "El Tratado Vázquez-Saccio de 1972". Da la coin cidencia de que, suscribí dicho instrumento diplomático, como ministro de Relaciones Exteriores de la Adminis-tración Pastrana (1970-1974) y me correspondió seguir puntualmente la negociación respectiva, que se adelantó,

valga decirlo, en estrecha cooperación con la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Este órgano consultivo del gobierno en las relaciones exteriores, que ha dejado de existir en los últimos años, se reunía entonces semanalmente y en él planteábamos todas las cuestiones atinentes a la negociación con Estados Unidos sobre los cayos Quitasueño, Roncador y Serrana, que hacen parte del Archipiélago de San Andrés y Providencia. Gaviria Liévano estima "perjudicial para Colombia" el Tratado de 1972 (p. 184) y sin duda, por no haber tenido acceso a las actas del órgano con-sultivo, no pudo recoger los conceptos favorables que emitieron sobre dicho tratado, personalidades colombianas tan autorizadas en asuntos internacionales como eran los miembros de la Comisión Asesora de la época de nuestra gestión oficial. Eran ellos los doctores Alfonso López Michelsen, Álvaro Gómez Hurtado, Antonio Ro cha, José Gabriel de la Vega, Fabio Lozano Simonelli y Luis González Barros. Todos ellos coincidieron en la apreciación de las ventajas del tratado. Considera equivocadamente Gaviria Liévano que "el reconocimiento que Estados Unidos hace de la soberanía colombiana sobre Roncador, Quitasueño y Serrana queda sin ningún efecto frente a las notas diplomáticas de 8 de septiembre de 1972.... como que allí se dice que `Quitasueño no es objeto del ejercicio de una soberanía por estar permanentemente sumergido en el mar' ". Esta frase tiene, en el contexto de las condiciones pactadas en 1972, un sentido muy especial: la condición geológica de Quitasueño. Gaviria Liévano, al decir lo que ante-riormente se transcribe, o sea que la soberanía colombiana sobre Roncador, Quitasueño y Serrana queda sin ningún efecto, olvidó en primer lugar que la nota

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684 del 8 de septiembre de 1972 del embajador Saccio y la respuesta del mismo día del Ministerio de Relaciones Exteriores, consignada en la nota DM 484, tienen relación de manera exclusiva con Quitasueño y no con Roncador y Serrana; y en segundo lugar, que el Artículo 1 del Tratado en cuestión afirma categóricamente: De conformidad con los términos de este Tratado, el Gobierno de los Estados Unidos de América renuncia por el presente a cualesquiera y a todas las reclamaciones de soberanía sobre Quitasueño, Roncador y Serrana. En el libro complementario del Tratado de 1972, Quitasueño, Roncador, Serrana: Antecedentes históricos y jurídicos del Tratado entre la República de Colombia y los Estados Unidos del 8 de septiembre de 1972 (1974), se encuentra la más completa documentación sobre el Tratado de 1972. La frase en cuestión encuentra su sentido obvio dentro del Tratado de 1972, al repasar la Exposición de Motivos presentada al Congreso Nacional por Al-fredo Vázquez Carrizosa que se publi ca en las páginas 91 y siguientes de. esa obra, que tuve el cuidado de elaborar con el fin precisamente de disipar en el futuro toda duda respecto del Tratado con los Estados Unidos sobre los mencionados cayos. En ella aparecen dos constancias hechas en las notas cruzadas el 8 de septiembre de 1972. Para los Estados Unidos, mediaba un aspecto geológico de la conformación de Quitasueño como un banco arenoso sumergido bajo las aguas en la alta marea. Colombia no podía alegar, a contrario sensu de lo que se aducía ante Venezuela sobre Los Monjes, que una roca deshabitada o un banco arenoso son islas para los efectos del Derecho

Internacional, y por ello la constancia de los Estados Unidos dice: Quitasueño, que está permanentemente sumergido en la alta marea, no está sometido en la actualidad al ejercicio de soberanía. El Gobierno de los Estados Unidos observa que el Tratado de 1928 y el Acta entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de Nicaragua disponen específicamente que el Tratado no se aplica a Quitasueño, Roncador y Serrana, la soberanía de las cuales se reconoció que ha estado en litigio entre Colombia y los Estados Unidos. El Gobierno de los Estados Unidos observa, además, que según los términos de su canje de notas con el Gobierno de Colombia con fecha 10 de abril de 1928 se reconoció que en ese entonces la soberanía de Quitasueño era objeto de reclamaciones por parte de los Gobiernos de Colombia y de los Estados Unidos y se convino en que debía mantenerse el statu quo al respecto. Para Colombia, lo esencial no era la conformación geológica de Quitasueño sino la soberanía en la zona marítima de los cayos Quitasueño, Roncador y Serrana, anexos al Archipiélago de San Andrés y Providencia, y por ello el punto de vista colombiano, aceptado por los. Estados Unidos en el momento de la firma del Tratado de 1972, fue expresado en la nota DM 484 que hace parte del instrumento principal, o sea, el Tratado. Dicha constancia, aprobada en la Comisió n Asesora, es del tenor siguiente:

La condición física de Quitasueño no es incompatible con el ejercicio de soberanía. En concepto del Gobierno de la República de Colombia, las estipulaciones del Tratado entre Colombia y Nicaragua del 24 de marzo de 1928 y el Acta de Canje de ratificaciones del 10 de marzo de

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1930, le reconocieron a la República de Colombia la soberanía sobre las islas, islotes y cayos que integran el Archipiélago de San Andrés y Pro-videncia, al este del meridiano 82 de Greenwich, con excepción de los cayos Roncador, Quitasueño y Serrana cuya soberanía estaba en litigio entre los Estados Unidos y la República de Colombia. Por tanto, una vez retirada toda reclamación de soberanía de los Estados Unidos respecto de Quitasueño, al mismo tiempo que de Roncador y Serrana, la República de Colombia es el único titular legítimo en tales cayos o bancos según los mencionados instrumentos y el Derecho Internacio nal (hemos subrayado).

El Tratado de 1972, ratificado poste-riormente en la Administración Turbay (1978-1982), siendo embajador en Washington el doctor Virgilio Barco, actual presidente de la República de Colombia, eliminó para nuestro país toda nueva reclamación de los Estados Unidos y de la República de Nicaragua sobre las islas, islotes y cayos que forman el Archipiélago de San Andrés y Providencia. Complementa útilmente el Tratado Bárcenas-Esguerra de 1928 con Nicaragua, en un área crítica del Caribe. Al sugerir el profesor Gaviria Liévano en su obra (p. 292) que sería procedente la denuncia del Tratado Vázquez-Saccio, supone que sería fácil mejorar las condiciones logradas en 1972, lo que de ninguna manera está demostrado. Es lástima que un manual de enseñanza del Derecho Internacional Público se acompañe de un análisis que considero incompleto, tanto del asunto de los cayos Quitasueño, Roncador y Serrana, como del caso de los islotes de Los Monjes, dentro de la larga y compleja controversia

entre Colombia y Venezuela. Ambas situaciones requieren un análisis más dilatado, teniendo en cuenta todos los factores jurídicos y políticos que intervinieron en su momento. Alfredo Vázquez Carrizosa. Abogado. Investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.

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ÁLVARO CAMACHO GUIZADO

DROGA Y SOCIEDAD EN COLOMBIA. EL PODER Y EL

ESTIGMA Bogotá, CIDSE-CEREC, 1988, 174 páginas Pese a la enorme importancia que ha adquirido el tráfico de drogas en la última década y a su violento impacto sobre todos y cada uno de los aspectos de la vida social, económica y política del país, es raro encontrar análisis sobre el fenómeno que trasciendan la noticia sensacionalista o la simple dimensión cuantitativa. La obra de Camacho, Droga y sociedad en Colombia. El poder y el estigma, es no solo uno de esos escasos ejemplares sino, sobre todo, una invitación a profundizar en el estudio de las múltiples ligazones que se tejen entre los procesos de producción, distribución y consumo de drogas y la organización so-cial y política colombiana. La estructura del texto constituye , a la vez, su mayor debilidad y su mayor virtud. En efecto, tal y como lo anota el autor mismo, se trata más de una colección de ensayos escritos en dife-rentes momentos, que de un libro como tal; de una "obra en marcha", más que de una obra acabada. Esto implica, ciertamente, algunas dificultades para su lectura por la dispersión en los temas, por las diferencias notables en el grado de profundidad en el análisis de los mismos, y por las variaciones en el tiempo debido a las cua les los dos últimos capítulos aparecen mucho más actualizados que los cinco primeros. La virtud, no obstante, ra-dica en que por un lado, la multiplicidad de temas tratados no deja duda sobre la complejidad del problema. Y, por el otro, en que una segunda y cuidadosa lectura

termina por darle al lector la sensación de estar asistiendo a un doble proceso: no sólo se trata de aquel que ha sufrido el mismo tráfico de drogas en su expansión y tránsito de la marihuana a la cocaína, sino también de aquel que experimenta el investigador al acercarse a un mismo tema en diferentes coyunturas, con grados de comprensión cada vez mayores sobre el mismo. Pero la flexibilidad del texto, en la estructura y en el estilo, no sólo tiene que ver con su forma sino también con su contenido. Habría que decir que Camacho no busca llegar a demostrar hipótesis concluyentes partiendo de una recopilación exhaustiva de datos acerca del fenómeno. La mayor riqueza del trabajo no radica en la recolección rigurosa de información empírica novedosa, ni en la coherencia de las posiciones asumidas frente a ella. Radica más bien, en la capacidad del autor para sugerir pautas de interpretación del fenómeno a partir de información ya conocida, en su agudeza para señalar las contradicciones surgidas de la interacción entre un proceso de producción-distribución clandestino e ilegal y una sociedad que, a la. vez que lo genera, no ahorra esfuerzos para condenarlo. Los núcleos centrales alrededor de los cuales giran las principales contradic-ciones señaladas por el autor son tres: las relaciones entre el Estado y el problema de la droga, aquéllas entre éste y el significado de la represión y, finalmente, el conjunto de contradiccio nes generadas por la dinámica conflicto-complementación entre los traficantes de droga y las clases dominantes. En cuanto al primer núcleo, Camacho desarrolla varias tesis dirigidas a mostrar la funcionalidad de la droga para la

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dominación política y social. En efecto, la lucha contra la producción, distribución y consumo de drogas es, para el régimen, una posibilidad real para intentar una legitimación como garante de la seguridad y el bienestar de los dominados. Además, la magnitud atribuida al problema mediante una eficaz manipulación de la información a través de la prensa y de la ciencia misma, justifica el ensanche progresivo y abarcante de la represión. En el otro lado de la moneda, la organización social de quienes controlan la producción y distribución de drogas también busca utilizar al Estado en tanto canal de ascenso y legitimación social y en tanto soporte para asegurar la continuidad del negocio. La complementariedad y el for-talecimiento mutuos son evidentes en este proceso que no está exento, sin embargo, de serias contradicciones. Si bien el Estado puede verse fortalecido en algunos aspectos (justificación y ensanche de funciones represivas, ampliación burocrática y de las redes clientelistas mediante la financiación de campañas y el soborno, etc.), no cabe duda que el auge del narcotráfico también contribuye a debilitarlo. El fortalecimiento del Estado en el sentido de aumentar su fuerza es, en últimas, sólo un indicador de su debilidad como generador de consenso. En otras palabras: la ampliación y fortalecimiento de la capacidad represiva del régimen político colombiano no significa que haya superado la crisis de legitimidad que lo caracteriza. Muy al contrario, esta crisis se ve agravada por la corrupción interna que genera el narcotráfico a través de la compra de funcionarios, minando el sentido de la autoridad legítima y res-petada. Peor aún: en caso de que la compra de funcionarios no baste para garantizar la seguridad del negocio y de

sus agentes, el uso de la fuerza se puede volcar contra el Estado mismo. Así, la cadena que comienza con la simple compra de un aparato estatal (como el judicial) termina con su aniquilación definitiva. Y es allí donde comienzan a proliferar los aparatos de justicia privada, los ejércitos de autodefensa, los paramilitares. Estos, si bien pueden ser mirados en principio como una forma objetiva de aunar esfuerzos con los aparatos militares del Estado, también minan su legitimidad y terminan por atacarlo vorazmente. No otra cosa es lo que acabamos de presenciar en el episodio de La Rochela. En suma, el auge en la producción y tráfico de drogas profundiza la crisis del régimen político colombiano, aunque en algunos aspectos parciales fortalezca al Estado. Uno de tales aspec tos, núcleo central de la lectura, es el de la represión. En torno a ella se tejen, también, varias contradicciones. Por un lado, tal y como se anotaba anteriormente, el problema de la droga pone en manos del Estado una nueva excusa para ampliar el rango y la eficacia de sus tradicionales prácticas represivas. En este sentido, quien resulta beneficiado es el aparato militar que así accede a un mayor presupuesto, a un mayor número de armas y a un mayor poder para intervenir en el manejo del orden público. Esto sin contar los beneficios de los sobornos. Sin embargo, la corrupción también mina interna mente la institución castrense haciéndola blanco de críticas por parte de la sociedad. Y, de todas formas, el ensanche de sus funciones sólo hace evidentes las debilidades de un régimen que, incapacitado para responder a. éste y otros fenómenos sociales, se ve cada vez más obligado a recurrir al expediente de la fuerza.

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Pero, además, hay que considerar a los otros beneficiados por la represión. Sin duda, ella tiende a elevar los precios del producto, con lo cual las organizaciones que controlan el tráfico (tanto las mafias norteamericanas como las colombianas) aumentan sus utilidades. Paralelamente, contribuye a eliminar la competencia de los pequeños y medianos intermediarios, con lo cual se estimula la monopolización de la distribución en manos de los grandes "capos". La cartelización es, por lo tanto, en buena parte, resultado de la represión. El cartel, en cuanto a organización in-dependiente de los canales tradicionales, escapa no sólo al control del Estado sino al control mismo de las bases tradicionales del poder financiero. En este punto aparecen las contradicciones asociadas al tercer núcleo, aque llas que se refieren al proceso de complementación-conflicto entre las mafias y las clases dominantes. Las mafias, en tanto segmentos particulares de la burguesía, se colocan objetivamente del lado de ésta y la refuerzan no sólo por la vía de la inyección de capitales que garanticen los resortes de su dominación, sino por la del afianzamiento de los valores y tradiciones propios de su clase. En efecto, los traficantes buscan asociarse a los sectores dominantes y para ello reproducen las formas más tradicionales de búsqueda de legitimidad: la política, la filantropía, el acceso a la propiedad privada, la educación y el control empresarial. Algunos sectores de la burguesía reaccionan rechazando abiertamente la integración social de las mafias. Quizás por temor al desplazamiento. Seguramente por el temor a no poder controlar todos los canales a través de los cuales las mafias ascienden en su proceso de integración y legitimación social.

Las contradicciones presentes en el seno de la clase dominante se hacen evidentes a medida que el narcotráfi co irrumpe dentro de ella y la polariza. Es el caso de los debates suscitados a finales de la década del setenta frente a la opción represión versus legalización de la marihuana; o aquel desarrollado en torno a la conveniencia del Tratado de Extradición en los años ochenta. Tales debates refleja ron algo más que una simple diferencia de opiniones frente al problema de la droga: pusieron de presente la existencia de profundas tensiones y divergencias en torno a la conducción de la economía, el Estado y las relaciones con Estados Unidos. Estos tres núcleos de contradicciones indican, por un lado que el conjunto de problemas asociados a la droga no es de fácil aprehensión y que las posiciones simplistas, a su favor o en su contra, aportan pocas luces en la comprensión de tan complejo fenómeno. Por otro lado, queda claro que lejos de ser una perturbación adicional y aislada, el problema de la droga y sus agentes sociales ha logrado incrustarse en el corazón mismo de la sociedad y el Estado colombianos generando procesos de conflicto que no han sido comprendidos en toda su magnitud hasta ahora. La invitación de Camacho a profundizar en el análisis es, pues, una tarea urgente para la cual resultaría de suma utilidad retomar algunas de sus sugerencias. Entre ellas está la necesidad de diferenciar los procesos asociados a la marihuana y aquellos relacionados con la cocaína. Sin olvidar la necesaria conexión histórica que los une, Camacho muestra, en uno de sus mejores capítulos titulado "De la baretocracia a la pericocracia" (Capítulo VI), cómo el salto de la marihuana a la cocaína no es el simple cambio de una mercancía por otra, sino que involucra el

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cambio cualitativo de una estructura organizativa y un proceso político a otros mucho más complejos que se erigen en una amenaza más notable para el orden institucional. En segundo lugar, es evidente que una correcta aproximación al fenómeno exige una clara diferenciación entre las sucesivas etapas del proceso (producción, transformación, distribución, consumo), cada una de las cuales involucra diversos actores, se desarrolla en espacios diferentes y posibilita la configuración de conflictos de varios tipos. Precisamente gracias a esta diferenciación y teniendo en cuenta la heterogeneidad social que caracteriza una de tales etapas, la de la producción de la hoja de coca, es que Camacho logra dilucidar uno de los problemas más agitados últimamente: el de la narcoguerrilla (Capítulo VII). Apoyado en otros trabajos rea lizados por Molano, Jaramillo, Cubides y Mora, Camacho afirma que si bien puede haber existido una relación funcional entre los grupos guerrilleros, los productores de la hoja y los intermediarios de la coca en algunas zonas de colonización, esto no puede llevar a la conclusión de que por ello existen intereses comunes o estrate-gias compartidas a largo plazo. Difícilmente puede creerse en una comunidad objetiva de intereses entre grupos que esgrimen un proyecto re-volucionario como fin último de su ac-ción y grupos de traficantes a los cuales Camacho ubica como segmentos particulares de la burguesía. Esta ubi-cación permite uno de los mayores avances en la comprensión del proble ma. De ella se derivan su posición de clase, el carácter conservador de su ideología y el sentido último de su accionar político. Por lo mismo, se acla ra el impacto que ha tenido el -narcotráfico en el curso de la

violencia las mafias se vinculan a nuevas formas de conflicto en el momento en que comienzan a reciclar su capital en activi-dades socialmente legítimas y a la vez rentables. El caso de los traficantes de marihuana que, mediante la adquisición de tierras en zonas como el Magdalena Medio, el occidente boyacense y el piedemonte oriental, entraron en conflicto con los colonos, explica los orígenes de una dinámica que hoy se ha tornado dramática: la formación de ejércitos privados dedicados a garantizar la dominación terrateniente. Sin duda, “a la guerra entre el gobierno y el narcotráfico (que pasó a un segundo plano después de la caída del tratado de extradición) se ha sumado otra entre éste y las fuerzas organizadas de la oposición sociopolítica" (p. 128). Las masacres colectivas de 1988 confirmaron muchas de las intuiciones previas de Camacho en el sentido de que esta guerra no puede seguir siendo atribuida a problemas de índole económica (cobro de impuestos re-volucionarios a narcotraficantes), sino que va mucho más allá. Se trata de la gestación de una alianza entre el nar-cotráfico, los sectores dominantes más retardatarios y algunos sectores del aparato militar del Estado, en contra de todos los intentos y protagonistas de la apertura democrática. Ante tal situación, resulta imperioso resaltar que cualquier política de paz que se intente en el país debe pasar por la resolución del problema del tráfico de droga y sus implicaciones para nuestra sociedad. La ausencia de una política de Estado frente a la producción y distribución de cocaína y otras drogas -ausencia que se hace evidente a lo largo de la lectura-, constituye uno de los vacíos más graves para el actual proceso de paz puesto que la guerra y el

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narcotráfico se ligan hoy a través del vínculo fatal de los paramilitares. La guerrilla, por su parte, debería también fijar claramente su posición frente al narcotráfico si aspira a erigirse ante la opinión pública como interlocutor válido en la negociación política. Ana María Bejarano Sandoval. Politóloga. Investigadora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.

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YEZID CAMPOS ELEMENTOS DE LA

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Bogotá, Fundación Friedrich Ebert de Colombia (Colección "Guías del Ciudadano")-Participar Cali, 1988. Al observador de la actual transformación de los aparatos estatales en la mayor parte de los países del mundo, no escaparán dos rasgos sobresalientes: primero, la uniformidad de las reformas emprendidas y, después, la relativa simultaneidad en su aplicación en naciones tan diversas como las desarrolladas y las que aún están en vías de serlo. Por lo que concierne a la uniformidad hay elementos que dibujan un cuadro común: después de la crisis fiscal, los estados se sujetan a presupuestos austeros y tratan, con esa limitación, de desempeñar sus funciones con el máximo de eficiencia; por otra parte, después de la erosión lenta e inexorable de la legitimidad que cubrió a los estados desarrollistas y centralizados, hoy se pretende descentralizar los recursos hacendarios, las atribuciones administrativas y el poder político hacia los niveles intermedios de gobierno y los municipios. Tal pareciera que aquellos en quienes recae la reor-ganización de los aparatos estatales hubieran convenido, ante la crisis eco-nómica y los conflictos sociales de la pasada década y la presente, que los métodos centralizadores son inoperantes y que los descentralizadores poseen enormes ventajas. Porque, en efecto, la centralización política, amén de sus costos económicos y políticos (como los de una dictadura militar), separa a la larga a los gobiernos de la ciudadanía; mientras que la solución contraria es más barata en

términos económicos, más eficiente administrativamente y tiene la virtud de poner en contacto a dirigentes y funcionarios públicos con la gente de la calle y los campos. Ello explica que las reformas descentralizadoras hayan comenzado por los municipios, esa un tanto mítica asociación originaria de vecinos donde los procesos sociales son visibles y donde el ejecutivo local es conocido personalmente. Pero si la uniformidad del modelo re-formador no se presta a dudas, la simultaneidad de su aplicación no es del todo cristalina. Debe practicarse la penosa y reiterada distinción entre lo qué sucede en las naciones indus trializadas y en las insuficientemente industrializadas: lo que en aquéllas es fruto de una lenta evolución subterránea que se impone con fuerza propia, en éstas es política de gobierno emanada desde lo alto e impuesta con gesto jacobino. (Las diferencias pueden multiplicarse: mientras que en los países industrializados las ciudades han sufrido un fraccionamiento que las dispersa en muchas comunidades locales, en los nuestros no ha terminado la concentración urbana a pesar de sus caos y peligros; mientras que en aquéllos la desconcentración indus trial es un proceso endógeno, en los nuestros, si se produce, es por causas exógenas y como respuesta a la descentralización industrial de las empresas transnacionales; mientras que en aquéllos se buscan fórmulas de demo-cracia que complementen las parla-mentarias, en los nuestros estas últimas son instituciones imperfectas). Esto no quiere decir que la autonomía local no sea demandada desde hace tiempo en nuestros pueblos por partidos y movimientos sociales, pero lo es de manera difusa y hasta puede arriesgarse la hipótesis de que antes que gobiernos

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descentralizados, esos partidos y movimientos piden gobiernos eficaces descentralizados o no. Tampoco significa lo anterior que el modelo descentralizador sea inaplicable e indeseable: acaso sea la solución óptima en estos días oscuros. Pero el hecho de que la descentralización y la autonomía local sean un acomoda-miento de los estados a nuevas condi-ciones, un plan curativo y preventivo, implica para quienes quieren extraer el núcleo brillante de democracia que encierra tareas más enérgicas y dis tintas que para quienes se ofrece de modo más natural. Como en el País de las Maravillas de Alicia, en los nuestros debe correrse dos veces más rápido para desplazarse en el mismo espacio que en los desarrollados. Esto es más claro si se consideran las modalidades que han adquirido en la realidad latinoamericana las reformas descentralizadoras y su previsible futuro. Tal pareciera que en algunos casos dichas reformas se hubieran traducido en la expansión de los viejos grupos de poder y en el fortalecimiento de sus prácticas políticas. Tal pareciera también que fuera un recurso de control y contención política consistente en desnacionalizar los asuntos a cargo del gobierno central y en localizar los mismos en los gobiernos intermedios y municipales: un reparto de responsabilidades entre gobernantes pero no la supresión de la irresponsabilidad de éstos ante los gobernados. Y en naciones donde se aplican medidas draconianas de reajuste, tal pareciera que la descentralización es un subterfugio para hacer más expedita la acción del poder ejecutivo. Tal pareciera, porque mirado el problema en el horizonte de la actual crisis mundial -y bajo el supuesto más bien temerario de que ésta no tendrá un desenlace catastrófico-, la descen-

tralización puede ser democracia en el más generoso de sus significados. En todo caso, hoy o mañana, y en nuestras condiciones, esa democracia no es sino parcialmente asunto de los reformadores estatales. Es principalmente cuestión que atañe a los organismos sociales, a las comunidades, a la gente, que deben apropiarse de ella, tomarles la palabra a los reformadores hasta sus últimas consecuencias. En este hilo de ideas se engarza el libro de Yezid Campos, uno de los escasos intentos por arrancar a las reformas al Estado colombiano definicio nes de participación popular. Campos comienza por advertir que la participación comunitaria es un método propuesto de antiguo por instituciones mundiales como el Banco Mundial o la Organización de Naciones Unidas: antes que temerles, los gobiernos pueden valerse de las organizaciones populares con fines del desarrollo al que ellas mismas aspiran. Pero la participación comunitaria no debe ser manipulación sino -en lo que Campos recoge un eco de las concepciones de Fals Borda y otros con las que comulga-, debe ser un proceso de investigación social y educación, que pueda crear un poder alternativo al poder constituido. Puesto que la organización comunitaria se caracteriza por su autonomía e independencia y gracias a ello emerge como fuerza plural, civilizatoria, apta para controlar el poder público, para fiscalizar su acción y volver responsables a quienes la ejercen. Precisado lo anterior, Campos acopia -como lo advierte el título de su escrito- los elementos de reforma jurídica que configuran una noción de participación popular. En primer lugar, enlista aquellos que podrían considerarse prerrequisitos para la participación popular: la obligación de las autoridades

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de informar de sus proyectos y programas y de la confección del presupuesto a los ciudadanos, que en el ámbito municipal tiene una gran relevancia, pues el control que teóricamente pone en ma nos de los municip ios puede ser muy considerable. También alude Campos a controles internos del gobierno municipal como los constituidos por las funciones propias de los personeros y los previstos defensores cívicos. Y, por supuesto, Campos menciona la elección directa de representantes, con la novísima de alcaldes, la consulta popular y el referéndum. En segundo término, el autor enumera aquellas figuras institucionales que tienden a abrazar las comunidades desde el gobierno municipal: las juntas administradoras locales, la delegación de usuarios en las juntas directivas de las entidades prestadoras de servicios públicos y la participación popular en el diseña de los planes de desarrollo local. El escrito se complementa con un anego de los textos jurídicos relativos a las reformas. En cuanto a reunión de ideas y textos, el trabajo de Campos es sintomático: revela lo mucho que falta para crear una auténtica participación popular de atenerse a las disposiciones guber-namentales; pero también es sintomático en el sentido del vacío que deberán colmar las organizaciones comunales para empalmarse de manera inteligente mediante el conocimiento y la educación, y el respeto por su autonomía- al nuevo marco de gobierno. Debe reconocerse, por último, la labor de la Fundación Friedrich Ebert por probar la validez de la descentralización y por difundir el conocimiento colectivo de sus problemas y métodos mediante esfuerzos editoriales como la colección "Guías del Ciu-dadano".

Eduardo Barraza. Sociólogo. Profesor visitante de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.

Bibliografía temática Derecho de los conflictos armados

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Al margen La esponsión de Manizales

LA ESPONSIÓN DE MANIZALES La única guerra civil ganada por las fuerzas rebeldes en la historia de Colombia fue la que acaudilló el general Tomás Cipriano de Mosquera, a la sazón gobernador del Estado Soberano del Cauca, contra el gobierno conservador del presidente de la Confederación Granadina, Mariano Ospina Rodríguez, entre 1860 y 1861. El conflicto se tornó irreconciliable, y sólo pudo desatarse con el golpe de Estado de Mosquera el 18 de julio de 1861, luego de que Ospina Rodríguez se negara a aprobar el armisticio pactado entre los insurrectos y el ejército oficial. Este instrumento, conocido con el curioso nombre de "esponsión" (del latín sponsio, promesa solemne), fue suscrito en Manizales el 29 de agosto de 1860 por los comandantes de las fuerzas contendientes. Se trata no solamente de un antecedente directo de los acuerdos de tregua que celebrara la administración Betancur con los grupos guerrilleros en 1984, sino también de la introducción del derecho de gentes en el constitucionalismo colombiano, con el plausible propósito de humanizar la guerra.

El General Policarpo Martínez, Coronel Juan A. Salazar y Sargento Mayor Simón Arboleda, a virtud de plena autorización concedida por el señor Gobernador del Estado del Cauca, unidos a los señores General de la milicia del Estado de Antioquia señor Braulio Henao y doctores Marceliano Vélez y Eliseo Arbeláez, debidamente autorizados por el señor General Joaquín Posada, Subjefe del Estado Mayor General del Ejército de la Confederación, a virtud del pleno poder que unos y otros recibieron en debida forma, después del armisticio celebrado en la fecha de esta esponsión

entre el Gobernador del Estado y los Generales Joaquín Posada y Braulio Henao, para dar término a las discordias civiles que agitan a la Confederación hacia el Sur, han convenido y convienen en las estipulacio nes siguientes, que serán sometidas para su aprobación a los respectivos poderdantes: Art. 1. El señor Gobernador del Estado del Cauca suspenderá toda hostilidad contra el Gobierno gene ral. Art. 2. El señor Gobernador del Estado del Cauca revocará su decreto de separación de aquel Estado de la Confederación, sometiéndose al Gobierno general en los términos de este convenio. Art. 3. El señor Gobernador del Estado del Cauca otorgará una amnistía completa a todos los comprometidos en los movimientos políticos ocurridos contra el Gobierno del Estado y garantiza la seguridad de los ciudadanos que le han sido hostiles. Art. 4. El Gobierno general otorgará una amnistía a favor de todos los comprometidos en los movimientos del Cauca contra las leyes nacionales. Art. 5. El señor Gobernador del Estado del Cauca entregará todo lo perteneciente al Gobierno general a los agentes que se nombren con dicho objeto, y las armas de la Confederación. Art. 6. El presente convenio será sometido a la aprobación del Gobierno general y las condiciones y deberes que él impone sólo tendrán carácter obligatorio en el caso de ser aprobado. Art. 7. Entre tanto que este convenio sea sometido a la aprobación del Gobierno general, las fuerzas del Gobierno general se estacionarán en Salamina y las del Estado del Cauca en

Al margen La esponsión de Manizales

Cartago o más al interior de cada Estado. Art. 8. Para el caso de no aprobación del presente convenio, los actos de hostilidad de las fuerzas del Gobierno y las del Estado del Cauca no se romperán sino después de 20 días de recibida la notificación oficial. Cuchilla de Manizales, 29 de agosto de 1860. El General Policarpo Martínez - Braulio Henao, General - El Coronel Juan Antonio Salazar - El Sargento Mayor Simón Arboleda - Eliseo Arbeláez - Marceliano Vélez. Cuchilla de Manizales, 29 de agosto de 1860. Aprobado en todas sus partes. Joaquín Posada Gutiérrez - El Gobernador del Estado del Cauca, T. C. de Mosquera - El Secretario de Gobierno, Andrés Cerón. Es copia - El Ayudante Secretario, Fernando Ibáñez.

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