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1 ANEXO PRINCIPAL 6: Proyecto Casoteca Comunidad Indígena La Patria – Derecho al Agua República del Paraguay Legislación sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales Alejandra Arancedo 1 I. Introducción La finalidad del presente trabajo es recopilar las principales normas nacionales que tutelan los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). El orden metodológico es el siguiente: En primer lugar se habla de la jerarquía de los tratados en la constitución nacional. En segundo lugar, hace referencia a la legislación nacional. Analiza la protección de los DESC en la Constitución Nacional y expone las principales normas internas que tutelan dichos derechos 2 . II. Legislación Internacional ratificada por la República del Paraguay Conforme lo establece la Constitución Nacional, ley suprema de la República, los tratados internacionales aprobados por ley del Congreso y ratificados, se encuentran en segundo lugar en el orden de prelación del ordenamiento legal del país. Al hacer referencia a los Tratados relativos a los Derechos Humanos, dispone que los mismos sólo podrán ser denunciados mediante los mecanismos que rigen el procedimiento para la enmienda de la Constitución. Asimismo, admite un orden jurídico supranacional que garantice la vigencia de los derechos humanos, la paz, la justicia, la cooperación y el desarrollo en lo político, económico, social y cultural. III. Legislación Interna A. Constitución Nacional de la República El Preámbulo de la Constitución de la República del Paraguay de 1992 reconoce la dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia, reafirmando los principios de la democracia republicana, representativa, participativa y pluralista, y ratifica la soberanía e independencia nacional, manifestando su integración a la comunidad internacional. En el Título I, de la primera parte, “De las Declaraciones Fundamentales”, consagra el derecho a la autodeterminación de los pueblos en sus tres artículos que declaran la forma del Estado y de gobierno 3 , el ejercicio de la soberanía 4 y del poder público 5 . 1 Abogada, profesora asistente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Ntra. Sra. de la Asunción, Derecho Internacional Público. 2 Las principales fuentes bibliográficas son: - Anales de Legislación Paraguaya de La Ley Paraguaya S.A. - “Informes de Derechos Humanos en Paraguay” -2002 y 2003-, de la Coordinadora de los Derechos Humanos de Paraguay (CODEHUPY). - “Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el MERCOSUR” -2003-, del Observatorio DESC MERCOSUR, Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. “Indicadores para la Vigencia Social de los DESC”, de los Talleres de Bogotá (Colombia) y de Lima (Perú); Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. - Sitios oficiales de Internet. 3 Artículo 1. La República del Paraguay es para siempre, libre e independiente. Se constituye en Estado social de derecho, unitario, indivisible, y descentralizado en la forma, que establecen esta Constitución y las leyes. La República del Paraguay, adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundado en el reconocimiento de la dignidad humana.

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ANEXO PRINCIPAL 6: Proyecto Casoteca Comunidad Indígena La Patria – Derecho al Agua

República del Paraguay

Legislación sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales Alejandra Arancedo1

I. Introducción La finalidad del presente trabajo es recopilar las principales normas nacionales que tutelan los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). El orden metodológico es el siguiente: En primer lugar se habla de la jerarquía de los tratados en la constitución nacional. En segundo lugar, hace referencia a la legislación nacional. Analiza la protección de los DESC en la Constitución Nacional y expone las principales normas internas que tutelan dichos derechos2.

II. Legislación Internacional ratificada por la República del Paraguay Conforme lo establece la Constitución Nacional, ley suprema de la República, los tratados internacionales aprobados por ley del Congreso y ratificados, se encuentran en segundo lugar en el orden de prelación del ordenamiento legal del país. Al hacer referencia a los Tratados relativos a los Derechos Humanos, dispone que los mismos sólo podrán ser denunciados mediante los mecanismos que rigen el procedimiento para la enmienda de la Constitución. Asimismo, admite un orden jurídico supranacional que garantice la vigencia de los derechos humanos, la paz, la justicia, la cooperación y el desarrollo en lo político, económico, social y cultural. III. Legislación Interna A. Constitución Nacional de la República El Preámbulo de la Constitución de la República del Paraguay de 1992 reconoce la dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia, reafirmando los principios de la democracia republicana, representativa, participativa y pluralista, y ratifica la soberanía e independencia nacional, manifestando su integración a la comunidad internacional.

En el Título I, de la primera parte, “De las Declaraciones Fundamentales”, consagra el derecho a la autodeterminación de los pueblos en sus tres artículos que declaran la forma del Estado y de gobierno3, el ejercicio de la soberanía4 y del poder público5.

1 Abogada, profesora asistente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Ntra. Sra. de la Asunción, Derecho Internacional Público. 2 Las principales fuentes bibliográficas son: - Anales de Legislación Paraguaya de La Ley Paraguaya S.A. - “Informes de Derechos Humanos en Paraguay” -2002 y 2003-, de la Coordinadora de los Derechos Humanos de Paraguay (CODEHUPY). - “Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el MERCOSUR” -2003-, del Observatorio DESC MERCOSUR, Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. “Indicadores para la Vigencia Social de los DESC”, de los Talleres de Bogotá (Colombia) y de Lima (Perú); Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. - Sitios oficiales de Internet. 3 Artículo 1. La República del Paraguay es para siempre, libre e independiente. Se constituye en Estado social de derecho, unitario, indivisible, y descentralizado en la forma, que establecen esta Constitución y las leyes. La República del Paraguay, adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundado en el reconocimiento de la dignidad humana.

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En el Título II “De los Derechos, Deberes y Garantías”, dividido en 12 Capítulos, se establecen los derechos, deberes y garantías, tutelando en forma expresa los DESC. En la mayoría de los casos, se enuncian los derechos en forma declarativa, mayormente con normas programáticas, y se mencionan los mecanismos para hacer efectiva la tutela y desarrollo de los derechos protegidos. Respecto a los procedimientos establecidos para hacer efectiva la protección de los derechos consagrados en la Constitución -en caso de incumplimiento o violación de los mismos- el Capítulo 12 “De las garantías constitucionales”, establece la acción de inconstitucionalidad de las normas jurídicas ante la Corte Suprema de Justicia (artículo 132) y la acción de Amparo (artículo 134).

Asimismo, la Defensoría del Pueblo -institución prevista en la Constitución de 1992 (artículo 276)- tiene como funciones: la defensa de los derechos humanos, la canalización de los reclamos populares y la protección de los intereses comunitarios. Es importante resaltar que la enunciación de los derechos y garantías en la Constitución no implica la negación de otros derechos -inherentes a las personas humanas- que no figuren en forma expresa. A su vez, establece que la falta de ley que reglamente algún derecho consagrado en la misma no puede ser invocada para negar o menoscabar algún derecho o garantía. A continuación, se detallan los artículos de la Constitución que tutelan los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se seguirá el orden establecido en ella. 1. Derecho a la Vida y Calidad de Vida Art 4. Del Derecho a la vida Art 6. De la calidad de vida La pena de muerte fue abolida. La ley reglamentará la libertad de las personas para disponer de su propio cuerpo, sólo con fines científicos o médicos. El Estado promoverá la calidad de vida y fomentará la investigación sobre los factores de la población y sus vínculos con el desarrollo económico social, con la preservación del ambiente y con la calidad de vida de los habitantes. 2. Derecho al Medio Ambiente Art 7. Del derecho a un ambiente saludable Art 8. De la protección ambiental Art 38. Del derecho a la defensa de los intereses difusos La legislación y la política gubernamental estarán orientados por los objetivos prioritarios de interés social: la preservación, la conservación, la recomposición y el mejoramiento del ambiente. Las personas tienen derecho, individual o colectivamente, a reclamar a las autoridades públicas medidas para la defensa del ambiente, de la integridad de hábitat, de la salubridad pública, del acervo cultural nacional, entre otros.

4 Artículo 2. En la República del Paraguay la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce conforme a lo dispuesto en esta Constitución. 5 Artículo 3. El pueblo ejerce el Poder Público por medio del sufragio. El gobierno es ejercido por los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público. La dictadura está fuera de la ley.

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3. Derecho a la Familia Art 49. De la protección a la familia Art 50. Del derecho a constituir familia Art 51. Del matrimonio y de los efectos de las uniones de hecho Art 52. De la unión en matrimonio Art 59. Del bien de familia La familia es el fundamento de la sociedad. Toda persona tiene derecho a constituir familia, en cuya formación y desenvolvimiento la mujer y el hombre tendrán los mismos derechos y obligaciones. La unión en matrimonio del hombre y la mujer es uno de los componentes fundamentales en la formación de la familia. 4. Derecho a la no discriminación Art. 46. De la igualdad de las personas Art. 47. De las garantías de la igualdad Art. 48. De la igualdad de derechos del hombre y de la mujer Art. 88. De la no discriminación Art. 89. Del trabajo de las mujeres Art. 117. De los derechos políticos (promoverá el acceso de la mujer a las funciones públicas) Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios. El hombre y la mujer tienen iguales derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. No se admitirá discriminación alguna entre los trabajadores por motivos étnicos, de sexo, edad, religión, condición social y preferencias políticas o sindicales. 5. Derechos de la Niñez Art. 53. De los hijos Art. 54. De la protección al niño Art. 90. Del trabajo de los menores La ley reglamentará la ayuda que se debe prestar a la familia de prole numerosa y a las mujeres cabeza de familia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de garantizar al niño su desarrollo armónico e integral, así como su ejercicio pleno de sus derechos, protegiéndolo contra el abandono y la desnutrición, la violencia, el abuso, el tráfico y la explotación. Cualquier persona puede exigir a la autoridad competente el cumplimiento de tales garantías y la sanción de los infractores. 6. Derechos de las Personas con Discapacidad Art. 46. De la igualdad de las personas Art. 58. De los derechos de las personas excepcionales Art. 88. De la no discriminación El Estado organizará una política de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, a quienes prestará el cuidado especializado que requieran. El trabajo de las personas con limitaciones o incapacidades físicas o mentales será especialmente amparado. 7. Derechos de los Adultos Mayores

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Art. 57. De la tercera edad 8. Derechos de los Pueblos Indígenas Art. 62. De los pueblos indígenas y grupos étnicos Art. 63. De la identidad étnica Art. 64. De la propiedad comunitaria Art. 65. Del derecho a la participación Art. 66. De la educación y la asistencia Art. 67. De la exoneración Art. 77. De la enseñanza en lengua materna Se garantiza a los pueblos indígenas el derecho a participar en la vida económica, social, política y cultural del país, de acuerdo con sus usos consuetudinarios, esta Constitución y las leyes nacionales. 9. Derecho a la Salud Art. 61. De la planificación familiar y de la salud materno infantil Art. 68. Del derecho a la salud Art. 69. Del sistema nacional de salud Art. 70. Del régimen de bienestar social Se establecerá planes especiales de salud reproductiva y salud materno infantil, para la población de escasos recursos. El Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad. Se promoverá un sistema nacional de salud, que ejecute acciones sanitarias integradas, con políticas que posibiliten la concertación, la coordinación y la complementación de programas y recursos del sector público y privado. 10. Derecho a la Educación Art. 73. Del derecho a la educación y de sus fines Art. 74. Del derecho de aprender y de la libertad de enseñar Art. 75. De la responsabilidad educativa Art. 76. De las obligaciones del Estado Art. 77. De la enseñanza en lengua materna Art. 78. De la educación técnica Art. 79. De las universidades e institutos superiores Art. 80. De los fondos para becas y ayudas Art. 85. Del mínimo presupuestario La erradicación del analfabetismo y la capacitación para el trabajo, son objetivos permanentes del sistema educativo. La educación es responsabilidad de la sociedad y recae en particular en la familia, en el Municipio y en el Estado. La educación escolar básica es obligatoria. La organización del sistema educativo es responsabilidad esencial del Estado, con la participación de las distintas comunidades educativas. Este sistema abarcará a los sectores públicos y privados, así como al ámbito escolar y extraescolar. En el caso de las minorías étnicas cuya lengua materna no sea el guaraní, se podrá elegir uno de los dos idiomas oficiales. Los recursos destinados a la educación en el Presupuesto General de la Nación, no serán inferiores al veinte por ciento del total asignado a la Administración Central, excluidos los préstamos y las donaciones. 11. Derecho a la Cultura

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Art. 81. Del patrimonio cultural Art. 38. Del derecho a la defensa de los intereses difusos Art. 83. De la difusión cultural y de la exoneración de los impuestos Art. 110. De los derechos de autor y propiedad intelectual Los objetos, las publicaciones y las actividades que posean valor significativo para la difusión cultural y para la educación, no se gravarán con impuestos fiscales ni municipales. La ley reglamentará estas exoneraciones y establecerá un régimen de estímulo para la introducción e incorporación al país de los elementos necesarios para el ejercicio de las artes y de la investigación científica y tecnológica, así como para su difusión en el país y en el extranjero. 12. Derecho al Trabajo Art. 86. Del derecho al trabajo Art. 87. Del pleno empleo Art. 99. Del cumplimiento de las normas laborales La ley protegerá el trabajo en todas sus formas y los derechos que ella otorga al trabajador son irrenunciables. 13. Condiciones justas de trabajo Art. 91. De las jornadas de trabajo y de descanso Art. 92. De la retribución del trabajo Art. 93. De los beneficios adicionales al trabajador Art. 94. De la estabilidad y de la indemnización Art. 99. Del cumplimiento de las normas laborales Art. 102. De los derechos laborales de los funcionarios y de los empleados públicos La Ley fijará jornadas más favorables para las tareas insalubres, peligrosas, penosas nocturnas, o las que se desarrollen en turnos continuos rotativos. La ley consagrará el salario vital mínimo y móvil, el aguinaldo anual, la bonificación familiar, el reconocimiento de un salario superior al básico por horas de trabajo insalubre o riesgoso, y las horas extraordinarias, nocturnas y en días feriados. Corresponde, básicamente, igual salario por igual trabajo. El Estado establecerá un régimen de estímulo a las empresas que incentiven con beneficios adicionales a sus trabajadores. 14. Derecho a la libertad Sindical Art. 96. De la libertad sindical Art. 97. De los convenios colectivos Todos los trabajadores públicos y privados tienen derecho a organizarse en sindicatos, sin necesidad de autorización previa. Quedan exceptuados de este derecho los miembros de las Fuerzas Armadas y de las Policiales. 16. Derecho a Huelga Art. 98. Del derecho de huelga y de paro Los derechos de huelga y de paro no alcanzan a los miembros de las Fuerzas Armadas de la Nación, ni a los de las policiales. La ley regulará el ejercicio de estos derechos, de tal manera que no afecten servicios públicos imprescindibles para la comunidad. 17. Derecho a la Seguridad Social Art. 95. De la seguridad social Art. 103. Del régimen de jubilaciones

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18. Derecho a la Vivienda Art. 59. Del bien de familia Art. 100. Del derecho a la vivienda Todos los habitantes de la República tienen derecho a una vivienda digna. El Estado establecerá las condiciones para hacer efectivo este derecho, y promoverá planes de viviendas de interés social, especialmente las destinadas a familias de escasos recursos, mediante sistemas de financiamiento adecuados. 19. Derecho de los Migrantes Art. 41. Del derecho al tránsito y a la residencia 20. Derecho a la Alimentación Art. 72. Del control de calidad El Estado velará por el control de la calidad de los productos alimenticios, químicos, farmacéuticos y biológicos, en las etapas de producción, importación y comercialización. 21. Derecho al Desarrollo Sustentable Art. 114. De los objetivos de la reforma agraria Art. 115. De las bases de la reforma agraria y del desarrollo rural Art. 176. De la política económica y de la promoción del desarrollo Art. 177. Del carácter de los planes de desarrollo La reforma agraria es uno de los factores fundamentales, para lograr el bienestar rural. Ella consiste en la incorporación efectiva de la población campesina al desarrollo económico y social de la Nación. La política económica tendrá como fines, fundamentalmente, la promoción del desarrollo económico, social y cultural. El desarrollo se fomentará con programas globales que coordinen y orienten la actividad económica nacional. Los planes nacionales de desarrollo serán indicativos para el sector privado, y de cumplimiento obligatorio para el sector público.

B. Normativa Interna

1- DERECHO A LA EDUCACION -Ley 1.264/1998 “General de Educación” Establece que el gobierno, la organización y la administración del sistema educativo nacional son responsabilidad del Poder Ejecutivo, en coordinación con los gobiernos departamentales y municipales. Regula la educación pública y privada y establece que todo habitante de la República tiene el derecho a una educación integral y permanente, la cual se realizará en el contexto de la cultura de la comunidad. El Sistema Educativo Nacional se formula para beneficiar a todos los habitantes de la República y será financiado básicamente con recursos del Presupuesto General de la Nación. El Estado impulsará la descentralización de los servicios educativos públicos de gestión oficial. El Sistema Educativo Nacional esta organizado de la siguiente manera: Ministerio de Educación y Cultura, Consejo Nacional de Educación y Cultura, Viceministerio de Educación y Viceministerio de Cultura. La ley contempla una serie de normas referentes a la educación de régimen general y especial, modalidades de atención educativa, sobre la organización y

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administración del Sistema Educativo nacional, régimen escolar, miembros de la comunidad educativa, establecimientos educativos, financiación de la educación, entre otras. -Ley 136/1993 “De Universidades” Las Universidades integradas al sistema educativo nacional, son instituciones autónomas de estudios superiores de investigación, de formación profesional y de servicios, las cuales son creadas a propuesta del Estado o de entidades privadas o mixtas. Las mismas tendrán como fines el desarrollo de la personalidad humana inspirada en los valores de la democracia y la libertad; la enseñanza y la formación profesional; la investigación en las diferentes áreas del saber humano; el servicio a la colectividad en los ámbitos de su competencia; el fomento y la difusión de la cultura universal y en particular de la nacional; la extensión universitaria y el estudio de la problemática nacional. Las Universidades –públicas o privadas- serán creadas por Ley. -Ley 2.072/2003 por la cual se crea la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior dependiente del Ministerio de Educación y Cultura. Tiene como finalidad evaluar y acreditar la calidad académica de las instituciones de educación superior que se someten a su escrutinio y producir informes técnicos sobre los requerimientos académicos de las carreras y de las instituciones de educación superior. La Agencia tendrá como órgano rector al Consejo Directivo a quien le compete, entre otras funciones, el establecer los procedimientos para la evaluación y acreditación. -Ley 1.432/1999 por la cual se modifica y amplia la Ley 383/1994 “Que establece el boleto estudiantil”. Se establece el boleto estudiantil nacional para transporte urbano, suburbano e interurbano y rural de los alumnos de nivel primario y secundario de las Instituciones Educacionales Públicas y Privadas autorizadas por el Ministerio de Educación y Cultura. El costo del boleto estudiantil será el equivalente a la mitad del precio común del pasaje respectivo. El boleto regirá anualmente, desde el inicio hasta la finalización del período lectivo y los alumnos podrán utilizarlo diariamente, con excepción de los feriados y domingos. -Ley 1.725/2001 “Estatuto del Educador” (ampliada por Ley 2059/2003 en lo referente a las causas de casación de matrícula del educador). El ejercicio de la profesión de educador en los niveles de educación inicial, escolar básica y media del Sistema Educativo Nacional, que se ejerza en establecimientos, centros o instituciones educativas públicas o privadas se encuentra regulado en esta Ley. Define al educador como el profesional matriculado que posea título habilitante en cualquier rama del saber humanístico, científico y tecnológico, que se dedique en forma regular a alguna actividad docente en establecimientos, centros o instituciones educativas o de apoyo técnico-pedagógico a la gestión educativa. Las disposiciones de la presente ley regulan sobre todo lo referente al personal de la educación, las funciones educativas, del ingreso, ascenso, duración y permanencia en la carrera de educador, de las remuneraciones, jubilación, de la formalización y actualización permanente, sobre los derechos y deberes, de los contratos y condiciones laborales, de la matricula y su registro y del régimen disciplinario. -Ley 771/1995 – exonera del impuesto a los Actos y Documentos a los créditos sociales destinados a la atención de la salud y la educación otorgados por el Banco Nacional de Trabajadores a los trabajadores accionistas del mismo y que cuenten con la garantía de sus respectivos sindicatos, confederaciones, asociaciones o entidades similares sin fines de lucro, hasta un monto de diez salarios mínimos mensuales. - Ley 1.535/1999 “Administración Financiera del Estado” En su articulo 14 sobre lineamientos y montos globales, dispone que los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación a la educación y al Poder Judicial, no serán inferiores al veinte por ciento ni al tres por ciento, respectivamente, del total asignado a la Administración

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Central, excluidos los préstamos y otras operaciones de crédito público, y las donaciones o asistencias financieras no reembolsables. - Decreto 1.830/1999 por el cual se faculta al Ministerio de Educación y Cultura a establecer los aranceles a ser percibidos por las instituciones de todo el país. - Decreto 12.513/1992 por el cual deja sin efecto el Decreto 2.669/1984, referente a la matriculación de los alumnos de Colegios Oficiales y Privados de la República, reprobados en los exámenes complementarios del mes de febrero. -Decreto 16.566/1993 por el cual el Ministerio de Educación y Cultura autoriza la inscripción en forma condicional, en Colegios Oficiales y Privados de la República, a los alumnos que hayan reprobado hasta dos materias en el examen complementario, siempre que la institución contare con plazas disponibles. - Decreto 14.706/1996 por el cual se crea el Consejo Nacional de Becas para el crecimiento económico y social, equitativo y sostenible, con los siguientes objetivos: a) elaborar un Plan Nacional de Becas, b) establecer convenios con universidades del exterior e instituciones internacionales de administración de becas, c) promover y divulgar los objetivos del programa de implementación el Plan Nacional de Becas. - Decreto 13.320/1992 por el cual el Ministerio de Educación y Cultura autoriza al Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción a otorgar becas en efectivo a los estudiantes universitarios y a los estudiantes de postgrado. Los fondos a ser proveídos mensualmente por el Ministerio de Hacienda. El Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, será el organismo ejecutor y administrador de los fondos así como el contralor de todos los requisitos y exigencias establecidos para acceder a los beneficios. -Resolución 58/2000 del Ministerio de Educación y Cultura por la cual se determinan las normas de selección de postulantes al Bachillerato Técnico en todas sus modalidades quedando establecida de la siguiente manera: a) pruebas de conocimientos académicos con un peso del 60% y b) pruebas de aptitudes, actitudes, intereses y rasgos de la personalidad con un peso de 40%.

2- DERECHO A LA CULTURA -Ley 302/1993 que crea un régimen especial de franquicias tributarias a las donaciones que permitan estimular las mismas, de tal forma que las entidades e instituciones beneficiarias sin fines de lucro, puedan ver facilitado el cumplimiento de sus objetivos y finalidades. Estarán exentas de todo tributo las donaciones efectuadas por personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras a favor del Estado Paraguayo; reparticiones de la Administración Pública; Entes Autárquicos, Autónomos y Descentralizados; Sociedades de Economía Mixta; Entidades Binacionales y Gobiernos Departamentales y Municipales. -Ley 125/1991 establece en el articulo 57 que estarán exentos del pago del impuesto inmobiliario y de sus adicionales los inmuebles declarados monumentos históricos nacionales. -Ley 1.450/1999 por la cual exonera del pago de tributos internos, salvo el Impuesto a la Renta, a la comercialización de libros, periódicos, revistas, cuadernos de producción nacional y toda publicación impresa o gráfica, tanto los de producción nacional como los importados, destinados a la difusión cultural y la educación, con excepción de los pornográficos.

-Ley 1.149/1997 instituye el Premio Nacional de Literatura y el Premio Nacional de Ciencia. Estos se otorgarán en forma alternada y corresponderá al Premio Nacional de Literatura los años impares y al Premio Nacional de Ciencia los años pares.

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-Ley 1.328/1998 “Derecho de Autor” (reglamentada por el Decreto 5.159/1999) Regula la protección de los autores y demás titulares de derechos sobre obras literarias o artísticas, de los titulares de derechos conexos al derecho de autor y otros derechos intelectuales. El objeto de la protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del ingenio, de carácter creador, en el ámbito literario o artístico, cualquiera sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad, la nacionalidad o el domicilio del autor o del titular del respectivo derecho, o el lugar de la publicación de la obra. Crea la Dirección Nacional del Derecho de Autor dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, organismo encargado de organizar, ejecutar e interpretar las disposiciones de la ley en la jurisdicción administrativa. Establece acciones judiciales y procedimientos a seguir para proteger los derechos establecidos, contemplando sanciones penales para los responsables de actos que infrinjan la ley (penas privativas de libertad o multa) -Ley 1.299/1998 por la cual se crea el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (en adelante FONDEC) como entidad autárquica con personería jurídica y autonomía funcional para el cumplimiento de sus fines. El FONDEC se constituye con el fin de financiar y promover las actividades culturales privadas en todo el territorio nacional y se relacionará con el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Educación y Cultura. -Ley 1.028/1997 por la cual se crea el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el cual está integrado por el conjunto de organismos, instituciones nacionales públicas y privadas, personas físicas y jurídicas dedicadas o relacionadas a las actividades científicas y tecnológicas. El Sistema Nacional tiene como finalidad estimular y promover la investigación científica y tecnológica, la generación, difusión y transferencia del conocimiento, la invención, la innovación, la educación científica y tecnológica, los servicios de metrología, normalización y aseguramiento de la calidad de los productos, el desarrollo de tecnologías nacionales y la gestión en materia de ciencia y tecnología. -Ley 1.630/2000 de Patentes de Invenciones. Regula todo lo relacionado a los derechos y obligaciones de los autores de invenciones en todos los campos de la tecnología, estableciendo normas sobre patentes, los procedimientos para su concesión, duración, modificación, mantenimiento, limitaciones, cancelación y terminación de las mismas. También contiene disposiciones sobre las acciones por la infracción de los derechos consagrados. La Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio, es el órgano ante el cual se realizan los procedimientos establecidos en la presente ley. -El Código Civil, ley 1.183/1986, regula en el Titulo VIII todo lo referente a la protección de la propiedad literaria, científica y artística. -El Código Penal, ley 1.160/1997, en artículo 184 del Segundo Libro, Parte Especial, Capítulo II “Hechos punibles contra otros derechos patrimoniales”, establece penalidades por hechos que se consideren violaciones a los derechos de autor o inventor, tales como la divulgación, promoción o reproducción sin autorización, la falsificación, imitación. La persecución penal de los hechos dependerá de la instancia de la víctima. -Decreto 2.146/1999 por el cual se crea una Unidad Especializada denominada Brigada Interinstitucional conformada por funcionarios del Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Hacienda, Dirección General de Aduanas y Miembros de la Policía Nacional. Esta Unidad tendrá como facultades la prevención y represión de los delitos de violación de derechos intelectuales en todas sus manifestaciones, como falsificaciones de marcas, delitos contra los derechos de autor y derechos conexos y, delitos contra la propiedad industrial.

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3- DERECHO A LA SALUD -Ley 836/1980 Código Sanitario. Regula las funciones del Estado en lo relativo al cuidado integral de la salud y los derechos y obligaciones de las personas en la materia. Establece los planes y programas de salud que deben elaborarse en base a los objetivos, políticas y estrategias globales de desarrollo. En cuanto a las acciones para la salud, determina que éstas deben ser integrales, de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, incluyendo además el control de los factores condicionantes ambientales. Establece las categorías de Recursos Humanos institucionales y voluntarios que intervendrán en las acciones integrales. -Ley 1.032/1996 por la cual se crea el Sistema Nacional de Salud en cumplimiento de una política nacional que posibilite la plena vigencia del derecho a la salud de toda la población. El objetivo del sistema es distribuir de manera equitativa y justa los recursos nacionales en el Sector Salud, y a través del mismo se establecen conexiones intersectoriales e intrasectoriales concertadas e incorpora a todas las instituciones que fueron creadas con la finalidad específica de participar en las actividades de promoción, recuperación y rehabilitación de la salud y prevención de enfermedades de individuos y comunidades, dentro del territorio de la República. El Sistema está compuesto por instituciones del sector salud que se estructuran bajo dos formas legales: las integradas o incorporadas y las adscriptas o coordinadas. También se establecen 3 Consejos de Salud: el Nacional, el Regional y el Local. El Consejo Nacional es el organismo de coordinación, consenso y participación interinstitucional del sector público y privado de la salud. -Decreto 22.385/1998 reglamenta el funcionamiento del Consejo Nacional de Salud cuya finalidad es promover el Sistema Nacional de Salud, mediante la concertación y coordinación interinstitucional de planes, programas y proyectos de interés nacional, regional y local en directa relación con las prioridades identificadas en las diversas áreas de la salud. -Decreto 22.369/1998 reglamenta la Dirección Médica Nacional. Órgano Ejecutivo del Consejo Nacional de Salud -Decreto 19.966/1998 reglamenta la Ley 1032/1996 en lo referente a la participación social. Regula sobre la descentralización sanitaria local, la participación ciudadana y la autogestión en salud. -Decreto 20.553/1998 reglamenta la Superintendencia de Salud, organismo técnico de control y supervisión del Sistema Nacional de Salud. -Ley 1.443/1999 por la cual se crea el "Sistema de Complemento Nutricional y Control Sanitario en las Escuelas". Este complemento es para beneficio de los alumnos del primer nivel de la Educación Formal de las escuelas públicas, que comprende la educación inicial y la educación escolar básica, primer y segundo ciclo. Fue ampliada y modificada por la Ley 1.793/2001 que dispone que el Complemento Nutricional en las Escuelas deberá incluir los programas de provisión preferentemente de (i) leche natural o enriquecida y (ii) un alimento sólido rico en proteínas con refuerzo de vitaminas "A" y "D", hierro y yodo o un alimento para completar suficientemente las necesidades diarias, energéticas, proteicas y de otros nutrientes del escolar. En ambos programas la ración diaria debe aproximarse a 600 (seiscientas) calorías que cubran las necesidades energéticas de los alumnos para asimilar las horas de clase. - Ley 1.535/1999 de Administración Financiera del Estado y los Decretos 8.127/2000 y 16.245/2002 autorizan a las Regiones Sanitarias del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a utilizar Fondos Rotatorios para el manejo de sus recursos propios, hasta un monto que no sea inferior al 50% del total de los ingresos recaudados mensualmente en cada región sanitaria. De esta forma, las regiones sanitarias pueden mejorar la utilización de sus recursos propios, lo que colabora con la política de descentralización del Estado.

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- Ley 1.374/1998 por la cual se declara Día Nacional de la Vacunación, el primer sábado del mes de abril de cada año, día que se realiza en todo el territorio de la República una jornada nacional de vacunación. -Ley 535/1994 coordina las actividades de las entidades de la Administración Central, Entes Descentralizados y Centros Municipales que prestan servicios públicos de asistencia médica para promocionar el Sistema Nacional de Salud, de conformidad a lo establecido en el artículo 69 de la Constitución Nacional. -El Código Penal, Ley 1.160/1997, en los artículos 206 y 207, sanciona la comercialización de medicamentos nocivos y la comercialización de medicamentos no autorizados que conlleven efectos nocivos para la vida y la salud. Las penas previstas son privación de libertad o multa.

4- DERECHO AL TRABAJO

a- Derecho a un puesto de trabajo productivo, condiciones justas del trabajo -Ley 1.980/2002 del Primer Empleo tiene por objeto establecer normas para regular, incentivar y fomentar el empleo juvenil, respecto a la prestación subordinada y retribuida de la actividad laboral. Esta ley afecta a los/as jóvenes entre 15 y 18 años, a profesionales recién recibidos que nunca hayan prestado servicios en relación de dependencia y que no sean mayores de 28 años y a empleadores y empleadoras inscriptos ante la Autoridad Administrativa del Trabajo. -Ley 1.652/2000 por la cual se crea el Sistema Nacional de Capacitación y Formación Laboral (reglamentada por el Decreto 15.904/2001). Esta ley regula la formación y capacitación laboral de sus beneficiarios, establece los principios, objetivos y fines de dicha formación y capacitación, determina las pautas de participación y las responsabilidades de su Organo Rector - ente de derecho público, dependiente del Ministerio de Justicia y Trabajo-, así como de las instituciones de formación y capacitación. Contiene disposiciones sobre las formas de financiación y las demás funciones del Sistema.6 -Ley 1.265/1987 modifica la Ley 253/1971 por la cual se creo el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), ente dependiente del Ministerio de Justicia y Trabajo. El SNPP se regirá por las disposiciones de la presente ley y tendrá como finalidad promover y desarrollar la formación profesional de los trabajadores, en todos los niveles y sectores de la economía, atendiendo fundamentalmente a la política ocupacional del Gobierno y al proceso de desarrollo nacional. El SNPP está constituido por un Consejo, una Dirección General y las Gerencias: Técnica, de Acción Formativa y Económica. Los beneficiarios del SNPP son todas las personas mayores 18 años, radicadas en el territorio nacional, pero contempla programas de aprendizaje para los menores entre 15 y 18 años. -Ley 285/1993 sobre los beneficios adicionales a los trabajadores (reglamenta el articulo 93 de la Constitución Nacional). Establece que la empresa que otorgue a sus trabajadores beneficios adicionales sobre su renta neta, con independencia de los respectivos salarios y de otros beneficios establecidos en las leyes o en contratos celebrados entre la empresa y sus trabajadores, podrá deducir dichos beneficios los cuales estarán exentos de todo tributo y no estarán sujetos a contribución alguna por parte de la empresa o de los trabajadores al Instituto de

6 Algunas de las finalidades del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, son: la adquisición por sus beneficiarios de conocimientos, habilidades y destrezas para el desarrollo de su capacidad y creatividad laboral, de acuerdo con las metas que determinen los planes y políticas del Poder Ejecutivo; la formación, capacitación, especialización y reconvención sectorial de sus beneficiarios para adecuar su rendimiento a las actuales condiciones y requerimientos de la producción de bienes y servicios, y a la demanda del mercado; y el mejoramiento de la calificación, la competencia y la productividad de la población económicamente activa.

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Previsión Social, Banco Nacional de Trabajadores u otras entidades creadas que exijan de los mismos algún tipo de contribución o de aporte. -Ley 213/1993, Código del Trabajo (la ley 496/1995 modifica y amplia artículos del Código). En el Capitulo II, Título 1 del Libro I del Código -Artículos 8 al 16- se establecen las garantías del trabajo disponiendo principalmente que el trabajo es un derecho y un deber social y goza de la protección del Estado. No debe ser considerado como una mercancía. Exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, y se efectuará en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico compatible con las responsabilidades del trabajador padre o madre de familia. El Titulo 1 del Libro II, regula la duración máxima de las jornadas laborales, estableciendo principalmente en el articulo 194 que la jornada ordinaria de trabajo efectivo, no podrá exceder, salvo casos especiales previstos en este Código, de ocho horas por día o cuarenta y ocho horas semanales, cuando el trabajo fuere diurno, ni de siete horas por día o cuarenta y dos horas en la semana, cuando el trabajo fuere nocturno. El Titulo 2, contiene disposiciones sobre el derecho de los trabajadores a los descansos legales. El Titulo 3, regula sobre el derecho a las vacaciones anuales remuneradas El Titulo 5, normas sobre seguridad, higiene y comodidad en el trabajo -La Ley 884/1981 (modificada por ley 1.416/1999) regula las condiciones de trabajo en las actividades del transporte automotor terrestre. Las normas establecen los derechos y obligaciones que tendrán las personas que trabajan en las actividades del transporte automotor terrestre, sean explotadas por empresas privadas, mixtas o por propietarios individuales. También contempla las obligaciones que tendrán los empleadores. -Ley 1.160/1997, Código Penal. El Artículo 205, establece que el titular de un establecimiento o empresa o la persona responsable de la prevención de accidentes de trabajo, incurrirá en responsabilidad y será pasible de las penas correspondientes, si expone a las personas a lugares de trabajo peligrosos. -Decreto 12.310/1992 por el cual se establece una jornada laboral máxima de 2 turnos para los docentes del nivel primario de todo el país. -Decreto 8.421/1991 por el cual se reglamentan las funciones de la Subsecretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Justicia y Trabajo, Autoridad Administrativa del Trabajo, prevista en los Códigos del Trabajo y Procesal del Trabajo, y demás leyes y decretos complementarios. Para el funcionamiento de esta Subsecretaría de Estado, se establecen las siguientes direcciones administrativas: 1.Dirección General del Trabajo 2.Dirección de Higiene y Seguridad Ocupacional 3.Dirección General de Recursos Humanos 4.Dirección para la Promoción de la Juventud 5.Dirección de Promoción Social de la Mujer Trabajadora 6.Instituto Paraguayo de Estudios del Trabajo (IPET) 7.Servicio Nacional de Empleos (SENADE) 8.Instituto de Desarrollo Social.

b- Derecho a un salario equitativo en función al trabajo -Código del Trabajo, Titulo 4 del Salario, Capitulo 1 del Salario en General, Capitulo II del Salario Mínimo, Capitulo III, de la asignación familiar. Dichas normas establecen principalmente: lo que se entiende por remuneración, su forma de pago, como se calcula, los recargos por horas extraordinarias, sobre las liquidaciones, la prohibición de renuncia al salario, las deducciones prohibidas, los anticipos, aguinaldos. Establece que el salario mínimo debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de la vida del trabajador consistentes en: alimentación, habitación, vestuario, transporte, previsión, cultura y recreaciones honestas considerándolo como jefe de familia. El Consejo Nacional de

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Salarios Mínimos, presidido por el Director de Trabajo, hará las propuestas para la regulación de los tipos de salarios mínimos El salario mínimo es debido a todo trabajador mayor de 18 años, por día de trabajo ejecutado dentro de la jornada legal. Todo trabajador tiene derecho a percibir una asignación equivalente al 5% del salario mínimo por cada hijo matrimonial, extra-matrimonial o adoptivo. Queda prohibida toda disminución de salarios, despidos u otras sanciones semejantes al trabajador, cuya causa tenga relación directa o indirecta con la "asignación familiar". -Decreto 20.400/2003 regula sobre los sueldos y jornales del sector privado. Dispone el aumento del 11% de los sueldos y jornales del sector privado, el cual regirá a partir del 1º de febrero de 2003, de los salarios mínimos vigentes en las actividades expresamente previstas, escalafonadas y las diversas no especificadas.

c- Derecho a la sindicalización, Huelga y Contrato Colectivo -Código del Trabajo, Libro III. Titulo I, de las Organizaciones Sindicales de Empleadores y Trabajadores, Capítulo I, de la Libertad Sindical. Regula sobre: La constitución de sindicatos, inscripción de sindicatos, derechos y obligaciones de los sindicatos, federaciones y confederaciones de los sindicatos, extinción y disolución de los sindicatos, estabilidad sindical. Titulo II, regula todo lo relacionado a los Contratos Colectivos de Condiciones de Trabajo. Establece lo que se entenderá por Contrato colectivo, los representantes del los Sindicatos, redacción del contrato, sus cláusulas, formas de celebración, revisión, las adhesiones, las acciones de los sindicatos para exigir el cumplimiento de los contratos, la duración y terminación del contrato. El Titulo IV de las Huelgas y Paros, Capítulo I de las huelgas, Capítulo II de los paros. Contempla disposiciones que definen la huelga, el derecho a declararla, los efectos de la misma, las formalidades de la declaración, sobre el Comité de Huelga, la ilegalidad de la misma, el derecho de los trabajadores que no se sumen a la Huelga, entre otras. -Ley 508/1994 regula la forma a que estará sujeta la celebración de negociaciones colectivas sobre condiciones de trabajo celebradas entre el Estado y los funcionarios y empleados públicos. Establece quienes serán los sujetos afectados por la ley y los funcionarios que estarán excluidos y establece –entre otras cosas- que las tratativas salariales o económicas deberán sujetarse a lo dispuesto en la ley de presupuesto. -Ley 125/1991 que establece el Régimen Tributario. El Artículo 14, exonera del impuesto a la renta de actividades comerciales industriales o de servicios a las entidades gremiales y asociaciones, federaciones, fundaciones, corporaciones –entre otras- que no persigan fines de lucro y que las utilidades o excedentes no sean distribuidos directa o indirectamente entre sus asociados o integrantes, las que deben tener como único destino los fines para las que fueron creadas. El Artículo 83 también las exonera del pago del Impuesto al Valor Agregado. -Ley 1.626/2000 de la Función Pública. Capitulo XVI. Regula todo lo referente a la sindicalización de los funcionarios públicos, quienes tendrán el derecho a organizarse en sindicatos sin necesidad de autorización previa, debiendo siempre considerarse el interés general implícito en el servicio público. Contiene disposiciones sobre la inscripción de los sindicatos, las actas, estatutos, etc. Establece que se aplicarán a estos sindicatos, las normas del Código del Trabajo referidas a las finalidades, derechos, obligaciones y prohibiciones de los sindicatos, así como las causales de cancelación de su inscripción, con el consiguiente retiro de la personería gremial y sobre las federaciones y confederaciones de sindicatos.

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El Capítulo XVII contiene disposiciones que rigen la huelga de los trabajadores del sector público organizados en sindicatos, quienes por decisión de sus respectivas asambleas, tienen el derecho de recurrir a la huelga como medida extrema en caso de conflicto de intereses, debiendo siempre garantizarse el funcionamiento regular de los servicios públicos imprescindibles. La declaración de legalidad e ilegalidad de las huelgas en el sector público se tramitará por el procedimiento establecido para el recurso de amparo. -Ley 1.542/2000 establece el procedimiento para la calificación de huelga. Establece que para la calificación de las huelgas, paros patronales o cualquier otra medida de fuerza originada en conflictos laborales en los organismos y entidades del Estado, así como en las municipalidades o la empresa privada, será competente el Juzgado en lo Laboral de Turno de la jurisdicción territorial que corresponda. También indica que para el trámite de calificación se aplicará el procedimiento especial establecido para la acción de Amparo prevista en el Código Procesal Civil.

5- DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL En nuestro país existen dos tipos de entidades provisionales. Las establecidas para los trabajadores del sector público y las creadas para los trabajadores del sector privado, manejadas por el Poder Ejecutivo. Todo trabajador o trabajadora del sector privado formal –excepción del sector bancario que tiene su propio sistema jubilatorio- esta afiliado al Instituto de Previsión Social –IPS-7. -La Ley 375/1956 aprueba el Decreto-Ley 1.860/1950, que modifica el Decreto-Ley 17.071/1943 por el cual se crea el Instituto de Previsión Social. El Instituto de Previsión Social -IPS-, es el encargado de administrar el Seguro Social en el país y de prestar servicios a los asegurados. El IPS es el único seguro social que además del servicio jubilatorio presta atención a la salud con una base de atención y una infraestructura sanitaria administrada en forma paralela (algunas disposiciones de esta ley fueron ampliadas y modificadas por la ley 1.286/1987). -Ley 192/1993 establece que para la liquidación de las jubilaciones de los profesores de enseñanza primaria, secundaria y universitaria que también prestan servicio público como funcionarios, se sumaran las remuneraciones que perciban en ambas actividades y ese total se tomara como base para determinar el monto del beneficio jubilatorio. -Ley 2.345/2003 de reforma y sostenibilidad de la Caja Fiscal del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del sector público (reglamentada por la ley 1.579/2004). Establece que la tasa de aporte para todos los programas administrados por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, será del 16%. Regula los efectos financieros inmediatos y a largo plazo, el derecho a pensión, los porcentajes, la actualización anual, la Jubilación obligatoria, la pensión por invalidez. Crea la Dirección de Pensiones no Contributivas, dependiente de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, la cual administrará los programas de pensiones para los veteranos, lisiados y mutilados de la guerra del chaco, sus herederos y las pensiones graciables. Asimismo, establece los siguientes Programas Contributivos: Administración pública, Magisterio nacional, Docentes de las universidades nacionales, Magistrados judiciales, Empleados gráficos del estado, Fuerzas armadas y la Policía nacional. -Ley 366/1994 establece que en caso de fallecimiento de un jubilado o de un funcionario con derecho a jubilación, de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Administración Central, el

7 Cfr. Informe de Derechos Humanos en Paraguay, CODEHUPY, 2002.

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hijo con discapacidad física, sensorial o psíquica, tendrá derecho a gozar de pensión, sin limitación de edad. -Ley 98/1992 establece el régimen unificado de jubilaciones y pensiones a cargo del Instituto de Previsión Social (IPS). -Código del Trabajo, Libro IV “De la Seguridad Social”. Establece que el Estado, con aportes y contribuciones propios y de empleadores y trabajadores, amparará por medio de un sistema de seguros sociales, a los trabajadores contra los riesgos de carácter general, y especialmente los derivados del trabajo. Incorpora las leyes y reglamentos sobre seguridad social. -Ley 1.626/2000 de la Función Publica, Capítulo XV sobre la Seguridad Social. El régimen del seguro social de los funcionarios públicos se establecerá por ley con los beneficios y prestaciones que contemplarán, entre otros, los riesgos de maternidad, accidentes, enfermedades laborales y no laborales, invalidez, vejez y muerte; el de jubilaciones y el de pensiones. La financiación del sistema del seguro social, estará a cargo de los funcionarios públicos y del Estado, en las condiciones y la proporción que establezca la ley. -Ley 122/1993 establece la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal como una entidad autárquica, con personería jurídica y patrimonio propio. -Ley 1.398/1999 por la cual se incorporan los beneficios de prestación médica para enfermedades y accidentes previstos en el régimen de asistencia médica del IPS a los docentes jubilados de todo el país que hayan aportado en su vida laboral activa al Instituto de Previsión Social –IPS- y que sean miembros del magisterio nacional. -Decreto 20.635/2003 por el cual se constituye el Grupo Interinstitucional de Trabajo que se encargará de establecer las normas y procedimientos especiales para la implementación de la Jubilación Automática de Funcionario de los Organismos y Entidades del Estado, - Decreto 18.581/2002 establece el Seguro Médico Social Obligatorio de los Funcionarios Públicos. Quedan incluidos en el sistema del Seguro Médico Obligatorio los funcionarios públicos dependientes del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de la Contraloría General de la República y de las Entidades Descentralizadas que reciban recursos del Tesoro General, que no cuenten con el Seguro Social del Instituto de Previsión Social.

6- DERECHO A LA ALIMENTACION

- Ley 1.793/2001 que modifica y amplía la Ley 1.443/1999 por la cual se crea el Sistema de Complemento Nutricional, y Control Sanitario en las Escuelas. Establece que el Sistema de Complemento Nutricional en las Escuelas deberá incluir los siguientes programas: 1. Provisión preferentemente de leche natural o enriquecida y, 2. Un alimento sólido rico en proteínas con refuerzo de vitaminas "A" y "D", hierro y yodo; o un alimento para completar suficientemente las necesidades diarias, energéticas, proteicas y de otros nutrientes del escolar. En ambos programas la ración diaria debe aproximarse a 600 (seiscientas) calorías que cubran las necesidades energéticas de los alumnos para asimilar las horas de clase" -Ley 1.614/2000 general del marco regulatorio y tarifario del servicio de provisión de agua potable y alcantarillado sanitario para la República del Paraguay. Crea el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN), que es una entidad autárquica, con personería jurídica, dependiente jerárquicamente del Poder Ejecutivo. El ERSSAN tiene como finalidad regular la prestación del servicio, supervisar el nivel de calidad y de eficiencia del servicio, proteger los intereses de la comunidad y de los usuarios, controlar y verificar la correcta aplicación de las disposiciones vigentes en lo que corresponda a su competencia.

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- Ley 1.478/1999 tiene por objetivo garantizar la nutrición segura y eficiente a los lactantes protegiendo la lactancia materna mediante la regulación de la comercialización de los alimentos infantiles, incluyendo los sucedáneos de la lecha materna, biberones, tetinas, chupetes, protectores del pezón y otros productos que pueden afectar la psicofisiología de la lactancia. - Decreto 1.635/1999 por el cual el Ministerio de Salud Pública y Bienestar social declara obligatorio para los fabricantes, representantes, importadores, fraccionadores y otros, el Registro Sanitario de los Productos Alimenticios, Bebidas y Aditivos Destinados al Consumo Humano, en todo el territorio nacional. -Decreto 20.830/1998 declara obligatorio el enriquecimiento de la harina de trigo que sea industrializada, importada, fraccionada y comercializada en el país, con hierro y vitaminas (tiaminia, riboflavina, niacina y ácido fólico), como medida de control de la carencia de dichos nutrientes. -Decreto 10.559/2000 por el cual el Ministerio de Justicia y Trabajo crea la Comisión Nacional de Alimentación y Nutrición. La Comisión Nacional de Alimentación y Nutrición estará integrada por representantes de Instituciones Públicas con dependencias relacionadas a actividades de Alimentación y Nutrición. Tendrá como funciones la de establecer su organización, reglamento interno y cronograma de actividades, definir las bases para la elaboración de una Política Nacional de Alimentación y Nutrición, elaborar el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición, gestionar los recursos técnicos y financieros necesarios para el cumplimiento de sus funciones y promover la aprobación, implementación, ejecución, monitoreo y evaluación del Plan Nacional de Alimentación y Nutrición -Código Penal, Capitulo II, Hechos punibles contra la seguridad de las personas frente a riesgos colectivos. Penaliza la comercialización de alimentos nocivos con penas privativas de libertad o multa. También, establece que la persona que incumpliera un deber legal alimentario y con ello produjera el empeoramiento de las condiciones básicas de vida del titular, será castigado con pena privativa de libertad o con multa.

7- DERECHO A LA VIVIENDA

-Ley 2.329/2003 establece el marco de administración de las Cooperativas de Vivienda y el fondo para viviendas cooperativas. Establece que las Cooperativas de Vivienda podrán realizar otros tipos de actividades para alcanzar sus fines, como el ahorro para la vivienda y otorgamiento de créditos para la adquisición, construcción o ampliación de viviendas para sus socios y, la actividad productiva y/o servicios para recaudar fondos exclusivamente para la adquisición de viviendas y la infraestructura barrial.

-Ley 118/1990 crea la entidad autárquica "Consejo Nacional de la Vivienda", en adelante "Conavi". El Conavi tiene como objetivo fijar la política nacional de la vivienda en el marco de las políticas macroeconómicas y del Plan Nacional de Desarrollo, tendientes a satisfacer las demandas de vivienda y de soluciones habitacionales. Para tal cometido, deberá concertar los esfuerzos de las entidades y las empresas o sociedades con objetivos afines para formular las normas técnicas apropiadas en lo urbanístico, sanitario y financiero. (Modificada por las leyes 2.199/2003; 815/96; 1.555/2000; 1.920/2002)8.

8 La ley define tres tipos de vivienda: 1) Unidad de habitación que satisface normas mínimas de construcción relacionadas con la seguridad, la higiene y la comodidad y disfrute de acceso fácil a los servicios residenciales conexos de calidad adecuada, incluso de sistemas de suministro de agua y desagüe, suministro de electricidad, comunicaciones y transporte, tiendas y servicios culturales y recreativos; 2) "Viviendas Económicas": aquellas que otorguen condiciones de habitabilidad en sus componentes estructurales, materiales y funcionales en un servicio satisfactorio, continuo y a largo plazo, y que ofrecen seguridad, vida digna e independiente a sus propietarios, con un costo total accesible a familias de ingresos medios y bajos. 3) "Viviendas de Interés Social": destinadas a familias de muy bajo ingreso y económicamente débiles, que debido a tales limitaciones no tienen acceso en la actualidad al

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- Ley 815/1999 -que modifica la Ley 118/1999- establece el Subsidio Habitacional Directo que constituirá una ayuda estatal, sin cargo de restitución, que se otorgará por una sola vez a las personas naturales que sean beneficiarias de los planes del Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI) para posibilitar la adquisición, construcción, ampliación o mejora de una vivienda económica o de una vivienda de interés social, destinada a la habitación permanente del beneficiario y su grupo familiar. -Ley 1.555/2000 establece normas para determinar el precio actual y nuevas modalidades de pago de cuotas para todas las unidades habitacionales ya construidas. El precio actual de las unidades habitacionales de los proyectos de Viviendas de Interés Social, Viviendas Económicas y Proyectos Especiales, construidas por el Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI), el Banco Nacional de Ahorro y Préstamo para la Vivienda (BNV), los Sindicatos, las Cooperativas y las Asociaciones de Empleados, se determinan en base a los precios originales establecidos en los primeros contratos de adjudicación de cada proyecto, más el porcentaje que a continuación se detalla: a) de 0 hasta 10.000.000 de guaraníes, el 20% (veinte por ciento);b) de 10.001.000 hasta 12.000.000 de guaraníes, el 15% (quince por ciento);c) de 12.001.000 hasta 15.000.000 de guaraníes, el 12% (doce por ciento);d) de 15.001.000 hasta 20.000.000 de guaraníes, el 10% (diez por ciento); y e) de 20.001.000 y más guaraníes el 0% (cero por ciento). -Ley 771/1995 exonera del impuesto a los Actos y Documentos previsto en la parte vigente del Libro IV, Título I de la Ley 125/91 que establece el nuevo régimen tributario, a las operaciones de préstamos que sean destinadas a la adquisición o construcción de viviendas económicas y viviendas de interés social, al igual que a los contratos relativos a la compraventa o constitución de derechos reales sobre tales viviendas. -Ley 2.058/2003 por la cual los usuarios de los servicios públicos prestados por el Estado Paraguayo que se hallen comprendidos dentro de la categoría social o subsidiada, podrán abonar sus facturas mensuales exentas de multas, intereses punitorios y demás recargos por mora hasta treinta días después del vencimiento de cada factura. -Ordenanza 125/2000 de la Junta Municipal de la Municipalidad de Asunción por la cual se crea el FONDO DE DESARROLLO URBANO (FDU) a los efectos de destinar lo recaudado en dicho concepto a Proyectos Urbanísticos de Inversión en la Ciudad que tengan como objetivo la renovación y rehabilitación urbana, así como proyectos de urbanización concertada de mejoramiento de la calidad urbano ambiental del municipio, enmarcados en el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental de la Ciudad de Asunción, el Plan Maestro de la Franja Costera y la Preservación del Patrimonio Urbanístico, Arquitectónico, Histórico y Artístico de la Ciudad.

8- DERECHO DE ACCESO A LA TIERRA -Ley 2.419/2004 por la cual se crea el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, INDERT, como persona jurídica autárquica de derecho público. El Instituto tendrá por objetivo promover la integración armónica de la población campesina al desarrollo económico y social de la Nación, conforme al mandato de la Constitución Nacional (Artículos 114, 115, y 116). Para estos fines, adecuará la estructura agraria promoviendo el acceso a la tierra rural, saneando y regularizando su tenencia, coordinando y creando las condiciones propicias para el desarrollo que posibilite el arraigo conducente a la consolidación de los productores beneficiarios, configurando una estrategia que integra participación, productividad y sostenibilidad ambiental. financiamiento en las condiciones corrientes de los préstamos. Son de menor costo que las económicas, conforme a tecnologías más sencillas, materiales alternativos más baratos y sistemas especiales de ejecución. Por la prioridad de los intereses, en general es responsabilidad del Estado implementarlas a través de tratamientos diferenciales de financiamiento.

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También tendrá a cargo formular, normar e implementar la política de colonización agraria del Estado, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional, en la materia y como Autoridad Administrativa, le compete la aplicación del Estatuto Agrario y de las demás leyes agrarias vigentes, dentro de su competencia. Asimismo, la ley crea el Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible, en adelante FIDES, órgano dependiente de la presidencia del INDERT, que tendrá como objetivo el planeamiento, diseño y ejecución de operaciones y obras de infraestructura básica, necesarias para obtener el arraigo efectivo y crear las condiciones que posibiliten el desarrollo de las comunidades beneficiarias, afectando los asentamientos nuevos y antiguos no arraigados. -Ley 852/1963 crea el Instituto de Bienestar Rural (IBR). Institución autárquica con personería jurídica, cuyo patrimonio se considera jurídicamente separado de los bienes del Estado. -Ley 1.863/2002 Estatuto Agrario. Contempla normas que regulan sobre las personas que serán beneficiarios del Estatuto, sobre los asentamientos coloniales, la adjudicación de lotes en asentamientos oficiales, sobre las colonias privadas, las autoridades de las Colonias Oficiales y Privadas, los contratos rurales, el Régimen de inmuebles rurales, la expropiación, los Excedentes Fiscales, el Régimen hereditario, entre otros. Establece que la Unidad Básica de Economía Familiar –UBEF-, es toda Propiedad Agraria Necesaria, cuyo aprovechamiento eficiente, atendiendo a su característica, ubicación geográfica y aptitud agrológica, permite a una familia campesina obtener niveles de ingresos para su arraigo efectivo y cobertura de sus necesidades básicas, que faciliten su inserción en la economía de mercado (la Ley 2.002/2002 modifico los artículos 2º, 5º, 10, 16, 56, 57 y 74 del Estatuto). 9- DERECHO AL DESARROLLO -Decreto 9.235/1995 por el cual el Ministerio del Interior crea la Secretaría de Acción Social. Algunas de las tareas que tendrá a cargo esta Secretaría, son: a) Promover un amplio consenso nacional, que posibilite una acción conjunta del Estado, los partidos políticos y la sociedad civil, en torno a una política social que jerarquice las acciones destinadas a combatir la pobreza y promover una mayor igualdad social. b) Identificar, coordinar, administrar y supervisar planes, programas, proyectos y actividades que sea expresión de las políticas sociales y de la priorización del combate a la pobreza, a ser ejecutados a través de entes públicos y privados en los ámbitos rural y urbano, mediante convenios interinstitucionales de traspaso de fondos que estén enmarcados en las normas jurídicas correspondientes. c) Identificar y negociar fuentes de recursos complementarios para financiar el gasto social. d) Proponer medidas para la optimización del gasto público en el área social. - Decreto 18.332/2002 por el cual el Ministerio del Interior, en el marco de la estrategia nacional de reducción de la pobreza y desigualdad, crea el Equipo Técnico Interinstitucional para el diseño e implementación de la Estrategia Nacional de Reducción de la Pobreza y Desigualdad. Esta Estrategia Nacional tiene como objetivo disminuir en forma considerable los niveles de pobreza extrema y pobreza de la población paraguaya, en particular en sus segmentos mas vulnerables, posibilitando ante todo su acceso a los servicios básicos de calidad, seguridad alimentaria, salud, educación, viviendas, ocupación remunerada y disfrute de los derechos y garantías ciudadanas.9

9 El equipo técnico estará conformado por dos representantes del Banco Central del Paraguay, la Secretaria de acción Social, Secretaria Técnica de Planificación, de los Ministerio de Hacienda, Educación y Cultura, Salud Pública y

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-Decreto 17.303/2002 por el cual se aprueba el Plan Agropecuario y Forestal para el desarrollo del Campo, como marco orientador de la política de desarrollo sostenible del ámbito agrario del Paraguay. En el artículo 2 se organizan las políticas agrarias en cuatro áreas temáticas; en el articulo 4 se ordenan las acciones y programas institucionales para la aplicación de las políticas agrarias en tres ejes estratégicos: (i) desarrollo rural, (ii) reactivación productiva y (iii) fortalecimiento de las instituciones agrarias. -Decreto 12.519/2001 por el cual se crea el Plan Estratégico Económico y Social (PEES). El PEES es imperativo para el sector público, debiendo todos los sectores -Ministerios y organismos involucrados en el Plan- ceñir estrictamente sus actos y programas operativos a las metas y directivas del Plan en la búsqueda de una Acción integral coordinada y eficaz en pos de los logros que deben concretarse sin dilaciones ni escollos en su integral implementación. Se establecen cuatro ejes de acción integrados y complementarios entre sí: a. Desarrollo Productivos, Competitividad e Inversiones; b. Desarrollo Humano y Reducción de la Pobreza; c. Modernización del Estado y Fortalecimiento Institucional; d. Equilibro Macroeconómico. -Decreto 17.631/2002 por el cual se reorganiza la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social de la Presidencia de la República -STP-, creada por el Decreto-Ley Nº 312/62 aprobado por la Ley 841/1962. La Secretaría Técnica es el órgano rector de los Sistemas Nacionales de Planificación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública, Programación de Operaciones, Inversión Pública y Financiamiento Externo, así como de la estadística nacional y la especialización de recursos humanos. Actuará en todo lo inherente a la planificación del desarrollo armónico del país.10 -Ley 1.264/1998 “General de Educación”. Regula en su Capitulo III la educación campesina y rural, considerando al hombre campesino o rural como agente activo del desarrollo nacional. Establece que las autoridades educativas nacionales, departamentales y municipales proveerán un servicio de educación campesina y rural formal, no formal y refleja, buscando la educación del hombre campesino o rural, y la de su familia, ayudándole a su capacitación como agente activo del desarrollo nacional. Este servicio buscará mejorar su nivel y calidad de vida, sus condiciones humanas, ecológicas, de vivienda y trabajo. Se desarrollará la formación técnica en actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales, industriales, agroindustriales y otras. -Ley 1.863/2002 “Estatuto Agrario”. La ley garantiza y estimula la propiedad inmobiliaria rural que cumple con su función económica y social. Contempla normas que regulan la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural, con miras a promover la adecuación de la estructura agraria, conducente al arraigo, al fortalecimiento, y a la incorporación armónica de la agricultura familiar campesina al Desarrollo Nacional, para contribuir a superar la pobreza rural y sus consecuencias, a través de una estrategia general que integre la productividad, sostenibilidad ambiental, participación y equidad distributiva. Bienestar Social, Justicia y Trabajo, Industria y Comercio, Agricultura y Ganadería y la Secretaria de la Mujer y será presidido y coordinado por la Secretaria de acción Social de la Presidencia de la Republica. 10 La STP articulará los siguientes procesos y funciones: a) Establecer normas, mecanismos y procedimientos de planificación del desarrollo y de políticas públicas. b) Promover las inversiones públicas y privadas para el desarrollo del país. c) Diseñar y aplicar políticas e instrumentos para la optimización del financiamiento externo. d) Conducir la construcción de la institucionalidad del país. e) Organizar el desarrollo y ocupación del territorio. f) Orientar y proyectar la integración del país en los esquemas bilaterales, subregionales, regionales, hemisféricos y mundiales. g) Organizar y regentar la administración de la información económica, social y geográfica, así como las políticas de desarrollo de la informática. h) Especializar los recursos humanos que requiere la estructuración de un Estado promotor del desarrollo sostenible.

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-Ley 352/1994 que regula el Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas. Siguiendo el marco de referencia de la Constitución de 1992 introdujo el concepto de desarrollo sustentable. El concepto de desarrollo sustentable se repite a través de la ley y es definido como el desarrollo que por medios económicos, sociales y transformaciones estructurales, hace uso de los beneficios sociales y económicos disponibles en recursos naturales actuales sin ponerlos en riesgo para el uso de futuras generaciones. Entre los objetivos principales de la ley se encuentran el manejo de áreas naturales protegidas de conformidad con el concepto de desarrollo socioeconómico sostenible. SITUACIONES DE DERECHO

1- SITUACION DE NIÑOS Y ADOLESCENTES -Ley 1.680/2001 Código de la Niñez y la Adolescencia. El Código establece y regula los derechos, garantías y deberes del niño y del adolescente, conforme a lo dispuesto en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, los instrumentos internacionales sobre la protección de los derechos humanos aprobados y ratificados por el Paraguay, y las leyes. Crea el Sistema Nacional de Protección y Promoción Integral a la Niñez y Adolescencia, en adelante "El Sistema", competente para preparar y supervisar la ejecución de la política nacional destinada a garantizar la plena vigencia de los derechos del niño y del adolescente. El Sistema regulará e integrará los programas y acciones a nivel nacional, departamental y municipal. Crea la Secretaria Nacional de la Niñez y la Adolescencia, órgano dependiente del Poder Ejecutivo, con rango Ministerial. Por Decreto 1.5201/2001 se implementa la Secretaria cuyas funciones –entre otras- es la de proveer respuestas administrativas, a través de políticas sociales, a la población infantil y adolescente del país para lo cual coordinará sus acciones con las demás instituciones del Gobierno Nacional y con los Gobiernos locales. Es responsable de cumplir las políticas elaboradas por el Sistema de Protección y Promoción de los Derechos de la Niñez, y de facilitar el relacionamiento y la coordinación entre los distintos niveles de organización del sistema (nacional, departamental y municipal) para la atención efectiva de los problemas sociales que afectan a los derechos del niño/a. Se constituye e integra el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, integrado por representantes de distintas instituciones del Estado y de organismos no gubernamentales de bien público y sin fines de lucro de cobertura nacional.11 En el Titulo II del Código, se regula en 4 Capítulos (Capitulo I disposiciones generales, Capitulo II del adolescente trabajador por cuenta ajena, Capitulo III del adolescente trabajador domestico, Capitulo IV del adolescente trabajador por cuenta propia), todo lo relacionado a la protección del adolescente trabajador, estableciendo normas sobre las garantías laborales, los

11 Los Consejos Departamentales de la Niñez y Adolescencia, estarán integrados en cada Departamento por un representante del Gobernador, de la junta departamental; los respectivos Secretarios Departamentales de Salud y Educación; las organizaciones no gubernamentales de bien público y sin fines de lucro del departamento, que realicen acciones dirigidas a los sujetos del Código; las organizaciones de niños del departamento; y los Consejos Municipales. Los Consejos Municipales de la Niñez y Adolescencia, estarán integrados en cada Municipio por un representante del Intendente; la junta municipal; las organizaciones no gubernamentales de bien público y sin fines de lucro del municipio, que realicen acciones dirigidas a los sujetos del Código; las comisiones vecinales o comisiones de fomento del municipio; y las organizaciones de niños. Se crean las Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI) que prestarán servicio permanente y gratuito de protección, promoción y defensa de los derechos del niño y del adolescente. No tendrán carácter jurisdiccional.

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trabajos prohibidos, del registro del trabajador, del horario y lugar del trabajo, del empleo de adolescentes con necesidades especiales, entre otras. -Ley 1.702/2001 que establece el alcance de los términos Niño, Adolescente y Menor adulto, a los efectos de la correcta interpretación y aplicación de las normas relativas a la niñez y a la adolescencia. Se entenderá por: a) Niño: toda persona humana desde la concepción hasta los trece años de edad; b) Adolescente: toda persona humana desde los catorce años hasta los diecisiete años de edad; y, c) Menor Adulto: toda persona humana desde los dieciocho años hasta alcanzar la mayoría de edad. -Ley 1.136/1997 de Adopciones. Establece que la adopción se otorga como medida de carácter excepcional de protección al niño y en función de su interés. La adopción es plena, indivisible e irrevocable y confiere al adoptado una filiación que sustituye a la de origen y le otorga los mismos derechos y obligaciones de los hijos biológicos. Contiene disposiciones sobre los derechos de los adoptados, regula la adopción internacional y crea el Centro de Adopciones que será la autoridad administrativa central en materia de adopciones. -Ley 2.196/2003 establece la mayoría de edad, unificando a 18 años el fin de la niñez y la adquisición de la mayoría de edad civil o la plena capacidad de hecho. De este modo se establece que a los 18 años de edad se adquiere la ciudadanía electoral, la plena capacidad laboral, la capacidad civil y el fin de las medidas de protección especial para la infancia. -Ley 2.138/2003 por la cual se crea el programa de prevención de las enfermedades denominadas Fibrosis Quística y Retardo Mental producido por el Hipotiroidismo Congénito y de Fenilcetonuria y sus consecuencias en los recién nacidos en todos los centros públicos y privados de atención a la salud del Paraguay. El Gabinete del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social será el responsable de la planificación y ejecución del mencionado proyecto en coordinación con el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud. -Ley 1.600/2000 contra la violencia domestica. Esta ley establece las normas de protección para toda persona que sufra lesiones, maltratos físicos, psíquicos o sexuales por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar, que comprende el originado por el parentesco, en el matrimonio o unión de hecho, aunque hubiese cesado la convivencia; asimismo, en el supuesto de parejas no convivientes y los hijos, sean o no comunes. Dispone que la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República realizará el seguimiento y la evaluación de la aplicación de la presente Ley. Establece un procedimiento especial de protección el cual se llevará a cabo sin perjuicio de la aplicación de las sanciones penales que correspondan al denunciado en caso de comisión de hechos punibles tipificados en el Código Penal. -Ley 1.562/2000 “Orgánica del Ministerio Publico”. En las investigaciones y procesos penales con imputados menores de edad o en aquellos procesos en los que se procure la aplicación de una medida tutelar a un menor infractor inimputable, el Ministerio Público velará para que el desarrollo del proceso penal o tutelar no cause mayores daños al menor, que los medios de comunicación social no difundan los nombres de los imputados, que la pena sea adecuada a los fines de resocialización y que las medidas tutelares no adquieran las características de sanciones penales. -Ley 1.642/2000 prohíbe la comercialización, venta o suministro gratuito de bebidas alcohólicas, en locales públicos, a menores de veinte años de edad, sea o no para su propio consumo. El Ministerio Público tendrá la atribución de verificar el cumplimiento de la presente ley y podrá actuar conjuntamente, y a su requerimiento, con las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Bienestar social, las municipalidades y la Policía Nacional, sin perjuicio de la intervención del Juez de Menores o de la Defensoría de Menores.

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-Codigo Civil, Ley 1.183/1986. Capítulo XI, De la Filiación. Contiene disposiciones que regulan sobre los hijos matrimoniales, hijos extramatrimoniales y su reconocimiento; establece el derecho de los hijos a la acción de filiación para ser reconocidos por sus padres; la obligación de prestar alimentos que nace del parentesco; dispone los beneficiarios de la institución del bien de familia entre los que están los descendientes menores de edad o los hijos adoptivos hasta la mayoría de edad. -Ley 1/92 reforma parcial del Código Civil. En el articulo 12 establece el derecho de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales a llevar el primer apellido de de cada progenitor y en el artículo 95 establece los beneficiarios del bien de familia, niños y ancianos. -Ley 204/93 modifica el articulo 2591 del Código Civil. Establece la igualdad de los hijos en el derecho hereditario, disponiendo que los hijos y descendientes extramatrimoniales tendrán el mismo derecho hereditario que los matrimoniales sobre los bienes propios y gananciales del causante. -Ley 45/1991 sobre el Divorcio Vincular del matrimonio. Establece que una vez promovida la demanda de divorcio o antes, habiendo hijos menores, en caso de urgencia, los cónyuges o cualquiera de ellos, deberán solicitar ante el juzgado en lo Tutelar del Menor, se dicte resolución provisoria respecto a la designación de las personas a quien o quienes serán confiados los hijos del matrimonio, el modo de subvenir las necesidades de los hijos, la cantidad que se debe pasar a título de alimentos a los hijos, el régimen provisorio de visitas y la atribución del hogar conyugal. En caso de controversia será determinado por el juez. Asimismo, regula que en caso de vivienda única, propiedad de la sociedad conyugal, el cónyuge que detentare la tenencia de los hijos mientras sean menores de edad, podrá oponerse a su liquidación y partición, quedando a salvo los derechos de terceros anteriores al inicio de la demanda de divorcio. - Código Penal, Ley 1.160/1997. Están exentos de responsabilidad penal la persona que no haya cumplido 14 años de edad y se considera como circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal el que el autor tenga entre catorce y dieciocho años de edad. Al regular los hechos delictivos como la exposición de determinada persona a peligro de vida, integridad física, abandono o coacción sexual, dispone que será un agravante cuando la víctima sea un menor. En el Capítulo VI regula los hechos punibles contra menores estableciendo penas para los autores de hechos como: Maltrato de menores; Abuso sexual en niños; Abuso sexual en personas bajo tutela; Estupro; Actos homosexuales con menores; Proxenetismo; Violación de la patria potestad; Violación de las reglas de adopción; Tráfico de menores. -Decreto 6.940/1990 por el cual se crea la Dirección para la Promoción de la Juventud, dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Justicia y Trabajo. Esta Dirección tendrá entre sus principales funciones la de proponer y coordinar la ejecución de una Política Nacional de Juventud, realizar todo tipo de análisis de la situación juvenil, diseñar programas de acción y estudios específicos en el área de la juventud, promover a nivel nacional, las organizaciones juveniles y facilitar la participación de éstas en tareas de Servicio a la comunidad, impulsar y desarrollar programas de formación y capacitación de líderes juveniles, en toda la República, fomentar el empleo juvenil apoyando todo tipo de acciones que faciliten el ingreso de los jóvenes a fuentes de trabajo, especialmente por medio de la generación de formas asociativas de producción, entre otras. -Decreto 18.835/2002 por el cual se crea la Comisión Nacional Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo de los Adolescentes, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Trabajo con carácter consultivo.

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-Decreto 21.006/2003 por el cual se establece la estructura orgánica y funcional del Servicio de Atención a Adolescentes Infractores (SENAAI), dependiente del Ministerio de Justicia y Trabajo que quedará formada de la siguiente forma: Consejo Interinstitucional de Implementación, Dirección General, Area Formativa, Area Jurídica, Area Administrativa, Secretaría General. -Decreto 20.846/2003 por el cual se declara el 25 de marzo de cada año, "Día del Niño por Nacer". -Resolución 18/2002 del Ministerio de Justicia y Trabajo que establece una Dirección del Area de Menores del Correccional de Mujeres "Casa del Buen Pastor", bajo dependencia del Servicio Nacional de Atención a Adolescentes infractores (SENAAI), de la Subsecretaría de Estado de Justicia, del Ministerio de Justicia y Trabajo. 2 – SITUACION DE LAS MUJERES -Ley 34/1992 “Creación de la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República”. Esta Secretaría con rango Ministerial, tiene como objeto impulsar el protagonismo y la participación de la Mujer en el ámbito de la vida política, cultural, familiar, laboral y social, conforme a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la Mujer. - Ley 1/1992 “De la Reforma Parcial del Código Civil”. Esta ley modifica parcialmente el Código Civil estableciendo en su Articulo 1º que la mujer y el varón tienen igual capacidad de goce y de ejercicio de los derechos civiles, cualquiera sea su estado civil. Modifica los derechos personales en las relaciones de familia del Matrimonio, estableciendo la igualdad de los derechos del hombre y mujer en cuanto a la capacidad para contraer matrimonio, en cuanto a los regimenes patrimoniales de matrimonio, representación de la comunidad conyugal, administración de la comunidad, cargas de la comunidad, disolución y liquidación de la comunidad de gananciales, régimen de participación diferida, régimen de separación de bienes, de los bienes reservados y alimentos. -Ley 45/1991 “Del Divorcio”. Esta ley establece el divorcio que disuelve el vínculo matrimonial, regulando el procedimiento para la tramitación del mismo sobre la base de la igualdad de los derechos, obligaciones y responsabilidades del hombre y la mujer. -Ley 1.600/2000 “Contra la violencia doméstica”. Establece normas de protección para toda persona que sufra lesiones, maltratos físicos, psíquicos o sexuales por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar (parentesco, matrimonio o unión de hecho, aunque hubiese cesado la convivencia, el supuesto de parejas no convivientes y los hijos, sean o no comunes). Dispone el procedimiento de denuncia ante el Juez de Paz del lugar, como así también ante la Policía Nacional o centros de salud. Describe en forma expresa las medidas de protección urgente y asistencia para la seguridad de las victimas o de la familia. La Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República es la Institución a cargo de velar por el cumplimento de la presente Ley. -Ley 834/1996 “Código Electoral”. En el Articulo 32, inciso r), al regular sobre la carta orgánica o estatuto de los partidos políticos, dispone los mecanismos adecuados para la promoción de la mujer en los cargos electivos en un porcentaje que no será inferior al 20% y se deberá nombrar una proporción significativa de ellas en los cargos públicos de decisión. -Ley 496/1995 modifica y amplia artículos de la Ley 213/1993 “Código del Trabajo”. La Sección II, Trabajo de Mujeres, del Código del Trabajo establece que las mujeres disfrutarán de los mismos derechos laborales y tendrán las mismas obligaciones que los hombres. Asimismo,

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establece los mecanismos de protección de la maternidad regulando sobre las condiciones de los lugares de trabajo, las horas laborales, tipo de trabajo, reposo, permisos, períodos de lactancia. -Ley 1.160/1997, Código Penal. Tipifica el Acoso Sexual y la violencia doméstica como hechos delictivos, incorporando así la perspectiva de género en el discurso jurídico, teniendo en cuenta que en estos tipos de hechos la mayoría de los casos las víctimas son las mujeres. -Ley 1.680/2001, Código de la Niñez y la Adolescencia. Al regular sobre la protección de las personas por nacer, establece una serie de normas que protegen a la mujer embarazada desde el momento de la concepción hasta los cuarenta y cinco días posteriores al parto. Los sujetos obligados a protegerla son el progenitor o aquellas a quienes el Código establece como responsables subsidiarios. El Estado también deberá proteger a la embarazada insolvente, a la que se proveerá de alojamiento, alimentación y medicamentos necesarios; a la embarazada indígena, en el marco del más amplio respeto a su cultura; deberá elaborar planes de atención especializada para la protección de la adolescente embarazada; y promover la lactancia materna. También contiene normas sobre la obligación de prestar atención médica a la mujer embarazada y la prohibición de retener al recién nacido. -Ley 1.863/2002, Estatuto Agrario. Al regular sobre los beneficiarios de la Ley a los efectos de la adjudicación de las tierras por parte del Instituto de Bienestar Rural, tanto para asentamientos agrícolas como para asentamientos ganaderos en la región occidental, establece que podrán ser beneficiarios -entre otros- los ciudadanos paraguayos sin distinción de sexo, indicando así que las mujeres tendrán los mismos derechos que los hombres para acceder a los beneficios de la Ley. -Ley 2.263/2003 que modifica artículos de la Ley 98/1992 “Régimen unificado de jubilaciones y pensiones”. Esta ley incluye la posibilidad de que la trabajadora asegurada del Instituto de Previsión Social –IPS- pueda extender los beneficios del seguro al esposo, concubino o viudo de la asegurada, como beneficiarios de la cobertura por riesgos de enfermedad, así como también, de la jubilación y pensiones que le corresponden a la asegurada. Antes de la sanción de la presente ley, las trabajadoras aseguradas en el IPS no podían extender los beneficios de la seguridad social a sus esposos o concubinos, a diferencia de los hombres que si tenían ese derecho. -Ley 1.264/1998, General de Educación En su Articulo 10, inciso e), establece que la educación se ajustará –entro otros principios- a la efectiva igualdad entre los sexos y el rechazo de todo tipo de discriminación. -Decreto 7.725/1945 establece que las trabajadoras que se inscriban como aseguradas en el Instituto de Previsión Social hallándose en estado de gravidez con una evolución no mayor de tres (3) meses de embarazo, tendrán derecho a todos los beneficios previstos para el Riesgo de Maternidad. -Decreto 3.197/1994 por el cual se crea el Consejo Nacional de Salud Productiva y Planificación Familiar, integrado por representantes de instituciones nacionales, gubernamentales, no gubernamentales y organismos internacionales de cooperación, cuyo campo de trabajo se relaciona con la problemática de la Salud Productiva y Planificación Familiar para conformar en un esfuerzo común, una concertación para plantear y definir políticas nacionales, sectoriales, líneas de trabajo, desarrollo de programas y servicios, fundamentalmente para determinar acciones relacionadas con el bienestar de la mujer, del adolescente y de su familia. El Ministro de Salud Pública y Bienestar Social ejercerá la presidencia del Consejo Nacional de Salud Productiva y Planificación Familiar. -Decreto 2.1743/2003 por el cual se aprueba el II Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2003-2007, presentado por la Secretaría de la

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Mujer, cuyo objetivo principal es promover la incorporación de la perspectiva de género en la elaboración, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Este plan presenta 9 ámbitos específicos de acción: igualdad de derechos entre hombres y mujeres, cultura de igualdad, acceso a recursos económicos y al trabajo, equidad en la educación, salud integral, una vida libre de violencia, ambiente sano y sustentable, participación social y política en igualdad de oportunidades y descentralización de la pobreza 3- SITUACION DE LOS ADULTOS MAYORES -Ley 1.885/2000, Ley de las Personas Adultas. Su finalidad es tutelar los derechos e intereses de las personas de la tercera de edad que residan en el territorio nacional, entendiéndose por tales a los mayores de sesenta años. Establece que toda persona de la tercera edad tiene derecho a un trato digno y no ser objeto de discriminación de ninguna clase para ejercer funciones públicas o privadas, salvo las incapacidades físicas o mentales especialmente previstas en la ley. Igualmente, tendrá prioridad en la atención a su salud, vivienda, alimentación, transporte, educación entretenimiento y ocupación, así como en la percepción oportuna de sus haberes, si los tuviere. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social es el órgano estatal que tendrá a su cargo la aplicación de la presente ley y cumplirá las siguientes funciones -Ley 1.183/1995, Código Civil. Capítulo XII, del parentesco y la obligación de prestar alimentos. Seccion II, obligación de prestar alimentos. Establece el orden en que se encuentran obligados a prestar alimentos las personas que tienen relación de parentesco. El orden es el siguiente: cónyuges, los padres y los hijos, los hermanos, los abuelos y en su defecto, los ascendientes mas próximos y los suegros, el yerno y la nuera. Establece que los descendientes la deberán antes que los ascendientes. - Ley 1.160/1997, Código Penal. La persona que viole gravemente su deber legal de cuidado de personas ancianas o discapacitados, será castigado con pena privativa de libertad o con multa. 4- SITUACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD -Ley 780/1979 crea el Instituto Nacional de Protección a las Personas Excepcionales (INPRO). Establece que el INPRO es el responsable de la reglamentación e implementación de las políticas sociales relacionadas a las personas con discapacidad. -Ley 122/1990 sobre los Derechos y Privilegios de los impedidos. Establece la obligación del Estado de proveer en favor de los impedidos los medios gratuitos necesarios para la atención médica, sicológica y funcional, incluidos los aparatos de prótesis y ortopedia, su readaptación social y educación diferencial en todos los niveles para la formación profesional en las actividades intelectuales y manuales que pudieren realizar, y las ayudas, consejos, servicios de colocación, para asegurar el máximo aprovechamiento de sus facultades y aptitudes. Indica que en todas las planificaciones sociales y económicas nacionales se deberá tener en cuenta las necesidades de los impedidos y prohíbe todo trato discriminatorio contra los impedidos. Establece el procedimiento sumario del amparo constitucional para el restablecimiento del derecho conculcado o en peligro inminente de serlo, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan. -Ley 366/1994 establece que en caso de fallecimiento de un jubilado o de un funcionario con derecho a jubilación, de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Administración Central, el hijo con discapacidad física, sensorial o psíquica, tendrá derecho a gozar de pensión, sin limitación de edad. -Ley 1.680/2001, Código de la Niñez y la Adolescencia. Regula en los Artículos 22 y 23 los derechos de los niños y adolescentes con discapacidad física, sensorial, intelectual o emocional,

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a recibir cuidados y atención adecuados, inmediatos y continuos, que contemplen estimulación temprana y tratamiento educativo especializado, tendiente a su rehabilitación e integración social y laboral, que le permitan valerse por sí mismos y participar de la vida de su comunidad en condiciones de dignidad e igualdad. En ningún caso se permitirá la discriminación o el aislamiento social de los afectados. También establece la obligación del padre, madres, tutor o quien sea responsable del niño o adolescente, de acompañarlo cuantas veces resulte necesario a los institutos habilitados para prestarle servicios de atención y rehabilitación adecuados. -Ley 1.264/1998, General de Educación- Regula en el Capítulo IV sobre la educación para personas con limitaciones o con capacidades excepcionales, estableciendo que el Gobierno Nacional por medio del sistema educativo nacional garantizará la formación básica de las personas con características educativas individuales significativamente diferentes de las de sus pares y de las personas con necesidades educativas especiales: superdotados, con dificultades de aprendizaje, con trastornos de conducta, con trastornos de lenguaje y otros. El Ministerio de Educación y Culto aprobará el contenido especial de los programas de estos servicios, y su orientación técnico-pedagógica, así como el sistema de evaluación y promoción. - Ley 836/1980, Código Sanitario. En el Capítulo IX establece que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social promoverá la creación de establecimientos de rehabilitación y autorizará y coordinará las acciones de las instituciones públicas y privadas para proporcionar atención a los incapacitados físicos, mentales o sociales. A su vez, deberá promover la capacitación de profesionales, técnicos y auxiliares que se requiera, en materia de rehabilitación. -Ley 1.160/1997, Código Penal. Dispone que la persona que viole gravemente su deber legal de cuidado de personas ancianas o discapacitados, será castigado con pena privativa de libertad o multa. Asimismo, en al artículo 23, establece que no será reprochable la persona que en el momento de la acción u omisión, por causa de trastorno mental, de desarrollo psíquico incompleto o retardado, o de grave perturbación de la conciencia, fuera incapaz de conocer la antijuridicidad del hecho o de determinarse conforme a ese conocimiento. -Decreto 1.098/1998 por el cual el Ministerio de Educación y Cultura dispone la construcción, ampliación y reforma de los edificios públicos de forma que resulten accesibles para las personas con discapacidad física o sensorial y personas mayores, en la medida de las disponibilidades presupuestarias y en cumplimiento a las ejecuciones previstas. -Decreto 2.1376/1998 establece la organización funcional del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Regula en el articulo 13 las funciones específicas que tendrá el área de Bienestar Social, entre las que se encuentra la de implementar un Sistema Nacional de Servicios Sociales dirigido a los sectores más desprotegidos y vulnerables de la población, buscando la articulación de acciones entre el Estado, la Sociedad civil y la Comunidad organizada, a fin de promover la equidad social y de género en el acceso a las oportunidades que posibilitan el desarrollo humano sostenible. 5- SITUACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS -Ley 904/1981 crea el Estatuto de Comunidades Indígenas. Esta ley tiene por objeto la preservación social y cultural de las comunidades indígenas, la defensa de su patrimonio y sus tradiciones, el mejoramiento de sus condiciones económicas, su efectiva participación en el proceso de desarrollo nacional y su acceso a un régimen jurídico que les garantice la propiedad de la tierra y otros recursos productivos en igualdad de derechos con los demás ciudadanos. Para el cumplimiento de la Ley se crea el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), entidad autárquica con personería jurídica y patrimonio propio, que se regirá por las disposiciones de esta ley y sus reglamentos. La dirección y Administración del INDI, será ejercida por un Consejo y su Presidente. Asimismo, tendrá una Junta Consultiva.

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-Ley 919/1996 modifica y amplia artículos de la Ley 904/1981. Una de las modificaciones importantes es la del artículo 30, donde dispone que las relaciones del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) con el Poder Ejecutivo serán mantenidas por intermedio del Ministerio de Educación y Culto, y además podrá establecer vínculos directos con otros Poderes del Estado o dependencias del Gobierno Nacional. También establece que el movimiento financiero del INDI será fiscalizado en forma permanente por un Síndico designado por la Contraloría General de la República, quien deberá presentar un informe anual del resultado de sus labores a los Ministerios de Hacienda y de Educación y Culto y al Consejo y la Junta del INDI. -Ley 856/1996 crea la Comisión Nacional para el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas, con el fin de promover la realización de los objetivos y metas dispuestas por las Naciones Unidas en fecha 21 de diciembre de 1993. La Comisión Nacional durará el tiempo de Decenio hasta el 10 de diciembre del año 2004, período en el cual se celebrará el 9 de agosto de cada año, el DIA INTERNACIONAL DE LAS POBLACIONES INDIGENAS. El Presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) ejercerá la Presidencia de la Comisión. -Ley 1.562/2000, Orgánica del Ministerio Público. Dispone en su artículo 1º que el Ministerio Público, órgano con autonomía funcional y administrativa, que representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales, velará por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales, y promoverá la acción penal pública en defensa de los derechos -entre otros- de los pueblos indígenas. -Ley 43/1989 modifica artículos de la Ley 1.372/1988 "Que establece un régimen para la regularización de los asentamientos de las comunidades indígenas". Entre las principales modificaciones de las disposiciones referidas a los procedimientos para la tramitación administrativa y judicial con el fin de obtener la titulación definitiva de las tierras, establece que se considerará asentamiento de comunidades indígenas a un área conformada por un núcleo de casas, recursos naturales, cultivos, plantaciones y su entorno, ligados en lo posible a su tradición cultural, atribuyéndose una superficie mínima de veinte (20) hectáreas por familia en la Región Oriental y de cien (100) en la Región Occidental".12 -Ley 1.264/1998, General de Educación. Regula en el Capitulo II la Educación para grupos étnicos. Establece que esta educación estará orientada por los principios y fines generales de la educación establecidos en la ley y tendrá como finalidad afianzar los procesos de identidad, e integración en la sociedad paraguaya, respetando sus valores culturales. Se entenderá a la educación para grupos étnicos la que se ofrece a grupos o comunidades que poseen su propia cultura, su lengua y sus tradiciones y que integran la nacionalidad paraguaya. -Decreto 5.884/1999 por el cual el Ministerio del Interior autoriza a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (DIBEN), la contratación directa vía administrativa para la construcción del proyecto denominado "Creación de Espacios Comunitarios en Asentamientos Indígenas del departamento de Presidente Hayes de la República del Paraguay. -Acordada 160/2000 de la Corte Suprema de Justicia por la cual se establece un concurso abierto para acceder a la matrícula de perito experto en culturas indígenas de conformidad a las normas del Código de Procedimiento Penal. 6- SITUACION DE LOS MIGRANTES

12 Durante el procedimiento de tramitación, el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y el Instituto de Bienestar Rural (IBR) deberán proponer soluciones definitivas para los asentamientos de comunidades indígenas conforme a la Ley Nº 854/63 Estatuto Agrario, y la Ley Nº 904/81, Estatuto de las Comunidades Indígenas, proponiendo la expropiación de acuerdo con el artículo 1º de la Ley Nº 1372/88 cuando no se obtengan soluciones por otras vías previstas.

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-Ley 978/1996, De Migraciones. Esta ley regula la migración de extranjeros, el ingreso al país, la residencia, la permanencia definitiva, el egreso, reingreso, la expulsión y control de los mismos, y la emigración y repatriación de nacionales, a los efectos de promover la corriente poblacional y de la fuerza de trabajo que el país requiere. La Dirección General de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, es el órgano de ejecución de la política migratoria nacional y de aplicación de esta ley. -Decreto 18.295/1997 por el cual el Ministerio del Interior reglamenta la Ley 978/1996. Contiene disposiciones que regulan los impedimentos generales de admisión; los residentes permanentes, temporarios; los plazos de permanencia; el procedimiento y documentación requerida según la categoría de admisión; sobre la tributación y los beneficios de la inmigración; las sanciones penales y administrativas; sobre el Director general de Migraciones y los recursos. -Decreto 4.943/1989 por el cual el Ministerio del Interior aprueba la estructura orgánica y el manual de funciones de la Dirección General de Migraciones. -Ley 582/1995 por la cual se reglamenta la aplicación del artículo 146, inciso 3 de la Constitución, estableciendo que la formalización de la declaración de nacionalidad paraguaya natural podrá ser efectuada por el hijo de madre o padre paraguayo, nacido en el extranjero, cuando se radique en la República en forma permanente y, por el representante legal si el interesado fuere menor de dieciocho años. El interesado formalizará este derecho mediante simple declaración ante el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la jurisdicción de su domicilio. -Ley 2.193/2003 por la cual se autoriza a la Policía Nacional a expedir la Cédula de Identidad a los extranjeros cónyuges de paraguayos y a los extranjeros hijos de padre o madre paraguayo/a, que se afinquen en forma definitiva en el país y que cumplan con los siguientes requisitos: ambos cónyuges o el hijo declararán bajo juramento o promesa, ante la misma Policía Nacional, que se radicarán definitivamente en el país; si el hijo fuera menor de edad, la declaración bajo juramento la prestará cualquiera de sus progenitores y la condición de paraguayo del cónyuge o progenitor se acreditará con el certificado de nacimiento o con testimonio de la sentencia que le otorgue la nacionalidad paraguaya por naturalización del cónyuge con el certificado de matrimonio, y de hijo, con certificado de nacimiento. -Ley 223/1993 crea la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales que dependerá de la Presidencia de la República. Esta Secretaría tendrá como funciones definir políticas y estrategias en la materia, fiscalizar la aplicación de las políticas del sector, estudiar los fenómenos de la migración, retroalimentar los lineamientos políticos y sugerir mecanismos de operación-gestión y, proponer pautas a la participación nacional e internacional en los problemas relativos a la materia. 7- SITUACION DE LAS MINORIAS SEXUALES

-Ley 102/1991 establece normas para el control y prevención del síndrome de inmuno deficiencia adquirida sida. Se califica a la infección causada por la VIH (Virus de la Inmuno Deficiencia Humana) y el Síndrome Adquirida SIDA como enfermedad infecto contagiosa de notificación obligatoria. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social es el encargado de reglamentar y controlar, tanto en el sector público como privado, la aplicación de la Ley. Establece que todo el personal de salud en los niveles universitarios y de educación especializada, tanto del sector público como privado, debe orientar, educar y ejecutar prestaciones de salud sobre la infección causada por la VIH/SIDA a toda la población sin distinción.

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-Resolución 369/2003 del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social por la cual se aprueban las "Normas Nacionales de Tratamiento Antirretroviral para las personas con VIH/SIDA", adoptadas de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para la expansión del tratamiento antirretroviral en los entornos de recursos limitados. Dispone que será obligatorio en todos los Servicios de Salud dependientes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social la aplicación de las normas citadas. DERECHOS DEL MEDIO AMBIENTE -La Ley 1.561/2000 crea un ente regulador independiente, la Secretaría del Medio Ambiente, para asuntos medioambientales. Esta ley también dio origen al Sistema Nacional del Medio Ambiente, compuesto de distintos niveles de autoridad en el sector público (administrativo, municipal, gubernamental) y actores del sector privado preocupados por la solución de problemas medioambientales y al Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAM), formado por representantes del sector público y privado. 1- Protección del Agua -La Ley 836/1980 “Código Sanitario” contiene varias normas tendientes a la protección del agua por la gran importancia de ésta para la salud pública. En general, prohíbe cualquier acto que haga al Medio Ambiente peligroso para la salud humana. Establece que la Secretaría del Medio Ambiente es responsable de prevenir el deterioro del medio ambiente mediante la imposición de límites a las emisiones de contaminantes y poluyentes. Prohíbe el derrame de desechos en los cauces superficiales o subterráneos de agua, a menos que estos hayan sido tratados para eliminar sus efectos contaminantes. Protege al agua, del uso doméstico e industrial, sin importar su sitio de ubicación en el Medio Ambiente. Esta prohibido verter substancias no biodegradables a cauces de agua usados para estos propósitos. a. Sistema de Desagüe Cloacal. La Ley 1.614/2000 (reglamentada por el Decreto 18.880/2002), es el nuevo marco legal para el suministro de agua potable y desagüe cloacal. Los sistemas de desagüe cloacal se definen como servicios de naturaleza pública que pueden ser suministrados por el sector privado a través de concesiones o permisos, basados en él número de usuarios. Desagüe cloacal es el sistema de recolección, tratamiento, eliminación final y comercialización de aguas residuales y la eliminación de desechos provenientes de dicho tratamiento. Las instalaciones, infraestructura., maquinarias y la ubicación de las plantas de tratamiento de aguas servidas deben estar conforme a las leyes medioambientales, y a medida que el servicio es suministrado las normas referentes a las emisiones de contaminantes deben ser observadas. El Código Sanitario prohíbe la eliminación de aguas servidas en espacios públicos y establece que el agua proveniente del sistema de desagüe cloacal o proveniente de otras fuentes contaminadas no puede ser utilizada para la cría de ganado o para el cultivo de frutas y vegetales. b. Desagües Pluviales. Los desagües pluviales están construidos por las municipalidades gubernamentales. La ley prohíbe que los sistemas de desagües cloacales estén conectados con los de desagües pluviales. Está prohibido que desechos industriales, domésticos o cualquier tipo de aguas servidas sean eliminados a través del desagüe pluvial. La ERSSAN, los gobiernos municipales y la Secretaría del Medio Ambiente están encargados de hacer cumplir estas reglas. c. Reforma del Sector de Aguas. Antes de que la Ley 1614/2000 fuera promulgada la empresa gubernamental, Corposana, estaba a cargo del abastecimiento de agua potable, la construcción y manejo del sistema de desagüe cloacal y a la vez actuaba como autoridad reguladora. La ley

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creó una nueva entidad, ERSSAN, reemplazó a Corposana en sus funciones reguladoras. Corposana, que está en miras de ser privatizada, continúa siendo el proveedor del servicio. d. Agua Potable. i- Servicio Urbano. La Ley 1.614/2000, es el marco regulador de los servicios de agua potable y desagüe cloacal. Como principio general enuncia que los servicios deben ser brindados acatando las leyes y reglamentos referentes a la conservación, preservación y mejora del medio ambiente y aquellos específicamente relacionados con el desarrollo sustentable del sector en consideración. El servicio de agua potable se define como la recolección y tratamiento, distribución y comercialización del agua potable y la eliminación de los desechos provenientes de dicho tratamiento. El servicio debe ser brindado observando las pautas de continuidad, sustentabilidad, regularidad, calidad generalidad y equidad para asegurar un servicio eficiente a los usuarios, la protección de la salud pública y el medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales. ii- Servicio Rural. En las comunidades rurales con una población menor a 10.000 habitantes la agencia gubernamental SENASA (Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, creado por Ley 369/1972 y sus modificatorias) es la responsable de promover el uso del agua potable y los sistemas de desagüe cloacal, construyendo y administrando los sistemas. Una vez que la población excede los 10.000 habitantes la infraestructura y administración del sistema es transferida a Corposana. 2. TIERRA La Ley 42/1990 (reglamentada por el Decreto 18.969/1997) prohíbe la importación de desechos industriales o residuos clasificados como peligrosos. No se harán excepciones de ningún tipo puesto que estos productos peligran la salud humana y dañan el medio ambiente. La violación de ésta ley es considerada como delito contra el medio ambiente y la sanción será la pena privativa de libertad. Bosques Estatales. El Código Rural (Ley 1.248/1931) protege a los bosques estatales. El gobierno puede otorgar permisos temporales para la explotación de bosques estatales Legislación Forestal. Toda tierra forestal, sea estatal o privada, esta sujeta al régimen de la Ley 422/1973 la cual regula la conservación y utilización de ésta. La agencia gubernamental encargada de estas reglamentaciones es el Servicio Forestal Nacional del Ministerio de Agricultura (SFN). El uso racional y manejo del bosque es de interés público. La ley prohíbe la devastación y explotación irracional. Las tierras madereras deben ser utilizadas dentro de las restricciones y limitaciones de la Ley. La Ley define a las tierras forestales como la tierra que es apta para la producción de madera basada en las condiciones agronómicas y clasifica a los bosques en (a) productivos, (b) protectivos, y (c) bosques especiales. Asimismo, busca asegurar la protección, renovación y sustentabilidad de los recursos forestales; controlar la erosión; proteger los manantiales y cuencas ribereñas; promocionar la forestación y reforestación; y la conservación de la vida ictícola y silvestre ribereña. Exige que las propiedades rurales de más de 20 hectáreas mantengan 25 % de su superficie cubierta con bosques naturales. Si este porcentaje mínimo no es acatado el 5% de la propiedad deberá ser reforestada Los individuos o entidades interesadas en explotar los bosques, comercializar o industrializar productos forestales o en la reforestación para su explotación deben en primer lugar registrarse en el Servicio Forestal Nacional.

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El Decreto 14.047/1992 regula los permisos especiales para transportar y comercializar madera proveniente de zonas forestales no registradas. El Estatuto Agrario (Ley 1.863/2002) establece que una reserva forestal, a pesar de sus dimensiones, no será considerada un latifundio para propósitos de la reforma agraria, y por lo tanto no estará sujeta a expropiación. La reserva debe ser aprobada por el SFN. Forestación y Reforestación. La Ley 536/1995 establece el plan de forestación y reforestación. Varios incentivos serán proporcionados para tal efecto. El Decreto 9.425/1995 reglamenta la ley. La autoridad responsable de aprobar los planes de forestación y reforestación es el Servicio Forestal Nacional (SFN) del Ministerio de Agricultura y Ganadería. La ley excluye de la reforma agraria o expropiación las tierras declaradas de prioridad forestal, a menos que la tierra sea declarada de utilidad pública para la construcción de autopistas, puentes, canales, represas y otras obras públicas. Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas. La Ley 352/1994 organiza un sistema nacional de áreas silvestres protegidas en la naturaleza. El objetivo de la ley es la conservación del medio ambiente mediante la salvación de porciones de territorio que son representativas del paisaje y de las regiones biogeográficas y ecológicas diversas, a modo de mantener la diversidad biológica, asegurar el equilibrio y continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos, y conservar el flujo de material genético y restaurar los sistemas degradados. La Ley permite que las áreas protegidas sean de propiedad privada, siempre y cuando sea aprobado un plan de manejo para el área, el dueño acepte supervisión gubernamental, y que se observen otros requisitos reglamentarios. La autoridad de aplicación de la presente Ley es la Dirección de Parques Nacionales y Vida Silvestre, dependiente del Gabinete del Viceministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería o la Entidad que la sustituya. Asimismo, se crea el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SINASIP), el cual contará con un Plan Estratégico y sus correspondientes políticas y directrices y el Consejo Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, de la Subsecretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que será el organismo consultivo de la Autoridad de Aplicación de esta Ley. El área natural es declarada protegida después que la Secretaría del Medio Ambiente en su función reguladora proporcione un informe técnico. El informe toma en consideración los recursos biológicos, físicos y culturales existentes en el área y su importancia presente y futura en la conservación de los ecosistemas, los procesos ecológicos y los recursos naturales. 3. AIRE Ruidos. La Ley 1.100/1997 tiene por objeto prevenir la polución sonora en la vía pública, plazas, parques, paseos, salas de espectáculos, centros de reunión, clubes deportivos y sociales y en toda actividad pública y privada que produzca polución sonora. Prohíbe en todo el territorio de la República, causar ruidos y sonidos molestos así como vibraciones cuando por razón de horario, lugar o intensidad afecten la tranquilidad, el reposo, la salud y los bienes materiales de la población 4. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL La Ley 294/1993 (reglamentada por el Decreto 14.281/1996) declara obligatoria la evaluación del impacto ambiental e indica que la Secretaría del Medio Ambiente debe dar su visto bueno a

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cualquier obra o actividad que tenga un impacto en el Medio Ambiente antes de que el proyecto pueda ser implementado La ley establece que se entenderá por Impacto Ambiental, toda modificación del medio ambiente provocada por obras o actividades humanas que tengan, como consecuencia positiva o negativa, directa o indirecta, afectar la vida en general, la biodiversidad, la calidad o una cantidad significativa de los recursos naturales o ambientales y su aprovechamiento, el bienestar, la salud, la seguridad personal, los hábitos y costumbres, el patrimonio cultural o los medios de vida legítimos. Por evaluación de impacto ambiental, se entiende el estudio científico que permita identificar, prever y estimar impactos ambientales, en toda obra o actividad proyectada o en ejecución.13 5. LEGISLACIÓN PENAL La legislación penal actual está comprendida en dos cuerpos legales: La Ley 716/1996 “del medio ambiente y calidad de vida humana” y la Ley 1.160/1997 “Código Penal”. 1. Ley 716/1996. Sanciona varias actividades enumeradas, consideradas dañinas para el equilibrio del ecosistema, la sustentabilidad de los recursos naturales, y la calidad de vida del hombre con penas conjuntas de pena privativa de libertad y multa. Algunas de las actividades consideradas como delitos por la Ley son las siguientes: la fabricación de armamentos nucleares, químicos y biológicos; importación de desechos tóxicos; destrucción de bosques; manipulación genética; destrucción de la vida silvestre: falsificación de información en espera de la aprobación de impactos ambientales; violación de las reglamentaciones de caza y pesca; emisión de gases contaminantes por industrias; eliminación de desechos en lagos o cursos de agua subterráneos o superficiales sin el tratamiento acorde con la reglamentación; construcción en áreas protegidas; emisión de ruidos molestos y eliminación de desechos de hospitales o laboratorios en lugares públicos. 2. Código Penal. Establece 6 secciones sobre los delitos contra los fundamentos naturales de la vida humana. Las primeras 3 secciones regulan los fundamentos naturales del agua, aire, y tierra. La cuarta y quinta sección definen los delitos que involucren diferentes formas de eliminación ilícita de desechos y la entrada de substancias nocivas al territorio paraguayo. La última sección enumera los delitos contra las reservas naturales. Las penas establecidas son la pena privativa de libertad y multa en forma alternativa. Los delitos contra el medio ambiente serán resueltos ante jueces de jurisdicción penal. El Fiscal especializado en asuntos medioambientales será parte en causas relacionadas con delitos contra el medio ambiente. 6. VIDA SILVESTRE Y PESCA a. Vida Silvestre. La Ley 96/1992 define a la vida silvestre como las especies de flora y fauna que habitan el territorio Paraguayo, de forma temporal o permanente, inclusive las

13 La evaluación de Impacto Ambiental es requerida para una variedad de proyectos y actividades incluyendo los asentamientos humanos; la explotación agrícola, ganadera, forestal; proyectos industriales; proyectos mineros; proyectos petrolíferos; construcción y operación de aguas, petróleo, gas, mineral, desagüe cloacal, conductos de desechos industriales; trabajos hidráulicos; recolección, tratamiento, y finalmente eliminación de desechos urbanos e industriales; construcción de carreteras; trabajos de puertos; pistas de aterrizaje y sistemas operativos; depósitos y sistemas operativos; actividades arqueológicas; producción, comercialización y transporte de substancias peligrosas; importación de especies exóticas; y cualquier otra actividad que por sus dimensiones o intensidad puedan ocasionar un impacto en el Medio Ambiente.

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administradas por el hombre. La ley reglamenta la inserción de vida silvestre en la economía nacional, declarando que la vida silvestre es de interés social y utilidad pública, y consecuentemente la propiedad de la vida silvestre es restringida. Cualquier individuo o entidad comprometida en actividades que implican a la vida silvestre deben registrarse en el Registro Nacional de Vida Silvestre de la Secretaría del Medio Ambiente. (i) Flora. Entre los conceptos que la ley establece para la protección y conservación de la flora están: la conservación del habitat de las especies, restricción del trafico y comercialización, incentivos para poseedores de tierra quienes protegen y conservan áreas de valor ecológico, y la restricción de posesión si la supervivencia de una especie protegida es gravemente dañada como resultado del ejercicio no restringido de tal derecho. En la sección de explotación y comercialización de la flora silvestre, la ley prevé que la posesión sea restringida por razones de interés social y científico. La autorización de la Secretaría del Medio Ambiente es requisito fundamental para la explotación de la flora silvestre para fines industriales o comerciales.14 (ii) Fauna. La ley restringe la posesión de la fauna silvestre. Se requiere autorización para explotar, comercializar, transportar, importar o exportar la fauna silvestre. Es necesario realizar una indagación para determinar si una evaluación del impacto ambiental es necesaria antes de que cualquier obra pública o privada sea iniciada. Es requisito para obras tales como la de desmote, secado o drenado de áreas inundables, modificación de lecho del río, construcción de diques y reservorios, introducción de especies exóticas, la presentación de dicho indagación. b. Pesca. La pesca ha sido legislada por la Ley 799/1996 y regulada por el Decreto No. 15.487/1996. El objetivo de la ley es impedir el uso abusivo del derecho de pesca, dañando los recursos naturales del Medio Ambiente. La ley se aplica a la captura, manejo, conservación, y reabastecimiento de peces, y el desarrollo de la pesca. Los distintos tipos de pesca, excepto la pesca de subsistencia (definida como la pesca realizada desde la costa con un hilo de pescar) requieren de una autorización de la Secretaría del Medio Ambiente, en la forma de un permiso, licencias o concesión. El Decreto reglamentario creó el Registro Nacional de Pesca y Pescadores, donde las autorizaciones son registradas.15 La reglamentación también establece los requerimientos para plantas pesqueras, indicando y describiendo las instalaciones necesarias, los servicios que deben estar disponibles, la planta de tratamiento para la eliminación de desechos, y otros aspectos. La ley prohíbe la exportación de peces que no hayan sido industrializados en el Paraguay. Las penas prescritas por la ley son multas, confiscación de peces, retención de embarcaciones o medios de transporte, suspensión o cancelación de la licencia, clausura temporal o permanente de los establecimientos pesqueros y pena privativa de libertad por el uso de explosivos.

14 La ley dicta los requisitos que deben ser observados por el gobierno al otorgar las autorizaciones para la recolección, explotación, comercialización, transporte, importación, exportación, y reexportación de la flora silvestre. Básicamente la actividad propuesta no debe afectar especies en peligro de extinción, debiendo obedecer la velocidad de reproducción de la especie, y no arriesgando la vida silvestre y la salud humana. 15 Las autorizaciones son anuales y no transferibles. Las regalías correspondientes están provistas en las reglamentaciones de la ley. Las licencias extranjeras no son válidas en el Paraguay. También fija la clasificación de los peces, por su peso y especie, estableciendo cuales peces no podrán ser capturados. El gobierno determinara la época de veda. Se clasifica la pesca en: (a) comercial, (b) recreacional, (c) científica, y (d) de subsistencia.

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