ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE SIRVEN CONTRA LA ...
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ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE SIRVEN CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN COLOMBIA AUTORES STEFANY VARGAS C.C. 1.082.999.828 JHON GONZÁLEZ C.C. 1.124.051.859 TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: ABOGADO DIRECTOR DR. EDWIN LUGO UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA FACULTAD DE DERECHO SANTA MARTA JUNIO 2021
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ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE SIRVEN CONTRA LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA EN COLOMBIA
AUTORES
STEFANY VARGAS C.C. 1.082.999.828
JHON GONZÁLEZ C.C. 1.124.051.859
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE:
ABOGADO
DIRECTOR
DR. EDWIN LUGO
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE DERECHO
SANTA MARTA
JUNIO 2021
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Dedicatoria
A Dios, por permitirnos alcanzar este momento tan importante de nuestras vidas,
por las derrotas y victorias que hemos tenido las cuales nos han enseñado a
valorarlo cada día más.
A nuestros padres y familia, por su inmenso cariño y paciencia al acompañarnos
durante nuestra trayectoria estudiantil, ya que gracias a sus consejos pudimos
alcanzar este logro.
A nuestros profesores, que gracias a sus buenas intenciones y satisfactorias
enseñanzas han podido guiarnos hasta este éxito en nuestras vidas.
STEFANY VARGAS
JHON GONZÁLEZ
3
Agradecimientos
Por este logro de nuestras vidas quedamos realmente agradecido con Dios por
bendecirnos y guiarnos hasta donde hemos llegado y poder darnos la gracia de
culminar con esta meta de nuestras vidas.
A las personas que nos han acompañado en esta carrera estudiantil, de las
cuales estamos muy agradecidos por su amistad, ánimos, confianza y sobre
todo el apoyo incondicional en los momentos más difíciles de esta linda carrera
universitaria, en tiempos históricos muy difíciles para todos
STEFANY VARGAS
JHON GONZÁLEZ
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ÍNDICE
Resumen …………………………………………………………………………………. 7
Abstract……………………………………………………………………………………. 8
INTRODUCCIÓN ………………………………………………………………………....9
CAPITULO I. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA EN COLOMBIA.
1.1.- Delincuencia organizada – (Teorías y Doctrinas) …………………………13
1.2.- Antecedentes históricos en Colombia de la delincuencia organizada……20
1.2.1.- Causas de la delincuencia organizada en Colombia. ……………….21
1.3.- Tipos de delincuencia organizada …………………………………………..32
1.3.1.- Grupos armados organizados (GAO) - Estructura de la delincuencia
organizada. ……………………………………………………………………………….33
1.3.2.- Grupo delictivos organizados (GDO) - Estructura de la delincuencia
organizada. ……………………………………………………………………………….34
1.4.- Consecuencias de la delincuencia organizada en Colombia…………….35
CAPITULO II. NORMAS APLICABLES A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN
COLOMBIA.
2.1.- Constitución Política de 1991……………………………………………….38
2.2.- Ley 599 de 2000………………………………………………………………39
2.3.- Ley 906 de 2004………………………………………………………………40
2.4.- Convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada..41
2.5.- Ley 800 de 2003………………………………………………………………42
2.6.- Ley 1453 de 2011…………………………………………………………….42
2.7.- Ley 1908 de 2018…………………………………………………………….42
CAPITULO III. POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO COLOMBIANO PARA
COMBATIR LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN COLOMBIA.
3.1.- Políticas públicas. ……………………………………………………………45
3.2.- Plan nacional de desarrollo 2018 -2021. …………………………………..61
3.3.- Política marco de convivencia y seguridad ciudadana 2018 – 2020……64
CONCLUSIONES………………………………………………………………………..74
BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………………..78
5
Lista de gráficos
Gráfico 1 Índices de delincuencia en Colombia…………………………………..32
6
RESUMEN
El objetivo general es analizar las políticas públicas que sirven para atenuar la
delincuencia organizada en Colombia, debido a la naturaleza del problema, se
acude a una metodología cualitativa, desde un nivel de investigación de tipo
descriptivo y explicativo, correspondiente a los estudios de tipo documental. Así
mismo, el crimen organizado no está tipificado como un tipo penal autónomo, no
existe norma taxativa que defina plenamente y sancione las estructuras criminales
organizadas como están definidas en los instrumentos internacionales y que
habiendo Colombia ratificado estos instrumentos ha debido desde su ratificación
adaptar la normatividad interna.
Los conceptos de seguridad y defensa nacional tienen validez bajo el paradigma del
Estado moderno, y especialmente en el contexto de la posguerra fría. Una política
pública que abarque estos temas de Estado debe transformar y modernizar de
forma continua el Sector Defensa, así como mejorar la educación, bienestar, moral
y la seguridad jurídica, la gestión financiera, presupuestal y contractual de la Fuerza
Pública” (Ministerio de Defensa, 2016)
Palabras Claves: Políticas Públicas, Delincuencia Organizada, Defensa y
Seguridad.
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ABSTRACT
The general objective is to analyze the public policies that serve to mitigate
organized crime in Colombia. Due to the nature of the problem, a qualitative
methodology is used, from a descriptive and explanatory research level,
corresponding to documentary-type studies. Likewise, organized crime is not
classified as an autonomous criminal type, there is no restrictive norm that fully
defines and sanctions organized criminal structures as defined in international
instruments and that, having ratified these instruments, Colombia has had to adapt
the regulations since their ratification. internal.
The concepts of national security and defense are valid under the paradigm of the
modern State, and especially in the context of the post-cold war period. A public
policy that encompasses these State issues must "continuously transform and
modernize the Defense Sector, as well as improve education, well-being, morals and
legal security, financial, budgetary and contractual management of the Public Force"
(Ministry of Defense, 2016).
Keywords: Public Policies, Organized Crime, Defense and Security.
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INTRODUCCIÓN
La violencia y la inseguridad que han caracterizado a Colombia han sido
propagadas por múltiples actores, que individual o colectivamente cometen delitos.
La delincuencia organizada es quizás el agente que más impacta en la seguridad
de la ciudad, debido a su capacidad para dirigir recursos a objetivos específicos bajo
un principio de asociación, donde las personas que la conforman poseen
habilidades para infringir la ley, producto de su aprendizaje y trayectoria en el oficio
del crimen (Beltrán & Salcedo, 2007).
El Crimen Organizado (CO) se ha convertido en las últimas décadas en una de
las amenazas más apremiantes en la escena nacional e internacional. En ese
sentido, se tiene que agrupaciones terroristas, diversos grupos criminales han
sabido aprovechar las ventajas otorgadas por el fortalecimiento del proceso de
globalización actual, expandiendo su margen delictivo más allá de las fronteras
nacionales en las que se circunscribía su accionar, siendo así como estas
agrupaciones han empezado a expandir su rango de actividades criminales más allá
de sus actividades tradicionales como el narcotráfico, a la vez que ofrecen servicios
ilegales como secuestros y extorsiones (Garzón, 2012, p. 3).
Entendiendo la dinámica cambiante del CO, los Estados han optado por modificar
sus respectivas políticas de manera que sean más eficientes, que permitan reducir
las vulnerabilidades producidas por este fenómeno y quienes participan del mismo;
y Colombia no es la excepción.
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En ese orden de ideas, se observa que América Latina es una región que
históricamente ha sido afectada por la lógica criminal, dados factores como la gran
disponibilidad de redes clandestinas y personas experimentadas en el manejo de
estas (Garzón, 2012, p. 4), un historial de violencia e ilegalidad considerable
(Garzón, 2012, p. 2), y su posición geográfica entre otros. Así mismo, se observa
que los países de la región poseen cierta experiencia en lo que respecta a la lucha
contra este flagelo CO. Sin embargo, el caso colombiano merece especial atención
no solo por el papel que este país ha desempeñado en el marco de la criminalidad
transnacional sino por la coyuntura particular que está atravesando la nación en
este momento.
De lo señalado, se tiene que en Colombia, la delincuencia organizada es una
realidad latente, que día a día va en crecimiento, afectando no solo el orden social
y político, sino que pone en jaque la economía y la visión que el resto del mundo
tiene sobre el país, este fenómeno surgió desde la época de la colonia de manera
incipiente, lo que pone en evidencia que no sea un fenómeno reciente; sino que ha
ido perfeccionándose a lo largo de la historia nacional, alcanzando su mayor
perfeccionamiento desde hace varias décadas.
Con fundamento a lo expuesto anteriormente, se tiene que este fenómeno CO
tiene una particularidad y es que su objeto es la obtención de abundantes
cantidades de dinero de manera rápida y fácil, por ello se convierte en una práctica,
aunque poco ortodoxa atractiva para quienes quiere ganar dinero de manera fácil,
10
para aquellos que nos les importa infringir la Ley o generar violencia. Además, se
puede señalar, que la delincuencia organizada es un tema que realmente preocupa
y el cual debe generar atención de manera urgente por parte de los órganos del
estado ya que no solo afecta a la seguridad interna si no la global; sumado a la
abatida que genera en la seguridad nacional, entre ellos se encuentra los grupos
armados que conjugados son un detonante inminente de inseguridad, corrupción y
violencia.
La denominada delincuencia organizada afecta la productividad en la medida en
que perturba directamente la seguridad. Este tipo de criminalidad tiene a su haber
una gran diversidad de conductas punibles que permiten avizorar que en el contexto
colombiano el Estado ha tenido diferentes problemas por resolver. Por un lado, el
terrorismo enmarcado en un permanente conflicto armado interno de medio siglo de
existencia y, por otro lado, la criminalidad organizada a la que el terrorismo en
Colombia ha estado ligado. Y como si fuera poco, el surgimiento del narcoterrorismo
en el que se resalta el cártel de Medellín
De lo expuesto, y volviendo al origen de la Delincuencia Organizada en Colombia,
se reitera que es una realidad que ha venido creciendo desde hace muchas décadas
en el país, por lo que este fenómeno social verdaderamente no es nuevo, sino que
tuvo su origen muchos años atrás y que ha venido creciendo y arrastrando consigo
un sin número de problemas que no solo afectan el orden social y jurídico de la
nación, sino que ha alcanzado una barrara trasnacional al convertirse en una
problemática que ha trascendido fronteras y ha llegado minar en otros Estados”
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(Bailey, John & Chabat, 2003). En consecuencia, nos preguntamos: ¿Cuáles han
sido las políticas públicas establecidas por el estado colombiano para atenuar la
delincuencia organizada? Planteándonos como Objetivo General, analizar las
políticas públicas que sirven para atenuar la delincuencia organizada en Colombia
y dentro de los Objetivos Específicos. •Examinar la delincuencia organizada en
Colombia. • Describir las normas aplicables a la delincuencia organizada en
Colombia. Y Estudiar las políticas públicas contra la delincuencia organizada en
Colombia.
La presente propuesta de investigación se desarrolló bajo el enfoque cualitativo,
desde un nivel de investigación de tipo descriptivo y explicativo, utilizando un diseño
de la investigación, correspondiente a los estudios de tipo documental, proceso
basado en la búsqueda, recuperación, análisis, critica e interpretación de datos, es
decir, en normas, leyes, doctrinas, así como los datos obtenidos y registrados por
otros investigadores en fuentes documentales utilizando la técnica de la
observación y el instrumento de recolección e información o datos a través de las
fichas de información y registro sistemático de la información, procesando a través
del análisis, deducción y síntesis.
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CAPITULO I.
ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
EN COLOMBIA.
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CAPITULO I.
ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
EN COLOMBIA.
1.1.- Delincuencia organizada – (Teorías y Doctrinas).
Desde el campo de la criminología se ha abordado el problema del porqué las
personas ingresan a la delincuencia, interpretando las diversas causas que
condicionan la proyección de vida en torno al delito y la manera organizada que
garantiza su realización. El delincuente es parte de la estructura social (Romero &
Aguilera, 2002), y su vinculación con la delincuencia organizada está determinada
por una capa de factores y relaciones afines a la criminalidad, producto de los
procesos moldeadores de la sociedad, los cuales son explicados con mayor
detenimiento por las teorías ecológicas, del proceso social y la economía del crimen.
La teoría de la desorganización social explica cómo las características
estructurales adversas dificultan el papel de las instituciones sociales, como la
familia, la comunidad y el colegio (Escobar, 2012), para controlar las conductas y
los comportamientos desviados que favorecen la delincuencia. Esta deficiencia
eleva el nivel de riesgo en los sectores más marginados, porque: El resultado es un
medio de crimen y desviación. Los factores ecológicos y ambientales tales como
vivienda inadecuada, bajo ingreso, niveles de desempleo, casas deterioradas,
escuelas inapropiadas, familias desintegradas y densidad humana, además del
hacinamiento, producen desorganización social y por lo tanto predicen una
incidencia alta de delincuencia (Romero & Aguilera, 2002, p. 16).
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La asociación diferencial es una teoría que trata de explicar la delincuencia
sistemática y profesional. En un primer momento, las subculturas instaladas en los
diferentes espacios urbanos dan lugar a una organización diferencial, que busca
reproducir su sistema a través de la transmisión cultural y el aprendizaje social. En
el proceso de aprendizaje el sujeto internaliza de manera positiva o negativa
valores, intereses y patrones de conducta transferidos por sus círculos íntimos
(Turiano, 2002). Desde esta perspectiva, el individuo que interactúa frecuentemente
con modelos criminales es más propenso a adoptar comportamientos
delincuenciales que son reforzados mediante la capacitación e integración con el
medio criminal, que conducen a una profesionalización en esta actividad. Por su
parte, los modelos integradores explican, a través de distintas teorías, el vínculo de
las personas con la delincuencia, y especialmente con la organizada.
La teoría propuesta por Farrington (citado por Vásquez, 2003, p. 137) sostiene
que la delincuencia es producida por la interacción entre el individuo y el
medioambiente, proceso que tendría tres momentos relevantes en la trayectoria del
sujeto, que parten del inicio o eclosión de la conducta delictiva, la persistencia en el
crimen y el desistimiento del delito (Useche, 2011), los cuales muestran cómo la
influencia negativa de las personas en su entorno incentivan los comportamientos
desviados, que se fortalecen con el aprendizaje, y condicionan un estilo de vida
ligado a la criminalidad. Este modo de vivir en la delincuencia tiene una mayor
comprensión a través de los análisis económicos de Becker (1968), sustentado en
la teoría de la elección racional, y de Ehrlich (1973), que desarrolló en mayor medida
15
este enfoque.
Sus estudios explican cómo las personas adoptan comportamientos racionales
al valorar los costos que representan su participación en actividades ilegales, la
probabilidad de captura y condena, frente a las retribuciones que se pueden percibir
de ellas, maximando de esta manera su utilidad. Las decisiones que toman los
individuos se basan en el principio de costo-beneficio que les representa cada
elección, lo que les permite destinar tiempo y recursos a la ejecución de actividades
ilegales, sin desconocer otros elementos que inciden en sus conductas desviadas y
que se representan mediante: …una variable que recoge sus gustos por el delito, la
cual recoge su preferencia respecto al riesgo, valores morales, propensión a la
violencia, etc. (Arroyo, Alegría & Bustamante, 2009, p. 5).
Los anteriores estudios han explorado desde múltiples ópticas las causas por las
cuales las personas se vinculan y permanecen en la criminalidad, y a su vez
sustentan el desarrollo del presente trabajo, que busca desde un enfoque cualitativo
comprender el fenómeno de la delincuencia organizada, y analizar las políticas
públicas requeridas, lo cual requiere de una mirada de sus antecedentes.
La problemática de autoría colectiva que esta definición sugiere, lo cual quiere
decir, que la criminalidad organizada plantea una situación paradójica frente a las
construcciones teóricas de autoría tratadas en el derecho penal (el autor, visto
desde un comportamiento individual), puesto que esta supone el comportamiento
“grupal de autoría”, generando un ataque organizado a los bienes jurídicos. La
16
organización, como forma de autoría, supone un desafío para la norma penal,
puesto que denota una contrariedad a la responsabilidad individual propia del
derecho penal. Sin embargo, con ello no se está desconociendo las formas de
coautoría y participación, dentro de la organización delictiva.
Lo que se plantea es la visión de organización, no como el mero término, sino
como una categoría compleja de la criminalidad, debido que, esta considera el
análisis de lo múltiple, multifactorial y contextual. Ahora bien, podría decirse que de
igual forma el derecho penal plantea, formas de autoría que sugieren la participación
colectiva de individuos con un fin delictivo determinado. Sin embargo, bien lo ha
dicho, en cuanto no puede equipararse el concepto de mera coautoría, dado que
ésta sencillamente exige una pluralidad de personas que se distribuyen
funcionalmente los respectivos cometidos, mientras que la organización criminal,
según el autor, (Giraldo, 2015, p. 108) denota una mayor intensidad de la voluntad
criminal, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
la planificación previa de la operación criminal, detallando previamente su
alcance y las funciones de quienes intervienen, determinando así una figura
jerarquizada, la cual adquiere cierta autonomía respecto de los individuos
que contribuyen a la consumación del objeto de esa empresa u organización
criminal. Concretamente, en cuanto a la situación de la autoría en la
criminalidad organizada (y con ello la imposibilidad de su definición), la
problemática se centra en cómo establecer qué conductas pueden ser
consideradas, a quienes y en qué grado, se debe exigir responsabilidad penal
17
por sus comportamientos, en referencia a la actividad grupal.
De acuerdo con la doctrina tradicional del dominio del hecho, el derecho
penal, se ha encargado en la responsabilidad penal del “jefe de la organización
jerárquica” por los delitos cometidos por sus subordinados, para resolver la
nebulosa idea de la autoría y participación en los supuestos de criminalidad
organizada, según Roxin.
Sin embargo, acorde a lo dicho por Zúñiga Rodríguez, no siempre, en los casos
de criminalidad organizada, nos encontramos ante organizaciones jerárquicas,
atacando entonces la idea de la existencia de un aparente “jefe”. Vemos entonces
la complejidad de la autoría en la organización criminal, distando de los conceptos
propios de autoría contemplados por el derecho penal a partir del estudio de la
norma. No resulta entonces una tarea fácil para el derecho penal, desde esa
perspectiva y las anteriormente mencionadas, aportar una definición de criminalidad
organizada.
El problema de la conceptualización del crimen organizado, según lo afirma
Zaffaroni, los problemas de legalidad e interpretaciones por parte de los tribunales,
en cuanto a la exigencia de determinación de los tipos penales, puesto que la
organización puede presentarse con alcances en distintos niveles, ya sea nacional
o supranacional, e incluso puede tener por objeto una o varias actividades delictivas,
situación que impide aportar concepto totalitario y completamente delimitado de
criminalidad organizada. (Zaffaroni, E. (1996).
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De acuerdo a la convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada del año 2000, este fenómeno es la actividad delictiva de un grupo
estructurado de tres o más personas que existe durante cierto tiempo y que actúa
concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos
tipificados, y de acuerdo a la Convención de Palermo, estos ilícitos son cometidos
con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico, político u
otro beneficio de orden material. De manera general se puede decir que la actividad
delictiva realizada por la Delincuencia Organizada según las Naciones Unidas se
caracteriza por:
• No tiene metas ideológicas. Sus metas son el dinero y el poder (A excepción
de Terrorismo).
• Su estructura es vertical y rígida con dos o tres mandos por mucho.
• La membrecía implica criterios de aptitud y procesos de selección rigurosa.
• La permanencia en estos grupos va más allá de la vida de sus miembros.
• Opera mediante la división de trabajo por células.
• Emplean el soborno y el chantaje para neutralizar a funcionarios públicos y
políticos.
• Proveen mercadería y servicios ilegales deseados por la población en
general.
• Desarrollan hegemonía sobre determinada área geográfica.
19
• Poseen una Reglamentación obligatoria para los miembros.
La Delincuencia Organizada en Colombia podríamos, en cuanto a sus
características podríamos decir que no es un fenómeno nuevo, que tristemente ha
estado presente a lo largo de la historia nacional, y que tomo mayor auge a partir
de los años 70; las autoridades nacionales hasta ese momento veían este fenómeno
como una más de las problemáticas sociales, solo hasta la década de los 80 las
autoridades estatales empezaron a preocuparse por este tipo de prácticas, que día
a día proliferaban y crecían llegando a tener injerencia sobre el territorio nacional e
incluso sobre algunas entidades estatales, un ejemplo claro de ello es que para el
año de 1982 los narcotraficantes Colombia manejaban "un negocio que les permitía
importar divisas que oscilaban entre 800 y 2000 millones de dólares, según los
cálculos más amplios, es decir, entre el 10 y el 25% de las exportaciones totales del
país" (Melo, 1994).
Es por ello que el control estatal frente a este tipo de criminalidad depende de la
connotación que las entidades estatales tengan sobre este fenómeno y de lo que
hayan desarrollado y estudiado sobre la materia, en otras palabras, es muy
complicado prevenir, perseguir, combatir un delito sobre el cual el ordenamiento
jurídico colombiano no ha desarrollado de manera expresa un estudio o políticas
de erradicación, ni tampoco se ha tipificado como un tipo penal autónomo lo que
ha imposibilitado que estas prácticas se sancionen penalmente como debieran ser.
Por ello,
20
“Las teorías sociológicas suelen dividirse en estructurales y subculturales.
Las primeras se centran en considerar las desigualdades sociales existentes
a la hora de obtener los objetos culturalmente deseables (dinero, prestigio,
etc.), y entre ellas, la teoría de la desorganización social, la de la reactancia
y la de la oportunidad diferencial. En cuanto a las segundas, consideran la
delincuencia como el resultado de un conflicto de normas entre la sociedad
dominante y ciertos subgrupos, y están sobre todo representadas por la
teoría de la subcultura” (Miller, 1974).
La Delincuencia Organizada es sin duda uno de los peores males de la sociedad
actual; para poder hablar de ella y realizar un mejor entendimiento de esta realidad
como problemática que genera incidencia en diferentes aspectos estatales, se hace
necesario resaltar las dos perspectivas que encierra la connotación gramatical de
la expresión delincuencia Organizada, estas dos perspectivas una Social Y una
Jurídica; la primera hace referencia a hechos dañosos que generan reproche social,
afectan el orden social, generan inseguridad y violencia; la segunda hace referencia
a la acción que se despliega del grupo delincuencial organizado y la cual contravía
el ordenamiento jurídico de un Estado.
1.2.- Antecedentes históricos en Colombia de la delincuencia organizada.
21
Colombia históricamente ha sido abatido por la delincuencia Organizada, pasando
por la época de la conquista, la colonia, la nueva granada hasta la actualidad.
Históricamente es un fenómeno que ha estado arraigado a nuestro desarrollo social,
político y económico.
1.2.1 Época de la conquista/Colonia (1428-1810)
En Colombia históricamente la delincuencia organizada tiene sus orígenes desde
la época de la colonia, aunque de manera incipiente esta práctica ilícita ya sucumba
el orden político, económico y social del territorio nacional; durante la época de la
colonia existiera rudimentarias organizaciones criminales “Corresponde al período
en el cual el Imperio Español invadió la actual Colombia, e impuso en ella su sistema
social, cultural y económico. Este período data de 1499 a 1550, cuando se fundaron
las últimas grandes ciudades del país. La Conquista como etapa de estudio forma
parte de la era española en América, a la que también pertenece la llamada
colonización, y que se extendió durante 4 siglos” (Pérez, 2017). Así mismo.
"Al descubrir los españoles lo jugoso que podía ser el negocio del narcotráfico,
fomentaron la ampliación de los cultivos de coca y generalizaron su consumo
entre la masa indígena. Con razón señala la tratadista Remedios de la Peña
Begué que “durante la Colonia, el comercio de coca fue uno de los negocios
más lucrativos”. Los españoles vieron en su cultivo una de las entradas más
ricas del reino y lo aumentaron considerablemente” (Arango, 1984).
22
Sin duda alguna este periodo de la historia colombiana contribuyo enormemente
al desarrollo de la Delincuencia Organizada en el país, se encuentra en esta fase
de la historia uno de los primero pininos de prácticas delictivas organizadas en
cabeza de la corona española, quien anqué de manera prematura e incipiente
desarrollaban actividades de narcotráfico, valiéndose de su poder y el dominio que
tienen sobre los pueblos colonizados; encontrando en estas prácticas otra fuente de
riquezas aparte de la obtención metales y piedras preciosas encontradas en el
territorio colombiano.
1.2.2 Época de la Gran Colombia y Nueva Granada
Tras la independencia del territorio nacional del yugo español se dio paso a la
conformación de la Gran Colombia por el Congreso de Angostura en 1819,
“La Gran Colombia fue un país de América del Sur creado en 1819 por el congreso
reunido en la ciudad de Angostura mediante la Ley Fundamental de la República, y
ratificada después por su contraparte reunida en Cúcuta en 1821, por la unión
de Venezuela y la Nueva Granada en una sola nación bajo el nombre de República
de Colombia” (Bethell, 1985).
Este nuevo país se constituyó como estado independiente y autónomo,
lográndose liberarse de las influencias que ejercía la corona española sobre los
asuntos políticos, sociales y económicos; tras haberse cumplió el sueño de Libertad
de Simón Bolívar, se marcó la aún más las diferencias entre centralistas y
23
federalistas, quienes se disputaban el control del estado; lo que generó una guerra
civil entre estos dos movimientos, sumado a ella la inseguridad proliferaba en el
territorio nacional
Se fueron creando grupos delincuenciales que aprovecharon la situación para
delinquir; pero el sueño Bolivariano de una Gran Colombia unida y libre, duro poco,
la unidad que constituía la Nueva Granada fue desintegrada en 1830, pues los
movimientos políticos empezaron a desarrollar movimientos políticos opuestos que
perseguían fines diferentes y que llevaron a la separación de los estados que
conformaban la Gran Colombia (Ecuador, Panamá y Venezuela), “logrando así
desestabilizar la unidad democrática y social que había consolidado Bolívar, este
hecho trajo consigo una ola de violencia al territorio, la cual provoco la constitución
de grupos delincuenciales que ejercían actividades de contrabando entre los países
fronterizos” (Liévano, 2002).
Tras la ruptura de la unidad de la alianza Bolivariana y quedando solo la unidad
geográfica y política de del territorio nacional se creo es estado de Nueva Granada
en 1831, “fue el nombre que recibió la república unitaria creada por las provincias
centrales de la Gran Colombia tras la disolución de esta en 1830. Mantuvo ese
nombre desde 1831 hasta 1858, cuando pasó a llamarse Confederación Granadina.
Su territorio abarcaba los actuales países de Colombia, Panamá y en su momento
de máxima extensión, se llegó a disputar con la República Federal de Centro
24
América y con Gran Bretaña, la soberanía sobre la Costa de los Mosquitos, hoy en
Nicaragua” (Pardo, 1972). Así también,
“El péndulo constitucional se movió hacia el método liberal. Entre las nuevas
medidas, se dio inicio al federalismo, se eliminó la esclavitud, se extendió el
sufragio a todos los hombres mayores de 21 años, se impuso el voto popular
directo para elegir congresistas, gobernadores y magistrados, se estableció la
libertad administrativa y la libertad religiosa, hubo una separación entre la
Iglesia y el Estado y se terminó la personalidad jurídica de la Iglesia católica.
Algunos de los avances se revirtieron más tarde en la constitución colombiana
de 1886” (Ortega, 1954).
Esto dio origen a la formación de los partidos políticos tradicionales, el partido
liberal y el partido conservador, partidos que desde su creación se disputaron por el
poder del estado; teniendo como principal diferencia la relación entre estado y la
iglesia, siendo las ideologías del partido conservador mantener relaciones estrechas
con la iglesia postura que no era para nada compartida por los liberales de la época.
“La principal diferencia entre los dos partidos políticos se manifestó en torno al tema
de las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado, ya que el partido conservador
buscó preservar una relación estrecha, mientras los liberales plantearon la
separación de los dos poderes” (Colmenares, 1968).
25
Los dos partidos protagonizaron una serie de guerras civiles “a lo largo del siglo
XIX, que se realizaron bajo o el liderazgo de los jefes políticos de las regiones, que
produjo gran violencia e inseguridad este periodo de la historia nacional,
contribuyendo a la formación de grupos delincuenciales dedicados al contrabando,
robo de ganado (cuatrero), adulteración de alcohol entre otras actividades”
(Colmenares, 1968).
1.2.3 Delincuencia Organizada desde los años 70 a la actualidad
Décadas enteras marcadas de violencia y horror, Colombia ha sufrido década
tras década del flagelo de la delincuencia y su evolución como emporio
delincuencial, siendo esto un proceso que marco las décadas de los 70, 80 y 90. La
economía nacional de los años 70 experimentó una crisis debido a cambios políticos
que influyeron en el orden social, cambios que marcaron altibajos en la política del
país, y en fin, una cantidad considerable de procesos y acontecimientos que han
marcado inevitablemente su historia hasta hoy. Donde; “el concepto tradicional de
seguridad nacional con nuevas nociones, para poder generar un panorama más
integral que responda a los desafíos de las ciudades, en las cuales se concentra la
mayoría de fenómenos delictivos” (Reyes, 2015).
Es a finales de los años 70, cuando el país se enfrentó “al problema del
narcotráfico, que es sin duda uno de los fenómenos más complejos de la
26
criminalidad en Colombia y en el mundo, ya que hasta la actualidad es el fenómeno
que genera más violencia y desestabiliza el orden social del estado; es el fenómeno
“catalizador” de la crisis de la sociedad colombiana” (Zuluaga, 2002) definida
básicamente por el conflicto que se ha postergado por más de medio siglo. Sin
embargo, “el concepto se ha puesto de moda en América, y la mayoría de los países
reclaman políticas nacionales y subnacionales en seguridad ciudadana, y
prácticamente todos los donantes internacionales han alineado sus inversiones en
la misma dirección” (Muggah y Szabo de Carvalho, 2014).
La problemática del tráfico de drogas se remonta a finales de la década de 1970,
donde se dieron plantíos de marihuana en la zona de la Sierra Nevada de Santa
Marta, que, por sus características particulares, facilitaba el contrabando19, y la falta
de presencia del Estado permitía que se traficara con esa droga hacia otros países.
(Thoumi, 2002). “Hacia finales de marzo de 1981 comienza a ser evidente la crisis
de la producción y la distribución de marihuana” (Arrieta. 1991),
“Si Colombia hasta los años setenta del siglo pasado se había
preocupado por un tipo de criminalidad muy común y local, en los 80
comienza a mostrar preocupación por la delincuencia organizada. En
1982 los narcotraficantes colombianos manejaban "un negocio que les
permitía importar divisas que oscilaban entre 800 y 2000 millones de
dólares, según los cálculos más amplios, es decir, entre el 10 y el 25%
de las exportaciones totales del país" (Melo, 2015).
27
Por ende; “en aquellos años comenzó a hablarse del "narco dólar" en alusión a
los dólares como dinero sucio proveniente del negocio de las drogas ilícitas. Allí
también tuvo sus génesis el mayor lavadero de dólares” (Arango, 2002). Lo que
significó un problema grave para el país, porque no sólo estaba poniendo en tela de
juicio el control estatal sobre los negocios ilícitos, sino que se convirtió –el tráfico de
drogas- en el elemento central de las relaciones bilaterales con Estados Unidos.
“Esta delincuencia organizada pasa a ser transnacional, y no nació de forma
incipiente o desordenada, la verdad empezó de forma perfectamente estructurada,
de la mano de Pablo Escobar Gaviria que permitía que a la actividad del narcotráfico
se vincularan los más variados sectores y estamentos sociales” (Arango, 2002). Así
también;
“Las políticas de seguridad ciudadana también abarcan una serie de
actividades que buscan mejorar la seguridad general, prevenir la
violencia y reducir los delitos. Entre éstas, el rediseño, renovación y
repotenciación de espacios urbanos; la creación de empleos
específicos; la existencia de programas de formación y generación de
empleo; intervenciones educativas e intervenciones en escuelas para
jóvenes en riesgo; actividades para la primera infancia y de apoyo a
los padres; así como mediación formal e informal para reducir las
tensiones intergrupales en situaciones altamente volátiles, entre otros”
(Muggah, 2017).
28
En la actualidad el territorio nacional se encuentra en un periodo de post guerra
y la finalización de un proceso de paz. “Es hasta finales de la década de los 80
cuando se inicia un proceso de nueva democratización, junto a diferentes acciones
que promovieron procesos de paz en los territorios; ambos aspectos generaron
nuevas dinámicas en los gobiernos y las políticas propuestas (Kurtenbach, 2001),
que trajo consigo la desintegración del grupo armado al margen de la ley FARC,
pero que permitió la constitución y fortalecimiento de nuevos grupos delincuenciales
organizados, denominados comúnmente como bacrim, dentro de las cuales se
encuentran el Clan del Golfo, los Rastrojos, los Buitreños entre otras, que día a día
comenten crímenes, trafican drogas y generan violencia e inseguridad en el territorio
nacional. Donde;
“Más de 2400 grupos armados y delincuencia organizada hacen
“presencia en Colombia. El documento elaborado por el gobierno de
Colombia clasifica como Grupos Armados Organizados a la guerrilla
del ELN1, el Clan del Golfo, Los Pelusos2, Los Puntilleros y las
disidencias de las Farc. De acuerdo a la transmisión de Blue Radio del
7 de abril de 2019, tan solo en esas organizaciones criminales hay
1 “Es una organización guerrillera insurgente de izquierda revolucionaria que opera en Colombia. Se define como de orientación marxista-leninista y pro-revolución cubana. Es un actor del conflicto armado colombiano desde su conformación en 1964. El Comando Central, su dirección actual, la integran cinco miembros, incluido el jefe actual del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias "Gabino” (Villamizar, 2017). 2 “Una disidencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Popular (EPL), el cual nació en 1967 como expresión armada del Partido Comunista y que se desmovilizó en 1991. Ese año, 2.200 integrantes de la guerrilla dejaron las armas y crearon el partido Esperanza, Paz y Libertad. Los Pelusos, sin embargo, nacen justamente del Frente Libardo Mora del EPL, que no se desmovilizó en 1991. En el transcurso de la última década ha intentado tomar el control del narcotráfico en 10 municipios del Catatumbo” (Pacifista, 2019).
29
cerca de 10 mil integrantes; en el caso del ELN es la estructura más
grande, pues cuenta con cerca de 4 mil hombres en armas y redes de
apoyo” (Diario del Cesar, 2019).
Por ello, “La evolución del concepto de seguridad, al igual que sus interpretaciones,
propicia nuevas y mejores prácticas, con un enfoque complejo que permite no
perder de vista el potencial de las dimensiones humanas” (Palacios & Sierra, 2014).
1.2.4.- Causas de la delincuencia organizada en Colombia.
El paso del acto criminal individual a uno asociado dio forma a la delincuencia
organizada, que se ha evidenciado en la historia de la humanidad como un
mecanismo de transformación del delito ante los cambios de tendencia de las
sociedades (Moreno, 1997). La manifestación de este fenómeno en Colombia tiene
rasgos particulares provenientes de causas estructurales, que facilitaron su
expansión en los centros urbanos principalmente.
En Cali han existido organizaciones delincuenciales dedicadas a cometer ilícitos
mucho antes que surgieran los primeros grupos vinculados con el narcotráfico, en
la década de los 70, que fueron tejiendo la red que dio origen al denominado cartel
de Cali. Conforme crecían demográficamente la ladera y el oriente de la ciudad entre
las décadas de los 70 y los 80, producto de las migraciones humanas procedentes
de zonas rurales, se empezaron a formar los cinturones de miseria, donde
aparecían de manera simultánea las pandillas y grupos pequeños, que cometían
30
atracos y producían riñas en sus zonas de injerencia.
Los grupos insurgentes también desempeñaron un papel importante en estos
sectores, al considerar a Cali como epicentro de sus proyectos subversivos
(Obserdh, 2006). Tanto el narcotráfico como los grupos subversivos no solo
generaron violencia en Cali, sino que también incidieron en el perfeccionamiento de
los demás actores delincuenciales, los cuales eran visibles en delitos relacionados
con el hurto y en otras conductas, como el homicidio y el secuestro. En el momento
más álgido del narcotráfico, debido a la confrontación con el cartel de Medellín, y la
presión del Estado, buscó mejorar sus capacidades criminales, a través de cursos
especializados para sus miembros e innovaciones tecnológicas y organizacionales
superiores al Estado y sus contrincantes (Beltrán, Medina, Pineda, Prieto, Palacio
& Laplac, 2012).
Estos elementos propagaron en la década de los 90 el surgimiento de
organizaciones más sofisticadas, como “Los R-15”, cuyo nombre se debía al uso de
fusiles R-15 en todas sus incursiones, los cuales protagonizaron una serie de hurtos
a entidades financieras y comerciales en Cali y otras ciudades del país. Para la
misma época, la desarticulación del cartel dejó a la deriva guardaespaldas,
testaferros y subalternos, que iniciaron disputas y venganzas por el control de la
cadena del narcotráfico; la confrontación se cruzó entre Wilber Alirio Varela, alias
“Jabón”, al lado de los “Los Rastrojos”, y Diego León Montoya, alias “Don Diego”,
que tenían bajo su mando a los grupos sicariales “Los Yiyos” y “Los Machos”
(Obserdh, 2006). La transformación que sufre el narcotráfico en Colombia, al pasar
31
de una unidad a varios carteles pequeños, diseminó recursos humanos y logísticos
a toda una red criminal asentada en la ciudad, y fortaleció en cierta medida sus
capacidades para infringir la ley.
Por un lado, la delincuencia organizada evolucionó en sus métodos y objetivos,
de acuerdo con los cambios del entorno; muchos grupos activaron mecanismos
tecnológicos en sus actos y/o desviaron su atención a otro tipo de delitos. También
las medidas de prevención y autoprotección de las autoridades y los sectores
afectados modificaron su modus operandi, como el caso del hurto de automotores
o celulares, que pasaron de la comercialización interna al envío hacia redes
internacionales. Un último factor incidente en la delincuencia organizada fue la
desmovilización, que si bien es cierto el Estado diseñó programas que previnieran
la incursión de estas en actividades criminales, un sector prosiguió en prácticas
delictivas, que resultó en el fortalecimiento de estos grupos; así las cosas, no solo
la especialidad en un delito determinado, sino la implementación de componentes
militares, ampliaron su campo de acción.
En síntesis, los actores delincuenciales han sido agentes generadores de
violencia e inseguridad en Colombia, donde las problemáticas sociales y
económicas favorecieron su aparición. La delincuencia organizada ha estado
presente en la sociedad caleña, pero la influencia del narcotráfico fue determinante
en su perfeccionamiento y especialización en delitos contra el patrimonio y la vida,
encasillándola como un fenómeno particular de la criminalidad de esta ciudad.
32
1.3.- Tipos de delincuencia organizada.
En Colombia, bajo la denominación de grupos al margen de la ley están: "grupo
armado organizado al margen de la ley, el grupo de guerrilla o de autodefensas, o
una parte significativa e integral de los mismos como bloques, frentes u otras
modalidades de esas mismas organizaciones, de las que trate la Ley 782 de 2002".
Por su parte, el parágrafo 1 del artículo 3 de la Ley 782 de 2002 señala que "se
entiende por grupo armado al margen de la ley, aquel que, bajo la dirección de un
mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le permita
realizar operaciones militares sostenidas y concertadas" (Ley 782 de 2002). Dada
estas premisas en Colombia la delincuencia en Colombia genera las siguientes
cifras.
Gráfico 2 Índices de delincuencia en Colombia.
Fuente: Naciones Unidas (2019)
33
1.3.1.- Grupos armados organizados (GAO) - Estructura de la delincuencia
organizada.
En Colombia, bajo la denominación de grupos al margen de la ley están: “grupo
armado organizado al margen de la ley, el grupo de guerrilla o de autodefensas, o
una parte significativa e integral de los mismos como bloques, frentes u otras
modalidades de esas mismas organizaciones, de las que trate la Ley 782 de
2002”44. Por su parte, el parágrafo 1 del artículo 3 de la Ley 782 de 2002 señala
que “se entiende por grupo armado al margen de la ley, aquel que, bajo la dirección
de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le
permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”. En consecuencia,
la persecución penal se centra en los grupos y de ahí que se deba castigar su sola
pertenencia.
Así pues, según el legislador colombiano, esta definición es acorde con las
normas del derecho internacional humanitario (DIH), sin embargo, no alude a la
obligación de estos grupos de respetar el Derecho Internacional Humanitario,
específicamente en lo referente al Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra.
Esto puede ser entendible si lo que se deseaba era permitir que los infractores del
DIH hicieran parte fundamental del objeto de la Ley.
Habría que decir que ese tipo de criminales pueden (en su gran mayoría) ser
objeto de persecución penal allende las fronteras colombianas en virtud de la
aplicación del principio de justicia universal46. Recordemos que en el artículo 1 del
34
Protocolo II de 197747 se definen los conflictos armados no internacionales y allí se
dice que tienen lugar “…en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus
fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que,
bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho
territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y
concertadas y aplicar el presente Protocolo”.
1.3.2.- Grupo delictivos organizados (GDO) - Estructura de la delincuencia
organizada.
En el caso de los paramilitares, las FARC48, el ELN y las Bacrim, son grupos
estructurados, y caben en esa definición porque para la Convención en el numeral
C, grupo estructurado es el grupo no formado fortuitamente para la comisión
inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus
miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de
miembro o exista una estructura desarrollada; obviamente, que estos grupos
poseen una serie de bienes que para la Convención son “los activos de cualquier
tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los
documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos
sobre dichos activos.
De igual modo, estos grupos obtienen con su actividad criminal terrorista, una
serie de ‘ganancias’, que de conformidad con la Convención son considerados
‘productos del delito’, que son los bienes de cualquier índole derivados u obtenidos
35
directa o indirectamente de la comisión de un delito” Convención de las Naciones
Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos.
1.4.- Consecuencias de la delincuencia organizada en Colombia.
Al crimen organizado, vinculado con el tráfico de drogas, de armas y la trata de
personas. Es más, la mayor parte de la violencia que se está ejerciendo contra las
personas, y específicamente los homicidios que se cometen, están relacionados
con este tráfico y consumo de drogas y, en general, con la acción del crimen
organizado. Se trata de un problema que no sólo atenta contra la seguridad y la vida
de los ciudadanos, sino que se extiende hasta afectar directamente a los
fundamentos de desarrollo económico, y a la integridad misma del Estado y de las
instituciones democráticas de la región.
En una resolución aprobada por la Asamblea General de la OEA, de 2004, se
señala que “la seguridad de los Estados del hemisferio se ve afectada, en diferente
forma, por amenazas tradicionales y por nuevas amenazas de naturaleza diversa,
entre otros, la delincuencia organizada transnacional. Alfonso Zárate Flores,
Profesor de Sociología Política (The London School of Economic and Political
Science, afirma que:
“A los latinoamericanos nos hermanan los defectos”. En toda América Latina
el crimen organizado amenaza la gobernabilidad y los Estados no pueden
garantizar la seguridad de sus sociedades. La región americana, que abarca
36
37 países, tiene como principales manifestaciones de la delincuencia
organizada transnacional la producción y tráfico de drogas, lavado de activos,
tráfico de armas, trata de seres humanos, pornografía infantil, y secuestros,
entre otros delitos.” (Asamblea General de la OEA, de 2004)
Con lo cual, es evidente la complejidad y diversificación creciente de las
actividades de los grupos delictivos organizados. Su importancia y gravedad es tal
que, en algunos países de la región, se han desarrollado zonas consideradas
“reductos de impunidad”, en los que la presencia del Estado está siendo
reemplazada por el poder y la influencia de estos grupos criminales. Este grave
problema no es nuevo, ya en la década de 1990 se vivió en Colombia un
enfrentamiento directo entre el Estado y los carteles de la droga. En la actualidad,
el fenómeno se presenta con dimensiones similares en Guatemala y México.
La continua expansión de la delincuencia organizada incide también en otras
formas de violencia, en la calidad de vida de los ciudadanos, en los procesos de
privatización de la seguridad, en la militarización de la policía y en la corrupción que
ella genera. También tiene un impacto en los diferentes sectores de las economías
de los países afectados, como por ejemplo en el turismo, que es la principal fuente
de ingreso para muchos países, especialmente en el Caribe.
La fuerza de la delincuencia organizada radica en el establecimiento de “alianzas
y vínculos” que logra en todos los niveles, incluyendo el político y el militar. La
mayoría de las colectividades dedicadas a la delincuencia organizada tienen un
37
orden jerárquico y entre las estrategias delictivas más empleadas están las
operaciones ilegales de tipo financiero, mercantil, bancario, bursátil o comercial,
como el lavado de dinero y el tráfico de personas, a través del chantaje, amenaza,
asesinato. Frente a la delincuencia organizada, los delincuentes comunes pueden
actuar solos o en pandilla, y su fin es delinquir (delitos “simples”) con el objetivo de
obtener dinero.
Además, a diferencia de la delincuencia organizada no cuenta con códigos,
estructura y disciplinas rígidas o capital financiero. Es común referirse a la
delincuencia organizada bajo el sinónimo de mafia, y a los delincuentes a gran
escala se les llama mafiosos o gánsteres. Estas sociedades del crimen han logrado
en ocasiones infiltrarse en los sistemas legales de gobierno y ser más poderosas
que el mismo gobierno con su infraestructura legal.
38
CAPITULO II.
NORMAS APLICABLES A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN COLOMBIA.
39
CAPITULO II.
NORMAS APLICABLES A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN COLOMBIA.
Es necesario aclarar que en Colombia no hay una regulación alguna
sancionatoria del crimen organizado como tipo penal autónomo (con dicha
denominación típica, ni los elementos propios de la delincuencia organizada,
analizados con anterioridad, detallados taxativamente). Es decir, si bien existen
agravantes en determinadas conductas punibles que aumentan la pena atendiendo
la participación criminal, no existe un tipo penal que defina plenamente y sancione
las estructuras criminales organizadas como están definidas en los instrumentos
internacionales.
2.1.- Constitución Política de 1991.
Constitución de Colombia La Constitución Política de La República De
Colombia de 1991 es la carta magna de la República de Colombia. Fue promulgada
en la Gaceta Constitucional número 114 del jueves 4 de julio de 1991, y también se
le conoce como la Constitución de los Derechos Humanos
Cinco grandes cambios que trajo la Constitución de 1991. El mayor logro de la
Asamblea Nacional Constituyente fue la figura de la tutela y la creación de
instituciones como la Fiscalía General de la Nación y la Corte Constitucional. .
Derechos fundamentales, libertad de culto y régimen de inhabilidades, algunos de
los principales.
40
2.2.- Ley 599 de 2000.
Diario Oficial, Bogotá D.C., 24 de julio del 2000, No 44.097. La ley 599 de
2000 cobró vigencia un año después de su promulgación (cfr. art. 476 ibídem), es
decir, a partir del 25 de julio de 2001; así lo aclaró la Sala de Casación Penal, en la
sentencia de casación de 12 de diciembre de 2002, Rad. No. 18.983 al decir que:
“En ese orden, destaca cómo el artículo 476 de la ley 599 de 2000 dispuso que “este
código entrará a regir un (1) año después de su promulgación”, y como se incorporó
al Diario Oficial No. 44097 del 24 de julio del mismo año, quiere ello decir que
empezó su vigencia el 24 de julio de 2001, tal como lo decidió la Corte Constitucional
en la sentencia C-581 del 6 de junio de 2001.
Tal concepto, agrega, resulta coherente con la ley 4ª de 1913, pues si la ley
hubiera ordenado su vigencia a partir de la promulgación sería lógico que sólo
empezara a aplicarse al día siguiente de su publicación, pero cuando señala una
fecha distinta y posterior a la inserción en el diario oficial ha de estarse a ella sin
necesidad de deferirlo al día siguiente Advertida la necesidad de acompasar el
sistema penal con la nueva estructura del Estado, el entonces Fiscal General de la
Nación presentó al Congreso de la República sendos proyectos para expedir los
códigos penal y de procedimiento penal; los que luego de los trámites legislativos
pertinentes, fueron signados con las leyes 599 y 600 del año 2000.
Dicho Código Penal – que aún nos rige - contempla el delito de concierto para
delinquir bajo el “Título XII delitos contra la seguridad pública”, “Capítulo primero del
41
concierto, el terrorismo, las amenazas y la instigación”, se encuentra el art. 340,
cuya redacción inicial fue la siguiente:
“Artículo 340. Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten
con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola
conducta, con prisión de tres (3) a seis (6) años. Cuando el concierto sea para
cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura,
desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, narcotráfico, secuestro extorsivo,
extorsión o para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al
margen de la ley, la pena será de prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de
dos mil (2.000) hasta veinte mil (20.000) salarios mínimos mensuales legales
vigentes. La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes
organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el
concierto o la asociación para delinquir.”
2.3.- Ley 906 de 2004.
Ley 906 DE 2004 (agosto 31) por la cual se expide el Código de Procedimiento
Penal. (Corregida de conformidad con el Decreto 2770 de 2004) * NOTA: LA LEY
906 DE 2004 REGIRÁ PARA LOS DELITOS COMETIDOS CON POSTERIORIDAD
AL 1° DE ENERO DEL AÑO 2005
42
2.4.- Convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada.
De carácter global están las herramientas creadas por Naciones Unidas para la
lucha contra la delincuencia organizada. En diciembre de 2000, 124 países
suscribían en Palermo la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional, (Convención de Palermo). Con la suscripción de dicha
convención “la comunidad internacional demostraba la voluntad política de abordar
un problema mundial con una reacción mundial”
Es necesario subrayar que esto fue posible como parte de un proceso de
evolución de las legislaciones nacional e internacional en la lucha contra la
delincuencia organizada. Dicha Convención entró en vigor el 29 de septiembre de
2003, de acuerdo al artículo 38 de la propia convención. En la actualidad cuenta con
147 signatarios y 48 Estados Partes, entre ellos México. Dicho instrumento
internacional, cuyo objetivo es combatir la delincuencia a nivel mundial, consta de
41 artículos y entre sus novedades se incluyen normas de extradición y de
asistencia judicial mutua, cooperación a escala mundial, regional, subregional y
bilateral, además de mencionar que ya no se podrá utilizar el secreto bancario para
encubrir actividades criminales, tal y como las define el artículo 7 y 18 apartado 8
de la Convención.
43
2.5.- Ley 800 de 2003.
Descripción de la Norma: "Por medio de la cual se aprueban la "Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional" y el "Protocolo
para Prevenir, Reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y
Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional", adoptados por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000)."
2.6.- Ley 1453 de 2011.
Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento
Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio
y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad.
2.7.- Ley 1908 de 2018.
La Ley 1908 de 2018 está encaminada a “la investigación y judicialización de los
Grupos Delictivos Organizados (GDO), y los Grupos Armados Organizados (GAO)”
(Ley 1908 de 2018). Lo cual garantiza que las disposiciones legales que podían
interceder en la judicialización de estos grupos delictivos, ya no tengan ningún vacío
legal o jurídico. En este sentido grupo de delincuencia organizada es;
44
“El grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto
tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más
delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención de Palermo,
con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro
beneficio de orden material. Los delitos cometidos por estos grupos no
necesariamente tendrán que ser de carácter transnacional, sino que
abarcarán también aquellos delitos que se encuentren tipificados en el
Código Penal Colombiano” (Ley 1908 de 2018).
El concierto para delinquir es uno de los artículos más importantes de la Ley dado
que especifica claramente lo siguiente:
“Artículo 340. Concierto para delinquir. Cuando varias personas se
concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por
esa sola conducta, con prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108)
meses. Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio,
desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, tráfico de niñas, niños
y adolescentes, trata de personas, del tráfico de migrantes, homicidio,
terrorismo, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, drogas tóxicas o
sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión,
enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o
financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y
administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la
45
delincuencia organizada, ilícito aprovechamiento de los recursos naturales
renovables, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero
o hidrocarburo, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, y
delitos contra la administración pública o que afecten el patrimonio del
Estado, la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de
dos mil setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes. La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad
para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen,
constituyan o financien el concierto para delinquir o sean servidores públicos.
Cuando se tratare de concierto para la comisión de delitos de contrabando,
contrabando de hidrocarburos y sus derivados, fraude aduanero,
favorecimiento y facilitación del contrabando, favorecimiento de contrabando
de hidrocarburos o sus derivados, la pena será de prisión de seis (6) a doce
(12) años y multa de dos mil (2.000) hasta treinta mil (30.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes” (Ley 1908 de 2018)
Dada esta ley el gobierno junto con los entes involucrados en el control de la
delincuencia organizada ha podido recuperar la confianza de la población y
garantizar sus derechos fundamentales por medio de programas de concientización
y denuncias, donde, “la información disponible indica que allí donde se ejecutan
estos programas se incrementa la confianza pública en la policía y la ciudadanía
expresa interés en una relación más estrecha con ella” (Frühling, 2003).
46
CAPITULO III.
POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO COLOMBIANO PARA COMBATIR LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA EN COLOMBIA.
47
CAPITULO III.
POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO COLOMBIANO PARA COMBATIR LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA EN COLOMBIA
3.1.- Políticas públicas.
Colombia enfrenta dos modelos de estado, incompatibles entre sí y con
profundas repercusiones sobre la celeridad con la cual podamos ubicar la economía
en una senda de crecimiento sostenible.
De un lado, tenemos un modelo económico en el cual el sector privado es el
principal generador de riqueza y de empleo y en el cual el papel fundamental del
Estado consiste en regular con efectividad las relaciones de competencia entre los
distintos mercados, de manera que predomine el bienestar del consumidor. Por otra
parte, el Estado produce o auspicia la creación de los bienes públicos que el
mercado espontáneamente no produce. Para que la teoría así descrita funcione
efectivamente en la práctica, se requiere de unas instituciones públicas eficientes
que permitan que la contratación pública y privada se realice con bajos costos de
transacción. Así que, factores tales como la corrupción, la violencia, la inseguridad
de los ciudadanos son elementos crónicos de nuestra sociedad que aumentan estos
costos de transacción.
De otro lado, tenemos un estado cuya función principal es proveer los puestos
públicos que garantizan la perpetuación de la clientela política electoral. Este arreglo
48
institucional así concebido, no tienen interés objetivo en que el principal generador
de riqueza y de empleo sea el sector privado, sino el sector público.
Otro elemento esencial a este viejo modelo de estado que necesitamos erradicar,
es el que la teoría económica denomina como los cazadores de rentas. Estos
agentes económicos, unas veces vinculados al sector público en sus distintas ramas
del poder, otras veces vinculados al sector privado, tienen como característica
esencial la de que buscan usufructuar las rentas del estado y su interés no consiste
precisamente en que éste cumpla cabalmente sus funciones.
Las políticas públicas como procesos por los cuales se elaboran e implementan
programas de acción pública (Murell & Surel en Roth, 2002, p. 26), cumplen un
papel determinante en las relaciones cívico – militares que se han de establecer en
Colombia con el posacuerdo. Es por esto que en este aparte se analizan las políticas
en el sector de seguridad y defensa, entendiendo que estos puntos de la agenda
nacional resultan imprescindibles en los procesos de construcción de Estado. Este
análisis buscará determinar la funcionalidad y durabilidad en el tiempo de dichas
políticas.
Es necesario realizar una breve conceptualización sobre el termino política
pública la cual definimos en esta monografía como: Conjunto conformado por uno
o varios objetivos colectivos considerados necesarios o deseables y por medios y
acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u
organización gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de
49
actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida como
insatisfactoria o problemática. (Roth, 2002, p. 27). De la misma forma, se entenderá
por seguridad nacional a la responsabilidad del Estado sobre la protección de sus
ciudadanos. La seguridad de los ciudadanos está garantizada cuando la propia
seguridad del Estado también lo está (Kennan, 1948).
El concepto de seguridad puede comprenderse a partir de dos sentidos: como
"estado de cosas" y como "acción" tendiente a su logro. En el primer caso es una
situación ideal que se presenta como una meta negativa, caracterizada en forma
simplificada por una "ausencia de amenazas", en referencia a factores potenciales
de daño plausible, más allá de la existencia -o no- de una voluntad hostil que los
quiera materializar; dicho de otro modo, sin discernir entre amenazas propiamente
dichas, o meros riesgos, como suelen discriminar las doctrinas militares. La segunda
significación, en tanto, hace referencia al conjunto de medida y políticas
conducentes a esa situación ideal. (Bartolomé, 2008, p. 11)
Finalmente, se entenderá por defensa nacional al “conjunto de disposiciones,
medidas y órdenes tendientes a obtener el empleo del potencial nacional en forma
oportuna y en la magnitud necesaria ante cualquier clase de agresión exterior,
conmoción interior o calamidad pública” (Decreto Legislativo 3398, 1965). La
defensa constituye una acción derivada de la seguridad, en la cual se hace uso de
las Fuerzas Armadas en caso de amenaza potencial o efectiva (Bartolomé, 2008, p.
12).
50
Los conceptos de seguridad y defensa nacionales tienen validez bajo el
paradigma del Estado moderno, y especialmente en el contexto de la posguerra fría.
Una política pública que abarque estos temas de Estado debe “transformar y
modernizar de forma continua el Sector Defensa, así como mejorar la educación,
bienestar, moral y la seguridad jurídica, la gestión financiera, presupuestal y
contractual de la Fuerza Pública” (Ministerio de Defensa, 2016).
La delincuencia organizada, es un fenómeno de larga data en los países del
mundo y de alcance mundial. Sin embargo, son escasos los consensos alcanzados
entre los Estados para abordarlo. En efecto, la coordinación internacional ha sido
lenta ante la dificultad de establecer posturas compartidas, entre todos los países,
frente a este tema. Sólo en el año 2000, desde las Naciones Unidas (ONU) fue
alcanzado un acuerdo de mínimos comunes, aunque sustantivo mediante la
Convención de Palermo. Con ello, se aportó un insumo valioso para orientar a los
países en su abordaje, desde sus respectivos Estados.
De esta forma, los compromisos multilaterales facilitaron acciones tendientes a
su monitorización, prevención, detección, persecución y sanción desde cada país,
teniendo en cuenta estándares internacionales y estimulando respuestas
nacionales. Los países latinoamericanos también han reconocido este fenómeno en
declaraciones regionales multilaterales, como la Declaración de Seguridad de las
Américas de México en el año 2003. A través del tiempo, algunos de los ilícitos que
configuran la delincuencia organizada se han potenciado ante la debilidad del
51
Estado y erráticas formas de afrontarlos.
Como ejemplo de ello puede observarse en zonas geográficas donde ante la
ausencia del Estado se favorece que organizaciones del crimen organizado
obtengan el control de la población y el territorio en lugares determinados, como
ocurre en Colombia. Incluso, desde hace algunos años, por su magnitud e impacto,
la Delincuencia organizada ha empezado a problematizarse como un problema de
seguridad internacional (Berdal y Serrano, 2005). La idea de fortaleza o debilidad
del Estado no se reduce a la valoración de su presencia o no, en todo el territorio
del país, aunque es un asunto relevante. Otro elemento clave es la calidad de su
institucionalidad, que puede reflejarse, por ejemplo, en los niveles de corrupción que
presenta.
Este asunto es particularmente importante en materia de la delincuencia
organizada, toda vez que para quienes lo desarrollan, la existencia de una
estructura estatal funcional y complaciente a sus intereses es el ambiente propicio
para delinquir. De esta manera, una institucionalidad fácil de corromper constituye
el entorno ideal para ellos, mucho más que una institucionalidad ausente en
diversos espacios nacionales.
El debate sobre la naturaleza de la política que exige enfrentar la Delincuencia
Organizada en tanto política de Estado o de gobierno, ha relegado aspectos más
importantes de la política pública que se formula. De esta forma se da supremacía
en el discurso a la proyección de la política, sobre el modo de elaboración,
52
ejecución, evaluación y participación. Se genera así un dañino reduccionismo en el
tratamiento del tema. Podemos afirmar que tanto las denominadas “políticas de
Estado”, como las “políticas de gobierno”, son políticas públicas y hacia futuro es
más pertinente entenderlas en el último sentido que reducirlas al primer o segundo
término, pues ello limita sustantivamente la calidad del debate y elaboración de la
política pública. Resulta importante tener presente que es difícil, en una perspectiva
de futuro, saber si actualmente una política pública será de estado o de gobierno,
es decir, si continuará o no cuando el gobierno cambie.
Por ello parece estéril esta discusión, cuando lo realmente importante es la
perspectiva de política pública y los elementos de análisis que involucra, siendo
mucho más confiable hacer valoraciones asociadas a Estado o Gobierno, si
observamos lo ocurrido en el pasado, pues se podrá apreciar con mayor certeza si
una política pública trascendió el gobierno de turno o no. De esta manera, un
enfoque en términos de política de Estado o de gobierno conlleva a un análisis que
se aleja de la esencia de lo relevante, que es cómo, desde el Estado, se responde
a un problema público creciente que afecta uno de los principales componentes de
la gobernabilidad de un sistema democrático, como es la seguridad.
Por otro lado, para la oposición de turno, se trataría de justificar una participación
limitada de la que se resta, con la idea de que sería necesario modificarla tan sólo
si cambia la coalición de gobierno, insinuando la discontinuidad de lo trazado, en
vez de aportar y comprometerse en el logro de objetivos necesarios a alcanzar,
independientemente de quién esté en el poder. Toda vez que los ilícitos
53
correspondientes a la delincuencia organizada no pueden ser debilitados o
eliminados en democracias por sólo un período de gobierno, por largo que sea,
debido a la complejidad que poseen. Los elementos relevantes para la formulación
de una política pública son tener claridad con relación a: ¿cuál es el problema
público al que se espera dar respuesta?, ¿cómo puede ser afrontado considerando
atribuciones, competencias y capacidades existentes?, ¿cuáles son los objetivos a
alcanzar y cómo pueden ser operacionalizados para valorar efectividad de las
acciones realizadas?, ¿es necesario hacer ajustes a lo establecido inicialmente?, y
¿son detectados cambios en el escenario desde donde se realiza la delincuencia
organizada y se efectúan ilícitos?.
De este modo, se contribuye a una rigurosa problematización aun cuando sea en
un contexto reactivo. Además, promueve un debate experto, colaborativo y abierto,
con la finalidad de responder de la mejor forma a las preguntas formuladas y dar
legitimidad a la acción pública para alcanzar las metas establecidas. También,
contribuye al fortalecimiento democrático, al generar procesos de participación,
transparencia e integración de diversas perspectivas de análisis, evitando la
peligrosa reducción a la exclusiva visión del problema desde el Estado, según sus
organismos vinculados a la materia.
La incorporación en la agenda pública de ilícitos con características de
delincuencia organizada, que implican la formulación de una política nacional sobre
el tema, puede fomentar la calidad de la democracia, si el enfoque de esta acción
pública se orienta a identificar los diferentes elementos de la política pública y las
54
diversas categorías de actores involucrados que requieren participación en todo el
proceso de formulación y puesta en práctica de una política pública, es decir:
problematización, formulación o elaboración, implementación, evaluación y
retroalimentación. Aun cuando las políticas en materia de delincuencia Organizada
puedan incluso contemplar limitaciones a derechos como la privacidad de las
comunicaciones, para perseguir el tráfico de drogas o sustancias ilícitas, el derecho
de propiedad, ante bienes adquiridos con dinero proveniente del narcotráfico, el
derecho de libre desplazamiento entre países, al constatarse el tránsito ilícito de
drogas o dinero, el secreto bancario ante sospechas fundadas de lavado de activos
e incluso el financiamiento al terrorismo, entre otros.
Colombia, en forma incremental, desarrolla políticas públicas específicas al igual
que los países Latinoamericanos, para abordar diferentes ilícitos relacionados con
la delincuencia organizada. Aunque las políticas contra el narcotráfico son las que
tienen mayor visibilidad, crecientemente se han incorporado fenómenos como es el
tráfico de armas, tráfico y trata de personas, minería ilegal, delitos contra la
propiedad intelectual y ciberdelitos, entre otros. Sin embargo, políticas específicas
para ilícitos que califican como Delincuencia organizada, son una condición
necesaria pero no suficiente para afrontarlos desde el Estado en forma eficaz.
Las políticas especializadas pueden presentar falta de conexión y coordinación,
con otras afines que presentan elementos de intersección en su comisión,
investigación o persecución, produciendo al menos dos problemas desde la acción
del Estado: por un lado, no detectar todos los ilícitos que un mismo grupo está
55
realizando; y, por otro, la superposición en equipos investigativos de diferentes
ilícitos, generando conflictos de competencia entre ellos e incluso anulando alguna
de las investigaciones, por ejemplo, al terminar enfrentados en el seguimiento o
detención de ellos.
El principal instrumento de implementación local de la Política son los Planes
Integrales de Convivencia y Seguridad que diseñan los gobiernos locales por
mandato de la ley, con asesoría de la Consejería. La coordinación entre el nivel
central de gobierno y los gobiernos locales, tiene el objetivo de concertar proyectos
y recursos, de manera tal que no exista brecha entre la oferta local de programas y
las metas que demanda la Política Nacional. Dicha coordinación se lleva a cabo a
través de Rondas de Concertación de día y medio de duración, que permiten
consensuar prioridades y proyectos y en las que participan alcaldes y viceministros.
La Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Colombia es
coordinada por la Alta Consejería Presidencial de Seguridad Ciudadana, la que
articula a 17 entidades nacionales y a tres Programas Nacionales.
Dicha Política tiene un ámbito claramente distinto de la Política de Seguridad
Nacional, la que se focaliza en fuerzas irregulares armadas opuestas al Estado y en
organizaciones ligadas al crimen organizado. La Política se propone entregar una
respuesta integral a los problemas de seguridad existentes, para lo cual define los
siguientes Ejes Estratégicos: i) Prevención social y situacional; ii) Presencia y
control policial; iii) Justicia, víctimas y resocialización; iv) Cultura de legalidad y
convivencia; v) Ciudadanía activa y responsable. La Política se concentra en la
56
implementación de planes en 20 municipios que son los que concentran un mayor
número de los delitos priorizados: homicidios y hurtos.
El acento en políticas multisectoriales para enfrentar la inseguridad ciudadana se
encuentra también presente en la Política Integral y Sostenible de Seguridad
Ciudadana y Promoción de la Paz Social (POLSEPAZ) aprobada por Costa Rica.
Esta se propuso como objetivos fundamentales crear mecanismos de
financiamiento permanente de la seguridad ciudadana; implementar un Plan de
Prevención de la violencia y promoción de la paz social; fortalecer a la policía y al
sistema penitenciario, y reforzar la lucha contra el crimen organizado. (Dane, 2014,
p.119)
En materia de prevención de la violencia, la Política se despliega en 10 zonas de
especial riesgo, y lleva a cabo programas de prevención en 20 cantones,
focalizándose en especial en actividades dirigidas a la población joven.
Se han multiplicado las intervenciones en áreas que concentran altos niveles de
criminalidad o de desventajas sociales que las hacen especialmente vulnerables a
la expansión del delito. Ello es consistente con el resultado de investigaciones que
sugieren que se trata de una metodología de resultados muy prometedores. Al
respecto, estudios criminológicos recientes sugieren la necesidad de otorgar una
atención preferente a barrios donde parece existir bajo apego a la legalidad y donde
se acumulan factores de vulnerabilidad y da importancia significativa a la
participación de la comunidad organizada para el éxito de los programas y
57
proyectos, en coincidencia con el concepto de seguridad ciudadana que define las
políticas en ejecución.
La consideración al rol de la comunidad organizada se propone también
establecer asociaciones útiles para el trabajo preventivo en terreno, el que requiere
seleccionar a los beneficiarios de los programas y prolongar su permanencia en las
actividades que éstos llevan a cabo. Esto resulta particularmente importante en el
trabajo de prevención primaria que se realiza a nivel municipal
Existe consenso que las políticas efectivas en materia de seguridad ciudadana
requieren de instituciones estables, durables, que cuenten con la capacidad para
aplicar la ley y para cumplir las funciones que les son propias, como, por ejemplo,
entregar servicios a la población afectada por la violencia. Como mínimo, el Estado
debe contar con la capacidad para controlar el territorio a través de instituciones
efectivas. Existen variados trabajos de investigación que demuestran que cuando
ello no ocurre, se deteriora la gobernabilidad de la sociedad, con efectos
importantes respecto de la insurgencia (Goodwin, 1999), la democratización de la
sociedad (Linz and Stepan, 1996), y la efectividad del estado de derecho (O’Donnell,
1993). Las debilidades de la gobernabilidad democrática en algunos países de la
región crean un terreno fértil para la expansión del delito. Una de sus
manifestaciones más relevantes es la dificultad para controlar el territorio nacional
y lograr que en éste impere la ley.
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Es razonable pensar que aquellos estados con menor capacidad institucional se
vean más expuestos al accionar de bandas organizadas. Éstas requieren control
territorial a fin de comercializar bienes ilegales, y una vez instaladas, derivan sus
actividades en una multiplicidad de otros delitos que afectan la seguridad ciudadana
(UNODC, 2010; Arnson and Olson, 2011).
La debilidad de la gobernabilidad democrática constituye un terreno abonado para
un aumento del delito y la violencia
Un Estado vulnerable crea vacíos que se convierten en terreno abonado
para la violencia.
Los niveles de baja confianza en la policía y el sistema judicial influyen en
la percepción de la inseguridad y la cohesión social.
La corrupción y el crimen organizados erosionan la legitimidad del Estado
y su capacidad para ejercer sus funciones.
La eficacia de las políticas está limitada por la falta de un enfoque global.
La falta de definición de responsabilidades claras y una escasa
coordinación entre los gobiernos central y local limitan el potencial del éxito.
Los bajos niveles de especialización de los funcionarios públicos influyen
en la calidad de las políticas.
La escasa información y los instrumentos obsoletos de análisis y de gestión
impiden un buen diagnóstico, ejecución y realimentación de las políticas.
La debilidad del sistema de justicia penal agrava los riesgos. (Banco
Interamericano de Desarrollo, 2012)
59
La aplicación de las políticas depende específicamente de cuanto nivel de
criminalidad esté dispuesta a “tolerar” la sociedad. Si el nivel de tolerancia de la
delincuencia estuviese hacia el futuro cerca de los 80 homicidios por cada 100 mil
habitantes, nuevamente se observaría un incremento en la criminalidad, aunque la
delincuencia organizada sea en número menor que en el pasado, cuentan con un
aprendizaje que les permite reaccionar frente a cualquier debilidad del estado.
Otra política a implementar es la Construcción de Social.
La política de construcción de Capital Social plantea la recuperación de confianza
entre los ciudadanos, y a su vez de confianza con el estado. Para implementar esta
política también es preciso destinar fondos y hacer esfuerzos de inversión, pero no
de la forma tan acelerada como demanda la primera política
Por lo anterior, Colombia debe impactar en la seguridad y convivencia ciudadana
una serie de retos dentro de los cuales se pueden mencionar para el 2021 y 2022:
1. Promover una cultura ciudadana y cívica.
2. Prevenir la aparición de nuevos actores criminales o su reincidencia.
3. Fortalecer el Estado de Derecho garantizando el imperio de la ley y la justicia.
4. Mejorar la coordinación y trabajo interistucional en la Policía y la fiscalía general.
5. Promover la legalidad, el respeto y la convivencia como prácticas y valores
sociales.
6. Desarticular los mercados de las economías ilegales sobre los cuales se
constituyen, articulan y consolidan las estructuras criminales.
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7. Robustecer las acciones de prevención (Participación comunitaria), comunicación
vinculante y protección (Infancia, adolescencia y medioambiente).
8. Combatir el crimen y la delincuencia a través de la focalización de las acciones y
el fortalecimiento del personal, las capacidades operativas, la inteligencia, la
investigación criminal y el uso de la tecnología
La lucha contra el Crimen Organizado, que se da en el marco de la seguridad
pública, ocupa un lugar prioritario en la agenda sectorial ya que en ella confluyen un
amplio espectro de amenazas como los Grupos Armados al Margen de la Ley y las
estructuras del crimen organizado, que dan cuerpo a un amplio espectro de delitos
como el narcotráfico, el terrorismo, la explotación ilícita de recursos naturales, la
minería criminal y el contrabando.
Estos desafíos están siendo enfrentados de forma exitosa gracias a la acción
conjunta y coordinada de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, así como de un
cada vez más eficiente trabajo interinstitucional con otras entidades del Estado a
nivel nacional, regional y local, así como de la cooperación internacional.
Adicionalmente las estructuras del crimen organizado representan para Colombia
retos a la seguridad pública derivados del impacto que tienen sobre el tejido social,
político y económico de las regiones donde aún hacen presencia por vía de la
corrupción, cooptación de organizaciones locales y el amedrentamiento de los
ciudadanos.
Para septiembre de 2015 fueron neutralizados cuarenta y ocho cabecillas del
61
crimen organizado, (ministro de Defensa, 2019), sin que tengan presencia efectiva
en el 85% de los municipios del país. Su involucramiento progresivo en las redes de
criminalidad local, el microtráfico y la micro extorsión, las ubica como un factor
determinante en el deterioro de las condiciones de seguridad.
Un esfuerzo especial ha sido realizado para continuar debilitando el narcotráfico,
principal fuente de financiación de los Grupos Armados al Margen de la Ley y las
Estructuras del Crimen Organizado, que hoy también compiten por el control de los
recursos provenientes de la minería criminal. De esta forma no sólo se evitó el
ingreso de un importante flujo de dinero a las organizaciones criminales, sino que
también se impidió la circulación de sustancias psicoactivas tanto en Colombia
como en el extranjero.
La minería criminal ha sido, en los últimos años, una fuente de financiación de
los Grupos Armados al Margen de la Ley y las Estructuras del Crimen Organizado.
En virtud de la magnitud de este fenómeno se han impulsado medidas para
fortalecer y mejorar la articulación y la colaboración interinstitucional entre las
entidades responsables del control a la minería en el territorio nacional, así como
realizar una caracterización de la cadena criminal, lo cual ha permitido identificar
nuevos eslabones en el proceso de esta actividad ilícita.
Estrechamente vinculado al narcotráfico y el lavado de activos, ha tomado cada
vez más importancia el contrabando. Esta actividad ilícita ha sido utilizada de forma
creciente por organizaciones criminales para debilitar los circuitos de la economía
62
legal en diferentes zonas del territorio nacional, así como para apalancar otras
actividades criminales. Por ello el Gobierno Nacional le ha concedido especial
importancia dentro de la agenda de seguridad pública. Es así como frente a las
problemáticas generadas por los diferentes temas que constituyen la compleja
agenda de seguridad pública, el sector ha identificado como sus principales retos,
continuar la lucha contra los Grupos Armados al Margen de la Ley y las Estructuras
del Crimen Organizado, evitando el resurgimiento de nuevos actores ilegales.
Asimismo, se buscará proteger la infraestructura crítica y económica del país,
fortalecer la lucha contra las drogas ilícitas, combatir la minería criminal, luchar
contra el contrabando, las economías ilegales y la extorsión, así como fortalecer el
despliegue y control territorial de la Fuerza Pública. En el ámbito de la Defensa
Nacional la protección de la soberanía y la integridad territorial nacional frente a
cualquier tipo de agresión es un componente fundamental de la misión
constitucional de las Fuerzas Militares.
En línea con su tradición de respeto por el derecho internacional, los principios
de no agresión y de cooperación internacional, el Gobierno Nacional ha continuado
realizando inversiones en el Comando General, el Ejército, la Armada y la Fuerza
Aérea, que le permiten mantener una capacidad disuasiva creíble, dentro de una
postura estratégica defensiva. Pese a lo anterior, los últimos cuatro años han visto
el surgimiento y la consolidación de escenarios que han alterado la integridad del
territorio nacional, tal y como lo fue el adverso fallo proferido por la Corte
Internacional de Justicia en noviembre de 2012.
63
Por ello el Sector seguirá trabajando para asegurar la construcción y
sostenibilidad de un Poder Naval que pueda operar de forma conjunta con el Poder
Aéreo y Terrestre, acorde con las amenazas reales o potenciales que puedan
afectar la soberanía e integridad territorial en el mar u otras áreas del territorio. La
existencia de zonas marítimas sin definir, así como de fronteras terrestres y
marítimas vulnerables a acciones hostiles o actores y fenómenos trasnacionales
que pueden llegar a crear escenarios conflictivos, hacen que la construcción y el
mantenimiento de unas capacidades disuasivas creíbles sea prioridad dentro de la
agenda de defensa del país.
3.2.- Plan nacional de desarrollo 2018 -2021.
La presente Política se formula en el marco de referencia dado por el Plan
Nacional de Desarrollo que busca construir una Colombia en paz, equitativa y
educada, principios que en su conjunto conforman un círculo virtuoso que guía el
accionar del Gobierno. Una sociedad en paz focalizará sus esfuerzos en el cierre
de brechas y puede invertir recursos en mejorar la cobertura y calidad de su sistema
educativo.
Una sociedad equitativa en donde todos los habitantes gozan de los mismos
derechos y oportunidades permite la convivencia pacífica y facilita las condiciones
de formación en capital humano. Finalmente, una sociedad educada cuenta con una
fuerza laboral calificada, que recibe los retornos a la educación a través de
oportunidades de generación de ingresos y de empleos de calidad, y cuenta con
64
ciudadanos que resuelven sus conflictos sin violencia. Estas líneas de política
nacional requieren de un adecuado ambiente de seguridad y defensa nacional.
En función de los escenarios que se vislumbran, para el Sector Defensa es claro
que la transición al posconflicto requerirá de la puesta en marcha de acciones que
permitan contar con unas Fuerzas Militares y una Policía Nacional motivadas,
modernas, fortalecidas, eficientes y con un gasto rebalanceado. Estas acciones
serán las que permitirán enfrentar escenarios marcados por una conflictividad que
podría llegar a ser armada y frente a la cual se requeriría de una capacidad de
respuesta eficaz, pronta y decisiva.
Las capacidades operacionales y organizacionales de la Fuerza Pública deberán
continuar fortaleciéndose para apoyar la construcción de la paz, así como para
responder a los complejos desafíos provenientes de los ámbitos de la seguridad
ciudadana, la seguridad pública o la defensa nacional, en la mayoría de los casos,
de forma simultánea.
La Política Sectorial de Seguridad y Defensa 2018 - 2021 está orientada por los
principios de:
• Buen gobierno: Toda la gestión del sector de seguridad y defensa deberá
obedecer a los principios de transparencia, eficiencia, eficacia y rendición de
cuentas.
• Sostenibilidad: El gasto del Sector debe obedecer a un proceso de planeación
65
responsable y sostenible, que asegure la consistencia entre las prioridades de
política, las misiones y capacidades de las Fuerzas y las posibilidades fiscales de la
Nación en el mediano y largo plazo.
• Bienestar de la Fuerza Pública: El bienestar será una de las piedras angulares
del Sector buscando garantizar que el personal de la Fuerza Pública acceda a la
educación, a la salud, la vivienda, la rehabilitación integral y la seguridad jurídica;
con el fin de mantener la moral en alto y elevados estándares profesionales.
• Legitimidad, respeto y garantía de los Derechos Humanos: El centro de
gravedad del Estado es la legitimidad, la confianza de los ciudadanos, su
consentimiento al poder ejercido por las instituciones y al poder ejercido por la
Fuerza Pública. Ello implica el compromiso de la Fuerza Pública para obrar en
estricta sujeción a la Constitución, la ley y con plena observancia de los DDHH y el
DIH.
• Transparencia: Todo proceso de selección de un contratista se hará de manera
pública y cualquier persona interesada podrá obtener información sobre el
desarrollo de cada una de las etapas de dicho proceso. Cualquier decisión que sea
adoptada en el proceso deberá estar debidamente motivada y cualquier persona
deberá tener la posibilidad de verificar y cuestionar esa motivación.
Debe garantizarse claridad absoluta sobre los fundamentos que tiene la
administración en su actuación, desde que decide comprometer recursos a un
66
determinado proyecto hasta que el destinatario recibe los bienes o servicios
contratados
3.3.- Política marco de convivencia y seguridad ciudadana 2018 – 2020.
Para el desarrollo de esta política el Sector Defensa ha identificado como su
objetivo general: “Coadyuvar a la terminación del conflicto armado, la consolidación
de la paz, el desarrollo socioeconómico, la defensa de los intereses nacionales y el
mejoramiento de la seguridad pública y ciudadana, mediante el mantenimiento de
una Fuerza Pública moderna, fortalecida, motivada y operativa”.
Objetivos Estratégicos de la Política 2018 – 2020. A partir del Escenario
Estratégico y el objetivo propuesto, el Sector Defensa ha priorizado los siguientes
Objetivos Estratégicos:
1. Contribuir con las capacidades de la Fuerza Pública a la terminación del
conflicto y la construcción de la paz
2. Garantizar mayores y mejores niveles de seguridad ciudadana fortaleciendo
las relaciones del ciudadano con el policía
3. Contribuir a la modernización de la sociedad rural vinculando al Sector
Defensa a las intervenciones realizadas por el Gobierno Nacional para el
desarrollo
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4. Combatir las nuevas y tempranas expresiones de crimen organizado que
amenacen la seguridad y el funcionamiento transparente del Estado, usando
todas las capacidades de la Fuerza Pública
5. Garantizar la soberanía e integridad del territorio nacional, protegiendo los
intereses nacionales.
6. Transformar y modernizar de forma continua el Sector Defensa, así como
mejorar la educación, bienestar, moral y la seguridad jurídica, así como la
gestión financiera, presupuestal y contractual de la Fuerza Pública
7. Fortalecer la proyección internacional del Sector como participe de la Política
Exterior establecida por el Gobierno, mediante una mayor cooperación
bilateral, triangular y multilateral con los países aliados y estratégicos.
8. Poner a disposición del Estado colombiano las capacidades de la Fuerza
Pública para mitigar los efectos del cambio climático, atender desastres
naturales y proteger los ecosistemas 9. Poner al servicio del desarrollo
nacional, comercial, industrial y agrícola las capacidades empresariales del
Sector Defensa
El Estado Colombiano ha llevado a cabo un intenso esfuerzo para lograr adoptar las
medidas necesarias para la restitución jurídica y material de las tierras a los
68
despojados y desplazados. Este esfuerzo ha implicado un trabajo conjunto,
coordinado e interinstitucional con varias entidades del gobierno a nivel nacional,
buscando coordinar y articular acciones o procesos que coadyuven al logro de los
objetivos definidos en estas áreas. El acompañamiento de la Fuerza Pública es
esencial para garantizar las adecuadas condiciones de seguridad a las víctimas.
Por ello el Sector Defensa, a través del Centro Integrado de Inteligencia para la
Restitución de Tierras (CI2RT) y de su participación en los Comités Operativos
Locales de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente
(COLR), continuará apoyando este proceso. El Desarme, Desmovilización y Apoyo
a los Programas de Reinserción son uno de los temas prioritarios de la agenda.
El Ministerio de Defensa trabajará para que la desmovilización individual y
voluntaria de los miembros de los Grupos Armados al Margen de la Ley, continúe
como una política nacional para disminuir los efectivos de estos grupos. Se
fortalecerán las campañas que se vienen realizando, focalizando los esfuerzos en
aquellas regiones donde estos grupos concentren su accionar.
Asimismo, se buscará intensificar las campañas de prevención de reclutamiento
y utilización de niños, niñas y adolescentes, así como de adultos, por parte de los
Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley o las Estructuras del Crimen
Organizado, desarrollando acciones con énfasis en la judicialización, la
individualización y la captura de los promotores y ejecutores de estas conductas.
Una de las consecuencias más graves del conflicto armado, es la siembra de Minas
69
Antipersonales y la presencia de Artefactos Explosivos Improvisados. A través de
unidades especializadas de Ejército y Armada se trabajará para:
1. Fortalecer organizacionalmente las capacidades de Desminado Humanitario y
de inutilización de municiones sin explotar.
2. Realizar estudios técnicos para la identificación de las áreas a intervenir.
(ministro de Defensa, 2019)
De igual forma y para complementar y potenciar la capacidad de Desminado
Humanitario que han desarrollado las Fuerzas Militares, se continuará con los
esfuerzos conjuntos que se han venido realizando con la Dirección de Acción
Integral Contra Minas Antipersonal (DAICMA) para facilitar el trabajo de
organizaciones civiles de Desminado Humanitario, buscando mantener el liderazgo
del Ejército Nacional que es la institución que cuenta con la mayor experiencia y
capacidades para desarrollar esta compleja tarea. Así mismo, se buscará seguir
dando cumplimiento a los estándares de desminado que ha establecido el Gobierno
Nacional, los cuales garantizan la calidad de esta actividad.
El respeto y garantía de los Derechos Humanos son transversales a las áreas de
gestión sectorial y a las diversas actividades del Sector. Por ello el Ministerio de
Defensa Nacional continuará desarrollando y cumpliendo los objetivos estratégicos
y las líneas de acción definidas en la “Política Integral de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario”. Asimismo, se seguirán implementando las
acciones necesarias para fortalecer la política de “Cero Tolerancia” a violaciones de
Derechos Humanos, la prevención a la vulneración de los derechos humanos y la
70
capacitación en todos los niveles. De igual forma se afianzará la cooperación con
las autoridades judiciales y organismos nacionales e internacionales en casos de
presuntas vulneraciones de los DDHH.
La convivencia y seguridad ciudadana son temas diferenciados, aunque
interdependientes, que buscan la protección de los derechos y libertades de los
ciudadanos frente a amenazas que comprometan su dignidad, su seguridad
personal y la de sus bienes, así como frente a conductas que atenten contra el
respeto y obediencia a la ley y a las normas de comportamiento social.
El objetivo central para la seguridad ciudadana es lograr que los ciudadanos
puedan convivir en un ambiente de paz y tranquilidad, en el que ni su vida, ni sus
bienes, ni sus actividades cotidianas se vean vulneradas por el delito, buscando el
Sector llegar a ofrecer niveles de seguridad que se aproximen a los más altos
estándares mundiales En el marco de la prevención se contemplan soluciones que
no provienen exclusivamente desde el ámbito policial, sino que son parte de una
respuesta integral basada en la corresponsabilidad.
Será necesario que el Gobierno Nacional promueva medidas integrales e
interinstitucionales, así como la promulgación del nuevo Código Nacional de Policía
y Convivencia. También será prioritario trabajar en la formulación de un “Programa
Nacional de Educación Cívica y Ciudadana” con carácter integral e interinstitucional
que se impartirá a nivel nacional, regional y local. Asimismo, la Policía Nacional
seguirá implementando el Sistema de Prevención, Convivencia y Seguridad
71
Ciudadana (SPCSC). En ese proceso tendrá una especial importancia continuar el
diseño y puesta en marcha de la “Estrategia de Comunicación Vinculante” de la
Policía Nacional que permita crear una relación más estrecha entre la Policía
Nacional y los ciudadanos, asimismo será necesario fortalecer la aplicación de los
instrumentos de la Gestión Territorial, especialmente los “Planes Integrales de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”, los cuales son el principal instrumento de
planeación en materia de seguridad y convivencia ciudadana en los departamentos
y municipios del país.
Por consiguiente, estos Planes deberán contener estrategias, líneas de acción,
programas y proyectos que tengan como finalidad dar solución a las problemáticas
de violencias, delitos y contravenciones, penales y de policía, que afectan la
ciudadanía. En ese sentido será fundamental que la Policía Nacional fortalezca las
capacidades de coordinación, formulación, implementación, seguimiento y
evaluación del Programa “Departamentos y Municipios Seguros - DMS”, buscando
un trabajo más efectivo entre la Policía y las autoridades territoriales.
El fortalecimiento y ampliación de las redes de apoyo de la comunidad, empresas
y gremios serán herramientas fundamentales para la seguridad ciudadana
Finalmente y en el marco de la lucha contra las economías ilegales que dan cuerpo
a un amplio espectro de actividades criminales desarrolladas por estructuras de
crimen organizado, la Policía Nacional, fortalecerá la coordinación con otras
instituciones como la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia o las
autoridades político administrativa, para articular sus acciones y desarticular estas
72
redes delictivas, poniendo especial énfasis en los flujos económicos que allí se dan
y que son los que aseguran la supervivencia del fenómeno más allá de sus
integrantes. En todas las acciones que realizará el Sector bajo este objetivo, se
pondrá un esfuerzo especial para lograr fortalecer las penas y la judicialización, en
el marco del concierto para delinquir, de los individuos u organizaciones
involucrados en estas actividades delictivas, a fin de lograr una mayor contundencia
en las acciones.
La Lucha contra los Grupos Armados al Margen de la Ley y el Crimen
Organizado, en la transición hacia la paz implica la consolidación y aumento de los
resultados obtenidos hasta el momento. Será necesario realizar acciones que
permitan salvaguardar la integridad del territorio nacional, evitando que cualquier
zona del país y en especial zonas estratégicas, sean utilizadas por los remanentes
de los Grupos Armados al Margen de la Ley y las Estructuras del Crimen Organizado
como áreas de repliegue, supervivencia, refortalecimiento o accionar transnacional.
Para ello, se fortalecerá el control del territorio nacional a partir de criterios
diferenciales y focalizados, que partirán del trabajo conjunto, coordinado e
inteligencia de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, las autoridades político
administrativas y otros actores institucionales. Asimismo, se asegurará el control
territorial mediante el fortalecimiento de la infraestructura y de las capacidades
operacionales, logísticas, de contrainteligencia, dotación y capacitación, de las
Fuerzas Militares y la Policía Nacional, junto con esfuerzos dirigidos a proteger la
población civil de las acciones de los Grupos Armados al Margen de la Ley o el
73
crimen organizado. Se buscará crear un mecanismo de articulación de inteligencia
conjunta, coordinada y combinada dedicada exclusivamente a la neutralización de
las estructuras del crimen organizado. Mantener el pie de fuerza militar será
determinante para el mantenimiento de las capacidades necesarias a fin de
garantizar el cumplimiento de las funciones constitucionales, así como la transición
hacia la paz.
Aunque el país ha avanzado considerablemente en la lucha contra el
narcotráfico, este delito sigue siendo una prioridad para la Seguridad Nacional y una
importante fuente de financiación para los Grupos Armados al Margen de la Ley y
las Estructuras del Crimen Organizado. Para mejorar la efectividad en esta lucha el
Sector trabajará en la formulación y ejecución de nuevas estrategias que permitan
hacer frente a este tema en sus componentes de oferta, demanda, lavado de activos
y cooperación internacional, de forma más coordinada, articulada, integral e
interinstitucional.
En ese sentido el Sector ha definido cinco estrategias que desarrollará para
luchar contra el narcotráfico:
1. Erradicación integral de cultivos ilícitos
2. Fortalecimiento de la interdicción integral marítima, fluvial, aérea y terrestre
3. Fortalecimiento de la investigación, judicialización, extinción del derecho de
dominio y lavado de activos
4. Prevención integral en la producción, tráfico, consumo de sustancias psicoactivas
y provocación de entornos violentos
74
5. Cooperación internacional.
Estas estrategias se realizarán en el marco del nuevo Plan Integral de Lucha
contra el Narcotráfico, formulado por la Presidencia de la República. La lucha contra
el contrabando es una prioridad para el Gobierno Nacional por la afectación
económica que genera y por sus actividades ilegales conexas. El terrorismo, bien
sea realizado por los Grupos Armados al Margen de la Ley, las Estructuras del
Crimen Organizado u otro tipo de organizaciones o actores, sigue ocupando un
lugar preponderante en la agenda sectorial. Las acciones terroristas de los Grupos
Armados al Margen de la Ley contra la infraestructura económica del país han
dejado en evidencia la importancia del tema en la agenda de defensa y seguridad.
Por lo anterior, la protección a la infraestructura crítica y económica se ha convertido
un área prioritaria para la Fuerza Pública.
En consecuencia, como se fortalecerán, con medios y personal, los “Centros de
Operaciones Especiales para la Protección de la Infraestructura” (COPEI) y se
activarán nuevos dónde se requiera. Asimismo, buscando fortalecer las acciones
preventivas de ataques terroristas a la infraestructura crítica, se implementará el
“Centro Integrado de Inteligencia para la Infraestructura”. Igualmente, se
intensificarán los esfuerzos para consolidar el denominado mecanismo gobierno -
industria, el cual ha sido creado para facilitar la permanente coordinación y
comunicación entre la Fuerza Pública.
De igual forma, se llevarán a cabo acciones para desarrollar un Poder Aéreo creíble
75
y sostenible, fortaleciendo las misiones propias de control del espacio aéreo,
superioridad aérea, ataque aéreo, defensa área, defensa antiaérea, maniobra
conjunta - coordinada, guerra electrónica, retanqueo aéreo, alerta temprana y
transporte aéreo.
El Ejército continuará trabajando para fortalecer el Poder Terrestre con su plan
de fortalecimiento diferencial y bajo el concepto de armas combinadas, con el fin de
desarrollar las capacidades necesarias para llevar a cabo operaciones conjuntas,
combinadas y coordinadas, así como de fuerzas especiales, de asalto aéreo, de
despliegue terrestre, de fuegos de superficie, de protección y de movilidad, con altos
estándares de efectividad, sostenibilidad y flexibilidad. La capacidad de acción
conjunta del poder terrestre, naval y aéreo será la piedra angular de las acciones
desarrolladas por el Sector en el ámbito de la defensa.
76
CONCLUSIONES
La Delincuencia organizada es un fenómeno de alcance mundial que en forma
creciente afecta capacidades a los países latinoamericanos. Abordar el tema desde
una perspectiva de política pública orientada a la elaboración de Estrategias
Nacionales contra la DOT puede contribuir a una acción más eficaz contra la
criminalidad organizada. Además, favorecería la calidad de la democracia, al facilitar
la participación en las diversas etapas de esta política pública, la eficacia de la
gestión pública, al facilitar la rendición de cuentas sobre sus, recursos y objetivos
alcanzados, y la cooperación internacional, al permitir establecer el tipo de
colaboración necesaria como resultado de la explicitación estructurada y oficial del
estado del tema en el país y los compromisos adquiridos para enfrentar la
criminalidad organizada.
Desde la década del ochenta el Estado colombiano ha desarrollado una política
para combatir los grupos subversivos que se le enfrentaban. Al mismo tiempo,
llevaba adelante una política de lucha –o guerra en los términos del gobierno
nacional– contra el narcotráfico, y durante mucho tiempo hubo una cierta identidad
entre crimen organizado y los llamados carteles de la droga. Esta identificación llevó
a que los ataques terroristas del grupo de Medellín llevaran a la declaratoria del
estado de sitio, conforme a la Constitución de 1886, y a la expedición de una
normativa de excepción que buscaba llevar adelante una guerra jurídica en contra
77
de estos grupos, lo cual significaba la limitación de los derechos de los procesados
dentro de sistemas especiales de juzgamiento.
En la década del noventa los decretos expedidos con base en el estado de sitio
terminaron siendo normalizados, pero al comienzo de la de 2000 parecía que por
fin se iba a tener una política integral de persecución al crimen organizado. Sin
embargo, esto no fue posible, pues de nuevo se dio la confusión entre conflicto
armado y crimen organizado y, nuevamente, la política terminó identificando los
problemas sin tener en cuenta su dimensión organizada y sin buscar acabar con las
redes criminales. Aún queda por desarrollar esa política integral, que permita al
Estado colombiano tener todos los instrumentos para hacer frente a los delitos
propios del crimen organizado.
Pero para hacerlo, debe partir de la base de una clara determinación de qué se
entiende por crimen organizado, cómo se mide en las estadísticas criminales, cuáles
son los delitos que se deben perseguir y cuál es la estrategia para desmantelar,
penal y económicamente, las redes criminales
La Política de Defensa y Seguridad para la Nueva Colombia recoge la visión y
las acciones que serán puestas en marcha por el Sector Defensa, en el marco de
los objetivos estratégicos identificados, frente a los diferentes desafíos que deben
afrontarse en los ámbitos de defensa y la seguridad en los próximos cuatro años.
78
En función de la nueva realidad que vive el país, las acciones emprendidas por
las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en todo momento están enfocadas en
buscar contribuir a la terminación del conflicto armado, la consolidación de la paz,
el desarrollo socioeconómico y la defensa de los intereses nacionales, así como el
mejoramiento de la seguridad pública y ciudadana y un mayor bienestar para sus
miembros.
El Sector Defensa no declinará en su voluntad de seguir adelante, con arrojo,
decisión y coraje, para construir el país que anhelamos, en paz, con mayor equidad
y mejor educado.
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RECOMENDACIONES
✓ Mientras no se resuelvan las causas estructurales de la violencia, la
delincuencia crecerá en forma progresiva y la ciudad se convertirá en un
municipio más crítico, donde cada vez más jóvenes, como los entrevistados
en esta investigación, terminarán convirtiéndose en miembros de la
delincuencia organizada
✓ La mirada de la delincuencia organizada en Colombia, desde una perspectiva
criminológica, amplía el marco de comprensión del fenómeno y aporta
elementos que sirven de insumo para los procesos de decisión en el ámbito
policial, y para la implementación de políticas públicas que busquen
contrarrestar las causas generadoras de violencia e inseguridad en la ciudad.
80
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