ANTECEDENTES Y NUEVAS PERSPECTIVAS DE LA ASISTENCIA TECNICA EN COLOMBIA1.

Por: Neidy Clavijo Ponce n.clavijo@javeriana.edu.co

1. UNA MIRADA EN RETROSPECTIVA HACIA LOS ENFOQUES Y QUEHACERES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PAÍS.

Tradicionalmente la extensión rural se asume como una deliberada intervención, de naturaleza pública o privada, en un dado espacio rural, realizada por agentes externos o por individuos del propio medio. Está orientada a la realización de mudanzas en el proceso productivo agropecuario y en otros procesos socioculturales y económicos inherentes al modo de vida y de producción de la población rural implicada (Caporal, 1998). Desde esta perspectiva, Alemany (2012) advierte que es importante analizar a la extensión rural como el producto de construcciones llevadas adelante por el hombre en función de sus concepciones e intereses.

El significado del término “Extensión” todavía conlleva cierta ambigüedad y su interpretación no siempre es la misma. En la academia y entre aquellos que trabajan en servicios de extensión rural, hay un significado común respecto a tal término, pero cuando se busca una definición más precisa ésta parece no existir, pues los autores que tratan el tema incluyen diferentes matices e interpretaciones, destacándose por lo tanto, una absoluta falta de unanimidad. En este sentido, pareciera ser que el único acuerdo existente sobre la extensión rural se da en torno a la idea de su importancia como herramienta de intervención en procesos de desarrollo rural (Sánchez de Puerta, 1996:36). Esto es así, porque como afirma Roling (1994:18), “…la extensión cambia con el uso que se le da y con el contexto histórico dentro del cual es llevada a cabo” 2. A estas interpretaciones además suele sumarse con frecuencia el uso de los términos: Extensión Rural y Extensión Agrícola, como sinónimos o como antónimos, lo cual suele causar mayores confusiones. Por lo tanto, sin pretender hacer de éste un espacio de discusión de terminologías, es oportuno presentar algunas definiciones respecto a cada tema:

Según Thornton (2006), Lo Agrícola, se orienta más a la producción y la productividad, con énfasis en el conocimiento técnico, la seguridad alimentaria global y la adopción de nuevas técnicas especialmente de insumos y procesos; mientras que Lo Rural se orienta a los asuntos relacionados con la competitividad territorial, la equidad, la gobernabilidad, la preservación de

1 DOCUMENTO PARA DISCUSIÓN Y CONTEXTUALIZACION AL INTERIOR DEL FORO NACIONAL COLOMBIA-RELASER. Este escrito corresponde a un fragmento extraído de un texto que la autora

elaboró como marco de referencia para la Formulación de los Planes Generales de Asistencia Técnica en Colombia, producto de una asesoría prestada para tal fin a CORPOICA. 2 Según Sánchez de Puerta los teóricos de la extensión latinoamericanos hicieron un intento de cambio

del término «extensión», en los años 70, alegando que aquél denotaba colonización en todos los sentidos. Así, Freire y Pinto, propusieron sendas disyuntivas críticas, intentando cambiar las palabras para variar la filosofía. El primero, prefería hablar de comunicación (Freire, 1973), el segundo, de educación (Bosco Pinto, 1973).

las culturas locales y los recursos naturales, es decir, corresponde a una entidad socioeconómica en un espacio geográfico que funciona con cuatro componentes básicos: territorio3, población, asentamientos que se relacionan entre sí y con el exterior y un conjunto de instituciones públicas y privadas (Ramos, E y Romero, J. 1993). En su sentido más holístico, la Extensión Rural es considerada como:

La intervención junto con la gente, para facilitar procesos endógenos, territoriales y educativos de transformación productiva, social, económica, ambiental e institucional, planificados a través de formas de acción colectiva, y orientados al desarrollo de sociedades sustentables (Alemany, C y Sevilla 2006).

Y a la Extensión Agrícola como aquella donde:

Se aboca a los fenómenos relacionados con los sucesos ocurridos en la finca (explotación agropecuaria) con el fin de mejorar la producción agraria y por ende y la situación del productor agropecuario y de su familia (Frank, O y Torrado, J 2006)

En este documento la separación de estas definiciones es solamente semántica, pues en la práctica conocemos que lo agrícola al tener lugar dentro de entornos culturales, económicos, políticos y ambientales diversos, es parte fundamental de lo rural. Si ese es el caso ¿Por que la mayoría de definiciones y el ejercicio mismo de extensión, suelen hacer énfasis en la productividad agrícola? Quizá sea porque cuando se alude a lo rural, con frecuencia, lo económico se restringe a lo agrícola y este a su vez a la cuestión tecnológica, dirigiendo la totalidad de las acciones al mejoramiento de los sistemas productivos, como vía para el aumento de ingresos y rentabilidades (Méndez 2006). Por otra parte, la respuesta a esta pregunta quizá podría encontrarse en la evolución histórica que ha tenido la extensión, iniciando con los objetivos netamente económicos fundamentados en la industrialización del campo, bajo los cuales fue concebida, hasta los tiempos actuales en que su enfoque, teorías y prácticas tratan de ser compatibles con los nuevos paradigmas del desarrollo sostenible. El cuadro 1, tomado de Thornton (2006), es un referente sobre estas evoluciones y nos da claridad respecto al uso y persistencia de algunas definiciones de Extensión Rural, la mayoría de ellas ligada a la difusión de innovaciones. Cabe aclarar que en su concepto más elemental, la innovación se ha considerado como el proceso de integración de la tecnología existente y los inventos, para crear o mejorar un producto, un proceso o un sistema. (…) “Esta implica la producción de un nuevo conocimiento tecnológico, diferente de la invención que es la creación de alguna idea científica teórica o concepto que pueda conducir a la innovación cuando se aplica el proceso de producción” (Elser, 1992, citado por Verduzco Ríos y Rojo Asenjo, 1994), citados por Delgado y Escobar

3 Por ser éste un concepto polisémico, existen diversas definiciones sobre territorio abordadas desde

varias disciplinas: ecología, geografía, política, sociología, física, entre otras. Sin embargo a pesar de la especificidad de cada una de ellas, existe un factor transversal que se menciona con frecuencia y es la interrelación que existe entre los componentes naturales y los componentes humanos que dan origen a la delimitación y transformación del territorio. Estas interrelaciones que son de diferente índole y magnitud (económicas, de poder, de vinculación con la naturaleza, de saberes, cosmovisión, sociales, de construcción y reconstrucción de identidades culturales, etc.) hacen que se considere al territorio como un recurso con historia, producido, manejado y valorado en forma colectiva -aunque a simple vista no se aprecie como tal (Viveros, D 2007). .

(2009). Como se verá en el capítulo 4 de este documento, sus implicaciones son más complejas que la sola consideración productiva. En la tradición de la economía neoclásica, se entiende que la innovación está inducida por la escasez relativa (y, por ende, el precio) de los factores (Hayami y Ruttan, 1971; Rogers, 1995). De ello se sigue que existe una relación lineal, de insumo/producto, entre la investigación agrícola, el desarrollo de la tecnología y su difusión, y al final, su adopción por los agricultores que da lugar a efectos e impactos económicos y sociales (Hall y colaboradores, 2001a) citados por Berdegué (2005). Lo anterior, da origen a lo que Paz, A (2009) denomina el “modelo lineal de innovación”. Dicho modelo como se ve a continuación, ha regido los procesos de Extensión Rural en América Latina, basándose en la implementación de actividades de investigación científica para la generación de conocimiento básico y aplicado, la generación y el desarrollo de alternativas (tecnológicas) que, una vez probadas como efectivas y eficientes, se inician las actividades de difusión y extensión.

Cuadro 1. Nombres, paradigmas, referentes y enfoques de la extensión rural. ETAPA EVOLUCION DE

NOMBRE PARADIGMAS EMERGENTES

AUTORES REFERENTES

ENFOQUES COEXISTENTES

1945-60 Extensión Agrícola Difusión de innovaciones

E. Rogers Difusión de innovaciones

1960-90 Transferencia de Tecnología y Extensión. Rural

Difusión de innovaciones. Revolución verde.

E. Rogers N. Bourlg

Incremento en la producción de cultivo. Transferencia de paquetes tecnológicos.

1960-80 Comunicación rural Educativo P. Freire Cambio Estructural

1990 Extensión Rural y T.T Sustentable Asistencia Técnica

Educativo, y constructivista. Difusión de innovaciones

Rogers Freire Röling Bruntland

Intensificación productiva, y sustentable, Enfoque de Sistemas Productivos

2005 Extensión Rural y T.T Sustentable Asistencia Técnica

Educativo, Constructivista. Difusión de innovaciones como resultado del aprendizaje y cooperación, Agroecológico

Rogers Freire Röling Bruntland Altieri

Intensificación productiva sustentable. Sistemas productivos y Agroecología.

Fuente: Thronton (2006), adaptado por Clavijo (2008)

Como puede apreciarse, la extensión rural también ha sido atravesada por la problemática del cambio de enfoques y paradigmas (desde la revolución verde hasta la agroecología), ya que es una disciplina científica que nació prioritariamente, como un instrumento conceptual y metodológico para sustentar el proyecto de modernización e industrialización de la agricultura. Su praxis institucional imperante se desarrolló para generar las condiciones que permitieran avanzar hacia la transformación de los ecosistemas desde la lógica de la industrialización de la naturaleza. Sus estrategias se basaron en la aplicación de métodos y prácticas que han considerado a la agricultura industrial como única tendencia de producción en los espacios rurales, lo cual ha limitado la comprensión de la integralidad de los procesos de

desarrollo, sesgando la conceptualización y el ejercicio mismo de la extensión a las actividades productivas fundamentadas en la transferencia de tecnologías. Por lo anterior, a través de los años la perspectiva de adopción y difusión de tecnologías, ha sido criticada, tanto por sus bases teóricas, como por la práctica de intervención que ha inspirado. Al respecto, Sherwood, S y Pumisacho, M (2005), citando a Lewis, C (2004) presentan un resumen de seis fallas de la transferencia de tecnologías:

i. El supuesto de que las tecnologías son adecuadas: Este supuesto indica que las tecnologías promovidas son adecuadas y que los agricultores resistentes al cambio son el problema. Sin embargo, en la práctica un gran número de innovaciones promovidas por los proyectos de desarrollo no tiene sentido para los agricultores. Pocas veces las investigaciones sobre adopción han tomado en cuenta la relevancia de la tecnología. Generalmente, los funcionarios caracterizan en forma negativa a los agricultores que no hayan adoptado tecnologías propuestas por el proyecto, a pesar que desde el principio las tecnologías mostraron no ser adecuadas o relevantes.

ii. El dinamismo de los sistemas agrícolas y los mercados: Es un hecho que los sistemas agrícolas, tanto como los mercados de consumo y venta son altamente diversos y dinámicos. No es realista esperar que los centros de investigación puedan inventar y disponer tecnologías de acuerdo con las demandas particulares de diversos nichos ecológicos y socioeconómicos y además, en forma continua.

iii. El no reconocimiento de los múltiples orígenes de la innovación agrícola: El modelo de transferencia de tecnología asume que la innovación, en su esencia, obedece a un proceso lineal que se cataliza por los científicos en los centros de investigación, y es transferida por los comunicadores (extensionistas) a los agricultores, quienes la aplican. En realidad existen muchas fuentes de innovación, incluyendo las prácticas de los agricultores mismos, a las cuales este enfoque ni percibe ni aprovecha.

iv. Los agricultores son diferentes: Comúnmente los proyectos de desarrollo se centran

en un paquete tecnológico y un sólo plan de capacitación para todos los agricultores, asumiendo que son idénticos. Sin embargo, existe mucha diversidad entre las ecologías de las fincas y los estilos de agricultura de los campesinos. De acuerdo a su manejo de los insumos, de la mano de obra y la relación con los mercados, cada grupo de agricultores responde en forma distinta a las intervenciones.

v. Atención desproporcionada a los agricultores "progresistas": La perspectiva de

ciertos líderes de opinión en las comunidades puede jugar un papel importante en el diseño y la ejecución de los proyectos de desarrollo. Comúnmente, los proyectos orientan sus recursos de capacitación o acceso a materiales en forma desproporcionada hacia los líderes que frecuentemente son más ricos y no representan los intereses de la mayoría. Como resultado, los recursos de los proyectos llegan a la gente que menos lo necesita. Además, los extensionistas generalmente escogen a personas que entienden los problemas o que definen la mejor forma de producir en forma similar a ellos. Es decir, que el sesgo hacia un cierto estilo de agricultura se refuerza mutuamente entre el extensionista y el líder de opinión de la comunidad.

vi. Enfoque en individuos y la racionalidad de decisiones: Aunque es reconocido que

muchas de las decisiones sobre innovación se generan colectivamente, ya sea a nivel de la familia o de la comunidad, el modelo de transferencia se centra en el individuo.

En síntesis, acogiendo las palabras de Berdegué (2005), se ha criticado este paradigma de generación y difusión lineal de la tecnología porque no ha permitido comprender la fuente, la índole ni la dinámica de la mayoría de los procesos de innovación, en particular en el contexto de los países en desarrollo, además porque no prestaron suficiente atención a las cuestiones de distribución o equidad en los procesos de desarrollo.

2. EL CASO COLOMBIANO, CAMBIOS Y ORIENTACIONES EN PROCESOS DE EXTENSION RURAL.

El paradigma dominante, dado por la difusión de innovaciones agropecuarias, también tuvo una fuerte influencia a lo largo de la historia de la extensión rural en América Latina, es así que los programas formales de extensión rural en la región, se inician con una función fundamental centrada en la asistencia técnica agropecuaria, orientada a cambiar los patrones de producción y productividad de las explotaciones. Esta función estuvo inspirada en una filosofía pragmática, bajo la concepción de que la utilización de la tecnología, especialmente foránea, era un elemento esencial para impulsar el desarrollo del medio rural (Gonzáles 2000).

De esta manera, a mediados de los años cincuenta, después de la segunda guerra mundial, Estados Unidos exporta hacia los países latinoamericanos un modelo de extensión rural que va de la mano de los procesos de industrialización de la agricultura en el cual el objetivo principal era transferir los paquetes tecnológicos fundamentados en el uso de insumos químicos, todo esto bajo el ideal de incentivar desarrollo económico a través de la producción comercial de alimentos y la inclusión de los agricultores en el mercado. Es en esta época cuando se inicia la extensión rural en Colombia con la creación de STACA, Servicio Técnico Agrícola Colombiano-Americano, precisamente con el apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica. En 1957, STACA se incorpora al Ministerio de Agricultura y se amplía a todo el país con tres grandes programas: 1) Producción Agrícola y Animal; 2) Mejoramiento del Hogar; y 3) Clubes 4-H, para la juventud rural (Cano 2003).

Posteriormente los procesos de reforma agraria que se iniciaron en la década de los sesenta motivaron la idea que la extensión debía tener un papel protagónico en ellos, sin embargo como lo expresa Sánchez de Puerta (2003) la Extensión Rural nunca asumió tareas de Reforma Agraria y si lo hizo fueron de manera insuficiente, porque se pensó que éstas no eran compatibles con el asesoramiento técnico. En este escenario, la extensión también formó parte de las actividades del INCORA en Colombia.

En esta misma década, se inicia en América Latina, la institucionalización de los servicios de extensión con la creación de las organizaciones especializadas en la investigación y extensión agropecuaria que buscaban responder a la necesidad de establecer capacidades nacionales para la generación y transferencia de tecnología adecuada a las condiciones de los distintos países de la región, ya que la estrategia inicial de difusión de la información y tecnología de los países desarrollados a los de menor grado de desarrollo, no dio los resultados esperados (Gonzáles 2000). Es así que en el año 1962 se funda en Colombia el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el cual estaría encargado de la investigación, extensión y capacitación.

El ICA sería administrado por el Ministerio de Agricultura, pero mantendría un presupuesto independiente, dándole cierto grado de autonomía. En 1967, los servicios de extensión de STACA que llegaban a 46 zonas agropecuarias fueron traspasados del Ministerio de Agricultura al ICA, el mismo que además mantendría la responsabilidad de la seguridad animal y vegetal. Sin embargo, a lo largo de toda su historia el ICA experimentó numerosos cambios hasta 1993, cuando constituyó la principal entidad estatal de investigación y transferencia de tecnología agropecuaria, funciones que fueron traspasadas a la Corporación Colombiana de Investigación

Agropecuaria (CORPOICA), la misma que fue creada con participación del sector público, universidades, gremios y otras asociaciones privadas y que funcionaría con total independencia del sector público y se regiría bajo el derecho privado.

Siguiendo el mismo énfasis en descentralización administrativa, en 1987 en Colombia se otorga a los municipios la responsabilidad de prestar los servicios públicos que determina la ley, construir las obras que demanda el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio y promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural. Una de esas responsabilidades era la prestación del servicio de asistencia técnica agropecuaria a los pequeños productores, a través de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) la asistencia técnica municipal se convierte entonces en el principal instrumento para transferir tecnología agropecuaria a las familias campesinas, garantizándoles los conocimientos necesarios para desarrollar y mejorar su producción agropecuaria. En la práctica esto significó que en la década de los 90, las funciones del nivel descentralizado nacional (ICA, INCORA, etc.), pasan a ser funciones de los municipios. En 1989, con el propósito de promover articulaciones entre los ámbitos locales, departamentales y nacional, y estimular la interacción entre actores públicos y privados, se diseña y norma por medio del decreto 1946 el Sistema Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria, SINTAP, con eje en el ICA y con financiación a través del Fondo DRI. En la concepción general del SINTAP se tienen en cuenta las articulaciones con otros actores públicos y privados que proveen servicios tecnológicos: investigación, transferencia, asistencia técnica, información, capacitación, entre otros.

Los cambios anteriores obedecieron a la reevaluación del modelo latinoamericano de los 60’s y 70’s, que pretendía descentralizar la investigación y extensión agropecuaria, lo cual en la práctica no se logró completamente (Gamarra 2007). Bajo esta concepción varios países de América Latina emprendieron acciones para cambiar las formas y el contenido de la extensión rural. Variados programas, vinculados con los centros experimentales y de investigación, tuvieron presencia en amplias zonas de producción, principalmente para introducir cambios tecnológicos en cultivos de grandes exigencias por la dinámica económica de los países partícipes dirigida a la sustitución de las importaciones, con la esperanza de superar las raíces económicas del atraso y lograr mayores niveles de bienestar y justicia social. Los productos de alimentación básica, como los granos y féculas, experimentaron importantes cambios tecnológicos, con la participación decisiva de los programas de extensión que hacían parte de un método basado en la transmisión de la información y el conocimiento desde los centros experimentales hacia los productores, los mismos que eran básicamente receptores de tecnología, que en su mayor parte, estaba ligada a los insumos: semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, maquinaria agrícola, tecnología de secado y almacenamiento, así como elementos básicos de la gerencia y administración eficiente de las empresas (Gonzáles 2000). Por esos mismos años, en Colombia, fueron fundados distintos centros de investigación para productos específicos que se constituían cultivos con proyección exitosa en el mercado internacional, por ejemplo: CENICAFE, por parte de los caficultores; el Instituto de Fomento Algodonero (IFA) por los algodoneros; CENICAÑA para el caso de la caña de azúcar; y más recientemente CENIPALMA por el gremio palmicultor (Gamarra 2007). La aparición de estos centros significó la recomposición del gasto en investigación y transferencia agropecuaria, pues mientras en los 60’s y 70’s el ICA concentraba la mayoría del gasto, al finalizar los 90’s CORPOICA solo alcanzaba poco más de la mitad de los recursos.

La extensión rural ante esta disyuntiva empieza a dividirse en dos:

a. Una parte, ejercida por los organismos corporativos representativos de las empresas y productos con éxito, principalmente, pero no únicamente, ligados a la exportación y que asumen la función del cambio técnico de la extensión rural de una forma agresiva y comprometida, creando sus propios equipos técnicos integrados a procesos de investigación y desarrollo; de otra parte,

b. La extensión rural ejercida por el Ministerio de Agricultura, los organismos de

la Reforma Agraria y otros relacionados con responsabilidades públicas, con una función de cambio técnico desfasada de las condiciones necesarias para llevar las innovaciones a una clientela que no podía adoptarla (Gonzáles 2000).

En 1994, se inicia en el ICA la operación del PRONATTA (Programa Nacional de Transferencia de Tecnología) con recursos del presupuesto nacional. En 1995, pasa a ser un Programa especial del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y a mediados de ese año se suscribe un empréstito con el Banco Mundial, para financiar el PRONATTA. En el año 2000 se aprueba la Ley 607 que modifica la normatividad para las UMATA. En esta misma Ley existe un artículo relativo al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agroindustrial en el que se abre la posibilidad de que la transferencia de tecnología agropecuaria opere al interior de este nuevo sistema y que implica la desaparición de la figura SINTAP. En el 2002 se aprueba el decreto reglamentario 3199 de la Ley 607 y la resolución 00020 de febrero de 2003. Este nuevo lineamiento de política sectorial, ha sido formulado en consideración a que es necesario diseñar propuestas que estén a la altura de los desafíos que enfrentan actualmente las comunidades campesinas, amenazadas por una fuerte competencia en calidad, valor agregado y acceso a mercados. Según lo estipulado en el marco de la Ley 607, la búsqueda por el incremento de la eficiencia y la pertinencia de la prestación de la asistencia técnica, tenía como objetivo inducir la política de estimular la asociación de municipios y la conformación de organizaciones prestadores de servicios acreditadas. Es así como surgen los Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial (CPGA), organismos de carácter subregional cuyas funciones son:

Elaborar los Planes Generales de Asistencia Técnica Rural, por encadenamientos productivos, en armonía con los Planes de Desarrollo Departamentales y Municipales.

Identificar, consolidar y trabajar en función de encadenamientos productivos en los términos de la Ley 811 de 2003.

Estimular la formulación y gestionar proyectos de desarrollo rural y de planes de negocios agroempresariales con visión de encadenamiento, que aseguren el acceso a los mercados de una forma equitativa, sostenible, competitiva y transparente

Fortalecer organizaciones de productores, transformadores y empresarios en torno a agronegocios y al desarrollo rural del territorio.

Estimular la capacidad de demanda de los campesinos empresarios de la Asistencia Técnica Directa y de los demás instrumentos de política estatal para apoyo al sector agrícola.

Gestionar recursos para los proyectos avalados por el CPGA.

Contratar los servicios de asistencia técnica directa rural y agroempresarial a través de las EPSAGRO (Empresas prestadoras de servicio agropecuario)4

No obstante, según Perry (2012) “…los CPGA no despegaron en la mayoría de regiones del país y no pocos municipios se resistieron a la eliminación de las UMATA, con lo que finalmente quedó un híbrido, y el sistema continuó debilitándose. Al margen de la suerte del sistema oficial, algunos gremios de productores mantuvieron o crearon sus propios sistemas de extensión. Además de los cafeteros, que tradicionalmente han contado con el sistema más extenso, los arroceros, los cerealeros, los cacaoteros, los paperos y, más recientemente, los ganaderos, los porcicultores y los fruticultores establecieron mecanismos de extensión con mayor o menor cobertura y éxito”5. De otra parte, en el año 2007, dando inicios a procesos de privatización y co-financiación de asistencia técnica, a través de la Ley 1133, se crea el Programa Agroingreso Seguro (AIS), siendo uno de sus pilares, la Asistencia Técnica por Incentivos a la Productividad6. Este incluía la destinación de recursos del programa orientados a fortalecer la asistencia técnica, el desarrollo y transferencia de tecnología, así mismo promover la cultura de buenas prácticas agrícolas y pecuarias, la asociatividad entre los productores, y cofinanciar adecuación de tierras e infraestructura de riego y drenaje. Más adelante, esta co-financiación se afianza y a través del Decreto 2010, Resolución 049, donde se remarca y desglosa lo correspondiente a los incentivos a la productividad, mediante dos modalidades:

Artículo 7°. IAT a través de crédito: “Este componente consistirá en una ayuda o apoyo económico expresado en un abono que se realizará con cargo a los recursos que para el efecto destine el Gobierno Nacional, sobre el saldo de los créditos contraídos por el beneficiario para financiar la contratación del servicio de asistencia técnica en las condiciones definidas por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, a través de los intermediarios financieros vigilados por la Superintendencia Financiera”.

Artículo 8°. IAT a través de entidades. Este componente consistirá en una ayuda o apoyo económico expresado en el pago de una parte del monto total de los gastos en que incurran las entidades habilitadas para prestar el servicio de asistencia técnica en este componente, por razón de la prestación de dicho servicio a los productores en el desarrollo de proyectos productivos que comprendan una actividad agrícola, pecuaria, acuícola y/o forestal

En el año 2012, dados las controversias que se suscitaron alrededor del Programa Agro Ingreso Seguro7, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, presenta a los colombianos un Programa renovado, que busca mitigar los efectos negativos causados en el AIS, el Programa Desarrollo Rural con Equidad (DRE), que tiene entre sus fundamentos una concepción más

4 De carácter privado, que deben ser acreditadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para

poder ejercer sus funciones. Más información: http://www.minagricultura.gov.co 5 Pag. 15. Informe final sobre Extensión Rural en Colombia. Presentado 6 de septiembre 2012. Banco

Mundial, Bogotá. 6 El Incentivo a la Productividad para el Fortalecimiento de la Asistencia Técnica (IAT) es una ayuda o

apoyo económico que otorga el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, destinado a sufragar una parte del monto total de los gastos en que un productor incurra con ocasión de la contratación del servicio de asistencia técnica para el desarrollo de proyectos productivos que comprendan una actividad agrícola, pecuaria, acuícola y/o forestal. 7 http://www.eltiempo.com/noticias/agro-ingreso-seguro

integral de los procesos de Asistencia Técnica, de los cuales se discutirán y ampliaran sus bases teóricas, más adelante.

Actualmente en Colombia, según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural, existen tres modelos de asistencia técnica financiada con recursos públicos:

i. La asistencia técnica que prestan las UMATA y los CPGA

ii. La asistencia técnica que prestan los gremios con recursos públicos de los fondos parafiscales

iii. La asistencia técnica por demanda que cofinancian programas del MADR (DRE, Alianzas Productivas y Oportunidades Rurales).

Como puede apreciarse en este breve recorrido, el eje central en la mayoría de los procesos en Colombia, ha sido el de “transferencia de tecnología”8 cuyo objetivo principal consiste en la adopción de nuevas tecnologías por el mayor número posible de beneficiarios a través de procesos fundamentados en la capacitación convencional: El técnico es el dueño del conocimiento y quien intenta persuadir cambios de comportamiento en el agricultor, con el fin de que se mejore la producción y así este, el agricultor, pueda obtener una recompensa, generalmente económica (Clavijo, 2008).

En síntesis, este modelo vertical de intervención, ha sido predominante para promover procesos de innovación y a pesar de las buenas intenciones y la inversión de una considerable cantidad de recursos, los procesos de desarrollo rural que se han centrado únicamente en la transferencia de tecnologías no han podido sobrellevar sus fallas de concepción, y como resultado, no han logrado las mejoras esperadas en los sistemas agrícolas y por ende, en el bienestar de las comunidades rurales9.

3. NUEVAS PROPUESTAS PARA VIENTOS DE CAMBIO. El panorama anterior exige, para incrementar las posibilidades de bienestar, calidad de vida e inclusión económica de pequeños productores rurales, la generación de mecanismos de innovación que no estén fundamentados en modelos verticales de capacitación y que más bien estimulen su participación y con ello puedan incidir en políticas de desarrollo y competitividad local, así como en el reconocimiento de su patrimonio cultural y ecológico, y por supuesto, la valoración e inclusión de sus conocimientos y prácticas de producción, como una ruta para la generación de ingresos y la superación de la pobreza. Sin dejar de lado, los profundos desequilibrios que se viven a consecuencia de las demandas por acceso a tierra y de tecnologías básica para la sostenibilidad de la producción alimentaria. En este punto del documento, cabe aclarar que si bien la expresión de innovación, viene siendo ampliamente utilizada en los últimos años, ésta tiene sus orígenes en la teoría del

8 Transferencia de técnicas y procesos muy especializados y que está centrada en la mejora de los

parámetros productivos del agricultor (Torrado, J y Frank, E 2006). Razón por la cual también suele asociarse a la Transferencia de Tecnología (que es una etapa de los procesos de extensión convencional) como sinónimo de extensión rural. 9 Véase Informe del PNUD 2012. Colombia Rural. Razones para la Esperanza. Disponible en:

http://pnudcolombia.org/indh2011/index.php/el-informe/informe-completo

cambio social, expuesta por William Ogburn (1922). Este autor afirmaba que el cambio social tiene lugar en las interacciones entre dos culturas: la cultura material – artefactos y proyectos tecnológicos – y la cultura inmaterial – las reglas y prácticas sociales –. Sin embargo, otros autores (Chiriboga, 2003; Prins, 2005; Delgado y Escobar, Berdegué, 2005, Barkin, 2009) proponen una mirada de mayor amplitud al concepto de innovación, reivindicándola, más que en un resultado-producto, en un proceso socio-técnico estructural y evolutivo, es decir, una forma de innovación asociada a la mejora de la capacidad de los individuos y colectividades para solucionar problemas presentes y futuros, e identificar soluciones efectivas para ello. O lo que en palabras de Delgado y Escobar (2009) se asume como “el proceso que se realiza con un enfoque sistémico, que requiere de asociaciones y vínculos entre las distintas áreas del conocimiento, para la implementación y el funcionamiento de mejoras en las formas de hacer las cosas, sobre la base de ideas creativas y transformadoras, y que busca siempre extrapolar dichas mejoras con éxito al mercado, a los productos, los procesos y los servicios para obtener un impacto económico, social o ambiental”.

Lo anterior implica que para llevar a cabo procesos de innovación, se requiere de ambientes y factores sociales que incentiven la creación, en terrenos donde se propicien iniciativas con las cuales se compartan conocimientos, así como de ofrecer desde esta figura un escenario de soluciones concertadas para enfrentar problemas colectivamente (Pérez y Clavijo, 2012). Esta visión compleja de innovación, rescata precisamente la dimensión holística del desarrollo rural, la cual permite repensar los papeles y potencialidades locales que los distintos grupos de población, redes y actores, asumen en la construcción de modelos sustentables de innovación para superar la exclusión en los mercados. Esto implica investigar y reconocer que desde los diversos roles de los grupos y movimientos sociales, las personas, pero además las empresas e instituciones que inciden en microsistemas sociales, recrean un principio de novedad, la cual será efectiva, solo si es aceptada y tiene éxito en cuanto a si su contribución mejore las condiciones de bienestar y calidad de vida de las personas. En este orden de ideas, según Pérez (2012), se requiere abordar el énfasis del desarrollo rural en un sentido más amplio, no solamente desde lo concerniente, por ejemplo, al mejoramiento de estructuras tecnológicas para la agricultura, más bien la intensión es la de ampliar la visión sobre lo rural para así comprenderlo, como: “ Un conjunto de regiones o zonas con actividades diversas (agricultura, ganadería, pesca, minería, extracción de recursos naturales, pequeñas y medianas industrias, comercio, servicios, turismo) y en las que se asientan pueblos, aldeas, pequeñas, ciudades y centros regionales y espacios naturales y cultivados” (Pérez, 2001). En este sentido, el autor hace referencia a un espacio geográfico y unos pobladores, cuya adaptación deriva de un tejido social particular, de una base de recursos naturales específicos, de instituciones y formas organizativas propias, y de formas determinadas de producción, intercambio y distribución del ingreso. En esta definición, el territorio rural trasciende las interacciones sociales a una construcción socio espacial que a su modo de ver, se concibe históricamente y se fundamenta en cuatro alcances a saber:

i. Concibe y gestiona el desarrollo de forma más eficiente, en espacios territoriales definidos.

ii. Explica de la mejor manera las relaciones intersectoriales y posibilita el trabajo de interpretación e intervención como un asunto transdisciplinar.

iii. Permite integrar los ejes fundamentales del desarrollo sustentable; esto con base en aspectos de organización económica, de relación con los recursos y medio natural, de organización social y política, y de articulación de los elementos culturales del territorio.

iv. Posibilita la inclusión del conocimiento acumulado por prácticas y experiencias de las comunidades rurales, en el logro de un propósito de desarrollo armónico y democrático.

Al respecto, podemos considerar que nos encontramos, frente a un proceso de revaloración de los espacios y pobladores rurales, mostrando en ellos ventajas comparativas para la circulación de bienes y servicios de productos agrícolas tradicionales y no tradicionales que se localizan en el territorio. Por tanto, concebido lo rural en su sentido más amplio, estaremos reconociendo en ello, su validez como unidad territorial para el fomento del desarrollo. Asunto que es soportado por Falconí (2009), al resumir siete aspectos claves, para llevar a cabo procesos de Desarrollo con Enfoque Territorial Rural, los cuales se citan a continuación:

i. El enfoque territorial. Esto implica definir una política de desarrollo basada en la situación particular de un territorio, sus fortalezas y debilidades. Para el DTR, un territorio es una unidad geográfica local bastante homogénea, caracterizada por una cohesión social interna, una historia y tradiciones compartidas, un sentido de identidad común, etcétera. El territorio seleccionado debe tener en todos los casos coherencia y masa crítica suficiente en términos de recursos humanos, financieros y económicos como para apoyar una estrategia de desarrollo viable. El enfoque «territorial» permite a los actores locales definir una política de desarrollo basada en las circunstancias particulares de su territorio, activos (fortalezas), restricciones (debilidades), necesidades y oportunidades.

ii. Enfoque de abajo hacia arriba. Este concepto tiene como objetivo animar la

participación en la toma de decisiones en el ámbito local en todos los aspectos de la política grupos de interés económicos y sociales e instituciones representativas, públicas y privadas.

iii. Enfoque de asociatividad y organización local para el desarrollo rural (OLDER). La

OLDER es una organización en la que participan actores públicos y privados, unidos en una asociatividad que identifica una estrategia y un plan de acción local común para el desarrollo del territorio. La OLDER es una de las características más originales y estratégicas del enfoque de DTR. Dotada con un equipo técnico, capacidad de tomar decisiones y un presupuesto, la OLDER representa un nuevo modelo de organización.

iv. Innovación. Aunque el concepto de DTR y su aplicación práctica son innovaciones en sí mismas, el enfoque DTR enfatiza que las acciones que se lleven a cabo deben ser también innovadoras. Pueden ser: 1) acciones para promocionar los recursos locales de una forma nueva, 2) acciones que son de interés para el desarrollo local pero no son cubiertas por ninguna otra política, 3) acciones que dan respuestas nuevas a las debilidades y problemas de los territorios rurales, o también 4) la creación de nuevos productos, nuevos procesos, nueva forma de organización o nuevos mercados. La innovación se encuentra también contenida en los componentes demostrativos y en las redes del enfoque, es decir, la divulgación de información a otros grupos de actores

que deseen aprender de los logros alcanzados en otros lugares o quieran emprender proyectos juntos.

v. Enfoque integrado. Las acciones y proyectos contenidos en el plan de acción local están ligados y coordinados como un todo coherente. La integración puede referirse a todas las acciones realizadas en un solo sector, a todas las acciones o grupos de acciones o, incluso más importante, a las relaciones entre los diferentes actores y

sectores económicos, sociales, culturales y medioambientales presentes en el territorio.

vi. Redes y cooperación entre territorios. Mediante el intercambio y circulación de

información sobre las políticas de desarrollo rural y la diseminación y transferencia de innovación, la red de DTR aspira a romper el aislamiento de las OLDER y a establecer una base de información y análisis de las acciones.

vii. Financiación y gestión local. La delegación a las OLDER de una gran proporción de la responsabilidad en la toma de decisiones de la financiación y gestión es otro elemento clave del enfoque de DTR. No obstante, el grado de autonomía de las OLDER varía

considerablemente dependiendo del contexto organizacional específico Para Schejtman y Berdegué (2003), todo lo anterior implica, entender, el Desarrollo Territorial Rural (DTR), no sólo como un proceso de transformación en la economía y en las instituciones, sino también como un cambio de la sociedad rural. Al tanto que dicha transformación requerirá las siguientes precondiciones:

Capital social: La creación de relaciones de confianza y de credibilidad, basadas en conductas de reciprocidad y cooperación, entre los agentes convocados y convocantes. La acumulación de capital social constituye una condición necesaria para hacer viable el DTR.

Identidad: Aunque la identidad puede ser construida en torno a diversos elementos materiales y simbólicos presentes en la localidad, la existencia de comunidades con conciencia de estos elementos permiten iniciar más rápidamente los procesos de DTR.

Mercados dinámicos: La demanda externa al territorio es por lo general el motor de las transformaciones productivas y, por lo tanto es esencial para los incrementos de la productividad y del ingreso.

Poder público: En algunos casos, han sido los órganos del poder público los que por iniciativa propia han impulsado procesos desencadenantes de DTR.

Liderazgo: La presencia de liderazgos que asuman iniciativas capaces de desencadenar procesos de DTR, pueden generar las condiciones para que estos se cristalicen.

La concepción del Desarrollo Rural, con Enfoque Territorial trae a colación el replanteamiento en el quehacer de los procesos de acompañamiento en el campo para fomentar y desarrollar procesos de innovación. Dicho replanteamiento, pone sobre la mesa la proyección de la asistencia técnica como un proceso de aprendizaje conjunto con múltiples actores y relaciones, enfatizando para ello, la importancia estratégica de conectar diferentes redes de generación y circulación de información y conocimientos para promover la viabilidad, la calidad y el impacto de las innovaciones tecnológicas en el sector rural (Prins, 2005). Promueve también el reconocimiento de una experiencia acumulada a través del tiempo tanto por la academia, los Centros de Investigación, las instituciones públicas y privadas, los agricultores y las políticas de estado, experiencia que aunque pudo no haber respondido a todas las expectativas, puede ser concebida como un importante aporte para la generación de nuevas alternativas (Pérez y Clavijo, 2012). En este sentido, el principal desafío que se sugiere bajo la noción del Desarrollo Territorial Rural, es la transición hacia una nueva forma de concebir e implementar la asistencia técnica,

apostando a un enfoque, en el cual el conocimiento y las tecnologías no se crean y procesan en forma impersonal y abstracta, sino en relación con una serie de factores condicionantes que incluyen luchas sobre significados y prácticas que ocurren en la vida cotidiana, entre los cuales constan, experiencias conjuntas, su posterior interiorización, reflexión y conceptualización, que suele ser llevada hacia la experimentación y consiguiente validación para su final adaptación e incorporación a su cotidianeidad, evento después del cual, se podrán reunir todas las bases necesarias para la toma de decisiones ya sea a nivel de la comunidad o de una sola finca. Consideramos así que el conocimiento socialmente relevante, no es definido por criterios organizacionales o por centros de autoridad, sino que son el resultado de interacciones, negociaciones y acomodos que ocurren entre diferentes protagonistas y organizaciones involucrados (Santamaría, 2005).

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