“La biodiversidad ha permitido que los sistemas agrícolas evolucionen desde que la agricul-

tura fue inicialmente desarrollada hace unos 10.000 años en regiones como Mesopotamia,

Nueva Guinea, China, Meso-América y Los Andes. A través del mundo existe ahora una gran

diversidad de sistemas agrícolas que van, por ejemplo, de los arrozales en Asia, al sistema de

pastoreo de tierra firme de África, y a la ganadería en las colinas y las montañas de América

del Sur. Según la FAO, alrededor de 7.000 especies de plantas se han cultivado desde que

el hombre comenzó la agricultura. Sin embargo, apenas 30 cultivos proporcionan aproxi-

madamente el 90% de las necesidades de energía alimenticia de la población mundial, y

sólo cuatro –arroz, trigo, maíz y papas– satisfacen más de la mitad de nuestras necesidades

energéticas. De la cifra conocida de mamíferos y aves, entre 30 y 40 se han domesticado para

la producción de alimentos y menos de 14 especies—incluyendo el ganado, las cabras, las

ovejas, los búfalos y las gallinas—representan el 90% de la producción mundial de ganado”

(Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2008).

1. Introducción

E cuador, uno de los 20 países mega-biodiversos del planeta1, alberga una importante y aún poco conocida diversidad de recursos fito y zoo genéticos esenciales para garan-tizar la seguridad y la soberanía alimentaria de la población. La sostenibilidad de su conservación y uso, al igual que ocurre con la diversidad biológica en su conjunto, ha estado históricamente enfrentada con una visión rentista y de corto plazo que sustentó

el modelo de desarrollo nacional. No obstante, desde finales del siglo pasado, distintos colectivos ciuda-danos, institutos de investigación, organizaciones sociales y no gubernamentales, alzaron su voz para alertar sobre la necesidad de incorporar la agrobiodiversidad en la gestión de la política pública, en un intento por cuidar este recurso estratégico para el Estado y para la sobrevivencia de pueblos y nacionali-

1 www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-13/information/cop-13-inf-45-en.pdf

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bitos alimentarios de la población y estimulan formas de consumo de productos importados y de rápida prepara-ción. Hoy en día es más frecuente encontrar familias que desconocen la diversidad alimentaria del país y las distin-tas formas de uso de la agrobiodiversidad. Este fenómeno, sumado a la conveniencia económica de los productores,

que prefieren la siembra de variedades mejo-radas y sistemas de monocultivo para aprove-char las oportunidades de mercado para sus cosechas, también está conduciendo a la ero-sión genética de la agrobiodiversidad.

Frente a ello, varios foros globales y espacios de debate nacional han coincidido en la ne-cesidad de integrar la agrobiodiversidad de manera efectiva en la gestión de las políticas de desarrollo a nivel nacional, sectorial o sub-nacional (Ervin, 2016; CDB, UNDP, UNEP, 2013), así como en la articulación sustantiva de la acción gubernamental con la iniciativa privada y el emprendimiento social que ga-rantice soberanía sobre nuestro sistema ali-

mentario y la producción de alimentos sanos, suficientes y nutritivos. Precisamente, el presente documento, ofrece una visión panorámica de los esfuerzos del Ecuador por incorporar el tratamiento de la agrobiodiversidad en el marco nacional de planificación y políticas públicas, así como de su abordaje desde el enfoque de la soberanía ali-mentaria y el resultado de su integración en la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2030 y su Plan de Acción para el período 2016-2021.

dades que han mantenido una íntima relación con ella.

La Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad, for-mulada en el año 2001, recogió las primeras reflexiones y aportes ciudadanos. Sin embargo, fue en el año 2008 que finalmente se consagró en la Constitución de la Repúbli-ca, una visión coherente del significado de la agrobiodiversidad para la nación y del rol que debe asumir el Estado para cautelar su inte-gridad. No solamente por su trascendencia para alcanzar los objetivos del buen vivir de la población, sino por el derecho que tienen la naturaleza a su existencia, al mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, funciones y procesos evolutivos. A partir de ahí, son varias las políticas públicas, instrumentos jurídicos y declaraciones que se han formulado en favor de la agrobiodiversidad. Desde la sociedad civil, también son numerosas las iniciativas que han tenido lugar y que han aportado en su protección, recuperación y uso sostenible.

Los últimos informes nacionales sobre el estado de la biodiversidad (MAE, 2015) y de la agrobiodiversidad (INIAP, 2015), son recurrentes en mencionar a la defo-restación, el cambio de uso de la tierra, la contaminación y la introducción de especies exóticas, como los principales factores que ponen en riesgo a la agrobiodiversidad. Sin embargo, también es necesaria una mirada crítica a los procesos de modernización capitalista del agro, así como a las tendencias globales del mercado que sustituyen há-

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2. Elementos del debate nacional en torno a la agrobiodiversidad

“La diversidad biológica ha sido y es utilizada para beneficio de la población ecuatoriana y ha permiti-

do el desarrollo del país. La biodiversidad agrícola y pecuaria, o agrobiodiversidad, ha sido y continúa

siendo la base de la economía y desarrollo del Ecuador y ha protegido la seguridad alimentaria de la

población” (MAE, 2001).

C ma de la agrobiodiversidad; asegurar su recuperación ante eventos catastróficos; evaluar su funcionamien-to y sostenibilidad; propiciar la inversión privada, con fines de asociación para el comercio de varieda-des nacionales; y, formar talentos humanos para la administración de los bancos genéticos.

Estas propuestas fueron en aquel momento necesarias, ya que varios datos reportados para ese año alertaban so-bre la erosión genética que estaba sufriendo la agrobio-diversidad (Estrella & Nieto, 2000). Luego de 16 años, muchos son los avances en la gestión de la agrobiodiver-sidad, pero también son muchos los temas pendientes. Los Informes Nacionales enviados por el Ecuador a la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, evidencian aportes sustantivos, principalmente en el ámbito constitucional y normativo, así como en el diseño de políticas públicas. Sin embargo, subsisten las mismas causas que a principios de siglo pusieron en riesgo la conservación de la agrobiodiversidad y la sostenibilidad de los modelos de producción que aseguren la provisión de alimentos sanos, seguros y asequibles para la pobla-ción ecuatoriana.

El INIAP, por ejemplo, mencionaba en el año 2008 que: “La Región Amazónica y el archipiélago de Galápagos han sido identificados como los más prioritarios para realizar estudios de inventarios y conservación de los recursos fitogenéticos, por su alta susceptibilidad a los peligros de erosión genética causados por la expansión de las áreas agrícolas, los asentamientos urbanos, la ampliación de la infraestructura vial, la introducción de plantas y animales invasores y la explotación petrolera. En el siguiente lugar de prioridad está la Región Sierra, que en la actualidad enfrenta amenazas de deforestación y erosión de sus suelos que causan la perdida de la bio-

on esta declaración, recogida a inicios del presente siglo en la Estrategia Na-cional de Biodiversidad 2001-2010, el Estado ecuatoriano daba una clara muestra del valor estratégico otorgado

a la agrobiodiversidad, al tiempo que afirmaba su voluntad de adhesión al cumplimiento del Programa de Trabajo so-bre Diversidad Biológica Agrícola, especialmente el Ele-mento 4 del Programa, según el cual se proponía: “Prestar apoyo al desarrollo de planes o estrategias nacionales para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica agrícola y promover su incorporación e integra-ción en planes y programas sectoriales e intersectoriales” (CDB, 2000). De acuerdo a ello, el Ecuador propuso de-sarrollar las siguientes líneas de acción (MAE, 2001):

1. La diversificación de la base de producción de ali-mentos y estimulación de la oferta y demanda local de especies y variedades nativas.

2. La promoción de la exportación de productos de la agrobiodiversidad nativa (en su mayoría no tradicio-nales y nuevos), mediante el estudio de los mercados internacionales; el desarrollo de estrategias de pene-tración y promoción en los mercados más promiso-rios, con garantías de calidad y volumen; y el incenti-vo a la exportación de estos productos.

3. El impulso a la adopción de prácticas, tecnologías y procesos de producción limpia en las actividades ac-tuales, el desarrollo progresivo de la agroecología, la recuperación de suelos y el buen uso de los recursos, especialmente del agua. La progresiva sustitución de los químicos más peligrosos y el desarrollo y fomento a la producción orgánica y biológica con énfasis en el control biológico.

4. El desarrollo de mecanismos para garantizar la efi-ciencia y sustentabilidad de los bancos de germoplas-

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diversidad andina. En la tercera posición, en términos de prioridad para el estudio y el inventario de sus recursos fitogenéticos, está la Región Costa que abarca el área más explotada del país, en donde los daños causados por las empresas madereras y camaroneras y los sistemas agrícolas extensivos han destruido casi la totalidad de los bosques secos y mangles del Litoral” (INIAP, 2008).

En la actualidad, no se puede afirmar que haya mejorado el escenario analizado por Estrella y Nieto en el 2000 o por el INIAP en el 2008. La Secretaría Técnica para la Erradicación de la Pobreza, por ejemplo, señala que “predomina el patrón productivo derivado de la «revolu-ción verde», altamente dependiente de insumos agroquí-micos y desarrollos tecnológicos intensivos en capital. La modernización de la producción agro-empresarial se ve acompañada por problemas de eutrofización por des-carga, contaminación y pérdida de biodiversidad, provo-cando impactos ambientales mayores como la deforesta-ción, la destrucción de hábitats, la emisión de gases de efecto invernadero, la simplificación de la diversidad am-biental y la configuración de agroecosistemas inestables sujetos a enfermedades y plagas. Cada vez es más clara la relación epidemiológica entre el uso de pesticidas, herbicidas y fungicidas, y la creciente incidencia de ma-

les como alergias, diabetes, estrés oxidativo, problemas hormonales y reproductivos, e inclusive cáncer, entre otros” (Senplades, 2014).

La visión planteada por la Senplades es compartida por la ciudadanía, la misma que en varios foros ha expresa-do también su preocupación ante la falta de rigurosidad a la hora de poner en práctica las políticas públicas que se han diseñado para proteger la agrobiodiversidad y ga-rantizar la sustentabilidad ambiental del modelo agrario. Entre otros criterios, se ha reiterado la percepción que el país no ha logrado apartarse del modelo extractivista y primario exportador, que históricamente incentivó for-mas de producción basadas en la revolución verde, con un claro énfasis en sistemas de monocultivo, aplicación de agrotóxicos, uso de semillas híbridas, sistemas de la-branza intensiva y la subordinación del campesinado al agro-negocio, perdiendo así autonomía y soberanía ali-mentaria y contribuyendo a la degradación ambiental a la que conllevan los monocultivos (Segundo Encuentro Nacional de Agroecología, 2014).

Esta percepción ciudadana es recogida en un reciente informe preparado por el INIAP, el mismo que señala: “Las políticas extractivas como las acciones de incen-

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tivo a la extracción minera y de hidrocarburos siempre son potencialmente actividades que podrían ser agentes causales de riesgo, amenaza y en algunos casos pérdida de la biodiversidad y con ella de los recursos genéticos de interés para la alimentación y la agricultura. Además, la visión «simplista» sobre los bosques y ecosistemas, de señalar que solo sirven para proveer madera o en otros casos que «no tienen valor», ha llevado en otros gobier-nos al diseño e implementación de políticas públicas que conducen a la deforestación y/o cambio de uso de la tierra, desde ecosistemas primarios a agroecosistemas y con ello, a la pérdida de recursos genéticos importantes para la alimentación y la agricultura, en todas sus cate-gorías de uso y aplicación” (INIAP, 2015).

La problemática descrita, que por cierto no es exclusi-va del contexto ecuatoriano, debe ser entendida como parte de una tendencia global que ubica a la agricultu-ra y a la biodiversidad en una permanente tensión. El crecimiento constante de la población y la consecuente demanda mundial de alimentos, sumado al cambio en los hábitos alimentarios y patrones de consumo, han creado el marco apropiado para el florecimiento de una agricultura intensiva en el uso de insumos, concentra-dora de los medios de producción, de alta capacidad

de inversión y de generación de renta, que coloca mer-cancías más que alimentos en los circuitos globales de consumo. Por lo tanto, si bien es cierto que la agricul-tura moderna ha aumentado la producción de bienes comestibles, no es menos cierto que también ha sido responsable de la pérdida de la biodiversidad y la ero-sión genética de la diversidad agrícola.

Esta visión de la agricultura es poco consecuente con el derecho que tiene la naturaleza a su existencia, al man-tenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estruc-tura, funciones y procesos evolutivos; así como al dere-cho de las personas y colectividades al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes, nutritivos y culturalmente apropiados (Constitución de la Repúbli-ca del Ecuador, 2008). Así, el incremento de la fron-tera agrícola, el cambio de uso de suelos con alto valor de conservación, el uso intensivo de agroquímicos, la simplificación de los sistemas de producción, la re-con-centración de la tierra o el desplazamiento de familias campesinas e indígenas, son apenas algunas de las ma-nifestaciones de un modelo agropecuario insostenible e incompatible con los principios constitucionales que abrazó el Ecuador cuando decidió asumir un modelo de desarrollo basado en el Buen Vivir.

“Muchas prácticas modernas y enfoques a la intensificación dirigidas a lograr altos

rendimientos, han dado lugar a una simplificación de los componentes de los sistemas

agrícolas, la biodiversidad y los sistemas de producción ecológicamente inestable.

Estos incluyen el uso de monocultivos, con reducción de la diversidad de cultivos

y la eliminación de la rotación o sucesión de cultivos, el uso de variedades de alto

rendimiento y los híbridos con la pérdida de variedades tradicionales y la diversidad

junto con una alta necesidad de insumos de fertilizantes inorgánicos, el control de las

malas hierbas, las plagas y las enfermedades sobre la base de productos químicos

(herbicidas, insecticidas y fungicidas) tratamientos, más que de los métodos mecánicos

o biológicos. La tierra y la conversión de hábitat a gran escala de la producción agrícola,

incluyendo el drenaje de la tierra y de transformación de los humedales que también

ha causado una pérdida significativa de la diversidad biológica. La homogeneización de

la agricultura con el paisaje, eliminación de los espacios naturales, incluidos los setos,

arboledas y los humedales, a fin de lograr mayor escala de las unidades de producción

a gran escala para la producción mecanizada ha llevado también a la disminución de la

biodiversidad y los servicios ecológicos”

(Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2008)

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“Se estima que alrededor de tres cuartas partes de la diversidad

genética de los cultivos agrícolas se ha perdido durante el último

siglo. El 90% de nuestra energía de alimentos y proteínas proviene

tan sólo de 15 plantas y 8 especies de animales” (CDB, 2016).

a preocupación mundial sobre la agrobiodiversidad ha es-tado presente desde la primera Conferencia de las Partes (COP) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), celebrada en el año 1994. Esto condujo a que en 1996 se establezca un programa multianual de trabajo sobre la diver-

sidad biológica agrícola, que finalmente fue aprobado en Nairobi, en el marco de la COP5 que tuvo lugar en el año 2000. Este programa definió como obje-tivos: a) Promover los efectos positivos y mitigar los impactos negativos de las prácticas agrícolas sobre la biodiversidad en los agroecosistemas y su interfaz con otros ecosistemas; b) Promover la conservación y el uso sostenible de los recursos genéticos de actual y potencial valor para la alimentación y la agricul-tura; y, c) Asegurar la participación y promover la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura.

La necesidad de dar respuesta a la crisis alimentaria global, motivó para que la Conferencia de la FAO en 2001 adopte el Tratado Internacional sobre Recur-sos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA), que entró en vigor en el 2004. Los objetivos de este Tratado son: la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; y, la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización, en armonía con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, para una agricultura sostenible y la seguridad alimentaria (FAO, 2009). De esta manera se consolidó un claro direccionamiento en el abordaje de la «diversidad agro-biológica», desde la perspectiva del valor que tienen los sistemas de producción agropecuaria en finca, así como de la importancia de la conservación in situ de aquellas plantas silvestres afines a las cultivadas y de las plantas silvestres para la producción de alimentos. Esta visión sería determinante en el rumbo que se siguió en el tratamiento de este tema a nivel global.

Años más tarde, en el 2009, los Jefes de Estado y Gobierno de todas las naciones del mundo, preocupados por la agudización de la crisis alimentaria que afecta-ba en aquel año a una sexta parte de la población mundial, se dieron cita en la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria, para reafirmar el derecho que

3. La agrobiodiversidad, una mirada breve desde Nairobi a Cancún.

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tienen todas las personas de acceder a alimentos suficien-tes, inocuos y nutritivos. En el marco de esta Cumbre se adoptó la Declaración de Roma, la misma que resolvió: “…promover nuevas inversiones con objeto de incrementar la producción agrícola sostenible y la productividad de la agricultura, reducir la pobreza y obrar por el logro de la se-guridad alimentaria y el acceso a los alimentos para todos”; así como también decidió: “Afrontar de forma proactiva los retos que plantea el cambio climático para la seguridad alimentaria mundial y las necesidades de adaptación de la agricultura y mitigación en ella, así como aumentar la ca-pacidad de respuesta de los productores agrícolas ante el cambio climático, con especial atención a los pequeños agricultores y las poblaciones vulnerables” (FAO, 2009).

Luego de una década de haberse implementado el programa multianual de trabajo sobre la diversidad biológica agrícola, la COP10 del CDB volvió a recordar la importancia de la di-versidad biológica agrícola para la seguridad alimentaria y la nutrición, en especial ante las evidencias del fenómeno del cambio climático y sus impactos en la seguridad alimentaria y en el sector agrícola. También tomó nota del significati-vo aporte del plan de trabajo conjunto de las secretarías del CDB, la FAO y su Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura, y dispuso el diseño de la segunda etapa de su programa de trabajo en relación con las Metas de Aichi y el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 (CDB, 2010), particularmente en relación con la Meta 7 de Aichi, que propone: “Al 2020 las zonas destinadas a agricultura, acuicultura y silvicultura se gestionarán de manera sostenible, garantizándose la con-servación de la diversidad biológica” (CDB, 2010).

Estos dos instrumentos, el Plan estratégico para la diver-sidad biológica y el Programa de trabajo conjunto sobre la

diversidad biológica agrícola, marcaron en su momento un punto de inflexión en el abordaje de la agrobiodiversidad en el plano internacional. En efecto, a pesar que el CDB asumió en el 2000 una definición amplia, por más de una década se dio un mayor énfasis a la gestión de los «recur-sos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación», sin lograr una plena incorporación de los demás componentes de la diversidad biológica que son esenciales para alcanzar la soberanía alimentaria. Es en la Decisión X/34 de la COP 10 que aparece explícitamente el vínculo de la diversidad biológica agrícola con el cambio climático, con los recursos zoogenéticos, con la gestión de paisajes agrícolas y los servi-cios ecosistémicos, recordando que lo primordial es garan-tizar la seguridad alimentaria y la nutrición, en los términos que fueron expresados en la Declaración de Roma (2009).

Así, luego de seis años de haber iniciado su implementa-ción, las Metas de Aichi han llegado a ser mucho más que un marco de referencia a nivel global; en el caso concre-to de la agrobiodiversidad, han permitido posicionar a la biodiversidad en su conjunto como el elemento clave para asegurar la alimentación y la agricultura, bajo una com-prensión más amplia y cabal de la importancia que tienen todos los ecosistemas terrestres y acuáticos para garantizar el derecho de las personas: a alimentos sanos, saludables, suficientes y nutritivos. De igual manera, la perspectiva de análisis y de acción que ofrecen las Metas de Aichi, ha facilitado un abordaje integral del estado y tendencias de la agrobiodiversidad, tanto de sus valores tangibles como intangibles; así como también ha contribuido a un análisis más objetivo de cuáles son los impulsores de cambio, un entendimiento más profundo de los beneficios generados por los ecosistemas y las respuestas que los Estados nacio-nales deben adoptar para incrementar las oportunidades para su conservación y uso sostenible.

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4. Avances en la integración de la agrobiodiversidad en las políticas públicas

n el ámbito nacional, el llamado a la acción global en fa-vor de la agrobiodiversidad ha sido motivo de una larga y profunda reflexión desde la sociedad civil y las instancias gubernamentales. Es así que en la Constitución de la Re-pública, aprobada mediante referéndum en el año 2008,

aparecen no menos de diez artículos que hacen referencia al derecho que tiene la población para tener un acceso seguro y permanente a ali-mentos sanos, saludables, suficientes y nutritivos, preferentemente pro-ducidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales (Artículos 13, 32, 66 y 281); así como al deber que tiene el Estado de garantizar la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiver-sidad agrícola como elemento fundamental para alcanzar la soberanía alimentaria (Artículos 14, 57, 250, 281, 397, 400, 404 y 410). Estas garantías son el resultado de un largo proceso de reivindicación de las organizaciones sociales, de campesinos y agricultores, que llevaron a la Constituyente de Montecristi una visión renovada de la relevancia de la agrobiodiversidad para alcanzar el sumak kawsay.

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De manera puntual, se debe mencionar al Art. 57 de la Constitución de la República, donde “Se recono-ce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas (…) los siguientes dere-chos colectivos: Numeral 8: Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de la comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustenta-ble de la biodiversidad; Numeral 12: Mantener, pro-teger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recur-sos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conoci-miento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora”. Esta disposición es fundamental, pues es in-cuestionable que los territorios de los pueblos y na-cionalidades se encuentran menos intervenidos con «sistemas modernos de producción agropecuaria» y, por lo tanto, guardan un valioso acervo de recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados.

Es también importante destacar la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria (LORSA), que

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entró en vigor a partir de 2009, en donde se estable-cen los mecanismos para que el Estado cumpla con su obligación de garantizar a las personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, nu-tritivos y culturalmente apropiados de forma perma-nente. En este cuerpo normativo, la protección de la agrobiodiversidad y las semillas nativas constituyen los ejes fundamentales, al afirmar que: “El Estado así como las personas y las colectividades protegerán, conservarán los ecosistemas y promoverán la recupe-ración, uso, conservación y desarrollo de la agrobio-diversidad y de los saberes ancestrales vinculados a ella. Las leyes que regulen el desarrollo agropecuario y la agrobiodiversidad crearán las medidas legales e institucionales necesarias para asegurar la agrobiodi-versidad, mediante la asociatividad de cultivos, la in-vestigación y sostenimiento de especies, la creación de bancos de semillas y plantas y otras medidas simi-lares así como el apoyo mediante incentivos financie-ros a quienes promuevan y protejan la agrobiodiver-sidad” (Art. 7).

En complemento, se debe mencionar también al proyecto de Ley Orgánica de Agrobiodiversidad y Semillas, que se debate actualmente en la Asamblea Nacional, y que tiene por objeto regular el uso y con-servación de la agrobiodiversidad en lo relativo a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agri-

cultura; además de normar el uso, conservación, ca-lificación e intercambio libre de la semilla nativa, la producción, certificación, comercialización impor-tación, exportación y acceso a la semilla de calidad, mediante la investigación y fomento. De esta manera, queda claro el enfoque asumido en el campo legisla-tivo y el interés que tiene el Estado ecuatoriano de gestionar la agrobiodiversidad de manera responsable y sostenible, aportando desde la perspectiva de los re-cursos fitogenéticos al cumplimiento del régimen del buen vivir previsto en la Constitución de la República.

El desarrollo de un marco constitucional y jurídico adecuado, ha sido propicio para transversalizar la gestión de la agrobiodiversidad en la planificación na-cional y sectorial. Así, el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, define un lineamiento de política orientado a “Fortalecer la aplicación de la normati-va para la conservación, recuperación y protección de los recursos genéticos de la agrobiodiversidad y especies silvestres emparentadas, a fin de reducir la erosión genética y garantizar la soberanía alimenta-ria” (Senplades, 2013). De igual manera, con el pro-pósito de detener los procesos de degradación de la base productiva de los recursos naturales vinculados a la actividad agropecuaria en los territorios rurales, la Secretaría Técnica para la Erradicación de la Po-breza (SETEP) estableció como estrategia: “Trans-formar progresivamente los sistemas convencionales de producción agropecuaria en sistemas agroecoló-gicos y agroforestales, para garantizar la protección y recuperación de la fertilidad de los suelos cultivables y proteger la agrobiodiversidad” (Senplades, 2014).

A nivel sectorial, la política agropecuaria establecida por el ente rector en esta materia, ha definido como un lineamiento de gestión, la generación de “nuevos conocimientos y tecnologías agregadoras de valor, po-tencializando la preservación, recuperación y uso de la

agrobiodiversidad” (MAGAP, 2016). Por su parte, en el ámbito de los gobiernos autónomos descentraliza-dos, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), expedi-do en el año 2010, asignó el ejercicio de fomento de la seguridad alimentaria a los gobiernos regionales, con una clara obligatoriedad de coordinar y articular sus políticas y acciones con todos los gobiernos autó-nomos descentralizados de su circunscripción territo-rial en el ejercicio de sus competencias de fomento de desarrollo agropecuario y productivo.

Como se puede apreciar, en la última década ha exis-tido un abordaje serio y riguroso en la elaboración de leyes y políticas públicas relacionadas con la agro-biodiversidad. En la actualidad, las políticas públicas sobre agrobiodiversidad son gestionadas desde una dirección nacional que forma parte de la Subsecre-taría de Agricultura del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), desde donde se articula a un amplio, diverso y complejo mapa de actores a nivel nacional y local. Por su parte, el Ministerio del Ambiente hace seguimiento al tema desde la esfera del cumplimiento de los compromi-sos internacionales, principalmente en el ámbito del CDB, aunque reconoce el papel fundamental que tie-ne esta Cartera de Estado en la gestión de políticas orientadas hacia la conservación y uso sostenible de la biodiversidad silvestre que también es fundamental en la provisión de alimentos, tanto para los pueblos y nacionalidades que viven y dependen de los eco-sistemas naturales, así como para toda la población ecuatoriana2.

2 Comentario personal, Dr. Wilson Rojas, funcionario de la Dirección Nacional de Biodiversidad y punto focal del CDB en el Ecuador.

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305. La Estrategia Nacional de Biodiversidad y su apuesta

por la agrobiodiversidad al 2030

L a importancia de la agrobiodiversidad y los desafíos que enfrenta su conser-vación, fueron abordados en la Estra-tegia Nacional de Biodiversidad 2030 (ENB) que ha sido oficializada de ma-

nera reciente por el Ministerio de Ambiente. La ENB define las prioridades del Estado ecuatoriano para foca-lizar acciones de protección, valoración, restauración, investigación y uso sostenible del patrimonio natural. Esta estrategia se organiza en 4 objetivos estratégicos y

20 resultados nacionales, cuidadosamente alineados con el Plan Nacional de Desarrollo (PNBV) y el Plan Estraté-gico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Me-tas de Aichi del CDB. Los temas relativos a la agrobio-diversidad están presentes en tres objetivos estratégicos y seis resultados nacionales, con sus respectivas metas, medidas y acciones a ser cumplidas en el período 2016-2021, para lograr una plena incorporación de la biodi-versidad y los recursos genéticos en la configuración de la nueva matriz productiva del país.

OBJETIVO 1Incorporar la biodiversidad, los bienes y los servicios ecosistémicos asociados, en la gestión de las políticas públicas del Estado ecuatoriano

META 3 – AICHIPara 2021, a más tardar, se habrán eliminado gradualmente o reformado los incentivos, incluidos los subsidios, perjudiciales para la diversidad biológica, a fin de reducir al mínimo o evitar los impactos negativos, y se habrán desarrollado y aplicado incentivos positivos para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica de conformidad con el Convenio y otras obligaciones internacionales pertinentes y en armonía con ellos, tomando en cuenta las condiciones socioeconómi-cas nacionales.

RESULTADO 3 - ENBPA

Ecuador ha consolidado un portafolio de incentivos para la protección, uso soste-nible y restauración de la biodiversidad; y se han puesto en marcha medidas para la eliminación de los incentivos perversos que limitan su conservación.

Meta 3.3: Para el 2021 se han eliminado subsidios e incentivos perversos que estimulan el cambio de uso de la tierra en áreas prioritarias para con-servación; la erosión genética de variedades cultivadas; la importación de abonos, insecticidas, herbicidas y fungicidas; y la sobre-explotación de re-cursos pesqueros.

Meta 3.4: Para el 2021 se ha estructurado la bioindustria, en los segmentos bienes ambientales y servicios ambientales, como una cadena integrada a la nueva matriz productiva del país.

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OBJETIVO 2Reducir las presiones y el uso inadecuado de la biodiversidad a niveles que aseguren su conservación

META 6 – AICHIPara 2021, todas las reservas de peces e invertebrados y plantas acuáticas se gestionan y cultivan de manera sostenible y lícita y aplicando enfoques basados en los ecosistemas, de manera tal que se evite la pesca excesiva, se hayan establecido planes y medidas de recuperación para todas las especies agotadas, las actividades de pesca no tengan impactos perju-diciales importantes en las especies en peligro y los ecosistemas vulnerables, y los impactos de la pesca en las reservas, especies y ecosistemas se encuentren dentro de límites ecológicos seguros.

RESULTADO 8 - ENBPA

Ecuador aprovecha de manera sostenible los recursos marino-costeros y dulceacuí-colas en los niveles industrial, artesanal y de subsistencia, para garantizar la conser-vación de la biodiversidad y el desarrollo de la actividad dentro de límites ecológi-cos seguros.

Meta 8.2: En el 2021 se han adoptado sistemas de producción acuícola, técnica y económicamente viables y que facilitan el aprendizaje, particular-mente en algas y moluscos.

Meta 8.3: Al 2021 se ha creado un entorno legal e institucional que facilita el acceso a la maricultura comercial en las primeras 8 millas desde el bor-de costero, con acceso preferente a la maricultura artesanal y demarcando áreas para su uso exclusivo.

META 7 – AICHIPara 2021, las zonas destinadas a agricultura, acuicultura y silvicultura se gestionarán de manera sostenible, garantizándose la conservación de la diversidad biológica.

RESULTADO 9 - ENBPA

Ecuador asegura el manejo sostenible de los sistemas de producción agropecuario, agroforestal y silvícola, a través del uso de tecnologías y energías limpias, garanti-zando la conservación de la biodiversidad

Meta 9.1: Al 2017 se implementa la Agenda de transformación productiva amazónica con la activa participación de pueblos y nacionalidades.

Meta 9.3: Al 2017 se ha revertido la tendencia de la participación de las im-portaciones en el consumo de alimentos agrícolas y cárnicos, alcanzando el 5,0%

META 13 – AICHIPara 2021, se mantiene la diversidad genética de las especies vegetales cultivadas y de los animales de granja y domesti-cados y de las especies silvestres emparentadas, incluidas otras especies de valor socioeconómico y cultural, y se han de-sarrollado y puesto en práctica estrategias para reducir al mínimo la erosión genética y salvaguardar su diversidad genética.

RESULTADO 15 - ENBPA

Ecuador aprovecha sustentablemente sus recursos genéticos, vinculados al cambio de la matriz productiva y a la soberanía alimentaria.

Meta 15.1: Para el 2021 se ha consolidado el Banco Nacional de Germo-plasma de especias nativas para la alimentación y agricultura y especies silvestres asociadas.

Meta 15.2: En el 2021 se ha implementado el Banco Nacional de Semillas certificado y actualizado que incluye todas las especies consideradas útiles en ese momento.

Meta 15.3: Hasta 2017 se ha implementado dos (2) Centros de Bioconoci-miento (CBDA) en cada provincia para la conservación de la agrobiodiver-sidad local.

Meta 15.4: Hasta el 2017 se han incrementado un 10% los sistemas de pro-ducción agrobiodiversos, que integran y potencian el conocimiento y expe-riencias de las mujeres y hombres de los pueblos y nacionalidades.

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OBJETIVO 4Fortalecer la gestión de los conocimientos y las capacidades nacionales que aseguren la innovación en el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y los servicios eco-sistémicos

META 18 – AICHIPara 2021, se respetan los conocimientos, las innovaciones y las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y lo-cales pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, y su uso consuetudinario de los recursos biológicos, sujeto a la legislación nacional y a las obligaciones internacionales pertinentes, y se integran plenamente y reflejan en la aplicación del Convenio con la participación plena y efectiva de las comunidades indígenas y locales en todos los niveles pertinentes.

RESULTADO 18 - ENBPA

Ecuador ha establecido un régimen de pro-tección, preservación y promoción del co-nocimiento tradicional, los saberes ances-trales y expresiones culturales tradicionales pertinentes para la conservación y uso sos-tenible de la biodiversidad.

Meta 18.1: Para el 2017 se cuenta con un marco jurídico enfocado en la crea-ción de valor a partir del uso intensivo de la generación, transmisión, gestión y aprovechamiento del conocimiento, que ademes incluye los conocimientos tradicionales.

Meta 18.2: Al 2017 se cuenta con protocolos bioculturales que permitan a cinco nacionalidades registrar sus conocimientos tradicionales asociados al uso de los recursos biológicos y genéticos.

META 19 – AICHIPara 2021, se habrá avanzado en los conocimientos, la base científica y las tecnologías referidas a la diversidad biológica, sus valores y funcionamiento, su estado y tendencias y las consecuencias de su pérdida, y tales conocimientos y tecnologías serán ampliamente compartidos, transferidos y aplicados.

RESULTADO 19 - ENBPA

El Ecuador, bajo la coordinación del Institu-to de Investigaciones de la Biodiversidad, impulsa la investigación científica aplicada y desarrolla procesos tecnológicos innova-dores que sustentan el cambio de la matriz productiva.

Meta 19.1: Para el 2021, el Ecuador implementa la agenda nacional de inves-tigaciones, con el involucramiento de la academia, sector público, privado, pueblos y nacionalidades.

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Reflexiones finales

ablar de agrobiodiversidad es hablar de segu-ridad y soberanía alimentaria; es decir, del de-recho que tenemos las personas en Ecuador para controlar nuestro sistema alimentario y satisfacer nuestras necesidades presentes y

futuras de alimentos sanos, suficientes y nutritivos. En este propó-sito, tanto las especies cultivadas y silvestres que están integradas a los agroecosistemas, como aquellas que permanecen en los eco-sistemas naturales, son parte intrínseca de la cosmovisión de los pueblos y comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y montubias; y por lo tanto, cumplen un rol fundamental en la re-producción de nuestras tradiciones alimentarias y afirmación de nuestra cultura.

Es por ello que conservar la agrobiodiversidad no es tan solo pro-teger aquella expresión de la vida que de manera generosa toma forma de alimento en nuestras mesas, conservar la agrobiodiversi-dad es también proteger los sistemas de producción local, las eco-nomías campesinas, los circuitos de comercialización solidarios. En definitiva, conservar la agrobiodiversidad significa proteger el derecho que las familias rurales tienen para acceder de manera equitativa a la tierra, al agua, a la tecnología y al financiamiento.

En estos diez años, el Ecuador ha dado pasos firmes en el desa-rrollo de normas constitucionales y legales, así como en la formali-zación de políticas públicas que aseguren aspectos fundamentales para la agrobiodiversidad y la soberanía alimentaria, tales como el acceso al agua de manera equitativa, impidiendo su privatización; la re-distribución de la tierra y la protección de territorios ancestra-les; la gestión sostenible de la agrobiodiversidad y semillas, entre los más significativos.

HDesde el ámbito legislativo, es vital complementar el marco jurídico que operativice las disposiciones constitucionales en el campo de la gestión sostenible de la biodiversidad; el apro-vechamiento de los recursos zoogenéticos, forestales, acuíco-las, microrganismos e invertebrados; la promoción de chacras biodiversas, sistemas de garantía local, agroturismo y fomento a los emprendimientos rurales, de la sanidad agropecuaria y el desarrollo agropecuario visto desde la economía popular y so-lidaria; la recuperación de suelos y la cobertura vegetal en áreas de importancia para la agrobiodiversidad; mejorar las posibili-dades de venta y comercio de los productores agroecológicos, entre otras.

Desde el ámbito institucional, es imperativo el fortalecimiento de la autoridad competente en materia de agrobiodiversidad, así como una mejor y más fluida articulación entre las autoridades nacionales que comparten competencias; y de estas con los go-biernos subnacionales, redes de productores agroecológicos y el sistema financiero, articulando de mejor manera la política fis-cal y financiera para garantizar el flujo de financiamiento verde a favor de los emprendimientos rurales sostenibles, fundamental-mente de corte agroecológico.

Finalmente, será fundamental continuar con los esfuerzos orien-tados a reducir al mínimo las presiones directas y los impactos ne-gativos de la erosión genética de la agrobiodiversidad y, al mismo tiempo, potenciar la investigación como base para el desarrollo de la bio-industria, entendiendo a esta como una nueva cadena productiva que se sustente en el bioconocimiento, la protección y el aprovechamiento de los recursos genéticos como base de un sistema alimentario solidario, saludable y sostenible.

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Con el apoyo de:

Redacción: Alfredo López MoraRevisión: David Suárez-Duque FAO, César Tapia INIAP y Wilson Rojas MAEFotografías: Archivo fotográfico MAE y FAODiseño y diagramación: Diego Enríquez, INDIGO480

Walter García Cedeño, Ministro del Ambiente.Javier Ponce, Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca Juan Manuel Domínguez, Director Ejecutivo del INIAP

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Referencias

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La inclusión de Agrobiodiversidad en la Estrategia Nacional de Biodiversidad fue posible gracias al apoyo del Proyecto de Agrobiodiversidad GCP/ECU/086/GFF, ejecutado por FAO, MAGAP, INIAP, Fundación Heifer-Ecuador, y financiado por el GEF.