FRANQUISMO SIN FRANCO. LA “MODÉLICA” TRANSICIÓN La Policía, la Guardia Civil y la extrema derecha provocan más de un centenar de muertes, en intervenciones represivas institucionales o en “incontroladas” agresiones de carácter “ultra”, entre 1976 y 1980. Durante todo ese periodo –salvo en la primera mitad de 1976- Adolfo Suárez preside el Gobierno y Rodolfo Martín Villa, el general Antonio Ibáñez Freire y Juan José Rosón, sucesivamente, están al frente del ministerio del Interior. La mayor parte de las víctimas se producen a consecuencia de intervenciones desproporcionadas de las Fuerzas de Orden Público contra pacíficos manifestantes o huelguistas y también como resultado de criminales agresiones y atentados protagonizados por bandas fascistas. A lo largo de esa etapa, la Policía Armada se reconvierte en Policía Nacional y el gris franquista característico de su siniestro uniforme da paso primero al color marrón y, por fin, al azul. Pero esos cambios formales no implican, paralelamente, una transformación profunda de la filosofía represiva del Cuerpo. Y la Guardia Civil se mantiene aún más intacta: conserva su estructura militar, sus hábitos tradicionales, el mismo uniforme verde y el temible tricornio acharolado del que escribió García Lorca. Muchos de los muertos y heridos en la calle durante la segunda mitad de los 70 tienen alrededor de 20 años. La violencia estatal, parapolicial y ultraderechista de la Transición se ceba, de modo especial, en los jóvenes que pelean por la ruptura democrática, golpea con saña a quienes intentan provocar un profundo corte histórico con el franquismo. El primer e ineludible paso, en ese camino hacia un cambio político y social auténticos, consiste en alcanzar la amnistía para todos los antifascistas que aún permanecen encarcelados por haberse enfrentado contra la dictadura. Pero a medida que el proceso de ruptura se va desactivando, como una víctima más de los pactos políticos y el “consenso” entre la oposición y los franquistas que dirigen la operación de lavado de cara del Régimen, los partidos

mayoritarios de la izquierda también comienzan a olvidarse de los presos que aún quedan encerrados en las viejas mazmorras de la dictadura. Es el movimiento popular el que sigue reclamando en la calle la amnistía para todos ellos. Y algunos de los que participan en esa lucha pagan con su propia vida la libertad de los últimos reclusos antifranquistas. Como les ocurre a Arturo Ruiz, Mari Luz Nájera, Jesús María Zabala, José Luis Cano... Ningún policía es condenado por su responsabilidad en estas numerosas muertes. En algunos casos, se crean comisiones de “investigación” controladas por el propio ministerio del Interior, que siempre hacen imposible conocer siquiera los nombres de quienes han efectuado los disparos. Sólo en una ocasión se consigue saber de qué armas reglamentarias han salido las balas asesinas. Son las pertenecientes a los policias nacionales que disparan mortalmente contra los estudiantes José Luis Montañés y Emilio Martínez, el 13 de diciembre de 1979, en Madrid. Esa vez, de modod excepcional, tres funcionarios uniformados son llamados a declarar ante el juez... Y finalmente se desestima su procesamiento. Por otra parte, los atentados neofranquistas se recrudecen durante estos años. Sólo en 1980 son asesinadas 22 personas en distintas acciones reivindicadas por organizaciones ultraderechistas. En Madrid, Valencia, Valladolid o Sevilla, las organizaciones fascistas pretenden adueñarse de lo que llaman “zonas nacionales” y provocan un enorme derramamiento de sangre. Casi siempre actúan con total impunidad y gozan de la evidente connivencia de las fuerzas de orden público. Algunos de los asesinos ultras tienen, además, estrechas conexiones con los servicios de información, que posibilitan sus fugas fuera de España. Es el caso de Juan Ignacio Fernández Guaza, autor de la muerte de Arturo Ruiz; de Daniel Fernández Landa, el asesino de Arturo Pajuelo, de José Antonio Llobregat, que apuñala mortalemente a Jorge Caballero, o de Íñigo Guinea, acusado de matar a Juan Carlos García durante el asalto al bar San Bao en Madrid. En otras ocasiones son los propios jueces quienes se encargan de conceder a los ultras permisos penitenciarios para que puedan

escapar. Como ocurre con los miembros de Fuerza Nueva Fernando Lerdo de Tejada o Emilio Hellín. Los nombres de Ricardo Varón Cobos, Rafael Gómez Chaparro y otros magistrados franquistas aparecen una y otra vez en estos casos. Siempre protegiendo a elementos fascistas. A lo largo del presente apéndice hemos intentado hacer un relato lo más completo posible de un capítulo especialmente trágico y olvidado de la Transición. Es muy probable que, tras la compleja búsqueda de datos hemerográficos y la prolija recogida de testimonios personales llevaba a cabo, se nos haya pasado algún nombre a la hora de elaborar estas líneas. Pero con ellas queremos rendir homenaje a todas las víctimas de la violencia institucional y ultraderechista que se produjeron durante la Transición. Salvo en el caso de unos pocos luchadores, cuyas muertes son recordadas públicamente porque tuvieron singular trascendencia política, como las de los abogados laboralistas de Atocha, muchas de las víctimas sólo perviven en la memoria de sus parientes y amigos. La monocorde historiografía de la Transición no se ha ocupado de ellas. Pero más de un centenar de familias quedaron destrozadas por las Fuerzas de Orden Público y la extrema derecha durante ese periodo. Y los allegados a los muertos no forman parte de ninguna asociación respaldada por ayudas públicas. La mayor parte de sus seres queridos asesinados no han sido considerados, de forma oficial, víctimas de ningún terrorismo. Y además, en muchos casos, tampoco nadie ha sido condenado por haber acabado con sus vidas. Todos estos antifascistas, cuyas muertes recordamos aquí, son los que dieron todo, durante la Transición, para intentar que el franquismo no se perpetuara en España. 1976

El 24 de febrero de 1976, durante una manifestación celebrada en la localidad alicantina de Elda, fallece el trabajador Teófilo del Valle. Es el primer muerto del año y de la recién instaurada Monarquía a manos de las Fuerzas de Orden Público. Cinco días antes, en una multitudinaria asamblea, los trabajadores del calzado han decidido ir a la huelga por su convenio laboral. Reclaman 5.000 pesetas semanales de aumento salarial o 2.500 de incremento lineal para todas las categorías; 40 horas de trabajo en 5 jornadas laborales, 28 días de vacaciones al año y que las empresas se hagan cargo del pago del IRTP. En el ámbito de la provincia de Alicante hay alrededor de 21.000 asalariados en el sector del calzado, entre los que se encuentra el jóven obrero de 20 años Teófilo del Valle. El seguimiento de la huelga va creciendo hasta llegar a paralizar el 90% de las fábricas del ramo. En su número de marzo de 1976, la Gaceta de Derecho Social publica la siguiente crónica de la muerte de Teófilo: “El día 23 de febrero, lunes, faltaban 24 horas para la tragedia. Cuatro mil personas reunidas en la plaza de Castelar, de Elda, habían decidido, en asamblea, marchar hasta el vecino pueblo de Petrer, donde sólo llegarían después de haber experimentado varias cargas de la policía en coches y con las sirenas al viento, que obligaron a los marchantes a salirse de la carretera, para evitar ser atropelllados. Cuando llegaron a Petrer eran siete mil. Un día después, el 24 de febrero, en la misma plaza de Castelar, se habían reunido 5.000 personas ya a las ocho de la tarde, ante lo que las Fuerzas de Orden Público, para evitar quizá lo ocurrido el día anterior, daban orden de que no se formasen grupos de más de cinco personas y, luego, cargaban repetidamente contra los congregados, empleando todo tipo de material antidisturbios. Era el comienzo. Los manifestantes, dispersados, acosados y perseguidos por todo el pueblo, optarían al fin por replegarse hacia un polígono existente en las afueras de Elda, sin iluminar y lleno de cascotes, por estar aún en construcción. La policía, que había dado orden de cerrar los bares de la localidad, optaría por no entrar en el polígono. Mientras, unas

doscientas personas realizaban una asamblea en una iglesia del barrio en construcción, y sería al salir de la misma cuando se encontrarían con varios vehículos de la policía que pasaban frente a ellos. Se lanzan piedras al último coche. Sus ocupantes bajan del mismo y disparan...” Teófilo del Valle cae herido de muerte. El día siguiente, el Gobierno Civil de Alicante emite la siguiente nota: “En las últimas semanas se han venido produciendo an algunas localidades de la provincia, y con diversos motivos, manifestaciones, aparentemente espontáneas, que, en determinados casos, como el de Elda, habían adquirido carácter casi diario y que venían disolviéndose pacificamente al simple requerimiento de las autoridades locales y de las fuerzas conservadoras del orden público. Sin embargo, en los últimos días se apreciaba no solamente un aumento del número de participantes, sino también la aparición de actitudes de agresividad inesperadas, dado el comportamiento pacífico de los días anteriores. Estas actitudes nuevas se materializaron ampliamente el pasado lunes día 23, cuando ya en actitud airada, ante la Casa Sindical de Petrel, al ser requeridos para disolverse, atacaron con piedras y otros medios, e insultaron a la Fuerza Pública, a la que incluso agredieron y que hubo de cargar repetidamente para dispersarlos”. (*) (*) “La lucha por la democracia en Alicante”. Enrique Cerdán Tato. Editorial Casa de Campo).

“(...) Según informa a mi autoridad la jefatura de la Policía Armada, cumplida su misión, la Fuerza actuante emprendió, sobre las veintitrés horas y quince minutos, el regreso a esta capital, y que cuando el vehículo que cerraba marcha, de gran cabida de personal, transcurría por la calle de San Roque, para tomar la de Antonio Maura, que enlaza con la carretera general, fue atacado con piedras y otros objetos contundentes por su parte posterior, lo que obligó, dada la violencia del ataque, a que parase para repeler la agresión por los medios disuasorios ordinarios y propios para estos casos; pero que al sonar algunos disparos, hubieron de hacer uso de sus

armas, resultando alcanzado unos de los atacantes, que falleció posteriormente, siendo detenidos otros tres e instruyéndose diligencias por la Autoridad judicial competente”. Evidentemente, los manifestantes no realizan ningún disparo y los únicos casquillos que se encuentran en el lugar del crimen son los disparados por la policía. Fieles a las técnicas de desinformación practicadas a lo largo de su carrera política por el titular del ministerior de la Gobernación, Manuel Fraga Iribarne, los funcionarios del Gobierno Civil de Alicante emprenden una campaña para desprestigiar al trabajador asesinado: “El fallecido es Teófilo del Valle Pérez, nacido el 1 de febrero de 1956, natural de Silleda (Pontevedra), oficinista, residente en Elda desde 1964, y de vida irregular, el cual había sido detenido con otros en junio de 1975, en Madrid, como componentes, al parecer, de una banda de traficantes de droga, habiéndoseles intervenido siete kilos y trescientos cincuenta gramos de haschis que tenían escondidos en un piso franco del barrio de Canillejas”. Por supuesto, esta historia es absolutamente falsa. Como respuesta al asesinato, se produce una huelga general -no sólo en el sector del calzado- en las comarcas del Vinalopó (Elda, Petrer, Elche...). Más de 20.000 personas se concentran ante la casa de los padres del obrero asesinado y acompañan el féretro hasta el cementerio, donde los restos mortales de Teófilo del Valle son apresuradamente inhumados. Se crea una comisión ciudadana para exigir el esclarecimiento de los hechos, que no consigue ninguna reparación o explicación adicional a las indignas notas oficiales. -El 3 de marzo, en Vitoria, son acribillados por la policía los trabajadores que participan en una asamblea que tiene lugar dentro de la iglesia de San Francisco de Asís. A consecuencia de los disparos mueren cinco obreros: Francisco Aznar Clemente, Pedro María Martínez Ocio, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo García y Bienvenido Perea (ver capítulo de Fraga).

-El 5 de marzo muere en Tarragona Juan Gabriel Rodrigo Knajo, de 19 años. Cae desde una azotea mientras intenta escapar de la policía, durante una manifestación de protesta por los asesinatos de Vitoria. -El 8 de marzo, en Basauri (Vizcaya), muere por disparos de la Guardia Civil Vicente Antonio (o Antón??) Ferrero, obrero de 18 años, durante otra manifestación de protesta por los sucesos de Vitoria. - El 23 de marzo, un comando parapolicial ametralla, en una céntrica calle de San Juan de Luz, al refugiado vasco Tomás Pérez Revilla. Él resulta ileso pero queda gravemente herida su esposa, tras recibir diez impactos de bala. -El 9 de mayo son asesinados Aniano Jiménez Santos y Ricardo Pellejero. Les disparan un comandante del Ejército y varios elementos ultraderechistas, respectivamente. Las dos víctimas participaban en la ascensión anual de los carlistas a Montejurra, cerca de la localidad navarra de Estella (ver capítulo de Montejurra). -El 8 de julio, en Santurce, muere María Norma Menchaca Gonzalo, de 44 años. Normi baja de su casa, con varios vecinos más, a celebrar el Día de la Sardina, mientras en otro lugar del pueblo, muy cerca, tiene lugar una manifestación a favor de la amnistía para los presos políticos antifranquistas. Las carreras y las cargas policiales ya están casi finalizando cuando suena un disparo, realizado, según numerosos testigos presenciales, por un elemento parapolicial infiltrado entre los manifestantes. Normi cae herida de muerte. Ese día, los ultraderechistas, vestidos con camisa azul de “arrantzale” y pañuelo al cuello, y protegidos por la policía, hieren también de gravedad a otras dos personas, Sebastián Peña y José Unamuno. “A mi madre la mataron conocidos fascistas de aquí del pueblo, guerrilleros de Cristo Rey que se habían disfrazado de pescadores”, asegura Roberto Fernández Menchaca, hijo de la fallecida, 26 años después del crimen. “A uno de ellos le llamaban “El Chape”, y

cuando, al día siguiente del fallecimiento de mi madre, yo fui a hablar con el gobernador civil, él salía de su despacho. Le dije: “Deténgalo, gobernador, que ese es uno de los que mataron a mi madre...” Por poco me detiene a mí”. Las autoridades sacan el cadáver de Norma del hospital, le hacen la autopsia y después lo entierran sin pedir siquiera permiso a los familiares de la fallecida, que, durante mucho tiempo, no pueden saber con seguridad cuál es la tumba en la que deben depositar sus flores. El Juzgado de Instrucción número cinco de Bilbao abre diligencias por la muerte de Norma, pero poco después son sobreseídas, “al no aparecer elementos suficientes para acusar a determinada persona como autor, cómplice o encubridor del delito perseguido”. En 2002, la Audiencia Nacional reconoce el derecho de Normi Menchaca a ser considerada, a todos los efectos, víctima del terrorismo. Uno de los pocos casos en los que se ha conseguido esta consideración para una persona asesinada por la extrema derecha franquista durante la Transición. Su familia debe ser indemnizada con casi 140.000 euros. -El 13 de agosto, Francisco Javier Verdejo Lucas, estudiante de 19 años, muere en Almería por disparos de la Guardia Civil. Recibe un balazo por la espalda mientras hace una pintada: “Pan, trabajo y lilbertad”. Es plena feria patronal en la localidad andaluza y el suceso conmociona a toda la provincia. Javier es hijo de un personaje muy conocido en aquellas tierras, Guillermo Verdejo, un franquista recalcitrante que ha sido presidente del Colegio de Farmacéuticos y alcalde de Almería. Cuando los guardias civiles que han asesinado a su hijo se presentan ante él para ofrecerle sus excusas, intentando explicarle que lo ocurrido ha sido fruto de un accidente, el padre de la víctima les contesta que sólo han cumplido con su obligación. Los familiares del fallecido intentan que el entierro pase despercibido, pero la gente abarrota la iglesia de la Virgen del Mar. Varios camaradas del Javier, que militaba en la Joven Guardia Roja, organización juvenil del Partido del Trabajo de

España (PTE), y miembros de otros partidos de izquierda arrebatan el féretro a la familia y lo llevan en hombros hasta el cementerio, al frente de una gran multitud. El gobernador civil de Almería es el fiscal Roberto García Calvo, que en 2001 llegará a magistrado del Tribunal Constitucional. Ordena la detención de quienes han paricipado en “el secuestro del cadáver” durante el entierro, pero no realiza ninguna investigacion sobre las circunstancias en la que se ha producido la muerte del joven comunista y archiva rápidamente el caso. Cuando es designado juez del Tribunal Constitucional, 25 años después, respaldado por el gobierno de José María Aznar, a nadie se le ocurre preguntarle por el asesinato de Javier Verdejo. El grupo musical andaluz “Gente del Pueblo” graba poco después un homenaje a Javier por sevillanas: “Por las playas de Almería / nacieron claveles frescos, / sembrados con la semilla / del joven Javier Verdejo. / Cayó su cuerpo “jerío”, / como en otoño las hojas / y con su sangre, en la arena, / puso la bandera roja”. -El 8 de septiembre muere en Fuenterrabía Jesús María Zabala, delineante de 24 años, por disparos de la Guardia Civil, mientras participa en una manifestación pro amnistía. Son las fiestas del “Alarde” y 50.000 personas asisten a su funeral. El día 9 se inicia una huelga general en todo el País Vasco como rechazo al nuevo crimen. En la misma composición de Gente del Pueblo que rinde homenaje a Javier Verdejo, titulada “Pan, trabajo y libertad”, también se recuerda a Jesús María Zabala: “Cómo se agitan los mares, / Euskadi se ha “estremecío” / y al grito de libertad, / se levanta “embravecío”. / El pueblo pide justicia / por la muerte de Zabala, / por todos los que han caído / heridos cuando luchaban”. -El 22 de septiembre, en La Laguna, Bartolomé García Lorenzo, estudiante de 21 años, muere acribillado a tiros por agentes de policía que siguen la pista de un delincuente común, El Rubio, con quien la víctima no tiene ninguna relación. Los agentes asaltan, por

equivocación, el piso donde se encuentra Bartolomé y, sin aviso previo, ametrallan la puerta del domicilio. Una ráfaga de subfusil atraviesa el tercer piso, del portal cuarto, del bloque de edificios de la Divina Pastora, en la popular barriada de Somosierra-García Escámez, de Santa Cruz de Tenerife. Entre las personas que ocupan el interior de la vivienda hay, en ese momento, dos niños, de tres y quince meses. Son los hijos de Antonia Lorenzo, prima de Bartolomé. La madre y los dos críos, afortunadamente, resultan ilesos, pero Bartolomé cae muerto. Cuando termina el asalto, los vecinos del inmueble consiguen contar 33 orificios de bala en la puerta ametrallada. Las manifestaciones de protesta por este asesinato, las más importantes de toda la historia de La Laguna, son reprimidas con enorme dureza. Se produce una huelga general y hay violentos disturbios que se saldan con 27 manifestantes detenidos. El inspector José Antonio del Arco Martín es condenado por la Audiencia de Tenerife, en 1982 , por delito de homicidio, a dos años de prisión que no cumple. Poco después de ser condenado es destinado al servicio de escolta del ministro socialista Ernest Lluch y luego nombrado jefe de Contravigilancia de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. Otro de los agentes que participa en la operación que concluye con el asesinato de Bartolmé, Juan José Merino Antón, es condenado a otros dos años que tampoco cumple. Además. No pierde su lugar en el escalafón policial y es ascendido a subcomisario. También son condenados a dos años de prisión José María Vicente Toribio, Ángel Dámaso Estrada, Juan Gregorio Valentín Oramas y Miguel Guillermo López García. Ninguno de ellos entra en prisión ni ve perjudicada su carrera profesional. El 28 de enero de 1986, la Audiencia de Tenerife, mediante un auto, declara extinguida la responsabilidad de los agentes en el homicidio de Bartolomé García. -El 27 de septiembre de 1976, durante una manifestación celebrada con motivo del primer aniversario de los cinco últimos fusilamientos de Franco, es asesinado en Madrid el estudiante de psicología Carlos

González Martínez, de 21 años. Es el quinto hijo de una familia de seis hermanos y su padre, Eduardo González Calderón, trabaja como comentarista deportivo en Radio Madrid. Paradójicamente, el padre del joven asesinado fue combatiente de la División Azul y un hermano suyo murió en los frentes soviéticos. Carlos no participa en la manifestación, camina por la calle de Alcalá, alrededor de las 9 de la noche, en compañía de dos amigos, y al llegar a la confluencia de la calle de Barquillo se encuentra con un grupo de manifestantes que huyen de la policía. En la carrera pierde a sus amigos. Junto a la esquina de la calle de Barquillo con la de San Marcos, se topa con tres individuos armados con pistolas. Uno de ellos, de alrededor de 25 años, viste pantalón vaquero y jersey, es alto y con el pelo rizado. Otro, de unos 30 años, tiene un aire tosco y brutal, es fuerte y más bajo que el anterior y viste una camiseta marrón. El tercero es rubio, de pelo corto, con zamarra verde de tipo militar y un pantalón claro. Suenan varios disparos y Carlos cae al suelo, boca abajo, mientras se oyen gritos de “¡Viva Cristo Rey!”. La trayectoria de la herida, que empieza en la espalda, en el riñón izquierdo, y llega hasta muy cerca del corazón, a un centímetro, parece indicar que Carlos se encuentra corriendo, inclinado hacia delante o incluso a punto de caer, cuando recibe el impacto. El disparo está hecho a quemarropa, apenas a un metro de distancia. Más tarde aparecen en el lugar del crimen cuatro casquillos de bala (dos de 7,65 y otros dos de 9 milímetros). Carlos fallece en la madrugada del 28 de septiembre. Juan José Rosón, recién nombrado gobernador civil de Madrid, ha asumido las reponsabilidades del orden público en la provincia, función hasta entonces reservada al jefe superior de Policía. A pesar de la precisa descripción de los asesinos que hacen varios testigos presenciales, no se detiene a nadie en relación con el caso. -El 15 de diciembre, durante una manifestación a favor de la abstención en el referéndum de la Ley de la Reforma Política, es brutalmente apaleado por la policía el joven Angel Almazán Luna. Mientras el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, y su ministro de

la Gobernación, Rodolfo Martín Villa, celebran el éxito del “sí” en la consulta, Angel fallece el día 20 de diciembre, en la Residencia de La Paz, a consecuencia del severo traumatismo craneal que le han provocado los policías. No se realiza ninguna investigación. 1977 -El 9 de enero, en Sestao (Vizcaya), muere Juan Manuel Iglesias, de 16 años, a consecuencia de una insuficiencia cardiaca producida por el pánico. Varios miembros de la Policía Armada le siguen hasta el interior de un bar donde Juan Manuel intenta refugiarse. En ese momento hay una manifestación pro amnistía y la víctima huye de la carga policial. Su entierro se convierte en una manifestación masiva de duelo y se convoca un huelga general en la que participan cien mil personas. -El 7 de enero, en Chirivella (Valencia), muere José Vicente Casabany durante otra manifestación, también de un ataque al corazón. Tenía 31 años, era trabajador de la empresa Aisina y miembro de CC.OO. La policía reprime duramente a los participantes en su funeral. -El 23 de enero, en Madrid, es asesinado Arturo Ruiz García, de 19 años, por disparos de un pistolero ultraderechista. El fallecido era estudiante y trabajaba de albañil en una obra. Su muerte se produce durante una manifestación a favor de la amnistía, convocada en la Plaza de España madrileña, que ha sido prohibida por el ministro Martín Villa. El gobernador civil de la capital es Juan José Rosón. Las calles de Madrid han aparecido llenas de pintadas que llaman a la manifestación. Incluso el granito franquista del Arco de Triunfo de Moncloa sirve de soporte para la convocatoria. En letras grandes se puede leer sobre uno de sus laterales, el que da al parque del Oeste: “Amnistía Total. Las paredes no estarán limpias mientras las cárceles estén llenas” y “España mañana será republicana”. El PCE

no apoya la cita reivindicativa. Ya no quedan militantes suyos en las prisiones y Carrillo quiere desmarcarse claramente de las manifestaciones pro amnistía, para que no entorpezcan sus negociaciones con el Gobierno encaminadas a conseguir cuanto antes la legalización del partido que él encabeza. El ambiente en el centro de Madrid pesa, se barrunta que va a ser una jornada dura. Es imposible acercarse a la Plaza de España, y los saltos comienzan a producirse en la calle de la Princesa y en Callao, minutos antes de la hora convenida. Las primeras cargas provocan la dispersión de algunos manifestantes por las peligrosas calles de Libreros, Silva, Tudescos... Una zona donde suelen estar agazapados elementos fascistas que actúan con la protección de la propia policía política y de los antidisturbios. En la confluencia de las calles de Silva y la Estrella, junto a la Gran Vía, espera un grupo de ultras. Un hombre con un abrigo loden verde dispara al aire para disolver a varios jóvenes manifestantes y, cuando éstos huyen, otro de los fascistas le pide la pistola, la empuña con ambas manos y dispara por la espalda a Arturo Ruiz, que cae fulminado. La bala le atraviesa el pulmón y le destroza el corazón. Herido de muerte, es retirado de la zona en ambulancia, mientras la policía deja escapar a los asesinos y carga contra los manifestantes que gritan indignados. Poco después, en el lugar donde ha caído Arturo, un grupo de jóvenes coloca varios ladrillos en círculo, alrededor de la sangre del muchacho muerto, y hacen una cruz con dos palos y una cuerda que les arrojan los vecinos de una casa cercana. Inmediatamente vuelven a intervenir los antidisturbios, que retiran los ladrillos, rompen la cruz y restriegan la sangre del suelo con sus botas. Mientras tanto, otros manifestantes son heridos de bala y golpeados con saña por los grupos de “Guerrilleros de Cristo Rey” que actúan en la zona. La más grave de todos, Florencia Marcano González, que recibe un disparo en el pecho. La nota oficial del Gobierno Civil, encabezado por Juan José Rosón, señala que la muerte del joven Arturo Ruiz se ha producido a

consecuencia de “un enfrentamiento entre grupos de significación política contraria”. El hombre del loden verde es Jorge Cesarsky Goldstein (*), pistolero argentino afincado en España desde los años 60, colaborador del SCOE, los servicios paralelos de información que organizó el coronel Blanco. Cesarsky es un nazi de origen judío. También se consigue identificar entre los miembros del grupo de asesinos de Arturo Ruiz a Angel Sierra, otro conocido activista de extrema derecha. El autor material del disparo que acaba con la vida del joven manifestante es José Igancio Fernández Guaza. Después de disparar, se retira de la zona y va a refugiarse a las dependencias policiales de la calle de Rey Francisco, 21, sede del Servicio de Coordinación Organización y Enlace (SCOE), adonde acude también Cesarsky tras la manifestación. Posteriormente, Fernández Guaza huye de España. Recoge dos pistolas de su casa, precipitadamente, y viaja en coche hasta el País Vasco, por donde pasa a Francia. Antes de cruzar la frontera pide a su mujer, María del Carmen Chacón, que le envie un giro a una dirección que, según se comprueba después, es la de un guardia civil, Juan García Cabrera. Fernández Guaza será detenido nunca. Cesarsky es el único condenado por la muerte de Arturo. De los seis años a los que es condenado pasa sólo uno en prisión y, paradójicamente, sale en libertad beneficiándose de la amnistía que reivindicaba Arturo Ruiz cuando fue asesinado. El ultra argentino declara, poco después de ser detenido: “El ex camarada Martín Villa quiere mostrar a la opinión pública que está actuando. Con su pasado falangista, Martín Villa y Suárez están utilizando esta trampa para decir que ya no lo son”. El sumario por la muerte de Arturo Ruiz lo inicia el Juzgado de Instrucción número quince de Madrid, cuyo titular realiza una importante labor de investigación, a pesar de las dificultades del caso, logrando hallar indicios de participación directa en el hecho de Jorge Cesarsky y Juan Ignacio Fernández Guaza. También implica en el asesinato el cubano anticastrista Carlos Pérez. Pero cuando el caso llega al titular del Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia

Nacional, Rafael Gómez Chaparro, la investigación se cierra inmediatamente. La manifestación de protesta por el asesinato de Arturo, que tiene lugar la mañana siguiente, el terrible día 24 de enero, es brutalmente reprimida policialmente por orden de Rosón. Vuelven a sonar los gritos de “Amnistía”, “Disolución de los cuerpos represivos” y “Vosotros, fascistas, sois los terroristas”. Muy cerca de donde ha caído Arturo 24 horas antes, un policía hiere gravemente a Mari Luz Nájera Fernández, de 20 años, estudiante de Sociología. El agente antidisturbios, cuyo nombre no llega a conocerse, le dispara a bocajarro un bote de humo que le destroza la cara. Mari Luz muere el día siguiente. También recibe el impacto de un bote de humo disparado a escasa distancia Francisco Galera Quevedo, de 21 años, quien sufre traumatismo craneal, fractura del temporal izquierdo y conmoción cerebral. Permanece muy grave durante varios días pero consigue salvar la vida. (*) Jorge Cesarsky Goldstein nace en Buenos Aires el 8 de julio de 1927. Cuando cae Perón, en septiembre de 1955, milita, pese a su origen judío, en la ultraderechista y pro nazi Alianza Libertadora Nacionalista de Argentina, un grupo de pistoleros dedicado a asolar las calles de Buenos Aires con absoluta impunidad, amparado por su carácter de fuerza de choque del peronismo. Más tarde pertenece a la guardia del ministro López Rega y de la presidenta María Estela Martínez de Perón y se conecta con la Internacional Fascista. Cuando llega a España, comienza a trabajar como agente de seguros en el sector del turismo. Es denunciado y condenado por estafa, pero no se le expulsa del país. Para entonces ya tiene buenos amigos en los cuerpos policiales. Después obtiene un nuevo trabajo en la empresa privada de seguros médicos Sanitas, comienza a frecuentar los círculos de Fuerza Nueva y recibe una mención honorífica de esta organización. El 20 de noviembre de 1976 participa activamente en la organización de la concentración franquista que se celebra en la plaza de Oriente en memoria de Franco, en el primer aniversario de su muerte. En diciembre de ese mismo año intenta acercarse agresivamente, en Barajas, al primer ministro Olof Palme, que durante los últimos tiempos del Régimen franquista ha hecho colectas públicas a favor de los presos políticos españoles y visita Madrid para participar en el XXVII Congreso del PSOE. Además, demanda a los responsables de la película “La Lozana andaluza”, por agraviar a la Iglesia Católica. Tras salir de prisión, donde permanece sólo un año, se afinca en Canarias. Allí tiene buenos contactos entre la extrema derecha local. Dedicado “oficialmente” a la venta de seguros, frecuenta los restaurante más lujosos de las islas y gasta grandes cantidades de dinero en el casino del hotel Tamarindo. Su mentor López Rega había invertido en Canarias importantes cantidades de dinero cuando era ministro de Bienestar Social en Argentina.

-La noche del 24 de enero, pistoleros de extrema derecha asesinan, en un despacho de abogados laboralistas de la madrileña calle de Atocha, a Luis Javier Benavides Orgaz, Serafín Holgado de Antonio, Ángel Rodríguez Leal, Javier Sauquillo Pérez del Arco y Enrique Valdelvira Ibáñez (ver capítulo de Atocha). -El 24 de febrero, muere en Cartagena, de donde era natural, Pancho Egea, trabajador de la construcción, de 19 años, durante una manifestación conjunta de obreros de la construcción y del metal. Recibe varios impactos de balas de goma, en la cabeza y el cuello, que le provocan un derrame cerebral -El 13 de marzo fallece en San Sebastián, en la calle de Hernani, José Luis Aristizabal Lasa, estudiante de 20 años. Espera dentro de su coche, con la ventanilla abierta, el paso de una manifestación pro amnistía cuando recibe un balazo de goma en la cabeza disparado por la policía. Ingresa en el hospital con herida contusa en región frontotemporal derecha, con fractura, conmoción cerebral y pérdida de visión del ojo derecho. Los médicos no pueden hacer nada para salvarle la vida. -El 20 de marzo, en Barcelona, muere Angel Valentín Pérez, de 24 años, apuñalado por elementos ultraderechistas durante una manifestación en la plaza de Sant Jaume. Era obrero de la construcción y militante anarquista. -El 30 de marzo, en San Sebastián, Isidro Susperregi Aldako, de 68 años, miembro activo de Acción Nacionalista Vasca, muere a consecuencia de un pelotazo de goma recibido, 15 días antes, durante una manifestación celebrada junto al Kursaal. -La semana pro amnistía que comienza en Euskadi el sábado 7 de mayo de 1977 acaba con cinco muertos en las calles. El relanzamiento de la campaña para conseguir la libertad de los presos

antifranquistas que aún permanecen en las cárceles se abre los días 7 y 8, con la celebración de numerosos actos populares. Se realizan festivales de canción vasca, charlas, sentadas, encierros, mítines, plantes de deportistas, huelgas de hambre, aparecen pancartas durante partidos de fútbol... En Guipúzcoa se llama a una jornada de paros y manifestaciones para el día 12. La respuesta popular es masiva y la intervención de las fuerzas policiales, brutal. En Rentería, la Guardia Civil carga con sus jeeps contra los manifestantes, mientras dispara fuego real. Allí es gravemente herido de bala en el pecho Cándido Peña y cae muerto, tras recibir una ráfaga de subfusil, Rafael Gómez Jáuregui, de 68 años. El día siguiente, las manifestaciones se generalizan en todo el País Vasco. En Pamplona, José Luis Cano Pérez, de 27 años, es rematado de un tiro en la nuca, efectuado a corta distancia, por un cabo de la Policía Armada, después de haber sido apaleado y pisoteado por los policías. El cabo es reconocido posteriormente por varios testigos, pero nunca llega a ser procesado. Miguel del Caño muere al ser atropellado en la autopista San Sebastián-Bilbao, cuando retira una barricada, obligado por la Guardia Civil a hacerlo. El día 14 se incrementan los paros y las manifestaciones. En Ortuella muere Manuel Fuentes Mesa, de 30 años. Sale de una despedida de soltero, con siete amigos, cuando les rodean cinco jeeps de la Guardia Civil. Las dotaciones de los vehículos se abalanzan sobre los jóvenes y golpean brutalmente a tres de ellos. Un guardia dispara por la espalda contra Manuel, que intenta escaparse, y le alcanza en la cabeza. Los jeeps se marchan del lugar dejándolo en medio de un charco de sangre. El mismo día, en Pamplona, fallece Luis Santamaría Miquelena, de 72 años, a consecuencia del shock sufrido tras impactar varias balas de la policía en su balcón. Y el día 24 muere en Rentería Gregorio Maritxlar Aiestaran, de 62 años, que había resultado herido de bala, mientras se asomaba a una ventana de su casa, 10 días antes.

-El 11 de septiembre, durante la Diada de Catalunya, fallece el joven Carlos Gustavo Frechen Solana con la cabeza destrozada por una bala de goma de la policía. -El 20 de septiembre de 1977 estalla en la redacción de la revista El Papus, en la barcelonesa calle de Tallers, una bomba colocada por elementos fascistas. Muere, destrozado, el conserje Juan Peñalver Sandoval y resultan heridas 20 personas más. La publicación satírica, muy crítica con la extrema derecha, se encuentra en el punto de mira de los franquistas desde hace tiempo. Un año antes, en noviembre de 1976, Alberto Royuela, destacado pistolero de la Guardia de Franco ya se había presentado en la redacción para amenazar a los dibujantes por el tratamiento que habían dado a la primera celebración del 20-N. “La situación del país es propia para el crecimiento de hongos y lo mejor que se puede hacer es dejar que crezcan de tamaño, porque así serán más visibles y fáciles de cortar”, había dicho, con la mano en la sobaquera. La planificación del atentado se lleva a cabo en uno de los locales de juego propiedad del ultra Miguel Gómez Benet, quien da trabajo en sus negocios a varios fascistas italianos. Algunos de ellos han estado implicados en los asesinatos de Montejurra, pero entran y salen de España a su antojo y mantienen sus contactos con el exterior a través de Luis García Rodríguez, alias “Mataestudiantes”. Steffano delle Chiae trabaja en los billares “Manila”, lugar de juego propiedad de Gómez Benet. Con él están otros dos miembros de Avanguardia Nazionale, Giuseppe Vannone y Mario Pozzán. Vannone también ha participado en los sucesos de Montejurra, como Della Chiae y está implicado en el tráfico internacional de armas y divisas, también en un atraco que tuvo lugar en Niza (*) y en el asesinato del juez Occorsio, que investigaba a las tramas negras italianas. Pozzán está implicado en el múltiple asesinato de Piazza Fontana y también estuvo presente en Montejurra. En las fotos de los hechos se le puede ver al lado de Della Chiae.

(*) Tres lingotes provenientes del atraco de Niza, realizado con la intención de financiar a la extrema derecha, aparecen en el piso de la madrileña calle de Pelayo donde tiene una fábrica de armas el ultra Mariano Sánchez Covisa.

Según se explica en una pormenorizada investigación del periodista Federido Pérez Galdós sobre el atentado contra El Papus, publicada en 1982, (“Extrema Derecha S.A.”), el coordinador del atentado es Miguel Gómez Benet, alias “El Padrino” o “General Gómez”. Él es quien recibe una orden, “de muy arriba en el Movimiento”, para ponerse en funcionamento. Le dicen que lo de El Papus no se puede aguantar más y que hay que hacer algo. Gómez decide que un comando dirigido por el ultra Juan José Bosch Tapies se haga cargo de la operación de castigo. En la reunión preparatoria del atentado participan también Juan Carlos Pinilla, Angel Blanco Férriz e Isidro Carmona Díaz Crespo. En el sumario judicial del caso se señala que, además, intervienen dos ultras italianos no identificados, conocidos como ”Mario” y “Giusseppe”, pero la autoridad judicial no da nigún paso para averiguar su verdadera indentidad. El 20 de septiembre, hacia las once y media de la mañana, Juan Peñalver, conserje del edificio nº 77 de la calle de Tallers, en Barcelona, donde se editan las revistas El Papus, El Cuervo y Party, recibe la vista de un joven que le entrega un paquete para que lo haga llegar, con urgencia , a la redaccción de El Papus. Cuando está ya en el primer piso, el paquete le estalla en las manos. El cuerpo de Juan Peñalver queda completamente destrozado y la onda expansiva hiere a 20 personas. A través de una llamada a Mundo Diario y Diario de Barcelona, una voz masculina reivindica el atentado en nombre de la Triple A: “Hace un año habíamos avisado al director de la publicación a raíz de unos artículos que dejaban al fascismo por el suelo. Ya os advertimos de lo que iba a pasar”. Se vuelve a exigir la dimisión de Martín Villa pero, por supuesto, el ministro del Interior no deja su cargo. Alberto Royuela desaparece de escena y salen a relucir sus estrechos contactos con el coronel de Estado Mayor Luis Marín de Pozuelo, segundo jefe de Estado

Mayor del Ejército en Barcelona, que antes ha estado destinado en el Estado Mayor Central del Ejército, en Madrid. También quedan en evidencia las relaciones de Miguel Gómez Benet con el gobernador civil de Barcelona, Aparicio Calvo-Rubio, y con el ex consejero nacional del Movimiento Joaquín Gías Jové, con quien Gómez Benet y los suyos han practicado numerosas veces el tiro al blanco en la finca leridana “Castell de Beme”. En algunas de esta prácticas han participado hasta 50 jóvenes fascistas de varios países y se ha llegado a utilizar incluso una ametralladora antiaérea. Trece ultras catalanes son detenidos por el asesinato de Juan Peñalver: José Manuel Macías González, Isidro Carmona Díaz Crespo, Miguel Gomez Benet, Juan José Bosch Tapies, Juan Carlos y Javier Pinilla Ibáñez, Francisco Moreno Fernández, Francisco Abadal Esponera, Angel Blanco Férriz, José María Rico Cross, José López Rodríguez, Joaquín Agustín Borrás y Gil Casaoliva Careta. Todos ellos están implicados en numerosos atentados, como el tiroteo a la tienda de discos Orley, la noche de un concierto de Luis Llach, palizas a estudiantes de la universidad de Barcelona, lanzamiento de cócteles molotov en el bar Las Sirenas, apaleamiento de militantes de CC.OO, colocación de una bomba en la sala de teatro Villarroel... El 22 de febrero de 1978, el magistrado presidente de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, Sr. Bermúdez, empieza a decretar la libertad condicional de todos los implicados. Los ultras catalanes están acostumbrados a tener la justicia de sulado. En un proceso paralelo, en el que han sido enjuiciados por tenencia de explosivos, Bosch Tapies, Juan Carlos Pinilla, López Rodríguez y Abadal Esponera resultan condenados, pero sólo por haber sido detenidos in fraganti con varios kilos de explosivos en su poder. Bosch Tapies llega a declarar, con evidente cinismo y ante la complacencia del tribunal, que le gusta tener explosivos y que los puede necesitar para cualquier cosa que se le ocurra. Los jueces de la Sala Segunda de los Penal de la Audiencia Nacional, Bienvenido Guevara Suárez, Luis Fernando Martínez Ruiz y Juan García-Murga Vázquez manifiestan que “lo único reprochable a los acusados es

haberse extralimitado en la defensa de su ideología, al llegar a confeccionar explosivos para utilizarlos contra personas de ideología marxista”. La sentencia los condena a sólo seis meses de prisión, de los cuales no cumplen ni uno solo. Ante la marcha del procedimiento judiciales abierto por el criminal atentado contra El Papus, Hamaika S.A., empresa editora de la revista, y en su nombre el letrado Juan Barja de Quiroga, presenta una querella contra el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2, Alfredo Vázquez Rivera, y contra otros tres antiguos magistrados de la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional por “fraude procesal”, dada su actuación en la investigación judicial que está en curso. En su escrito, el letrado señala: “Qué valor tendrá que no concreten quién entregó la bomba, sí reconocen todo lo demás. Absolutamente todo: reuniones, decisión de volar El Papus, adquisición de explosivos, vigilancias en la redacción, planes de fuga, ocultación de explosivos, etc. ¿Qué denotan dichas declaraciones? A nuestro respetuoso entender, solamente cinismo, desfachatez y, en último extremo, la seguridad de que sus acciones quedarán impunes por delictivas que sean. No les importa reconocer casi toda la verdad porque, evidentemente –eso se nota en el tono con que declaran-, se sienten protegidos, intocables”. Por fin, varios de los asesinos son condenados a prisión: Juan José Bosch Tapies, a 13 años por terrorismo y tenencia de armas; Ángel Blanco Férriz, a tres años de prisión menor por tenencia de armas; José López Rodríguez, a dos años por tenencia de armas; Gil Casaoliva Careta, a un año por colaboración con grupos paramilitares; Juan Carlos Pinilla Ibáñez, a seis meses y un día por tenencia, fabricación o transporte de armas, y Francisco Abadal Esponera, a seis meses de arresto mayor por tenencia de armas. Juan Bosch Tapies comienza a disfrutar de libertad condicional desde el 29 de noviembre de 1986. Se la concede, tras varios recursos en contra, el juez ultraderechista Donato Andrés Sanz, el mismo que permite a Emilio Hellín, asesino de Yolanda González, huir tras un permiso. Donato Andrés también concede un escandaloso permiso

de Navidad a otros de los asesinos de Yolanda, Ignacio Abad, y a uno de los criminales de Atocha, Carlos García Juliá. -El 6 de octubre es asesinado en Alicante Miquel Grau, de 22 años. Se encuentra pegando carteles que convocan a la Diada del País Valencià, en Alicante, con un grupo de militantes del Movimiento Comunista, organización a la que pertenece, cuando le arrojan un ladrillo desde un balcón, que le alcanza en la cabeza. La periodista Mari Llum Quiñonero, entonces militante del MC, es una de los acompañantes de Miquel Grau aquel terrible día. 27 años después, recuerda perfectamente los hechos: “Llegamos a la plaza de los Luceros a las 10 de la noche. Nos tiraron un par de cubos de agua y una piedra desde un piso que no llegamos a detectar. Cuando nos íbamos, un ruido seco nos hizo volver la cabeza y Miquel estaba en el suelo, con los ojos abiertos, totalmente rígido, y de su cabeza abierta manaba abundante sangre. A su lado quedaba un ladrillo de los llamado “del cuatro”, con una masa de cemento adosada de unos tres kilos de peso. Llamamos al 091, pero pasaba el tiempo y la policía no llegaba, así que me decidí a ir yo misma a comisaría. Conseguí que el comisario jefe, Arjona, junto a un policía de paisano y otro de uniforme, me acompañara al lugar de los hechos. Allí colocaron un retén de vigilancia y volvimos, los policías y nosotros tres, como testigos presenciales, a comisaría, para que nos tomaran declaración. Nos trataron como a delincuentes. No se nos permitió usar el teléfono. Se nos obligó a estar sentados y en silencio. Nos dijeron que lo tomáramos con calma, porque podían retenernos hasta tres días... Entre los policías de paisano pudimos reconocer a los hermanos Ayela, miembros de la antigua Brigada de Investigación Político Social, cuyo siniestro historial como miembros de la policía política franquista era sobradamente conocido para los demócratas alicantinos”. El agresor, Miguel Angel Panadero Sandoval, es un conocido militante de Fuerza Nueva. Y su padre, un veterano franquista reciclado al partido que acaba de crear Fraga, Alianza Popular, posee una importante cadena de gasolineras en el País Valenciano y

Murcia. El gobernador civil y la policía defienden, desde el primer momento, la tesis del carácter “apolítico” del atentado y lo siguen haciendo incluso después de conocer la identidad del agresor. El comisario Arjona, encargado de investigar el caso, lo tiene muy claro y dice con insultante cinismo: “No veo en el asunto ningún delito político. Estas cosas las tengo muy claras, mi padre era apolítico y yo le he imitado”. El día del entierro, la policía carga para disolver el cortejo e impedir que la muchedumbre pueda acompañar a Miguel hasta el cementerio. Panadero es condenado a 12 años de prisión. Está en libertad desde 1982. -El 4 de diciembre de 1977, durante la celebración en Málaga de una manifestación multitudinaria y autorizada, a favor de la autonomía andaluza, muere por disparos de la policía Manuel José García Caparrós, de 18 años. Los responsables de la Diputación de Málaga no permiten que ondee en el edificio la bandera blanquiverde andaluza y un grupo de fascistas, protegido por la policía, increpa a los concentrados, algunos de los cuales responden a los provocadores. Los policías cargan violentamente, sin previo aviso, y disparan contra los manifestantes pelotas de goma y botes de humo. En determinado momento, llegan a hacer uso de sus armas reglamentarias y disparan fuego real. Cae muerto de un disparo García Caparrós, militante del PCE y miembro de CCOO. La Policía Armada llega hasta el Hospital Civil persiguiendo a los heridos e incluso ametralla la fachada del edificio. El día siguiente, la Guardia Civil irrumpe en las instalaciones de Radio Juventud y apalea al periodista Rafael Rodríguez, que ha calificado la muerte de Manuel como un “asesinato”. El ministro Martín Villa rechaza airado este término y nombra al entonces subdirector General de Seguridad José Sáinz, veterano torturador franquista, para que investigue los hechos. No habrá ningún responsable del crimen. La periodisa Kety Castillo es autora de una profunda investigación sobre el caso, la más completa que se ha realizado. Su trabajo de indagación ha quedado magníficamente recogido en el reportaje “4 D: La verdadera historia”, por el que recibió el premio “28 de

febrero” al mejor programa de radio emitido en 2002, otorgado por al Consejo asesor de RTVE en Andalucía. Según varios testigos con los que pudo entrevistarse Castillo, Manuel José García Caparros, trabajador de la fábrica de cerveza Victoria, fue asesinado por un mando de la Policía Armada, un “sargento grueso”, cuyo nombre fue silenciado. Y nunca pagó por su crimen. Fueron varios policías antidisturbios los que sacaron sus armas reglamentarias e hicieron disparos durante la brutal represión contra la manifestación proautonomía que se estaba celebrando aquel día. El gobernador civil de Málaga es entonces Enrique Riverola, quien manifiesta después de los sucesos: “se llegará en la investigación hasta las últimas consecuencias, sin componendas de ningún tipo ni ocultar ninguna verdad”. “La Historia ha demostrado que sus palabras se las llevó el viento”, afirma Kety Castillo, 26 años después del asesinato de Manuel. En diciembre de 1977, el ministerio del Interior lo encabeza Rodolfo Rodolfo Martín Villa, y el más cercano y directo responsable de los hechos es el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco (“Pancho”) Cabezas, un falangista y franquista violento que se niega a colocar la bandera andaluza en el balcón principal del edificio oficial, tal y como han acordado las fuerzas políticas parlamentarias de toda Andalucía. “Durante la manifestación tiene un papel muy destacado la extrema derecha, con el líder local de Fuerza Nueva, Enrique del Pino a la cabeza”, señala Castillo. “Del Pino y los suyos increpan a los manifestantes desde las puertas de la Diputación, haciendo ondear banderas franquistas, protegidos por la policía. Los manifestantes responden a las provocaciones lanzándoles piedras y naranjas y reclamando a gritos la dimisión de Pancho Cabezas”. En ese momento, un joven manifestante trepa por la fachada de la Diputación, hasta llegar al balcón principal, y coloca una bandera andaluza junto a la española. “Se inicia entonces una carga brutal de la policía, indiscriminada y desproporcionada”, continúa Kety Castillo. “Hay que tener en cuenta que allí hay más de doscientos

mil manifestantes, entre los que se encuentran familias enteras con numerosos niños, mucho de ellos bebés en sus cochecitos”. Durante la carga, un grupo de manifestantes se enfrenta con la policía y, de repente, se producen los disparos que provocan la muerte de García Caparrós. El mando de la fuerza pública que dispara contra él se refugia en el cuartel de la Policía Armada. Y comienzan en Málaga tres días de estado de sitio. “Un grupo minoritario practica la guerrilla urbana, intenta asaltar el cuartel donde se refugia el asesino y mantiene duros enfrentamientos con las fuerzas policiales”, añade Castillo. “Hay barricadas por toda la ciudad y la policía aremete contra todo el que lleve un crespón negro o la bandera andaluza. Por la calle no pueden ir más de dos personas juntas sin exponerse a recibir un tanda de golpes sin mediar palabra”. El juez que instruye el caso es Mariano Fernández Ballesta, otro notorio franquista que todavía continúa en activo, en 2004, como juez suplente de la sección 5º de la Audiencia Provincial de Málaga. Al mes de iniciarse el sumario se inhibe a favor de la jurisdicción militar. El año siguiente, el sumario vuelve al juzgado de instrucción nº 3 de Málaga. El fiscal que interviene es Luis Portero, que morirá en atentado de ETA, en octubre de 2000, siendo Fiscal Jefe del Tribunal Supremo de Justicia de Andalucía. Ejerce la acusación particular el abogado Alfredo Martínez Robles, veterano militante del PCE ya fallecido. El asesinato de García Caparrós ha prescrito, quedando impune al no aclararse judicialmente quién fue el autor material de los disparos. “Los partidos políticos llevaron a cabo un pacto de silencio y sacrificaron el esclarecimiento de los hechos en pro de la “concordia””, afirma Kety Castillo. A lo largo de su minuciosa investigación, la periodista pudo comprobar que el sumario del caso ha desaparecido de la Audiencia Provincial de Málaga. “Durante 25 años se ha difundido el error de que fue García Caparrós quien colocó la verde y blanca en el balcón de la Diputación”, señala Castillo. “Pero en Málaga siempre se ha sabido que eso no fue así. Se desconocía la identidad del joven que, en realidad, escaló por la fachada, arriesgando su vida, para poner la bandera andaluza en el lugar que le correspondía. Yo conseguí

identificarle: se trataba de Juan Manuel Trinidad Berlanga, un escayolista que tenía entonces 19 años y ya ha fallecido”. -El 13 de diciembre muere en Tenerife, por disparos de la policía, el estudiante de 22 años Jesús Fernández Trujillo. Ese día, la universidad de La Laguna está paralizada a causa de una huelga y se producen diversas escaramuzas con la Guardia Civil. Hacia las cuatro de la tarde, un grupo de estudiantes se encuentra en la entrada del edificio central del campus cuando suena la ráfaga que cuesta la vida a Jesús y provoca heridas de bala a otro estudiante, Fernando Jaesuria Martá. “Yo no admito la palabra asesinato y usted debe retirarla por escrito” le dice Martín Villa a un periodista que le interpela. No se crea ninguna comisión de investigación para esclarecer el caso ni se llega a saber quién ha disparado. Tampoco se produce ninguna dimisión. -El 14 de marzo de 1978 fallece en la prisión de Carabanchel el recluso anarquista Agustín Rueda, tras haber sido torturado por varios funcionarios, que le interrogan en relación con un túnel que acababa de ser descubierto en las dependencias de la cárcel. Los médicos del centro penitenciario, José María Barigow y José Luis Casas García, eluden prestar asistencia médica al preso. Para averiguar quiénes son los responsables de la excavación se producen torturas y palizas en la que quince funcionarios se turnan para golpear a los presos sospechosos, con puños, pies, porras y objetos metálicos. Los reclusos salen de estas sesiones de tortura con desigual suerte. Algunos con lesiones serias en cabeza, tórax y extremidades, de las que tardan en curar hasta treinta días. Tras los interrogatorios son llevados a rastras hasta sus celdas, donde permanecen sin asistencia médica. Con Agustín Rueda se ceban y el joven no puede resistir el castigo. El informe de la autopsia pone de manifiesto cómo “las lesiones fueron producidas por un grupo de agresores” que emplean “objeto contundente alargado, de tipo blando, como puede ser la porra o el vergajo, y objeto duro, de menor tamaño”. “Se puede afirmar –dice el informe- que no es

posible, salvo especial destreza, ocasionar tantas lesiones externas respetando la estructuras óseas subyacentes”. Diez años después de la muerte del recluso anarquista, la Audiencia Provincial de Madrid considera que el apaleamiento de Agustín Rueda es “un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte”. Se condena a 10 años de cárcel a Eduardo Cantos, director de Carabanchel cuando se producen los hechos, al subdirector Antonio Rubio y a cinco funcionarios más. Otros tres encausados son condenados a ocho, siete y seis años, respectivamente. Y a dos años de cárcel los médicos José Luis Casas y José María Barigow, que ocultan el grave estado de Agustín Rueda tras la paliza. De todos ellos niguno llega a permanecer ni ocho meses en prisión. -El 21 de abril. Elvira Parcelo Rodríguez, de 22 años, fallece en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Residencia Almirante Vierna, de Vigo, a consecuencia del derrame cerebral provocado por los terribles golpes que recibe de la policía durante una carga efectuada para disolver una manifestación de los trabajadores de la empresa Ascó (Astilleros y Construcciones). -Mayo, 5. José Luis Escribano, militante de Comisiones Obreras es aesinado en Soria, de cuatro disparos, por el policía Antonio López, en el transcurso de una discusión. -Julio, 2. El refugiado vaso Juan José Etxabe y su esposa, Agurtzane Arregui, son ametrallados por un comando parapolicial. A pesar de recibir seis impactos de bala, Etxabre salva la vida. Su mujer, con once balazos, fallece. -El 8 de julio, en Pamplona, muere Germán Rodríguez por disparos de la policía. Esa tarde, la plaza de toros de la capital navarra está a rebosar. Se celebra una de las corridas más esperadas de la feria de San Fermín. Al final de la lidia, un grupo de mozos salta al ruedo con una pancarta en la que se puede leer: “En San Fermín, todos los presos a casa”. La pancarta da lugar a una agria división de

opiniones entre el público y a algunos enfrentamientos individuales. En ese momento, cuando en el ruedo se encontraban decenas de chavales de las secciones juveniles de las peñas, que habitualmente entran en la plaza para poder integrarse en el desfile, aparecen las FOP sobre el albero, con el comisario Miguel Rubio al frente. Esta irrupción provoca enorme indignación en los tendidos, desde los que comienzan a arrojarse almohadillas y todo tipo de objetos. Ante la reacción del público, la policía retrocede, mientas cientos de personas huyen hacia las salidas de la plaza, provocando grandes tapones humanos. Posteriormente, el conflicto se generaliza en las calles adyacentes al coso y, después, en toda la ciudad de Pamplona, donde se libra una batalla campal hasta la madrugada. En el cruce de las calles de Roncesvalles y Paulino Caballero, una dotación de la policía baja de un autobús disparando. Una de sus balas alcanza mortalmente al joven Germán Rodríguez, militante de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR). El balance de la refriega es tremendo: 40 personas ingresadas en el Hospital de Navarra, 12 en la Clínica Universitaria, 33 en la Residencia Virgen del Camino y tres en la Clínica San Juan de Dios. Horas más tarde, el gobernador civil, Ignacio Llano, declara que él no ha dado la orden de intervenir a las FOP y que su irrupción en la plaza es responsabilidad exclusiva del mando de la dotación local de la Policía Armada, un ex legionario, el comandante Fernando Ávila. Al final, no se deducen responsabilidades penales ni disciplinarias contra los mandos policiales o los autores directos de la muerte de Germán. Según declara Martín Villa, en Pamplona se han realizado, durante la noche de los incidentes, siete mil disparos de material antidisturbios y 130 disparos de bala. En sólo seis horas. Y con todo el fuego concentrado en una zona del segundo Ensanche de la ciudad. A pesar de tan enorme e inusual derroche de munición, la policía continúa disponiendo de material antidisturibios, lo que hace suponer que estaba previsto hacer frente a un incidente como el que se ha producido. El ministro del Interior intenta tergiversar los hechos, pero numerosos testimonios de testigos presenciales lo dejan todo muy

claro: a Germán Rodríguez lo mata la policía. En árboles, vehículos y edificios quedan incrustadas decenas de balas que provienen de las mismas armas que matan al joven navarro. Las comisiones investigadoras de Pamplona, San Sebastián y Rentería elaboran un demoledor dossier, “Castigo a los culpables”, en el que se recoge toda esa información. Como consecuencia de su actuación durante los sangrientos “sanfermines” de 1978, el comisario Rubio es trasladado a la localidad valenciana de Xirivella, donde se producen fuertes manifestaciones en protesta por el nuevo destino que se le ha concedido. (*) Desde un par de meses atrás, varios jóvenes navarros estaban encarcelados acusados de haber intervenido en la muerte del subteniente Etseberri. El 11 de mayo, un grupo de incontrolados había recorrido el Casco Viejo de San Sebastián, empuñando porras y cadenas y amenazando a los transeuntes con pistolas. Hubo numerosos enfrentamientos, algunos de gran dureza, y uno de los “incontrolados” fascistas recibió una cuchillada mortal. Era el subteniente de la Guardia Civil Juan Etseverri. Otro “incontrolado” resultó herido: más tarde se pudo comprobar que era el policía José San Martín.

-El lunes 10 de julio, la protesta por la muerte de Germán Rodríguez se extiende a toda Euskadi y hay un nuevo muerto. En San Sebastián, José Ignacio Barandiaran Urkiola, de 19 años, natural de Astigarraga, fallece a consecuencia de un disparo en el pecho, cuando se manifiesta en las inmediaciones de la cuesta de Aldapeta. Como es habitual, el ministerio del Interior responsabiliza de esta muerte a la agresividad de los manifestantes, que, supuestamente, intentan asaltar el cuartel de la Policía por las armas. La Consejería de Interior del Consejo General Vasco hace pública una nota que desmiene esa inverosímil versión: “En el día de hoy se ha producido una manifestación hacia las nueve y media de la mañana, formada por empleados de Banca y Cajas de Ahorro y Seguros. La manifestación, que ha discurrido por numerosas calles de San Sebastián, se ha desarrollado de forma total y absolutamente ordenada y pacífica hasta la calle de Urbieta, en la que ha hecho presencia la Policía Armada, disolviendo la manifestación y haciendo uso de pelotas de goma”.

“Posteriormente, un pequeño grupo se ha dirigido a las inmediaciones de la cuesta de Aldapeta, que conduce al cuartel de la Policía Armada, momento en el cual, dos policías armados y dos policías de paisano subían por las escalerillas que conducen al cuartel. Uno de ellos, vestido con un jersey polo color granate, pantalón marrón y gafas, ha comenzado a disparar con una pistola en dirección a los manifestantes que se encontraban en el cruce de las calles de Víctor Pradera y San Bartolomé. El otro presunto policía de paisano, vestido con camisa blanca, ha forcejeado con el que efectuaba los disparos para tratar de impedirlo, sin haberlo conseguido, interviniendo posteriormente la Policía Armada, que ha conseguido que cesaran los disparos. La persona que los ha efectuado se encontraba en un alto grado de excitación y sujetaba la pistola con ambas manos, apoyándolas en la barandilla de la cuesta de Aldapeta. Instantes después, en medio de una nube de humo producida por los botes que lanzaba la policía, ha sonado una ráfaga de metralleta y dos o tres disparos aislados, alcanzando una bala en el pecho al joven de 19 años José Ignacio Barandiaran Urkiola, causándole la muerte. Los testigos presenciales afirman que la ráfaga de metralleta ha partido de un policía armado que ha salido de un jeep que se encontraba a unos quince metros del inicio de la cuesta de Aldapeta, sin que en ningún momento mediara agresión armada por parte de los manifestantes a las FOP, ni éstas se encontraban acorraladas o sitiadas, ni en situación de dificultad, como se demostró posteriormente al cargar y disolver a todos los manifestantes sin grandes dificultades”. La huelga general se extiende, y el miércoles 12 de julio toda Euskadi está prácticamente paralizada. A mediodía del día siguiente, cuando se va recobrando poco a poco la normalidad, una compañía especial de la Policía Armada, integrada por 200 hombres y procedente de Miranda de Ebro, ocupa las calles vacías de Rentería y destroza a culatazos las vitrinas de numerosos escaparates, mientras sus integrantes disparan a las ventanas de las casas pelotas de goma y botes de humo. Numerosas fotografías muestran a los policías sustrayendo objetos de los escaparates destrozados.

Martín Villa acuña entonces una de sus frases más lapidarias: “Lo nuestro son errores. Lo otro son crímenes”. -Septiembre, 11. Gustavo Adolfo Muñoz de Bustillo Gallego, de 16 años, fallece por los disparos??? de la policía armada durante los incidentes que se producen tras la celebración de la Diada. -27 de septiembre. En Sevilla, Manuel Medina Ayala, militante del PCE, muere apuñalado por un grupo ultraderechista durante un acto de solidaridad con el pueblo chileno. - El 30 de octubre, un paquete bomba estalla en la portería de la redacción del diario El País. Muere el conserje Andrés Fraguas Fernández y varios empleados más resultan heridos, dos de ellos de gravedad: Carlos Barranco Armenteros y Juan Antonio Sampedro Sánchez. El paquete bomba estaba compuesto por doscientos gramos de goma-2, dentro de una caja acolchada dirigda al director del periódico, Juan Luis Cebrián. El atentado lo reivindica un comando ultraderechista y el ministerio del Interior, encabezado por Rodolfo Martín Villa, no realiza ninguna investigación para esclarecer los hechos y detener a los culpables del asesinato. Trascurrirrán tres años hasta que dos fascistas, Ramiro Alejandro Rodríguez-Borlado Zapata y Rafael Alfredo Gómez Alvarez, miembros del Frente de la Juventud que encabeza el abogado José de las Heras Hurtado, sean detenidos como responsables de la explosión en El País y condenados a 30 años de prisión. Estos mismos individuos, junto con otro miembro de la banda, Pedro Bel Fernández, (huido a Venezuela y extraditado en 1984) y Jesús Javier Blanco García son también los autores de la colocación de una bomba, el 15 de julio de 1979, en el bar El Parnasillo, de Madrid, que provoca la muerte de Salomé Alonso Varela, de 28 años, y heridas graves a otras diez personas. A la banda pertenecen, además, Leocadio Jiménez Caravaca, condenado por la matanza de Atocha, Tomás Antón Torregrosa, Joaquín López Martínez, Pedro de Haro

Pavón, José Luis Sáez Alonso y otros dos ultras que consiguen huir: Luciano Marbán Pavón e Íñigo Aragonés Sampedro. Rodríguez-Borlado y Gómez Álvarez, son los autores del atentado con bomba contra el Club de Amigos de la Unesco, en enero de 1980, que hiere gravemente a María Dolores Martínez y Luis Enrique Esteban, y de la colocación de varios explosivos en las librerías Fórum y Express, en la sede de la federación local de CNT, en un chalet propiedad del cantante Víctor Manuel, en el café Colmenar, en la Asociación Pro Derchos Humanos y en varias librerías. José de las Heras, también procesado en el mismo sumario que ellos, huye una semana antes de que se celebre el juicio, aprovechándose de una generosa libertad condicional. La locura asesina de Gómez Álvarez le lleva, el día 7 de julio de 1981, a acabar, a sangre fría, con la vida de Carlos Javier Idígoras Navarrete, de 22 años, que celebra su aprobado en unas oposiciones a factor de RENFE y se encontraba ebrio. Poco después, el 26 de ese mismo mes, dispara en la cabeza a Félix Sanz Arroyo, de 23 años, que le recrimina que interrumpa el tráfico con su vehículo. Sanz queda gravemente herido. Rafael Gómez Alvarez es condenado, por el caso El País, a 30 años, y posteriromente, en otra sentencia de la Audiencia Nacional, a otros 40 años, por tenencia de armas, homicidio, asesinato con alevosía, lesiones muy graves y estragos. Por los mismos delitos, Rodriguez-Borlado es condenado a 30 años por el asesinato de El País, y a 37 años por el resto de los delitos. -El 15 de diciembre, tras un enfrentamiento armado entre un comando etarra y la Guardia Civil, en Mondragón, mueren dos miembros de ETA. Cuando ambos ya han caído al suelo, heridos de muerte, aparece otro coche policial y los miembros de su dotación comienzan a disparar indiscrimandamente. A raíz de esas ráfagas de subfusil muere el vecino de la localidad Emilio Larrea, que se halla en la puerta de su caserío, a más de cien metros de los hechos. También resultan heridos de bala el estudiante Roberto Beltrán, que es alcanzado por un disparo cuando sale de la escuela profesional donde está matriculado, y otra transeunte, Crescencia Vidaurreta.

1979 -6 de marzo. Ursino Gallego, de 14 años, muere por el impacto de una bala de goma que dispara la policía durante el transcurso de una manifestación vecinal convocada bajo el lema de “¡Queremos agua!”. -20 de abril. En Madrid, funcionarios de la Brigada Central de Información, dirigida por Roberto Conesa matan al miembro del PCE (r) Juan Carlos Delgado de Codes. Le disparan por la espalda cuando sale, desarmando, de la estación de metro de Lavapiés. Los policía que lo asesinan son Juan Luis Abuin Sallo, José María García González y Juan Carlos Salgado Sandez. Este crimen provoca serios roces entre Conesa y el jefe superior de policía de Madrid, Francisco de Asís Pastor, un funcionario policial con carácter más abierto que los ultras de la Brigada Central de Información. -El día 29 de abril es asesinado en Madrid el joven comunista Andrés García. “Le han partido el corazón en dos”, le dice el forense a Carmen Fernández, la madre del chico, después de hacer la autopsia al cadáver. El joven madrileño ha ido al cine Carlos III, en la calle de Goya, y a las nueve de la noche, cuando él y otros cuatro amigos salen de ver la película, deciden ir a comer unos perritos calientes a un pequeño bar de la calle de Alcalá, junto al cine Benlliure. Suben por la cera de los impares de Goya, cruzan Velázquez y Núñez de Balboa y pasan por delante de la cafetería California 47. “En la puerta había un tapón de jóvenes, de pie, y enfrente otro grupo, unos de pie y otros apoyados en un coche” comentaba para la revista La Calle, días después del asesinato, Alberto, uno de los amigos de Andrés, que le acompañaba aquel triste día. “Nos llamó la atención uno que llevaba un brazalete con la cruz gamada. Le miramos y pasamos de largo. Unos metros más

allá, uno de nosotros volvió la cabeza y nos dijo que estaban pegando o zarandeando a un señor mayor. Yo les dije a todos que no volvieran la cabeza. Seguimos. Antes de llegar a General Mola, José nos dijo que nos seguían. Empezamos a ponernos nerviosos y aceleramos el paso. Cuando cruzamos General Mola, ellos empezaron a correr. Yo iba con otro detrás. Andrés iba delante de nosotros. De repente, sentí algo, como un puño envuelto en algo. Me volví y les dije: ¿pero qué hacéis? El muchacho que había fallado el golpe se volvió entonces hacia los que venían y yo grité: “Salid corriendo que están armados”. Cuando los amigos llegan a la altura de la cervecería Cruz Blanca, en la confluencia de Goya y Alcalá, Andrés no está con ellos. Ha quedado tendido en el suelo, más atrás, con dos puñaladas en el corazón. Cuarenta y ocho horas después de su asesinato, el gobernador civil de Madrid, Juan José Rosón, declara en rueda de prensa: “Sí, es cierto que durante los últimos días se han generado unas anormales relaciones de tipo político en esta ciudad. Creo, sin embargo, que la cota de violencia es normal en Madrid, globalmente considerada”. Son detenidos por el asesinato José Luis Martínez Merino, de 16 años, autor material de la puñalada mortal y miembro del Frente de la Juventud; Federico Baudin Picharro, de 18 años, que sujeta a Andrés mientras Martínez le clava un machete; Claudio Alonso Becerro de Bengoa, de 17 años, y un menor, de sólo 15 años. El Frente de la Juventud, formado a partir de una escisión de Fuerza Nueva, es oficialmente legal desde el 30 de noviembre de 1978. A pesar de que varios de sus militantes aparecen implicados en asesinatos y multiples actos violentos durante los últimos años de la década de los 70, la formación nunca llega a ser ilegalizada. Andrés había nacido en el seno de una familia obrera emigrada a Francia en 1969, cuando él era poco más que un niño. Los García regresaron a Madrid en 1977, sólo dos años antes del crimen. El joven asesinado era miembro de la Agrupación de las Juventudes Comunistas de Retiro. No se atreve a presentarse a declarar ningún testigo presencial del crimen. Y tampoco llega a saberse nunca quién es la persona que

lleva a Andrés, ya moribundo, hasta el hospital Francisco Franco (Gregorio Marañón, en la actualidad) cercano al lugar de los hechos. Tampoco comparecen las dos chicas a las que, unos minutos antes del asesinato de Andrés, agreden Martínez y Baudín porque una de ellas lleva una pegatina del Ché en el bolso. El caso es juzgado por la jurisdicción ordinaria, no por la Audiencia Nacional, lo que descarga de intecionalidad política el crimen. Se considera la muerte de Andrés fruto de una pelea callejera. Los criminales ultras son procesados por “homicidio”, no por asesinato. Los padres de Andrés quedan destrozados tras su muerte y, aún hoy, 26 años después de aquel día de abril de 1979, no se sienten con fuerzas para hablar públicamente de la pérdida de su hijo. -El 3 de junio del 79, Gladis del Estal muere en Tudela. Le dispara un guardia civil mientras ella permanece sentada en el suelo, durante una concentración que se celebra con motivo del Día Internacional contra las Centrales Nucleares. El ministro del Interior Ibáñez Freire declara que la muerte es fruto de un disparo fortuito y se archiva el caso. No se determina ninguna responsabilidad penal ni política por el nuevo crimen. El gobernador civil de Navarra, Eduardo Ameijide, se permite decir: “Respeto todas las peticiones, pero no pienso dimitir”. Las manifestaciones de protesta por la muerte de Gladis se prolongan por toda Euskadi durante varios días, hasta el día 7. En una de ella resulta herido de bala, por disparos de la policía, José García Rodríguez, obrero de Basauri. Poco después, policías de paisano hacen incursiones en el casco viejo de San Sebastián y Pamplona, golpeando a los viandantes. Sólo unos meses antes, durante una razzia similar, desatada el día de la popular “Tamborrada” de San Sebastián, el policía nacional José Pajarón Rodríguez, que vestía de paisano, había perdido su carnet de identidad tras herir gravemente a una persona. Coincidiendo con estos hechos, un guardia civil ebrio da muerte a tres personas en la sala de fiestas Bordatxo, en Navarra.

-6 de junio. Un comando parapolicial secuestra y asesina en Andoain (Guipúzcoa) a José Ramón Ansa Etxebarría, de 17 años. Reivindica el crimen el Batallón Vasco Español. -El día 10 de junio por la noche, un policía de paisano, “franco de servicio”, dispara contra Vicente Vadillo, un cliente del bar Apolo, en Rentería, causándole la muerte. La asamblea realizada una horas después en el pueblo para tratar el caso es interrumpida y duramente reprimida por la policía. A continuación, los agentes llegan a asaltar el ayuntamiento, donde se halla reunida la Corporación local, y golpean a los ediles. -El 28 de junio son asesinados en París los miembros del PCE (r) Javier Martín Eizaguirre y Aurelio Fernández Cario. Reivindica el atentado el Batallón Vasco Español (BVE). Ambos llevaban varios años refugiados en Francia y habían sido denunciados falsamente como terrroristas, en un artículo del semanario Blanco y Negro, por el periodista-policía franquista Alfredo Semprún. El mismo que entrevistó a uno de los asesinos de los abogados de Atocha, Lerdo de Tejada, cuando escapó de prisión. -El 29 de junio muere el trabajador del mercado de Valencia Valentín González Ramírez, de 20 años, a consecuencia del impacto de una bala de goma que le dispara a bocajarro un policía nacional. Valentín se dispone en ese momento a ayudar a su padre, que está siendo brutalmente apaleado por otro agente. Los hechos suceden durante una huelga legal de las “collas” de carga y descarga del mercado valenciano. Los trabajadores de este sector reclaman el cumplimiento del laudo dictado por la Delegación de Trabajo de Valencia, que obliga a los empresarios del sector a subir los salarios de sus empleados. Los asentadores no han hecho caso de la resolución: ni la recurren, ni pagan. Las deudas a los trabajadores se han ido acumulaban hasta superar los 13 millones de pesetas. Los descargadores deciden entonces recurrir a la huelga legal, en defensa del cumplimiento del laudo y del pago de los atrasos. Se

entrega en el Gobierno Civil un extenso escrito informando a las autoridades de cuál es la situación y señalando que se convoca la huelga como única posibilidad de presión que les queda. El día 25 por la mañana hay una asamblea en la que participan los 115 descargadores del Mercado de Abastos. En ella se decide no provocar el más mínimo incidente y se recuerda que están actuando dentro de la más estricta legalidad. Se propone que los piquetes informativos que se van a situar a la entrada del mercado estén compuestos por trabajadores mayores de 60 años. El resto de los huelguistas se mantendrá dentro del mercado en actitud pacífica. Hacia las ocho de la tarde, se forma una barrera a la entrada del mercado, con vallas metálicas y carretillas, para impedir la entrada a los transportistas, y se reparten hojas explicativas a camioneros y transeúntes. No hay ningún enfrentamiento con los transportistas. Media hora después llega a las inmediaciones del mercado un fuerte contingente policial, al mando de un oficial, que se dirige a los trabajadores diciendo que la policía no interfiere en asuntos laborales y que sólo quiere saber si la huelga es legal. Mientras un trabajador va a buscar los papeles oficiales que acreditan la legalidad de la convocatoria, el mando policial se acerca a su vehículo y habla por teléfono. Cuando vuelve, le ensañan los papeles, pero se desentiende de ellos y conmina a los huelguistas a que desalojen la zona en tres minutos. Algunos trabajadores, entre ellos Valentín y su padre, se refugian en la caseta de vestuarios que hay a la entrada del mercado. La policía lanza una bomba al interior y el ambiente se hace allí irrespirable. Con una silla, los hombres que hay dentro de la caseta rompen los cristales de la ventana que da a la calle y saltan desde ella. Valentín, con su padre y otros compañeros, sale por la puerta. Un policía comienza a apalear al padre del joven y éste se acerca para protegerle con su cuerpo. En ese momento, otro agente, que está a sólo dos metros, dispara una bala de goma contra Valentín, quien, casi inconsciente tras recibir el impacto del proyectil, se derrumba sobre una valla. Un golpe terrible en la cabeza, con una porra, le hace caer definitivamente al suelo. Se produce una gran tensión y

algunos policías, montando sus subfusiles, impiden que otros trabajadores se acerquen al joven caído. Los mismos policías le practican la respiración artificial y un masaje cardíaco y, al ver que no reacciona, permiten que se suba su cuerpo al coche de un compañero, que le traslada al Hospital Provincial. Cuando llega allí, a Valentín sólo le queda un aliento de vida y no hay tiempo de intervenirle quirúrgicamente: la gran hemorragia interna que sufre acaba con su vida. Ante tan inesperada tragedia, su padre queda completamente trastornado, si capacidad para reaccionar. Un centenar de compañeros de Valentín hacen guardia ante un círculo de carretillas de carga y descarga, en el lugar donde el joven ha caído herido de muerte. En el centro, pintan la silueta del trabajador con una cruz sobre el corazón. Sindicalistas, trabajadores y vecinos inundan de flores ese reducido espacio. El gobernador civil, José María Fernández del Río, que estaba fuera de Valencia mientras se producían los acontecimientos, regresa rápidamente a la ciudad y declara provocativamente: “La policía ha sido demasiado blanda”. El día 27 tiene lugar en Valencia una jornada de huelga general, que es respaldada de forma masiva, y más de cien mil personas salen a la calle para protestar contra el crimen. Es la mayor manifestación celebrada en la ciudad del Turia hasta ese momento. A las tres en punto, las sirenas de los barcos del puerto suenan tres veces, cuando la cabeza de la comitiva llega al cementerio. El féretro con el cadáver de Valentín, cubierto por la bandera rojinegra de la CNT, sindicato al que pertenecía, pasa en volandas sobre manos acostumbradas a cargar y es depositado en la tumba. El silencio queda roto a partir de ese momento, con gritos que reclaman justicia. Un comunicado conjunto, firmado por todos los sindicatos de clase, el día 26, señala: “Otro militante obrero ha caído. Una vez más, cuando todavía suenan los ecos de las balas de Euskadi, las fuerzas de “orden público” han hecho otra víctima para ofrecerla al Estado que las ceba. Los hijos de las dictaduras son como ellas mismas. Los retoños del franquismo y las instituciones que lo prolongan son familiares a los métodos de aquél en cuyo seno se han hecho

políticos y cuya política hoy tenemos que sufrir. ¡ABAJO LA MONARQUÍA! ¡FUERA SUS ASESINOS A SUELDO! Nigún político dimite y ningún policía es procesado por la muerte de Valentín. En 1993, por iniciativa de la central sindical CGT y del Ateneo Libertario “Al Margen”, se constituye una plataforma popular para reivindicar que el Instituto de Enseñanza Media ubicado en lo que fue el antiguo Mercado de Abastos de Valencia lleve el nombre de Valentín González. “Queremos homenajear, en el recuerdo de Valentín, a los trabajadores anónimos que lucharon por las libertades, tanto en la Dictadura como en la Transición. Pensamos que esta iniciativa puede constituir un ejercicio de recuperación de la memoria histórica de una época sobre la que se quiere echar un manto de olvido”, manifiestan los impulsores de esta iniciativa en un comunicado. Desde entonces siguen recordando a Valentín con periódicas concentraciones en el lugar donde el joven trabajador fue asesinado. -A lo largo del verano de 1979, las intervenciones policiales para disolver manifestaciones incrementan trágicamente la nómina de muertos y heridos de bala durante la Transición. Un alcalde del Bajo Llobregat queda inválido a consecuencia de un disparo efectuado por un número de la Guardia Civil y tres personas más resultan heridas en sendas manifestaciones. Dos trabajadores son asesinados en un bar por un policía nacional ebrio. En Santa Coloma de Gramanet, grupos fascistas, en connivencia con la policía, disparan hiriendo a dos jóvenes, mientras que, durante la “diada” de Valencia, los efectivos antidisturbios se retiran para que un grupo de militanes de Fuerza Nueva apalee al alcalde de la ciudad, Ricard Pérez Casado. -El 15 de julio fallece Salomé Alonso Varela, de 28 años, en el barrio madrileño de Malasaña, al explotar una bomba colocada por un grupo ultraderechista en el bar El Parnasillo. La deflagración provoca también varios heridos graves. Los autores del atentado son

los mismos que provocaron la muerte del trabajador del diario El País Andrés Fraguas con otro explosivo. -El 2 de agosto, dos refugiados vascos son ametrallados en Anglet (Francia) por un comando parapolicial. Muere Juan José Lopategui Carrasco y resulta gravemente herido Angel Iturbe Abasolo. Reivindica el atentado el BVE. -El 31 de agosto, como culminación de varios días de agresiones y provocaciones constantes, un grupo de jóvenes ultraderechistas asesina a José Prudencio García, de 44 años, en la localidad madrileña de Arganda del Rey. El ejecutor material es Luis Miguel Martín, militante de Fuerza Nueva. Otro de los ultras que intervienen en el asesinato, Iñigo Guinea Pérez, es detenido por la policía municipal del pueblo y entegado a la Guardia Civil, que lo pone en libertad apenas transcurrida media hora. En 1980, Guinea participa en el asalto ultraderechista al bar San Bao, donde muere el joven Juan Carlos García Pérez. Acabará huyendo de España, sin pagar sus crímenes. -El 13 de septiembre de 1979, José Luis Alcazo, de 25 años, es asesinado a golpes de bates de béisbol por un grupo de ultraderechistas. Licenciado en Historia, sin ninguna filiación política, pasea tranquilamente por el Retiro con varios amigos cuando se lanzan sobre él desde las sombras. Entre los agresores se encuentra Fernando Pita da Veiga y Corral, sobrino del almirante y ex ministro franquista Pita da Veiga, el que dimitió como ministro de Marina cuando fue legalizado el PCE, en la Semana Santa de 1977. Fernando Pita también ha formado parte del comando que asaltó, poco antes del asesinato de José Luis Alcazo, el Instituto San Isidro e hirió a dos estudiantes. El grupo de asesinos lo integran también Eduardo Juan Limiñana Sanjuán, Miguel Cebrián Carbonell, Gabriel Rodríguez Medina, Miguel Fernández Alegre, Emeterio Iglesias Sánchez, Pablo Calderón Fornos, José Antonio

Nieto García y sus dos hermanos, Angel Luis y José María. Los “bateadores” tienen entre 14 y 19 años. Se han dado cita en El Retiro para llevar a cabo lo que ellos llaman “acciones de hostigamiento contra los rojos, drogadictos y homosexuales” que puedan encontrarse. Armados con palos, cadenas y bates de béisbol, en los que han inscrito “Viva el fascio redentor”, se adentran en el parque, hacia las nueve de la noche, y atacan a varios grupos de personas. Cuando están agrediendo a Luis Francisco Canicio y Jesús Manuel Oyamburu, José Luis Alcazo interviene para intentar ayudarles y los fascistas se ensañan con él, dándole golpes en la cabeza hasta matarle. Dos de los ultras son condenados como autores materiales del crimen, considerado por los jueces sólo como homicidio: Angel Luis Nieto y Eduardo Limiñana, a quienes les caen 11 años. Además, es sentenciado a tres años de prisión José Antonio Nieto, y a dos años y seis meses, Rodríguez Medina. El resto de los procesados se les imponen penas menores que no implican su ingreso en prisión. Rodríguez Medina, hijo de un oficial del Ejército, permanece ingresado muy poco tiempo y, además, de forma absolutamente irregular, en la prisión militar de Alcalá de Henares. -3 de septiembre. En Biarritz, muere ametrallado por un comando parapolicial el refugiado vasco Perico Elizarán. -20 de septiembre. En Oviedo muere por disparos??? de la Guardia Civil Valeriano Martínez Pérez, de 44 años, durante un enfrentamiento de un piquete de huelguistas con la fuerza pública. -El 8 de diciembre mueren dos ancianos xxxxxxx, a consecuencia de un incendio provocado en la sede del MC de Valladolid. Los fallecidos vivían en el piso de arriba. La violencia ultra en la ciudad castellana protagoniza numerosos episodios durante la Transición y provoca bastantes heridos. El 6 de enero de 1981 será tiroteado el bar “El Largo Adiós”, lugar de encuentro de jóvenes progresistas, y

resultará gravemente herido Jorge Simón, de 26 años, por un balazo en la cabeza y otro en el pecho. -El 13 de diciembre, en Madrid, tras una manifestación estudiantil contra la Ley de Autonomía Universitaria (LAU), mueren, a consecuencia de los disparos efectuados por la policía, los estudiantes José Luis Montañés Gil y Emilio Martínez Menéndez. Ese día se celebran cuatro manifestaciones en la capital. Una por la mañana, autorizada, patrocinada por el movimiento sindical universitario, a la que asisten decenas de miles de estudiantes y en la que se producen fuertes enfrentamientos con la policía. Las otras tres tienen lugar por la tarde. Una en Cuatro Caminos, convocada por la Coordinadora de Enseñanza Media y Formación Profesional, en la que se reproducen los enfrentamientos con las FOP. Otra en la calle de Princesa, donde los estudiantes de las universidades madrileñas han convocado a la misma hora una concentración. Los estudiantes de las dos manifestaciones estudiantiles, disueltos violentamente por la policía, van protagonizando distintos “saltos” por el centro de la ciudad, acercándose a una tercera manifestación, convocada por CCOO, USO y el Sindicato Unitario, que en esos momentos transcurre por la calle de Embajadores. Los estudiantes y los obreros confluyen a la altura de la Ronda de Valencia, cerca de la Glorieta de Embajadores, donde se levantan barricadas para impedir el paso de los vahículos policiales. La dotación de un Land Rover policial comienza a disparar sus subfusiles y provoca dos muertos y varios heridos de bala. En el costado de un autobús de la EMT, cruzado en la Ronda de Valencia, se pueden ver decenas de orificios de bala, a la altura de la cabeza de los manifestantes. Cuando la concentración está prácticamente disuelta, policías antidisturbios, en obvio estado de ebriedad, se dedican a introducír sus dedos en los agujeros que han provocado los proyectiles, entre risotadas, y chapotean con sus botas en los charcos que la sangre de los muertos ha dejado sobre el asfalto. Varios testigos presenciales de aquella barbarie somos citados a declarar ante el juez instructor del caso, Clemente Auger,

magistrado del juzgado de Instrucción nº 3, que, por primera vez en la Transición, solicita el procesamiento de tres policías como presuntos autores de un delito de homicidio. Son los funcionarios Francisco Antonio Garrido Sánchez, Juan José López Tapia y Manuel Ortega García. La reconstrucción de los hechos realizada por el juez difiere enormemente de la versión oficial dada por la Dirección General de Seguridad y el ministro del Interior Antonio Ibáñez Freire. José Luis Montañés ingresa ya cadáver en el Hospital Provincial, a consecuencia de un disparo que le atraviesa el cuello. Emilio Martínez presenta una herida en el hemitórax derecho y se le extrae la bala. Se comprueba que ha sido disparada por un policía nacional Manuel Ortega García. Otro funcionario, Antonio Francisco Garrido Sánchez, reconoce haber disparado ocho veces al aire. Sin embargo, sus balas hieren a Luis Sáenz Robles en una rodilla y a Esteban Montero en el cuerpo. Se producen enormes presiones policiales y hay una gran crispación en los centros sanitarios donde están ingrsados los heridos. La policía intenta recuperar las balas. La versión policial de que el jeep estaba acorralado no se sostiene, la desmienten numerosos testigos presenciales y, además, resulta elocuente comprobar la ubicación de algunos de los heridos: María Patricia McAnurty, de nancionalidad británica, que se encuentra visitando Madrid como turista, recibe un impacto de bala en la calle de Bernardino Obregón. Esteban Montoro es herido de bala cuando está en la Glorieta de Embajadores. Sólo Luis Sáenz Robles recibe el disparo a menos de 50 metros del jeep, cuando está junto a la calle de Valencia. Pero el gobernador civil Juan José Rosón no varía su versión. Continúa sosteniendo que el jeep policial ha sido agredido y rodeado, a pesar de las evidencias en contra que va desvelando la instrucción judicial. El sumario cuestiona también claramente las roturas que presenta el vehículo, supuestamente maquillado para la ocasión por orden del comandante de las FOP Jaime Togores Franco Romero, jefe de servicio en la DGS el 13 de diciembre, quien, según sus propias declaraciones, se encarga de conducier él mismo el coche policial, desde la Casa de Socorro a las dependencias de la

DGS en la Puerta del Sol. La dotación del jeep tarda más de tres horas en llegar desde el lugar de la manifestación hasta el centro sanitario, que está a menos de dos kilómetros. Al parecer, “por problemas de tráfico”. Los policías presentan también numerosas piedras que, según ellos, han sido lanzadas contra el Land Rover. Luego se comprueba que proceden de un río. Televisión Española repite hasta la saciedad que a José Luis Montañés se le ha encontrado una bolsa con setenta mil pesetas. Lo que no se aclarará más tarde es que, investigada la procedencia del dinero, se puede comprobar que el estudiante fallecido trabajaba como cobrador en la agencia de viajes Marsans y ese es el resultado de la recaudación del día. Todos los sobres con el dinero llevan el membrete de Marsans. Uno de ellos, que contiene 38.403 pesetas, está, curiosamente, a nombre de la mujer del ministro de Universidades, González Seara. Es el pago por unos billetes para el vuelo Madrid-Viena. El día de la reconstrucción judicial de los hechos, dirigida por Clemente Auger, los policías presentes no cesan de amenazar e intimidar a quienes hemos sido citados como testigos y el juez tiene que ordenarles que se retiren unos metros. Cuando la autoridad judicial desaparece, destrozan a patadas el pequeño túmulo construido con velas en el lugar donde cayeron muertos los dos jóvenes. Un documental elaborado en súper ocho por dos estudiantes de la facultad de Ciencias de la Información, en el que se recogen esclarecedores testimonios y se reconstruyen minuciosamente los hechos, es secuestrado por la autoridad gubernativa, que también ordena detener a los autores de la cinta. El juez Clemente Auger eleva la instrucción del caso a la Audiencia Provincial, solicitando el procesamiento de los tres policías. Forman parte de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial los magistrados Francisco Alberto Gutiérrez Moreno y Alberto Leiva Rey, este último ha sido gobernador civil de Sevilla en vida de Franco. Cuando tomó posesión de ese cargo en la ciudad hispalense, manifestó públicamente en su declaración de intenciones: “Hago poco, pero duro”. Y el gracejo sevillano lo bautizó como “el

estreñido”. Preside la sala el magistrado Luis Pérez Lemaur García, a quien le gusta lucir ostensiblemente la bandera nacional con el aguilucho franquista en su chaqueta. El procesamiento de los tres policías es denegado y se archiva el caso. Cinco años más tarde, el 13 de diciembre de 1984, uno de los testigos de los asesinatos de José Luis y Emilio, José Luis Carrero Arranz, participa en una manifestación en recuerdo de los dos jóvenes asesinados, que también es reprimida por la policía. Cuando ya se retira de la zona, recibe un balazo por la espalda. Afortunadamente, el disparo de la policía no le afecta a ningún órgano vital y consigue salvar la vida. En el hospital del Instituto de Cirugías Especiales (ICE), en San Bernardo, donde es operado con éxito el herido, se vuelve a repetir una historia ya vivida en 1979. Ahora está en el gobierno el PSOE y el ministro del Interior es José Barrionuevo, antiguo miembro del SEU franquista, reconvertido al socialismo de Felipe González, pero hay cosas que no cambian. Esta vez, los policías sí consiguen arrebatar el proyectil a los médicos. Dos agentes esperan a pie de quirófano a que termine la intervención y obligan al cirujano a que les entregue la bala que ha herido a José Luis Carrero. Nunca se sabrá qué policía disparó contra él. -El 25 de diciembre, el BVE tirotea en la localidad guipuzcona de Hernani a Juan Luis Zabaleta, que es encontrado muerto?? Aparece con disparos de bala en el vientre. 1980 -En 1980 la violencia ultraderechista alcanza unas cotas terribles de violencia en las calles. El día 8 de enero, aparece en el barrio de Sagroniz, a doce kilómetros de Bilbao, el cadáver de la joven de 17 años Ana Teresa Barroeta. Su cuerpo, materialmente cosido a cuchilladas, presenta huellas de haber sido violado. Exactamente cinco meses después, el 8 de mayo, María Josefa Bravo, también de

17 años, es descubierta en San Sebastián con el cráneo aplastado. Ambos asesinatos los reivindica el Batallón Vasco Español. Entre uno y otro hecho se producen más de una docena de atentados graves firmados por los elementos franquistas, con un total de trece muertos y casi una veintena de heridos de grave consideración. La represión sangrienta contra los militantes de izquierda se presenta en este período básicamente en su forma parapolicial. Se producen agresiones contra locales culturales, asociaciones de vecinos y sedes de partidos de izquierda. Los atentados contra librerías y los asaltos a escuelas y facultades se recrudecen. Y la connivencia o incluso la participación directa de la policía queda en evidencia en muchos casos. El grupo de asesinos que penetra en el bar San Bao de Madrid dialoga, unos momentos antes de perpetrar su criminal agresión, con las fuerzas antidisturbios que los han etado protegiendo mientras hacían pintadas ultras, a tan sólo un centenar de metros de donde se va a producir la muerte de Juan Carlos García. En Vallecas, tras la muerte de Vicente Cuervo, son los propios policías quienes paran taxis para que se introduzcan en ellos los pistoleros y se alejen del lugar del crimen. Las manifestaciones y asambleas convocadas en respuesta a los asesinatos fascistas son sistemáticamente reprimidas por las fuerzas antidisturbios. Casi 50 detenidos se producen en Madrid durante los actos de protesta por el atentado del San Bao; un joven resulta herido de bala en una pierna por disparo de la policía el día siguiente de la muerte de Jorge Caballero, y una vecina de Basauri, María Pérez, sufre conmoción cerebral, por el impacto de un bote de humo, cuando participa en un acto donde se informa de la muerte de María José Bravo. El día 15 de enero explota una bomba en el bar Aldana de Baracaldo, con el resultado de cuatro personas muertas, Liboria Arana Gómez, Manuel Santacoloma, María Paz Armiño y Pacífico Fica Zuloaga. También se producen diez heridos graves. A uno de ellos, Andoni Mendoza, hay que amputarle una pierna. Reivindican el atentado los Grupos Armados Españoles (GAE). El día siguiente,

Carlos Saldise Corta, de 33 años, simpatizante de Herri Batasuna, es asesinado en Lezo, también por los GAE. El 26 de enero, una carta bomba enviada al Club de Amigos de la Unesco de Madrid hiere gravísimamente a dos miembros de la entidad, María Dolores Martínez y Luis Enrique Esteban . Ella queda con la cara destrozada y pierde el ojo izquierdo, él sufre la amputación de una de las manos y queda con la otra muy dañada. Los autores del atentado son los mismos que provocaron la muerte del trabajador de El País Andrés Fraguas con otro paquete bomba. Llevan cometiendo actos criminales durante varios años sin que el ministerio del Interior se haya preocupado de seguirles la pista. El 2 de febrero, Jesús María Zubikarai Badiola, simpatizante de Euskadiko Ezkerra, en Eibar, y Yolanda González, en Madrid, son asesinados a tiros en sendos atentados reivindicados por el Batallón Vasco Español. Ocho días después, es asesinado en el popular barrio madrileño de Vallecas el joven Vicente Cuervo, durante unos incidentes provocados por militantes de Fuerza Nueva. Los dos miembros de un matrimonio simpatizante de HB, María del Carmen Villarramendi y Juan María Ijurko, resultan gravemente heridos por la explosión de una bomba situada bajo su coche. A él se le amputan la pierna y la mano izquierdas. El día 15 de abril, en Madrid, un joven de la CNT, Jorge Caballero, es acuchillado a la salida de un cine. Muere dos semanas después. El 18 o 19 de abril, Felipe Sagarne es asesinado en Hernani, de dos disparos en la cabeza realizados a bocajarro. Reivindica el atentado el BVE. El 1 de mayo, tres personas son brutalmente acuchilladas en Madrid, al término de la manifestación convocada por las centrales sindicales. Uno de ellos, Arturo Pajuelo, muere a las pocas horas. Seis días después, un grupo fascista asalta en Madrid el bar San Bao, disparando contra quienes se encuentran en su interior. Muere Juan Carlos García y son heridas varias personas más. Los atentados del BVE se recrudecen en Euskadi durante el verano de ese año. En agosto, es asesinado en Irún José María Etxebeste y en Ondárroa es ametrallado y muerto Angel Etxaniz, militante de Herri Batasuna. En septiembre, en la localidad de Hernani, son

asesinados Luis María Elizondo Arrieta y Miguel María Abelain Eche. En noviembre, se produce un atentado contra dos personas de etnia gitana en Hernani, a raíz del cual fallece Joaquín Antimasbede. Ese mismo mes son asesinados en Caracas los dos miembros de un matrimonio vasco, exiliados en Venezuela, Joaquín Alfonso Etxeberría y Esperanza Arana. También se produce un atentado en Hendaya (Francia), en el que mueren Jean Pierre Haramendi y José Kamio. -La noche del 1 de febrero de 1980 es asesinada por un comando ultraderechista la estudiante Yolanda González Martín, de 18 años. Esa misma tarde, David Martínez Loza, Emilio Hellín Moro, Ignacio Abad y el policía nacional Juan Carlos Rodas Crespo se han reunido en un piso del centro de Madrid. Martínez Loza, responsable de la “Sección C”, la estructura militar de Fuerza Nueva, les ordena secuestrar y matar a la joven Yolanda González, joven militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) que se ha destacado en la lucha de los estudiantes universitarios y de enseñanza media contra la Ley de Autonomía Universitaria (LAU), que está teniendo lugar durante los últimos meses. Las movilizaciones estudiantiles han sido reprimidas duramente por la policía y en el transcurso de una manifestación, el 13 de diciembre, han muerto José Luis Montañés y Emilio Martínez. Yolanda ha nacido en 1961 en el barrio bilbaíno de Deusto y estudia Electrónica en el Centro de Formación Profesional de Vallecas. Más tarde, Martínez Loza confirma telefónicamente sus órdenes. La operación adquiere prioridad sobre la prevista colocación de una bomba en los locales de “Publicidad Cinco Cero”, agencia del grupo Z (Interviú es una de las obsesiones de los ultraderechistas durante la Transición). Félix Pérez Ajero y Ricardo Prieto Díaz –miembros de Fuerza Nueva-, el policía Rodas y el guardia civil Juan José Hellín Moro, hermano de Emilio Hellín, se quedan vigilando en los alrededores del portal 101 de la calle de Tembleque –Aluche-, mientras éste y Abad secuestan a Yolanda. La llevan hacia San Martín de Valdeiglesias y allí, en plena carretera, le disparan dos

tiros en la sien –Hellín- y uno en el brazo –Abad-. En la más pura tradición de los “paseos” franquistas. El atentado lo reivindica el Batallón Vasco Español, que también ha hecho lo propio con el asesinato en Eibar de José Miguel Zubikaray, el mismo día 1 de febrero. A Yolanda probablemente la asesinan pasadas las 24 h., ya el día 2. Tras la detención de Hellín y Abad, se descubre que en los pisos francos alquilados a nombre del primero y en los locales de su escuela de electrónica, un conjunto abrumador de medios a su disposición: armas, cartuchos de goma-2, material de grabación, transmisión y emisión, granadas de mano PO, reglamentarias del Ejército español, material auxiliar de explosivos, detonadores de mecha corta, cebos electrónicos, un bolígrafo pistola... y lo más interesante: receptores emisores de la Guardia Civil y un terminal de computador Skaner VHF, conectado directamente con el computador central del “Grupo 8” de los Servicios de Información de la Guardia Civil. Se descubre que ese minicomputador-terminal corresponde a una partida de ingenios de la misma serie vendidos al Estado y destinados al ministerio del Interior. Es desconectado, sin orden judicial, por los inspectores encargados de la investigación y desaparece para siempre, a pesar de todos las gestiones que se hacen para conocer su paredero y poder recuperarlo. Félix Pérez y Ricardo Prieto, a pesar de pesar que sobre ellos una orden de búsqueda y captura, continúan viviendo durante meses en sus domicilios. David Martínez Loza es detenido pero obtiene la libertad del titular del juzgado nº 1 de la Audiencia Nacional, el reconocido juez franquista Ricardo Varón Cobos, que decide no procesarle. Este magistrado se opone también al registro de la sede de Fuerza Nueva en la calle madrileña de Mejía Lequerica. Posteriormente, las resistencias judicales continúan obstruyendo la investigación. Los abogados de la acusación particular dirigen fuertes críticas a la actuación, en las diligencias sumariales, del fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ibáñez, que califica los hechos como un delito de homicidio, no de asesinato. Señalan que el fiscal no se ha tomado la molestia de escuchar siquiera las cintas

magnetofónicas intervenidas a los procesados, ni ha estado presente en las declaraciones antes el juez de algunos testigos propuestos por la acusación particular. Insisten en que, a través de la investigación del asesinato de Yolanda, “se puede profundizar en las conexiones de miembros de los aparatos de seguridad del Estado con organizaciones ultraderechistas”. Finalmente, Hellín es condenado a 43 años de prisión y Abad a 28, como autores materiales de la muerte de Yolanda. Además, Félix Pérez Ajero y José Ricardo Prieto Díaz, subjefe y secretario de Fuerza Nueva en el distrito madrileño de Arganzuela, son condenados a seis años, por allanamiento de morada y detención ilegal. Y David Martínez Loza, jefe nacional de seguridad de Fuerza Nueva -que es defendido por Antonio Muñoz Perea, yerno de Blas Piñar-, a otros seis años, como autor del asesinato por inducción. “Aún pienso en esos momentos que mi hija pasó hasta que la mataron, eso es algo que no podrá olvidar”, afirma Lidia Martín, la madre de la joven estudiante bilbaína. “Los momentos de Yolanda desde que entraron en su casa, la tiraron al suelo, revolvieron todo, la amenazaron, la pegaron,la hicieron bajar al coche con la pistola pegada a los riñones, la llevaron al campo en plena noche oscura, mientras le pegaban y le escupían en la cara...” Emilio Hellín se escapa de la prisión de Alcalá de Henares unos meses después de su detención, pero pronto es capturado de nuevo. A pesar de este hecho, en 1987 se beneficia, insólitamente, de un cambio de clasificación en su situación penitenciaria, autorizado por el juez Jesús Vallés y, a continuación, el juez de vigilancia penitenciaria de Zamora, Jose Donato Andrés, le concede un permiso. Hellín lo aprovecha para fugarse nuevamente. Varios años Después, es localizado en Paraguay por el redactor de Interviú José Luis Morales, se consigue su extradición y vuelve a prisión. En la actualidad, ya se encuentra definitivamente libre, como todos los demás implicados en el asesinato de Yolanda. -El 10 de febrero, Vicente Cuervo Calvo, de 22 años, trabajador de Telefunken, es asesinado por los asistentes a un mitin de Fuerza

Nacional del Trabajo (sindicato fantasma vinculado a la organización ultraderechista Fuerza Nueva), en el barrio madrileño de Vallecas. Desde primeras horas de la mañana se producen alteraciones del orden público en las inmediaciones del cine París. El acto ha sido desautorizado por el Gobierno Civil, pero alrededor de 150 ultras armados se reúnen y comienzan a cantar el “Cara al Sol” en una explanada situada frente al cine. En este barrio obrero y claramente escorado a la izquierda, el acto es considerado una provocación. Sólo unos días antes, militantes de Fuerza Nueva han secuestrado y asesinado a Yolanda González, que estudiaba en un instituto de Vallecas. La gente de la zona comienza a abuchear a los fascistas. La policía carga contra los vecinos y los ultras se dedican a perseguir y apalear a los contramanifestantes, mientras éstos se dispersan. Suena un disparo y Vicente Cuervo cae al suelo. Trasladado al equipo quirúrgico de Vallecas, el médico que le atiende cree, en un principio, que la herida que presenta en el pecho le ha sido producida por arma blanca. Sin embargo, al ser ingresado en la Residencia Sanitaria Provincial, se comprueba que ha recibio un tiro. Vicente es intervenido quirúrgicamente durante dos horas y se llegan a utilizar ocho litros de sangre en las transfusiones, pero la gravedad de su herida le provoca la muerte. La bala ha entrado por el hemitórax derecho y afecta al hígado, la vena cava inferior y el pedículo del riñón izquierdo, con trayectoria descendente y de delante hacia atrás. Según testigos presenciales, le ha disparado un hombre de unos 50 años, vestido con un abrigo azul y el pelo corto. Vicente cae herido de muerte en un paso de cebra, en la puerta del bar Domes, frente al número 18 de la calle de Carlos Martín Álvarez. Es un vecino, Rufino Aguirrebengoa, quien le recoge y le lleva en su propio coche al hospital. “El criminal disparó con perfecta posición de tiro –recuerda Rufino- y con total sangre fría, sujetándose la muñeca derecha con el brazo izquierdo, manteniendo el brazo de la pistola totalmente extendido. No hizo uno, sino varios disparos. El chico fue alcanzado por uno de los primeros y siguió corriendo. Cuando cayó al suelo, el de la pistola se acercó y le volvió a disparar”. Son detenidos y posteriormente puestos en

libertad los ultraderechistas Félix del Yelmo e Ignacio Ortega, a quienes se les interviene una pistola que ha sido disparada, un revólver simulado, dos cuchillos y una cadena. A raíz de este nuevo asesinato se crea la Asamblea Antifascista de Vallecas, que realiza diversos actos públicos para pedir el esclarecimiento de los hechos. No se procesa a nadie. -El 28 de marzo, frente al cine Azul, en la Gran Vía madrileña, un grupo de extrema derecha apalea y apuñala a Jorge Caballero Sánchez, de 21 años, que muere quince días después. El joven sale del cine con su novia cuando un grupo de ultras se abalanza sobre él. Lleva una insignia con la A dentro de un círculo, el símbolo anarquista. El presunto autor de la muerte es declarado en rebeldía y los otros dos implicados son puestos en libertad provisional a los dos meses, tras depositar sendas fianzas de sólo 25.000 pesetas, que son abonadas por Fuerza Nueva. Según se deduce de los careos efectuados durante la investigación, los participantes en el asesinato de Jorge Caballero son diez miembros de Fuerza Joven. La policía sólo consigue detener a nueve de ellos. El décimo y presunto autor del asesinato, José Antonio Llobregat Ferré, se encuentra, desde el momento de iniciarse la investigación, en paradero desconocido. En unas declaraciones efectuadas a la revista Cambio 16, otro de los integrantes del comando criminal, Juan Miguel Gómez González, alias “Masa”, sostiene que la fuga de Llobregat, alias “el Loco”, ha sido organizada por Ricardo Alba, subjefe nacional de Fuerza Nueva en esas fechas. Instruye el sumario el entonces titular del Juzgado número 2 de Instrucción, Luis Lerga, un hombre considerado de talante liberal, que procesa sólo a cinco de los implicados. Cuatro, inicialmente: los citados Llobregat Farre y Gómez González, además de Fernando Saliquet de la Torre y José María Vargas Villalba. Con posterioridad, también incluye a Felipe Queipo Zimmermann, cuya presencia en el lugar del asesinato ha sido ocultada a lo largo de las primeras declaraciones. También están implicados en el asesinato

Antonio Pagazartundía Irache, Pascual García Porras y los hermanos Miguel Ángel y Javier Fernando Masía Linaza. Los problemas comienzan cuando el expediente se traslada a la Sección Primera de la Audiencia Provincial, que dilata enormemente la tramitación del caso y, al final, levanta el procesamiento de Queipo y Saliquet, dos ultraderechistas miembros de familias militares. Esta Sección, presidida en el año 80 por Francisco Alberto Gutiérrez y de la que también forman parte Carlos Díaz Aguado Fernández y Andrés Martínez, tiene fama de “ultra” entre los letrados demócratas. Estos magistrados fijan la fianza para el ejercicio de la acción pública en 3.400.000 pesetas, que deben ser depositadas en el plazo de dos semanas. “Eso fue una muesra evidente del poco interés que tenían para que la acción prosperase”, recuerda la letrada María Angeles López, que encabezó la acusación. “Pudo verse claramente por contraposición con la cantidad que impuso el juez Auger en el caso de los estudiantes muertos por la policía en Embajadores, que fue sólo de mil pesetas”. Con el levantamiento del procesamiento a Queipo y Saliquet –este último nieto de un almirante franquista- se cargan las responsabilidades del asesinato en el individuo fugado y en los dos elementos con menos respaldo “familiar” del grupo: “El Masa”, una especie de salvaje, entre lúmpen y nazi, que se meterá más tarde en la delincuencia común, y Vargas Villalba, alias “el Jerezano”, hijo de un jornalero andaluz, el débil del grupo, que acaba denunciando al juez las presiones de las que es objeto para cargar él solo con el muerto, por parte de sus compañeros de celda y sus abogados, los hermanos Muñoz Perea. Uno de ellos, Antonio, yerno de Blas Piñar defiende también a los asesinos de Yolanda González. En 2001 conseguimos localizar a Vargas Villalba en un pueblo de Galicia, donde sobrevive a salto de mata, y nos relata su versión de los hechos: “Los policías nos apoyaban, tenían gran simpatía hacia nosotros. Es evidente, porque incluso cuando yo fui detenido, me comentaron que ya nos tenían más que superlocalizados, pero que, claro, al haber sido la cosa tan grave no habían tenido más remedio que actuar, porque los habían presionado. A mí, la Guardia Civil,

cuando estaba esposado en la Plaza de Castilla, al enterarse de que yo era de ultraderecha, me han quitado las esposas e incluso me han invitado a vino. Y lo que sí es cierto es que, más de una vez, en nuestras correrías nos ha acompañado algún guardia civil joven. Algunos de ellos venían bastante por la sede de Fuerza Nueva de Mejía Lequerica”, añade. “Y el que estaba siempre allí era Lorenzo Sanz, que luego ha sido presidente del Real Madrid”. “El auto estaba dirigido y redactado para responsabilizar única y exclusivamente a la persona ausente, como era habitual en casos como este”, señala la letrada Angeles López. “En él no se hablaba de asesinato, sino de homicidio, que es un grado inferior. Y de los careos se deduce que Jorge fue objeto de un ataque colectivo con palos de karate, porras, machetes de monte y otros medios naturales, cuando no esperaba ni sospechaba agresión alguna”. El principal culpable del asesinato sigue sin aparecer. En dos ocasiones, Interpol Austria se comunica con la policía española desde Viena, pidiendo instrucciones porque ha localizado allí a Llobregat. En ambos casos se deja correr el tiempo sin contestar ni avisar a la acusación privada. Los dos únicos cómplices del asesinato procesados son condenados a pagar una multa de 50.000 pesetas, “por desórdenes públicos”. En el texto de la sentencia, dictada el 5 de junio de 1987, el juez ponente, Carlos Entrena, antiguo miembro del Tribunal de Orden Público franquista, ni siquiera menciona la condición de ultraderechistras de los acusados. Olvida el hecho de que “El Masa” es jefe de centuria de Fuerza Joven y que Llobregat había amenazado con su machete a los transeuntes en varias ocasiones antes de asesinar a Jorge. Otro crimen sin castigo. -El 19 de abril, el BVE asesina en Hernani a Felipe Sagarna Ormazábal. -El 1 de mayo de 1980, en Madrid, es asesinado por la estrema derecha Arturo Pajuelo Rubio, de 33 años. Tras la manifestación obrera que se desarrolla por el Paseo del Prado, son acuchilladas tres personas: Arturo, que fallece a consecuencia de las graves heridas

sufridas, Joaquín Martínez Mecha y Carlos Martínez Bermejo. Estos dos consiguen salvarse. “Los agresores eran profesionales”, afirman los médicos. “Atacaron por delante, a los pulmones y el hígado. Con una bayoneta. Los que atacaron por detrás lo hicieron a los riñones. Nunca habíamos visto algo igual”. Las agresiones se producen durante la pacífica dispersión de los manifestantes, en la zona del paseo de las Delicias. Los fascistas agreden a Arturo sin gritos previos ni insultos. Uno o dos individuos le sujetan por la espalda mientras otro le clava nueve veces un machete. Su amigo Joaquín tiene más suerte, recibe cuatro puñaladas pero puede salir corriendo. Mientras tanto, la policía del gobernador civil Juan José Rosón carga brutalmente contra la manifestación de CNT, que se está desarrollado por la calle de Bravo Murillo, pero en cambio no detiene a ningún fascista. Arturo Pajuelo era un dirigente vecinal del barrio de Orcasitas, soltero y empleado de Construcciones Aeronáuticas S.A. La situación en la que deja a su familia es trágica: su padre ha muerto sólo hace seis meses y se encontraba a cargo de tres hermanas bastante menores que él, una de ellas disminuida psíquica. Como resultado de las agresiones, Martínez Mecha, de 24 años, sufre heridas graves en el hemitórax derecho e izquierdo que interesan el pulmón, junto con heridas en la región lumbar que le provocan la rotura de un riñón. Se salva con graves secuelas para toda la vida. Las heridas de Carlos Martínez no le afectan a órganos vitales. Un supuesto portavoz del Batallón Vasco Español reivindica, a través de una llamada telefónica al diario Egin, el asesinato de Arturo y las otras dos agresiones y señaló que la acción ha sido llevada a cabo por el comando “Javier Jaúregui”, como “primera respuesta a las continuas agresiones sufridas por nuestros compañeros de Falange, por abogados rojos, en el juicio del caso Atocha”. Los inspectores de la Brigada de Investigación Criminal de la Policía aporta muy escasas informaciones. Cuentan con el retrato robot de un individuo barbilampiño, con ojos ligeramente achinados, más bien delgado y de estatura media, que, según testigos

presenciales, iba acompañado de otro más alto, sobre el que no se pueden precisar más detalles. Ambos llevaban zamarras negras de cuero. El primero de ellos fue quien apuñaló a Arturo. El desinterés y la total falta de eficacia de la Brigada de Investigación Criminal obliga a los abogados de la acusación particular a presionar al Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid para que pase el caso a la policía judicial. Tras muchos meses de dilaciones, se dicta auto de procesamiento contra Daniel Fernández Landa y Roca, como presunto asesino de Arturo Pajuelo. La instrucción del caso se cierra sin procesar a más implicados. Fenández Landa, que también está implicado en el asalto al bar San Bao, ya ha desaparecido de España. El asesino de Arturo ha nacido en Las Palmas, el 2 de octubre de 1951, y es militante de Falange Española de las JONS. Una vez más, nadie es condenado por el nuevo crimen. -Pocos días después, el 6 de mayo, también en Madrid, es asesinado Juan Carlos García Pérez, de 20 años, durante el asalto de un grupo ultraderechista al bar San Bao. Los hechos se suceden tras una jornada de lucha, convocada el día 3 de mayo en protesta por el asesinato de Arturo Pajuelo. Al término de una concentración antifascista que tiene lugar en la plaza de Quintana, varios manifestantes realizan pintadas denunciando el crimen de Arturo Pajuelo en la Cruz de los Caídos de Ciudad Lineal. En la parte posterior de este monumento franquista, que acabará siendo demolido años más tarde, está grabada en piedra una relación de “caídos” del bando nacional, muchos de los cuales dieron nombre a calles de esa zona de Madrid: Hermanos García Noblejas, Emilio Gastesi Fernández, Servando Batanero, Esteban Collantes... El día 6 se produce una concentración fascista de desagravio junto a la Cruz y algunos de los participantes limpian las pintadas, entre cánticos paramilitares y amenazas a los viandantes. La policía mantiene una actitud amistosa con ellos y no impide las agresiones. Al final del acto, un nutrido grupo de ultras abandona el lugar, en formación militar, en fila de a dos, encabezados por un hombre maduro que

lleva un machete. Minutos después, a plena luz del día, asaltan el bar San Bao, situado en el número 42 de la calle de Arturo Soria. Fallece de un disparo Juan Carlos García Pérez, de 20 años, que estaba cumpliendo el servicio militar en la Escuela Superior del Ejército, donde trabaja su padre como impresor. Y hay otro dos heridos más de bala, Ramón Carlos Bonal, de 19 años, que recibe dos proyectiles en la pierna izquierda, y Vicente Seoane Martín, de 20 años, a quien se le aloja una bala junto al bazo. Los casquillos no aparecen, lo que hace suponer que los agresores disparan con revólver. El Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid procesa a Daniel Fernández de Landa Roca (a un hermano suyo, Jesús Alfredo, le detiene la policía el día siguiente al atentado, en El Escorial, con una pistola y un revólver escondidos en una bolsa) e Iñigo Guinea Pérez. Cuando se dicta la orden de busca y captura, ambos ya están fuera de España y nunca llegan a ser detenidos. También participan en el asalto Jesús Alcalá Neches, Jesús Manzano Martínez, Jesús Minteguiaga Ambrona, Juan Domingo Martínez Lorenzo, Miguel Ángel Hurtado López, Francisco Javier Barranco López de Saa, Lorenzo y Pedro Pablo Peña. Este último, a pesar de estar en busca y captura, sigue viviendo en casa de su madre, viuda del inspector Peña, del Cuerpo Superior de Policía, durante tres meses. Denunciada esta situación por la prensa, finalmente es detenido, pero el juez lo pone en libertad. Juan Domingo Martínez Lorenzo es condenado a 32 años de prisión, por asesinato; Jesús Alfredo Fernández de Landa Roca, a 18 años de prisión, por asesinato, y Jesús Minteguiaga Ambrona y Miguel Ángel Hurtado López, a cuatro años y dos meses de prisión menor, por desórdenes públicos. -6 de septiembre. Fallece en Madrid, en las dependencias de la Dirección General de Seguridad, José España Vivas, de 25 años. Sufre un infarto mientras está siendo interrogado por agentes de la Brigada Central de Información. El informe correspondiente del Instituto Anatómico Forense señala que España Vivas tenía un quiste hidatídico y que esta circunstancia puede haber sido

determinante en su muerte. Sin embargo, el cadáver presenta los pies hinchados, quemaduras de cigarrillos en distintas partes del cuerpo y otros signos evidentes de haber sido sometido a una sesión de tortura. El fallecido ha sido detenido bajo la acusación de pertenecer a los GRAPO, pero se comprueba que esto no es cierto y que se ha producido un grave error policial. España Vivas, natural de Alcalá de Henares, era un activo militante del movimiento ciudadano y miembro de la Asociación de Vecinos del Barrio de Venecia de esta localidad madrileña. No se realiza ninguna investigación sobre su muerte. -7 de septiembre. Otro comando parapolicial, que reivindica el atentado con las siglas BVE, asesina en Hernani a Miguel Arbelaiz Etxebarría y Luis Miguel Elizondo Arrieta. -14 de noviembre. De nuevo en Hernani, el BVE asesina a Joaquín Antimasverás Escoz y deja herido de gravedad a Andrés Echevaría Echevarría. Ese mismo día, en Caracas (Venezuela), los ultras al servicio de la policía española Jean Pierre Cherid y Mario Ricci asesinan al ingeniero vasco Joaquín Alfonso Echevarría y a su esposa Esperanza Arana. -23 de noviembre. Un comando ultraderechista integrado por los colaboradores de la policía española Jean Pierre Cherid y los hermanos Perret ametralla el bar Hendayais (Hendaya, Francia) con el resultado de dos muertos y diez heridos. Mueren Jean Pierre Haramendi, de 68 años y José Kamio, nacido en la localidad guipuzcoana de Urbieta, de 52 años, que ya tiene la nacionalidad francesa. La cadencia y precisión de los disparos prueba que los autores del atentado son profesionales. Los asesinos se dirigen después hacia el sur y cruzan violentamente la frontera franco-española, por el puente de Santiago, en Irún, sin detenerse en el control francés, y se entregan a los funcionarios de la policía española, tras haber derribado la valla de control. Después son

trasladados a la comisaríade Irún y puestos en libertad por orden del comisario general de Información Manuel Ballesteros. Afirma que los tres individuos trabajan para él como confidentes. -30 de noviembre. En Barcelona, el jefe comarcal de Fuerza Nueva en el Maresme, Salvador Durán, es inculpado del doble asesinato de Juan Acaso y José Muñoz, a quienes confundió, según sus propias declaraciones, con miembros del Ateneo Libertario de Mataró. Las muertes se produjeron durante una operación de “escarmiento” que, según las declaraciones de Durán, le fue encargada por mandos policiales y de la Guardia Civil. Las armas del crimen le fueron facilitadas por guardias civiles. 30 de diciembre. Un ultra mata a tiros a Francisco José Rodríguez López, de 21 años, que está prestando el servicio militar, y hiere a otros seis jóvenes cuando se dirigían a sus domicilios. A esta relación de asesinatos habría que añadir los nombres de numerosos muertos en controles de carretera, sobre todo en el País Vasco, víctimas de policías y guardias civiles de gatillo rápido, acostumbrados a aplicar la ley de fugas a cualquier conductor despistado o asustado. Ciudadanos como Kepa Tolosa Goicoetxea, Felipe Suárez Delgado, Antonio Rubio Lara, Carlos Hernández Expósito y otros más, si ninguna militancia política, pierden la vida de ese modo. Como señala el abogado Juan Manuel Olarieta en su estudio “Transición y represión política” (*): “La mayor parte de la muertes provocadas en este periodo por la policía quedaron impunes. La comparación con la última época de Franco deja constancia de que el número de víctimas es mucho mayor en la nueva etapa, poniendo al descubierto la falacia de una “transición pacífica” que ha tenido tal coste sangriento”. Resulta absolutamente legítimo e imprescindible exigir la revisión de todos estos casos.