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7Encuentro No. 95, 7 -27, 2013

* Instituto de Sociología, Universidad Philipps Marburg, Alemania. Ketzerbach 11, 35032 Marburg (Apdo. 35037 Marburg). Correo electrónico: [email protected]

Justicia transicional y los significados de la elaboración del pasado nicaragüense

Anika Oettler*

Recibido: junio de 2013 / Aceptado: julio de 2013

En el discurso global sobre justicia transicional, Nicaragua es tratada como un caso divergente porque el imperativo ético de justicia y reconciliación no fue tomado en cuenta después de la derrota electoral sandinista de 1990. Partiendo del debate semántico sobre la idea de la ‘superación del pasado’, el artículo contrasta las dos transiciones nicaragüenses (1979 y 1990), identificando los factores que influyeron en la aplicación u omisión de medidas de justicia transicional. La justicia transicional revolucionaria, después del triunfo de 1979, fue caracterizada por el establecimiento de Tribunales Especiales que sirvieron para castigar a los miles de somocistas, sobrepoblando los centros de detención. En el marco de la segunda transición –la derrota electoral sandinista de 1990– no se aplicaron medidas de justicia transicional. En ambos casos, la política de pacificación se caracterizó por el enfoque en el desarme de los combatientes y por la ausencia de la víctima. Más allá del concepto de justicia transicional, el artículo hace hincapié en el reto de una elaboración hegeliana del pasado mediante la cual las lecciones históricas podrían ser transmitidas a las generaciones futuras.

Palabras clave: justicia transicional / trabajo de la memoria / guerra / revolución / pacificación

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1. Introducción

Con la firma del acuerdo de paz “firme y duradera” entre el gobierno guatemalteco y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca en diciembre de 1996 terminó la época centroamericana de guerras y conflictos internos. Comunmente, cuando hablamos de las políticas de la memoria en Centroamerica nos referimos a la memoria de los acontecimientos sangrientos de las decadas de los 70 y 80, cuando la guerra fría se extendió al puente terrestre centroamericano y se acentuó el carácter excluyente de los régimenes dictatoriales, dando lugar a la insurgencia y la represión. En los años 90, en el marco de las transiciones de la guerra a la paz negociada, las élites tenían la tarea de enfrentar, de una manera u otra, el legado de la violencia masiva.

Si bien es sabido que las vías de desarollo histórico de cada país son diferentes de las de los demás, hay que subrayar que Nicaragua posee elementos muy singulares en su historia. En 1979, el movimiento insurgente derrotó al régimen somocista y de ahí – empleando los términos de la “transitología” – vino la primera transición a la democracia (Walker, 2000). La Revolución Sandinista fue una revolución con variedad ideológica, que introdujó una multitud de proyectos y reformas sustanciales, y que experimentó un giro dramático a partir de 1981. Apoyados por los Estados Unidos, a través de la CIA, grupos contrarrevolucionarios (Contras) entraron en una guerra sucia contra el gobierno sandinista con el objetivo de derrotarlo. Los años de guerra civil dejaron decenas de miles de víctimas mortales y cientos de miles de refugiados (veáse apartado 5.2.). Los años 80 fueron una década traumatizante de sufrimiento, pero la violencia no es comparable al terror estatal que ensangrentó a El Salvador y Guatemala. Así, los instrumentos represivos aplicados para defender la Revolución fueron un modus operandi que no buscó subyugar ni disciplinar a la población nicaragüense en su conjunto. Otra vena abierta del “pasado” sandinista es la cultura política de aquellos años, que fue marcada por la consolidación de un red dominante formada por el partido (FSLN) y sus organizaciones de masas. Las relaciones entre la oposición y el bloque de poder sandinista se vieron ensombrecidas por la violación no-generalizada de derechos cívicos (libertad de expresión y prensa, derecho de reunión y manifestación).

La segunda transición a la democracia – la derrota sandinista en las elecciones generales de 1990 – fue la transición de un modelo de democracia caracterizado por el predominio del FSLN en todas las esferas de la vida pública a un modelo de “democracia defectuosa” (Merkel, 2004), una democracia sin visión institucionalista y con extendida corrupción. De ahí pasamos a otro elemento de la singularidad de la historia nicaragüense. Si bien la segunda transición a la democracia ocurrió en un momento de creciente conciencia, a nivel global, sobre la problemática de las políticas del pasado (transitional justice), en la Nicaragua pos-sandinista no hubo una política proactiva de enfrentar el pasado a través de comisiones investigativas o procesos judiciales.

Este artículo está enraizado tanto en la experiencia nicaragüense como en el discuso global sobre los límites y las posibilidades de la superación del pasado. ¿Qué reflejan la experiencia nicaragüense y el discurso global puesto uno frente al otro? Tomando esta pregunta como punto de partida, el artículo pretende poner en duda

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certezas fundamentales asociadas al discurso de transitional justice. Si la violencia masiva es el telón de fondo de las políticas de la memoria, ¿puede haber una forma colectiva del trabajo de memoria sin represión estatal masiva? Si aceptamos la idea de que una sociedad debe enfrentar un pasado sangriento para evitar que el mal asociado a un legado de violencia masiva vuelva a pasar, ¿quiénes serían los protagonistas de una debida política del pasado? ¿Cuándo se abren las ventanas de posibilidad para introducir medidas de transitional justice y cuándo se cierran? y, sobre todo, ¿podemos identificar la extensión temporal y física del pasado? En muchos casos, las épocas de previolencia (anteguerra) y las épocas de violencia (guerra) no se difieren entre sí por el hecho de que en una hubo violencia y en la otra no, al contrario, el nivel de violencia puede ser comparable. Por tanto, se podría plantear el pensar en la importancia del “pluscuamperfecto histórico” como punto de referencia en la decisión de reelaborar “el pasado”. Lo mismo aplica a la división delicada entre “el pasado” y “el presente”. Reabrir el debate sobre un espectro de preguntas fundamentales nos permite refrescar el discurso que comenzó a ser aceptado en la fase de la posguerra después de 1945. A través de su precendente más reconocido – el Proceso principal de Núremberg, dirigido por el Tribunal Militar Internacional en contra de 24 de los principales dirigentes y autores intelectuales del régimen nazi – el imperativo ético del tratamiento del pasado se desplegó en el mundo.

En los párrafos siguientes me ocuparé de esbozar el campo semántico asociado con las políticas del pasado. La clave y el punto de partida de la argumentación es el discurso sobre el caso alemán, que se difundió rápidamente en otras sociedades desde la década de los 60, e inspiró el emergente discurso transnacional sobre justicia transicional. Este acercamiento semántico facilita revisiones fundamentales, y así la noción de la “superación” se contrapone con la idea de la “justicia transicional”. Mientras la primera se refiere al imperativo ético y psicoanalítico de trabajar una experiencia pasada, la segunda hace hincapié tanto en los derechos de las víctimas directas como en la triple meta de paz, democratización y reconciliación. En la segunda parte esbozaré el proceso inacabado de las transiciones políticas nicaragüenses con el objetivo de agregar dudas y preguntas nuevas.

2. La superación del pasado y otras palabras – pinceladas semánticas

2.1. El trabajo elaborativo y la superación del pasado

El imperativo ético del tratamiento del pasado fue inventado después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la victoria sobre el régimen nazi en mayo de 1945, los aliados iniciaron una fase de desmilitarización, desnazificación y reeducación (Taylor, 2011). Se puso en marcha un amplio proceso de “depuración” con el fin de eliminar las influencias nazis. La política de desnazificación fue ejecutada de distintas formas en las cuatro zonas de ocupación, y consistió en detenciones masivas, investigaciones judiciales y el sometimiento de todo adulto a una auto clasificación en cuanto a su grado de implicación en los crímenes. En la Alemania Oriental, el proceso de desnazificación fue un fracaso porque muchos de los altos

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funcionarios del régimen nazi huyeron o fueron declarados inocentes. El esfuerzo de despertar la conciencia de los alemanes a través de la “reeducación”, una terapia de choque, fue considerado por Hannah Arendt como “el error particular más grave de la política norteamericana de desnazificación” (2005, p. 315). Los Juicios de Núremberg son conocidos en todo el mundo como el precedente más importante de lo que se llama justicia transicional (Tomuschat, 2006; Reginbogin & Safferling, 2006). El juicio principal de Núremberg, dirigido en contra de 24 de los más destacados funcionarios y colaboradores del régimen nazi fue el primero en que se juzgó y sentenció a responsables de crímenes contra la humanidad.1 Además, se llevaron a cabo una serie de juicios en contra de 184 miembros de la élite nazi, entre ellos médicos, abogados, jueces, ministros, empresarios, y miembros del alto mando militar y policial. En la Alemania Occidental de la posguerra, la legitimidad de los Juicios ha sido cuestionada fuertemente.Muchos alemanes los consideraron una “justicia del vencedor”, es decir, una acción de venganza ejercida por los vencedores contra los vencidos (Burchard, 2006, pp. 812-813). En general, la población no se enfrentó con su culpa y responsabilidad, sino que rechazó el veredicto percibido de la culpa colectiva. Durante el período de la ocupación se internó a decenas de miles de presuntos nazis, se juzgó a miles de presuntos implicados en crímenes de lesa humanidad (Frei, 2009, p. 87) y se revisaron los datos personales de cientos de miles de alemanes2. Sin embargo, en la Alemania Occidental se difundió un discurso de rechazo a la culpa, facilitando que la complicidad en el holocausto y los crímenes de guerra se convirtieran rápidamente en tabú.

De ser así, hay que subrayar que el debate sobre la manera adecuada de tratar los horrores del régimen nacionalsocialista tomó su contenido epistémico paradójicamente del rechazo común de la confontación crítica con el nazismo. En el trasfondo de la evolución terminológica se encuentra, en particular, el debate sobre estos mecanismos colectivos e individuales de defensa: “Debido a la discreción, practicada por la mayoría de la gente, que no sólo se refiere al ámbito particular-privado, nació el triunfo del ‘callar’. La dimensión, la profundidad y el significado de este “callar” no están investigados historiográficamente ni siquiera en sus bases” (Frei, 1999, p.15, traducción de la autora). Mucho antes de que Margarete y Alexander Mitscherlich llamaran la atención sobre la “incapacidad de sentir duelo” (1994 [1967]) y antes de que Ralph Giordano postulara la “segunda culpa” (1987) de los alemanes (que resultó del rechazo de la primera culpa), se construyó la base para la amnistía y la reintegración social de los autores y autoras de los delitos. Fue este clima el que Theodor W. Adorno presenció después de su regreso del exilio y que le hizo escribir su famoso texto “¿Qué significa superar el pasado?”. Según Adorno (1998, p.15), se trata de

1 Once de los acusados fueron condenados a muerte, tres a cadena perpetua, cuatro a sentencias entre veinte y diez años, tres fueron absueltos y dos quedaron sin condena (Krupp por enfermedad y Ley por suicidio). Los condenados a muerte fueron ejecutados el 16 de octubre de 1946 (con excepción de Hermann Göring, quien se suicidó). Los otros fueron recluidos en la prisión de Spandau (que albergó una sola persona de 1966 hasta 1987: Rudolf Hess, quien se suicidó en aquel año).

2 El cuestionario (Fragebogen) en inglés fue publicado en Kritz (1995, pp. 412-416).

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una formulación que […] se ha convertido, como frase hecha, en altamente sospechosa. Cuando con ese uso lingüístico se habla de superar el pasado no se apunta a reelaborar y asumir seriamente lo pasado, a romper su hechizo mediante la clara consciencia; sino que lo que se busca es trazar una raya final sobre él, llegando incluso a borrarlo, si cabe, del recuerdo mismo.

Esta – frecuentemente citada – crítica apunta a un entendimiento psicológico-social de los procesos subjetivos y colectivos de la posguerra alemana que implica una brecha semántica entre la “elaboración psíquica” y la “superación”. Entendido de esta forma, el planteamiento citado se refiere a un conjunto conceptual que se encuentra al centro de la teoría psicoanalítica (veáse Laplanche & Pontalis; 1996; Jelin, 2012, pp. 47-50). Junto al término ‘elaboración psíquica’ (ingl.: psychological working over o out) que describe la transformación de energía por el aparato psíquico, es necesario resaltar más otros dos términos. En tanto, ‘trabajo elaborativo’ (ingl.: working through) hace alusión al trabajo psíquico que posibilita la superación de algo reprimido, el término ‘trabajo del duelo’ (ingl.: work of mourning) describe el proceso de desligarse de un objeto libidinal perdido. El trabajo doloroso del duelo es un trabajo activo dedicado a la conmemoración de cada detalle del objeto libidinal perdido (p.e. persona, idea) con el fin de que el yo salga del duelo y vuelva a ser libre, recuperando el interés por el mundo exterior.

Detrás de estos términos está la idea del trabajo que tiene que ser realizado para romper resistencias, reconocer y aceptar el pasado, y con eso posibilitar una liberación de mecanismos de repetición y momentos reprimidos del pasado. Adorno se refiere a este proceso doloroso cuando critica que en la sociedad de posguerra de la Alemania Occidental no se procuraba procesar el pasado con seriedad ni se buscaba liberarse de la maldición del pasado mediante la conciencia clara. Entendido de esa forma, el término “superar” está muy cercano a la idea hegeliana de la Aufhebung que revoca, guarda y levanta. Con el término “superación” también se puede entonces denominar el proceso reclamado por Adorno: un proceso que no descompone el pasado por la fuerza, sino que tramita el pasado activamente y así lo pone en un grado de conciencia más claro.

2.2. De la superación a la justicia transicional

Mientras en los años 60 fueron reflejados principalmente los resultados de la psicología social europea y estadounidense (veáse, por ejemplo, Bettelheim, 1943; Mitscherlich & Mitscherlich, 1994 [1967]; Adorno,1998 [1959]), el aumento exponencial del debate académico sobre las políticas del pasado ocurrió en el contexto de la “tercera ola” de democratización (Huntington, 1991). Dentro de las ciencias políticas, la temática del enfrentamiento a violaciones de los derechos humanos fue tratada como un problema clave de la transición, que principalmente se refiere a: “settling a past account without upsetting a present transition” (O´Donnell & Schmitter, 1986, p. 28). En los años 80 y 90 se pudo observar un “move from the courtroom to the hearing room” (Teitel, 2003, p.83) debido a la invención y proliferación global de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Cabe destacar

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que el término “justicia transicional” –incluso dentro de la propia “transitología”– aún no se había convertido en una etiqueta hegemónica. Así, Timothy Garton Ash (1998, p. 35) anotó:

yet what exactly are we talking about? There is no single word for it in the English language. German, however, has two long ones in regular use: Geschichtsaufarbeitung und Vergangenheitsbewältigung. These may be translated as ‘treating’ the past, ‘working over’ the past, ‘confronting’ it, ‘coping, dealing or coming to terms with’ it; even ‘overcoming’ the past. The variety of possible translations indicates the complexity of the matter at hand. Of course the absence of a word in a language does not necessarily indicate the absence of the thing it describes [...] But the presence of not just one but two German terms does indicate that this is something of a German speciality.3

Mientras la “interdisciplina” de los estudios de la Vergangenheitsbewältigung adquirió un auge notable desde los años 90 (veáse, por ejemplo, Amadiume & An-Na’im, 2000; Barahona de Brito, González-Enríquez & Aguilar, 2001; Elster, 2004; Hayner, 2001; Kritz, 1995; Minow, 1998; Neier, 1998), el término “transitional justice” (Siegel, 1998) empezó a establecerse. A diferencia del enfoque puramente jurídico, que lo define como “conception of justice associated with periods of political change, characterized by legal responses to confront the wrongdoings of represssive predecessor regimes” (Teitel, 2003, p.69), se divulgó un sentido más amplio. En general, se trata de un término sumamente flexible que en muchos casos se usa para designar un paquete de medidas claramente definido, entre ellas: procesos judiciales, comisiones del esclarecimiento histórico, reparaciones colectivas, resarcimiento, monumentos (International Center for Transitional Justice [ICTJ], 2009). Hay que añadir que, en años recientes, el término fue tomado por algunos autores que lo trasladaron al tratamiento de delitos como corrupción y crímenes económicos cometidos durante un perído de violencia masiva (Duthie, 2008), y al ámbito donde se cruzan las políticas de desarollo con las políticas del pasado (Carranza, 2008; Muvingi, 2009).

A finales de los años 90 comenzó la tercera fase de la historia global de mecanismos de superación que Teitel (2003, p.89) denominó “steady-state transitional justice”. Ésta se caracterizó en particular por tres factores. Se pudo, en primer lugar, observar un auge de las normas y prácticas del derecho penal internacional, en segundo lugar la profesionalización y densificación del ‘transitional justice business’ internacional, y en tercer lugar una brecha creciente entre transición y transitional

3 “Y pues ¿exactamente de qué estamos hablando? No existe una palabra específica para ello en el idioma inglés. El alemán, sin embargo, tiene dos largas palabras y de uso frecuente: Geschichtsaufarbeitung y Vergangenheitsbewältigung. Éstas pueden ser traducidas como ‘tratar’ el pasado, ‘trabajar’ el pasado, ‘confrontar’ el pasado, ‘lidiar, manejar o llegar a aceptar’ el pasado; incluso ‘superar’ el pasado. La variedad de posibles traducciones indica la complejidad del asunto. Obviamente, la ausencia de una palabra en un idioma no necesariamente significa la ausencia de la cosa que describe [...]. Pero la presencia de no sólo uno sino dos términos alemanes indica que se trata de una ‘especialidad alemana’ ” (traducción de la autora).

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justice. Es importante subrayar que muchas iniciativas de justicia transicional (por ejemplo, el proyecto de la “Truth and Reconciliation Comission” canadiense o la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional contra el presidente de Sudán, Omar al-Bashir) no están relacionadas a una transición política. En el contexto de la creciente aplicación de medidas de la justicia transicional, Theidon (2009, p. 295) llamó la atención sobre el “lenguaje seductor de la transición” que evoca un cambio fundamental asociado con una cierta política estatal. Entendido de esta manera, el término transitional justice se refiere sobre todo a su objetivo, el de apoyar la transición a y/o la consolidación de regímenes democráticos. Si lo entendemos así, como un concepto acuñado en la transición democrática, ¿qué significaría una justicia transicional nicaragüense? En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta los dos momentos históricos de la transición, 1979 y 1990. ¿Cuáles son las medidas que se aplicaron en aquellos momentos y cuáles fueron los límites de la justicia transicional?

3. La primera transición (1979): ¿Justicia transicional revolucionaria?

3.1. Los antecedentes

Los principales movimientos de resistencia a la dinastía somocista (1934 –1979) se formaron en los años 50, empezando con el movimiento opositor intelectual liberal y la oposición en gremios, sindicatos y otros partidos – y luego con la resistencia armada del Frente de Liberación Nacional (Vilas, 1992, pp. 320-321). A mediados de los años 70, la guerrilla sandinista apenas tenía una fuerza operativa de unos cientos de miembros, pero contaba con una creciente base de simpatizantes (Martí i Puig, 2004, p. 127). La clave del éxito del movimiento insurreccional fue la amplificación y densificación de un movimiento generalizado contra el régimen dictatorial que se inició después del terremoto del 23 de diciembre de 1972 que devastó grandes partes de la capital. El manejo corrupto de los fondos de la ayuda internacional reveló una vez más el carácter cleptocrático del régimen somocista, dando lugar a la ruptura definitiva de sectores poderosos de la oligarquía nicaragüense con el somocismo. La alianza entre estos sectores y el FSLN se concretizó en la aparición pública del Grupo de los Doce en 1977 (Black, 1985, p. 104). Cuando el régimen somocista asesinó al periodista Pedro Joaquín Chamorro en enero de 1978, la dictadura rompió el equilibrio frágil que se reflejaba en la norma no escrita de respetar la integridad física de la oligarquía. Al mismo tiempo, el descontento desembocó en un número de movimientos insurreccionales locales en Masaya, Matagalpa, León y Jinotega. El régimen somocista reaccionó con represión masiva, incluyendo el bombardeo de las ciudades que habían sido tomadas por el FSLN. En junio de 1979 empezó la ofensiva final de las fuerzas sandinistas que culminó en la renuncia del dictador y su fuga.

El 19 de julio de 1979, cuando cientos de miles de simpatizantes celebraron la victoria en Managua, el país se aproximó a un colapso inminente. La implosión del régimen somocista dejó un vacío de poder que debía ser llenado por las nuevas

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autoridades. En la fase inmediata del pos-somocismo – “periódicos poéticos los de los primeros días” (Cardenal, 2004, p. 298) – se puso en marcha una multitud de iniciativas populares y proyectos políticos con el objetivo general de reconstruir el país. Al mismo tiempo, el poder de la Dirección Nacional del FSLN empezó a consolidarse (Prevost, 1991). La Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, fundada en Costa Rica en junio de 1979, asumió el poder ejecutivo apoyada por el Consejo de Estado. Estos ejes estatales desempeñaron un papel central en el desarrollo de la Revolución de acuerdo a los siguientes principios: Primero, se trató de una revolución que se caracterizó por el anhelo de unificar un amplio espectro de partidos políticos y sectores sociales, y entonces se instalaron varios mecanismos para la representación política de intereses diferentes. Segundo, la política del sandinismo se basó en el principio de la economía mixta, y de ser así, la Revolución Sandinista fue una revolución “con burguesía” (Cardenal, 2004, p. 306) o con el empresariado “patriota”. Tercero, la Revolución Sandinista se basó en el principio del no alineamiento.

3.2. Revolución con rostro humano

Es importante subrayar que el salto revolucionario de 1979 se inscribió en los parámetros de la guerra civil. El país estaba en ruinas, con una sociedad desgarrada, y con múltiples luchas y triunfos locales. Mientras la cúpula del FSLN creaba las condiciones para su hegemonía política, también buscó reconstruir y transformar la patria. Aparte de la disolución de la Guardia Nacional y la creación del nuevo ejército sandinista y la Policía Nacional, hubo una simultaneidad flotante de proyectos políticos y sociales. ¿y el legado del somocismo?

Desde antes de su victoria – anticipando lo que sería el carácter único de la Revolución Sandinista – el FSLN proclamó la estrategia de alianzas amplias como eje fundamental de su filosofía política. y aún más, el proceso revolucionario implicó la autoimagen de una revolución con rostro humano, una revolución cultural y creativa. Esta autoimagen dejó una huella profunda en autobiografías como “El país bajo mi piel: memorias de amor y de guerra” (Belli, 2001), “Adiós muchachos” (Ramírez, 1999) o “La Revolución Perdida” (Cardenal, 2004). Así, Cardenal (2004, p. 280) anotó:

En Nicaragua estaba puesta la atención del mundo. A todos asombró la abolición de la pena de muerte. Era de esperarse todo lo contrario, sobre todo después de Irán. Radio Sandino aconsejaba compasión por los enemigos vencidos, y recomendaba a las embajadas tener abiertas las puertas para todos los que se quisieran asilar.

A esta memoria se escapan muchos de los acontecimientos más crueles. Sin embargo, aquella realidad recordada por Cardenal es un prisma que nos permite acercarnos a la realidad como ocurrió en distintos lugares del país. Cabe destacar que la política sandinista del pasado fue una política ambivalente sobre pasado, que se basó tanto en los derechos humanoscomo en los intereses estratégicos de los altos mandos sandinistas.

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Una medida importante fue la creación de un nuevo ejército, integrado por combatientes sandinistas, civiles y miembros jóvenes de la Guardia Nacional que habían desertado de las filas del dictador. Durante los primeros meses de la revolución, el ex coronel somocista Bernardino Larios ocupó el cargo de ministro de defensa (antes de ser sustuituido por Humberto Ortega, comandante en jefe del nuevo ejército sandinista). William Bowdler, el representante del gobierno de los Estados Unidos, es quien había propuesto el nombramiento de Larios durante las negociaciones sobre la transferencia del poder que se llevaron a cabo en Costa Rica a inicios de julio de 1979. Sin embargo, la designación de Larios no tuvo el efecto deseado (el de instaurar un pilar no sandinista en el gobierno). En una entrevista publicada en La Prensa el 18 de julio del 2000, Larios comentó que sus meses como ministro fueron los peores, “porque en realidad uno no quiere aceptar que está prácticamente como un títere”. En aquellos meses, Humberto Ortega ya había logrado supervisar la creación del nuevo ejército sandinista.4

3.3. Los tribunales especiales

Aparte de esta cooptación parcial de miembros de la Guardia Nacional, la mayoría de los miembros de la Guardia Nacional fueron perseguidos por las fuerzas revolucionarias. Miles de somocistas lograron huir y entre 7 y 8 mil ex miembros de la Guardia Nacional y colaboradores civiles del régimen somocista fueron capturados y encarcelados (Catholic Institute for International Relations [CIIR], 1987, p. 48; Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], 1981). Entonces es obvio que uno de los problemas más urgentes a resolver eran esos 7-8 mil reos somocistas que sobrepoblaron los centros penales del país.

En los primeros días de la revolución, especialmente en el mes de julio de 1979, hubo una serie de ejecuciones selectivas en contra de muchos de los feroces ex miembros de la Guardia Nacional y sus colaboradores, los odiosos “orejas” y jueces de mesta. Uno de los acontecimientos más famosos fue la captura del torturador somocista Alberto “Macho Negro” Gutiérrez el 19 de julio de 1979. Se generó una atmosfera de linchamiento y ese mismo día el asesino somocista fue baleado por un grupo de guerilleros. Otro acontecimiento, que atrajó la atención internacional, fue la ejecución extralegal de prisioneros de la cárcel “La Pólvora” en Granada (CIDH, 1981). En este contexto anómico y conflictivo la cúpula sandinista tenía que demostrar que el lema famoso “implacables en el combate, generosos en la Victoria” era un poco más que pura retórica.

Por tanto, hubo tres razones fundamentales para aplicar un mecanismo de justicia transicional: 1) evitar actos generalizados de venganza por parte de víctimas del somocismo, 2) cumplir con el deber moral de procesar y castigar a los que habían cometido graves violaciones a los derechos humanos y 3) probar y demostrar al público nacional e internacional que existía capacidad en el sandinismo para

4 Ocho meses después de su destitución, Larios fue acusado de haber preparado el secuestro de los miembros de la Dirección Nacional del FSLN. Fue encarcelado y condenado a siete años de prisión. En 1984 hubo un segundo proceso judicial y Larios, quien siempre declaró que era inocente, fue absuelto.

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hacer aplicar las normas internacionales de derechos humanos, a pesar de las aún persistentes hostilidades. Finalmente, una cuarta razón se relaciona con la historia misma del FSLN que fue una heterogénea alianza unida para derrocar a la dinastía somocista. En los primeros días de su nuevo existir como organización revolucionaria triunfante, el FSLN buscó hegemonizar el orden social e institucional. Hay que recordar que las estructuras fundamentales del somocismo, incluyendo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a las Cortes de Apelaciones, habían sido disueltas, dejando un vacío de poder. En general, se tuvieron que enfrentar una triple problemática. Era previsible, en un primer momento, que el problema central de la fragilidad, debilidad e inseguridad del sistema judicial no fuese susceptible a ser resuelto a corto plazo. Segundo, los nuevos magistrados de la CSJ, nombrados por la Junta de Reconstrucción antes de la caída del régimen somocista, representaron corrientes ideológicas e intereses de clase diferentes. Dentro de las filas del FSLN, por tanto, existía preocupación por un giro político que pudiera desacelerar el proceso revolucionario.Aquella preocupación, que vino apareada con las consideraciones mencionadas, abrió paso a la creación de los Tribunales Especiales de Justicia en diciembre de 1979.

El organismo judicial especial estaba formado por nueve tribunales especiales y tres tribunales de apelación. Cada tribunal constaba de tres miembros, uno de los cuales debía ser abogado o estudiante de derecho en su último o penúltimo año de estudio. Para ser miembro se requería, además, ser mayor de 21 años y ser persona de reconocida solvencia moral (cf. Decreto 185 del 29 de noviembre de 1979, Art.8). La debilidad institucional de los tribunales especiales, expresada en los requerimientos rudimentarios de calificación profesional, fue objeto de fuertes críticas.5 Sin embargo, se convirtió – desde el punto del vista del FSLN – en una fortaleza porque los que desempeñaron el papel de miembros de los tribunales eran simpatizantes del FSLN.

Según datos oficiales, 6.310 reos somocistas (es decir, militares, funcionarios y cómplices del régimen somocista) fueron procesados por los tribunales especiales (CIDH, 1981; Amnesty International, 1981). De los acusados, 1.760 fueron indultados o se beneficiaron del sobreseimiento, 229 fueron absueltos y 4.331 fueron hallados culpables y sentenciados a diferentes penas carcelarias: 1.648 a 5 años o menos, 283 a prisión o presidio de 6 a 10 años, 898 de 11 a 15 años, 277 de 16 a 20 años, 394 de 21 a 25 años, y 831 de 26 a 30 años (CIDH, 1981). En 1986, el gobierno informó que de los 4.331 reos sentenciados, 2.157 permanecían en prisión (Equipo Envío, 1987).

En conclusión, el sistema de los tribunales especiales fue deficiente pero surgió en un ambiente de inestabilidad política. Por un lado, no siempre se cumplieron los requisitos y garantías procesales, produciendo así sentencias basadas fundamentalmente en la afiliación política de los acusados y su posición dentro de la cadena de mando (Amnesty International, 1981). Sin embargo, el cuadro de esta problemática no estaría completo sin tener en cuenta el hecho de que se logró

5 Por ejemplo, Amnistía Internacional (Amnesty International, 1981, p. 16) comentó que los doce tribunales sólo contaban con seis abogados. En general, el reporte de Amnistía Internacional hace hincapié en una serie de “irregularities as regards the application and interpretation of the law” (1981, p. 35).

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procesar y castigar rápidamente a miles de presuntos victimarios que se encontraban en los centros de detención.

3.4. El tiranicidio

En la otra cara de la historia de la justicia transicional revolucionaria está el tiranicidio. Gracias a su amistad con el dictador Alfredo Stroessner, Somoza pudo exiliarse en Paraguay y al poco tiempo de su llegada siguió su carrera de enriquecimiento, realizando numerosas inversiones y adquisiciones, entre ellas, un latifundio en el Chaco. El 17 de septiembre de 1980, en una emboscada, Somoza fue asesinado por un comando guerrillero. Mientras la policía paraguaya buscó a los autores materiales del atentado, miles de nicaragüenses salieron a las calles para celebrar la “vindicta popular” (cf. El País, 19 de septiembre de 1980). Aunque posteriormente se supo que el comando guerrillero era integrado por miembros del Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), liderado por el argentino Enrique Gorriarán Merlo, hasta la fecha nadie ha sido capaz de establecer con precisión si hubo más autores intelectuales del atentado.6

En 1986, Eduardo Galeano anotó: “Tachito Somoza, destronado, desterrado, vuela por los aires en una esquina de Asunción. -¿Quién fue? – preguntan los periodistas en Managua. – Fuenteovejuna – contesta el comandante Tomás Borge” (Galeano, 2007, p. 312). “Fuenteovejuna” se refiere a la obra teatral de Lope de Vega (1618) y quiere decir “todo el pueblo” (unido en la lucha contra la tiranía). Al parecer, la opinión pública nicaragüense estaba dividida en cuanto a si era justo ejecutar el dictador con fusiles y bazuka.

4. La segunda transición (1990): la Piñata y la pacificación

4.1. El reto de la desmovilización

Los dilemas de la segunda transición política nicaragüense están claramente encadenados al contexto histórico en el que se desarollaron. En general, los acontecimientos políticos del bienio 1989-90 se inscriben dentro del flujo de eventos históricos mundiales que culminaron en la caída del muro de Berlín y en la disolución de la Unión Soviética. Con la Perestroika y el previsible fin de la guerra fría se abrieron nuevos espacios diplomáticos en los años 80 en Centroamérica. En medio de grandes dificultades y bajo una creciente presión internacional7, los presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua firmaron el acuerdo de Esquipulas II en 1987 con el objetivo de acelerar el proceso

6 En 1993 se publicó el libro “Somoza: expediente cerrado: la historia de un ajusticiamiento” (Alegría & Flakoll) basado en testimonios de miembros del comando guerrillero.

7 En el caso de Nicaragua, la presión internacional se aumentó en el contexto del escándalo Irán-Contra de los años 1985-86, que reveló la venta ilegal de armas a Irán y la financiación de los grupos contrarrevolucionarios por parte de los Estados Unidos con esos recursos y con los del narcotráfico (ver informe Kerry de 1989). En 1986 la Corte Internacional de Justicia condenó al gobierno estadounidense por el apoyo a la Contra. Un cambio sustancial de la política exterior de los Estados Unidos ocurrió en 1989 cuando George Bush asumió el poder y se empezaron a concentrar los esfuerzos en el apoyo a la oposición política.

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de pacificación de Centroamérica (Goodfellow & Morrell, 1991; Pearce, 1999). Las condiciones marco negociadas incluyeron el fin de la ayuda militar extranjera, la democratización, la reconciliación nacional y, al fin y al cabo, la promulgación de amnistías. En Nicaragua, la guerra fue crecientemente percibida como un empate lesivo (“mutually hurting stale-mate”, Spalding, 1999, p. 34) cuyos fundamentos materiales se desmoronaron a medida que se desvanecieron los fondos extranjeros de apoyo. Con la inesperada derrota electoral sandinista y el cambio de gobierno, los contras perdieron su enemigo y, siendo así, se inició el desmantelamiento de la estructura de mando de los grupos contrarrevolucionarios que habían formado la Resistencia Nicaragüense (RN) en 1987. El gobierno de Chamorro siguió el curso de las negociaciones de paz, que había comenzado previamente, con el primer encuentro entre el FSLN y la RN en Sapoá y la firma de un acuerdo de cese al fuego. Pocas semanas antes de la transferencia del poder, el 23 de marzo de 1990, el alto mando de la RN y Antonio Lacayo (como representante del gobierno entrante) firmaron el acuerdo de Toncontín (Spalding, 1999, p. 38). Durante los meses siguientes, el gobierno realizó una ronda negociadora con los grupos contrarrevolucionarios principales que fue entorpecida en un primer momento por la decisión de mantener a Humberto Ortega al frente del ejército, y luego, por las divisiones internas de la Contra. La desmovilización “a paso de tortuga” (Equipo Envío, 1990) se aceleró después de la firma del Acuerdo para el Establecimiento de Polos de Desarollo entre la RN y el gobierno a finales de mayo de 1990. Como en El Salvador y Guatemala, se ofrecieron incentivos (títulos de propriedad, materiales para la construcción de viviendas, asistencia médica) a los combatientes para lograr su reinserción en la sociedad civil. Apoyados por la Organización de la Naciones Unidas para Centroamérica (ONUCA) y la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación de la Organización de los Estados Americanos (CIAV-OAS), 22.413 combatientes de la contrarrevolución entregaron sus armas pero a los pocos meses después del desarme, el incumplimiento de muchos acuerdos con los desalzados, los planes de licenciamiento del ejército con un mínimo de prestaciones sociales y la subsecuente miseria de muchos de los ex-combatientes provocaron un proceso significativo de removilización.

4.2. Una transición al borde de la guerra civil

En 1992, aproximadamente 22.835 hombres habían formado nuevos grupos armados que se concentraron sobre todo en los departamentos de Jinotega, Estelí, Matagalpa, Madriz y Nueva Segovia (Armony, 1997, p. 211). Una tercera parte de los hombres armados eran recompas (recompañeros), que vivían en las mismas miserables condiciones de vida de siempre, sin expectativas. El movimiento armado de aquellos años era un movimiento heterogéneo y diverso, con cada grupo tratando de lograr sus fines particulares. Algunos grupos armados lucharon por la transformación radical del orden político y por el reparto de las tierras, otros tenían fines puramente lucrativos, pero su carácteristica común era la de atemorizar a la población local. Así, el país se encontró al borde de una guerra civil.

La estrategía que empleó el gobierno fue espontánea y desorganizada. Por un lado se otorgaron amnistías amplias como requisito indispensable para reestablecer

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el orden y disminuir la violencia. La historia de sucesivas amnistías, que había empezado con la amnistía acordada en Esquipulas y que luego se manifestó tanto en la ley de amnistía del 10 de mayo de 1990 como en la ley de amnistía del 22 de diciembre de 19918, terminó con la tercera ley de amnistía que extendió el plazo de amnistía hasta el 28 de agosto de 1993 (CIDH, 1994). Por otro lado el gobierno de Chamorro realizó negociaciones seperadas con los grupos armados, produciendo un conjunto de más de 40 acuerdos de desmovilización. Luego de una serie de avances y retrocesos, negociaciones engañosas y levantamientos nuevos (de recontras, recompas y revueltos), el gobierno empezó a aplicar una estrategía mixta de amnistías, negociaciones y medidas de fuerza. Los conflictos armados –aún decrecientes en extensión e intensidad– sigueron siendo, por varios años, un reto político importante de la “pos-guerra” nicaragüense hasta la desaparición del Frente Unido Andrés Castro (FUAC) en 2001.

4.3. La transición pactada

Cuando Chamorro ganó las elecciones presidenciales, a pesar de que heredó el problema del conflicto interno, tuvo que afrontar también la aguda crisis económica. Además, Chamorro se vio obligada a realizar el amplio proceso de “desandinización” que fue planteado durante su campaña electoral. El gobierno de Chamorro, de común acuerdo con la cúpula sandinista, y con la bendición de los IFIs, aplicaron un proceso agresivo de privatización, con lo cual la economía mixta dejó de existir y se restituyeron las fuerzas de mercado.

Los parámetros de la transferencia de poder se inscribieron dentro de una larga “historia del pactismo” interelitario nicaragüense (Rovira Mas, 2009, p. 18). Con el Protocolo de Transición del Poder Ejecutivo (PTPE), firmado entre el gobierno saliente y el entrante un mes antes de la toma de posesión, se resolvió el problema de que el ejército revolucionario debía subordinarse a un gobierno neoliberal, dejando a Humberto Ortega en su cargo como jefe del ejército – aunque con la oposición de importantes miembros del gabinete de Chamorro: el vicepresidente Virgilio Godoy, el presidente de la Asamblea Nacional Alfredo César y Enrique Bolaños. Mientras este protocolo aseguró una cierta influencia política por parte del FSLN, hubo otro paquete de medidas para asegurar la base material del sandinismo. Entre el 29 de marzo y el 2 de abril de 1990, se emitieron las leyes N°85 (Ley de Transmisión de la Propiedad de Viviendas y Otros Inmuebles Pertenecientes al Estado y sus Instituciones), N°86 (Ley Especial de Legalización de Viviendas y Terrenos) y N°88 (Ley de Protección a la Propiedad Agraria). Mientras la tercera ley fue diseñada para asegurar que los beneficiarios de la reforma agraria pudiesen quedarse en sus terrenos, las primeras dos dieron paso a la llamada piñata, la repartición enorme de tierras e inmuebles por parte de la élite dirigente sandinista. Este proceso continuó con la repartición de empresas estatales y con la indemnización millionaria de exproprietarios.

8 Todas fueron amnistías generales a todos los que hubiesen cometido crímes políticos o comunes asociados con los políticos.

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Dentro de la constelación nicaragüense de la transición, y a causa de lo inesperado de la derrota electoral, tanto las urgencias inmediatas impuestas por la guerra contrarrevolucionaria prolongada como la constelación de intereses políticos, impedieron que se aplicaran medidas de justicia transicional. Mientras que la administración saliente y la entrante se ocupaban en consolidarse como grupos poderosos dentro de la constelación de fuerzas políticas, hubo una fuerte presión por la recuperación de la paz. Sin embargo, en contraste con los demás países centroamericanos, en Nicaragua no hubo un fuerte movimiento de derechos humanos ni una ola internacional de reivindicaciones de justicia. Hay que subrayar que la especifidad de la situación nicaragüense radica en el apoyo signifivativo estadounidense a la contrarrevolución.

Tanto el involucramiento de agentes estadounidenses en la planificación de crímenes de lesa humanidad como el financiamiento de los grupos contrarrevolucionarios impidieron que el gobierno estadounidense reivindicara el esclarecimiento histórico de la guerra interna nicaragüense.

5. Transiciones, conflictos y la ausencia de la víctima

La comparación entre la primera y la segunda transición nicaragüense revela una considerable diferencia en cuanto a la sensibilidad respecto a la responsibilidad colectiva por los crímenes y explotaciones del pasado. En 1990, la disposición política para ayudar a las víctimas de la violencia masiva fue prácticamente nula. Por otro lado, en 1979 se realizó una política ambicionada que consistía tanto en determinar la culpabilidad de los victimarios como en transformar el tejido social, demostrando así un compromiso fuerte con la idea de la superación del pasado excluyente a través del trabajo colectivo de la concientización. La política sandinista tuvo efectos transformadores positivos, pero también efectos negativos fruto de la violencia que se ejerció sobre la población costeña y sobre los jóvenes que participaban en el servicio militar.

5.1. Justicia extraordinaria y el trabajo del futuro

Revisando los acontecimientos ocurridos durante la primera transición, hay que subrayar lo siguiente: No todo el pasado podía ser olvidado, pero en lugar de enfocarse en la restitución del daño, el proceso se centró en la responsibilidad de los perpetradores directos a nivel de soldados y colaboradores. Se buscó una respuesta inmediata al aplastante número de encarcelados de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos sin tener que recurrir al sistema establecido de justicia. Además, el establecimiento de los tribunales especiales fue un intento de canalizar la peligrosa rabia contra los somocistas en una dirección no-violenta. Hay que recordar que la base ideológica principal de la Revolución Cultural Sandinista fue la revolución sin la furia y el odio, y sin lo que Heinrich Heine llamó la “guillotina de vapor”, es decir, una maquina de la muerte que posibiltara la ejecución en cadena.

Los años del triunfo fueron duros en la lucha por la hegemonía política, con fricciones entre los grupos con pretenciones al poder y con una división de

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trabajo entre la élite dirigente sandinista. Los que se ocuparon principalmente de lo jurídico eran juristas tratando de diseñar un cambio institucional enmarcado en un nuevo marco legal, y quienes se ocuparon del ámbito político-cultural eran los que trataban de sentar las bases para una nueva sociedad, sin ataduras ni esclavitud. En este sentido, los proyectos sustanciales impulsados durante los primeros años de la Revolución –la campaña de alfabetización, los talleres de poesía– sirvieron para fortalecer el tejido social y para concientizar a la gente. Así, el lema de la alfabetización “y también enséñenles a leer” (Fonseca) está asociado con el esfuerzo colectivo del trabajo de la memoria. Se trató de un “aprendizaje doble: los alfabetizadores enseñaron a los campesinos, y los campesinos a los alfabetizadores” (Cardenal, 2004, p. 353). Siendo así, la campaña de alfabetización pretendió sensibilizar a los jóvenes alfabetizadores sobre la realidad social en el interior del país, convertiendo su ignorancia en compromiso social. En este sentido, la Revolución Sandinista fue una revolución positiva del comportaminto social, una revolución comprometida con el arduo trabajo colectivo cognitivo y emocional que era considerado necesario para lograr cambios habituales frente a la vida colectiva y para superar el pasado ignorante y explotador. En vez de tratar las heridas abiertas del pasado, el sueño revolucionario fue el tratamiento del presente para “construir el hombre nuevo”, es decir, la transformación humana a partir de los proyectos político-culturales del pos-triunfo. Los principales destinatorios de aquel esfuerzo de transformación no eran las víctimas del somocismo, sino tanto la juventud burguesa como la población adulta analfabeta.

5.2. Víctimas sin voz

Al comparar las implicaciones sociales de ambas transiciones nicaragüenses, la diferencia es notable. Mientras que la primera fue una transición política con afán transformador en lo humano, la segunda fue una transición política que se limitó a cambiar el marco institucional del país. Una comparación entre la primera y la segunda transición nicaragüense revela además que las decisiones sobre la aplicación y/o omisión de medidas de justicia transicional fueron tomadas en una tensa situación estratégica, con fuerzas contrarrevolucionarias activas. Las decisiones tácticas se apoyaron principalmente en una estimación de la fuerza, composición y futura actividad del enemigo armado. A diferencia de la mayoría de los casos de justicia transicional, en Nicaragua se pasó, sin un período de transición negociada, de la dictadura al sandinismo y del sandinismo a la democracia deficitaria. Así, ante los hechos consumados de la victoria armada y la victoria electoral, se pasó a una política activa de pacificación. Mientras que en el año del triunfo revolucionario se buscó consolidar el poder político y detener al movimiento contrarevolucionario previsible, en 1990 el gobierno entrante siguió los pasos del gobierno sandinista, negociando con la Contra. En ambos casos, las víctimas de la violencia masiva, con sus necesidades y aspiraciones, no fueron tomadas en cuenta.

En general, la falta de estádisticas fiables ha hecho imposible, hasta hoy, describir el balance de las víctimas mortales con exactitud (Seligson & McElhinny, 1996, p. 224). Mientras las estadísticas oficiales presentadas por Kornbluh (1991, p. 345) indican que la guerra contrarrevolucionaria causó 30.856 víctimas mortales,

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otras fuentes se refieren a un número de víctimas mortales de 4.429 (hasta el 1 de mayo de 1986) y un número de 4.900 heridos y 3.800 secuestrados (Garfield, Frieden & Vermund, 1987). Según Seligson y McElhinny (1996), las estimaciones del número de víctimas de la guerra civil (1975-1979) varían de 10.000 a 50.000 y las cifras de la guerra contrarrevolucionaria (1980-1990) oscilan entre 23.935 y 33.935. Estas cifras son escandalosas por la magnitud de la violencia colectiva y por el hecho de que decenas de miles de nicaragüenses, que ni siquiera tenían una existencia civil, han desaparecido desde la década de los 70.

Es imposible su cuantificación pero desde una perspectiva socio-espacial hay que subrayar que la guerra contrarrevolucionaria, en múltiples frentes y sin centro único, se extendió hacia las regiones más remotas del país, siendo la Mosquitia, Boaco, Chontales, Nueva Segovia, Matagalpa y Jinotega las regiones más afectadas por la violencia. Cuando la guerra empezó a desacelerarse en el año de la derrota electoral sandinista, una gran parte de la población nicaragüense se vió afectada directamente (Seligson & McElhinny, 1996; Nygren, 2003). La violencia masiva dejó un saldo de aproximadamente 354.000 desplazados internos, y entre 1986 y 1993 se registraron 71.750 refugiados retornados desde los campos costarricenses y hondureños (Dye, Butler, Abu-Lughod & Spence, 1995; Lundquist & Massey, 2005). El proceso masivo de desmovilización dejó decenas de miles de ex-combatientes (contras y miembros del ejército sandinista) en condiciones de vida precarias y de vulnerabilidad socio-económica. En la “posguerra” nicaragüense, las seguridades de la vida humana todavía se tambaleaban, y así, la realidad diaria de la economía de sobrevivencia solía fortalecer el miedo colectivo, difuso e intenso (Withford Delgadillo, 1990).

El conflicto entre el Estado-Nación y la costa Caribe –en algunos momentos históricos latente y en otros no– volvió a aparecer poco después del triunfo. Nicaragua vivió una rápida escalada del conflicto a partir de la creación de la organización MISURASATA (Miskitu, Sumu, Rama, Sandinista, Asla Tanaka) que rechazó tanto la campaña de alfabetización castellanizante como la política sandinista de integración y nacionalización. Mientras que la dirigencia indígena, con Steadman Fagoth siendo el protagonista más conocido, empezó a convocar a medidas de resistencia en apoyo a las reivindicaciones indígenas (derechos culturales, autonomía política), el alto mando sandinista rechazó el separatismo de los caribeños. Como consecuencia, los sandinistas empezarona perseguir a la dirigencia de MISURASATA, contribuyendo así a la aceleración del conflicto. Aproximadamente 3.000 Miskitos huyeron a Honduras, donde se entrenaba en ese momento la emergente contrarrevolución. Después de las primeras acciones violentas contrarrevolucionarias, en diciembre de 1981, los sandinistas decidieron desplazar a la población de 200 aldeas del área fronteriza del río Coco, para remover la base social del movimiento contrarrevolucionario y tomar control sobre la costa Atlántica. Apróximadamente 10.000 personas huyeron a los campos de refugiados hondureños y 9.500 personas fueron realojadas en los asentamientos de Tasba Pri (Vilas, 1989, p. 150; CIDCA, 1987, p. 234). El golpe violento fue justificado con la evidente amenaza de una invasión de tropas contrarrevolucionarias desde Honduras.

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6. Los retos de la superación del pasado

La escalada de la violencia en la costa Caribe demuestra que detrás de las confrontaciones armadas de las últimas décadas hay una larga historia de exclusión social, con la ignorancia colonial convirtiéndose en una multidud de discursos modernistas. Esto nos indica que el primer reto de una superación del pasado consistiría en esclarecer las ficciones desarollistas, nacionalistas e integracionistas vigentes hasta el día de hoy.

El segundo reto se relaciona con la necesidad de acercarse a las experiencias de víctimas, victimarios y sobrevivientes de las guerras internas. Es de suponer que la experiencia de violencia masiva se ha traducido en una cultura de violencia que se expresa sobre todo en la aplastante violencia de género (Ellsberg, 1997).

El tercer reto consistiría en un esfuerzo común de elaborar el pasado con el fin de transmitir la experiencia a las generaciones futuras. Aquella herencia social, que se debe guardar, conservar y transmitir de generación en generación, consiste tanto en los recuerdos nostálgicos del triunfo como en los ensayos frustrantes y los errores costosos de la Revolución. El desafío, por tanto, es extraer lo malo y lo bueno de la experiencia revolucionaria para que pueda servir como recurso orientador en el futuro.

En los últimos años del siglo 20 y, más aún, en los primeros años del presente siglo se dieron los primeros pasos no estatales hacia una reelaboración del pasado nicaragüense. Aparte de una serie de biografías y relatos, aparecieron los primeros proyectos culturales importantes, entre ellos, la película “El inmortal” de Mercedes Moncada y el “Tren Cultural” del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica IHNCA.

Si aceptamos la idea de que la sociedad nicaragüense debe enfrentar su pasado para evitar que el mal asociado a un legado de violencia masiva vuelva a pasar, tenemos que tomar conciencia de las condiciones de posibilidad para un trabajo elaborativo profundo. En la Nicaragua contemporánea, las ventanas de posibilidad de introducir una verdadera política estatal del pasado están cerradas porque “el pasado” se extiende hasta el presente, con las prácticas políticas del régimen Murillo-Ortega fortaleciendo el antagonismo y contradiciendo la visión de una sociedad libre.

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* Instituto de Sociología, Universidad Philipps Marburg, Alemania. Correo electrónico: [email protected]

El giro de la cooperación española al desarrollo: entrelazando miedo, cultura despolitizada y poder coercitivo estatal para controlar las migraciones

José Luis Rocha∗

Recibido: mayo de 2013 / Aceptado: julio de 2013

Desentrañado el proceso mediante el cual la cultura se ha convertido en una herramienta para gestionar el desarrollo y su particular tratamiento del tema de las migraciones, este texto busca poner sobre el tapete la lógica que entrelaza el fortalecimiento del aparato coercitivo del Estado, la despolitización de la cultura y el fomento del apartheid global. En la perversa relación que existe entre el giro cultural de la cooperación, la “securitisation” del desarrollo y el tratamiento de la migración, el saldo es el miedo, una muralla de menos costo que las de metal o concreto. La pesquisa empieza con la evolución del concepto y práctica de la cooperación al desarrollo –con énfasis en el caso de Nicaragua–, continúa con una dilucidación del concepto de cultura que manejan las más recientes políticas españolas para el desarrollo, expone una crítica del sesgo tecnológico del concepto, y presenta cómo se inserta el tema migratorio en la agenda cultural de la cooperación española con la presentación de documentales y exposiciones fotográficas que muestran el aspecto aterrador del tránsito migratorio sin mencionar las raíces poíticas –y en las políticas – de ese drama. La conclusión es que el miedo es el mejor mecanismo de control porque es un mecanismo introyectable y generador de conductas conservadoras. El miedo resulta más penetrante cuando más desapercibidos encuentra a los sujetos, que asisten a un evento presuntamente despolitizado, pero que esconde en sus entretelas una agenda bien definida.

Palabras clave: políticas migratorias / Nicaragua / cooperación española / cultura del miedo / “securitisation” del desarrollo

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1. Introducción

Ninguna otra ex-metrópoli colonial ha hecho tantos esfuerzos para diseminar una imagen maternal en sus antiguos dominios y ha obtenido un éxito tan palpable como España. La “madre patria”, como aún la llama una nutrida cohorte de oradores y políticos hispanoamericanos, celebra cada 12 de octubre –fiesta de la patrona de España, la Virgen del Pilar de Zaragoza– el “Día de la Raza” o “Día de la Hispanidad”, que como remanente del período colonial y luego a través de embajadas e institutos de cultura hispánica quedó consagrado como la única fiesta que todos los países latinoamericanos tienen en común en tanto que naciones hispanoamericanas. El cordón umbilical fue reforzado en los años sesenta por medio de tratados de supresión de visados y convenios de doble nacionalidad con la mayoría de los países latinoamericanos hispanohablantes que concedieron igualdad de derechos en España incluso a latinoamericanos que no hubieran podido o querido adquirir la nacionalidad española (Carrillo Espinosa & Cortés Maisonave, 2008, p. 429; Gobierno de España, 1962).

Tratándose de un país de nivel medio de ingresos per cápita en la Unión Europea (European Comission, 2013), en estos momentos azotado por una severa crisis, desde las atalayas europeas resulta arduo imaginar que España siga ejerciendo un fuerte influjo comercial y cultural en la ancha y larga América de habla hispana. Pero hay un cúmulo de evidencia en esa dirección. Después de que en los 90 el declive de los regímenes militares abrieran paso a un proceso de democratización erizado de autoritarismo y programas neoliberales con ciudadanía de baja intensidad y aparatos estatales que combinan elementos democráticos y autoritarios (Dagnino, Olvera & Panfichi, 2006; O’Donnell, 1993, 1996), hubo un notorio flujo de inversión extranjera que enfiló hacia una Latinoamérica preñada de mercados para descremar: telecomunicaciones, playas vírgenes para la industria hotelera, nuevas rutas para aerolíneas, minería, etc. Los antiguos campos de batalla se transformaron en inmensas alhóndigas. La liberalización comercial y financiera (Evans, 1998), el relajamiento de los códigos laborales (Rocha, 2006, 2011) y la venta de concesiones públicas, junto a las tradicionales corruptelas que diluyen la frontera de lo público y lo privado, imantaron inversores hambrientos de lucro súbito y acrobático.

El caso individual más conspicuo entre los inversores es el de Carlos Slim, magnate mexicano de origen libanés que actualmente posee el monopolio de la telefonía convencional y una enorme porción de la celular en México, El Salvador y Nicaragua, entre otros países y negocios. La mayor parte de las inversiones procedieron de empresas multinacionales con sede en Estados Unidos, principal socio comercial de Latinoamérica. España, que venía de un prolongado repliegue comercial, a finales de los años 90 apostó sus bazas principalmente a dos empresas: Unión Fenosa y Movistar. La primera se hizo con el monopolio de la distribución de energía eléctrica en Guatemala y Nicaragua.1 También emprendió controvertidos proyectos hidroeléctricos en Costa Rica y Panamá. La segunda comparte duopolios

1 En febrero de 2013, Unión Fenosa vendió el 84% de sus acciones en Nicaragua a la firma también española TSK-Melfosur Internacional.


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u oligopolios de telefonía celular en la región centroamericana y otros países de Latinoamérica. Inicialmente bien asentada en Guatemala, Perú, Chile y Argentina, tras la compra de las operaciones de la estadounidense BellSouth, se convirtió en el principal proveedor de telecomunicaciones en Nicaragua, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador y Uruguay.

En el plano cultural el influjo peninsular ha sido más sostenido. Aunque Estados Unidos es la nueva meca, España mantiene una relación cultural con sus antiguas colonias emblemáticamente semejante a la de Inglaterra con la India y aún más efectiva en la práctica. Códigos civiles, penales y comerciales han sido moldeados a imagen y semejanza de sus homólogos hispanos. España continúa siendo un destino muy apetecido por las élites latinoamericanas para hacer estudios de posgrado y vacacionar. Enrique Bunbury, Jarabe de Palo, Alejandro Sanz, La Oreja de Van Gogh, entre otros solistas y grupos españoles, dependen del voluminoso mercado musical latinoamericano diseminado en Norte, Centro y Suramérica.

Las editoriales y premios españoles siguen siendo –quizás ahora incluso más que antes– la plataforma de lanzamiento y reconocimiento de los escritores latinoamericanos. El boom literario fue en gran parte manufacturado entre agentes y casas editoriales españolas, que han sido y son el trampolín hacia el estrellato para nóveles escritores latinoamericanos. Esta dependencia –o sinergia, según se vea del lado de los detractores o del coro que ensalza y aplaude– se ha incrementado en los últimos años. El escritor mexicano Jorge Volpi señala que actualmente “para un latinoamericano, publicar en las editoriales españolas no significa una invasión bárbara o un acto de traición, sino la única forma de escapar de sus jaulas nacionales y de ser leídos en los demás países de la región” (Volpi, 2010, p. 103). Esto se debe al hecho de que en los 80 “todas las grandes editoriales de la región fueron adquiridas por empresas basadas en la península. (…) Publicar en España se convirtió entonces en la meta más deseada para un latinoamericano: alcanzarla significaba ascender a una especie de primera clase literaria” (Volpi, 2010, pp. 103-104). La consecuencia neocolonial no se hizo rogar: “creó una distorsión en el campo literario en español, donde un país con apenas una décima parte de los hispanohablantes del mundo ejercía –y todavía ejerce– un control casi absoluto sobre la industria editorial de los demás países en conjunto” (Volpi, 2010, p. 104).

Sobre esta amplia plataforma comercial se monta el deseo de consagrar –con el espaldarazo de una política estatal– la estrategia que ha venido emprendiendo el mercado. Lo que podríamos llamar el giro culturalista de las intervenciones en desarrollo del Estado español en Latinoamérica emerge como voluntad de dar un impulso a la expansión de los mercados culturales peninsulares allende los mares. La existencia de institutos de cultura hispánica en todos los países latinoamericanos, con sedes anexas a las embajadas españolas, fue una plaza fuerte de difusión de la cultura española. Proliferaron en las décadas de los 50 y 60 por inducción o inspiración de su homólogo español, que fue el embrión de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Cayeron en desuso a finales de los años 70, cuando la casa matriz española pasó en 1977 a denominarse Centro Iberoamericano de Cooperación (CIC) y ulteriormente Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI) en 1979: “Por esta reorganización fueron suprimidas como instituciones adheridas las asociaciones, centros e Institutos de Cultura Hispánica

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en Iberoamérica, que figuraban desde la creación del Organismo” (AECID, 2013). Sobre sus ruinas fueron edificados a mediados de los 90 los centros culturales de España (CCE), convertidos en pivote de la cooperación hispana para el desarrollo, con una imbricación cada vez más patente del plano cultural y del mundo de los negocios, visible en los patrocinios de eventos por cuenta de las boyantes empresas españolas. La beligerancia de estos centros es sólo comparable a la que exhibió el gobierno estadounidense durante la guerra fría, cuando usó su batería cultural pesada para mejorar las relaciones con su patio trasero y promover el modernismo anglosajón como un instrumento del anti-comunismo (Cohn, 2008). Los métodos fueron los mismos: organización de eventos culturales, exhibiciones de arte plástico y visitas de connotados intelectuales –como William Faulkner– en calidad de soterrados embajadores culturales.

El contexto de esta arremetida cultural no es ni remotamente semejante al de la guerra fría ni España ha tenido una relación reciente de dominador-dominado que requiera saludar con un rostro maquillado de flamenco y pandereta para enfriar los adversos ánimos. ¿Qué nos trae este nuevo enfoque cultural? Esos centros culturales recogen y decoran sus tertulias con las flores temáticas más vistosas que la primavera de la tolerancia y el multiculturalismo han producido: feminismo, derechos de la niñez, cultura de paz, entre otros. Ofrecen cursos de alfabetización digital, conferencias sobre “el clown y el circo contemporáneo”, foros sobre los anime y manga, y talleres de arte dramático y dibujo. En esa mezcla abigarrada que apunta a priori hacia un tratamiento despolitizado, aparece la migración como motivo artístico y objeto de reflexión, haciendo de la española la única embajada que trata, en el terreno cultural, el tema migratorio y que promueve un debate presuntamente abierto mientras multiplica las barreras no legisladas a la migración latinoamericana. En la selección geográfica, el contenido, el tratamiento del material y la forma están los mensajes. En la selección geográfica: el flujo migratorio en discusión es el de latinoamericanos a Estados Unidos; España no aparece como destino de Latinoamericanos. En el contenido: el núcleo de las discusiones se centra en los peligros del tránsito y la estadía no autorizada, sin escarbar lo suficiente para encontrar las raíces del problema en las políticas migratorias. La producción y diseminación del miedo están en el meollo de unas presentaciones que acentúan los elementos tétricos de la movilidad humana. En el tratamiento del material: los eventos y temáticas se suceden con la velocidad vertiginosa que no permite el asentamiento y concatenación de conocimiento (Virilio, 1997; Simone, 2001). En la forma: el apilamiento temático y la similitud de su tratamiento sugieren que las migraciones son un curioso objeto cultural en el mismo sentido que los manga y que todo cuenta como apertura a la multiculturalidad desde una óptica despolitizada (Zizek, 2012).

Este artículo busca desentrañar el proceso mediante el cual la cultura de ha convertido en una herramienta para gestionar el desarrollo y, en el seno de esa visión instrumental de la cultura, cómo el tratamiento de la migración se ha convertido en un elemento importante para complementar las políticas no explícitas anti-inmigrantes del Estado español. La pesquisa empieza con la evolución del concepto y práctica de la cooperación al desarrollo –con énfasis en el caso de Nicaragua–, continúa con una dilucidación del concepto de cultura que manejan las más recientes políticas


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españolas para el desarrollo, expone una crítica del sesgo tecnológico del concepto, presenta cómo se inserta el tema migratorio en la agenda cultural de la cooperación española, explicita algunas de sus realizaciones en Nicaragua y, finalmente, somete a crítica dichas realizaciones.

Este texto busca poner sobre el tapete la lógica oculta en el giro de la cooperación al desarrollo. Esa lógica entrelaza el fortalecimiento del aparato coercitivo del Estado, la despolitización de la cultura y el fomento del apartheid global. En la perversa relación que existe entre el giro cultural de la cooperación, la “securitisation” del desarrollo y el tratamiento de la migración, el saldo es el miedo, una muralla mucho más barata –y quizás más efectiva– que la construida por Estados Unidos.

2. La cooperación al desarrollo y sus etapas

En Nicaragua el salto de una cooperación dispersa hacia una cooperación concertada y programática se produjo en los años 80. La fase asistencialista dio paso a una fase productivista con la creación en 1980 del Ministerio de Cooperación Externa. Los organismos externos se llamaron “misiones internacionales” y sus funcionarios recibieron el título de “internacionalistas”. La mayor parte de las delegaciones internacionales establecieron oficinas de cooperación y emprendieron proyectos productivos de los que aún quedan, como vergonzantes residuos, la planta procesadora de tomates donada por Bulgaria, el proyecto lechero en Chiltepe, el ingenio azucarero Victoria de Julio, la producción hortícola en Sébaco, la fábrica de cartón en León, entre otros cadáveres de elefantes blancos.

En medio de esa ola productivista, en 1984 llegó la cooperación española a Nicaragua a través del Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI), luego transformado en Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y actualmente conocida como AECID. Su objetivo no era la ayuda financiera, sino la asesoría técnica, efectuada mediante expertos en salud, municipalismo, informática, formación profesional y vivienda. Llegaron a ser 30 cooperantes, sin un proyecto o documento guía que orientase sus actividades, operando con un mínimo de infraestructura. Un intento señero de superar esas deficiencias fue la creación de una comisión mixta –de los gobiernos español y nicaragüense– para diseñar proyectos con toda su parafernalia: cronograma, montos financieros y metodologías de planificación que anunciaron la era del marco lógico. Ese giro planificador tuvo lugar en 1988, cuando el Estado nicaragüense había empezado una drástica compactación que, sumada a la transición de una economía planificada hacia una de libre mercado, anuló sus incursiones en producción y redujo sustancialmente su provisión de servicios sociales.

Estas transformaciones dieron lugar a una cooperación más variopinta. Las agencias externas empezaron a ejecutar una parte importante de su ayuda de forma directa o a través de esos socios nacionales que fueron y son las cientos de ONG en permanente eclosión. Otra parte de la ayuda continuó siendo canalizada a través del Estado, en forma de inyecciones directas a las finanzas públicas. Los donativos dirigidos a salud, educación y la constitución y cuido de reservas forestales han servido para sostener la desvencijada política social y empujar una incipiente política

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medioambiental. También son significativas las ayudas para el pago de la deuda externa y las inversiones en seguridad, un tópico de capital relevancia a medida que el tema de la seguridad ciudadana fue sustituyendo al de la seguridad nacional.

Hacia este rubro de la seguridad se han orientado importantes montos de la AECID, tanto más voluminosos cuanto más sientan sus bases en territorio nicaragüense las empresas españolas. El presupuesto de la Policía Nacional de Nicaragua fue sostenido en 15% en 2009 y en 13% en 2010 por fondos de la cooperación al desarrollo (Policía Nacional, 2010, p. 167), de los cuales el 16% fueron aportados por la AECID, que comparte el segundo lugar entre los donantes junto a DANIDA y sólo después del consorcio ASDI/Noruega, si excluimos al BID, que otorga sus fondos en calidad de préstamo y no de donativo (División de Cooperación y Desarrollo de la Policía Nacional de Nicaragua, 2010, p. 3). Sólo en 2008, el proyecto “Fortalecimiento de la Policía Nacional” de la AECID concedió 1,300,000 euros a la Policía Nacional de Nicaragua. En plena crisis financiera, tras sufrir un recorte sustancial de 918 millones de euros en 2011 a nivel de toda su ayuda mundial (EUROPA PRESS, 2010), en 2013 la AECID donó 460 mil euros sólo para el Proyecto NIC10-00084152 “Apoyo a la institución Policial en el cumplimiento de sus funciones para una adecuada implementación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y de Reforma a la Ley No. 641 Código Penal, Ley 779”, coejecutado con el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo, PNUD (Gobierno de la República de Nicaragua, 2012).

Este giro hacia la inversión en ley y orden es una modalidad descarnada de lo que Duffield ha denominado “the securitisation of development”. Duffield sostiene que la idea moderna de progreso, ubicable a mediados del siglo XIX, tiene en su núcleo el propósito de reconciliar las sacudidas del progreso industrial con la necesidad de orden social. Con este designio, el desarrollo estaba llamado desde sus inicios a llevar estabilidad allí donde el progreso –i.e., la expansión capitalista– engendraba caos en cualquiera de sus modalidades más manidas: urbanización acelerada, desempleo y pobreza (Duffield, 2001, pp. 310-311). La posguerra fría –con su oleada de privatizaciones, transformaciones en la racionalidad política, visión de los países del Tercer Mundo como territorios ingobernables y vulnerabilidad de los Estados metropolitanos ante los “enemigos” internos y externos que han retado su superioridad científica y militar– dio un giro en la gestión de la seguridad: en lugar de acumular alianzas entre Estados-Nación, busca cambiar la conducta de las poblaciones por medio de programas de reducción de la pobreza, satisfacción de la necesidades básicas, fortalecimiento de la sostenibilidad económica, fomento de la sociedad civil, protección de los vulnerables, promoción de los derechos humanos y control policial que combine las estrategias de fomento comunitario y la represión dosificada dentro de los límites aceptables por el paradigma liberal de los derechos humanos. La inversión en este tipo de programas es la opción de la cooperación española. Resulta una forma más descarnada de convertir la promoción del desarrollo en una herramienta para producir seguridad porque es una inversión impúdica y sin rodeos en el orden y la estabilidad.

Las ONG y las agencias que las sostienen han dado un giro institucionalista y culturalista en sus temáticas: feminismo, masculinidad, teología, educación medioambiental y sexual, gobernabilidad, transparencia, accountability, desarrollo


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integral de la juventud, agricultura orgánica, etc. La vertiente institucionalista aspira a producir cambios a corto y mediano plazo mediante la creación y el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones estatales y de la sociedad civil. La vertiente cultural busca producir cambios de largo alcance en las creencias –visiones, costumbres, planteamientos normativos– que apuntan hacia aspectos más profundos del desarrollo, inspirándose en los axiomas de la nueva economía institucional (North, 1993, 1994; Platteau, 1994, pp. 753-817). En esta línea del giro cultural e institucional se sitúa la cooperación española con sus dos prioridades: la inversión en la Policía Nacional para el tema de seguridad ciudadana y la inversión en el Centro Cultural de España, desde el cual establece alianzas con lo más granado de la sociedad civil: cantantes de renombre, pintores bien establecidos, escritores laureados o promisorios.

La sociedad civil aparece en la agenda de la cooperación en general y de la española en particular como el actor con mayor potencial hacia el cual deben dirigirse los más denodados esfuerzos por abonarla, expandirla y allanarle el terreno, bajo la convicción de que son mecanismos de contrapeso a Estados autoritarios y rutas hacia una mayor gobernabilidad y orden. Esta idolatría y falsa homogeneidad de la sociedad civil han sido denunciadas por el sociólogo alemán Klaus Mechkat, que rastrea la apropiación latinoamericana de dicho concepto y encuentra que empezó a ser de uso frecuente en el contexto de represión anti-insurgente perpetrada por regímenes militares en los 60 y 70. Sociedad civil era entendida entonces como el bloque que disputaba espacios al poder militar. La dicotomía militares/sociedad civil escondía la incómoda realidad de que existió un sector de la sociedad civil favorable al militarismo, compuesta principalmente por la burguesía tradicional, sus universidades y sus medios de comunicación. Con el declive del militarismo, el concepto perdió su fuerza confrontativa. El militarismo dejó su impronta: la destrucción del sector de la sociedad civil integrado por “las organizaciones de las capas bajas, es decir, los sindicatos obreros, las asociaciones de los campesinos, de los indígenas, de los pobladores” (Mechkat, 2002, p. 3). Durante el a veces lento, a veces abrupto, advenimiento de la democracia representativa, empezaron a surgir –de la mano de organismos de cooperación internacionales– “grupos y organizaciones poco sospechosas” para lograr “la reconstrucción de lazos de asociación en espacios no muy politizados para de esta forma superar la atomización social que resultó de la represión por parte del aparato militar” (Mechkat, 2002, p. 3).

Este proceso –más característico de Chile y Argentina– fue mimetizado en otros países latinoamericanos, incluidos aquellos donde la represión no llegó al punto de eliminar la sociedad civil no burguesa o que tuvieron itinerarios políticos tan distintos, como el caso de Nicaragua, con un movimiento insurgente que obtuvo el poder, pero con unos movimientos sociales y una participación sindical en igual o peor declive. La sociedad civil del “pueblo” –que Mechkat define como “conjunto de los oprimidos y explotados en una sociedad – fue cooptada por las agencias financiadoras que impusieron la despolitización y los criterios gerenciales como condición del otorgamiento de fondos. Mechkat sostiene que “con este proceso de instauración de una democracia restringida y elitista, que se daba con otros matices en otros países de América Latina, el término ‘sociedad civil’ perdió la connotación que había conseguido en las luchas antidictatoriales, su identificación con los

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movimientos populares, y se transformó en un concepto más general e inocente” (Mechkat, 2002, pp. 3-4). Los procesos económicos han debilitado a la sociedad civil popular y fortalecido a la sociedad civil burguesa, que son ante todo “fuentes de empleo para una capa de intelectuales versátiles, o incluso instrumentos directos del gran capital” (Mechkat, 2002, p. 5). El uso despreocupado del concepto de sociedad civil oculta esta realidad y diluye las diferencias enormes entre ambos tipos de sociedad civil. “El concepto se ha emancipado de sus orígenes en un mundo de luchas sociales” (Mechkat, 2002, p. 4) para hacer posible una despolitización que se monta sobre tres supuestos erróneos y con repercusiones políticas:1 La yuxtaposición simplificada “Estado-sociedad civil pretende que el

fortalecimiento de todo lo que no depende del Estado es un paso hacia la emancipación social”, con lo cual se podría presentar cualquier privatización como un escalón en el desarrollo de la sociedad civil.

2 La sociedad civil se presenta como un todo homogéneo, con lo cual se ocultan su diversidad y sus conflictos: “desaparecen las clases sociales, los grupos de poder económico, los monopolios, el capital transnacional, y aparecen ‘actores’ que en principio tienen iguales derechos y oportunidades de participar en el juego político” (Mechkat, 2002, p. 5).

3 Las ONG aparecen como una esfera privilegiada de la sociedad civil, lo cual induce a pensar en las ONG como la cancha de los blancos buenos que buscan negros pobres (Nerín, 2011) y hace olvidar las posibilidades de confluencia perversa entre ONG y sectores que alientan un proyecto neoliberal. Esta confluencia se monta sobre la dislocación semántica que ocurre cuando los actores no explicitan sus programas políticos (Dagnino, 2004) y suponen estar hablando de lo mismo cuando hablan, por ejemplo, de participación ciudadana, derechos de las mujeres o sociedad civil, entre otros conceptos cargados de polisemia política. Aun cuando la distinción de Mechkat entre sociedad civil popular (enraizada

en movimientos sociales) y sociedad civil burguesa (de intelectuales versátiles) sea posiblemente una simplificación pedagógica con motivación política, su planteamiento nos pone sobre la pista de cómo las élites de los países cooperantes engranan con las élites de los países receptores de ayuda mediante políticas de cooperación que construyen hegemonía, sin perjuicio de que muchas de las banderas temáticas de la cooperación internacional –pese a su incubación en perspectivas liberales– puedan ser reelaboradas como plataformas desde las cuales desafiar la hegemonía.

La cooperación española, y muy en particular el Centro Cultural de España, eligió sumarse a la potenciación de la sociedad civil per se en búsqueda de negros pobres. De negros pobres y buenos: gobernables, permeables culturalmente y controlables. En definitiva, negros desarrollados, el producto más acabado de la “securitisation of development”. Con el giro cultural, la cooperación española no logra escapar de la deconstrucción crítica a la que Arturo Escobar sometió el concepto de desarrollo: “Por casi cincuenta años, en América Latina, Asia y África se ha predicado un peculiar evangelio con un fervor intenso: el ‘desarrollo’. Se confiaba en que, casi que por fiat tecnológico y económico y gracias a algo llamado planificación, de la noche a la mañana milenarias y complejas culturas se convirtieran en clones de


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los racionales occidentales de los países considerados económicamente avanzados” (Escobar, 2007, p. 11).

Escobar añade que “después de cuatro décadas de este discurso, la mayoría de las formas de entender y representar el Tercer Mundo siguen siendo dictadas por las mismas premisas básicas. Las formas de poder que han surgido no funcionan tanto por medio de la represión, sino de la normalización; no por ignorancia, sino por control del conocimiento; no por interés humanitario, sino por la burocratización de la acción social” (Escobar, 2007 p. 98). A juicio de Escobar, la ideología desarrollista pierde de vista la materialidad del Tercer Mundo y ha edificado un castillo en el aire que reviste el Tercer Mundo de formas occidentales de conocimiento y poder para que se vea a sí mismo, y sea visto por todos, como territorio menesteroso y postrado en la indigencia que requiere la asistencia de la filantropía y técnicas de los blancos buenos: “El desarrollo supone una teleología en la medida en que propone que los ‘nativos’ serán reformados tarde o temprano. Sin embargo, al mismo tiempo, reproduce sin cesar la separación entre los reformadores y los reformados, manteniendo viva la premisa del Tercer Mundo como diferente e inferior, y de sus pobladores como poseedores de una humanidad limitada en relación con el europeo culto (Escobar, 2007, p. 100). En una nueva etapa crítica, Oswaldo de Rivero mostró lo quiméricas que son las ofertas desarrollistas en un Tercer Mundo crecientemente urbanizado y menguantemente capaz de satisfacer ni siquiera las necesidades más básicas de los conglomerados urbanos: agua potable, energía eléctrica y seguridad (Rivero, 2001).

En el siguiente acápite mostraré que el giro cultural de la cooperación al desarrollo del gobierno español reincide en la pérdida de vista de la materialidad del Tercer Mundo y añade la “securitisation of development”, la interesada homogeneización de la sociedad civil y otros elementos despolitizantes.

3. La cultura

El giro cultural de la cooperación española para el desarrollo fue explicitado en el Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012, aprobado por el consejo de ministros el 13 de febrero de 2009, que en el apartado sobre cultura y desarrollo propone2: “(OE 1) fortalecer el desarrollo del sector cultural como factor de cohesión social en los países socios, impulsando la institucionalidad y las políticas públicas inclusivas, y potenciando la articulación del tejido social y cultural; (OE 2) fomentar el desarrollo económico desde el sector cultural, apoyando a los movimientos creativos, promoviendo la producción cultural y explorando nuevas formas de distribución; (OE 3) impulsar los derechos individuales y colectivos de acceso, creación y difusión de expresiones culturales, en el marco del fomento de la diversidad cultural (AECID, 2009, p. 23).

El concepto de cultura es considerado como uno de los más complejos en la lengua inglesa (Eagleton, 2001, p. 11). Parece no serlo menos en castellano. y la

2 Los subrayados, negrillas y cursivas fueron introducidos por el autor como una clave para ubicar, en los textos citados, las distintas acepciones del término cultura – que los textos de la cooperación española utilizan indistintamente–, cuyo análisis se detalla en líneas posteriores.

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ambigüedad puede recibir estímulos interesados. La propuesta en cuestión amalgama tres conceptos diversos de cultura, sometiéndolos a un tratamiento semejante que atenta con disolver las diferencias e inducir la percepción de que la cultura es un bien moldeable al tenor de las políticas públicas. He distinguido la aplicación de cada concepción de cultura marcando el texto con cursiva, subrayado y negrilla. En el primer objetivo estratégico (OE1) la cultura se identifica con un sector de la realidad y parece ser equiparable al concepto de North de institucionalidad (North, 1993). Cultura sería así un conjunto de normas y su promoción está orientada a contribuir a la gobernabilidad y estabilidad social. Al final de este objetivo se habla de la cultura en un sentido clásico en antropología, como una dimensión de la realidad a distinguir con fines analíticos: “cultura es ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, la costumbre y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad” (Kottak, 1997, p. 18).

El segundo objetivo presenta la cultura como un sector industrial. La contribución al desarrollo ahí está centrada en incrementar la producción cultural y su distribución, como manda el capitalismo y corresponde a una etapa de expansión de los mercados culturales, y muy particularmente de las industrias editorial y fílmica españolas. El tercer objetivo apila, una tras otra, las tres concepciones de cultura.

El documento para el período 2013-2016 mantiene y acrecienta las mixturas: El libre acceso a la cultura, el Patrimonio y la diversidad cultural son Bienes Públicos Globales que forman parte del desarrollo humano sostenible. Tal y como reconoce la Convención de UNESCO de 2005 sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, la diversidad cultural acrecienta la gama de posibilidades y nutre las capacidades y los valores humanos, por lo que constituye un elemento relevante del desarrollo humano sostenible. Por otra parte, el respeto a la diversidad cultural y el fomento del diálogo intercultural son el sustrato de la libertad cultural” (AECID, 2012, p. 30). La cultura-dimensión se trenza con la cultura-industria para producir una deliberada ambigüedad que se cure en salud contra las críticas: se podrán oponer a la penetración de las industrias culturales como hace Volpi (2010, p. 104), pero ¿quién se opondrá al enriquecimiento cultural que nutre capacidades y valores, y que por añadidura cuenta con la bendición de la Organización de las Naciones Unidas?

Se opuso el aguafiestas del culto a la diversidad cultural. Zizek ha denunciado el evangelio de la tolerancia y el embeleso por lo multicultural. Nos pone en guardia contra sus mecanismos despolitizantes porque, “con su continuada transformación en un régimen ‘postpolítico’ tolerante y multicultural, el sistema capitalista es capaz de neutralizar las reivindicaciones queers, integrarlas como ‘estilos de vida’” (Zizek, 2012, p. 69). Zizek arranca la careta benévola del culto al multiculturalismo con denuncias que aplican al giro culturalista de la cooperación española: “Mientras persista esta esencial despolitización de la esfera económica, sin embargo, cualquier discurso sobre la participación activa de los ciudadanos, sobre el debate público como requisito de la decisión colectiva responsable, etc. quedará reducido a una cuestión ‘cultural’ en torno a diferencias religiosas, sexuales, étnicas o de estilos de vida alternativos y no podrá incidir en las decisiones de largo alcance que nos afectan a todos” (Zizek, 2012, p. 110). Retomando la lógica de la reflexión de Zizek


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y sus hallazgos, en la amalgama cultural de las políticas de la cooperación española encontramos una enrevesada mezcolanza conceptual que encubre el poder del capital de convertir en mercancía y cortina de humo la devoción multicultural, desvía la atención de los mecanismos –y de su implícito sistema de valores– de producción y comercialización de bienes culturales y presenta como ejemplares y más visualizables las reivindicaciones por el respeto hacia la diversidad de estilos de vida, reconduciendo los amagos de rebeldía hacia los terrenos inocuos, seguros y controlados de foros, seminarios y exposiciones fotográficas.

Cabe otra crítica al proyecto cultural de la AECID. y ésta se refiere a la voluntad de control, perceptible en declaraciones de este tenor: “El reconocimiento de la diversidad tiene asimismo un papel destacado en la contribución a la paz y la seguridad en los planos nacional, regional y global” (AECID, 2012, p. 30). De hecho, en un documento anterior, donde se explicita la “Estrategia de Cultura y Desarrollo de la Cooperación Española”, hay una cita del antropólogo argentino Néstor García Canclini que apunta en la misma dirección: “Es necesario concienciar tanto a los gobiernos como al sector privado de la importancia que adquiere el sector cultural en los procesos de Integración Regional, y de Inserción Global” (AECI, 2007, p. 20). Estos efectos benéficos de la cultura –sin esclarecer a cuál de sus acepciones se refieren– no vienen dados de forma automática, sino que han de ser producidos por obra y gracia de una tecnología cultural. La cultura aparece así como un instrumento de reingeniería social para producir control y seguridad, precisamente los cometidos que Duffield identifica como propios del desarrollismo burocrático.

La cultura como ingeniería social –donde la redistribución de los bienes culturales debe moldear la cultura-dimensión– sólo tiene sentido en el paradigma obsoleto de la cultura como sistema o sistemas cohesionados que Bauman impugna: “A la luz de las experiencias comunes acumuladas hasta hoy, parece plausible pensar que, al margen de que alguna vez existieran verdaderas culturas sistémicas, la posibilidad y la probabilidad de percibir los fenómenos culturales como componentes de totalidades cohesivas y completas en sí mismas fue una contingencia histórica” (Bauman, 2010, p. 37). Sobre esta visión caduca de sistemas culturales, el enfoque de la cooperación propone la integración –citando a Canclini– y la producción de paz y seguridad. Este cometido echa mano de la ambigüedad de la noción tradicional de cultura, jalonada por la “creatividad” y la “regulación normativa”, debatiéndose entre ruptura y rutina, al cambio y a la monotonía de la reproducción, a la invención y a la preservación (Bauman, 2010, p. 22). La estrategia de la AECID coloca la creatividad al servicio del control, la diversidad de expresiones culturales en vasallaje ante el orden que consagra ciertas pautas de conducta y otras se condenen al ostracismo. En esta visión, no existen los condicionamientos estructurales, sino libres elecciones. Elegir entre unas y otras conductas no es un asunto de conciencia; pertenece al idílico ámbito de las opciones por estilos de vida.

El núcleo esencialmente conservador de este programa de cooperación, concebido como contribución al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 2015, remite a –y conjuga– las médulas de las críticas de Escobar, Bauman, Duffield y Zizek: el salvaje es sometido a un proceso civilizador por medio de una redistribución de bienes culturales, pero este proceso no sólo construye su inferioridad por referencia a unos objetivos-ideales inalcanzables, sino que le añade la etiqueta de

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revoltoso. Dosis adecuadas de consumo de bienes culturales y de reconocimiento de la multiculturalidad despolitizada pueden volverlo al orden y convertirlo en un agente de la preservación. La correa de transmisión cultural son las élites –muy especialmente la sociedad civil– que deben hacer las veces de intelectuales orgánicos del orden y “recuperar su función supervisora” (Bauman, 2010, p. 57). Esta dinámica de la cultura como máquina productora de seguridad nos recuerda que, en algunas de sus acepciones etimológicas, cultura y colonialismo provienen de la misma raíz y su conjunción tiende a la tautología (Eagleton, 2001, p. 12).

4. Migración: objeto de políticas y objeto cultural

El giro cultural de la cooperación para el desarrollo colocó al tema de las migraciones entre sus doce áreas prioritarias (AECID, 2009, p. 23). El interés temático por las migraciones y su inserción en los CCE coinciden con el intento de frenar las migraciones en general y las latinoamericanas en particular por medio de una serie de políticas migratorias restrictivas y la cancelación o no renovación de convenios bilaterales por los que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos y el gobierno español concedieron un tratamiento preferencial a sus ciudadanos: exención de visado, acceso a la seguridad social, habilitación para adquirir propiedades, etc. Con esos tratados suscritos en los años 60, Iberoamérica arribó a una nueva etapa de concreción.

Al inicio, esos tratados facilitaron la migración española hacia Latinoamérica. Pero en el curso de los años el flujo se revirtió. Los ecuatorianos –por mencionar la nacionalidad de origen con mayor presencia en España– dispararon sus salidas a España de “menos de 5,000 al año, a principios de los 90, a 150,000 al año después de 2000” (Gratton, 2005, p. 43). En 2004 se alcanzó el pináculo migratorio con 497,799 ecuatorianos residiendo en España (Gómez Ciriano, Tornos Cubillo & Colectivo Ioé, 2007, p. 190), cifra que va en descenso debido a la crisis económica española y las políticas de repatriación ecuatorianas. En años anteriores el flujo de dominicanos, peruanos, colombianos, argentinos y venezolanos había crecido enormemente. En una oleada relativamente tardía, los centroamericanos también engrosaron la presencia latinoamericana en España. Los hondureños sobrepasan los 65 mil; los nicaragüenses saltaron de 3,740 a 5,001 sólo entre marzo y diciembre de 2010 (Secretaría de Estado de la Inmigración y Emigración, 2010). Aun cuando los flujos más importantes de latinoamericanos tienden a disminuir por efecto de la crisis, España sigue siendo un destino migratorio atractivo, como reflejan las cifras de algunos flujos poblacionales y en coherencia con un modelo social europeo que asigna a España un rol de provedor de bienes a bajo costo, posible a costa de una mano de obra migrante barata (Galgoczi, 2013).

El gobierno español reaccionó con el endurecimiento de políticas migratorias y la supresión de las prerrogativas migratorias de que gozaban algunas nacionalidades latinoamericanas. Desde 1994 había reducido a un mínimo los permisos de trabajo otorgados por un plazo de cinco años. En adelante, los permisos laborales tendrían una duración estándar de un año. En el año 2000, reaccionando a un giro copernicano de la opinión pública española hacia la inmigración, la Ley Orgánica 8/2000 dejó


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caducar varios tratados de doble nacionalidad. En 2003 se impuso la exigencia de visado a varias nacionalidades anteriormente eximidas de tal requisito. Cuando el requerimiento de visa no fue impuesto, como en el caso de Nicaragua y Honduras, la migración enfrentó barreras financieras, la más notoria de las cuales fue la exigencia de presentar dos mil euros ante los agentes de migración como prueba fehaciente de que la visita de su portador tiene fines turísticos verosímiles. Otras barreras no legisladas son el requisito de una carta de invitación y reservaciones en hoteles. El endurecimiento de políticas migratorias españolas coincide con la creación de los CCE y con la inclusión de los temas migratorios en la agenda de cooperación al desarrollo.

La atención hacia las migraciones por parte de la política para el desarrollo de la AECID “parte de la base de que la lucha contra la pobreza es un fin en sí mismo y no tiene relación de causalidad inmediata con las migraciones, y del convencimiento de que la migración debe ser fruto de una libre decisión, de una opción personal y no de la necesidad” (AECID, 2009, p. 23). El corolario de este planteamiento es que la migración real, el flujo mayoritario, no debería existir, porque es un flujo motivado por la necesidad, que a juicio de la AECID, no debería ser el desencadenante de las migraciones. El documento continúa: “Desde esta premisa, y desde su posición de liderazgo internacional en Migraciones y Desarrollo, el III Plan Director tiene en este sector como objetivo general la PROMOCIóN DE LOS EFECTOS POSITIVOS ENTRE MIGRACIóN y DESARROLLO, a través de sus cinco objetivos específicos: (OE1): Apoyar a los países de origen y tránsito en el establecimiento de marcos y mecanismos públicos para la gestión y la información de las migraciones, que maximicen los efectos positivos y minimicen las consecuencias negativas de la migración sobre el desarrollo, asegurando el respeto y la promoción de los derechos humanos; (OE2): Promover espacios para el diálogo, la coordinación y articulación de la acción conjunta sobre migraciones y desarrollo entre sector público, sector privado, asociaciones de migrantes y organizaciones de la sociedad civil tanto, en los países de origen como en España, con especial atención a la creación de alianzas transnacionales e iniciativas endógenas para la puesta en marcha de iniciativas de codesarrollo; (OE3): Fomentar en los países de origen la formación destinada a la creación y mejora de las capacidades profesionales, para el fomento de capacidades y oportunidades, orientado a la inserción efectiva en el mercado laboral, en coordinación, en especial, con la política sectorial de promoción del tejido económico y empresarial; (OE4): Impulsar la coherencia y las contribuciones positivas que las políticas públicas del Estado español no específicamente de AOD pueden tener sobre los objetivos de desarrollo en los países de origen y tránsito de la migración; (OE5): Generar y gestionar conocimiento y mejorar la capacidad disponible en el capital humano de la Cooperación Española para identificar, analizar e impulsar ámbitos de actuación e iniciativas concretas en el marco de migración y desarrollo, así como apoyar el conocimiento generado en los países de origen y las asociaciones de inmigrantes presentes en nuestro territorio” (AECID, 2009, p. 24).

El primer objetivo estratégico (OE1) parte de una premisa que he sometido a crítica en otras ocasiones: la ilusión de que la migración, que es un proceso vivo y de enorme complejidad, pueda ser diseccionado y segmentado como si se tratara

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de un cuerpo muerto sometido al diestro bisturí de un médico forense que separa miembros malos y miembros buenos. En los procesos sociales no tenemos elementos que aparezcan en estado puro (Rocha, 2012). y no son necesariamente las políticas migratorias las que más incidencia tienen sobre los flujos migratorios y su impacto (Sassen, 1995, p. 73).

El OE2 busca fomentar el tipo de espacios donde se gesta el “migration management” que, como han mostrado diversos analistas, desembocan en la mayor “securitisation”, donde crece el miedo y los países de tránsito funcionan como “países frontera”, es decir, escenarios de conflicto y negociación de las prácticas de movilidad transnacional y los intentos de regularlas (Kron, 2010, pp. 41-42). El OE3 es la típica propuesta de políticas migratorias retentivas para aminorar el flujo. El OE5 propone, además de la mejora de las capacidades de la AECID, el apoyo al conocimiento generado en los países de origen y las asociaciones de migrantes. Éste es el objetivo que verdaderamente empalma con el tratamiento que recibe la migración en los CCE: difusión de material gráfico, organización de debates y concursos literarios dirigidos hacia un público con el mismo perfil sociodemográfico de los centroamericanos que migran a España: jóvenes urbanos de clase media (50% tiene entre 25 y 29 años) y con estudios universitarios (PNUD, 2011, p. 168). Le apuntan a la población meta correcta: los potenciales migrantes, que serán transmutados en intelectuales orgánicos de la cultura “distribuida” por los CCE.

El tratamiento del tema migratorio es harto elocuente en sí mismo: un debate sobre migraciones aparece en una agenda donde el día anterior se exhibió la película Avatar, al día siguiente se discutirá sobre los anime y pasado mañana sobre la ópera Carmen o la obra de un imberbe narrador que obtuvo un premio creado ad hoc. Precisamente esa mezcolanza donde se vale todo –y todo tiene un mismo valor jerárquico– actúa como elemento despolitizante que coloca al espectador ante la migración como lo pueda estar ante los manga y la música barroca. La migración queda redimensionada: es un espectáculo artístico.

La selección de temas nos muestra, sin embargo, que la audiencia –que acude con las defensas políticas bajas– se enfrenta a una selección temática cargada de intencionalidad política. El Proyecto “Transnacional(es)” se centró en la exposición “Mirando al Sur”, que incluyó un premio literario concedido a Samuel Trigueros Espino por su relato juvenil significativamente titulado “Me iré Nunca”, de la que se dice que “descubre desde su primera línea el sufrimiento y sacrificio (…) para buscar ingresos económicos que permitan mejorar la situación de vida de la familia. Es un cuento sentimentalmente fuerte que conmueve y nos compromete a luchar por refundar este país para que nunca más alguien quiera irse.”

La investigación “Arquitectura de remesas” muestra los bodrios que generan las remesas. Se trata de una “Arquitectura sin arquitectos” que produce una “urbanización sin urbanidad” porque “la arquitectura de las remesas ha coadyuvado a esta imagen de crecimiento desordenado, de ciudad no planeada. La gente construye donde puede y como quiere.” El estudio nos revela “una estética chocante de una realidad aún más chocante” y la “desestructuración de la vida campesina” (CCE, 2013). La mayoría de los eventos pueden ser agrupados en lo que denomino la industria de la producción del miedo.


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5. El Centro Cultural de España como industria de la producción del miedo a las migraciones

Los CCE han tratado el tema de las migraciones mediante eventos que construyen una percepción de las migraciones predominantemente asociada con peligro, riesgo y muerte. Exhibida en todo el istmo centroamericano, la colección de fotografías titulada “La Bestia” se compone de un material gráfico que se concentra en los peligros que enfrentan los migrantes centroamericanos que atraviesan México de frontera a frontera en tren (la bestia) y se exponen a los peligros más espeluznantes. Aun cuando los centroamericanos que atraviesan México en el ferrocarril son solamente entre 10 y 14 por ciento del total de centroamericanos que transitan por ese país (Rodríguez Chávez, 2011, p. 6), la insistencia de esta exposición fotográfica y muchos documentales sobre “La Bestia” ha cimentado la ineludible asociación migrantes-ferrocarril y está diseminando una imagen de peligro con criterios más sensacionalistas que informativos.

La exposición itinerante “Mirando al Sur”, que recorrió toda Latinoamérica, estuvo pletórica de fotografías de migrantes atravesando un embravecido mar en frágiles pateras, filas de cadáveres en la costa sur española de las víctimas de los naufragios, negros saltando vallas o caminando por el desierto, camionetas hacinadas, etc. Así es como miran al sur, siempre subalterno, imprudente y postrado. No se registra cómo el sur mira el norte. También por medio de los CCE, una iniciativa con idéntico talante, fue la promoción de la película “El camino”. Difundida por OIM y obra de una realizadora costarricense, el filme muestra el periplo de una niña y su hermano en su travesía desde un barrio marginal en Managua hacia Costa Rica. El niño queda perdido en la selva fronteriza y la niña termina como esclava sexual de un extranjero pedófilo.

Gran parte de los documentales, películas, fotografías y debates difundidos en los CCE muestran parte de lo que sucede. Pero, al mostrar los peligros sin trabajar las causas de esos peligros –las políticas anti-inmigrantes, por ejemplo– remiten a la pura emotividad del miedo. ¿Qué encierra este recurso a la irracionalidad? En Comunicación y poder, Castells (2009, p. 24) sostiene que, mucho más que en la coacción, la esencia del poder reside en su capacidad para modelar la mente: “La forma en que sentimos y pensamos determina nuestra manera de actuar, tanto individual como colectivamente. La capacidad para lograr el consentimiento o al menos para instilar miedo y resignación respecto al orden existente es fundamental para imponer las reglas que gobiernan las instituciones y las organizaciones de la sociedad.”

Retomando los hallazgos de Antonio Damasio sobre el importante papel de las emociones y los sentimientos en el comportamiento social, Castells nos recuerda que el miedo es una de las seis emociones básicas y, por ello, tiene un papel importante en el proceso político, junto a la esperanza (Castells, 2009, pp. 195, 207). Por eso los mensajes de las campañas políticas apelan al miedo y a la esperanza. Por eso, también, “las situaciones que provocan miedo atraen las mayores audiencias” y son las más destacadas en los medios: “Se trata de reacciones a acontecimientos que amenazan la supervivencia, y estas reacciones movilizan recursos cognitivos que

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inducen la atención. El odio, la ansiedad, el miedo y la euforia son especialmente estimulantes y también se retienen en la memoria a largo plazo” (Castells, 2009, p. 215).

La efectividad del miedo para controlar futuros comportamientos es tal que “el estímulo actúa por sí mismo. En otras palabras, no hay necesidad de añadir una interpretación explícita: el enmarcado funciona activando la mente con un estímulo adecuado” (Castells, 2009, p. 216). Tanto “La Bestia” como “Mirando al Sur” tienen un éxito persuasivo garantizado porque, como diría Castells, “activaron la emoción más profunda del cerebro humano: el miedo a la muerte. Experimentos psicológicos realizados en varios países muestran que conectar la muerte con asuntos y acontecimientos favorece la aparición de actitudes políticas conservadoras en el cerebro” (Castells, 2009, p. 232).

Existe un ejemplo dramático de esta voluntad de aterrar, que muestra extremos mayores a los que se han llegado en Centroamérica, pero una misma voluntad, muy difundida en el tratamiento que al tema migratorio dan los más destacados organismos internacionales que se ocupan del fenómeno. Se trata de un video difundido en youTube, a nombre de OIM y la Federal Office for Migration (FOM) de Berna, que muestra la conversación entre un padre –en algún país africano– y un hijo –en algún país europeo–, salpicada de escenas que muestran al hijo en situaciones que contradicen las palabras que dirige a su padre, en una noche lluviosa, desde una cabina telefónica: hambriento, sin casa, perseguido, etc. El padre escucha sus embustes piadosos desde una cálida, bien iluminada y lujosa habitación que lo muestra como un profesional exitoso, miembro de la clase media alta, sugiriendo la idea de que la migración opera un brutal descenso en las condiciones de vida, además de arrojar a los migrantes a un calvario inenarrable. El video fue subido al mismo tiempo que un reporte a los medios anunciaba la campaña contra la migración ilegal, lanzada en Camerún y Nigeria “para informarles sobre las consecuencias negativas de la migración ilegal”.

6. Conclusión: el fin justifica los miedos

La sobrerrepresentación de la ruta más exótica y peligrosa en los medios y foros del CCE, junto al marcado énfasis –cuando no concentración exclusiva– en los peligros migratorios, es sintomática del uso del miedo como herramienta de control migratorio. Aun cuando es conocido que imágenes e historias semejantes de tragedias migratorias son usadas por organismos humanitarios para advertir del peligro, tal coincidencia –cuando no se explicita la posición frente a las políticas migratorias y no se denuncian los operativos anti-inmigrantes como caldo de cultivo de esos crímenes–, representa una modalidad más de lo que Dagnino llama la confluencia perversa. La exhibición despolitizada de esas tragedias, sin penetrar en sus engranages políticos y sus raíces en las políticas, tienen el efecto de apelar a la emoción y producir un pánico disuasorio. El contenido del giro cultural de la cooperación al desarrollo complementa –y calza con– el giro de la política migratoria. Se trata de un giro que contradice las expresiones de buena voluntad que presumen construir una Hispanoamérica unida. La “madre patria” busca aterrar a sus hijos para que no osen cruzar el atlántico en busca de sus pechos.


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El miedo es el mejor mecanismo de control porque es un mecanismo introyectable y generador de conductas conservadoras. De ahí que la producción del miedo encuentre sentido en el paradigma de la “securitisation” del desarrollo, que Duffield analiza como productor de control y conductas aceptables para los dominantes. El miedo resulta más penetrante cuando más desapercibidos encuentra a los sujetos, que asisten a un evento presuntamente despolitizado, pero que esconde en sus entretelas una agenda bien definida. La estrategia de control y preservación de la población en sus naciones de origen es muy efectiva porque echa mano de un sector de la sociedad civil interesado en las migraciones por razones humanitarias, pero proclive a la confluencia perversa con el proyecto de “securitisation” que pone en escena el giro cultural. Son el sector que elabora documentales, fotografías y estudios, sin percatarse de que su mecenas instrumentaliza sus hallazgos para inducir en el imaginario popular un automatismo asociativo que vincula migración a temeridad, riesgo y muerte. Las políticas anti-inmigrantes son reforzadas por el giro cultural de la cooperación en un golpe de efecto donde el fin justifica los miedos.

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Las paradójicas secuelas del ‘Movimiento No Pago’ en las microfinanzas agropecuarias enNicaragua

1 Los autores no son analistas distantes de las microfinanzas en Nicaragua. Peter Marchetti y René Mendoza son co-fundadores de la institución microfinanciera ‘Fondo de Desarrollo Local’ (FDL) y los otros autores también han participado en investigaciones ligadas al FDL. Las experiencias del FDL son, pues, una referencia fundamental para este análisis, pero hay que destacar que dicho análisis no es del FDL.

* Instituto de Políticas y Gestión del Desarrollo (IOB por sus siglas en neerlandés), de la Universidad de Amberes, Bélgica. Correo electrónico: [email protected]

** Universidad Rafael Landívar (URL) y Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales (AVANCSO), Guatemala. Correo electrónico: [email protected]

*** Instituto Nitlapan de la Universidad Centroamericana (UCA), Nicaragua. Correo electrónico: [email protected]

**** Instituto Nitlapan de la Universidad Centroamericana (UCA), Nicaragua. Correo electrónico: fjpsjino@ gmail.com

Las paradójicas secuelas del ‘Movimiento No Pago’ en las microfinanzas agropecuarias en Nicaragua1

Johan Bastiaensen*, Peter Marchetti**, René Mendoza*** y Francisco Pérez****

Recibido: abril 2013 / Aceptado: julio 2013

El artículo devela las coyunturas políticas y económicas que produjeron en Nicaragua la crisis de las microfinanzas de 2009. Explica que las causas que la generaron siguen intactas, y que las familias campesinas y campesina-finqueras siguen pagando el costo de la crisis. El abordaje teórico del artículo se basa en el enfoque socio-político de Karl Polanyi. Así, para los autores las microfinanzas y los mercados asociados no son realidades naturales, sino procesos “ficticios”, socialmente institucionalizados e inevitablemente integrados en procesos políticos específicos y marcos socio-institucionales particulares. El artículo argumenta que el ‘Movimiento No Pago’ y las reacciones de las instituciones microfinancieras (IMF), junto con los carteles que monopolizan las cadenas de valor de productos agropecuarios, condujeron a un proceso de exclusión del campesinado, apartándolo del financiamiento. El análisis de los dos años de enfrentamientos violentos entre las IMF, los movimientos de

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productores y el gobierno nacional, permite llegar a la paradójica conclusión de que los intereses estratégicos, tanto de las microfinancieras como de sus clientes rurales vulnerables, se hubieran beneficiado más con una alianza política que con la confrontación.

Palabras clave: microfinanzas agropecuarias-Nicaragua / crisis / Movimiento No Pago / secuelas

1. Introducción

Académicos y algunos activistas políticos de izquierda denuncian a las microfinanzas como un proyecto político intrínsecamente neoliberal que –en nombre de la reducción de la pobreza– condena a los pobres a una dura y poco prometedora lucha para competir y sobrevivir en un mercado hostil, mientras promueve su desmovilización política a través del enmascaramiento de las condiciones socio-económicas estructurales que fortalecen los procesos de exclusión, beneficiando a las élites locales y globales, que son el verdadero origen de su pobreza (Rankin, 2001; Weber, 2010; Bateman, 2012). Consideran las microfinanzas como un ingrediente socio-institucional clave del neoliberalismo revisionista, una respuesta al riesgo político de los enormes costos sociales del neoliberalismo ortodoxo del consenso de Washington, particularmente a través de una re-incorporación ‘neo-weberiana’ de los pobres como potenciales micro-empresarios en un nuevo «ajuste estructural con rostro humano» (Weber, 2010, p. 115). Bajo esta perspectiva, los recientes colapsos en el mundo de las microfinanzas en Oriente, Medio Oriente, Europa Oriental y Nicaragua2, asociados a crisis de morosidad masiva y movimientos sociales anti-microfinanzas, son considerados como una señal esperanzadora y positiva, reflejando una resistencia política renovada, de parte de clientes marginalizados, con el objetivo de superar la disciplina social neoliberal impuesta en las operaciones microfinancieras. Esto, para algunos, anuncia el fin del “paradigma de las microfinanzas” y la apertura de vías alternas hacia políticas económicas estructurales inclusivas (Bateman, 2012). Bateman nos presenta un análisis en blanco y negro, basado en dicotomías, que comparte un análisis de fondo muy similar al del Banco Mundial (Bastiaensen, Marchetti, Mendoza & Pérez, 2013, pp. 863-864). Rankin (2001) presenta una crítica más coherente y consistentemente contradictoria al paradigma dominante de las instituciones multilaterales, basada en análisis más detallados de las microfinanzas. Consideramos ambas críticas bienvenidas al debate sobre microfinanzas porque enfocan la relación entre microfinanzas y geopolíticas globales, en contra de la distinción de los análisis más comunes, cuyo prisma es las microfinanzas como una solución o fracaso caído del cielo, independientemente de las estructuras de poder y coyunturas políticas.

Aunque anteriormente hemos analizado el problema del «narcisismo microfinanciero” (Bastiaensen et al., 2013), este artículo no se enfoca en las dinámicas

2 Para un análisis desde el paradigma dominante, véase Viada y Scott (2011) y CGAP (2010), que consideran que las crisis en Nicaragua, Marruecos, Pakistán, Bosnia-Herzegovina, y Andra Pradesh, India, fueron inducidos por una avalancha de liquidez en las microfinanzas y sobre-endeudamiento de los clientes.

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dentro de la industria microfinanciera ni sus relaciones con los paradigmas de regulación impuestos por las instituciones multilaterales (Bastiaensen & Marchetti, 2007, 2011). Esta vez nuestro interés principal es develar las coyunturas políticas y económicas que produjeron en Nicaragua la crisis microfinanciera de 2009 que perdura hasta ahora. Es común escuchar en Nicaragua que esta crisis ha terminado, sin embargo, las causas que la generaron siguen intactas y las familias campesinas y campesina-finqueras siguen pagando el costo de la crisis.

El abordaje teórico de este artículo se debe en gran parte al enfoque socio-político de Karl Polanyi, que demostró que el dinero, el trabajo y la tierra son mercancías ficticias, creaciones de las políticas públicas y de la evolución del Estado (Polanyi, 2001 [1944], pp. 71-80). Las microfinanzas y los mercados asociados no son realidades naturales, sino al contrario, procesos «ficticios» y socialmente institucionalizados, que están inevitablemente integrados en procesos políticos específicos y marcos socio-institucionales particulares. Específicamente vemos la relevancia de su análisis sobre la imbricación inescapable de economía y políticas públicas o del «doble movimiento”, un proceso reiterativo en que la economía capitalista se desenraiza de la convivencia y necesidades sociales y luego queda re-enraizada por contra-movimientos (Polanyi, 2001 [1944], pp. 136-157).

La crisis de las microfinanzas en Nicaragua fue la más espectacular de las mencionadas en términos de confrontación entre instituciones microfinancieras y clientes morosos, ambiguamente respaldados por el gobierno sandinista, autoproclamado «cristiano, socialista y solidario» pero en realidad el más oportunista de los nuevos gobiernos populistas de América Latina. En medio de y después de esa confrontación, los discursos maniqueos abstractos, esencializando las malas «microfinanzas neoliberales» y los buenos «movimientos sociales de resistencia», no conducen, en nuestra opinión, a un análisis adecuado. Utilizando el prisma de Polanyi, argumentaremos: i) que el sandinismo de 1979-1986, a pesar de la Reforma Agraria y de su discurso anti-imperialista, no representó un cambio de fondo al modelo de sociedad somocista, ii) que las políticas neoliberales implementadas desde 1986 fueron una terapia de choque sin anestesia, provocando un profundo des-enraizamiento para la sociedad nicaragüense, la rural y campesina en particular, iii) que las microfinanzas nicaragüenses representaban un contra-movimiento para re-enraizar la economía campesina en los territorios locales y iv) que el ‘Movimiento de Comerciantes, Productores y Artesanos del Norte’ (MCPAN) y el ‘Movimiento No Pago’ representaban un segundo contra-movimiento a las microfinanzas miopes a su inserción en las estructuras de poder rural y confiadas en el éxito crediticio.

Mostraremos que el ‘Movimiento No Pago’ y las reacciones de las instituciones microfinancieras (IMF) condujeron a un fuerte revés en los aspectos más transformadores de las microfinanzas agropecuarias nicaragüenses, incrementando los montos de préstamos a finqueros y eliminando casi completamente a los campesinos de las carteras. Sin embargo, estos procesos de pronunciada exclusión del campesinado del financiamiento no sólo se debieron a las lógicas internas de las IMF, sino a los carteles que monopolizan las cadenas de valor de productos agropecuarios. Utilizando los acuerdos de «comercio libre», grupos industriales con poder sobre el procesamiento de carne despojaron a los campesinos que crían terneros y a los campesinos finqueros que desarrollan toretes. Monopolizaron su


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poder en el mercado bajando los precios a los productores pequeños mientras que el precio en los mataderos subió, favoreciendo a los empresarios ganaderos.

El análisis de los dos años de enfrentamientos violentos entre las IMF, los movimientos de productores y el gobierno nacional, nos permitió llegar a la paradójica conclusión política de que los intereses estratégicos, tanto de las microfinancieras –incluyendo las cooperativas de ahorro y crédito– como de sus clientes rurales vulnerables –una parte de los cuales les atacaron–, se hubieran beneficiado más con una alianza política que con la confrontación.

El artículo resume las raíces históricas de las microfinanzas nicaragüenses, su auge espectacular y distintivo de otros países, y los efectos de la crisis sobre distintas clases rurales. Luego, analiza los orígenes del MCPAN, cómo se transformó en un movimiento nacional de no pago y cómo fue articulada la crisis de las microfinanzas con los movimientos telúricos en recomposición del poder monopólico del comercio agropecuario. Al final, se surgieren lecciones aprendidas.

2. Las microfinanzas en Nicaragua: su auge distintivo y los efectos de su crisis

Una parte sustancial de las microfinanzas en Nicaragua no corresponde al típico modelo neoliberal comercial. Al contrario, muchas de las IMF priorizaban producción agrícola y pecuaria, balanceando carteras de finqueros y campesinos finqueros con campesinos menos capitalizados. Muchas de las IMF de la Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas (ASOMIF) también poseen un rasgo distintivo: combinan servicios financieros con intentos para mitigar parcialmente las condiciones estructurales de exclusión y explotación en zonas rurales (servicios no financieros en cadenas de valor, asistencia técnica productiva y programas ambientales).

Como en otros países de Latino América, las microfinanzas emergieron en Nicaragua en un contexto de ajuste estructural y liberalización económica. Sin embargo, debido al contexto específico de la Revolución Sandinista de los años 80 y la guerra contrarrevolucionaria hasta 1990, estos procesos iniciaron más tarde y más abruptamente en Nicaragua que en otros países.

Para entender por qué Nicaragua fue el único país de América Latina con un desarrollo extraordinario de las microfinanzas agropecuarias, se requiere de un breve análisis de la historia de financiamiento agropecuario en el país durante el siglo veinte. Después de la negociada derrota del movimiento guerrillero de Sandino, la dictadura somocista instaló el modelo de la Banca Pública de Desarrollo Agropecuario. Ese modelo de financiamiento del sector agropecuario duró más de medio siglo, hasta 1990. Las finanzas públicas somocistas priorizaron y subsidiaron a los empresarios agrícolas de algodón, azúcar, café y, en menor grado, a empresarios ganaderos. La parte del león de los frutos de este financiamiento público de la agricultura no quedó en la banca pública, sino en las empresas que comercializaron, procesaron y exportaron el algodón, el azúcar, el café y la carne (la familia de Somoza y la arquitectura sofisticada de alianzas con el sector privado títere de la dictadura). El complejo financiero-procesador-exportador se aprovechaba de los pequeños y

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medianos productores, facilitándoles crédito, pero expoliándolos en el esquema de precios. El primer ministro del MIDINRA, Jaime Wheelock, llegó a argumentar que la brecha en la repartición del valor agregado agropecuario entre los productores y el complejo financiero-industrial-exportador de Somoza fue la fisura estructural que produjo al derrocamiento del régimen.

Después de la insurrección en 1979, el financiamiento del sector agropecuario continuó su rumbo con poco cambio en la situación de subordinación de la producción primaria a los agronegocios. El único cambio fue la sustitución de los somocistas por el FSLN, y un breve período entre abril de 1980 y noviembre de 1981 cuando cien mil familias recibieron crédito. El FSLN priorizó inversiones en los complejos agroindustriales públicos, incluyendo esfuerzos de competir con el campesinado en la producción de maíz. El capital financiero, agroindustrial y exportador continuó subordinando a los finqueros y campesinos finqueros, extrayendo su productividad hacia las ciudades. A pesar del financiamiento estadounidense, la Contra fue una guerrilla auténtica de los campesinos finqueros que logró capitalizar la insatisfacción del campesinado pobre de la montaña que experimentó cero beneficios de la Revolución. La Reforma Agraria no llegó, los términos de intercambio comercial se volvieron más hostiles contra ellos y en 1979, por miedo a una posible reacción conservadora del campesinado a la “revolución”, el ejército sandinista requisó sus rifles y revólveres 22 que utilizaban para proteger sus cultivos de pájaros y animales (Marchetti, 1985). El FSLN fue el primero en imaginar la Contra y sus nuevas políticas explícitamente anti-campesinos viabilizó la guerrilla del conjunto del campesinado líderado por los campesinos finqueros.

La guerra de baja intensidad con los Estados Unidos y la de alta intensidad con el campesinado, junto con el mal manejo de la macroeconomía, produjo niveles de inflación de 33,547 % en 1988. El FSLN introdujo el neoliberalismo iniciando la privatización del sector público en sus propias redes de empresas y consorcios financieros personales. Con la decisión de virtualmente cerrar el BANADES, el FSLN finiquitó 60 años de financiamiento público agropecuario, creando niveles extremos de iliquidez para el campesinado y la clase finquera, dejando un vacío de institucionalidad financiera en el campo y abriendo camino para el inicio de las microfinanzas cuando Nicaragua entró en la era neoliberal. Las microfinanzas agropecuarias fueron una respuesta a la iliquidez de campesinos periurbanos en el Pacífico en 1988 y luego al interior del país en 1989. En los años noventa se incorporaron campesinos finqueros y pequeños finqueros en su clientela.

En los primeros años, el Fondo de Desarrollo Local (FDL) fue más una iniciativa política que una mera respuesta a la iliquidez financiera de los campesinos. Los líderes del FDL –ex-militantes del FSLN que habían presionado a la Dirección Nacional desde las bases de la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC) y la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) para una reforma agraria que fue «demasiado poco, demasiado tarde y con poca participación campesina»–, ataron la carreta de las microfinanzas al proyecto político de creación de ciudadanía mercantil. Conscientemente, partieron del giro neoliberal hacia lo local, en contra de lo nacional y lo público. Los líderes del FDL explícitamente proclamaron «microfinanazs enraizadas para recuperar el desarrollo local autónomo campesino mermado por el modelo agroexportador somocista-sandinista entre 1950 y


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1988” (FDL, 1995, p.). Por lo tanto, el FDL nació de una critica campesinista del prisma leninista del FSLN y de la lucha por la vía campesina a nivel local por la transformación del movimiento cooperativo – un contra movimiento ‘polanyiano’ a la mercantilización y des-enraizamiento producidos en las comarcas campesinas.

La ideología, los métodos y productos financieros del FDL se derramaron a 17 otras microfinancieras agropecuarias que formaron el núcleo de ASOMIF. Pero ni la iliquidez campesina ni la ideología explican el auge extraordinario y la sostenibilidad financiera de las microfinanzas agropecuarias nicaragüenses y su distinción respecto a otros países latinoamericanos. Parecía como si la estrategia neoliberal revisionista de las microfinanzas hubiera encontrado una vitrina nacional en la que las microfinanzas atendían a familias que oscilaban alrededor de la línea de la pobreza. Tras la crisis de las microfinanzas podemos ver otra condición sine qua non para que existan microfinanzas agropecuarias sostenibles para estratos campesinos: un régimen de comercio rural que permite procesos de acumulación campesina.

Durante los años ochenta, con los costos de la guerra y desbalances macroeconómicos, la plataforma comercial exportadora era dominada por los sandinistas y sus alianzas con el sector privado comercial, que no siendo tan sólidas, se rompieron por completo a partir de 1987. No sólo hubo iliquidez financiera sino un vacío enorme en la hegemonía empresarial sobre las cadenas de valor. El gobierno de Violeta Chamorro no podía mágicamente restablecer el control empresarial sobre el comercio rural. Es decir, las microfinanzas agropecuarias nicaragüenses dieron sus primeros pasos en un mundo rural sin oligopsonios y con oligopolios productivos en desorden. Más bien las microfinanzas, con sus créditos a finqueros locales, reconstruyeron el tejido local del comercio rural sobre una cancha comercial no controlada ni por el capital sandinista ni por empresarios no sandinistas. Con el ‘Movimiento No Pago’ y su conexión con el restablecimiento del poder de los carteles de carne, fue obvio que los oligopsonios son un mayor riesgo para financiar al campesinado que factores como el clima, la infraestructura, los costos de transacción altos en áreas aisladas y los bajos niveles de capitalización, pues las microfinanzas nicaragüenses habían demostrado su capacidad de lidiar exitosamente con estos factores (Bastiaensen & Marchetti, 2011, pp. 467-469).

El sector no regulado de las microfinanzas ONG penetró el sector agropecuario. Fue hasta una década más tarde que los IMF regulados siguieron a las ONG. Entre 2004 y 2008 las carteras globales (urbano comercial y agropecuaria) de financieras reguladas crecieron de 77 a 314 millones de US$ (crecimiento anual de 42%), más rápidamente que las ONG, cuyos portafolios en el mismo período aumentaron de 105 a 246 millones de US$ (crecimiento anual de 28%).

En su apogeo en 2008, todas las IMF nicaragüenses contaban con una cartera anual de préstamos de US$ 560 millones (16% de la oferta total de crédito), cubriendo algo más de medio millón de clientes, o un 22% de la PEA total (Cuadro 1). A nivel internacional, las microfinanzas nicaragüenses se convirtieron, de esa manera, en una de las más reconocidas y publicitadas historias de éxito de las microfinanzas.

Poco se ha subrayado que, frente a las microfinanzas latinoamericanas, las nicaragüenses tenían una característica atípica. Éstas incluyeron una importante cartera de crédito para la producción agropecuaria y –en particular– para ganado

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vacuno, cuando típicamente la mayoría del microcrédito latinoamericano es urbano y se destina a pequeños comerciantes. En vista de que la pobreza es predominantemente rural y profundamente conectada con la agricultura, el microcrédito rural al estilo nicaragüense se convirtió, de esta manera, en un emblema para quienes apostaban por unas microfinanzas con capacidad de contribuir de manera eficiente a la reducción de la pobreza rural.3 A su vez, se dieron pasos significativos en dirección a un enfoque más integrado tipo ‘microfinanzas plus’, combinando servicios financieros y no financieros (asistencia técnica y comercialización) con miras al fortalecimiento de pequeños y medianos productores mejorando su competitividad y poder de negociación en cadenas de valor agropecuarias transformadas (Bastiaensen & Marchetti, 2011). Pero aunque iniciaron experimentos en ‘microfinanzas plus’, las IMF nunca se posicionaron políticamente ante la reconstrucción de los poderes oligopsónicos en el sector agropecuario. Más bien negociaron contratos de miles de sus clientes con estos poderes comerciales. No obstante, estas evoluciones posicionan a una gran parte de las IMF nicaragüenses fuera del típico ámbito del microcrédito urbano y/o comercial-rural. Este logro debe atribuirse casi exclusivamente a las IMF no reguladas, organizadas dentro de ASOMIF. A finales de 2008, las instituciones miembros de ASOMIF desembolsaron US$ 129 millones en crédito agrícola y vacuno, para pequeños y medianos productores, equivalente al 52% de su cartera total.4 Como consecuencia de una saturación en aumento del mercado urbano, las IMF reguladas y los bancos convencionales siguieron a ASOMIF en su expansión hacia las zonas rurales, pero mucho más tarde y enfocándose principalmente en los productores más consolidados, logrando sólo una modesta cartera de US$ 27 millones en 2008.

Este enfoque atípico en las finanzas rurales productivas fue posible gracias a la caída de los monopolios comerciales agropecuarios de 1988 a 2005, y a importantes inversiones provenientes de ONG, de inversionistas sociales y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), contrarrestando de esa forma la corriente principal impuesta por actores bilaterales y multilaterales que presionaban a las IMF agrícolas para que se integraran al sistema bancario sin tomar

3 Tanto en el sector agropecuario como en el urbano, extender crédito a familias excluidas no garantiza reducir pobreza. Entre los clientes más pobres del FDL, Nitlapán encontró una descapitalización de un 5%. No obstante, aquí subrayamos el distintivo del éxito nicaragüense en llevar las microfinanzas donde se concentra la pobreza. La tasa de rotación de socios es un indicador de los niveles de descapitalización en las microfinanzas. Mientras que la rotación en microfinanzas urbanas oscila entre 20 a 40% a nivel internacional, en 2007 el FDL tuvo una rotación de sólo un 5.6% en el sector agropecuario, mucho menor que la rotación de sus clientes urbanos de un 8.4%

4 Es importante subrayar que las microfinanzas nacieron y avanzaron en medio de una gran iliquidez del sector agropecuario después de las reformas neoliberales (1986-1996). Los 129 millones de ASOMIF representaban sólo un 1% del PIB agropecuario en 2008 mientras el financiamiento de la banca comercial a la producción agropecuaria representaba un 3%. Más tarde argumentaremos que no hubo una sobre-liquidez en el sector agropecuario durante el auge de las microfinanzas. Más importante fue la caída de los monopolios comerciales agropecuarios de 1988 hasta 2005, lo que permitió que las microfinanzas nicaragüenses se abrieran un espacio en el financiamiento agropecuario campesino justamente por la desarticulación de la explotación comercial del campesinado. Esa desarticulación fue producto de la simultánea crisis del sector público agropecuario somocista/sandinista y la introducción de las políticas neoliberales. El financiamiento vía comercio de la producción agropecuaria siempre sobrepasó el financiamiento institucional crediticio. Las tasas de interés de crédito comercial de igual forma siempre son más altas que las bancarias. Nuestro análisis se centra en que los grados de monopolización de crédito comercial bajaron sustancialmente después de 1988.


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en cuenta las consecuencias que eso podría tener sobre su financiamiento para la producción agropecuaria (Bastiaensen & Marchetti, 2007)5.

Cuadro 1. Evolución de carteras de microcrédito: Nicaragua 2007-2011 (millones de US$)

Instituciones 2008 2009 2010 2011% cambio 2008-11

Banex 139 115 0 0 -100%

Procredit 134 114 87 82 -39%

Fama 41 30 23 22 -46%

Sub-Total IMF-bancos regulados 314 259 110 104 -67%

FDL 69 69 62 56 -19%

ASOMIF 177 142 118 108 -39%

Sub-total IMF no reguladas 246 211 180 164 -33%

Total IMF privadas 560 470 290 268 -52%

Cooperativas de ahorro y préstamo* n.a. 20 32

Total microfinancieras n.a. 470 310 300 n.a.

Bancos estatales 41 43

Fuente: Calculado a partir de bases de datos de la Superintendencia de Bancos y ASOMIF. (*) Información detallada sobre las cooperativas no está disponible. Las estimaciones se basan en International Monetary Fund (2011) y se refieren principalmente a ALBA-Caruna. Para el 2011, se añade una estimación de la cartera de la Cooperativa “20 de Abril” que se había retirado de ASOMIF. Muy probablemente ALBA-CARUNA también presta a empresas cooperativas ligadas o no a las actividades de ALBANISA, pero estos datos no están disponibles.

2.1. Las secuelas de la crisis de las microfinanzas de 2008 a 2012

En 2008 graves perturbaciones en los mercados, así como una rebelión de clientes, golpearon al sector microfinanciero de Nicaragua. En varias regiones los clientes comenzaron a rehusarse a pagar sus créditos y el número de clientes morosos se incrementó rápidamente. Las IMF tuvieron que reprogramar y reestructurar préstamos, mientras que las garantías de clientes morosos fueron legalmente ejecutadas, aunque por lo general los clientes guardaron el control de dichos activos pues el gobierno no contribuyó a hacer cumplir las decisiones judiciales. La rebelión de los clientes tenía motivaciones económicas fundamentales, pero también respondía a tácticas de oportunismo político. Las motivaciones económicas tenían que ver con problemas de pago reales que afectaban a muchos productores que se resistían a descapitalizar sus empresas frente a la caída en picada de los precios internos del ganado y de otros productos agrícolas. El segundo aspecto tiene que

5 La política dominante está sesgada hacia el desarrollo del mercado financiero como tal, y padece tendencias anti-productivas y anti-rurales. De hecho, teniendo en cuenta las actuales reglas prudenciales, la regulación casi inevitablemente reduce el alcance productivo rural, ya que muchos pequeños préstamos son propensos a ser clasificados como cartera de alto riesgo debido a la falta de planes de negocios y/o garantías formales, independientemente de la calidad intrínseca de estos préstamos (Bastiaensen & Marchetti, 2007).

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ver con maniobras políticas de parte de las élites rurales en el marco del regreso al poder del gobierno sandinista. Estas élites de productores rurales buscaban acumular activos a través de medios políticos extra-económicos, aprovechando el no pago de múltiples préstamos para concentrar mayores cantidades de tierra y ganado. Ellos claramente manipularon, para su propio beneficio, las protestas de pequeños y medianos productores en contra de las microfinancieras. El auge de la crisis, desde finales de 2008 a finales de 2010, se caracterizó por duras y violentas confrontaciones (incluyendo secuestros de personal de las IMF y clientes, disparos de balas y morteros contra el personal de las IMF, tranques en carreteras) que destruyeron la imagen de Nicaragua como el ‘paraíso de las microfinanzas rurales’.

Estos enfrentamientos (que se analizan en detalle más adelante) y el deterioro de la cultura de pago, transformó la arquitectura de la industria microfinanciera nicaragüense. Algunas de las IMF quebraron, incluyendo el banco microfinanciero regulado Banex. La reputada microfinanciera de origen alemán –Banco Procredit– perdió decenas de millones de dólares y se retiró del crédito agrícola y del microcrédito urbano. A la vez, muchos inversionistas internacionales se pusieron nerviosos por el ‘riesgo país’ y –al mejor estilo del capital golondrina– retiraron sus inversiones en forma masiva y abrupta. En consecuencia, el total de microcréditos desembolsados se redujo en un 52% (Cuadro 1).

Debido a la quiebra del BANEX, la caída de las IMF comerciales y reguladas fue más espectacular, con la desaparición de dos tercios de sus carteras de crédito. Paradójicamente, el supuestamente menos consolidado sector no regulado resistió mejor, con una disminución de sus actividades de 30%.

En el punto alto de las micro finanzas reapareció el banco de desarrollo Produzcamos (2007) y le tocó estrenarse en medio de la crisis (reforma de ley creadora en el 2009 y su reglamento aprobado en 2010). Controlado por el gobierno sandinista, en vez de ofrecer dinero fresco, acabó administrando principalmente la cartera de proyectos del Ministerio de Agricultura y el Instituto de Desarrollo Rural. La cooperativa sandinista CARUNA, reconstituida dentro de ALBA-CARUNA, recibió fondos adicionales de parte de un fondo solidario vinculado con los suministros de petróleo venezolano. Sin embargo, dichos avances dentro del sector microfinanciero (semi) público sólo lograron compensar parcialmente las pérdidas de las carteras privadas, ya que estos nuevos fondos, según nuestras estimaciones, sólo podrían haber alcanzado un monto máximo total de US$ 75 millones, o sea únicamente el 25% de la cartera pérdida.

Más de la mitad de la cartera agropecuaria del segmento no regulado, y un poco menos de la mitad de sus clientes agrícolas, desaparecieron (Cuadro 2, Ilustración 1). La caída de la cartera tuvo entonces su mayor impacto negativo en el crédito agrícola y vacuno. El plazo promedio de los préstamos también disminuyó significativamente. Las IMF reguladas eliminaron casi totalmente los créditos agrícolas y vacunos (un 85%) e incrementaron el monto de sus préstamos, re-direccionando el remanente a unos pocos clientes grandes. El monto de un préstamo promedio aumentó un 147%, hasta US$ 4,215.

Las carteras agropecuarias de los bancos comerciales también se vieron afectadas. El número total de clientes se redujo de 9,483 a 3,085; mientras que la cartera total disminuyó sólo de US$ 270 millones a US$ 194 millones, lo que


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conllevó a un incremento del monto promedio de los créditos en un 121%, de US$ 28,472 a US$ 62,950.

Lo anterior indica que la crisis tuvo impactos diferenciados entre las clases sociales, con una reducción del acceso al crédito para el sector medio agrícola, mientras los bancos comerciales aumentaron el financiamiento a clientes más acomodados.6 Esto puede verse como una confirmación de la ‘ley de hierro de las crisis’: que las crisis generalmente terminan beneficiando a los segmentos más ricos de la sociedad. Los sectores más capitalizados parecen haberse beneficiado a expensas de las empresas y productores más vulnerables. El efecto de este cambio estructural puede, por ejemplo, ser notado en el sector cafetalero, donde el aumento de las restricciones de crédito para pequeños productores ha contribuido a un aumento significativo de las habilitaciones (‘compra a futuro’) de grandes empresas de café como CISAS y Atlantic (Mendoza, Fernández & Kuhnekath, 2012).

Los paradójicos resultados de esta crisis son, por lo tanto, el debilitamiento del crédito productivo directo hacia el sector medio rural, y a la vez la concentración del crédito rural, teniendo como consecuencia el fortalecimiento de la participación de viejos y nuevos empresarios de la elite rural.7 Mientras tanto –y a pesar de la crisis previa de sobre-endeudamiento urbano– se produjo una reorientación del microcrédito hacia créditos comerciales caros (IMFs) o hacia créditos subvencionados de corto plazo para los pobres (ALBA-CARUNA). Esta evolución se apoya en la nueva Ley de Microfinanzas, introducida como el ‘punto final’ de la crisis (ver más adelante). En consecuencia, la crisis no sólo redujo las microfinanzas privadas en Nicaragua, sino que también las alejó del crédito de inversión productiva a pequeños productores/campesinos y a empresas medianas.

Cuadro 2. El impacto de las crisis en las carteras agrícola y ganadera (2008-2011)

Diciembre/08 Diciembre/11 % cambio

Cartera (millones

US$)

Cantidad clientes

Promedio préstamo

(US$)

Cartera (millones

S$)

Cantidad clientes

Promedio préstamo

(US$)

Cartera Cantidadclientes

Promedio préstamo

FDL 43 40404 1064 26,9 24663 1091 -37% -39% 2%

IMFs No-reguladas (ASOMIF)

128,6 112434 1144 62,9 62302 1010 -51% -45% -12%

Procredit 18,2 13064 1393 3,9 929 4198 -79% -93% 201%

Banex 8,2 2644 3101 -- -- -- -- -- --

Fama 0,6 94 6383 0,02 1 20000 -97% -99% 213%

IMF Bancos 27 15802 1709 4 930 4215 -85% -94% 147%

Citibank 8,7 262 33206 1,8 40 45000 -79% -85% 36%

BAC 47,7 564 84574 26,4 509 51866 -45% -10% -39%

6 Un incremento adicional en el segmento de créditos más grandes fue también producido, probablemente, por un aumento de los préstamos de ALBA-CARUNA dirigidos a empresas exportadoras de café y cooperativas de segundo nivel asociadas con la red sandinista de empresas ALBANISA (los datos no están disponibles).

7 Este fortalecimiento se presentó junto con la alianza política entre el gobierno sandinista y las élites empresariales tradicionales, al servicio de los intereses económicos de sus respectivas inversiones económicas.

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BDF 7,1 150 47333 7,1 107 66355 0% -29% 40%

Banpro 97,7 1977 49418 107,8 1008 106944 10% -49% 116%

Lafise – Bancentro

116,4 6680 17425 58,2 1528 38089 -50% -77% 119%

Finarca 0,7 27 25926 0 0 0 -100% 100% -100%

B a n c o s privados

270,5 9483 28525 194,2 3085 62950 -28% -67% 120%

Total bancos regulados

297,5 25285 11766 198,2 6237 31765 -33% -75% 170%

Produz-camos

n.a. n.a. n.a. 43 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Coopera-tivas

(13) n.a. n.a. (32) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Fuente: Calculado a partir de bases de datos de la Superintendencia de Bancos y ASOMIF.

Ilustración 1. Evolución carteras agropecuarias 2008-2011

Ilustración 2. Montos promedios de crédito agropecuario 2008-2011

Ilustración 1. Evolución carteras agropecuarias 2008- 2011

Ilustración2. Montos promedios de crédito agropecuario 2008 – 2011

0

100

200

300

400

ASOMIFIMF

reguladas bancosprivados Produzcamos

Cooperativas

129

27

278

0 13

63

4

352

43 32

cartera 2008 (mio US$) cartera 2011 (mio US$)

0100002000030000400005000060000

ASOMIFIMF reguladas

bancos privados

1144 1709

28810 1010 4215

54684

Monto promedio 2008 (US$) Monto promedio 2011 (US$)

Ilustración 1. Evolución carteras agropecuarias 2008- 2011

Ilustración2. Montos promedios de crédito agropecuario 2008 – 2011

0

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ASOMIFIMF

reguladas bancosprivados Produzcamos

Cooperativas

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cartera 2008 (mio US$) cartera 2011 (mio US$)

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ASOMIFIMF reguladas

bancos privados

1144 1709

28810 1010 4215

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Monto promedio 2008 (US$) Monto promedio 2011 (US$)


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Ilustración 3. Cantidad de clientes con crédito agropecuario 2008-2011

3. Las múltiples dimensiones de la crisis

Un análisis más profundo de la crisis microfinanciera revela una situación compleja con múltiples causas y dimensiones, así como un importante (aunque no evidente) contenido político que ayuda a explicar su dinámica y sus resultados paradójicos. Comenzaremos analizando las causas económicas fundamentales de la crisis y luego procederemos a mostrar cómo reaccionó el gobierno ante el MCPAN, mejor conocido como el ‘Movimiento No Pago’.

3.1. El crecimiento excesivo y la saturación del mercado urbano

Un primer elemento que llama la atención es el rápido crecimiento de las carteras de todas las IMF, estimulado por la abundancia de fondos provenientes de numerosos inversionistas extranjeros. Como dijimos, dicho crecimiento fue más pronunciado en el sector regulado, que concentraba su cartera en el sector urbano, y relativamente menor en las instituciones no reguladas que priorizaban inversiones productivas rurales. Los grandes actores multi y bilaterales, concentraron su apoyo en el sector regulado, mientras los inversionistas sociales, ONG y BCIE, se concentraron en las instituciones no reguladas. Esta división del trabajo y la no alineación de actores e inversores sociales y privados, no sólo contribuyeron a un crecimiento descoordinado de los segmentos, sino también a un proceso competitivo poco saludable en que las IMF reguladas, con más recursos, trataron de explotar su ventaja competitiva en detrimento del segmento no regulado. La dura –y muchas veces poco ética– competencia también explica por qué la oficina de crédito ‘sin riesgos’, iniciada por las IMF no reguladas en 2007, no tuvo éxito sino hasta después de la crisis de

Ilustración 3. Cantidad de clientes con crédito agropecuario 2008- 2011

020000400006000080000

100000120000

ASOMIFIMF reguladas

bancos privados

112434

15802 9660

62302

930 6437

cantidad de clientes 2008 cantidad de clientes 2011

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20098. Como consecuencia, nadie tenía una idea clara de la magnitud del sobre-endeudamiento en determinados segmentos del mercado.

Existen indicios que muestran que la competencia y presión para transformar el generoso financiamiento internacional en nuevos préstamos, estimuló el fenómeno de préstamos múltiples y reciclaje de deudas, en donde viejas deudas –a menudo problemáticas y costosas– fueron canceladas con nuevos y más grandes prestamos, en particular en los saturados sectores de pequeños comercios y servicios.9 La dimensión internacional de esta hipótesis presenta a los financiadores internacionales como los co-responsables de una sobre-oferta inducida por la comercialización, asociada con las ‘nuevas microfinanzas al estilo de la codicia de Wall-Street’ (Bateman, 2010, p. 122). En este escenario, la crisis de las microfinanzas de 2009 se presenta como el resultado de una burbuja financiera que temporalmente ocultaba un deficiente manejo del riesgo y el aumento del sobre-endeudamiento.

Sin embargo, la hipótesis de un amplio problema de sobreoferta-sobreendeudamiento como explicación fundamental de la crisis merece un análisis más fino y matizado. Acertadamente, Viada y Scott (2011) se refieren a Nicaragua como un típico caso de correlación negativa entre el incremento de inversionistas (extranjeros) y el incremento de problemas de sobre-endeudamiento. Además, un estudio econométrico, usando una muestra de la base de datos de las oficinas de crédito ‘sin riesgos’, identificó los préstamos múltiples como una de las variables explicativas de la morosidad (De Franco, 2010). Entonces, existen indicios de un problema de sobre-endeudamiento generado, al menos en parte, por el mismo éxito de la industria de las microfinanzas. Sin embargo, se debe tener precaución al generalizar esta interpretación simple. Barrios y Sánchez (2012, p. 27) reconocen problemas de saturación en el mercado, pero subrayan que dicha saturación se centra principalmente en ciertas áreas urbanas y para préstamos personales de consumo. El FIDEG, en 2008, también había encontrado rastros de saturación en los mercados urbanos; pero también afirmaba que el mercado podía y debía expandirse todavía hacia pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en las zonas rurales (FIDEG, 2008, p. 99).

En este contexto, compartimos la posición de Bateman y Chang (2012), que argumentan que existen claros límites a la expansión de las actividades comerciales y de servicios de los microempresarios urbanos pobres debido a las restricciones de la demanda, que dejan pocas oportunidades para un crecimiento estructural de largo plazo y provocan susceptibilidad a burbujas y crisis de sobre-endeudamiento. Sin embargo, esta tesis no es adecuada para describir la situación de los productores agropecuarios, que representan una parte significativa de los clientes de las

8 Las instituciones en competencia no quisieron dejar huellas de su estrategia para ‘robar’ clientes ‘ya hechos’ de otras instituciones.

9 Un poco al estilo de los fraudulentos esquemas de inversión Ponzi, en Nicaragua los nuevos fondos de los inversionistas microfinancieros se utilizaron para capitalizar a las IMF con excelentes rendimientos sobre el capital y los activos, garantizados en parte por la misma abundancia de nuevos créditos. Éstos, a su vez, permitían a los clientes con problemas de pago pagar sus deudas, lo que garantizaba los excelentes rendimientos en las microfinanzas, que atraían aún más capital nuevo. Este proceso no es muy diferente de los esquemas Ponzi, que garantizan excelentes rendimientos a los primeros inversionistas utilizando el dinero de los nuevos inversionistas, atraídos precisamente por las ganancias de los primeros. Obviamente, se sabe que al llegar a su escala máxima, estos esquemas se quiebran dado que el flujo de inversiones nuevas deja de ser suficiente para financiar los altos rendimientos de los inversionistas existentes.


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microfinancieras no reguladas nicaragüenses. Como se analiza más adelante, el origen de la crisis de pago de los préstamos agropecuarios no se encuentra en una sobreoferta de crédito, sino más bien en una verdadera crisis de rentabilidad en gran medida inducida por cambios en las políticas comerciales y su efecto en la correlación de fuerzas entre productores y procesadores-comerciantes.

Hemos demostrado que no hubo exceso de liquidez en el sector agropecuario. Las prácticas de múltiples préstamos a la misma familia y las faltas de diligencia idónea tampoco producen por sí solas la crisis, como la industria microfinanciera nicaragüense y las instituciones multilaterales aseveraron. En nuestra opinión, es mala práctica de las IMF concentrar nuevos recursos de la cooperación internacional en clientes con mayores niveles de capitalización, ante su incapacidad de construir nuevas carteras entre el campesinado menos capitalizado. Esta búsqueda de mayor rentabilidad profundizó la crisis pero ciertamente no lo generó por sí sola.

3.2. El control oligárquico de las cadenas de valor de productos agrícolas

La ausencia de una sobreoferta de crédito no significa automáticamente la ausencia de problemas de pago, especialmente en el caso de los productores rurales pobres, quienes por definición tienen poco control sobre su entorno socio-económico y, por lo tanto, enfrentan un considerable ‘riesgo social’ adicional a los conocidos riesgos climatológicos. Pese a los tímidos esfuerzos de algunas IMF para evolucionar hacia un enfoque de cadena de valor más integrado –combinando servicios financieros y no financieros (Bastiaensen & Marchetti, 2011)– el enfoque ‘exclusivamente financiero’, sumado a una falta de incidencia sociopolítica significativa en los mercados y las cadenas de valor, tienden a dejar a los clientes de las IMF no reguladas impotentes ante las maniobras de actores más poderosos que afectan su ambiente económico inmediato.

Es muy claro que mucho más que un improbable problema de sobreoferta–sobre-endeudamiento, la rentabilidad de los clientes rurales y su capacidad de pago fueron particularmente afectadas por importantes perturbaciones estructurales. En concreto, Perez, Barrios y Pavon (2010) señalan la evolución negativa de los precios de los granos básicos y el ganado. Argumentan que la evolución de dichos precios no es una simple consecuencia de la dinámica del mercado mundial relacionada con la crisis financiera (como a menudo se decía). Al contrario, la evolución de los precios está intrínsecamente relacionada con el poder oligopsónico de las élites agro-industriales y comerciales dentro de las cadenas de valor agropecuarias nacionales, lo que constituye el núcleo institucional de la desigualdad en el desarrollo rural en Nicaragua. En 2008 las crisis mundiales de alimentos y energía golpearon fuertemente a la agricultura con el encarecimiento de los insumos agrícolas y del transporte, y sin un aumento semejante en los precios nacionales al productor. El control oligopólico sobre los insumos, y oligopsónico dentro de los mercados de los productos agropecuarios, causaron una transmisión desventajosa de los precios de frontera de los insumos y los productos hacia los productores. El frijol fue una excepción a esta regla hasta que en 2010 el gobierno decidió prohibir las exportaciones con el fin de proteger a los consumidores, depreciando severamente los precios del frijol nacional. Los golpes negativos al sector ganadero fueron aún más profundos y cruciales durante la crisis de las microfinanzas. Pérez (2011, p. 6)

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explica: “Si bien hubo una pequeña baja en los precios ese año (de $3.32/kg en 2008 a $3.23/kg en 2009), los precios eran mucho más altos que en 2007 ($3.02/kg). En verdad, Nicaragua exportó más carne en 2009, y a un buen precio, disfrutando de un aumento de 15% en el volumen exportado (71,310 toneladas) y un aumento de 9.5% en el precio, con relación a 2008”. Sin embargo, en 2009-2010 los precios del ganado entregado a las puertas de los cuatro mataderos nacionales decayó en un 20% y el precio del ganado en pie se desplomó en más de la mitad, en particular en el Norte del país. Así, los oligopolios del empaque y de la exportación de carne se enriquecieron mientras sus proveedores en el extremo inferior de la cadena de suministro sufrían de una grave baja en los precios que les llevó a dejar de pagar sus préstamos.

Esta evolución se debe a la fase final del tratado de libre comercio firmado diez años atrás con México, que implicó la prohibición, en 2009, de la exportación hacia México de ganado en pie con un peso menor a 330 kg. Sin la compra masiva de ganado de menor peso –que después era engordado en México para ser exportado a Estados Unidos– se produjo un incremento sustancial del poder de los cuatro mataderos nacionales. Éstos actuaron como un cartel de precios, pues la evolución de los precios es inexplicable de otra manera (Pérez, 2011, p. 6). El uso de los tratados de libre comercio por parte de los actores más poderosos del mercado para su propio beneficio y la indefensión de los productores ganaderos frente a dichas maniobras no debería, sin embargo, ser una sorpresa. Pero dichos procesos explican por qué la sustantiva cartera ganadera fue la primera en ser golpeada por la crisis y también por qué el MCPAN, mejor conocido como ‘Movimiento No Pago’, se originó y creció predominantemente como un movimiento de ganaderos del Norte sin pretensiones iniciales de atacar a las IMF.

3.3. Concentración de tierra, ‘Movimiento No Pago’/MCPAN y confabulación del gobierno10

El ‘Movimiento No Pago’/MCPAN era multi-clase, pero los protagonistas iniciales fueron las élites rurales, cuyo principal interés – primero en el Norte y después en el centro de Nicaragua– era la tierra. Manipular al Estado para salirse con la suya sin pagar préstamos bancarios11 es, de hecho, una estrategia común de la élite nicaragüense para concentrar tierra y desarrollarse económicamente (Roux, 2010; Mendoza, 2012).12 Las raíces de MCPAN no se encuentran, sin embargo, en la acumulación de tierra por no cancelación de deudas bancarias sino en la desarticulación del negocio de contrabando de ganado hacia Honduras. El MCPAN nació de pérdidas comerciales que ocasionaron mora con las IMF y la banca. Después

10 Este análisis se basa en información recopilada mediante entrevistas en noviembre y diciembre de 2009 a Alfredo Alanís y Julio Flores (director y presidente de ASOMIF respectivamente), y durante la exhaustiva investigación de campo de René Mendoza en Nueva Segovia para su estudio doctoral en el Instituto de Políticas y Gestión del Desarrollo (IOB), Universidad de Amberes, Bélgica (Mendoza, 2012). La interpretación de la información es responsabilidad únicamente de los autores del artículo.

11 Después de que el banco de desarrollo estatal (BANADES) cerrara debido a un desastroso desempeño de recuperación de cartera, cuatro bancos privados ligados a élites emergentes fueron quebrados por acciones fraudulentas.

12 Estas estrategias no son características de sandinistas solamente. En el bastión anti-sandinista de Río Blanco varios líderes liberales estaban involucrados en el abuso de múltiples préstamos ganaderos para compra de tierra.


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de ganar las elecciones de 2007 con apenas 38% del voto nacional, el FSLN empezó el largo camino de reconstruir su clientela, esta vez cuidando su acceso al FMI y al BM. El MCPAN buscó a Omar Vílchez –ex alcalde sandinista de Jalapa– como líder para renegociar sus deudas con las IMF y la banca. Vílchez tomó la oportunidad de asumir el liderazgo debido a que en ese momento se encontraba bajo acusación penal por desvío de fondos de parte de la Alcaldía de Jalapa.

El populismo no se entiende sólo como el poder y popularidad de un “César”, “Bonaparte” o “Daniel” sino como una situación estructural de empate entre el bloque capitalista en el poder y las fuerzas subalternas de obreros y campesinos, en la cual ningún lado puede dominar al otro desde sus propias capacidades. En este empate surge el líder populista como un pacto malogrado entre las dos fuerzas. El populismo está obligado a operar sobre terrenos que le permiten hacer la historia pero no exactamente como lo quiere. Figuras como Vílchez, por su indefinición dentro del Danielismo, pueden ser muy útiles o incluso esenciales en momentos en que el populismo navega entre dos aguas. La historia estándar de prácticas oportunistas pierde el punto central del populismo: su esencia de haber nacido entre dos bandos y su obligación de servir a ambos. En 2008 el gobierno reinició la distribución «pública» de insumos agropecuarios y la comercialización de granos básicos. Sin embargo, mientras en las Segovias, Ariel Bucardo, ministro de agricultura, no pudo entregar las semillas y los insumos para la siembra de mayo, Vílchez y el MCPAN habían logrado renegociar con las microfinancieras. En esa coyuntura, hubo descontento de los productores de las Segovias contra el FSLN por el incumplimiento de la promesa de proveerles insumos y semillas. En junio, el FSLN necesitaba una cortina de humo para quebrar esa protesta de productores y la encontró en el movimiento dirigido por Vílchez. Se trataba de utilizar la protesta de MCPAN contra las microfinancieras para redirigir el descontento contra las políticas comerciales domésticas del gobierno.

Esta historia, y las coyunturas concretas, explican el hecho algo enigmático de que el MCPAN comenzara mucho antes del golpe a los precios del ganado de 2009, que afectó sobre todo a los productores pequeños y medianos a nivel nacional. Inicialmente los MCPAN eran esencialmente grandes productores con numerosos y voluminosos préstamos para ganado –a menudo usados para la compra de tierra– los que habían caído en mora con los bancos comerciales, las IMF reguladas (Banex y Procredit) y en menor medida con las IMF no reguladas (ACODEP y FUNDENUSE). La disminución del flujo financiero fresco y la baja de los ingresos, provocados en parte por una caída del contrabando de ganado hacia Honduras después de la victoria electoral de Daniel Ortega, conllevaron a una falta de liquidez para honrar deudas pendientes. Siguiendo lo dictado por las leyes financieras nacionales, y ante de posibilidad de que se re-editaran las prácticas de condonación de deuda común en los años 80, las IMF reguladas reaccionaron con una agresiva acción judicial, confiscando ganado y propiedades. Además, como parte del ganado comprometido ya había sido vendido en Honduras (técnicamente una acción fraudulenta), veintisiete morosos fueron encarcelados.

Esta acción judicial, provocó una fuerte reacción que Vílchez utilizó para justificar y reforzar la primera movilización del MCPAN. El ex-alcalde sandinista de Jalapa, sin estar moroso con los IMF, ensayó una retórica que lograra un alcance

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nacional en contra de las ‘IMF usureras’ que estaban “robando la tierra, las casas e incluso la libertad de los ‘pobres’ con el fin de salvaguardar sus ‘ganancias usureras’.” Las redes de clientelismo sandinista y liberal se movilizaron para protestar contra de las acciones de los bancos. Su capacidad de movilización proveyó el capital político con el cual el liderazgo del MCPAN negoció con los nuevos líderes sandinistas. En esta coyuntura, un componente de la estrategia política del retornado gobierno sandinista era fortalecer su relación con los empresarios acomodados.

Aun así, fuera del financiamiento a Vílchez para su movilización en Managua, el gobierno no brindó un inmediato apoyo decisivo al MCPAN. Sus acciones fueron vacilantes y contradictorias. Inicialmente, debido a la falta de respuesta, el movimiento fue forzado a negociar acuerdos de reestructuración de deudas con las IMF mediados por diputados locales de todos los partidos políticos en Nueva Segovia. Sin embargo, dichos acuerdos no fueron implementados porque el Presidente de la República los atropelló inesperadamente durante una visita a Jalapa en julio de 2008. En su discurso a las personas que bloqueaban la carretera, dijo:

yo les he dicho que hay que protestar, hay que reclamar; entiendo los reclamos, porque en un año y seis meses desmantelar todas las cadenas que nos impusieron los gobiernos al servicio de la oligarquía y el imperio no es fácil. Ellos nos fueron poniendo cadenas por todos lados…. Han hecho bien en protestar en contra de los usureros, pero en vez de estar protestando en las carreteras protesten frente a las oficinas de los usureros y plántense frente a sus oficinas. Párense firmes, nosotros los apoyamos (Vanegas, 2008).

Al día siguiente los militantes del MCPAN incendiaron las oficinas de FUNDENUSE. En respuesta se produjo una confrontación política y una huelga de préstamos de las IMF. Sin embargo, el movimiento comenzó a extenderse hasta que en 2009 se dio el estallido de la crisis ganadera. A partir de este momento, y a lo largo de toda la crisis, la causa estructural de los problemas de pago de los clientes se encontró en la crisis de precios ganaderos, explicada arriba. Esto también transformó al MCPAN de movimiento oportunista, en defensa de los ambiguos intereses de las élites, en movimiento social legítimo lidiando con una crisis real de sus miembros (a pesar de ser manipulados por un dudoso liderazgo).

En plena crisis ganadera, las IMF reclamaban el pago y amenazaban con confiscar tierras y/o ganado. En lugar de enfrentarse a la caída de los precios, fue más fácil y prometedor ponerse en contra de las IMF, con el aparente apoyo político del nuevo gobierno. Pero a lo largo de toda la crisis, el gobierno fue ambiguo en su discurso y acciones hacia el movimiento. El MCPAN recibió apoyo político y económico de círculos sandinistas, y en marzo de 2010 el presidente aprobó una ley solicitada por el ‘Movimiento No Pago’ y repudiada por la comunidad microfinanciera nacional e internacional13. Pero en junio, ASOMIF y el gobierno llegaron a un acuerdo formal que incluyó promesas de apoyar la cultura de pago a cambio de

13 Al final, esperando arreglos más interesantes que nunca llegaron, muy pocos productores morosos del MCPAN se apegaron a esta ley.


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prácticas responsables de las IMF, condiciones a ser incluidas en una nueva ley de microfinanzas. Durante meses, este acuerdo fue papel mojado. El MCPAN continuó protestando, bloqueando carreteras y acosando al personal de las IMF mientras el gobierno se hacía de la vista gorda. Sin embargo, la ambigüedad del Estado tuvo un abrupto final en agosto de 2011 cuando el MCPAN se preparaba para una nueva protesta nacional. ASOMIF y representantes de bancos privados –también preocupados por el deterioro de la cultura de crédito– realizaron una negociación decisiva y un acuerdo con el gobierno. Así, se generó una inesperada pero clara señal para el MCPAN de abandonar las movilizaciones. El gobierno sandinista abandonó al movimiento, dejándolos resolver sus problemas de deudas y confiscaciones de manera individual y directa con las IMF y los bancos. Vílchez recibió una promesa en el movimiento cooperativo sandinista.

A inicios de 2012, miembros del MCPAN necesitaron nuevos financiamientos pues los bancos y cooperativas de desarrollo patrocinados por el gobierno les negaban el crédito. Pero el FSLN había logrado dos de sus fines: quebrar varias IMF y sus clientelas, y respaldar la hegemonía de los grandes empresarios sandinistas y liberales en los mataderos. No logró que Produzcamos, el nuevo banco de desarrollo sandinista, sustituyera los espacios perdidos por las IMF.

El intento del liderazgo del MCPAN de posicionarse como guardianes de las redes económicas rurales sandinistas fue frustrado por la prioridad del gobierno de aliarse con empresarios tradicionales y velar por sus propios intereses empresariales dentro del grupo ALBANISA, a fin de convertirse en un grupo de élite complementario (Grigsby, 2012, p. 17). El gobierno optó por hacer las paces con las microfinancieras y la banca, y no apoyar a los productores en contra de los oligopolios de comercialización y transformación. Es llamativo que cuatro de los cinco proyectos de inversión más importantes del gobierno –financiados con créditos blandos de Venezuela como parte del generoso acuerdo de suministro de petróleo– están relacionados con ganado: dos mataderos y dos plantas procesadoras de lácteos (Grigsby, 2012, p. 16). La característica más relevante de todo el episodio, por lo tanto, podría ser el enmascaramiento de un conflicto estructural entre los mataderos y los ganaderos. El narcisismo de la industria de las microfinanzas facilitó este encubrimiento, al rehusarse a mirar más allá de los factores del propio sector financiero. Al final, paradójicamente el MCPAN creó una cortina de humo, permitiendo a las élites empresariales tradicionales y sandinistas recuperar y fortalecer su control sobre la extracción de valor añadido en la economía rural.

A finales de 2011, como parte del acuerdo con las IMF, el gobierno aprobó una nueva Ley de Microfinanzas. Queda por verse cómo será puesta en práctica, pero existe el peligro de que –paradójicamente– apoye el regreso de un tipo de microfinanzas ‘neo-liberales’. Con la evolución de las carteras post-crisis, dos grandes figuras financieras se vuelven dominantes: (a) el financiamiento de inversiones a gran escala dirigidas al sector empresarial –tradicional y sandinista– a través de bancos privados, la cooperativa sandinista ALBA-CARUNA y, quizás, el banco estatal Produzcamos; y (b) microcréditos de rotación rápida y corto plazo subvencionados por ALBANISA como parte de las políticas de redistribución de recursos clientelistas14 o comerciales,

14 La presencia de este tipo de crédito barato, políticamente condicionado, sigue socavando la cultura de pago de los clientes pobres.

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pero a ‘costos razonables’ de IMF privadas. Bateman (2010, p. 33) sostiene que el objetivo de las microfinanzas neo-liberales es “promover el autoempleo como una forma de des-empoderamiento, particularmente, del trabajo organizado, y de las clases bajas en general; y de esta manera (re)empoderar la reducida clase empresarial” (Bateman, 2010, p. 33). En la Nicaragua sandinista el objetivo primordial de la política financiera parece ser la promoción de la organización popular controlada políticamente a través de la provisión de créditos ‘sociales’ subsidiados de corto plazo, complementados con el microcrédito ‘neoliberal’ para la producción informal, y por otro lado, el (re)empoderamiento de la clase empresarial sandinista a la par de las redes oligopólicas de las familias de la élite tradicional.

4. Las lecciones de la crisis

La primera lección importante de nuestro análisis es que las microfinanzas son heterogéneas y diversas, particularmente en un país donde las IMF con fines de lucro, enfocadas en la rotación rápida y créditos caros para pequeños comerciantes y micro-empresarios, no necesariamente representan la mayoría. Antes de la crisis, las microfinanzas del país no estaban dominadas exclusivamente por los microcréditos comerciales, existían IMF no reguladas que ofrecían crédito productivo a pequeños y medianos productores ganaderos y agrícolas. Las estructuras de gobernanza se apartaban de los estereotipos. En su totalidad, el sector no sucumbió a los principios que Bateman (2010, p. 3) llamó “las microfinanzas al estilo de la codicia de Wall-Street”. Con un profundo alcance rural y productivo –estrategia poco indicada para buscar la mayor rentabilidad–, muchas instituciones nicaragüenses lucharon por encontrar un balance entre la sostenibilidad financiera y sus objetivos de desarrollo. Esto contribuyó a reducir la dependencia de pequeños y medianos empresarios rurales en las estructuras del mercado dominado por las élites.

Nuestro análisis muestra que una crítica principalmente ideológica de las microfinanzas, sin suficiente atención a su diversidad, puede ser contraproducente, ayudando a destruir precisamente el tipo de microfinanzas estructuralmente transformadoras para las PyMES –que era el objetivo original de las microfinanzas y la finalidad declarada de mucha de la propia crítica (por ejemplo de Bateman, 2012). Los estereotipos ideologizados de las microfinanzas oscurecen el análisis de lo que realmente ocurrió en la crisis microfinanciera en Nicaragua.

Una segunda lección está relacionada con el peligro de esencializar el MCPAN como un movimiento de defensa de ‘clientes pobres’ contra “las microfinanzas al estilo de la codicia de Wall Street”. Esto puede cegarnos a lo que realmente está en juego en la crisis microfinanciera en Nicaragua (y quizá también en otros países). El gobierno patrocinó la rebelión de clientes y la subsiguiente crisis asestó un golpe significativo a las microfinanzas agropecuarias/productivas. Por lo tanto, afectó principalmente a las microfinanzas basadas en el mercado y no en el clientelismo, dirigidas a empoderar a pequeños y medianos empresarios dentro de las cadenas de valor. Las IMF privadas no reguladas de ASOMIF, que apoyaban a estos estratos económicos, habían descubierto que los productores menos poderosos necesitan servicios no financieros que hagan a las cadenas de valor más amigables para el financiamiento agrícola (Bastiaensen & Marchetti, 2011). El resultado político de


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la crisis microfinanciera muestra que más allá de las estrategias de Microfinanzas Plus, las microfinanzas con vocación de desarrollo necesitan construir y formar parte de alianzas que abordan los desafíos políticos introducidos por las prácticas y tendencias antipopulares neo-liberales o, en este caso, dentro de una supuesta ‘Nueva izquierda’.

Nuestros resultados también apuntan a la necesidad de ir más allá del narcicismo técnico-financiero, desconectado del contexto político y estructural más amplio. Sin duda, hacer ajustes dentro de las microfinanzas –como incrementar los niveles de participación en, control sobre y apropiación de los fines de las IMF por parte los usuarios, y/o ensayar nuevas modalidades de ahorro e inversiones de ellos en las IMF– es necesario y crucial. No obstante, nuestro argumento aquí ha sido que éstos y otros ajustes no son suficientes para la sostenibilidad de las microfinanzas agropecuarias, particularmente para la inclusión de campesinos menos capitalizados. Como ilustramos con el análisis del control oligopsónico sobre la cadena de valor de la carne en Nicaragua, las causas estructurales de la pobreza y la exclusión no están limitadas a problemas de acceso a financiamiento. Los clientes del microcrédito, y por lo tanto de las IMF, son vulnerables al riesgo político y la manipulación del mercado. En Nicaragua, los clientes y las IMF resultaron ser víctimas de políticos populistas al servicio de las élites. Hacer frente a estos riesgos políticos es una condición para mejorar el impacto social sobre los clientes y evitar las crisis de morosidad para las IMF.

Los clientes tampoco son víctimas puras de agresiones populistas. No estamos argumentando que todo es manipulación. Tampoco queremos escencializar espontaneidad desde abajo. En las protestas hay semillas de contra-movimientos para la transformación de las prácticas políticas de las IMF, para poner las finanzas a favor de un re-enraizamiento del mercado en la sociedad. Hace falta interpretar los signos de los tiempos sin reacciones autodefensivas.

Bateman (2010) tiene razón al denunciar muchas formas de microfinanzas como parte de un proyecto político neoliberal. En efecto, nosotros argumentamos que es crucial que el debate sobre el microcrédito y las microfinanzas sea re-politizado. Por politización queremos decir que de brindar apoyo político a los objetivos económicos neoliberales, hay que pasar a formar las bases materiales y discursivas para una crítica política de la concentración de la riqueza bajo el neoliberalismo. El microcrédito no es la panacea contra la pobreza, inequidad o exclusión. Pero puede servir como una herramienta dentro de una estrategia más amplia de transformación política socio-económica que debería crear espacios para las vías de desarrollo de las PyMEs, protegiendo los intereses de los clientes y las IMF contra los privilegios injustificados de las élites oligopólicas. Las microfinanzas deben abandonar el enfoque anti-pobreza de ‘avanzar por tu propio esfuerzo’ basado en la responsabilidad individual neoclásica que no cuestiona las fuerzas imperantes del supuesto ‘libre mercado’. Si se vinculan con la movilización social de sus clientes y la creación de alianzas para transformaciones estructurales, las microfinanzas podrían dejar de funcionar como una trampa política de pobreza ‘neo-liberal’.

La crisis coyuntural que hemos analizado también plantea interrogantes para quienes pusieron ciegamente sus esperanzas en un ‘Estado revolucionario’ sin especificar qué modelo de transformación económica debería promover este

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tipo de Estado. La crisis nicaragüense da pautas interesantes sobre este problema: el apoyo sandinista al MCPAN fue aprovechado para desviar la atención de los problemas estructurales y reducir el espacio para el desarrollo de PyMEs rurales. Paradójicamente, los miembros del MCPAN con sus problemas reales, las IMF acosadas, y los movimientos sociales críticos, en vez de enfrentarse entre sí podrían alcanzar más fácilmente sus distintos intereses como aliados, enfrentando conjuntamente a las élites que bloquean el camino a un desarrollo rural equitativo e integral.


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Encuentro No. 95, 69-79, 2013

Comunidades de aves y lepidópteros diurnos y las relaciones entre ellas en bosque nuboso y cafetal de Finca Santa Maura, Jinotega

* Universidad Centroamericana, Rotonda Rubén Darío 150 m. al oeste. Apdo. 69, Managua, Nicaragua. Correo electrónico: [email protected]

** Instituto Internacional de Dasonomía Tropical, San Juan, Puerto Rico y Servicio Forestal de los Estados Unidos, Estación de Investigaciones, Sabana, HC 2, Buzón 05, Luquillo, PR 00773, Estados Unidos.

***Museo Entomológico de León, de las Oficinas Centrales de Unión Fenosa, 30 varas arriba, León, Nicaragua.


Marvin Tórrez*, Wayne Arendt** y Jean Michel Maes***

Recibido: abril de 2013 / Aceptado: junio de 2013

Para evaluar la diversidad de aves y mariposas ninfálidas visitamos la Estación Biológica Juan Roberto Zarruk en Jinotega, donde colectamos datos en todos los hábitats presentes en la finca. Obtuvimos 123 especies de aves y 29 especies de ninfálidos. El hábitat con mayor riqueza para aves fue el cafetal y para ninfálidos el tacotal. Entre las especies más comunes encontramos especies dependientes de bosque, mostrando que el paisaje aún alberga biodiversidad de importancia para la conservación. Los cafetales, dado que están inmersos en una matriz compleja con remanentes de bosque, tienen en su interior especies de importancia para la conservación, respaldándose la idea de que las prácticas agroecológicas y de protección de los remanentes de bosque tienen un efecto positivo en este paisaje, permitiéndonos poder seguir midiendo el pulso de la biodiversidad en esta área.

Palabras clave: agropaisaje / ninfálidos / bosque nuboso / especies dependientes

1. Introducción

La conservación de los bosques y su equilibrio con la agricultura es un tema de vital importancia en Mesoamérica (Morales, Ferguson & García-Barrios, 2007). Se ha demostrado que las prácticas agrícolas en los trópicos causan pérdida de biodiversidad nativa y dependiente de bosque (Walter, Bobo, Sainge, Fermon &


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Mühlenberg, 2005; Steffan-Dewenter et al., 2007). Sin embargo, esta pérdida puede ser mitigada a largo plazo con un manejo adecuado de cultivos y remanentes de bosque (Priess et al., 2007).

En Nicaragua el papel que juegan los distintos hábitats dentro de los paisajes ha sido evaluado en diversos estudios (Harvey et al., 2006; Pérez et al., 2006; Vílchez et al., 2007) y estos estudios han tenido el objetivo de entender los patrones de diversidad de la fauna, además de demostrar cómo los paisajes dominados por actividades agrícolas (Agropaisaje), complementan la falta de hábitats homogéneos en pro de hábitats fragmentados que permiten un componente de diversidad significativo (Walter et al., 2005).

El presente estudio muestra el papel de los diversos hábitats dentro de un agropaisaje dominado por el cultivo de café en la zona de vida del bosque nuboso. Estudios acerca del valor ecológico de los cafetales en aves y mariposas han sido realizados en Latinoamérica con anterioridad (Mas & Dietsch, 2004; Philpott et al., 2008), por lo que este estudio aportará información importante a nivel nacional.

2. Metodología

2.1. Sitio de estudio

El estudio se realizó en la Estación Biológica Juan Roberto Zarruk (EBJRZ) ubicada en la hacienda Santa Maura (13°10.650’N, 85°52.218’W) del departamento de Jinotega. El área total de la hacienda tiene alrededor de 650 hectáreas, las que están destinadas al cultivo de café, con remanentes de bosque distribuidos a lo largo del paisaje. La altura promedio en la estación varía entre los 1100 a los 1250 msnm con una precipitación anual promedio de 2500 mm. Es parte del sistema de áreas protegidas de Nicaragua, específicamente de la reserva natural Datanlí–El Diablo, clasificada como bosque húmedo premontano por su zona de vida (Holdridge, 1996). Asimismo, es parte del bioma zoogeográfico de las tierras altas de México y el norte de Centroamérica (Stotz, Fitzpatrick, Parker & Moskovits, 1996). En esta reserva se protegen especies características del bosque húmedo del norte de Centroamérica (Howell & Webb, 1995).

El sitio de estudio fue seleccionado para formar parte del proyecto “Conservación y Turismo Sostenible en Cuencas Críticas” (Bauer & Arendt, 2007), por lo que previamente fueron evaluados los hábitats dentro de la zona, tomando en cuenta la estructura horizontal y vertical (porcentaje de cobertura en dosel, presencia de arbusto y lianas, altura de dosel, DBH) y dividiéndolos según su historia natural y el tipo de bosque según Louman y Quirós (2001). La terminología se adaptó a estudios anteriores relativos a la ecología de paisaje (Harvey et al., 2006; Vílchez et al., 2007), según lo cual se caracterizaron cuatro hábitats: Bosque cerrado, Bosque secundario joven (tacotal), Bosque de ribera y Cafetal.

El sitio de estudio fue visitado cinco veces entre 2009 y 2010. Las visitas de 2009 fueron en los meses de febrero, marzo, julio y septiembre, y en 2010 fue en el mes de abril. La cantidad de puntos visitados en las distintas ocasiones están resumidos en el Cuadro 1. Los puntos de conteo de aves fueron visitados durante las

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cinco entradas, mientras que los de mariposas únicamente se visitaron cuatro veces (no se realizó la visita en el mes de septiembre de 2009).

2.2. Método de conteo de aves

Se detectaron aves en puntos de conteo de radio fijo ubicados en los distintos hábitats presentes en la hacienda. Cada punto tuvo una distancia promedio de 200 m. Los puntos se realizaron entre 0540–0930 hrs cuando las condiciones de clima resultaron favorables, suspendiendo por lluvia o exceso de viento principalmente. Se identificaron las aves utilizando guías de campo para México y el norte de Centroamérica de Howell y Webb (1995), y de Costa rica (Stiles & Skutch, 1989). Los gremios alimenticios se determinaron según la Guía de Aves de Costa Rica (Stiles & Skutch 1989) y otras publicaciones (Willson, Porter & Condit,1982; Remsen, Hyde & Chapman, 1993; Poulin, Lefebvre & McNeil, 1994; Verea & Solórzano, 2001; Pearman, 2002; Van Bael, Bichier, Ochoa & Greenbeg, 2007). El uso de múltiples referencias nos permitió estandarizar las categorías de gremio, así como llenar vacíos de información en aquellas especies no determinadas por las guías. Finalmente, los gremios que se determinaron para el presente estudio fueron los siguientes: insectívoro buscador, frugívoro, nectarívoro e insectívoro. Gremios tales como omnívoro o carnívoro no fueron parte de estos análisis pues una prueba a priori no demostró que tuvieran alguna relación significativa entre los distintos hábitats.

2.3. Captura de mariposas

Se colocaron trampas de frutas a 25 m una de otra en los mismos sitios donde se realizaron los puntos de conteo de aves. Las trampas eran cebadas en la mañana a las 0700 hrs y revisadas a las 1500 hrs. Las mariposas eran introducidas en sobres de papel, marcadas con códigos individuales y llevadas al Museo Entomológico de León, donde se almacenaron. El número de trampas de frutas por hábitat fue de siete.

Cuadro 1. Número de puntos de muestreo (aves) y trampas usados durante el estudio

Taxa Puntos/Trampas

AvesBosque 34

Café 109Ripario 22Tacotal 49

MariposasBosque 10


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Café 10Ripario 10Tacotal 10

3. Análisis de los datos

Se realizaron comparaciones de los tipos de hábitats presentes en la zona de estudio usando pruebas de ANOVA, para lo cual se emplearon modelos lineales mixtos (Di Rienzo, Macchiavelli & Casanoves, 2010) desde el programa InfoStat (Di Rienzo et al., 2011). Esto nos nos permitió seleccionar el mejor modelo para nuestros datos.

A posteriori se realizaron comparaciones de fischer que nos ayudaron a observar cuáles grupos presentaban las diferencias significativas. Realizamos regresiones lineales desde el programa InfoStat (Di Rienzo et al., 2011) que nos permitieron saber cómo los grupos de gremios en los hábitats se asocian y encontrar cuáles se asocian mejor con la riqueza de especies de las comunidades (Schulze et al., 2004; Harvey et al., 2006).

Para el grupo de las mariposas, antes de proceder con los análisis se realizó una estandarización de media ponderada por trampa por tiempo trabajado (Bouyer et al., 2007).

El cambio o reemplazo de especies se calculó con el Índice de Jaccard a través de Biodiversity Pro.

4. Resultados

Se lograron detectar a lo largo del estudio 1484 individuos en 123 especies de aves y 128 individuos capturados en 29 especies de mariposas (Cuadro 2). El hábitat con la mayor riqueza de aves fue el cafetal (92 especies), mientras que la mayor riqueza de mariposas se dio en el tacotal (18 especies). De las 123 especies de aves 20 fueron especies migratorias distribuidas de la siguiente manera: cafetal con 14 especies, seguido de tacotal con 10, ripario con 8 y bosque con 7.

Cuadro 2. Resultados totales de las observaciones y capturas de aves y mariposas

Taxa Hábitat Bosque Tacotal Ripario Café Total

Aves Abundancia 219 315 94 856 1484

Riqueza 47 76 33 92 123

Mariposas Abundancia 29 51 26 22 128

Riqueza 12 18 15 9 29

Nota: Para aves: bosque (n=6); tacotal (n=7); ripario (n=4); café (n=20). Para mariposas: bosque, tacotal, café (n=7), ripario (n=5). La disparidad de esfuerzo fue dada por la disponibilidad de hábitat en los distintos usos de suelo.

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Entre las especies de aves más detectadas sobresalen especies generalistas como Psilorhinus morio y Saltator atriceps, mientras que en mariposas sobresalen especies de hábitats boscosos como Yphthimoides renata Satyrotaygetis gigas (Cuadro 3).

Cuadro 3. Especies más comunes mostrando el porcentaje de presencia en el estudio con respecto a los totales Especie Bosque Tacotal Ripario Café Total %

(n= 1484)Psilorhinus morio 11 8 3 90 112 7.5

Saltator atriceps 25 1 61 87 5.9

Henicorhina leucosticta 25 32 17 8 82 5.5

Basileuterus culicivorus 26 13 8 6 53 3.6

Basileuterus rufifrons 1 3 7 41 52 3.5

Aves Dives dives 1 3 42 46 3.1

Tolmomyias sulphurescens 9 15 6 15 45 3.0

Campylorhynchus zonatus 5 39 44 3.0

Saltator maximus 1 10 1 31 43 2.9Phaethornis longirostris 27 8 3 4 42 2.8

(n=128)Yphthimoides renata 6 6 5 5 22 17.2

Satyrotaygetis gigas 4 7 3 14 10.9

Archaeoprepona amphimachus 4 4 1 9 7.0

Cyllopsis suivalenoides 7 2 9 7.0

Mariposas Taygetis andromeda 2 4 3 9 7.0

Pareuptychia metaleuca 2 4 2 8 6.3

Smyrna blomfildia 2 1 1 4 8 6.3

Hermeuptychia hermes 1 5 6 4.7

Morpho helenor 2 3 1 6 4.7

Dioristes tauropolis 4 1 5 3.9

Al observar las especies según su índice de afinidad (Cuadro 4; Ilustración 1), observamos que los hábitats que se asocian en un mayor porcentaje son bosque–tacotal–ripario, para ambos grupos: aves y mariposas. Sin embargo, a diferencia del grupo de las aves, el grupo de las mariposas muestra una similitud mayor de tacotal–cafetal, que la que ocurre con las aves (Cuadro 4).

Cuadro 4. Similitud de Jaccard para mariposas

Bosque Café Ripario TacotalAves Bosque * 16.5581 47.2843 50.5618

Café * * 13.0526 29.889Ripario * * * 38.1418Tacotal * * * *


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Mariposas Bosque * 30.9524 60.7595 49.2063Café * * 30.137 43.3333Ripario * * * 40Tacotal * * * *

Nota: El valor del índice se muestra en este caso como porcentajes de especies compartidas.

Es evidente en la Ilustración 1 que el dendrograma separa al cafetal de los otros hábitats, demostrando que la riqueza de especies en este hábitat no muestra asociación alta con los hábitats de coberturas boscosas.

Ilustración 1. Dendrograma de similitud del índice de Jaccard, a) aves y b) mariposas.

La comunidad de aves presentó diferencias significativas tanto para las detecciones como para la riqueza (P<0.0001 ,F

1,3 = 8.8; P=0.0154 F

1,3 , 3.57), siendo

el hábitat con mayor promedio de detecciones el cafetal y con menor el ripario. Para la comunidad de mariposas existió diferencia significativa para la riqueza de especies (P= 0.05, F

1,3 2.77) donde el tacotal y el ripario fueron los hábitats con

mayor riqueza. Sin embargo, para las capturas de este grupo no hubo diferencias significativas (P=0.1370, F

1,3 1.93).

Ilustración 2. Comparaciones de las medias de abundancia y riqueza en (a) aves y (b) mariposas

Al analizar cómo se asocian la riqueza de especies con los distintos hábitats, los análisis de regresión lineal mostraron que la riqueza de especies de mariposa no tuvo correlación significativa con las riqueza de aves ni con los gremios de la

ESPECIES

INDIVIDUOS

aab

a

bc

aba

a

a

a

a

a

aab

b

ba

PROMED

IO

BOSQUE TACOTAL RIPARIO CAFÉ

HABITAT

PROMED

IO

BOSQUE TACOTAL RIPARIO CAFÉ

HABITAT

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comunidad de aves (Cuadro 5). Sin embargo, en la comunidad de aves el gremio de los nectarívoros fue el que mostró mayor número de correlaciones significativas con otros gremios y grupos, seguido de los insectívoros e insectívoros buscadores.

Cuadro 5. Relaciones entre los gremios y las riquezas de aves y mariposas

Sp Aves Sp Marip Insec Busc Frugívoro Nectarívoro Insectívoro

Sp Mariposas

-0.01 (0.7295)

…-0.11

(0.1382)0.03

(0.4797)- 0.04

(0.4031)0.00

(0.9832)

Insec Buscador

0.22 (0.0309)*

-0.13 (0.1146)

…0.02

(0.5080)0.24

(0.0251)*0.17

(0.0611)

Frugívoro0.15

(0.0838)0.02

(0.5768)0.02

(0.5395)…

0.12 (0.1129)

0.16 (0.0745)

Nectarívoro0.22

(0.0316)*-0.02

(0.4985)0.24

(0.0147)*0.23

(0.0298)*…

0.20 (0.0406)*

Insectívoro0.45

(0.0009)*0.0003

(0.9365)0.25

(0.0206)*0.12

(0.1165)0.14

(0.1007)…

* Valores con correlación significativa, p<0.05.Nota: Los valores corresponden al r2 y el valor de p se presenta entre paréntesis.

5. Discusión

Se ha logrado detectar durante el estudio aproximadamente el 59% de la riqueza de aves que se conocen a la fecha en la zona (Hernández, Morales, Arendt & Tórrez, 2009) y aproximadamente el 80% de las mariposas que se pueden capturar con trampas encontradas en este zona a la fecha (Maes, 2007). En aves las mayores detecciones fueron de aves generalistas (Cuadro 3). Esto se debe a que, en parte, más de la mitad de la finca está destinada a actividades humanas (café, vivienda, caminos). No obstante, es de resaltar que algunas especies de bosque, como H. leucosticta, estaban presentes en buen número, por lo que vemos cierto balance que es dado en parte por lo heterogéneo del hábitat. Asimismo, a pesar de considerarse vulnerable a los hábitats deforestados, esta especie pudo encontrarse en algunos puntos del hábitat cafetal. Sin embargo, éstas fueron observaciones a menos de 25 m del hábitat boscoso más cercano, demostrándose que aunque el cafetal no está reemplazando el hábitat para la especie sí provee refugio temporal o de forrajeo cuando el bosque está cerca. Esto refuerza la necesidad de agropaisajes heterogéneos en pro de hábitats homogéneos y perturbados (Harvey et al., 2006; Vílchez et al., 2007).

La alta presencia de aves migratorias en hábitats alterados (cafetal) o en regeneración temprana (tacotal) es concordante con otros estudios y publicaciones (Moore, Gauthreaux, Kerlinger & Simons, 1995), por lo que su presencia en este hábitat no muestra algún patrón no estudiado antes. Además, encontramos en este hábitat evidencia de la existencia de algunas especies de aves migratorias que se encuentran en la lista roja de IUCN, tales como Dendroica fusca, la cual se encuentra categorizada como Vulnerable (IUCN, 2012). En cambio, la riqueza de mariposas


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en el cafetal fue menor, lo que en parte puede deberse a que las mariposas que se capturan con trampa de fruta tienen más afiliación con el bosque. Deducimos esto pues hemos observado en el cafetal otras especies pertenecientes a las familias Pieridae y Papilionidae, las cuales no son atraídas por la trampa, pero por motivos de rigurosidad en el método de muestreo no las hemos incluido en el estudio aunque las hayamos observado.

A grandes rasgos sobresale que el grupo de las mariposas muestra una clara tendencia a aumentar la riqueza de especies según aumenta la conservación del hábitat. Sin embargo, al observar detenidamente los datos, vemos cómo el hábitat cafetal no presenta una diferencia significativa con hábitats como el bosque (Ilustración 2). El porcentaje de especies que éstos comparten es menor que con otros hábitats (Cuadro 3), revelando que la calidad de las especies de aves que lo componen son diferentes, lo que constatamos al ver que especies menos sensibles a la perdida de hábitat (Stotz et al., 1996) son más comunes en café o ausentes en bosque (Cuadro 2).

Otro aspecto a resaltar es que las especies de mariposas no mostraron afiliaciones con los grupos de aves ni con su riqueza (Cuadro 5), lo que es interesante dado que se les considera buenos indicadores (Schulze et al., 2004; Bouyer et al., 2007). Sin embargo, debe de tomarse en consideración que la riqueza de aves en cafetal incluye especies que son generalistas y esto no significa que si la riqueza aumenta en este hábitat (Ilustración 2) sea por especies afiliadas en su calidad a hábitats de cobertura boscosa (Ilustración 1). Tomando como base un documento publicado por Maes (2013) logramos ver que algunas especies propuestas como indicadores positivos del género Cyllopsis spp están presente en nuestro estudio. Además podemos agregar otros, como los géneros Archaeoprepona spp y Satyrotaygetis spp, que aunque no son exclusivos de áreas conservadas, sí son más numerosas en estas últimas, y disminuyen conforme aumenta la alteración del hábitat (Cuadro 3).

El hecho que el grupo de nectarívoros muestre mayores relaciones con otros grupos en su riqueza de especies se debe en parte a que la familia Trochilidae es un grupo que muestra cierta relación a los hábitats conservados y las altitudes (Parra, Rahbek, McGuire & Graham, 2011). Además, este grupo, en las zonas del Centro de Nicaragua presenta mayor riqueza de especies (Martínez-Sánchez, 2007), por lo que es un grupo de importancia ecológica en este ecosistema.

Las implicaciones de nuestros resultados para la conservación revelan lo importante de mantener remanentes de bosque cerca de áreas antropogenizadas para lograr, a nivel de paisaje, tener un equilibrio de especies tanto generalistas como especialistas. Las mejores prácticas no sólo tendrían un efecto positivo en la biodiversidad, sino también en las poblaciones humanas al mejorar la recepción de agua a nivel de cuenca, y aportar al equilibrio nutricional y ecológico de las poblaciones locales (Deckelbaum, Palm, Mutuo & DeClerck, 2006). Además, desde el punto de vista de restauración de corredores es importante que los socios locales mantengan parches de bosque conectados, usando como marco leyes existentes como la Ley del Medioambiente (Asamblea Nacional de Nicaragua, 2008), donde se llama a la protección de las riberas (Art. 17), hábitat que es importante en la matriz del paisaje y con un gran portencial de conectividad.

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6. Agradecimientos

Queremos agradecer a los técnicos de campo, Henry López y Moisés Siles, por su apoyo en la fase de campo. Es de igual manera importante agradecer al Sr. Jerry Bauer por su apoyo a la conservación en Nicaragua y este proyecto en específico, a la ONG Paso Pacífico por apoyar en la logística del mismo y su trabajo en la zona, y a Don Jorge Chávez, propietario de la Finca Santa Maura, por su continuo aporte a la conservación en Jinotega.


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Encuentro No. 95, 69-79, 2013


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CRÍTICA DE LIBROS

94Encuentro No. 95, 94-95, 2013

Comentario al libro “En búsqueda de esperanza: migración ngäbe en Costa Rica y su impacto en la juventud”, de José Alberto Idiáquez, S.J.

Red Jesuita con Migrantes-Centroamerica presenta una nueva investigacion sobre la migracion ngöbe

Karina FonsecaServicio Jesuita con Migrantes-CentroaméricaSan José, Costa Rica

La más reciente investigación del antropólogo jesuita José Alberto Idiáquez, con la colaboración del jesuita especialista en cultura Ngäbe, Jorge Sarsaneda del Cid es un estudio de más de tres años, que se propone como un valioso aporte para los trabajos que emprenden las obras de la Compañía en Centroamérica, especialmente en Costa Rica y Panamá. “En búsqueda de esperanza” (Taller Gráficos Universidad Centroamericana, El Salvador, 2013) ofrece un balance sobre la historia reciente y la realidad socio-política y económica de Panamá, poniendo de manifiesto cómo la estructuración de dicha sociedad incide en las diferentes manifestaciones de exclusion que ha sufrido el pueblo indígena

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Encuentro No. 95, 94-95, 2013

Comentario al libro “En búsqueda de esperanza: migración ngäbe en Costa Rica y su impacto en la juventud” , de José Alberto Idiáquez, S.J.

Ngäbe, obligándolo a enfrentar, cada año, la experiencia migratoria hacia Costa Rica.

Fray Aníbal Saldaña Santamaría, O.A.R., Obispo Prelado de Bocas del Toro, se refiere de esta manera a la publicación:

Panamá necesita superar su racismo profundo y empezar a construir su identidad a partir de la pluralidad de culturas que enriquecen nuestra patria. No hay culturas superiores ni inferiores, no hay idiomas mejores ni peores, hay costumbres buenas y malas según sea la ética y la moral con que se iluminen y las culturas que las prohíjan. El presente es un libro necesario para conocer realmente una parte de la identidad panameña. En él vamos de la mano de gente –joven, sobre todo– que se ve forzada a migrar, pero que mantiene la conciencia de su identidad indígena. Es algo que nos debería ayudar a todos los panameños: fortalecer nuestra identidad construyendo un país multicultural y plurilingüe. Para la pastoral indígena en Panamá este libro es un verdadero aporte ya que ilumina el caminar que tenemos en nuestro país y para el trabajo concreto en la zona ngäbe y buglé. Ojalá hubiera más investigadores que se dediquen a profundizar en la identidad, en la historia, en el proceso del pueblo ngäbe y de los otros pueblos indígenas y de esa manera servir a quienes durante siglos se ha marginado.

Más de 90 personas se reunieron en el Arzobispado de la Ciudad de Panamá el pasado jueves 21 de marzo para la presentación del libro, contándose con el apoyo de Monseñor José Domingo Ulloa, Arzobispo de Panamá. Lo cierto es que el Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica y el Servicio Jesuita a Refugiados Panamá contarán, a partir de ahora, con un insumo significativo para orientar sus esfuerzos futuros en el acompañamiento binacional de la población indígena ngäbe que viaja a Costa Rica cada año para el cultivo del café.


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Encuentro No. 95, 96-98, 2013

Comentario al libro “En búsqueda de esperanza: migración ngäbe en Costa Rica y su impacto en la juventud”, de José Alberto Idiáquez, S.J.

Como extranjeros en tierra propia…

Jorge Sarsaneda del CidPanamá, 210313/ David, 290513

En Panamá hay un profesor que aparece como ‘analista político’ en programas televisivos y habla diariamente por radio. Él dice que las Comarcas no deberían existir porque son un Estado dentro de otro Estado y eso es ilegal. También hay muchos panameños que piensan de esta manera errónea. Quiero pensar que es un punto de vista producto de la ignorancia y no del racismo.

Para la presentación de este libro de José Alberto Idiáquez Guevara, S.J., he pensado solamente tocar un punto que me parece vital y tiene mucho que ver con el tema: la Comarca y su sentido.

La migración del pueblo ngäbe a Costa Rica no es un fenómeno reciente. Hay varios estudios sobre el tema y algunos la sitúan a inicios del año 1900 (Borge, 2006, pp. 8-13; young, 2009, pp. 7-12; Bozzoli de W., 1974, pp. 381-418). Aunque los ngäbe no hayan vivido en el territorio costarricense del Pacífico en los siglos anteriores, sus antepasados sí lo hicieron. Algunos arqueólogos hablan del Gran Chiriquí cuando se refieren al área de Chiriquí y la región colindante de lo que actualmente es Costa Rica. En los diferentes medios de comunicación social del país se afirma con frecuencia que la población ngäbe no está en un “solo lugar”, que les “gusta emigrar”; y otro público, de manera despectiva, se atreve a afirmar que son “vagos y que no les gusta trabajar”. Ambos grupos muestran una total falta de conocimiento de la cultura y de la historia del pueblo ngäbe; y el segundo grupo, deja claro que lleva en los poros los estereotipos y prejuicios raciales hacia los indígenas ngäbe.

Es lo que se dice en una de las páginas iniciales del capítulo III del libro que estamos presentando. Sin embargo, sabemos que nadie emigra de su tierra, ni siquiera temporalmente, por placer, o por gusto, o por aburrimiento, lo hace por necesidad. Es lo que les sucede a muchos hermanos ngäbe y buglé de la Comarca.

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Encuentro No. 95, 96-98, 2013


En este libro se ha tratado de presentar, con delicadeza, con profundidad, con amplitud, con cariño, esta situación.

Varios investigadores sostienen que los datos arqueológicos, lingüísticos, etnohistóricos y etnográficos de los grupos indígenas que vivieron en la región central y occidental de Panamá, previo y posterior a la conquista permiten ver la continuidad socio-cultural con los ngäbe actuales. Lejos de ser refugiados o marginados, los guaymíes actuales están donde sus antepasados estaban, tanto al este, como al oeste del río Tabasará. Los datos nos indican que, en una y otra forma, son descendientes de la población precolombina; y en consecuencia, tienen derechos históricos plenamente justificados a los territorios donde actualmente se encuentran (Cooke, 1986, pp. 33-56).

Partiendo de esa reflexión etnohistórica, veamos por qué la gente emigra si tiene “tanta tierra” –como dicen algunos– y no la usan.

En el libro se dan varias razones –históricas, geográficas, económicas, sociales, étnicas– que explican la migración temporal de miles de indígenas ngäbe a Costa Rica, todos los años. Sin embargo, creo que hay una razón fundamental que explica mucho de este trasiego humano: la falta de voluntad política de los gobiernos para resolver el llamado “problema indígena”.

Como sabemos, en 1997 se definió legalmente la llamada “comarca Ngöbe-Buglé”. No fue la mejor ni la más beneficiosa definición, pero fue la que se pudo lograr. Muchas comunidades ngäbe y buglé quedaron ‘fuera’ de la Comarca. Los terratenientes de los distritos de Santa Fe, Tolé, Cañazas y Las Palmas, los extranjeros del archipiélago y la costa de Bocas, las transnacionales de la zona de Riscó, los de la Ganadera Bocas, todos ellos fueron beneficiados con las tierras que no se le reconocieron a los pueblos ngäbe y buglé y hoy estamos sufriendo las consecuencias.

En la Ley 10 (de la Comarca) se incluyó un artículo (el 46) que habla de la creación de una “Comisión, al más alto nivel, para la planificación y promoción del desarrollo integral de la Comarca”. Además, en otros artículos se habla de respeto por la cultura, reconocimiento del idioma, de educación intercultural bilingüe, etc.

Han pasado quince años, muchas protestas, varios asesinados por la fuerza pública, montañas de papeles, multitud de acuerdos y apenas en 2012 se intentó la creación de dicha Comisión, hubo dos reuniones y… todo quedó en nada, para variar. ¿Conclusión? Lo dicho: no hay voluntad política de los gobiernos por dicho desarrollo.

Desarrollo integral de la Comarca: ¿qué es, cómo puede ser, hacia dónde caminar?

Como muy bien se expresa en el libro:

El pueblo ngäbe, como todos los pueblos indígenas, concibe el territorio como un referente espacial de la identidad étnica. Como espacio histórico, encarna los lazos afectivos con el pasado ancestral, en el que se han consolidado las huellas que dejan las relaciones entre los miembros de la etnia. En su dimensión cultural, el territorio se convierte en el principal referente simbólico de la relación con la madre naturaleza; y al mismo tiempo, es la memoria colectiva que posibilita la reproducción cultural del pueblo ngäbe. Desde el aspecto político el territorio o la


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Encuentro No. 95, 96-98, 2013

Comarca constituye un espacio de autogestión, de relaciones de poder, movilización social y reivindicaciones étnicas. Desde lo económico es un espacio de apropiación. Se constituye en la fuente de bienes y recursos del individuo y la etnia, sujeto a diversas formas de ocupación, producción y transformación.

Este párrafo (capítulo V) nos resume lo que significa la Comarca, más allá de una delimitación físico-política. Sin embargo, como todo grupo humano, los pueblos ngäbe y buglé son grupos dinámicos, se desarrollan, buscan ‘más allá’. No se pueden quedar ‘quietos’ en la tierra. Aquí ubicamos lo que dice el artículo 46 de la Ley de la Comarca.

¿Qué debería tener en cuenta dicho “desarrollo integral”?

Con una población en un 90% bajo los niveles de la pobreza, parecería que está todo por hacer, sin embargo señalo solamente cuatro puntos que me parecen fundamentales. En otro lugar he desarrollado más este tema (ver “La Ruta de la Desolación”, 2010), aquí solamente haré enunciados:

• En primer lugar, la seguridad alimentaria. Es lo primero y fundamental. La disponibilidad alimentaria suficiente y estable es un requisito indispensable del desarrollo. Hay que tener en cuenta la producción sobre todo de las plantas autóctonas, el mejoramiento de suelos, la reforestación, la cría de animales, la recuperación de la sabiduría ancestral sobre alimentos y manejo de la naturaleza, el intercambio entre las comunidades…

• En segundo lugar, muy unido con lo anterior va el desarrollo de la cultura propia. Tienen que darse las condiciones –dentro de la Comarca– para que el pueblo conozca, promueva y desarrolle su cultura. Esto implica educación intercultural bilingüe, organización, ciertos niveles de autonomía…

• En tercer lugar, la salud integral. No la imposición de un sistema extraño que receta medicinas químicas, impone criterios y desconoce la riqueza secular de la medicina tradicional.

• En cuarto lugar, la organización comunitaria. ¡Fuera los partidos políticos que lo único que han hecho es dividir al pueblo, contaminarlo, desorientarlo, envenenarlo! Es fundamental que se desarrolle la propia organización que se basa en el consenso, en el respeto a los mayores, en la relación fundamental con la tierra.Si se dan esas cuatro condiciones fundamentales, todo lo demás se hará por

añadidura: infraestructura, turismo, proyectos, viviendas, escuelas, etc. Tenemos muchos documentos (Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas, Convenios 107 y 169 de la OIT, Declaraciones de Kimberley –Sudáfrica, 2002– y Belem –Brasil, 2009–, etc.) que avalan e impulsan estas exigencias, el problema es el de siempre: la voluntad política.

Las sugerencias que hemos hecho van dirigidas sobre todo a hacer de la Comarca un lugar en el que la gente quiera vivir, estar, desarrollarse, producir, celebrar, gozar y terminar su vida. Que la migración no sea una tentación permanente o una necesidad vital sino, a lo sumo, una posibilidad extrema. Que este libro nos ayude en esta tarea o ¿debería decir, utopía?

¡Abogon käre!

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Comentario al libro “Reflexiones sobre Economía desde Nicaragua” , de Rómulo Sánchez

Comentario al libro “Reflexiones sobre Economía desde Nicaragua”, de Rómulo SánchezBenjamín Bastidas Universidad de Barcelona

El profesor Dr. Rómulo Sánchez aborda en su libro “Reflexiones sobre Economía desde Nicaragua” una selección de temas clave relacionados con la globalización. En los siete grandes capítulos de su libro se recorren los rasgos principales de la globalización o mundialización de la economía. Los títulos de los apartados y subapartados son plenamente sugerentes.

A lo largo de este recorrido el autor expone sus reflexiones al respecto (de ahí lo adecuado del título de la obra). Los textos contienen no sólo los análisis del autor sino que constituyen por ellos mismos una invitación al lector para que, por un lado, participe en una reflexión conjunta encaminada a desenmascarar la utilización

REFLEXIONES

SOBRE ECONOMÍADESDE

NICARAGUA

RÓMULO SÁNCHEZ LEYTÓN

Gestionar la economía para el buen vivir de la gente

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Encuentro No. 95, 99-100, 2013

Comentario al libro “Reflexiones sobre Economía desde Nicaragu” , de Rómulo Sánchez

interesada y excluyente del concepto de globalización y por otro, para que acepte unirse a la búsqueda de otra forma de globalización – de desarrollo humano – capaz de proporcionar autoestima y felicidad para todas y todos.

Me atrevería a decir que éste era y es un libro necesario. Un libro útil y necesario – los mejores calificativos para un libro –. No ofrece el texto una lectura neutra sino provocadora casi en todos sus apartados. Podría decirse que las reflexiones son formuladas con la cabeza pero también con el calor del corazón. El lector se encuentra frente a un pensamiento libre, independiente de los poderes constituidos aquí y allá, que invita continuamente al debate. No es una lectura concluyente, autoritaria o cerrada, en el mal sentido de la palabra, sino abierta a nuevas reflexiones.

A esta sensación contribuye el lenguaje y el tono del texto. La claridad y la organización en la forma de construir cada uno de los capítulos muestra que el autor es un docente con madura experiencia. Pero, posiblemente por esa condición misma, huye de la jerga abstracta de muchos economistas y su lenguaje es fácil e inteligible, salpicado de anécdotas, ejemplos y relevantes contrapuntos al pensamiento único.

Existen en el mercado editorial y en declaraciones oficialistas, textos absolutamente autoritarios, ideológicos, con los que es imposible discutir o no vale la pena intentarlo. Pero en este caso estamos ante un texto inteligente con el que se puede debatir.

En definitiva, considero que la contribución del Dr. Rómulo Sánchez viene a ocupar un puesto relevante al lado de los economistas nicaragüenses preocupados por la dinámica del país. La singularidad de la aportación del profesor de la Facultad de Economía de la UNAN-Managua consiste en colocar acertadamente el análisis de los problemas de la economía nicaragüense en el contexto de la dinámica mundial. Puedo garantizar a los lectores –que previsiblemente serán muchos– una lectura, como decían los antiguos, que “instruye y deleita”. Es decir, una lectura amena y provechosa para la reflexión personal. Asimismo, constituirá la obra una excelente contribución a la acción colectiva.

Repensando el significado y desafíos de la investigación en la sociedad de la información: una experiencia personal (2009-2012)1

José Idiáquez, S.J.

1. Los indígenas ngäbe de Panamá

En febrero de 2009 inicié una investigación sobre migración indígena en la zona fronteriza entre Panamá y Costa Rica (Paso Canoa). Se trata de la movilización de veinte mil indígenas de la etnia ngäbe, que cada año se trasladan a cortar café en territorio costarricense. Representan el 59.3% de los pueblos indígenas de Panamá. Veinte y nueve mil setenta y tres niños y niñas indígenas están insertos en el mercado laboral. El 100% de la niñez indígena de entre cinco y nueve años, de ambos sexos, participa en las actividades agrícolas. Un 94.3% tiene edades entre 10 a 14 años y el 68.8% es el grupo de catorce a diecisiete años.

La población ngäbe total es de aproximadamente trescientos mil habitantes, y viven en la comarca ciento treinta y nueve mil novecientos cincuenta indígenas. Según datos de 2008 del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, en las regiones indígenas se encuentran los niveles más altos de pobreza 98.5% y pobreza extrema 89.7%. La existencia de grandes yacimientos de cobre y oro en la comarca sigue siendo un peligro para los recursos naturales de la población ngäbe y un factor que podría aumentar la migración.

1.1. ¿Qué se pretendía con nuestra investigación?

En nuestra investigación aparecen interrelacionadas tres temáticas que generan conflictos violentos y ponen en peligro la vida de personas y del ecosistema a lo largo y ancho de América Latina: la explotación hidroeléctrica y minera, la migración y los prejuicios etno-raciales en contra de la población indígena, y la xenofobia al inmigrante y refugiado.

Tribuna Académica

80Encuentro No. 95, 80-93, 2013

1 Conferencia Magistral del VII Congreso Interdisciplinario de Investigación de la Universidad Centroamericana, viernes 17 de mayo de 2013.

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Encuentro No. 95, 80-93, 2013

Repensando el significado y desafíos de la investigación en la sociedad de la información: una experiencia personal (2009-2012)

La migración ngäbe es una migración atípica. Normalmente se emigra de un país pobre a uno rico. Por lo tanto, una de las preguntas de nuestra investigación fue: ¿por qué la movilización de veinte mil indígenas, que se ven obligados a salir de un país con un crecimiento económico de 10.5%, que aparece en los primeros lugares en el ranking internacional? Como sub-temas aparecían las siguientes problemáticas: 1) Cómo mejorar el aprovechamiento de los recursos y factores existentes en el sector agropecuario, especialmente los relativos a tierras disponibles. 2) Cómo iniciar esfuerzos sistemáticos destinados a conservar los recursos naturales renovables a través de un uso racional de los suelos, de una política de reforestación, y de un mejor manejo y protección de las cuencas hidrográficas del país. 3) Cómo disminuir las diferencias inter-regionales y en concreto, la brecha existente entre campo-ciudad.

Un segundo objetivo de la investigación se relaciona a los prejuicios etno-raciales de un sector de la población panameña y costarricense en contra de los indígenas, la xenofobia y el miedo a la presencia de inmigrantes y refugiados. Uno de los estereotipos más comunes en el imaginario xenófobo y racista en contra de los inmigrantes es la idea que asocia el aumento de la presencia de extranjeros al crecimiento de la delincuencia y de la inseguridad ciudadana. Queríamos demostrar a la sociedad panameña y costarricense que a los indígenas ngäbe, los nicaragüenses y los colombianos – entre otros que emigran a esos países – no se les puede tratar como delincuentes. Por otro lado, teníamos el objetivo de recordar y mostrar que Panamá y Costa Rica también son países expulsores de inmigrantes.

Un tercer objetivo era utilizar los datos suministrados por nuestros informantes como herramientas que ayudaran a revelar el sufrimiento oculto de su realidad de emigrantes en otra cultura y de sentirse ciudadanos de “segunda” en su propio país. y por otro lado, queríamos demostrar la capacidad creativa del pueblo ngäbe ante las adversidades económicas y socio-culturales que históricamente les ha tocado enfrentar. No pretendíamos presentar únicamente datos estadísticos. Queríamos insistir en que detrás de los números existen rostros humanos de niños, niñas, ancianos, mujeres y hombres que han sufrido y sufren hambre. y han sido condenados a vivir en la miseria.

1.2. El trabajo investigativo en contextos conflictivos

El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), “Perspectivas del medio ambiente: América Latina y el Caribe”, señala que las tensiones sociales que ocasiona la actividad minera se dan en toda la región de América Latina. Enumera ciento dieciocho conflictos sociales en los que se han visto afectadas ciento cincuenta comunidades indígenas y campesinas en contra de la actividad minera. y en el caso de la comarca Ngäbe-Buglé se trata del intento de explotación de la mina de cobre del cerro Colorado, considerado el más grande de América Latina. Por las implicaciones económicas y políticas de empresarios, gobierno y compañías transnacionales, el proyecto ha reunido a diferentes personas del campo de la investigación científica-tecnológica (especialistas en minería, químicos, biólogos marinos, ingenieros agrónomos, geólogos, especialistas en hidroeléctricas, ambientalistas, entre otros). y en el campo de las ciencias sociales existía otro grupo de sociólogos, psicólogos sociales, antropólogos, geógrafos y trabajadores sociales,


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Encuentro No. 95, 80-93, 2013

participando de manera personal-independiente y otros contratados por los actores involucrados en llevar adelante ese proyecto.

Según la Cámara Minera de Panamá (CAMIPA), la inversión le reportaría al Estado unos dos mil millones de dólares anuales durante treinta años. Pero dirigentes de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) sostienen que los ingresos que podría recibir el Estado por la realización de esos proyectos no compensarían el daño a las áreas de gran biodiversidad y la contaminación de los ríos por el derrame de químicos. Estas opiniones encontradas de la Cámara Minera de Panamá y de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza respondían a dos modos de hacer investigación: el primero, centrado en la lógica del mercado y con un esquema mental marcadamente empresarial; y el segundo, preocupado por la defensa del medioambiente y de la vida de las personas que habitan en la comarca indígena y de la población en general.

Otro elemento importante que aparecía en los modelos de investigación arriba señalados es el pragmatismo y el cortoplacismo enfrentado a la búsqueda de la verdad a través de un proyecto de largo plazo. Este último modo de hacer investigación corría el riesgo de la crítica por la falta de resultados inmediatos y por obstaculizar proyectos de desarrollo que implicaban mucho dinero de cara al futuro. En este contexto pude observar que con frecuencia se presentaba la investigación cuantitativa, plagada de datos estadísticos, cuadros y resultados de encuestas, como una manera de descalificar a la investigación cualitativa. y al mismo tiempo, se legitimaba un proyecto que iba en contra de la población indígena-campesina y favorecía la destrucción del medio ambiente.

La investigación cualitativa se tildaba de subjetiva, ideologizada y poco precisa. Es cierto que la investigación cualitativa, si realmente quiere dar respuestas reales a los problemas de la humanidad, debe de evitar un lenguaje excesivamente abstracto y ser precisa en la elaboración conceptual. Con todo, los defensores de lo cuantitativo olvidan que los números y los cuadros, en no pocos casos, ocultan e impiden acceder a la raíz de los problemas sociales que se investigan. y al mismo tiempo, pierden de vista la fuerza que adquiere un proceso investigativo en el que se logre articular lo cuantitativo con lo cualitativo y los beneficios que se obtienen cuando se hace una lectura honesta de los datos estadísticos.

Las exclusiones y fragmentaciones no sólo son dañinas en el campo de lo social, lo son también para el campo investigativo. En este quehacer investigativo no se trata de satanizar a las nuevas tecnologías ni a las tecnologías de la información y la comunicación, ni mucho menos a ningún método de investigación. El desafío está en cómo sacar ventaja de esos nuevos instrumentos para ponerlos en función de una investigación más efectiva. Si la sociedad cambia, lógicamente deben cambiar nuestras estrategias de investigación. Pero lo que aquí nos interesa no es cómo cambiar nuestro quehacer investigativo porque se producen cambios tecnológicos en la sociedad, sino cómo investigar para contribuir a la transformación social.

No hay duda de que las nuevas tecnologías han posibilitado un conocimiento más radical del ser humano. En los últimos años, los avances de la ingeniería genética y la biotecnología han permitido un desplazamiento en el conocimiento de la vida humana desde la incertidumbre a aproximaciones esperanzadoras que surgen de las investigaciones científicas. Sin embargo, como señala el jesuita Kevin FitzGerald, profesor de genética molecular y ética médica, del Centro Médico Georgetown:

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Encuentro No. 95, 80-93, 2013


discernir el mayor bien es un reto especial para aquellos de nosotros que trabajamos en el campo de la Bioética. La razón de este reto especial en la Bioética es que con frecuencia no aparece claro cuál es el “bien” que debemos buscar ¿[…] Actualmente hay un debate, con intercambio de opiniones a nivel mundial, sobre el uso de la tecnología de ingeniería genética en los cultivos de productos alimentarios. Varios jesuitas han tomado partido en los dos campos de este tema internacional. El debate posiblemente se hará más vivo en un futuro próximo porque los cambios climáticos pueden causar el fracaso de los medios tradicionales de cosechas y cultivos, en muchas regiones que ya tienen dificultades para satisfacer las necesidades alimenticias de sus habitantes. Además, ciertos cultivos tradicionales como el maíz en los Estados Unidos, pueden adaptarse para utilizarlos como fuentes de energía (biocombustible), en lugar de tener como fin el consumo humano. A medida que nos acercamos a tiempos, en los que los niveles actuales de producción de alimentos no sean suficientes para las necesidades alimenticias de la población del mundo, ¿cómo compaginamos las necesidades de alimentos y de energía, necesarios para la población de nuestros países, con los riesgos de emplear más y más tecnologías, que recortan nuestras cosechas? ¿Cuál es el mayor bien- alimentos suficientes o protección del ambiente y de la cultura? y puesto que este planteamiento es actualmente demasiado simplista, ¿quién decidirá cómo podemos seguir adelante en un mundo de tecnología, clima y necesidades humanas, tan sujetos a rápidos cambios? (FitzGerald, 2007, pp. 96-97).

En proyectos como el que menciono, no queda duda que la revolución tecnológica ha redimensionado las relaciones de los seres humanos con la naturaleza, y las relaciones del ser humano con los demás y consigo mismo. Las tensiones entre naturaleza y sociedad / diversidad cultural y naturaleza, lejos de resolverse, corren el peligro de profundizar las contradicciones. y el riesgo de agudizar los conflictos es mayor cuando se utilizan las nuevas tecnologías como instrumento que consolida el dominio y la explotación ilimitada de la naturaleza y de grandes poblaciones. Nunca antes habíamos visto con tanta claridad que la crisis del ser humano y la destrucción de la naturaleza son inseparables, al punto que ambos elementos sólo son separables para efectos analíticos. La contaminación del agua, el aire, la tierra y la tala indiscriminada de los bosques, entre otros, son una muestra de esta crisis.

Desde diferentes organizaciones son coincidentes las voces que alertan sobre los peligros que conlleva la destrucción del medio ambiente para el futuro de la humanidad: “la ONU advierte de que la pérdida de Biodiversidad amenaza la existencia humana”; la fundación Biodiversidad, Ecologistas en Acción y el Movimiento por la Ecopedagogía señalan que “si se pierden especies, pierde el hombre”; y en la Carta de la Tierra, se pide por un movimiento ético global para llegar a un código de ética planetario… uno de cuyos ejes es la prevención de lo que puede causar daños. Las estrategias desesperadas de las grandes mayorías excluidas que luchan por sobrevivir se convierten en un elemento difícil de evitar en lo relacionado a la destrucción de la naturaleza.


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En la presentación del Proyecto Curricular de la UCA, el 3 de mayo de 2013, se hacía mención de un “currículo ecléctico cuyo centro es el desarrollo de la dignidad de la persona, la autorrealización, la libertad individual, el compromiso con un orden social, sus necesidades, requerimientos”. Se señalaban los siguientes ejes curriculares: Formación Humanística, Investigación, Proyección y compromiso social, Internacionalización y Formación científico-técnica. También surgió la discusión sobre el Humanismo y el Medio Ambiente como ejes transversales a los cuales darle prioridad. Basado en lo que hemos señalado arriba sobre la relación entre naturaleza-cultura-sociedad y ser humano, tal vez valdría la pena pensar en un eje transversal que podría ser lo humanístico y eco-social como una manera de asumir en nuestra práctica investigativa y docente el desafío de esa vinculación.

Desde esta perspectiva, nos estamos diciendo como profesores-investigadores y a la vez, transmitiendo a nuestros estudiantes, que el pensamiento Humanista conlleva un compromiso con la transformación social, una cultura de la vida, de la convivencia armónica entre los seres humanos y entre éstos y la naturaleza. En palabras de Leonardo Boff:

la lógica que explota a las clases sociales –que crea pobres y oprimidos – es la misma que explota a la naturaleza y agota sus recursos. La opción por los pobres es la opción por la Tierra, que es el gran pobre. Educar para la ciudadanía planetaria supone el reconocimiento de una comunidad global, de una sociedad civil planetaria… Queremos una justicia social que combine con la justicia ecológica…” (Boff, citado por Gadotti, 2002, pp. 53, 140).

La forma irresponsable en que grupos minoritarios y poderosos pretenden administrar los recursos naturales en nuestros países de América Latina exige a nuestras universidades utilizar la investigación como un instrumento eficaz que busque proteger nuestro ecosistema de proyectos que violan el derecho internacional ambiental y los derechos humanos de las poblaciones indígenas y campesinas, en particular, y de la sociedad en general. Según datos de las Naciones Unidas, la diarrea provocada por ingerir aguas contaminadas es hoy la segunda causa de mortalidad infantil. Se calcula en unos cinco mil las niñas y los niños menores de cinco años que mueren diariamente por esta causa – en su mayoría en países pobres –, cinco veces más de los que mueren por el SIDA. Detrás de este desastre están la falta de saneamiento y el vertido directo de desechos urbanos e industriales al medio natural (PNUD, 2006, p. 22).

En nuestra investigación hemos constatado que la expulsión de la población indígena ngäbe de su territorio es una muestra clara de que la creciente desregulación y liberalización de los mercados agrarios está destruyendo la alternativa económica de formas tradicionales de producción que, desde el punto de vista ambiental y socio-cultural, merecen ser protegidas por ser prácticas efectivas. Si esta mentalidad se consolida, se seguirá destruyendo la organización rural y cada vez será más incontrolable la migración masiva hacia los cinturones de miseria de las grandes ciudades o la migración transfronteriza, como en el caso de los indígenas ngäbe de Panamá.

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Una visión integral, en la que se incluya a las poblaciones indígenas y campesinas para que se respeten sus territorios y logren preservar sus patrimonios culturales, está totalmente opuesta al inmediatismo voraz del que busca ganancias desmedidas. El Papa Juan Pablo II se refirió a este tema de la siguiente manera:

“En nuestros días aumenta cada vez más la convicción de que la paz mundial está amenazada, además de la carrera armamentista, por los conflictos regionales y las injusticias aún existentes en los pueblos y entre las naciones, así como por la falta del debido respeto a la naturaleza, la explotación desordenada de sus recursos y el deterioro progresivo de la calidad de vida. Esta situación provoca una sensación de inestabilidad e inseguridad que a su vez favorece formas de egoísmo colectivo, acaparamiento y prevaricación” (Juan Pablo II, 1990, p. 1).

Desde nuestras investigaciones – y si realmente queremos ser consecuentes con la apuesta por la vida de los seres humanos y la defensa de nuestros recursos naturales – debemos insistir en el desarrollo de políticas ambientales integrales a largo plazo, con reales evaluaciones de impacto ambiental, con un plan de sostenibilidad y con un balance entre crecimiento económico y reducción de la pobreza, pero no a expensas del medio ambiente. Pienso en la importancia de que, como Universidad, podamos discutir elementos conceptuales como ecología, cultura, desarrollo, tecnología, sostenibilidad, equidad, género, pobreza, entre otros. Son campos cargados de múltiples sentidos y contradicciones, que exigen de nosotros un esfuerzo por precisar sobre el uso y connotación que les asignamos. Puede darse el caso que desde las Facultades entendamos esos conceptos de un modo y en los centros de investigación se aborden de otra manera.

Es importante precisar y debatir sobre elementos conceptuales clave porque las conceptualizaciones son parte importante del proceso de investigación. Desde la perspectiva de la docencia y del quehacer investigativo, la tarea de precisar sobre estos temas implica asumir que las nuevas tecnologías y las tecnologías de la información y la comunicación están redefiniendo las relaciones entre naturaleza y cultura, y el lugar del ser humano en ese contexto. Sabiéndolo o no, podemos terminar siendo prisioneros de concepciones o de prácticas económica y ecológicamente incorrectas y, por tanto, inaceptables moralmente. Somos conscientes de lo costosas que son algunas investigaciones y de la dificultad de competir con el mundo empresarial. Pero esa misma situación nos pone de cara al gran reto de mantener la tensión entre la relación con el mercado y la búsqueda de la verdad.

En el caso de la investigación en la que estuve involucrado en estos años, en las negociaciones con el pueblo ngäbe sobre los proyectos hidroeléctricos y mineros, los interesados en llevar adelante estas inversiones insistían en que no se podía acceder a las demandas de los indígenas porque sería atentar contra la seguridad jurídica y el desarrollo del país. En ningún momento aceptaron discutir el modelo económico altamente consumista de energía, diseños de construcción y centros comerciales de alto consumo energético, un modelo económico que agudiza la concentración de la riqueza donde los que más tienen consumen y derrochan más electricidad. Sin


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embargo, es más fácil culpabilizar a los indígenas y campesinos de ser responsables de poner en riesgo el “desarrollo” del país por oponerse a los proyectos hidroeléctricos y mineros.

En este contexto, las tecnologías de la información y las nuevas tecnologías, junto a claros avances y progresos indiscutibles, corren el riesgo de separar más que unir. El peligro es evidente cuando la implantación de las nuevas tecnologías de la información se desarrolla bajo la óptica de la lógica del mercado. Esta lógica significa que los factores económicos son determinantes en el acceso a las mismas. Eso explica las desigualdades en el acceso a la información y el conocimiento; y la gran brecha entre una población rica que accede a las nuevas tecnologías y otra pobre que sólo dispone de la información suministrada por los medios de comunicación social.

En vista de esta situación, es clara la importancia de que nuestro quehacer investigativo esté marcado por lo que algunos han llamado “responsabilidad tecnológica” de la ciencia, el derecho, la ética, la economía y la política. Desde la perspectiva jurídico-política es notable la insistencia de abordar los efectos de las tecnologías de la información y comunicación, y las nuevas tecnologías, en el ámbito de los derechos humanos. Esto conlleva una actitud crítica, reflexiva y consciente de los nuevos peligros que en los diversos ámbitos de nuestra vida social suscita la tecnología. Ante estos problemas y desafíos, las disciplinas científico-tecnológicas y las ciencias sociales no pueden permanecer insensibles.

En los documentos sobre el trabajo intelectual de los jesuitas se hace énfasis en que la:

formación y competencia profesionales deben estar ligadas con la legítima autonomía y la libertad responsable que son imprescindibles para progresar en la docencia y la investigación. Hoy más que nunca es urgente reconocer la especificidad de cada disciplina, incluida la ciencia y la tecnología… la vida intelectual conoce momentos de exaltación y de duda, de reconocimiento y arrinconamiento, de intensa satisfacción y dura prueba. Más que ninguna otra, la misión intelectual demanda una capacidad humilde para aceptar las alabanzas y afrontar los rechazos y las polémicas, porque está constantemente expuesta al juicio ajeno en conversaciones, publicaciones y medios de comunicación…” (Compañía de Jesús, 1995, p. 335).

2. Mi vivencia de la investigación-docencia

El auge televisivo y de internet se ha convertido en un fuerte obstáculo para elevar el nivel intelectual y cultural de los jóvenes. Son pocos los programas televisivos que fomentan la lectura y el interés por el mundo intelectual. Algunas editoriales han hablado de fuertes crisis por el descenso de ventas, aunque también es cierto que por Internet se pueden encontrar buenos libros y artículos. Sin embargo, las redes sociales, los chat y correos electrónicos le hacen fuerte competencia a la buena lectura y a la actividad investigativa. En ese contexto se va moldeando una persona pobre intelectualmente (la televisión es poco educativa), pasiva, entregada a lo más fácil: aprieto un botón y me siento.

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Con la televisión aparece el fenómeno del Zapping (disparar rápidamente). La televisión cumple la ley del mínimo esfuerzo. Se produce una acumulación de novedades y cambios sin saber lo que se busca o lo que realmente se quiere. Existe el deseo de abarcarlo todo al mismo tiempo. La persona, al quedar insatisfecha, reinicia la visita a los cientos de canales con la esperanza de encontrar algo nuevo que le guste. En el fondo de este proceso se desarrolla una actitud de dispersión: muchas imágenes y poca consistencia, abundancia de información y poca posibilidad de hacer síntesis de los datos recibidos. Es todo lo contrario de lo que se requiere en los procesos de investigación. Son muchas realidades fragmentadas y con un gran poder de seducción y atracción.

A lo arriba expuesto se une el hecho de que una minoría es la que cuenta con los últimos medios tecnológicos, mientras las grandes mayorías siguen condenadas a vivir en la pobreza y la miseria. Los contrastes son violentos y desesperanzadores. Por esta razón, es muy atinada la reflexión de García Canclini cuando afirma que:

la cuestión decisiva no es si este continente es moderno o posmoderno, sino cómo y por qué la modernidad híbrida alcanzada durante los últimos siglos está desintegrándose, las innovaciones económicas, tecnológicas y socioculturales más recientes benefician a pequeñas minorías, y las posiciones conquistadas por algunos países latinoamericanos en el desarrollo moderno internacional se pierden o se transforman en condiciones cada vez más regresivas y dependientes (García Canclini, 1997, p. 27).

Son varios los estudios que señalan que los jóvenes no aprovechan el Internet para fines académicos. En una encuesta realizada a jóvenes universitarios en Panamá, únicamente el 27% dedica la mayoría de su tiempo en el Internet a enriquecer su mundo intelectual, mientras el 73% se concentra en el área del entretenimiento. Los jóvenes buscan literatura de consumo rápido, nada denso que merezca la pena. El objetivo es claro: matar el aburrimiento. y para eso conviene conseguir una lectura que se pueda intercalar con los anuncios televisivos. Así se entiende el éxito de las revistas del corazón y de libros que hablan de la felicidad y de cómo ser exitosos rápidamente, que desplazan a una buena novela o a libros que pueden potenciar el nivel académico del joven. El ejercicio que desarrollan es totalmente contrario a un proceso de investigación largo y tedioso. Una gran mayoría de jóvenes, incluso adolescentes, están preocupados por leer el horóscopo o interesados en esoterismo, lectura de las manos, el Tarot, etc. Sin espíritu crítico, el joven se vuelve presa fácil de los programas televisivos y de la manipulación de la información que hacen algunas páginas de Internet.

En una encuesta realizada a 82 estudiantes de diversas nacionalidades (México, Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú), ante la pregunta sobre su preferencia entre escribir una tesis o hacer un examen para optar por su grado de licenciatura, un 77% prefería hacer un examen y el 23% estaba interesado en investigar. Entre las razones para no aventurarse en la labor investigativa estaban las siguientes: “la investigación te toma mucho tiempo, es muy tedioso, se tiene que leer mucho, es muy difícil redactar”. Así se explica el hecho de encontrarnos con jóvenes profesionales


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que manejan bien sus campos de experiencia, pero que fuera de su profesión se encuentran atrapados en un mundo saturado de información, que poco a poco los convierte en superficiales, permisivos y con un gran vacío existencial. No pocos académicos coinciden en que nunca ha sido tan abundante y prolija la información y al mismo tiempo, nunca ha habido tanta ignorancia.

El rechazo de estos jóvenes a la tarea investigativa es comprensible porque tienen dificultades en lectura comprensiva e inferencial, en redacción y ortografía. No habían tenido la oportunidad de desarrollar en la secundaria sus competencias instrumentales fundamentales como el pensamiento crítico, analítico, diagnosticar y resolver problemas, entre otras. Varios de estos jóvenes expresaban una visión equivocada de la investigación como una tarea exclusiva para expertos. Todo lo contrario era la experiencia del 23% de jóvenes, que apostaban por la investigación y habían adquirido un gusto por la lectura durante sus estudios de secundaria. De allí la importancia de renovar y actualizar nuestro proyecto curricular, para revisar los objetivos de las carreras o de las asignaturas, profundizar en los contenidos de aprendizaje, en la metodología y en los modos y criterios de evaluación. Algunos concluyen que el hombre y la mujer light viven instalados en el mundo del cinismo. Afirmación, que a mi modo de ver, corre el peligro de ser injusta porque la modernidad y la pos-modernidad no seleccionan por edades. Otros sostienen que los jóvenes se han vuelto pragmáticos-utilitarios y una cosa es lo que piensan, dicen, sienten y otra, muy distinta, lo que hacen. Oscar Wilde lo definió así: “Aquel que conoce el precio de todas las cosas y el valor de ninguna” (citado por Rojas, 1992, p. 172). Lo cínico está lleno de contradicciones y lo que hoy se critica acaloradamente mañana se defiende con ardor porque lo importante es el momento, el instante concreto del tema que nos ocupa. Pero nada es definitivo y hay que apuntarse al ganador, porque lo importante es el éxito y el triunfo: es el vértigo de la fugacidad, la revolución de la urgencia. Zygmunt Bauman, lo formula de este modo:

Cualquier cosa que hoy es buena para ti puede reclasificarse como tu veneno. Compromisos aparentemente firmes y acuerdos solemnemente firmados pueden derrumbarse de la noche a la mañana. y las promesas, o la mayoría de ellas, parecen hechas solamente para ser traicionadas y rotas…. En esta clase de cultura, y en las estrategias políticas y vitales que valora y promueve, no queda mucho espacio para los ideales. Menos espacio queda aún para los ideales que provocan un esfuerzo a largo plazo, continuo y sostenido, de pasitos que llevan con ilusión hacia resultados ciertamente remotos. y no queda espacio en absoluto para un ideal de perfección, que extrae todo su atractivo de la promesa del final de la elección, el cambio y la mejora (Bauman, 2005, pp. 151-152).

Si eso es realmente así, entonces: ¿en ese mundo cultural de nuestros jóvenes qué lugar ocupa el quehacer investigativo que respete los principios éticos y una praxis preocupada de la dignidad, de la libertad del ser humano y la protección del medio ambiente? Si queremos que la investigación sea un eje transversal de planificación y de trabajo ¿cómo motivar a nuestros estudiantes en el quehacer investigativo y

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encontrar mecanismos en los que se pueda ver como positivo lo que es a largo plazo? ¿Qué medios eficaces utilizar para que vean en la responsabilidad profesional, el rigor científico y la veracidad unos valores por los que se debe de luchar? Estamos claros de que nuestra meta debe apuntar a que nuestros graduados salgan con una satisfactoria experiencia de investigación y con una serie de competencias que le sean beneficiosas para la vida y su tarea profesional.

3. Principios éticos y la praxis de un quehacer investigativo que respete la dignidad, la libertad del ser humano y el cuidado del medio ambiente

Desde diversas perspectivas hay coincidencia en que el gran ausente de la agenda de la globalización es el compromiso ético. Los problemas de insostenibilidad, pobreza y ausencia de democracia están en la base de la crisis global de necesidades básicas como el agua y los alimentos. En el caso de la crisis global del agua, los expertos señalan que el problema no radica en la escasez, sino en la calidad de las aguas disponibles. El problema es que, desde nuestra voraz e irresponsable ambición desarrollista, hemos contaminado ecosistemas y acuíferos, causando graves problemas de salud que ponen en peligro la vida de grandes poblaciones.

La dinámica neoliberal ha encontrado en la mercantilización de las necesidades básicas de la población condiciones favorables para la obtención de grandes ganancias. Igual sucede con las migraciones de obreros temporales que disminuyen costos de producción y posibilitan un aumento considerable de capital. De esta manera, la reflexión ética y su correspondiente proyección socio-política se hacen necesarias. y esto es así porque los valores de equidad, justicia socio-ecológica y cohesión social relacionados con la salud, el agua, la educación y la seguridad ciudadana, entre otras, no tienen espacio en las lógicas del mercado. Por tal razón, pedirle al mercado que tome en cuenta problemas de derechos humanos, equidad, cohesión social, o que se preocupe por el futuro de las próximas generaciones es como gritar en el desierto. En concreto, más allá del desafío de la búsqueda de sostenibilidad, surgen con fuerza valores éticos que nos exigen una profunda reflexión. y en el caso de nuestro quehacer investigativo, lo anterior exige detenernos en las categorías éticas que deben ordenar prioridades y guiar criterios de acción a través de nuestra proyección social.

La escucha comporta dimensiones analíticas y éticas. Desde la perspectiva del análisis exige un esfuerzo por intentar comprender los procesos y el horizonte de significación de la persona y grupo que transmiten una experiencia. Desde la ética, la escucha conlleva una realización de respeto con quien se trabaja y un compromiso de transmitir sus demandas en los espacios en que estas personas excluidas y discriminadas se les ha negado el acceso. Comporta la dificultad de compartir el significado del sufrimiento. Las grandes mayorías sufren bajo el yugo de las carencias materiales, unido a la perpetuación de la injusticia social y la negación de sus derechos y libertades. El sufrimiento tiene la capacidad hacerse presente en cada espacio de nuestras vidas; y en un solo contexto puede concentrar lo físico, lo psicológico, lo económico, lo social y lo político. Es esperanzador el hecho de que


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algunos cientistas sociales estén haciendo énfasis en la investigación como parte de la lucha por evitar el dolor y el sufrimiento de la condición humana (Wilkinson, 2005, p.17).

La investigación puede crear barreras y también puede posibilitar la construcción de espacios para la reflexión profunda en una sociedad del riesgo. Por eso es importante tener presente algunos peligros y desafíos en el quehacer investigativo:

3.1. La urgencia de la investigación en un mundo fragmentado

La lógica de exclusión social en la que actualmente vivimos parece que tiene como objetivo condenar a grandes poblaciones a abandonar sus raíces. Lo mismo que sucede con nuestros ecosistemas cuando se talan los bosques y se provoca un proceso de desertificación, así sucede con las grandes poblaciones. Los movimientos migratorios a lo largo y ancho del planeta son una muestra de este proceso en el que los inmigrantes se convierten en trabajadores temporales e itinerantes. Con esa estrategia se amplían las posibilidades de obtener mayores ganancias, y al mismo tiempo, se debilitan los movimientos de resistencia a los cambios sociales. Vivimos en un mundo globalizado en el que se intensifican las relaciones a través de redes sociales, flujos, transacciones que no tienen fronteras.

Nos encontramos en un mundo social y familiar profundamente fragmentado. Desde la espiritualidad y las ciencias sociales aparecen estudios que reflejan esa problemática y en que se nos invita a “Orar en un mundo roto: tiempo de transfiguración” (González Buelta, 2002), a reflexionar en “Un mundo sin hogar” (Berger, Berger & Kellner, 1979), a repensar en “Un mundo sin rumbo” (Ramonet, 2003), o en “Un mundo desbocado” (Giddens, 2003), a abordar con seriedad la realidad de millones de inmigrantes que han “Nacido en otra parte” (Sutcliffe, 1998). Sin duda, la juventud es la más sensible a los cambios que vivimos. y sería un gran error pensar que los adultos no experimentamos el impacto de lo nuevo. Jóvenes y viejos vamos en el mismo barco, expuestos a estos procesos culturales que nos asaltan con la brillantez de la luz solar o en la clandestinidad de la noche. En estos procesos, no pocos tenemos la sensación de que algo fundamental estamos perdiendo a nivel personal, familiar y social. No lo dudemos. Vivimos en un mundo roto, donde todos tenemos necesidad de la creación de una nueva sociabilidad y de sujetos reflexivos.

Lo virtual nos hace perder de vista los referentes territoriales como el parque, la calle, la iglesia, el barrio, la panadería. Los medios de comunicación social, especialmente el internet y la televisión, transmiten una imagen del mundo, un estilo de vida, unos valores, una concepción global teórica y práctica que invade nuestras sociedades y erosiona nuestras costumbres, tradiciones y a las culturas tradicionales. Prueba de ello es la creación de nuevas identidades y la aparición de nuevos tipos de exclusión social. La globalización, al mismo tiempo que intenta uniformar el globo, crea fuertes divisiones. Seguimos hablando de la nación, la familia, el trabajo, la tradición, la naturaleza, como si todos fueran igual que en el pasado. No lo son. La fragmentación y la falta de cohesión de los grupos sociales exigen un mayor esfuerzo integrado para elevar nuestros niveles de conciencia. De allí la urgencia del

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quehacer investigativo que aborde con rigor teórico la vinculación entre procesos culturales, la construcción de identidades culturales y la innovación tecnológica. Desde esta perspectiva, la investigación como divulgación de un conocimiento para transformar, se convierte en una herramienta estratégica de primer orden.

3.2. Nuevas formas de organizar la investigación

Las nuevas estructuras de relaciones sociales arriba descritas exigen nuevas formas de organizar la investigación universitaria. La formación de redes de trabajo es una nueva forma de unir esfuerzos y producir eficazmente. Nos referimos a una nueva manera de incidir en la realidad y comprenderla, cambiando los métodos de toma de decisiones y de comunicación. Los vicios de la lógica sectorial y compartimentalizada impiden tener una visión de conjunto y comprender la complejidad, la multicausalidad e interrelación de los procesos sociales. Ésta da como resultado investigaciones parciales con un horizonte limitado a un proyecto o programa de corto plazo. La perspectiva sectorial, promocionada hoy por la moda de la especialización, es una antigua práctica de organismos financieros, gobiernos y organismos no-gubernamentales. Del “especialista o experto” se piden recomendaciones desde una parte del todo, sin tomar en cuenta la importancia de una visión de conjunto de la problemática que se investiga. Esta manera de abordar la realidad y el conocimiento, en no pocos casos, tiene resultados contradictorios con los de otras disciplinas.

Lo anterior conlleva a un nuevo modelo de organización y relación entre nuestras Facultades y los centros de investigación. Una manera de unir investigación y docencia. En las entrevistas que hice a algunos profesores comentábamos el simple hecho de que muchos de nuestros estudiantes desconocen que tenemos centros de investigación y que existen publicaciones producidas en nuestra universidad.

Desde la dinámica de las redes de trabajo damos vida a una investigación que es realmente interdisciplinaria, participativa y con más sinergias. Como todos sabemos, la globalización no trata solamente de un modelo económico-tecnológico, sino de una nueva estructura social que está cambiando todas las áreas de nuestra vida cotidiana. Esto conlleva el riesgo de quedarnos aislados si no damos el salto al trabajo en redes. De allí la tarea de construir un nuevo modelo de hacer investigación en tiempos de globalización, en el que conectemos nuestras Facultades con los centros de investigación y nuestra universidad con las dos universidades jesuitas de Centroamérica y con el proyecto de universidades jesuitas de América Latina (AUSJAL). En los documentos sobre las universidades de la Compañía de Jesús, se dice:

Nuestras universidades deben promover el trabajo interdisciplinar, que implica talante de colaboración diálogo entre especialistas dentro de la propia universidad y con las otras universidades. De este modo, sirviendo a la fe y promoviendo la justicia en línea propiamente universitaria, podrán descubrir nuevos horizontes y nuevos campos de investigación, enseñanza y extensión universitaria, contribuyendo así a la transformación de la sociedad en busca de niveles más profundos de justicia y libertad. Así tendrán


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nuestras universidades mayores oportunidades para promover la colaboración interuniversitaria y, en particular, para emprender proyectos comunes entre las universidades de la Compañía del primer y del tercer mundo (Compañía de Jesús, 1995, pp. 348-349).

3.3. La tentación de la neutralidad y la lógica del poder en el quehacer investigativo

En estos tres años pude ser testigo de los efectos que producen algunas investigaciones que se hacen desde una perspectiva “purista” y “neutral” ante claros conflictos sociales y situaciones riesgosas para la preservación del medio ambiente. Esa “neutralidad” es una manera de consolidar situaciones de dominación-explotación y evadir la crítica directa a estructuras de conocimiento que son injustas. No hay duda de que la investigación es un arma efectiva para legitimar situaciones de dominación o para producir transformaciones sociales. En ese sentido es indudable que la ciencia es poder. Prueba de ello es que las multinacionales cuentan con sus propias agencias, medios de comunicación y una red de intelectuales que perpetúan y defienden sus intereses. El clientelismo pone en peligro la búsqueda de la verdad y la ética de nuestra práctica investigativa.

Estoy claro de que, aunque las universidades faciliten ciertos medios para la investigación, la falta de recursos económicos es uno de los puntos débiles de nuestro quehacer investigativo. y a esa fragilidad, también se une el poco interés o la falta de preparación en el campo de la investigación. Pero tenemos que buscar modos de investigar desde la perspectiva del tercer mundo. En mi opinión personal, lo que he señalado sobre el trabajo en red es una manera de disminuir costos y potenciar la efectividad. Es evidente que en el campo científico-tecnológico es necesario contar con equipos y materiales que tienen un alto costo y que son indispensables para la realización de ese tipo de investigación.

Otro de los peligros del quehacer investigativo es el de quedar atrapados en ese submundo universitario: luchas de poder para alcanzar ciertas posiciones, presiones para publicar, individualismo, miedo a ser plagiado, competitividad entre personas, grupos, Facultades. Como resultado, el miedo y la insolidaridad invaden nuestro quehacer cotidiano. Esas tensiones son causa de un gran desgaste humano y un obstáculo para el desarrollo de lo académico. Algunos cientistas sociales como Giddens o Beck afirman que vivimos en “la sociedad del riesgo”. Detrás de los avances tecnológicos nos encontramos con muchos peligros que pueden producir desequilibrios en nuestro nicho “social y laboral”. Las experiencias concretas nos obligan a aceptar que los seres humanos estamos mal equipados para enfrentar la vida (Schopenhauer). De allí la importancia de elaborar un código ético que nos ayude a ordenar prioridades y guiar criterios de acción. Como señala Savater:

La ética no se ocupa de cómo alimentarse mejor o de cuál es la manera más recomendable de protegerse del frío ni de qué hay que hacer para vadear un río sin ahogarse, cuestiones todas ellas sin duda muy importantes para sobrevivir en determinadas circunstancias; lo que a la ética le interesa, lo que constituye su especialidad, es cómo

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vivir bien la vida humana, la vida que transcurre entre humanos. Si uno no sabe cómo arreglárselas para sobrevivir en los peligros naturales, pierde la vida, lo cual sin duda es un fastidio grande; pero si uno no tiene ni idea de ética, lo que pierde o malgasta es lo humano de su vida y eso, francamente, tampoco tiene ninguna gracia (Savater, 1991, pp. 125-126)2.

La investigación no puede reducirse a una tarea de expertos. Es una actividad que se realiza entre las personas con las que trabajamos y luchamos por construir una convivencia humana. San Ignacio de Loyola exigía una intención recta como modo de proceder de las personas. y esta exigencia, trasladada al quehacer investigativo, conlleva una actitud recta de corazón y mente para que poder realmente identificarnos con el sufrimiento humano y con la transformación social.


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2 Resaltado propio.

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