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ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIADIARIO DE SESIONES

COMISIÓN DE POLÍTICA SECTORIAL Año 1998 IV Legislatura Número 31

SESIÓN CELEBRADAEL DÍA 1 DE ABRIL DE 1998

ORDEN DEL DÍA

I. Comparecencia del consejero de Industria, Trabajo y Turismo para informar sobre gestión privada delservicio de Inspección Técnica de Vehículos en régimen de concesión administrativa.

866 Diario de Sesiones - Comisión de Política Sectorial

SUMARIO

Se abre la sesión a las 10 horas y 37 minutos.

I. Comparecencia del consejero de Industria, Trabajo yTurismo para informar sobre gestión privada del serviciode inspección técnica de vehículos en régimen de concesiónadministrativa.Interviene el señor Ruiz Abellán, consejero de Industria,Trabajo y Turismo................................................................867Interviene el señor Guirado Cid, secretario general de laConsejería de Industria, Trabajo y Turismo .........................872

Se suspende la sesión a las 11 horas y 22 minutos ...............875Se reanuda la sesión a las 11 horas 56 minutos ....................875

En el turno para los grupos parlamentarios interviene:

El señor Jaime Moltó, del G.P. de Izquierda Unida-LosVerdes .................................................................................. 875El señor Puche Oliva, del G.P. Socialista............................. 878El señor Alburquerque Ros, del G.P. Popular ...................... 883

Para contestar a los portavoces interviene el señor RuizAbellán................................................................................. 884

En el turno de réplica interviene el:El señor Jaime Moltó ........................................................... 889El señor Puche Oliva............................................................ 891El señor Alburquerque Ros .................................................. 894En el turno de dúplica interviene el señor Ruiz Abellán ...... 895

Se levanta la sesión a las 14 horas y 56 minutos.

IV Legislatura / N.º 31 / 1 de abril de 1998 867

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Señorías, buenos días. Vamos a dar comienzo a lasesión de la Comisión de Política Sectorial.

El primer punto del orden del día, todas sus señoríastienen las actas número 41 y 42, de fecha 26 de febrero y11 de marzo, respectivamente, de esta Comisión, y sepropone su aprobación.

Aprobadas, por tanto, las actas, pasamos al segundopunto del orden del día, que será la comparecencia, apetición propia, del consejero de Industria, Trabajo yTurismo sobre gestión privada del servicio de inspeccióntécnica de vehículos en régimen de concesión adminis-trativa.

Y para ello, vamos a dar la palabra ya y agradecersu presencia al señor consejero y al resto del equipo desu Consejería que le acompaña.

Señor consejero, tiene usted la palabra.

SR. RUIZ ABELLÁN (CONSEJERO DE INDUSTRIA,TRABAJO Y TURISMO):

Muchas gracias, señor presidente.Señorías:Mi petición de comparecencia ante esta Comisión

para explicar cómo se ha desarrollado el proceso deprivatización de la gestión del servicio de inspeccióntécnica de vehículos tiene dos motivos.

En primer lugar, para completarles a ustedes lainformación sobre un tema que ya anteriormente habíadado lugar a otros debates en esta Asamblea Regional, elúltimo el pasado 12 de marzo, con motivo de unamoción presentada por el grupo de Izquierda Unida-LosVerdes.

Y, en segundo lugar, porque últimamente hancirculado rumores y noticias, comentarios, todos ellos,en mi opinión, infundados y erróneos, pero que preten-den crear un estado de opinión equivocado en torno aeste tema.

Voy a tratar de exponer a sus señorías de una formaordenada todos los aspectos de este proceso, que havenido resultando polémico, aunque creo sinceramenteque sin motivo para ello. No quisiera alargarmedemasiado pero me temo que tampoco podré ser muybreve.

En primer lugar, voy a explicar por qué se lleva aefecto la concesión del servicio público de las ITV ennuestra región, con excepción de la estación de Alcanta-rilla. Tres son las razones.

Primera. Porque hemos querido dar cumplimiento aun mandato de la Asamblea Regional contenido en unamoción aprobada en la pasada legislatura por todos losgrupos políticos y que el Gobierno anterior no atendió.

Segundo. Porque estaba contemplado en el

programa electoral del Partido Popular.Tercero. Porque el actual Gobierno regional

entiende que entre las posibles formas de gestión de esteservicio público, la forma indirecta a través de unaconcesión administrativa es la más adecuada, por darseen ella estas dos circunstancias positivas. De una parte,el servicio sigue siendo público, lo que supone que laAdministración conserva el control y dirección delmismo. De otra, el concesionario aporta mayor agilidadde gestión.

Además, téngase en cuenta que con la entrada enfuncionamiento de la ITV de Espinardo, por sentenciadel Tribunal Supremo gestionada por una entidadcolaboradora de la Administración, habíamos entrado yaen una situación de concurrencia con una empresaprivada.

A ello hay que añadir que nos encontramos al llegaral Gobierno regional con unas instalaciones de ITVobsoletas, mal dotadas tanto en cuento a medios técnicoscomo a recursos humanos, con unos horarios insuficien-tes y con una cobertura también insuficiente paraabsorber el incremento de nuestro parque automovilísti-co.

En su consecuencia, se hacía necesaria, entre otrascosas, la construcción de dos nuevas estaciones de ITV yla mejora en profundidad de las existentes, con dotaciónademás de mayores recursos humanos, así como laadquisición de ITV móviles para reconocimiento sobretodo de vehículos agrícolas que se encuentran en unporcentaje muy elevado pendiente de regularizar susituación. Todo ello, hubiera obligado a hacer grandesinversiones a costa del bolsillo de todos los murcianos.

En segundo lugar, explicaré a sus señorías elproceso que hemos seguido para otorgar las concesiones.Como en cualquier proceso de esta naturaleza, secomenzó por elaborar un pliego de prescripcionestécnicas o anteproyecto de la explotación, y un pliego decláusulas administrativas particulares. En estos docu-mentos se preveía una concesión por lotes, en concretose establecieron los tres siguientes:

El primer lote incluía la estación de Jumilla y otrade nueva construcción en el término municipal deMolina, o colindantes.

El segundo lote, incluía las estaciones de Lorca yCaravaca.

El tercer lote incluía la estación de Cartagena y otrade nueva construcción en los términos municipales deSan Javier o San Pedro del Pinatar.

En el propio pliego de cláusulas administrativasparticulares se establecían los criterios básicos deadjudicación del contrato, a cada uno de los cuales seatribuyó un determinado porcentaje de puntuación sobrecien. Estos criterios fueron los siguientes:

Primero. La solvencia técnica y profesional del


licitador y de su personal técnico en la prestación delservicio de ITV, hasta un 20%.

Segundo. La oferta económica y el estudio deviabilidad, hasta un 20%, igual que el anterior.

Tercero. La solvencia económica y financiera dellicitador, hasta un 15%.

Cuarto. El contenido de la propuesta técnica y delas propuestas relativas a la explotación, dotación deequipos, organización administrativa, sistema de controly valoración de los resultados de inspección, plan derenovación y mantenimiento y plan de formación delpersonal, ponderado en un 15%.

Quinto. La ubicación de las nuevas estaciones, elcompromiso del licitador sobre su puesta en marcha, asícomo los días y horarios de prestación del servicio, hastaun 10%.

Sexto. La posesión del registro de empresa, con unsistema de calidad certificado conforme a la norma ISO9.000 reconocida por una entidad de certificación, o elcompromiso formal de obtener dicha certificación decalidad en un plazo no superior a tres años desde laformalización del contrato, hasta un 10%.

Y, por último, también se tenían en cuenta laspropuestas encaminadas a promocionar campañasinformativas de las inspecciones periódicas en vehículos,la introducción y puesta en marcha de sistemas decomunicación, de mejoras tecnológicas que redunden enla reducción del tiempo de inspección o de mejoras queposibiliten la atención personalizada y la dirección deservicios complementarios que permitiesen mejorar laseguridad vial, hasta un 10%.

Procede señalar que el anteproyecto de explotaciónse elaboró por los servicios técnicos de la DirecciónGeneral de Industria, Energía y Minas, y está suscritopor el subdirector general de Industria, Energía y Minas,en el que concurre la condición de ingeniero superiorindustrial. Y que el pliego de cláusulas administrativasparticulares fue redactado y suscrito por la letrada-jefede la sección de Contratación de la Secretaría General.Sobre estos antecedentes recae informe favorable de laletrada-jefe de los servicios jurídicos y económicos de lapropia Secretaría General.

Por orden de este consejero, de fecha 20 denoviembre de 1996, es aprobado el pliego de cláusulasadministrativas particulares, y se dispone la apertura deun procedimiento abierto para la selección del contratis-ta, fijando el concurso como forma de adjudicación delcontrato.

Posteriormente, el expediente es dictaminadofavorablemente por la Comisión de Secretarios Genera-les, todos ellos letrados, con excepción entonces de dos,y con asistencia del director de los Servicios Jurídicos.

Finalmente, es autorizada la contratación poracuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha 13 dediciembre de 1996.

Un extracto del pliego de cláusulas administrativasparticulares se publica en el Boletín Oficial de la Regiónde Murcia del día 15 de febrero de 1997, estableciéndoseun plazo para presentación de ofertas de 26 díasnaturales, durante el cual concurrieron un total de 21ofertantes.

Quiero decirles si no quieren tomar notas que todami exposición se la entregaré al final de la misma paraque ustedes tengan perfecta documentación de lo quetenemos que discutir posteriormente.

La mesa de contratación, presidida por el secretariogeneral de la Consejería y de la que forman parte elingeniero industrial superior, jefe del Servicio deIndustria, el jefe del Servicio de Régimen Jurídico yEconómico de la Secretaria General, un letrado asesor dela propia Secretaría General y el interventor delegado dela Consejería, también licenciado en Derecho, se reúne eldía 14 de marzo de 1997 y admite 15 de las ofertaspresentadas, rechazando las 6 restantes, en un caso porno acreditar solvencia económica, en tres por noacreditar solvencia técnica y en dos por no acreditarsolvencia económica ni técnica. Y en acto público seprocede a la apertura de las proposiciones económicas delas empresas admitidas.

Asimismo, la mesa acuerda solicitar de la DirecciónGeneral de Industria un informe técnico en relación conlos criterios de valoración que hemos hablado anterior-mente, los criterios a, b, d, f y g del pliego de cláusulasadministrativas particulares.

La solicitud del referido informe dio lugar a laformación de grupos de trabajo integrados por ingenierosindustriales superiores y técnicos de la citada DirecciónGeneral, que llevaron a cabo durante dos mesesaproximadamente un minucioso análisis de todas lasofertas admitidas y la asignación a las mismas de unadeterminada puntuación por cada uno de los criterios devaloración, dentro del máximo de puntos fijados por elpliego de cláusulas administrativas particulares para cadauno de ellos.

Para esto tuvo que desarrollar dichos criterios,estableciendo el baremo que en cada caso estimóconveniente, al objeto de actuar con toda objetividad enla asignación de las puntuaciones.

Posteriormente, la secretaría general estimó quetambién era conveniente disponer de un informe técnicoen idéntico sentido, en relación con los criterios devaloración c y e, y se acordó crear, igualmente, gruposde trabajo para el estudio de los mismos, formados porletrados y economistas (en el caso del criterio g) y poringenieros industriales (en el caso del criterio e), todosellos de la propia Consejería.

Con fecha 17 de julio de 1997 se reunió la mesapara llevar a efecto su propuesta de adjudicación, tras unexhaustivo análisis de esos informes elaborados por losgrupos de trabajo, los aceptó y los hizo suyos, con


excepción del correspondiente al criterio de valoración c,referido a la solvencia económica y financiera, que no loestimó adecuado, y en sustitución del mismo elaboró supropio baremo para la adjudicación de puntos por esteconcepto a cada concursante, dentro del máximo de 15puntos sobre cien que podían otorgarse por este criteriode valoración.

Esta decisión de la mesa se ha interpretado poralguien como una variación del pliego de cláusulasadministrativas particulares, lo cual es absolutamenteerróneo, como demuestran las siguientes consideracio-nes.

Primera. El pliego de condiciones establece sietecriterios básicos de valoración, que hubo que aplicar encada caso concreto. Dichos criterios están concebidos entérminos de máximos, de tal forma que la suma de laspuntuaciones máximas de los siete representan un totalde cien puntos.

Segundo. La mesa es el órgano al que legalmentecorresponde formular la propuesta de adjudicación,aplicando los citados criterios de valoración dentro dellímite fijado para cada uno de ellos. Para hacerlo, lamesa puede ayudarse de informes técnicos que en ningúncaso serán vinculantes.

Tercero. Recibidos dichos informes técnicos, lamesa puede aceptar las puntuaciones que figuren en losmismos por estimarlas adecuadas, cosas que ocurrió enseis de los siete criterios de valoración, o no aceptarlas,como ocurrió en el caso del criterio de valoración c.

Por lo tanto, señorías, no hubo variación del pliegode cláusulas administrativas, que lo único que hace esfijar la puntuación máxima que se puede asignar a cadauno de los criterios a valorar, pero dejando a la mesa lafacultad de decidir el modo de apreciar la puntuación aasignar en cada caso, y les aseguro que lo ha hecho de laforma que ha estimado más justa, estableciendo unosbaremos para valorar a todos con el mismo criterio. Otracosa es que se esté conforme o no con esos baremos, ypara eso se faculta a los interesados a recurrir laresolución del concurso.

Finalmente, la mesa formuló su propuesta deadjudicación que fue aprobada por este consejeromediante orden de adjudicación del 22 de julio de 1997.

La adjudicataria del lote uno fue una UTE integradapor las empresas Inspección Técnica de VehículosLeonesa (Itevelesa) y Agrifusa, y la adjudicataria de loslotes 2 y 3 fue la UTE formada por las empresasUrbaser, Tüv Rheinland Ibérica S.A., que alcanzaronunas puntuaciones de 79, 71 y 79 puntos respectiva-mente sobre 100.

Con fecha 3 y 4 de septiembre de 1997, respectiva-mente, se firmaron los contratos de adjudicación, y confecha 1 de octubre siguiente entraron en funcionamientolas concesiones.

Se han interpuesto tres recursos contencioso-administrativos contra el acto de adjudicación, queactualmente están pendientes de resolver. En dos de elloslos recurrentes solicitaron la suspensión del actoimpugnado, siendo esta pretensión desestimada por autosde la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior deJusticia de Murcia de fecha 12 de enero de 1998.

Bien, una vez expuesto, creo que con bastanteclaridad, cómo se desarrolló el proceso de otorgamientode las concesiones, voy a tratar de aclarar, en tercerlugar, otro tema sobre el que se ha hablado muchoúltimamente, el de las tarifas.

Primero diré que se ha planteado una confusiónentre los conceptos de tasa y tarifa, que por ser un temapuramente conceptual desearía, le digo al presidente dela Mesa, que se permitiera que tras mi intervención seaexplicado por este secretario general de mi Consejería,por su condición de doctor en Derecho, y yo me centraréahora en el aspecto económico de la cuestión.

Se está hablando de una subida desorbitada. Puesbien, vamos a los números. En enero de 1997, antes de laconcesión, el usuario del servicio pagaba las siguientescantidades (todo esto está aquí escrito y se entregará alos grupos para que lo analicen perfectamente):

Vehículos de peso máximo autorizado mayor de3.500 kilos: 3.564 pesetas en concepto de tasa de laComunidad Autónoma por la prestación del servicio,más 1.000 pesetas por el concepto de tasa del Estado, porla gestión de anotación de la inspección en la Jefatura deTráfico. En total, 4.564 pesetas.

Vehículos de peso máximo autorizado igual omenor a 3.500 kilos: 1.755 pesetas en concepto de tasade la Comunidad Autónoma más 1.000 pesetas por elconcepto de tasa del Estado, por gestión de la anotaciónde la inspección en la Jefatura de Tráfico. En total 2.755pesetas.

Vehículos de hasta tres ruedas: las mismascantidades que en el caso anterior. No como decía en suintervención el señor Puche en la moción "vehículos amotor de hasta tres ruedas, 950 pesetas, la segundarevisión no sé cuánto... por tanto, como no habíareferencia en la ley anteriormente los tantos por cientolos omitimos..." No, las mismas cantidades que en elcaso anterior. Existe un dato que hay que tener encuenta.

Bien. A partir del 1 de octubre de 1997 en las ITVincluidas en la concesión las cantidades son: vehículosde peso máximo autorizado (y vamos a centrarnos enesto, que tiene mucha importancia lo que vamos a decir),3.900 pesetas en concepto de tarifa, concepto de tarifa,que ya no de tasa, que percibe el contratista, no laComunidad Autónoma, del usuario por la prestación delservicio, más 1.000 pesetas por la tasa de Tráfico, quesigue siendo para el Estado. En total, 4.900 pesetas. Se


produce aquí un incremento de 336 pesetas. Por supuestoa la tarifa hay que aplicarle obviamente un 16% de IVA,el cual, lo digo para que lo conozcan, es recuperableprácticamente en todos los casos de este tipo devehículos. Estamos hablando de vehículos de más de3.500 kilos, todos pertenecientes a empresas, y por lotanto el IVA es recuperable y ese dato hay que tenerlo encuenta.

Vehículos de peso máximo autorizado menor de3.500 kilos: 2.900 pesetas en concepto de tarifa más1.000 pesetas por la tasa de Tráfico. En total, 3.900pesetas. Se produce un incremento de 1.145 pesetas.Igualmente, a la tarifa hay que aplicarle un 16% de IVA,recuperable asimismo en un porcentaje elevado, ya queeste bloque de vehículos, hasta 3.500 kilos, incluyeademás de los turismos particulares muchos vehículosindustriales, como furgonetas, furgones y camiones demenos de 3.500 kilos, además de otros turismoscomerciales afectos a empresas y también los taxis.

Vehículos de hasta tres ruedas: 950 pesetas enconcepto de tarifa más 1.000 pesetas por la tasa deTráfico. En total, 1.950 pesetas. Se produce unadisminución de 805 pesetas. En este tipo de vehículos el16% de IVA es recuperable en un porcentaje muchomenor, como pueden ustedes entender, pero se compensasobradamente con la sustanciosa bajada de la tarifa. Yaestamos hablando de los tres meses esos clave, en éstostambién se rebaja.

Pero a partir del 1 de enero de 1998 la tasa deTráfico pasa de 1.000 pesetas a 350. Así pues, compa-rando con enero del 97 la situación actual es como sigue.

Vehículos de peso máximo autorizado mayor de3.500 kilos. El precio final al usuario, descontando elIVA recuperable prácticamente en todos los casos, es de4.250 pesetas. Se produce una disminución de 314pesetas en relación al precio de enero del 97, que era de4.564.

Ya tenemos el primer grupo de vehículos que estápor debajo de enero del 97, y además en la realidad y enla práctica.

Vehículos de peso máximo autorizado menor de3.500 kilos. El precio final al usuario es de 3.250 pesetassin IVA, y de 3.714 pesetas en los casos en que el IVAno sea recuperable, produciéndose un incremento de 495pesetas o de 959 pesetas respectivamente en relación aenero del 97, que es donde podemos discutir todo lo queustedes quieran.

Y vehículos de hasta tres ruedas, señor Puche. Elprecio final al usuario es de 1.300 pesetas sin IVA y de1.452 pesetas con IVA, produciéndose una disminuciónde 1.455 pesetas o de 1.303 pesetas respectivamente enrelación a enero de 1997.

Debo señalar también que cuando la ComunidadAutónoma fijó las tarifas a que se alude tuvo en cuentalos siguientes aspectos:

Primero, que en el pliego de cláusulas administrati-vas particulares se obligaba a los contratistas a realizargrandes inversiones.

Segundo, que tenían que establecerse unos precioscompetitivos si queríamos que los concursantes fuerande solvencia.

Tercero, asimismo se tuvieron en cuenta las tarifasque se aplicaban en el resto del Estado español, y muyespecialmente en las comunidades autónomas limítrofes.

En ese sentido, haré a continuación un estudiocomparativo entre nuestros precios de inspección técnicade vehículos y los de las comunidades autónomasvecinas, de Castilla-La Mancha, Valencia y Andalucía.La primera y la última gobernadas, como ustedesconocen, por el Partido Socialista Obrero Español, y paraaclarar al mismo tiempo otro de los conceptos puestos enduda por los dos grupos de la oposición, especialmentepor el grupo Socialista, en lo concerniente a si las tarifastienen que estar establecidas por ley o no. En esteestudio comparativo me voy a referir a las tarifasestablecidas por orden, no por ley, en dichas comunida-des autónomas. Y aquí las tengo para que ustedes laspuedan ver después.

Compararé solamente tarifas publicadas en lasÓrdenes correspondientes, para que no haya duda en losdatos y tengamos documentos oficiales a los quereferirnos. Se sobreentiende que tanto el IVA como latasa de Tráfico, al ser tributos del Estado, rigen igual entodo el territorio nacional. Por lo tanto, vamos a lo quedicen los papeles de las comunidades autónomas.

Comparación con Castilla-La Mancha.Para los vehículos de peso máximo autorizado

mayor de 3.500 kilos, mientras que en Murcia el importede la tarifa para el usuario es de 3.900 pesetas, enCastilla-La Mancha es de 4.014, elevándose a 4.248pesetas tratándose de autobuses. Las tarifas de Castilla-La Mancha superan a las de Murcia hasta en un 9%.

Para los vehículos de peso máximo autorizado igualo menor a 3.500 kilos, mientras que en Murcia elimporte de la tarifa para el usuario es de 2.900 pesetas,en Castilla-La Mancha es de 2.974, elevándose a 3.234tratándose de vehículos comerciales. Las tarifas deCastilla-La Mancha superan a las de Murcia hasta en un11,55%.

Para los vehículos de motor hasta tres ruedas,mientras que en Murcia el importe de la tarifa para elusuario es de 950 pesetas, en Castilla-La Mancha, PSOE,es de 1.674. Las tarifas de Castilla-La Mancha superan alas de Murcia en un 72,21%.

Comparación con la Comunidad Valenciana.Para los vehículos de peso máximo autorizado

mayor a 3.500 kilos, mientras que en Murcia el importede la tarifa para el usuario es de 3.900 pesetas, enValencia es de 4.009. Las tarifas de Valencia superan alas de Murcia en un 2,8%.


Para los vehículos de peso máximo autorizado igualo menor de 3.500 kilos, mientras que en Murcia elimporte de la tarifa para el usuario es de 2.900 pesetas enValencia es de 3.060. Las tarifas de Valencia superan alas de Murcia en un 5,5%.

Para los vehículos de motor de hasta tres ruedas,mientras que en Murcia el importe de la tarifa para elusuario es de 950 pesetas, en Valencia es de 1.078. Lastarifas de Valencia superan a las de Murcia en un113,47%.

Comparación con Andalucía.Para los vehículos de peso máximo autorizado

mayor a 3.500 kilos, mientras que en Murcia el importede la tarifa para el usuario es de 3.900 pesetas, enAndalucía es de 3.674 pesetas, elevándose a 4.253pesetas tratándose de camiones y autobuses, que son lapráctica totalidad de los vehículos mayores de 3.500kilos. Las tarifas de Andalucía son, asimismo, máselevadas.

Para los vehículos de peso máximo autorizado igualo menor a 3.500 kilos, mientras que en Murcia elimporte de la tarifa para el usuario es de 2.900 pesetas,en Andalucía es de 2.914, elevándose a 3.229 tratándosede vehículos de transporte de mercancías. El incrementomedio es hasta de un 6%.

Y para los vehículos de motor de hasta tres ruedas,mientras que en Murcia el importe de la tarifa es de 950pesetas, en Andalucía es de 1.444 pesetas, hay unincremento del 52%.

Es decir, prácticamente en todos los casos Murciaqueda por debajo de las comunidades autónomaslimítrofes.

En cuarto lugar, voy a referirme al tema de lassegundas inspecciones. Su necesidad es evidente paragarantizar la seguridad de tráfico cuando la primerainspección no ha sido favorable. Se ha dicho que estassegundas inspecciones se habían convertido en unnegocio para los contratistas, al haber aumentado elporcentaje de las mismas de manera alarmante.

Pues bien, la realidad es muy distinta. Mirenustedes, señorías, en 1994 el porcentaje de rechazos deprimeras inspecciones fue del 26,14%; en 1995, aumentóel rechazo al 29%; en 1996, se situó en el 30%. En lostres primeros trimestres de 1997, antes de la concesión,el porcentaje fue también del 30%. En el último trimestrede ese mismo año, en la estación de Alcantarilla, únicaque continuaba siendo gestionada directamente, ycontinúa, por supuesto, por la Administración, y dondelas segundas inspecciones comienzan a cobrarse a partirde enero de 1998, en el último trimestre que todavía nose cobraban, el porcentaje se elevó al 31,29%, con lo quesupone eso de tráfico viario y de, digamos, problemas decirculación. Y justamente en ese mismo trimestre en lasestaciones comprendidas en la concesión (recuérdese que

la concesión comenzó a regir con fecha del 1 de octubrede 1997), donde había que pagar la segunda inspección,qué curioso que el porcentaje de rechazo baja especta-cularmente al 16,28%.

También con respecto a las segundas inspeccionesson muy importantes las tres consideraciones siguientes:

a) La tasa o tarifa, según el caso, es el pago por unservicio que se realiza, que tiene un costo, y realizar unasegunda inspección tiene un costo evidente; lo justo espagarlo.

b) La necesidad de una segunda revisión se debeexclusivamente a la negligencia del propietario delvehículo, quien puede evitarla sólo con llevar el vehículoen condiciones a la primera revisión, lo que redundaría,vuelvo a decir, en la seguridad viaria. Tercero, hayconductores que como la segunda revisión era gratis noponían el coche a punto antes de pasar la primerainspección, sino que la utilizaban de test para saber quécosas debía de arreglar y volver después, con lo que estosupone de inseguridad en el tráfico viario.

A este respecto debo decir además que las nuevasrevisiones, segundas o terceras se pagan en otrascomunidades autónomas, como es el caso de laslimítrofes con la nuestra, Castilla-La Mancha, Valencia yAndalucía, aunque hay que ver algún matiz en Andalu-cía, que se paga la tercera.

En quinto y último lugar, y ya para terminar, mereferiré a las ventajas que supone la concesión, y que sonlas siguientes:

Primera. Supone para la Administración unosingresos anuales en los presupuestos (estamos siemprerefiriéndonos a los presupuestos), ingresos anuales por elconcepto de canon de 329 millones de pesetas, lo querepresenta un incremento sobre lo que percibía enconcepto de tasas, con referencia a las estacionesposteriormente concedidas, solamente a ellas, de 115millones de pesetas anuales, que en términos porcentua-les supone un incremento del 55%.

Segunda. Representa un ahorro en inversiones delorden de 600 millones de pesetas y la creación de 70puestos de trabajo.

Tercera. La concesión ha supuesto una sensiblemejora para el servicio que puede concretarse en lossiguientes puntos:

Ampliación del número de estaciones ITV en laRegión de Murcia, con dos nuevas a construir en Molinade Segura y San Pedro del Pinatar.

Segundo. Obras de mejora y acondicionamiento delas instalaciones de las estaciones ITV de Cartagena,Lorca, Caravaca y Jumilla, por un valor aproximado de100 millones de pesetas.

Tercera. Sustitución de parte de la maquinaria de lasestaciones ITV de Cartagena, Lorca, Caravaca y Jumillapor nuevos equipos, completando y mejorando los


existentes.Cuarta. Puesta en funcionamiento de tres unidades

móviles, una por cada lote de adjudicación, para larealización de inspecciones de vehículos agrícolas y deaquellos otros que, por sus características, resulteaconsejable, sin necesidad de que los mismos tengan quedesplazarse a las estaciones ITV fijas. Esto supone darrespuesta a la inspección de los vehículos agrícolas(tractores, remolques, maquinaria agrícola autopropulsa-da y otros vehículos agrícolas especiales) en la Regiónde Murcia.

Quinta. Amplitud de horarios de atención alpúblico, permitiendo que los usuarios puedan utilizar elservicio tanto por la mañana como por la tarde en todaslas estaciones. Anteriormente no existía turno de tarde enlas estaciones de Lorca, Caravaca y Jumilla. En todas lasestaciones de ITV concesionadas se trabaja los sábados,lo que tampoco ocurría anteriormente.

Sexta. Mayor flexibilidad en determinados aspectosadministrativos, relacionados con la inspección devehículos: forma y medios de pago de las tarifas deinspección, cita concertada, posibilidad de que lostitulares de flotas de vehículos industriales puedanestablecer acuerdos al respecto con las entidadesconcesionarias, etcétera.

Séptima. Mayor garantía de calidad en el proceso deinspección, dado que las entidades concesionariasdisponen de manuales de calidad y tienen adquirido elcompromiso de obtener, en el plazo de un año desde laformalización del contrato, el registro de empresa, conun sistema de calidad conforme a la normativa ISO9000, reconocida por una entidad de certificaciónacreditada a su vez por ENAC.

Octava, novena, décima..., se lo dejo, porque lo vana tener ustedes para leer, más mejoras.

Señorías, ruego me disculpen si he sido demasiadoexhaustivo, pero es que no existen motivos para lacampaña que se ha desatado en contra de las concesionespara la gestión privada de las ITV. No ha habidoilegalidad de ningún tipo en su otorgamiento.

La segunda inspección es lógico que se cobre, yperfectamente evitable hacerlo.

En cuanto al precio del servicio, ya hemos visto quela variación media aritmética, que no vale para grancosa, es de -425 pesetas, y la variación media ponderadaes de +397 pesetas, lo que supone que no son diferenciassignificativas para unas revisiones que ni siquiera sonanuales en la mayoría de los casos, y que siguen siendomás baratas que en otras comunidades autónomas, enespecial las limítrofes con la nuestra.

Ahora, como he dicho antes, y con permiso delpresidente y de sus señorías, cederé la palabra alsecretario general de mi Consejería, don CristóbalGuirado, para que les explique la legalidad, ilegalidad,diferencia y conceptos que existe entre tasas y tarifas.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,señorías.


Muchas gracias, señor consejero.Tiene la palabra el señor secretario general de la

Consejería, don Cristóbal Guirado Cid.

SR. GUIRADO CID (SECRETARIO GENERAL DELA CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO YTURISMO):

Muchas gracias, señor presidente.Ante todo quiero saludar cordialmente a todos los

miembros de la Cámara presentes aquí hoy, y agradecerla oportunidad que se me brinda de intervenir porprimera vez en esta Asamblea, lo que para mí constituyeun indudable honor.

Me van a permitir que mi exposición parta delartículo primero de la Ley regional 7/1997, de 28 deoctubre, de Tasas, Precios Públicos y ContribucionesEspeciales, Ley que en estos aspectos repite concepto deleyes de tasas anteriores.

Bien. Este artículo primero señala que dicha Ley"tiene por objeto la regulación del régimen jurídico delos siguientes recursos de derecho público de la Comu-nidad Autónoma de la Región de Murcia: tasas, preciospúblicos, contribuciones especiales".

Posteriormente, en su artículo tres determina que"los derechos generados a favor del Tesoro público,regulados en esta Ley, se ingresarán conforme a loestablecido en la Ley 3/1990, de Hacienda de la Regiónde Murcia".

Más adelante, en su artículo cuatro, preceptúa que"los ingresos por tasas, precios públicos y contribucionesespeciales se aplicarán íntegramente al presupuesto deingresos que corresponda", y que "los rendimientos delas tasas se destinarán a satisfacer el conjunto de lasobligaciones de la Hacienda regional, salvo que a títuloexcepcional y por ley se establezca una afecciónconcreta".

La misma Ley de Tasas, en su artículo diez,preceptúa que "son tasas de la Comunidad Autónoma dela Región de Murcia los tributos creados por ley ypercibidos por los órganos de la Administración, entes uorganismos dependientes de aquélla, cuyo hechoimponible consiste en la utilización del dominio públicoo en la prestación de servicios públicos, o en la realiza-ción de actividades de su competencia en régimen dederecho público, que se refieran, afecten o beneficien demodo particular a los sujetos pasivos, cuando concurraalgunas de estas circunstancias:

a) Que no sean de solicitud voluntaria para losadministrados. A estos efectos, no se considerará


voluntaria la solicitud por parte de los administradoscuando venga impuesta por disposiciones legales oreglamentarias, o cuando los bienes servicios o activida-des requeridos sean imprescindibles para la vida privadao social del solicitante.

b) Que no se presten o realicen por el sectorprivado, esté o no establecida su reserva a favor delsector público, conforme a la normativa vigente".

Resumiendo lo dicho hasta ahora, resultará:Que la tasa es un tributo.Segundo, que como tal tributo es un ingreso de

derecho público de la Administración regional.Tercero, que como tal ingreso ha de incluirse en el

presupuesto de ingresos de la Comunidad Autónoma. Cuarto, que tiene que aplicarse al conjunto de las

obligaciones de la Hacienda regional.Quinto, evidentemente también, que tiene que

ingresarse al Tesoro público regional.Su hecho imponible, a los efectos que aquí nos

interesa, es la utilización de un servicio público, queafecta de modo particular a los sujetos pasivos.

En cuanto a las características de ese servicio, ha detratarse de un servicio público que no sea de utilizaciónvoluntaria, como ocurre, evidentemente, en el servicio deITV.

Segundo, y en concreto, que su utilización vengaimpuesta por normas jurídicas, como también ocurre enel servicio de ITV.

Tercero, y a mayor abundamiento, que no se presteo realice por el sector privado en régimen de libreconcurrencia, circunstancia que también concurre en elservicio de ITV.

La tasa se constituye por definición en la contra-prestación que el usuario realiza por la utilización delservicio. Pero no siempre esa contraprestación reviste laforma de tasa. Para que revista dicha forma de tasatienen que cumplirse todas las premisas anteriores, y esosólo ocurre cuando el servicio es prestado directamentepor la Administración. Cuando ese mismo servicio, ennuestro caso el de ITV, se gestiona indirectamente, enrégimen de concesión administrativa, y por consiguientea través de un contratista interpuesto, resulta evidenteque sigue existiendo una servicio público que afecta demanera particular a los usuarios del mismo. Ese serviciopúblico no es de utilización voluntaria, que esa utiliza-ción viene impuesta por unas normas jurídicas. Y que ala prestación del servicio no puede accederse en régimende libre concurrencia.

Se cumplen así parte de las premisas a las que nosvenimos refiriendo, pero no se cumplen todas. El olvidode ello representa uno de lo motivos de error en el queincurre la moción sobre este tema debatida el pasado día12 de marzo: no es un ingreso de derecho público lacontraprestación que ahora paga el usuario; tampoco es

ningún otro derecho de la Hacienda regional, porconsiguiente, no se incluye en los presupuestos de laComunidad Autónoma, y, obviamente, tampoco sepuede aplicar a las obligaciones de la Hacienda regionalni ingresarse al Tesoro público regional.

En definitiva, esa contraprestación no puede tenerya naturaleza jurídica de tasa, y, por consiguiente, ya noes un tributo. Y si no es un tributo, no tiene por qué estarestablecida por ley, porque no le alcanza la reserva deley que la Constitución establece en sus artículos 133.1 y134.7

Por eso, la contraprestación que paga el usuario alconcesionario del servicio recibe el nombre de tarifa, queya no va a parar, repetimos una vez más, al Tesoropúblico sino a la cuenta de resultados del contratista. Loque se ingresa al Tesoro público y lo que se incluye en elpresupuesto de ingresos de la Comunidad es el canonque el contratista abona a la Administración.

Lo que sucede es que el servicio, como decimos,sigue siendo público. Y, por consiguiente, en él conservala Administración su potestad de dirección y control. Ydentro de ésta se incluye la facultad tarifaria. Porque,evidentemente, al tratarse de un servicio público, elcontratista no puede tener libertad para establecer elprecio del mismo.

En este sentido, la Ley de Contratos de las Admi-nistraciones Públicas, 13/1995, de 18 de mayo, estableceen su artículo 162 entre las obligaciones del contratista lade "prestar el servicio con la continuidad convenida ygarantizar a los particulares el derecho a utilizarlo en lascondiciones que hayan sido establecidas, mediante elabono, en su caso, de la contraprestación económicacomprendida en las tarifas aprobadas".

Por su parte, el artículo 162.1 del mismo texto legalpreceptúa que "la Administración podrá modificar, porrazones de interés público, las características del serviciocontratado y las tarifas que han de ser abonadas por losusuarios".

Los mismos criterios se repiten en los paralelosartículos 218.1 y 221, párrafo primero, del ReglamentoGeneral de Contratación del Estado, aprobado porDecreto 3.410/1975, de 25 de noviembre, que la Ley deContratos de las Administraciones Públicas deja vigenteen cuanto no se oponga a lo establecido en la misma.

Como vemos, esta facultad de la Administraciónestá establecida por normas legales y reglamentarias decarácter nacional. Y en concreto, y por lo que respecta alservicio de ITV, esta potestad tarifaria está tambiénatribuida a la Administración de forma específica en elartículo 13 del Real Decreto 1987/85, de 24 de septiem-bre, que preceptúa que "las tarifas de inspección y suactualización periódica serán establecidas por laComunidad Autónoma. En los casos en que la adjudica-ción se efectúe por el régimen de concesión éstas


deberán figurar en los correspondientes pliegos decondiciones particulares de la concesión".

En definitiva, las tarifas se convierten en elementobásico de la relación contractual existente entre laAdministración y el concesionario.

El tema, como no es de extrañar, ha sido tratado porla doctrina. Y me van a permitir que recoja unas cuantascitas al respecto, entre ellas la del profesor Garrido Falla,administrativista del máximo prestigio a nivel nacional,que escribe lo siguiente: "La Administración conserva lafacultad de controlar las tarifas de utilización delservicio. En definitiva, este extremo constituye uno delos puntos básicos en la reglamentación del servicio. Laconsecuencia práctica es, por tanto, la siguiente: elconcesionario no puede modificar las tarifas del serviciopúblico sin el consentimiento de la Administración. Encambio, ésta puede provocar unilateralmente unamodificación de la tarifa".

Por su parte, Gaspar Ariño, otro catedrático deDerecho Administrativo, señala que "se ha configuradocon carácter general en nuestro derecho un poderunilateral e incondicionado, confiado a la Administra-ción, en la fijación de las tarifas de los serviciospúblicos. Un poder que, frente a lo que era propio desiglo pasado y de los primeros años de este, constituyeun elemento puramente reglamentario de la gestión delos servicios públicos".

Finalmente, Joaquín Tornos Más, en su tesisdoctoral sobre el régimen jurídico de la intervención delos poderes públicos, en relación con los precios y latarifas, señala que "la tarifa es el precio que paga elusuario para poderse beneficiar de un servicio público,pero no tiene naturaleza fiscal ni base legal. Al fijarseuna tarifa se ejerce la potestad tarifaria, potestadinherente a la calificación de una actividad comoservicio público. No se ejercita, pues, actividad tributariaalguna. Esto no admite ninguna duda, y de hecho entodas las comunidades autónomas las tarifas de losconcesionarios del servicio de ITV, como ocurriría concualquier otro servicio público, se fijan por la Adminis-tración".

Puedo mostrarles aquí documentación en dichosentido de las comunidades autónomas de Aragón,Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla-León,Madrid, Navarra, País Vasco y Valencia. Lo normal y locorrecto es que estas tarifas de los servicios objeto deconcesión se aprueben por orden ministerial en el casode la Administración central, y por orden de la consejeríarespectiva en el caso de la Administración autonómica,por la razón de que el consejero es el órgano de lacontratación y por consiguiente es el que aprueba elpliego de cláusulas administrativas particulares que rigeel contrato, y en donde por primera vez han de fijarseestas tarifas. Consiguientemente, también sus revisionesy modificaciones sucesivas deben hacerse por acto

administrativo del mismo nivel jerárquico. Pero inclusoen la práctica, en el caso de algunas comunidadesautónomas, con referencia al servicio de ITV, se haestablecido por resolución del director general corres-pondiente. Así ha ocurrido, que yo conozca, por ejemplo,en Madrid, donde por resolución de la Dirección Generalde Industria, Energía y Minas de 23 de diciembre de1997 se autorizan las tarifas para 1998.

Quiero aclarar que el término tarifa en ocasiones esutilizado por el legislador como sinónimo de cuota deuna determinada tasa, así lo hace la Ley regional yaderogada 6/1992, de 23 de diciembre, de Tasas, PreciosPúblicos y Contribuciones Especiales, en varios de susartículos (25, 31, 35, 39, etcétera) como puede advertirsesin más que examinar estos preceptos. En sus artículosutiliza el concepto de tarifa como sinónimo de cuota dela tasa.

Pero esto en ningún caso debe llevar a confundir lanaturaleza jurídica de las instituciones, y esto es otro delos motivos de error en que incurre la moción sobre eltema a que antes elude.

Pues bien, esto es lo que puedo decirles, y megustaría que la cuestión hubiese quedado clarificada parael futuro, porque no deja de resultar lamentable que seesté transmitiendo a la opinión pública la idea de que seha cometido una ilegalidad en esta cuestión cuandorealmente no es así, y máxime cuando está en juego nosolamente el prestigio de la Administración públicaregional sino también el de los funcionarios de laComunidad Autónoma, técnicos en materia jurídica quehan elaborado y firmado el pliego de cláusulas adminis-trativas particulares y que han emitido informesfavorables, desde el punto de vista jurídico, en elexpediente de la contratación.

La ilegalidad se hubiese cometido a la inversa, si elórgano legislativo, nuestra Asamblea Regional, sehubiera abrogado unas competencias que están legal-mente atribuidas al Ejecutivo regional, siendo así que lascompetencias se configuran como derechos-deberes ypor consiguiente son de ejercicio obligatorio.

En resumen, cuando el servicio público de ITV sepresta directamente por la Administración, el precio quepaga el usuario del servicio tiene naturaleza jurídica detasa, porque es un tributo y se ingresa en el Tesoropúblico. En cambio, cuando el servicio se presta enrégimen concesional, el precio que paga el usuario delmismo, bajo la denominación de tarifa, ya no es una tasa,porque ya no es un impuesto, perdón, un tributo, y porconsiguiente no se ingresa en el Tesoro público, sino queva a parar a la cuenta de resultados del concesionario.

Muchas gracias.


Muchas gracias, señor Guirado.


Señorías, se suspende la sesión por veinte minutos.


Señorías, se reanuda la sesión.En el turno de intervención de los grupos parla-

mentarios, para formular preguntas u observaciones a laintervención del señor consejero, o del secretario generalde la Consejería, corresponde el uso de la palabra algrupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

Señor Jaime Moltó, tiene el uso de la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.Dar la bienvenida al señor consejero esta mañana en

la Comisión y al resto de miembros de las diferentesresponsabilidades que le acompañan esta mañana.

Nosotros queremos en principio manifestar que lapropia dinámica que ha tenido la Asamblea Regional enel debate sobre la concesión administrativa de las ITVviene a demostrar, por un lado, que no han hecho lascosas bien, o los resultados no han sido buenos. Quierorecordar que esta es la quinta vez que se debate en laAsamblea el tema de las ITV, la segunda comparecenciaen Comisión que se realiza en este caso a petición delpropio consejero, hemos debatido dos mociones en laAsamblea Regional esta legislatura y una interpelación.

Me gustaría, primero, agradecer la información.Uno de los objetos que nos decía el consejero que teníasu comparecencia aquí esta mañana, que nos hafacilitado por escrito al conjunto de miembros de laComisión, creo que es positivo el contar con todos lospuntos de vista y la información que desde la perspectivadel Gobierno se pueda plantear con respecto a estacuestión, pues un elemento positivo.

Por otra parte, escuchar también los argumentos enlos cuales sostiene el Gobierno que la oposición haestado realizando comentarios sobre este particular, a sujuicio, de un modo erróneo.

Decía el señor consejero que el planteamiento delGobierno de proceder a la concesión administrativa delas ITV tenía tres fundamentos:

El primero de ellos, cumplir un mandato de laAsamblea Regional, creo que de abril, de marzo o abrilde 1994, que encontró una posición unánime de todos losgrupos parlamentarios en relación a la problemática delas ITV. Cierto que en aquel momento hubo unanimidaden cuanto a la posibilidad de proceder a la concesiónadministrativa de las ITV, con el fin de evitar unasituación que en aquel momento tenía nuestra Comuni-dad Autónoma. Y yo comprendo perfectamente a todoslos grupos parlamentarios cuando adoptaron aquellainiciativa, incluso comprendo al compañero de mi grupo

que defendió aquella posición, y a mi grupo parlamenta-rio que apoyó aquella posición.

Yo también tengo que recordar, y creo que espreciso hacer también un repaso de qué es lo que sucedíaen aquel momento. Todos recordamos que las ITV enaquel momento en la Región de Murcia pues tenían colasinterminables de vehículos, tenían bastante menospersonal del que en este momento, antes de procederse ala concesión administrativa, disponía la ComunidadAutónoma para prestar servicios; se aumentó el númerode interinos para poder en algunas instalaciones de ITVde ampliar el horario, fundamentalmente en aquéllas quese prestaban mayor colapso; había situaciones en los quelos ciudadanos se tenían que ir a las tres y media o cuatrode la mañana a guardar cola y se encontraban con 60 y70 vehículos ya esperando. Era una situación angustiosaa la que tenía que dar respuesta, lógicamente, laAsamblea Regional y el Gobierno regional. Y aquellomotivó la posición de los grupos políticos.

De todas formas quisiera manifestar, lo he hecho yaen otra ocasión, que nuestro grupo parlamentarioclaramente en su programa electoral ha venido defen-diendo el carácter público, la posibilidad de que losservicios públicos se presten desde instancias públicas,evitando cualquier tipo de privatización o concesiónadministrativa de aquellos elementos que consideramosque son de interés general. Creemos que se puedendesarrollar mejor desde instancias públicas que privadas.

Hablaba el consejero también de que era unmandato del programa electoral del Partido Popular,cuestión que yo no voy a negar, está claramente reflejadoen su programa electoral, como lo están tambiénmultitud de propuestas en su programa electoral, queincluso no ya desarrollan, sino que niegan en la práctica,y algunas de mucha resonancia pública como pudiera serla Ley Electoral, de Infraestructuras, etcétera. Y megustaría, desde luego, que hubiese mostrado su Gobiernoel mismo celo en desarrollar todos y cada uno delprograma del Partido Popular, que en este caso estánmostrando en el desarrollo de las ITV.

Y después planteaban el tema de la concesiónadministrativa como el mecanismo más idóneo paraprestar este servicio público. Hombre, yo no le negaré uncierto grado de coherencia en su discurso, a nadieengañan si plantean esta posición porque es la que hanvenido sosteniendo desde hace mucho tiempo. Lógica-mente, yo no comparto esa opinión, mi grupo parlamen-tario no comparte esa opinión.

Yo creo que del trasfondo de la intervención delconsejero, también del secretario general de la Conseje-ría, podríamos plantear que las mismas se han situado entres escenarios, uno de carácter jurídico, otro de caráctertécnico y otro de carácter económico, en relación a losprecios. Yo no voy a entrar en cuestiones jurídicas, no lo


he hecho en ninguna de mis intervenciones, en las cincoque se han debatido en esta Cámara. Nosotros hemosvalorado siempre el tema desde una perspectiva política,de analizar políticamente cómo se podía gestionar esteservicio, y desde luego no vamos a entrar ni en lascuestiones jurídicas, ni en las meramente técnicas.Agradeceré en cualquier caso las aportaciones que hahecho el secretario general, reservándome, lógicamente,una perspectiva distinta en cuanto a las valoracionespolíticas que ha vertido también, que respeto igual quepueda respetar las de cualquier otro ciudadano, enten-diendo que a tenor de lo que expresa la propia sociedadse hallan hoy en franca minoría en cuanto a esa propiavaloración de cómo prestar este servicio y la cuantía conla que se presta.

Yo, señor consejero, sigo insistiendo en lo que heplanteado en anteriores ocasiones. Nuestro grupoparlamentario entiende que la prestación de este serviciomediante concesión administrativa implica, además deforma demostrada, un aumento muy importante en laprestación de ese servicio en comparación a lo que seestaba pagando por parte de cualquier ciudadano cuandotenía que acudir a una ITV en el año 97 o en el año 96.El incremento que se produce, usted lo sabe muy bien,en vehículos de menos de 3.500 kilos supone un 34,8%en la primera revisión y un 95,8 en el caso de que éstetenga rechazo, de que deba de volver a pasarla. Y sonporcentajes de incremento muy importante, no se puedeplantear única y exclusivamente en términos de pesetas,en pesetas quizá no supongan, efectivamente, unacantidad significativa, ni se puede argumentar y sostenereste incremento en base a experiencias de otras comuni-dades autónomas.

La ley no obliga a que la Comunidad Autónomarealice este servicio mediante concesión administrativa,es verdad que posibilita que se pueda hacer de esta formao se pueda hacer privada. Y yo, desde mi grupo parla-mentario, entendemos que la prestación de este serviciose podría prestar, a tenor de las propias experienciascomparativas con otras comunidades autónomas, que escierto, la mayoría del Estado español, creo que menosExtremadura, no sé si lo habrá hecho últimamente, ynosotros, el resto está mediante concesión administrati-va. Las experiencias que tenemos en cuanto a calidad,los datos que ofrecía la Región de Murcia eran muysuperiores en fiabilidad en cuanto a la calidad deprestación de ese servicio.

Y lo digo y lo manifiesto en los siguientes términos.Generalmente los rechazos que se estaban produciendoen el ámbito de la Comunidad Autónoma afectaban aelementos de mayor seguridad en el vehículo (dirección,frenos), mientras que el comportamiento de rechazo queestaban teniendo en otras comunidades autónomas sesituaban en unos términos más de imagen del vehículo,no tan ligados a elementos vitales de la seguridad del

propio vehículo.Yo creo que es un elemento que tenemos que tener

muy presente, porque a mí me consta y yo creo que elseñor consejero convendrá también conmigo en que lainiciativa privada que pueda operar en la Región deMurcia, en la concesión administrativa de este servicio,no va a mostrar diferencias sustanciales con respecto a loque pueda realizar otra industria privada en otracomunidad autónoma. Al final usted y yo sabemos que,en fin, no rigen exclusivamente los criterios meramentede interés general, sino que hay intereses de tipoeconómico que se producen en ésta como en tantas otrascuestiones que han seguido ese mismo camino.

Y además hay una experiencia, señor consejero, quelos ciudadanos de esta región saben y conocen. Cual-quier concesión administrativa que se ha hecho tradicio-nalmente desde la esfera de la Administración regional,desde las instancias locales, de ir a concesiones admi-nistrativas, en basuras, en agua..., quizás inicialmente nohan tenido un despegue importante en cuanto al coste delservicio al ciudadano, pero en un plazo máximo de tres,cuatro, cinco años se observan incrementos importantí-simos en todos y cada uno de los ayuntamientos de estaregión que ha optado por esa vía.

Y esto los ciudadanos lo saben, los ciudadanosestán diciéndole a ustedes que esta subida es despropor-cionada y además están sospechando que en lospróximos ejercicios económicos el Gobierno tendrá,lógicamente, que escuchar la posición de las empresasconcesionarias, las cuales plantearán yo creo queobjetivamente la necesidad de acometer incrementos quetendrá que aprobar el Gobierno como consecuencia deajustar más sus propios resultados.

Se plantea otro punto de vista del cual nosotrosdiferimos y nos mostramos radicalmente distantes. Yono niego el informe que hacía el secretario general enrelación a la definición del concepto de tasa, lo que sídigo es que desde nuestro grupo parlamentario esotampoco es un mandato imperativo. Es decir, cualquiergobierno, en cualquier prestación de servicio público quese reciba contraprestación como tasa, pues puede ajustarel precio de ésta a lo que pueda ser el coste real de eseservicio. Habrá determinadas situaciones en que inclusoni llegue al coste efectivo de la prestación de eseservicio, porque se entienda que se debe de subvencionardesde una política de ingresos progresiva, mediante lacual aquellos ciudadanos que contribuyen más tienenque satisfacer a aquéllos otros que no tienen posibilida-des de percibir esa prestación de servicios. En fin, yocreo que ahí nuestra valoración es muy distinta a la queplantea el Partido Popular. Nosotros entendemos que eneste caso la tasa, si no rebajarla, no tenía ningunajustificación incrementarla. Estamos planteando que conel precio que operaba en 1997 ha habido un beneficio de168 millones de pesetas para el erario público regional


como consecuencia de la prestación de este servicio.Nosotros seguimos manteniendo que ese beneficiodebería de haber revertido en la mejora y la prestación deese servicio. Estamos hablando que en una programaciónplurianual de cuatro años perfectamente se podría habercubierto esas previsiones que ustedes nos anuncian de600 millones de pesetas de inversión, y por tanto esto eraposible hacerlo desde la esfera de lo público, mejorar laprestación del servicio, en aquellos centros donde no sedisponía de jornada aumentar el número de personal yrealizar una prestación del servicio en unos términoseconómicos asumibles por los ciudadanos y yo creo queen niveles de calidad incluso de mayor fiabilidad.

También le tengo que decir, señor consejero, quenosotros seguimos manteniendo, y creo que legítima-mente, muchas dudas con respecto a las afirmacionesque ustedes hacen. Ustedes dicen que hay un compromi-so de abrir, fundamentalmente en Cartagena y en la zonade Molina, San Pedro del Pinatar y Molina, la posibili-dad de abrir otras ITV, de ir a inversiones en reposición,en maquinaria...

Yo simplemente le leo el pliego de cláusulasadministrativas particulares que redactaron, y aquí diceclaramente... yo creo que hay atajos, los concesionariostienen atajos para huir de ese compromiso de inversiónal que usted hace alusión. Aquí dice claramente que "siel concesionario no realizara la ampliación, modificacióno nueva instalación en el plazo a que se refiere el párrafoanterior (creo que son doce meses), o en la prórroga que,en su caso, se le haya podido conceder, la Administra-ción podrá proceder a la convocatoria de un nuevoconcurso que cubra la demanda no satisfecha -eso lo diceel pliego-. No obstante, el concesionario podrá seguirprestando el servicio en la estación o estaciones que yatuviera concedidas por el plazo que reste de la concesión,sin que ésta pueda ser en dicho supuesto objeto deprórroga alguna".

O sea, quiere decirse que las concesiones queustedes han hecho, los incrementos del precio para laprestación de ese servicio, ustedes la justifican funda-mentalmente en equipararnos al coste de ese servicio enotras comunidades autónomas y como consecuencia deque la iniciativa privada va a acometer un volumenimportante de inversión y de ampliación de infraestruc-turas, y yo digo que eso tiene atajos en el pliego decláusulas administrativas.

Es decir, se podría dar la paradoja de que ustedesestén concediendo a la iniciativa privada la prestación deun servicio, estén incrementando el precio de eseservicio al ciudadano y que cuando transcurran esos docemeses la iniciativa privada no atienda a esa nuevainversión y no le podrán hacer absolutamente nada,simplemente tendrán que sacar un nuevo concurso paraque otra empresa se presente y quiera desarrollar esa

nueva inversión. Eso es lo que dice el pliego de cláusulasadministrativas que hemos tenido la ocasión de leer.

Nosotros pensamos que esta situación no beneficiaa la Comunidad Autónoma. Yo creo que el Gobierno esmuy libre de hacer lo que quiera, aquí está encontrandoun talón de Aquiles, motivo yo creo que justificado decrítica del conjunto de los ciudadanos de la Región.

Nosotros entendemos que no va a mejorar signifi-cativamente la prestación de este servicio, que hastaincluso se puede plantear... Yo también quiero llamar laatención al señor consejero cuando planteaba lareducción que se estaba observando en relación a losrechazos, que se había bajado al 16% en el últimotrimestre por parte de las empresas adjudicatarias. Bien,aquí pueden estar operando dos cosas, la red previa detalleres que van a empezar a ofertar ya a todos losciudadanos que antes de que pasen por la ITV pasen porel taller, y aquéllos que no pasen por el taller posible-mente tengan que volver al taller como consecuencia delrechazo.

A mí me parece que es un mal negocio para elGobierno regional. Desde luego es un flaco favor que sele hace al conjunto de ciudadanos y ciudadanas de laRegión de Murcia. No se va a mejorar el nivel de lacalidad de la prestación, yo creo que no hay ningunagarantía de que se pueda mejorar lo que se ha venidohaciendo hasta ahora. Y, por otra parte, la Administra-ción regional sigue asumiendo la mayor parte de lostrabajadores que venían desempeñando sus funciones, eneste caso en el centro de Alcantarilla, localizados enAlcantarilla la mayor parte, puede tener verdaderosproblemas para proceder a reubicar a estos profesionalesen otros centros dependientes de la Comunidad Autóno-ma. Yo creo que hay un mal enfoque, un enfoqueerróneo por parte del Gobierno del Partido Popular ynosotros tenemos que seguir manifestado que, al margende las cuestiones técnicas o de las cuestiones jurídicas,políticamente no ha sido una decisión acertada yeconómicamente es un grave perjuicio para el conjuntode los ciudadanos de la Región.

En ese sentido, pues reafirmarme en lo que hemosvenido manifestando hasta este momento y, a pesar deque entendemos legítimo que el Gobierno intente utilizartodas y cada una de las posibilidades para intentarexplicar lo inexplicable, desde luego no puede encontrarningún tipo de amparo ni comprensión por parte denuestro grupo parlamentario.

Señor presidente, muchas gracias.


Muchas gracias, señor Jaime Moltó.Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la

palabra el señor Puche.


SR. PUCHE OLIVA:

Sí, gracias, señor presidente.Agradecer y dar la bienvenida, cómo no, al

consejero y a los altos cargos de la Consejería.Decir que para mí también personalmente es un

honor que se haya tenido que reproducir el debate de lamoción ya celebrado aquí, aunque no es habitual, esinnecesario y desde luego se reconoce que cuando menosese debate se perdió. Lo estoy diciendo en términospolíticos, en absoluto en términos de ganar o perder, lodigo para que se me entienda a nivel coloquial, porqueen las relaciones entre personas nunca me gusta hablarde ganar o perder.

Dicho eso, manifestar que nosotros este tema lotenemos planteado fundamentalmente en términospolíticos, pero, cómo no, hay un concurso de por medio,hay una revisión de tasas, tiene unas connotacionesjurídicas que, lógicamente, el grupo parlamentario, desdeel asesoramiento que tiene está manteniendo lo quehonesta y claramente entiende. Y, a la vez, ha tratadodesde ese planteamiento honesto y riguroso, que desdeluego tampoco le negamos a los técnicos de la Comuni-dad, tener el asesoramiento interno adecuado y recabartodos los instrumentos oportunos para que ese asesora-miento esté lo más respaldado posible.

Dicho eso, y creo que en ningún caso el discrepar anivel jurídico, y lo digo yo que no soy jurista, lo mismoque el discrepar a nivel técnico, por ejemplo en miprofesión, que soy maestro de escuela, en términospedagógicos, es ningún descrédito para la persona queestá enfrente.

Dicho eso, decir que tampoco la verdad es absoluta,y que desde luego las posiciones que nosotros estamosmanteniendo son muy claras y las dimos a conocer en laintervención del otro día, en qué términos nos apoyába-mos, y no eran otros que en la Ley de Tasas vigenteregional, que en la Ley de Tasas estatal, que en lasentencia del Constitucional y del Tribunal Supremo.Pero, en fin, yo a eso me voy a referir muy poquito parasentar las bases, porque en absoluto voy a establecer, nipretendo, una discusión jurídica con el secretario de laConsejería, que me parece muy bien que haya venido aapoyar al consejero en la defensa que le correspondepolítica y jurídicamente hacer, pero desde luego estamañana yo he venido aquí a debatir con el consejero, y elinforme del señor secretario, pues lógicamente lo heescuchado con interés y lo valoraremos, pero, de acuerdocon los informes que nosotros tenemos, en absoluto varíanuestra posición.

Desde el punto de vista político, nosotros, efectiva-mente, hemos mantenido que con motivo de la concesióndel servicio público de las ITV, la gestión concretamentey la explotación del servicio público de las ITV de laRegión de Murcia, al hilo de esa adjudicación, procedi-

miento que efectivamente se inicia de facto por esteGobierno, aunque el anterior pues por lo menos el grupoSocialista conoce que dieron los primeros pasos paraestudiar, para ver de qué manera se podía hacer, etcétera,etcétera, pero bueno, de facto este Gobierno procede deun acuerdo por unanimidad de todos los grupos repre-sentados en esta Cámara, si no recuerdo mal, de marzode 1994, donde se veía que ante la situación que teníanlas ITV de la Comunidad Autónoma, quizá podía ser unbuen procedimiento -y lo venían a decir al final todos losgrupos- el dar la gestión, reservándose la de Alcantarillapara hacer directamente la gestión y la explotación deese servicio público, y hacerlo por concesión, a unaentidad privada, porque -se decía así entonces- mante-niendo el control la Administración, siguiendo ser de laAdministración pues se podía prestar en unas condicio-nes distintas y merecía la pena ensayarlo. Pero bueno,eso no quiere decir que, al hilo de ese proceso, lo queocurre es que se ha hecho de manera absolutamentedesviada de lo que se entendía, por lo menos por elPartido Socialista, cuando votó a favor aquella mocióndel grupo Popular, al final consensuada, transaccionadapor parte de todos los grupos.

Desde el grupo parlamentario Socialista hemosplanteado, referido a los turismos, que había habido unasubida desorbitada. De alguna forma se ha reconocidoaquí, porque, vamos, subidas de más de mil y picopesetas, de mil quinientas, de mil doscientas y pico, demil cien, de mil, en torno a mil, etcétera, etcétera,cuando se plantean sobre cantidades de 2.000, pues,estamos hablando, por lo menos nosotros así lo enten-demos, de subidas desorbitadas. Se ha reconocido que hasido así fundamentalmente en los turismos, que son lamayoría.

Se ha acuñado aquí un concepto, y es el concepto dela reversión del IVA, y desde luego puede ser en lasempresas, como cualquier cosa en esta vida, en cualquieractividad; puede ser en aquellas otras empresas quetengan turismos, pero desde luego a la mayoría, ypolíticamente el grupo parlamentario Socialista se loplantea a la mayoría, nos parece cuando menos inade-cuado manejar ese concepto para establecer una defensapolítica, porque la mayoría de los ciudadanos que van alas ITV son turismos, que yo sepa, de los alrededor delos doscientos y pico mil, entre primera y segundarevisión, por lo menos los datos que nosotros tenemosdel año 96, no tenemos otros porque no se nos hanremitido. Ahora hablaré de eso.

En cualquier caso no es significativo, sino queestablece la proporción los del 97, los del 96, los del 95la proporción de unos y otros más o menos es la misma.

Dicho eso, decir que este proceso por parte delGobierno regional se está llevando, creemos nosotrosque bastante mal. En la discusión que en términospolíticos que se está llevando, se están produciendo


datos en documentos que no se ajustan a la realidad ymanejando los datos según interesa.

En ese sentido, y me estoy refiriendo al precio delas tasas, a las tarifas de las tasas, hemos visto endocumentos de la Consejería cómo conceptos referidos,por ejemplo, al coste de los camiones no es el adecuadoy es el que se corresponde.

Se están manejando conceptos diciendo que lastarifas de todas las comunidades limítrofes son másbaratas que las de Murcia. No es así.

Se está manteniendo de la misma manera quetambién en Andalucía todos son más baratos.

Yo en este sentido no voy a entrar a discutir ni concuadros, ni con cifras, ni con nada, voy a discutir con loque discutía el otro día, señorías, con los recibos que unciudadano paga, con lo que paga un ciudadano, que es enlos términos que ustedes están hablando. Si quierenhablamos en los términos de tasas, pero es que ustedesno quieren hablar en los términos de tasas, que es dondese manifiesta la voluntad de la Comunidad Autónoma;una veces suman Tráfico, otras veces suman IVA, otrasveces no suman.

En ese sentido, ya algunas cosas de las que el otrodía no se reconocían se reconocen. Se reconoce que en el95 se pagaba 2.525 por todos los conceptos y quetambién se le ponía el nombre de tarifa. Parece ahora queel gran hallazgo del término tarifa es cuando se privatizala gestión y la explotación, y entonces se cambian latasas, entonces ponía aquí tarifa. Decía, en el año 96, unciudadano, 2.525; en el año 97, antes de la subida, unvehículo, 2.755; otro vehículo después de la subida,4.364, y 3.914 después de la subida. Y un vehículo en laComunidad Valenciana 3.550, un recibo; 3.714 enMurcia, 3.550 en la Comunidad Valenciana, más baratoen la Comunidad Valenciana, referido a los vehículos,también a los camiones, como ustedes pueden compro-bar, si quieren hacerlo.

Fundamentalmente, por qué a ustedes le salen lascuentas de otra manera. Ya se lo expliqué el otro día,porque en la Comunidad Valenciana, en el estableci-miento de sus precios y tarifas, dicen: las tarifasestablecidas en el presente acuerdo incluyen la totalidadde los gastos imputables a la inspección. La totalidadexcepto el IVA, y entonces le aplican el IVA. Y ustedeses que no le aplican el IVA a las nuestras y por tanto lessale más barato. Pero, señorías, en los cuadros que yo hevisto, el dato es muy clarito: 3.714 en Murcia, 3.550 enOrihuela. Y ya está, esto no tiene discusión, yo no quieroentrar a discutir estas cosas. No tiene discusión, es lo quele cobran a los ciudadanos.

Camiones. Efectivamente, 4.564 a principios del 97,pero 4.874 en camiones en la Región de Murcia en 1998;sube respecto a antes de la concesión, el 98 con el 97. Unrecibo, 4.874, un camión que pasó la revisión el 19 de

enero del 98. Pero es que, miren ustedes, comparado conla Comunidad Andaluza, 4.612, y aquí 4.874; en laComunidad Andaluza más barato en los camiones,también de enero de este año.

Dicho esto y habiendo reconocido que ha habidouna subida alta, fundamentalmente en los turismos, quees el objeto fundamental, aunque en las otras también,como han podido ustedes apreciar, les puedo decir que,en definitiva, supone del 6,36 referido a los camiones ydel 34,4 referidos a turismos, y si además tienen quepasar la segunda revisión, del 113%, pues en cualquiercaso es una subida importante. Y fue más importante entérminos de ciudadanos en los últimos tres meses del año97, porque es la misma subida que en el 98. Sólo lo hamitigado una institución que no es la ComunidadAutónoma, que es tráfico, puesto que la ComunidadAutónoma ha mantenido su misma voluntad, las mismaspesetas de subidas que el año 97, de tasas, mantiene parael año 95. Es decir, las 2.900 para los vehículos menoresde 3.500 kilos, las 3.900 para los de más de 3.000 kilos,las 1.400 en segunda revisión y las 1.950 en segundarevisión, respecto a camiones.

Otra cuestión, el tema de la segunda revisión. Eltema de la segunda revisión supone una subida. Y mepueden decir: es que se reduce un poco. Bien, perfecto.Búsquese otras maneras, si se quiere reducir, pero nocarguen, porque al final quién se queda, fundamental-mente aquellos que son los vehículos, en general los másviejos. Habrá algún despistado también, no lo niego, enesta vida también es posible. Los más viejos, fundamen-talmente, y los que pasan la revisión año a año o cadados años, y ésos son los de las economías más bajas. Conlo cual, al final, con la segunda revisión, de la forma quese hace, se le pega un palo importante especialmente alas economías más bajas. Ése es el tema político.

Por tanto, se ha aprovechado el tema de la conce-sión para subir tarifas correspondientes a las tasas demanera desorbitada y de manera injusta, por estasrazones que yo he dicho. También de manera injustifica-da.

Miren ustedes, con un superávit de casi 200millones de pesetas en el servicio, aunque sea con laexcusa de mayor calidad, de más trabajadores y de másITV, no se justifica la subida. Tampoco se justifica,aunque no hubiera superávit con los criterios políticosdel Partido Popular, que la privatización iba a suponerservicios más baratos y mejores, pero cuando hay esesuperávit tampoco, por mucho que parte de ese superávitlo asuma lo que se le pague a Tráfico, si es que no estádescontado en las liquidaciones de los presupuestos de laComunidad Autónoma. Por mucho que eso pudieraocurrir no está justificado, porque parte de ese superávit,o la Comunidad Autónoma podía haberlo utilizado paramejorar el servicio, que decidió no hacerlo ella sino que


lo hicieran, o bien con esas mismas tasas ese superávit seproduce por una empresa privada, que ese era el espíritudel acuerdo del año 94, para mejorarlo.

Con lo cual, entendemos que se produce de manerainjustificada también por ahí. Y aquí no vale decir que laComunidad Autónoma y las arcas de la ComunidadAutónoma salen beneficiadas en cualquiera de losaspectos que se diga. No, no, pero si son los bolsillos delos ciudadanos, que estamos aquí para defenderlos, losque salen perjudicados fundamentalmente, los bolsillosde los ciudadanos. Y las arcas de la ComunidadAutónoma, en el beneficio que pudieran obtener,tampoco salen, no es compensado con el perjuicio de losciudadanos, y en este caso es de los ciudadanos. Yentrando en el criterio ese de la reversión del IVA,fundamentalmente los que tienen las economías másdébiles, porque si los empresarios se ahorran con lareversión del IVA y los de más de 3.500 y los de menostambién, pues resulta que el ciudadanico de a pie, elpagano, el que está cogido por Hacienda año a año, através de su declaración, es el que vuelve a pagar estahistoria. Tampoco estaría justificado.

Y desde el punto de vista nuestro también hemosdicho que eran ilegales, y lo hemos mantenido funda-mentalmente por las razones que hemos expresado demanera clara en todas las manifestaciones públicas quehemos hecho y en los debates en la Asamblea, y lohemos dicho por dos razones fundamentales: una, porquelas tasas, este servicio, estaba regulado en la Ley de laComunidad Autónoma como una tasa, primera cuestión;segunda cuestión, porque en cualquier caso, esté o noesté, entendíamos y entienden los servicios jurídicosinternos del grupo parlamentario Socialista que el queuna tasa lo sea o no lo sea no está relacionado con quesea o no sea tarifa, por ejemplo. No, la tarifa han dicho, yaquí se ha manejado informes de otros sitios, que latarifa es el precio que se paga por el servicio.

Bien, la tasa es la figura tributaria, pero se paga unprecio y está establecido en la tarifa de la tasa. La mismaLey del 97 sigue manteniéndolo, y dice la Ley, en loselementos determinantes de la cuota, artículo 13, dice:"en la determinación de los tipos y tarifas aplicables a lasdistintas tasas"; pues, efectivamente, está ligado a la tasa.

Con lo cual, no digo que esto sea un elementoimportante en cuanto a definir lo que es o no es una tasa,pero que la tarifa es el precio que se paga, y lo han dichoustedes, por un servicio público.

Desde luego, yo he tenido varias definiciones, puestambién hay definiciones de tarifa, tabla de precios,derechos o impuestos también está definido: "el preciounitario fijado por el estado de los servicios públicosrealizados a su cargo", etcétera, etcétera. Es decir, encuanto a lo que es tarifa. Y todos al final vienen diciendolo que aquí yo he oído que se ha dicho también y se hareconocido, que es el precio que se pagaba por un

servicio público determinado, y lo que se cobra medianteuna tasa es un servicio público.

Eso en cuanto al tema de tarifas, y por eso en losrecibos que yo enseñé anteriormente ponía tarifa, porquese reconocía totalmente.

Nosotros entendíamos y entendemos, aparte de ladefinición que se da en la Ley regional que compartimos,y que ahí lo establece, aquellos servicios de obligatoriasolicitud por parte de los ciudadanos, aparte de esoporque la sentencia del Constitucional, del año 95, ytambién una sentencia del Tribunal Supremo, de 24-01-96, así lo establecen y lo dicen muy clarico, refiriéndosetambién a la Ley 8 del año 89, donde dice que serán desolicitud o recepción obligatoria por los administradosque no puedan prestarse o realizarse por el sectorprivado, por cuanto implique intervención en la actua-ción de los particulares o cualquier otra manifestacióndel ejercicio de autoridad. Es decir, ¿implica autoridad,el ejercicio de autoridad, el servicio de ITV, aunque laconcesión de la gestión y explotación la lleve unaentidad privada? Pues claro que sí, si con la Ley... norecuerdo, me parece que es la Ley 7 del año 97 estáestablecido que hasta 250.000 pesetas se le puedencobrar a aquél que no pase la revisión de la ITV, si seestablecen sanciones, si es obligatorio. Y eso es lo que elTribunal Constitucional establece como distinciónfundamental de estas cuestiones. Está muy claro en lasentencia y nosotros nos remitimos a esto. No queremosdiscutir de esas cuestiones porque está claro en lasentencia del Constitucional y también en el TribunalSupremo, en ésa otra que yo he leído, que ademásestablece cuestiones derivadas de la nulidad o no nulidadcuando autoridad no competente es la que establece lamodificación de las tasas, como es también el caso este.

Ya lo decíamos con el debate de la moción, yo noquiero debatir aquí la moción, pero ya decíamos, y porlas razones que dábamos allí, que entendíamos que erailegal y que era nula la revisión, y por tanto entendíamosque producía la nulidad de todo el proceso de adjudica-ción, porque la orden que iniciaba el proceso y en torno ala que se hacía todo el proceso de adjudicación era nulade pleno derecho y por lo tanto todo el proceso.

Ésos eran nuestros criterios, lo más resumidosposibles, sin ánimo de polemizar, puesto que ya fueobjeto de debate. Pero en cualquier caso tambiénplanteábamos algunas cuestiones más, y planteábamoslas dudas sobre la transparencia del proceso y sobre laprocedencia de algunas actuaciones que nosotrosconocíamos por los medios de comunicación que sehabían dado en el proceso.

Y entrando en el tema de la transparencia sí queríahacer algún comentario. Aquí se está diciendo que todoeste proceso es muy transparente, pero desde luego seviene a comparecer a Comisión, y yo no soy el quemantengo aquí que venir a comparecer en Comisión es


menos transparente que ir al Pleno, lo dijo el portavozadjunto del grupo parlamentario Popular el otro día enuna comparecencia de un consejero, diciendo: "nunca seha debatido en Pleno (se refería a la liquidación delpresupuesto), siempre se ha buscado el oscurantismo deuna Comisión -decía él-, la poca credibilidad que se lepueda dar a una Comisión". Efectivamente, eso ha sidoasí, en cuanto a que no se dispone, señorías, de mediosde comunicación, todos los que dispone el Pleno,etcétera. Es la definición del grupo parlamentarioPopular de esta casa, no la del grupo Socialista, que nohemos mantenido esa posición, que las comisiones sonoscurantistas respecto al Pleno, con lo cual dígame ustedel tema de transparencia.

Pero es que entrando en los temas de transparencia,cuando se quiere mantener posiciones de transparencia,cuando menos no se tiene reparo en facilitar todos losdatos, documentación que se pide, etcétera, y sobre todocuando hay un caso como éste, donde creo que el grupoparlamentario Socialista, en origen, empezó actuandocon nobleza, diciendo: "pido documentación para vereste tema, que por lo que ha llegado a mis oídos, por loque he visto en los medios de comunicación, por lo quehe tenido conocimiento, con independencia de unostemas que hemos podido analizar claramente, que sonlos publicados, hay otros asuntos que no son lospublicados pero que se hacen con documentación,etcétera, remítame toda una serie de documentación". Sehacen una serie de preguntas que todavía estamosesperando que nos lleguen al grupo parlamentarioSocialista, y me estoy refiriendo a la solicitud deinformación que se pedía en esta Cámara, y se le pedíapara ocho días, primero al presidente de la ComunidadAutónoma, allí en San Esteban, para buscar la oportuni-dad, es decir que no pasen los plazos de la Asamblea,que no queremos meternos en harina en los temas delconcurso hasta que no veamos toda la documentación, ycomo muestra de buena voluntad, y no hemos tenidocontestación de esa cuestión.

Se hizo una solicitud de información que aquí en laCámara sobre ese mismo tema, y no hemos tenidoinformación a las preguntas.

Si a eso le llama ser transparente, que venga Dios ylo vea. Y no me meto ya sobre algunas notas que hemospodido leer de algunos licitadores, que habiendopresentado escritos han dicho que no les ha sidocontestado, cuando se tiene transparencia se contesta,dentro de plazo o fuera de plazo, según se quiera optar,como se deniegan los escritos. Pero es que además laLey de Procedimiento Administrativo así establecetambién que deba ser en el artículo 42 y 43. Y que ahorayo quisiera conocer en ese caso concreto si ocurre.

En cualquier caso, decía sobre el tema de latransparencia, la transparencia cuando menos es algo que

se practica y no es algo que se defiende solamentediciendo "soy transparente". Y, desde luego, es delamentar también algunos documentos que han caído ennuestras manos, donde no se han sumado algunosconceptos, se han sumado unos y no otros. Nos hubieraparecido bien si en todos se hubieran sumado los mismosconceptos a la hora de establecer tablas, nos hubieraparecido bien, pero en el mismo cuadro en unos sesuman unos y en otros, otros; nos parece eso un pocoliante y que va en contra de lo que puede ser la transpa-rencia.

Por tanto, cuando un proceso no es transparente enestos términos políticos en los que estamos hablandoproduce gran cantidad de dudas.

No obstante, decía que ésas son nuestras razones,ésas han sido nuestras razones, que no las vamos adiscutir más esta mañana aquí, se han debatido aquí en laCámara, están puestas ahí encima de la mesa. Pero esque yendo a las suyas, con ese reparo importante detransparencia ¿qué es lo que ocurre, por qué no se hanido remitiendo al grupo parlamentario Socialista losdocumentos que nosotros hemos ido pidiendo? ¿Por quéno se nos ha remitido el anteproyecto de explotación deservicios, que lo pedíamos en esa solicitud de informa-ción, para que el grupo parlamentario Socialista pudierasituarse todavía más en el fondo del concurso? ¿Si todoes transparente, por qué no se nos envía el certificadoexpedido por un funcionario responsable donde figurenlas empresas que se han presentado a los lotes 1, 2 y 3,con especificación de fecha y hora de presentación?También lo pedíamos en nuestra solicitud de informa-ción, ¿por qué no se nos ha facilitado eso? ¿Por qué nose nos ha facilitado memoria económica donde figura laviabilidad y oportunidad de llevar la gestión y explota-ción del servicio público en régimen de concesiónadministrativa? También todo eso lo hemos pedido. ¿Porqué no se nos ha facilitado el informe de los ServiciosJurídicos de la Consejería referidos al expediente quenos ocupa, que también lo hemos pedido? ¿Por qué no senos ha remitido el acta de la mesa de contratación para elexamen de la documentación administrativa, por qué nola tenemos nosotros ya, que también la hemos pedido?¿Por qué no se nos han remitido las observaciones enrelación con incompatibilidades de todo tipo efectuadaspor la mesa de contratación, caso de que las hubiere, o elinforme diciendo que, observadas las escrituras, el objetosocial y todos los requisitos que haya que observar, queno hay incompatibilidades por parte de los que se lesabre el sobre número 2, o en cualquier caso, al final, porparte de los que se les adjudica el servicio? ¿Por qué nose nos ha remitido tampoco el acta de la apertura de lasproposiciones económicas? ¿Por qué no se nos haremitido la copia de la documentación que presentó cadalicitador al concurso? ¿Por qué no se nos ha remitido la


propuesta de la mesa de contratación a favor de losadjudicatarios? ¿Por qué no se nos ha remitido elinforme técnico previo a la adjudicación, para que lohubiéramos conocido cuando lo pedimos en su momen-to, y han pasado más de dos meses?

Quisiéramos conocer, señor consejero, si la ordende adjudicación también se hace respetando el pliego decláusulas particular y no se modifica en nada, y no sebuscan aspectos nuevos que se incluyen, que suponenuna valoración de cuestiones que constan en las ofertasdistintos de los que habían. Y si se ha hecho la valora-ción, referida fundamentalmente a la capacidad, lasolvencia económica, de acuerdo con el artículo 16.1.c)de la Ley de Contratos del Estado, o si se ha modificadoese criterio de la Ley de Contratos del Estado. Quisiéra-mos que nos lo dijera porque también son dudas que noshan podido ir apareciendo por ahí.


Señor Puche, le ruego vaya concluyendo.

SR. PUCHE OLIVA:

Sí, es que es extenso también por la misma razónque el consejero y señor secretario, en ese sentidoquerían apelar a la comprensión de la Presidencia. Mequeda poco.


Señor Puche, precisamente antes de que apelara aeso, y teniendo en cuenta esa circunstancia, estamosrebasando ampliamente los tiempos previstos.

SR. PUCHE OLIVA:

Acabo enseguida, señor presidente.Quisiéramos también saber qué problemas había

para que nos mandara la memoria, si es que se ha hecho,económica, de conformidad con lo previsto en ladisposición adicional primera de la Ley de PresupuestosGenerales de la Comunidad Autónoma de la Región deMurcia para 1997.

Quisiéramos, asimismo, que se nos diera lafotocopia de la acreditación de haber constituido lasgarantías definitivas. También lo habíamos pedido.

También quisiéramos saber qué problemas habíapara hacernos llegar los recursos o reclamacionespresentadas por los licitadores, que también los había-mos pedido, y hoy hemos conocido de boca del conseje-ro que los hay. Lo habíamos leído también en los mediosde comunicación.

Quisiéramos saber si se han producido reclamacio-nes aparte de los recursos y si se han contestado o no se

han contestado.Quisiéramos que se nos dé el informe del servicio

competente interesando la licitación del servicio públicode ITV para su explotación por iniciativa privada através de una concesión administrativa, qué informe diolugar a eso en definitiva.

Quisiéramos conocer los documentos y peticionesremitidas a la Administración regional por la Sala de loContencioso, caso de ser cierta la existencia de uno omás recursos, que nos ha dicho que sí. Quisiéramosconocer la petición que se hace y qué documentos sonlos que se piden, y que nos diera traslado, lógicamente.

Quisiéramos conocer... queríamos entoncesconocer, y no entendemos por qué no se nos ha remitidotampoco, el expediente y documentación remitidos a laAdministración regional por los distintos ayuntamientosde la Región relacionados con la solicitud o compromisode ubicación de una ITV en su municipio, caso de que lohubiere, si ha habido expedientes, documentos, solicitu-des a la Administración regional, a esta Consejería o a laAdministración regional. También eso lo pedíamos hacedos meses.

En definitiva, queríamos saber también por qué nose nos envían los criterios manejados sobre las ofertas, yque también se nos remita, relacionadas al volumen denegocio, que consideró la mesa para hacer la valoraciónque correspondía en el apartado que correspondía.

En definitiva, señor consejero, si todo está tan claro,si todo es tan transparente, por qué se da lugar a que pasetanto tiempo sin que se nos remita toda la documenta-ción que hemos pedido, que era necesaria para poderseguir estudiando este tema que nos preocupa y que lepreocupa a muchos murcianos y que lo hemos podidover por los medios de comunicación.

En definitiva, queremos, señor consejero, quedespeje en lo sucesivo, en actuaciones sucesivas, en éstano lo puede despejar, aquí ya se pueden dar todas lasinterpretaciones que se puedan dar y usted no puedenegarlo, puede no compartirlas, que si se puede intentarganar tiempo, qué es lo que se intenta tapar, a quién sepuede estar beneficiando, a quién se quiere beneficiar enperjuicio de otros, se quiere o no se quiere beneficiar,todas esas dudas referidas a la falta de transparencia queha habido en este proceso, por lo menos en la aproxima-ción que ha tenido el grupo parlamentario Socialista aeste proceso, y algunas cuestiones que hemos conocido,que de ser ciertas pues lo llevaran ahí, y pondrían enevidencia falta de transparencia, queríamos decir, señorconsejero, que a partir de ahora lo que quisiéramos esque a estas preguntas que le planteamos, que es para loque me imagino que usted habrá llegado aquí, a parte deotras argumentaciones que ya ha tenido ocasión dehacernos, nos conteste, nos dé luz y a la vez puedatambién dar luz sobre algo que le voy a decir de nuevo,señor consejero.


Desde el grupo parlamentario Socialista, y conesto ya acabo, entendemos que con independencia alfinal de despejar más o menos dudas, que ya digo quealgunas va a ser muy complicado despejarlas, por eltiempo que ha transcurrido, sin que atiendan probable-mente a reclamaciones y sin que atienda a preguntas ysolicitudes de información del grupo parlamentarioSocialista, con independencia de esas cosas, aquí hayuna serie de ciudadanos que han tenido una subidaimportante, en los términos que hemos calificado, demanera desorbitada, injusta e injustificada y ademásilegal, y entendemos que desde el Gobierno regional sedebe de reflexionar profundamente sobre esto, y desdeesa reflexión actuar en consecuencia, y que no es otraque, para beneficio de los ciudadanos de la Región deMurcia, la devolución de las cantidades cobradas demanera indebida y la rebaja de las tasas que hoy en díaestán en vigor, por encima de otras consideraciones de sien las comunidades limítrofes tienen más o tienenmenos, que, como hemos podido apreciar, no es, porquela responsabilidad del Gobierno y la de nosotros aquí esatender la situación de los ciudadanos, y por los númerosque se han podido manejar es posible que hasta lasganancias, pensando ya en las ganancias de los que sehan llevado la adjudicación puedan permitir esa rebaja,por aquel superávit del que yo hablaba y, fundamental-mente, por algo en lo que yo me creí, como todos losciudadanos, y es que el Partido Popular, privatizando lagestión de los servicios, los iba a hacer mejores y másbaratos. Apelando a esas dos cuestiones pues yo creo queprocede la devolución, en primera instancia, paraproteger a los ciudadanos, aunque sea en detrimento deempresas privadas, y luego la rebaja de esta cuestión.

Y, por supuesto, entendemos nosotros, desde elpunto de vista, por lo que dicen nuestros informesjurídicos internos y las asesorías que hemos procurado,que siendo ilegal, anular el concurso, volver a hacer otropara que no haya ninguna sombra de duda sobre esteproceso, que nosotros decimos lo mismo que decíamosen el 94, ahora ya lo decimos menos, pero si se hace loque estamos diciendo volveremos a decirlo con másfuerza, que hubiera merecido la pena el intentarlo de esamanera, que todos los grupos por unanimidad acordaron.Ahora ya estamos pensando que, quizás, se ha aprove-chado el viaje para otras cosas, no digo por el consejeropersonalmente, pero probablemente alguien, comomínimo, se puede estar aprovechando, aunque sea sin lavoluntad o contra la voluntad del Gobierno regional,porque los objetivos es lo que está ahí y esas son lassubidas y esas son las cantidades.

Nada más, señor consejero. Nada más, señorías.Espero, lógicamente, su explicación, y me imagino

que en los mismos términos sosegados en los que estáyendo el debate de esta mañana.

Nada más.


Muchas gracias, señor Puche.Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra

el señor Alburquerque Ros.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente. Y gracias también, comoel resto de los portavoces que han intervenido, al señorconsejero y al señor secretario general por su prolija,exhaustiva y yo particularmente creo que ha sido de lascomparecencias más extensas y pormenorizadas quehemos tenido en esta Comisión, y por lo tanto, pues,agradecerlo a ambos.

Comenzaba el señor portavoz del grupo Socialistarefiriéndose al último debate que tuvo como objetivo ocomo discusión el tema que hoy nos ocupa, en el que sehacía alguna argumentación sobre si consideraba que elgrupo Socialista había ganado el debate en aquelmomento. Desde luego, esto es opinable, y sin entrar enla modestia del portavoz al respecto, debo decir que lacomparecencia que hoy nos trae es a solicitud del propioconsejero, y su formulación es previa a aquel debate, porlo tanto no deriva del resultado que ese debate tuviera,sino que, como consta en la comparecencia, se solicitapreviamente a ese debate, por lo tanto no a resultas de. Ypor lo tanto me sorprende también, igualmente, que seintente mostrar dudas sobre el interés de la Consejería,en ser transparente, en dar información y ofrecer todoslos datos y cuadros necesarios, como cuando, igual quese ha hecho hoy, se ha entregado a los propios grupospolíticos la intervención ya referida.

Lo que sí me alegra es haber escuchado en la bocadel portavoz del grupo Socialista la palabra honesto,referida al consejero y al secretario general en suconsideración de que están actuando bajo esa responsa-bilidad y bajo esa intención de ser honesto, por lo cual lefelicitamos.

Entrando ya en el tema legal, y antes de eso, conrespecto a un planteamiento que hacía el grupo deIzquierda Unida, que ya se repitió también en el Pleno yque en aquel momento creí ofrecerle la suficienteinformación, se la reitero de nuevo. Decía el portavoz deIzquierda Unida que considera que los concesionariospueden escapar de su obligación de construir dos nuevasinspecciones técnicas en Molina y en San Pedro. Lesreitero de nuevo que el capítulo V del pliego de condi-ciones técnicas, artículo 24, donde se refieren las causasde inscripción del contrato dice textualmente: "la noiniciación de la explotación durante el plazo fijado en elcontrato, tanto con referencia a las estaciones de ITV en


funcionamiento como en relación con las de nuevaconstrucción previstas en el presente pliego". Eso puedeser motivo de rescisión del contrato, teniendo en cuentaque el artículo 18 de este mismo pliego establece un añode plazo máximo para construcción de esas nuevasinspecciones técnicas de vehículos. Por lo tanto no cabe,o la Administración tiene medios suficientes paraimponer esa obligación a las empresas adjudicatarias deeste servicio.

Seguimos insistiendo en el tema legal sobre si tasa otarifa. Yo creo que el tema está ya suficientementedebatido, considero que el señor Guirado nos ha dadouna explicación suficientemente clara, y lo único,remitirme de nuevo a que es cierto que en algunadocumentación legal aparece la palabra tarifa referida acuota o a cantidad, lo cual no puede ser base a efectos deargumentar administrativamente la cuestión. Tampoconos podemos ir al diccionario Espasa o al diccionarioLarousse para intentar investigar qué significa tasa otarifa con respecto al derecho administrativo. Y porponer un ejemplo que yo creo que incluso va a aclararmás la situación al portavoz del grupo Socialista, elcarnicero de mi barrio pone un cuadro en la pared quepone: tarifas de precios, carne de magra y carne decordero. Entonces, yo creo que tenemos que ser un pocomás rigurosos en lo posible, cuando estemos hablando detérminos que son referidos al derecho administrativo.

Vuelve usted a reiterar cuestiones que han sidorechazadas ahora y, desde luego, me parece que no esnecesario volver a insistir. Habla usted de subidas demás de mil quinientas pesetas, cuando se le acaba dedecir con cuadros que no ha habido y no las hay subidasde mil o mil quinientas pesetas, estamos hablandoincluso de bajadas. Eso sí, sí hay bajadas en algunoscasos superiores a las mil pesetas, e incluso bajadas encamiones de más de 3.500 kilos.

Por cierto, señala usted, con recibos de algunascomunidades limítrofes, que las comunidades autónomaslimítrofes son más baratas que la Región de Murcia.Bien, debo decirle que no es cierto ese argumento enabsoluto, en tanto en cuanto usted generaliza y, porejemplo, nos saca un recibo de... no le interesa al señorPuche lo que estoy argumentando. Bien, en cualquiercaso, como queda algún otro miembro del grupoSocialista, pues estoy convencido de que ellos letrasmitirán adecuadamente mis palabras.

Bien, decía que ha mostrado el señor portavoz delgrupo Socialista un recibo de la tasa o de la tarifa decamiones en la Comunidad Autónoma andaluza, peroolvida que en la Comunidad Autónoma Andaluza haydos tipos de tarifas, dependiendo de los ejes de esoscamiones. Por lo tanto, generalizar no sirve, y seguimosdemostrando con los cuadros que la tarifa de la Comuni-dad murciana es inferior a la de la Comunidad Autóno-ma andaluza.

EL señor Puche también ha hecho alguna argu-mentación que supongo que le habrá tenido entretenidotoda la noche, con respecto a que, efectivamente, lassegundas inspecciones perjudican a los vehículos másviejos, y, efectivamente, en ese tema tenemos quecoincidir completamente; son aquellos vehículos demayor edad los que más van a sufrir la segunda inspec-ción, pero de igual manera que los vehículos más nuevospueden obviar esa segunda inspección teniendo el cochea punto para la primera.

Y ya no quiero extenderme más porque este temayo creo que está suficientemente debatido. Creo que lasmejoras son sustanciales para la Comunidad Autónomade la Región de Murcia a partir de esta concesiónadministrativa que se está produciendo y se ha producidode hecho: dos nuevas ITV, mejoras por valor de más decien millones de pesetas, 70 nuevos puestos de trabajo,unos beneficios económicos que no es lo más importanteni mucho menos en esa privatización pero creo que hayque tener en cuenta.

Y termino solicitando al señor consejero que nosexplique cómo se ha orquestado esa reducción en la tasade la anotación del registro de la Dirección General deTráfico y de qué manera se ha producido, por cuanto queha sido, lógicamente, muy beneficiosa para los interesesde los usuarios de los conductores en la Región deMurcia. Muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):Muchas gracias, señor Alburquerque.Tiene la palabra el señor consejero de Industria,

Trabajo y Turismo.


Muchas gracias, presidente.Voy a tratar de responder y de contestar a todas las

preguntas que desde los distintos grupos se me hanrealizado en relación con mi intervención primera.

Es cierto que ya es la quinta vez que debatimos estetema. Yo espero que con la información que he aportado,aunque según el portavoz del grupo Socialista hayalguna no contradicción pero sí posibles confusiones a lahora de interpretarla. Se puede aclarar perfectamente y lavoy aclarar.

Pero, evidentemente, estoy de acuerdo con usted. Esdecir, hubo en su momento unas razones que justificabanlas colas, retrasos y situaciones angustiosas que teníanlas ITV. Efectivamente, eso lo he explicado yo, maqui-naría obsoleta, falta de personal y esas colas que,evidentemente, nadie lo ha dicho aquí esta mañana, peroalgún precio tienen para los ciudadanos estar unamañana en cola, y eso nadie lo pone como un valorañadido que es importante resaltar. Sobre todo, para lo


único que ha quedado es que ha habido una subida envehículos de 3.500 kilos y solamente para las personasque tienen su turismo particular.

Vamos ya concretando temas, porque están claros y,sobre todo, cuando exhiba aquí las órdenes de lascomunidades autónomas vecinas, y eso como es el señorPuche el que sigue insistiendo en la diferencia, puesaclararemos algún tema especialmente con la Comuni-dad Valenciana que es donde él incide más, con suespecial explicación.

Pero bien, evidentemente, el portavoz del grupo deIzquierda Unida-Los Verdes alude a razones políticas, yahí sí que nosotros estamos con razones políticasdistintas, evidentemente, aunque la idea o una de lascausas de la gestión privada o de la concesión para lagestión privada de las ITV sale inicialmente antes que deotro sitio del mandato de la Asamblea, suscrito por lostres grupos políticos, yo creo entender que el grupo deIzquierda Unida-Los Verdes, pues en sucesivas ocasio-nes ha interpretado que allí, por lo que sea, hubo enalgún tipo de cosas un error y no era su idea, la idea, porlo que en el fondo de la cuestión siempre esgrime, es quela gestión de las ITV, de la inspección técnica devehículos, se podía haber llevado de forma privada, conprecios más bajos y sin ningún tipo de cambio existente.

Y yo entiendo que ese es su criterio político, y elcriterio político no se lo puedo discutir, porque, eviden-temente, estamos en dos ideologías totalmente contra-puestas.

Nosotros creemos que la gestión se realiza siempremejor desde un servicio por la empresa privada, en estecaso con control desde la Administración, pero con uncontrol que, evidentemente, por lo menos en los escritosnos inclina a pensar más que antes que va a haber máscalidad, porque es que establecemos que en el plazo deun año, si no se tiene, hay que someterse a normas ISO9000. Por lo tanto, eso hoy día implica mayor calidad.

No tiene por qué haber incremento de preciofuturos. Lo estamos viendo en la electricidad, en tipos deempresas que se van privatizando, y lo que hace lacompetencia es establecer precios a la baja. No tiene porqué haberlo, pudiera haberlo pero, evidentemente, lacompetencia lo que hace es moderar los precios e inclusollevarlos a la baja.

Por lo tanto, no tiene por qué haber menos calidad.Yo creo, personalmente, que va a haber más calidad. Notiene por qué haber incrementos futuros. Yo creo que notiene por qué subir sobre las tarifas que estamoshablando, unas subidas que, de alguna forma, permitanpensar que la concesión privada ha repercutido negati-vamente en los ciudadanos, pero lo que sí está claro esque hay compromiso de las ITV.

Y yéndonos al caso que usted ha dicho, sobre si lasinversiones no se realizaran, qué pasaría, qué cuello de

botella se le da al empresario. Hombre, eso siempre, loque pasa es que se meten unas sanciones, en concreto enel pliego de condiciones, en el apartado 22, en que seincurre en una sanción grave, pero además, como ustedbien ha dicho, pues puede haber nuevo concurso. Yo nocreo que haya ningún empresario que, al cabo del año, semeta en consideraciones de poder, de alguna forma,perder la concesión que tiene. Evidentemente, yo no creoque eso sea una razón de este tema.

Después, el tema de las segundas inspecciones, queusted lo ve tan perjudicial. A lo mejor muchos vehículostienen que pasar previamente por el taller porque elvehículo no va en buenas condiciones, y eso lo sabe elpropietario. El problema es que si entra y pasa lainspección, como anteriormente en Murcia, no digo yoen Valencia, ni en Castilla-La Mancha, ni en Andalucía,uno podía pasar la segunda, la tercera, la cuarta, laquinta... sin pagar nada, evidentemente, pues uno, ya quetiene que pasar, porque le obliga la legislación a pasar laITV, oiga, si pasa, pasa, y si no tengo tres o cuatro vecespara pasarla, y si no al final lo llevaré. Evidentemente,eso repercute en una inseguridad vial, o viaria, que alciudadano le beneficia si tiene que llevar su vehículo enperfectas condiciones. Y desde ese punto de vista esdesde donde todas las comunidades autónomas, y la deMurcia entre todas las demás, ha introducido un costopara la segunda inspección. Pero es que, además, lasegunda inspección cuesta dinero, es decir, hay queponer al servicio maquinaria, trabajadores, etcétera.

¿Por qué razón, si esto es evitable, no se va acobrar? Si no fuera evitable, pues a lo mejor podíamospensarlo, pero es que evitable totalmente.

¿Que da trabajo a los talleres? Hombre, los talleresestán para eso. Es lo mismo que si estamos diciendo:"oiga usted, no pase la revisión médica porque es másbarato no pasarla". Claro que es más barato no pasarla."Eso da dinero a los médicos". Pues probablemente, ono, depende de adonde vaya uno. Pero las revisiones,especialmente a partir de una edad, hay que pasarlas. Y,por lo tanto, se debe pasar, y eso no significa quesuponga más.

Bien. En cuanto a los trabajadores. Evidentemente,se ha mantenido a los trabajadores, y eso ha repercutido,como usted bien conoce, en que no ha habido ningúnconflicto de ningún tipo, de tipo social me refiero. Se hahecho un traspaso a la gestión privada de las ITV, desdeeste punto, después le contestaré al señor Puche, perodesde este punto ha sido modélica.

Los trabajadores siguen, algunos en Alcantarilla, notodos, aunque usted ha dicho todos, pero usted noconoce que estamos poniendo en marcha oficinas odelegaciones de la Dirección General de Industria endeterminados, digamos, municipios donde antes estaban.De tal forma que, si no la hemos abierto, vamos a abrir


una oficina en Yecla, correspondiente a algún trabajadorque estaba en Jumilla; vamos a abrir, o está abierta ya laoficina de Caravaca, correspondiente también a trabaja-dores que estaban en Caravaca; en Lorca, que creo quese ha abierto ya; en Cartagena se ha abierto ya... ¿Y quées lo que hemos hecho? Pues mejorar el servicio alciudadano con unas oficinas en estas ciudades, de talforma que no tengan que trasladarse a Murcia. Y eso notiene usted más remedio que decir, porque es objetivo yes evidente, que es mejorar el servicio al ciudadano. Los70 trabajadores, los paga la iniciativa privada; los 600millones de nuevas inversiones los paga la iniciativaprivada; los 100 millones de mejoras técnicas los paga laincitativa privada; el someterse a normas ISO lo paga lainiciativa privada.

Por lo tanto, nosotros consideramos, de acuerdo a loque usted ha dicho, que el traspaso, y dentro de nuestropunto de vista y concepción ideológica, es que mante-niendo el control de las ITV la empresa privada lo va ahacer mejor, lo va a gestionar mejor, vamos a tener unmejor servicio, va a disminuir el tiempo en cola, a pesarde que en sólo ese tipo de automóviles, que no es lamayoría, es un porcentaje que podemos poner en un 50por ciento, tiene un incremento de una cantidad que, levoy a decir una cosa, todo el mundo habla de importante,pero yo lo he expuesto aquí, como máximo, comomáximo suponen novecientas y pico pesetas.

Pero, oiga usted, ni el señor Puche -ya empieza ahablar con él- ni usted tampoco nos ha hablado de lassubidas que pagan en el impuesto de circulación devehículos, que son tremendas, por pequeñas cantidades.Por ejemplo, y esto lo estableció el Partido Socialista oel Gobierno socialista.

Mire usted, un vehículo que tenga 11 caballosfiscales paga de cuota todos los años, 7.800 pesetas; y sien vez de tener 11 tiene 12,89 paga 16.420 pesetas todoslos años. Esto sí que puede ser... pero esto lo establecie-ron ya antes.

Lo mismo que la tasa de las mil pesetas, y ya lecontesto al señor Alburquerque, una tasa desproporcio-nada que estaba cobrando el Gobierno desde la épocasocialista y que el Gobierno popular ha bajado a 350pesetas, que no dice nada el señor Puche, porque el señorPuche se calla todo lo que le interesa.

Entonces, son temas que hay que aclarar, porque síque efectivamente antes había unos impuestos despro-porcionados.

Y paso ya al señor Puche. En un tema que éldefiende, pero que no sabe ni por qué defiende. Es decir,él coge unos datos, saca unos papeles y dice: mire usted,en Valencia resulta que el usuario final paga menos queen Murcia, y usted no lo pone aquí. Bien. Resulta que deacuerdo a los datos, pero datos oficiales, que son lasórdenes: éste es de Almansa, o sea, o sea de Albacete;ésta es de Andalucía, aquí está Sevilla, y ésta es de

Valencia.¿Qué es lo que pasa? En todos los demás sitios los

precios, de acuerdo a las órdenes públicas, órdenes queson de enero del 98, ésta es de 2 de enero del 98, y lasdemás pues más o menos, ésta es de abril del 97, por lotanto ha subido más, y ésta es de 2 de enero del 98. Porlo tanto, son las órdenes últimas, órdenes, papel oficialdonde se ponen las tarifas.

¿Y qué es lo que pasa? Bueno, mire usted, lastarifas en Castilla-La Mancha y Andalucía, en todos loscasos, excepto en un pequeño número de vehículos, peroque en el mismo tramo se sube, están por encima deMurcia.

¿Qué pasa en Valencia? Pues, mire usted, enValencia pasa lo siguiente. Como resulta que Valencia,antes de la gestión privada, y eso no lo sabe el señorPuche, porque lo que está diciendo es que en Valencia sesube el IVA, yo le diría cómo él en su moción seconfundió, y esto demuestra la falta de conocimiento enel tema. Dice: "tan escandalosa es que lleva al consejero,o a quien le aconseje, a mentir en un artículo en prensa el21 de febrero, donde dice que los camiones en 1997, aprincipios de año costaban 4.564, IVA incluido". No escierto, porque eran tasas, señor Puche, y usted que estáhablando tanto de tasas, las 4.564 eran la tasa deValencia. Por lo tanto, no tenía IVA. Y en 1998, 4.950.Es falso. Dice él: en 1998 también hay que calcular elIVA, que son 624 pesetas en el caso de Murcia.

¿Qué es lo que pasa en Valencia? Pues en Valenciaresulta, o resultaba, que hasta el año 1997 había unasITV, inspecciones técnicas, entre ellas, las más cercanas,Orihuela y Almoradí, que eran autorizadas, es decir,privadas totalmente, y las privadas totalmente podían nocobrar la tasa de Tráfico, no es el IVA que estánmetiendo aquí, no es el IVA, es que no cobraban la tasade Tráfico. Mire usted bien en sus recibos, que lo sé yoporque también los tengo, los suyos mismos los tengo yoaquí. Ellos no cobraban la tasa de Tráfico, que son 350pesetas. Eso es lo que hace que en una pequeña cantidadbajen de precio. No es el IVA.

Claro, el problema se plantea ahora, cuando se hahecho la gestión privada de todas y han entrado tambiénlas que eran públicas, donde ya se plantea el cobro de latasa de Tráfico por 350 pesetas, que, por cierto, de las350 pesetas, el 20 por ciento nos lo pasan a las comuni-dades autónomas. Antes, con las 1.000 pesetas que hizoel Gobierno socialista no pagaban un duro a las comuni-dades autónomas, ahora sí nos pagan un 20 por ciento,que eso yo creo que son otros talantes y otras cosas. Peroahora es cuando nosotros firmamos el primer conveniocon la Dirección General de Tráfico de Madrid, elprimero se firmó en Murcia, para cobrar el 20 por ciento,y en esa reducción de 350 pesetas, que es una tasa estataly por tanto es aplicable a todo el Estado español. Sialguno no la aplica, como pasa en Valencia todavía, pues


tiene la obligación de aplicarla y ya veremos lo que hace.Pero en el momento que la aplique, una vez que hanentrado todas las autorizadas, que eran privadastotalmente en la concesión, como se ha realizado, yaestán las negociaciones para que cobre. Y entoncesusted, señor Puche, ya no podrá decir ni siquiera enValencia esto.

Por lo tanto, en Andalucía, en Valencia y en Murcialos precios que se han puesto son superiores a losnuestros. Eso es un tema que hay que conocer. Sola-mente queda a nivel nuestro un tramo de los automóvilesprivados donde se ha subido en 495 o en novecientas ypico pesetas. Eso es lo que ha repercutido, no enmotocicleta, que han bajado 1.500 pesetas, porque antesestaban excesivamente subidas, las hemos bajado, antesestaban excesivamente subidas. En los camiones tambiénbajan, porque los camiones ninguno... pagan IVA pero lorecuperan, por lo tanto también bajan. Y en el tramo de3.500, que él ha dicho que es una proporción muyelevada, efectivamente, en el tramo de 3.500 hay unaenorme mayoría que son camiones más pequeños,furgonetas de empresas privadas, y hay un tramo que sonautomóviles privados, que es importante, y yo no lo voya negar, que tiene un crecimiento al final que pagannovecientas y pico pesetas. Yo tampoco lo voy a negar.Y ése es el tema. Ahora, que eso sea ilegal... Para mí,evidentemente, no es ilegal.

El señor Puche, si nos vamos a su primera interven-ción, que estaría muy perfilada y probablemente escrita,dice: el consejero establece unas tarifas a la tasa.Evidentemente. Y al final pone tarifas. Pero eso quepone tarifas no es el concepto de tarifa, la tarifa que seaplica, y lo hacen todas las comunidades autónomas,señor Puche.

Y yo le digo, si está tan seguro de esto, que es ilegalpor este concepto que está utilizando, y su grupo asesor,que yo me imagino, lo mismo que yo, que son nuestrosasesores, pues vaya usted a los tribunales y digailegalidad. Va a hacer el ridículo más espantoso, se lopuedo asegurar, porque todas las comunidades autóno-mas, y aquí están las cercanas, pero el secretario generalha dicho una panoplia de comunidades autónomastremenda, todas, absolutamente todas se hacen medianteorden o resolución. Por lo tanto, si lo están haciendo enla aplicación de las tarifas a la gestión privada de las ITVmediante orden o resolución, y también lo hicimosnosotros con la autorizada, hombre, no nos diga que, apesar de que le digan... y le hemos dado toda la docu-mentación, para que usted la analice tranquilamente consus asesores y pueda decir: "que nos estamos equivocan-do". Ahí están todos los puntos y los temas. Pero lopuede mirar perfectamente y verá cómo se está equivo-cando.

En cualquier caso, señor Puche, si está hablando de

ilegalidad y de que devolvamos 70 millones que nohemos percibido nosotros, que los ha percibido unconcesionario, una empresa, que al decir usted que estáncobrándolo las empresas ya está diciendo que son tarifas,y no tasas, porque las tasas las cobra la Administración.Es una cierta empanada mental que habrá que explicarlo,porque en el momento en que cobran las empresas y seenriquecen las empresas, como usted dice, pues ya estáncobrando tarifas, no tasas; las tasas las cobra la Admi-nistración. Entonces el tema está muy claro desde esepunto de vista.

Desde mi punto de vista, está todo escrito. Eviden-temente, en el tema de la relación con las comunidadesautónomas hemos puesto la comparación de las órdenespublicadas, a eso hay que añadirle, por supuesto el IVA,que para todo el mundo es igual, y por supuesto tambiénla tasa de Tráfico, que para todo el mundo es igual. Esaplicable en todas las comunidades autónomas, el que nola meta de momento es porque tiene unas connotacionesque estarán demorando la entrada. Pero en Andalucía yCastilla-La Mancha las están aplicando. Y si aplicáramosel IVA, que no lo he puesto tampoco, en favor de usteden este caso, el IVA incluso aumenta más la diferencia afavor de la Comunidad Autónoma.

Por lo tanto, si nosotros tenemos que hacer unaprivatización, que ahora entraría en ese tema, señorPuche, es que esto es un tema, como dicen por ahí,diabólico. Si nosotros hacemos la privatización deacuerdo al mandato de la Asamblea, y nosotros tenemosque cobrar un canon, como exige el deber que tiene laComunidad Autónoma, resulta que si no subimos losprecios y cobramos un canon no pueden entrar lasempresas privadas, porque realmente no cobran o cobranmuy poquito. Si subimos los precios, y mire que lohemos hecho con mucho cuidado, hemos hecho lacuadratura del círculo, para seguir cobrando el canon,tener los mismos ingresos o más que cuando estábamosnosotros -el canon a que tenemos derecho, y por lo tantoes una obligación de la Comunidad Autónoma-, queentren empresas privadas, que tengan sus beneficios,porque si no no entrarían, y después que los precios delciudadano en dos tramos sean más baratos y en un tramosea más alto, en parte de un tramo, en novecientas y picopesetas... pues yo creo, señor Puche, que eso ha sido...La verdad, si usted lo piensa tranquilamente, con todoslos beneficios que le ha repercutido al ciudadano, que notiene que hacer colas, que usted no lo ha dicho, y colasson dinero; hoy día el perder una hora, dos horas, treshoras en una cola, eso, a cualquier ciudadano que ustedse lo diga, es dinero. Ahora, si ustedes le están vendien-do que están pagando muchísimo más, una escandalerade dinero, pues evidentemente como no van a ponerse amirar las pesetas pues ustedes le están haciendo un flacofavor a la Región, porque los datos están ahí, en cuanto a


pesetas, pero ustedes sabrán lo que hacen en cuanto a suconcepto de mandar a determinados grupos a decir "puesvas al Defensor del Pueblo", que es un tema al que tienederecho todo el mundo, pero evidentemente los datosestán muy claros en cuanto a los precios, las tarifas,etcétera. Y cuando el Defensor del Pueblo vea lo quehemos subido y lo que hemos bajado me imagino que lacosa no va a estar tan clara para los que han presentadola defensa al Defensor del Pueblo, valga la redundancia.

Bien. Ya he explicado lo que pasa en Valencia, enAndalucía y Castilla-La Mancha no. Dice usted que nose justificaba la subida, pues ya le he explicado por qué;porque, claro, si no subimos no entran las empresas, y sisubimos dice que por qué sube, y si no cobramos elcanon para que entren las empresas, "¿y ustedes por quéno cobran el canon?". Claro, ahí está usted perdido si vaal tema. Cuando usted privatizó, tenía que haberse dadocuenta de que existen dos conceptos, el canon que tieneque cobrar la Comunidad Autónoma, que tiene elderecho y el deber de cobrarlo, y una tarifa que tiene quecobrarse a las empresas privadas, y eso había que hacerloasí, y por lo tanto al final lo hemos hecho con el máscuidadoso estudio para que no sufriera el bolsillo delciudadano, a pesar de que usted esté diciendo que eltema es la subida.

Bien. Ilegales, en cuanto a la parte de las tasas. Puesya se lo he explicado. Usted tiene esa, digamos,diferencia de concepto porque dice "la tarifa de la tasa",y la tarifa de la tasa es un concepto que al final se escribeen la factura donde pone "tarifa a pagar", pero realmenteesa factura puede ser o tarifa si lo cobra el propioempresario o tasa si lo cobra la Administración, y eseconcepto fundamental es el que hay que tener claro,aunque ponga tarifa o no ponga tarifa, que es lo que lehace pensar en la ilegalidad. Pero ya le digo, si ustedviene pensando que es una ilegalidad, pues vaya usted,porque ahí sí que es grave, que usted piensa que es unailegalidad y aquí mantengamos una ilegalidad. No esnuestro criterio, nuestra idea, ni lo más lejano. Además,yo creo que usted entiende y conoce mi forma de ser, ydesde luego no sería yo el que mantuviese una ilegalidaden esta Comunidad Autónoma en absoluto.

Usted bien ha dicho que se establecen sanciones deTráfico para el que no haya pasado la inspección técnicade vehículos. Efectivamente, esas 750 pesetas que lefaltan a Valencia son necesarias para que la DirecciónGeneral de Tráfico sepa perfectamente quién ha pasado ono ha pasado la inspección técnica de vehículos.Valencia tendrá que hacerlo, evidentemente, porqueantes existía una situación especial en Valencia queahora se ha normalizado.

Después me ha hablado de la transparencia delproceso, y ahí, señor Puche, tengo que decir dos cosas,una, si quiere, en contra mía y otra en contra suya. Yo nole puedo aceptar que no haya habido transparencia en el

proceso. Yo creo que se ha hecho muy pulcro, se hahecho con un seguimiento exquisito por parte de laDirección General de Industria y por parte de la mesa decontratación.

Y en contra mía, la petición de información. Puesmire usted, la petición de información pasa lo siguiente,yo se lo voy a explicar y usted me creerá o no me creerá.La petición de información, evidentemente, yo la tengo.Ahora mismo usted ha dicho tantas cosas que no lepuedo responder a tantas porque ni siquiera me ha dadotiempo a apuntarlas, pero la tenemos, no lo voy a negar,esa petición de información. Como usted sabe, lapetición de información no tiene plazo, pero es queademás en este caso concreto, como usted por lo visto seha enterado hoy, pero yo creo que lo sabía antes, ustedsabe que hay tres recursos que han obligado a que todolo que usted ha pedido, la camioneta de información queusted ha pedido, que es una camioneta, la tiene eltribunal. Por lo tanto, en el tribunal la puede usted ver,pero nosotros no tenemos todos los datos que usted nospide, no tenemos todos los datos, pero evidentementeexiste en este momento esa documentación bajo unosrecursos que se han producido dentro de las posibilida-des que tiene cualquier ciudadano de no estar de acuerdocon una concesión, y eso supone, son veintiún expe-dientes tremendos, que nosotros haremos... no sé, yahablaré yo con usted a ver cómo quiere la información,si quiere verla allí en una nave completa o si quiere quese la mandemos a algún sitio, pero ya le digo que es unacamioneta de información.

Por lo tanto, yo ahora mismo no le podía decir acada uno de lo que me ha dicho, si ha respetado el pliegode cláusulas, si se ha modificado el criterio... El criterioya se lo he dicho antes, no se ha modificado el criterio,pero, bueno, ya se lo diremos, usted mirará a ver si se lohan modificado, pero de todas formas están en el tribunalcorrespondiente todas las ofertas que se han producido,todos los recursos que se han producido. Y, evidente-mente, lo que al final no le puedo yo decir es que ladevolución de las cantidades cobradas, como desdenuestro punto de vista ha sido todo totalmente legal,nosotros no podemos devolver cantidades cobradas,porque es que, además, si usted está diciendo "devolu-ción, 75 millones". ¿En qué se basa usted? A mí megustaría saber, cuando haga sus números, dónde están los75 millones o qué cantidad o a quién hay que devolverlo,o si las cantidades que hay que devolver son 400 pesetaso 900, y si eso es una barbaridad, como usted dice. Yono le entiendo, no lo creo y por lo tanto no estoy deacuerdo en lo que está diciendo.

Y, en fin, lo único que queda no se lo puedoexplicar aquí, tal vez en cualquier momento hablaremosde cómo le mando la información o cómo usted va a verla información y cómo estudiamos ese tema, pero en eltribunal la tiene usted, evidentemente, porque si se acaba


de enterar de que hay tres recursos tampoco tenemosningún miedo ni ninguna preocupación de decir que sehan producido tres recursos y que los tres recursos estánen el tribunal para que los ciudadanos puedan hacer usode lo que les faculta la ley. Nosotros tenemos laconciencia tranquila, creemos que los procesos se hanhecho totalmente ajustados a derecho, que no hayilegalidad en las tasas o tarifas, que los precios sonfrancamente buenos para el ciudadano, con todas lascontraprestaciones que se le dan, que tampoco esexcesivo lo que el ciudadano al final paga, que soninferiores a las comunidades autónomas vecinas, que laúnica diferencia que puede haber con la ComunidadValenciana, ésta del PP, que pueda ser más baja quenosotros es porque en este momento todavía no tienenresuelto el tema de la tasa de Tráfico, pero que ésa es larazón fundamental.

Y por lo demás, señor Puche, yo creo que le hecontestado todo y nos quedamos pendientes del tema dela información.

Y al señor Alburquerque, pues solamente decirleque ya he contestado a su pregunta de la disminución dela tarifa, de la tasa de 1.000 pesetas, la tasa de Tráfico, a350 pesetas, que nos ha parecido oportuna. Nosotrosconocíamos que la tasa de Tráfico iba a disminuir puestoque eran negociaciones que estábamos llevando con laDirección General de Tráfico, y se produjo la primerafirma en Murcia de todo el territorio nacional, y por lotanto nosotros estamos orgullosos de que hemos hechoun paso de gestión pública a gestión privada, con lodifícil que era eso, que el grupo Socialista en el Gobier-no ni se atrevió a tocar a pesar de que era un mandato dela Asamblea, nosotros creemos que lo hemos hecho deforma totalmente transparente y beneficiosa para losciudadanos, y el tiempo se encargará de dar la razón aquien la tiene, que en mi opinión, no voy a decir que latenga, pero en mi modesta opinión creo que la tiene eneste caso el Gobierno regional.

Muchas gracias, señor presidente.


Muchas gracias, señor consejero.Corresponde ahora un breve turno ya de réplica.En primer lugar, señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.Yo comprendo los esfuerzos que se hacen por

explicar las cosas. Yo creo que hay cosas evidentes yque convendría que al menos, con el fin de que losciudadanos tengan claras las cuestiones, conviniéramostodos aquí esta mañana.

Creo que no se puede de algún modo negar lo queestamos afirmando desde la oposición, que las ITV en laRegión de Murcia han sufrido un incremento en el pagode los ciudadanos muy importante, señor consejero, leguste o no.

Yo creo que utilizando términos homogéneos entodos y cada uno de los planteamientos, deberíamos decoincidir en que lo que costaba 2.755 pesetas este año,antes de la concesión administrativa, según pliegopretendía ir en una primera revisión a los vehículosmenores de 3.500 kilos, iba en aquel momento a 4.364,contemplando el 16% de IVA más la tasa de Tráfico, queentonces estaba en 1.000 pesetas. Esto posteriormente,como consecuencia de la reducción de 1.000 a 350pesetas, ha quedado en un total de 3.714 pesetas, estosupone un 34,8% de incremento con respecto a lo que sepercibía antes de la concesión administrativa.

Bueno, pues tenemos un dato, afirmemos ese datotodos, que por lo menos el ciudadano entienda que todosdecimos las mismas cantidades y que ésas son lascantidades que operan en la realidad. Otra cosa es que elPartido Popular y el Gobierno del Partido Popularjustifique esa medida y desde la oposición no lacomprendamos ni la compartamos, pero es bueno que almenos no confundamos a la opinión pública en relacióna lo que opera en la realidad.

Una primera valoración. Hombre, la subida esimportante. Hay otro elemento que yo creo que puedetener una justificación técnica, porque en realidad sepresta un servicio, pero yo creo que políticamente no esdefendible que se cobre por la segunda revisión, cuandoantes no se cobraba, en un servicio que reporta benefi-cios a las arcas autonómicas. En ese supuesto nosestamos elevando a 5.396 pesetas, en esa segundarevisión de vehículos menores de 3.500 kilos, quesupone un 95,8% de incremento, con el añadido de quesi se produce una tercera o una cuarta se sigue cobrando.Esto no existía, con lo cual se puede disparatar absolu-tamente los porcentajes de incremento.

Y todo esto, señor consejero, en una comunidadautónoma donde tenemos los salarios más bajos de todoel Estado español. Es decir, esta medida en la prácticasignifica rebajar el poder adquisitivo de todos losciudadanos.

Y significa otra cuestión, yo lo entiendo perfecta-mente, y además no le voy a negar que haya sidoposiblemente el señor consejero quien ha conseguido eseacuerdo con la Dirección General de Tráfico en Madrid,y que se haya extendido a otras comunidades autónomas,hasta casi lo doy por hecho, fíjese, pero es que a eso yono le doy ningún valor, al contrario de lo que usted hace,yo le doy totalmente el contravalor de lo que tiene,porque usted lo que hace es tomar esa medida cuandoobserva, lógicamente, que se ha disparado el precio de la


prestación de ese servicio, que las críticas le llegan deuno y otro lado, y entonces intenta aminorar el impactode esa subida. ¿Y cómo lo aminora? Lo aminorareduciendo la posibilidad de ingreso del Estado a unatasa, sin tocar los beneficios privados que puede reportaral concesionario que va a desempeñar esa función.

O sea, parar las críticas tiene un coste para elconjunto de los ciudadanos del país, no de la región, delpaís, y se dejan intactos los intereses de la iniciativaprivada. Bueno, pues yo eso, lejos de ser un valor creoque es de mérito en cualquier caso, no es en ningún casoalgo sobre lo que se tenga que saludar o felicitar lagestión del consejero, hubiera sido felicitado en el casode que hubiese ajustado la tarifa a percibir por lainiciativa privada al coste real de la prestación de eseservicio.

Por tanto, hombre, yo creo que primero hay queestablecer claramente que hay una subida muy impor-tante, que yo creo que no es de recibo. Estamos pensan-do en los ciudadanos que tienen un contrato a tiempoparcial o que van al campo de Cartagena y ganan 80.000pesetas, se tienen que desplazar en su coche. Estamospensando en ese tipo de personas que no tienen acceso abienes de consumo de tamaño medio-alto, sino quetienen unas posibilidades económicas muy reducidas demaniobrar. En ese sentido creo que es una medidanegativa.

Los datos. Yo tengo los datos aquí del año 96, queson los últimos a los que hemos tenido acceso, ytenemos que de un total de 174.000 inspecciones que serealizaron en ese año, 125.000 lo eran de turismos, conlo cual, lógicamente, los destinatarios de la subida estánclaros y el impacto de esa subida está claro a quién vadirigido. Hablaba antes del casi 50%, creo que era elseñor Puche. Pues por ahí anda la cuestión.

Antes hacía alusión el señor Alburquerque a lacláusula de sanciones. Bien, el pliego de condicionesadministrativas lo dice muy claro, que si en el plazo dedoce meses cualquier empresa adjudicataria que enteoría tiene que construir otra estación de ITV en Molinao en San Pedro del Pinatar no lo hace, ¿qué es lo quepasa?, que el señor consejero tendrá que promulgar otraorden para abrir otro concurso para que puedan presen-tarse esas otras empresas. En ningún caso le suponeretirar la concesión a la ITV que esté desempeñando esafunción, y le garantiza en cualquier caso que el plazo deconcesión se va a cumplir. Eso sí, establece la posibili-dad de no establecer un tipo de prórroga.

Y entre las causas que establecen la extinción de laprestación, se dice "la no iniciación de la explotacióndurante el plazo fijado en el contrato, tanto con referen-cia a las ITV en funcionamiento como en relación conlas de nueva construcción previstas en el presentepliego". ¿Qué quiere decir esto? (Es que está muy bienredactado). Esto quiere decir que si la iniciativa privada,

el concesionario, realiza una inversión, monta una ITV yno inicia la explotación de esa ITV, podrá ser sancionadaen esa ITV pero no en la concesión inicial que hubieratenido. Eso es lo que dice esto, eso es lo que dice elpliego de condiciones. Por tanto, que también quedeclara esa cuestión.

Nosotros pensamos que aquí ha primado un criteriopolítico que creemos que es coherente con el discursodel Partido Popular, por tanto no tenemos que extrañar-nos de la medida que han adoptado. Que nosotros nocompartimos en absoluto, pero que además creemos queni desde el punto de vista económico es beneficioso parala Administración regional ni para la Administracióncentral, que ya se ha visto la reducción de la tasa que haoperado; no es beneficioso tampoco para la calidad en laprestación de ese servicio.

Nosotros se lo dijimos en su momento, inicialmentese había previsto incluso, precisamente para garantizarque la calidad de ese servicio fuese práctica y real, elfijar una ratio de vehículos por hora, un máximo devehículos que pudieran pasar por las ITV cada hora. Esogarantizaría que los servicios de inspección pudierandetenerse en observar la amortiguación de los vehículos,la dirección, la suspensión... en fin, todos los extremos,los frenos, luces... los elementos más importantes.

Hemos observado, finalmente, que los ratios que ensu momento se establecieron desaparecieron, por tantono existe un número de vehículos máximo que se puedarevisar en cada ITV. Eso es un elemento que influyeclaramente en la propia calidad de la prestación de eseservicio, que no se han sujetado en las posibilidades quetenía la Administración.

Señor consejero, ya por concluir, creo que hay algopositivo que yo entiendo que van a saber interpretar losciudadanos. Si éste es el modelo de privatización quetiene el Partido Popular, desde luego los ciudadanos vana tener una lectura de lo que significa la privatización, yvan a entender que esa privatización supone un mayorcoste que tienen que hacer frente los ciudadanos paraque se produzca la concesión administrativa. Es algo queya vienen observando en otras esferas de la Administra-ción, en este caso la local, todo aquello que se concedeadministrativamente a la iniciativa privada suponeinicialmente una subida del pago que realizan losciudadanos, y digo posteriormente, ya veremos lo queviene posteriormente, ustedes tendrán que autorizar, apetición de las empresas concesionarias, subidas paraajustar sus cuentas de resultados. Lo tendrán que hacerporque es la tónica general que opera en la Administra-ción. Y los ciudadanos van a asociar que las privatiza-ciones, el discurso privatizador del Partido Popular, laverdad es que no le reporta ningún beneficio económiconi de calidad a los ciudadanos.

Desde luego, hubiésemos querido que esa sensibili-dad que tanto hablaba el Partido Popular de rebajar


genéricamente los impuestos no se hubiese trasladadoúnica y exclusivamente al impuesto de actividadeseconómicas, a la deducción de la segunda vivienda, a laactualización de balances empresariales, al impuesto desociedades, sino que se hubiera planteado en cosas deldía a día que tiene que hacer uso el ciudadano de laAdministración, y que nosotros creemos que en esto,como en otras muchas cosas, cuando se trata de benefi-ciar o perjudicar a la mayoría social de esta región puesustedes optan por beneficiar a unos pocos y perjudicar aunos muchos. En ese sentido, manifestar que nuestraposición es contraria a esta medida que toman ustedes,que entendemos que la tomen porque es su política, peroque, lógicamente, manifestar que, sin entrar en cuestio-nes de tipo jurídico, que no vamos a entrar, no creemosque sea ése el debate que se debe abordar aquí, política-mente su medida no la podemos compartir y creemosque no es bueno para los intereses generales de laComunidad Autónoma ni para los intereses de losciudadanos de esta región.

Nada más.


Muchas gracias, señor Jaime Moltó.Señor Puche.

SR. PUCHE OLIVA:

Vamos a ver, señor presidente, señorías.Yo quería hacer tres o cuatro puntualizaciones y

con el mismo respeto, aunque en algunas ocasiones lasvaloraciones políticas que hagamos en el PartidoSocialista pudieran ser duras, o a lo mejor no lo sontanto, pero desde luego con respeto y sin calificaractuaciones.

Pero, claro, aquí, cuando se dan unas cifras, unido aque se dice que no son las adecuadas o que no son lascorrectas, que las correctas son otras, pues "si tienenustedes empanada mental", "si no la tienen...", en plandespectivo, lo cual ni me molesta ni me deja de molestar;yo creo que deja a las claras estilos distintos, que ademásyo a usted no le supongo.

Mire usted, aquí hay un problema que se lo he dichoanteriormente, y es que estamos utilizando los númerossegún nos parece o según nos interese. Dicen: "vamos alos números oficiales". Yo le digo a usted que másoficiales que el recibo que se le da al ciudadano, salvoque se le esté engañando, no hay otro, lo que pasa es queése lleva la tasa, el IVA y la tasa de Tráfico, en el casode Murcia lo lleva así, números oficiales, y sale unacantidad. Si lo tenemos en cuenta en todos sitios igual,habrá un elemento de comparación, pero en todos sitiosigual, es decir, lo que paga el ciudadano. También

podemos coger otros números oficiales. ¿Qué es lo quenosotros cogemos para decir cuál es la voluntad de laComunidad Autónoma? Números oficiales, un cuadroque nosotros leemos y decimos. Por ejemplo, envehículos de menos de 3.500 kilos se pagaban 1.625pesetas de tasa, eso también es oficial, 1.625 de tasa, meestoy refiriendo a la tasa, antes de la concesión; 2.900con la concesión, me estoy refiriendo a la tasa, datosoficiales, está en la Ley de Tasas y en la orden delconsejero, 2.900; 1.450 por la segunda; eso supone 1.275de diferencia, el 78,4%, aproximadamente, sobre lastasas. Ésos también son datos oficiales, y si además lesumamos la segunda, 2.725, 167.6%. Estamos en la tasa.

Nos vamos a lo que dicen los ciudadanos, vayámo-nos todos en todo. Y entonces yo le digo, señor conseje-ro, sobre su artículo: lo que cobraban a los ciudadanos,que era lo que intentaba ser su artículo, porque usted lascifras que daba en su artículo sobre datos oficiales eranlos datos que un ciudadano pagaba a principios de año,lo que pagaba, que se lo he leído yo anteriormente. Ydecía: "4.564, mayor de 3.500", decía eso.

Bien, eso es lo que pagaba un ciudadano, lo tengoyo aquí en el papel, lo he leído antes. Pero es que luegocompara con lo que se supone que paga un ciudadano en1.998. No es así, no son 4.250, son 4.874. Eso es lo quepaga, aquí están los papeles. Luego si quiere, señorconsejero, se lo enseño. Por lo tanto, no se puede afirmarque hay una bajada; hay una subida del seis y pico, le hedicho anteriormente. Ésos son los datos.

Comparación con Valencia. Bueno, pues conValencia resulta que si tenemos en cuenta lo que unciudadano paga aquí en Murcia a principio de este año,son 3.714, vamos a ponernos en el mismo plano queusted se pone, 3.714, datos oficiales, los de la ITVComunidad Autónoma de la Región de Murcia. Lo quepaga el día 30... si se ha solucionado en Valencia, mejor.Está solucionado. Bueno, pues después de estar solucio-nado, porque ésta es del día 30-03-98, lo que paga el día30-03-98 un ciudadano que aquí tiene su NIF, su tal ycual son 3.550, es decir, menos. Y es que en loscamiones ocurre lo mismo, porque la normativa deValencia dice que "Las tarifas establecidas en el presenteacuerdo incluyen la totalidad -que es lo que he dicho yoanteriormente, que vuelvo a repetirlo- de los gastosimputables a la inspección excepto el IVA". Por eso yohablaba del IVA, es decir, que a la tasa de ellos le sumanel IVA, y nosotros tenemos que hacer lo mismo, porquees lo que paga el ciudadano al final. En definitiva,estamos hablando sobre lo que paga el ciudadano: menosen Valencia que aquí. En los camiones, también.

Por eso yo decía el otro día, señor consejero, que noestaba diciendo la verdad o alguien le estaba induciendoa eso, que yo creo más lo segundo, a lo mejor tambiénsin mala voluntad, pero es la realidad, aquí están los


papeles. Bien.Bueno, digo esto para darle racionalidad. Sentado

en esa situación, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo queocurre, efectivamente, que desde el punto de vistapolítico ustedes entienden que las subidas que han hechoson las adecuadas, nosotros entendemos que no son lasadecuadas, que son desorbitadas.

Otra puntualización. Vamos a ver, dice: "Aquí seestán manejando dos criterios distintos para definir unatasa, dos criterios distintos, y en una se recurre a tarifa yen la otra no". Nosotros consideramos que no hay querecurrir ni a tarifas ni a no tarifas ni a quién material-mente la cobra, otra cosa distinta es quién la controla,quién es la autoridad. Y pongo el ejemplo de lasempresas concesionarias del alcantarillado o de lasbasuras en los ayuntamientos, que cobran la tasamunicipal y son concesiones, etcétera, etcétera, y otraserie que hay por ahí.

Al final, el criterio que nosotros estamos mante-niendo es muy sencillo, se lo he dicho anteriormente yno se debe ni a empanada mental ni nada, no es nuestrocriterio, es el del Tribunal Constitucional. El TribunalConstitucional, en la sentencia del 95, generadafundamentalmente (me imagino que tendrán conoci-miento de ella) para dirimir toda la confusión que segeneró sobre qué era tasa, qué era precio público,etcétera, etcétera, sobre unas tasas de la Universidad, sino recuerdo mal, pero es que el Supremo también,posteriormente, mantiene la misma doctrina, y la LeyRegional abarca esa doctrina, dicen que fundamental-mente hay dos elementos que conforman la tasa paradefinirla. Los demás no, esos dos elementos nada más:una de ellas, que se presta al régimen de monopolio, quees el caso, no es de libre concurrencia, es la Administra-ción, lo que pasa es que lo hace a través de entidadcolaboradora, mixta, directamente, etcétera, etcétera. Y,la segunda, que es coactivo el servicio, en el sentido deque es de obligada solicitud. Ésos son los criterios que sedesprenden del Tribunal Constitucional, fundamental-mente el último como el que delimita si es una tasa o noes una tasa la entidad tributaria, y por tanto entendemosdesde el grupo parlamentario Socialista que es esa laposición.

Si tenemos empanada mental, la empanada mentalla tendrá el Constitucional y el Supremo, que desdeluego no le reconocemos ninguna empanada mental.

Dicho eso y con toda esa serie de precisiones, deque al final hablemos por lo menos en el mismo plano,porque si no desde luego a los ciudadanos los liamos,pues desde el grupo parlamentario Socialista, en primerlugar, desde luego lamentamos que no se nos hayaremitido la información y que no se nos haya contestadoa la información que hemos planteado. que son las que alfinal van a delimitar también otro aspecto, y es el otroaspecto sobre... aparte de la falta de transparencia, qué es

lo que hay en ese concurso, que nosotros por lo menos,de la misma manera que usted dice que ha sido total-mente correcto, las noticias que nos han llegado a travésde los medios de comunicación, etcétera, etcétera, es deque no es tan correcto. Y por lo que hemos podidoanalizar tenemos serias discrepancias en algún apartado,y además queremos saber si hay algunos más.

No nos ha dicho, además, si va a proceder o no va aproceder a la devolución. Es verdad que no lo tiene laComunidad Autónoma. Claro, si lo han cobrado losempresarios, la Comunidad Autónoma tendrá el canon.Dentro de ese acuerdo, de ese contrato, la ComunidadAutónoma anulando actuaciones puede obligar a quienhaya cobrado que le devuelva a los ciudadanos, porqueentendemos que es ilegal, y entendemos que se deberíade devolver. ¿A quién? A los ciudadanos. Lo digo poralguien que ha preguntando antes a quién se devuelve: alos ciudadanos.

Nos hubiera gustado, señor consejero, también quehubiera dicho aquí que aunque su grupo parlamentario lorechazó con motivo de la moción, y que no quiero entraren ello, lógicamente, como he dicho anteriormente, quenos hubiera dicho que a la vista de los argumentos aquíplanteados, los argumentos políticos fundamentalmente,y visto que es una realidad que todos reconocemos enmás o en menos, pero que reconocemos, el tema de quelos turismos fundamentalmente son los que salen másperjudicados, yo creo que eso lo hemos reconocidotodos, unos en más y otros en menos, unos dicen que,bueno, con las mejoras, con no sé qué no sé cuántopuede estar, otros con el canon, etcétera, pero encualquier caso nos hubiera gustado que al final ustedhubiera concluido diciendo que iba a remitir unaproposición de ley de modificación de la Ley de Tasas,que se modificó con la Ley de Acompañamiento paraelevarlo a sus posiciones -claro, se ríen- para rebajar lastasas.

Porque, en cualquier caso, no nos parece excusadecir "hombre, es que algo tienen que subir porque a lasempresas privadas hay que pagarle canon". Me imaginoque eso lo sabían cuando hicieron el programa electoral,me imagino que lo sabrían, que decían "más barato ymejor", y máxime aquí, además, con el cuello que da elsuperávit, según la liquidación del presupuesto del 96,también en el 97 lo ha habido, aunque hay ahí queconsiderar los tres meses qué repercusión tienen, notanto los tres meses, no generan porque ha habido unpoquico más porque estaban mezclados, pero el del 96nos sirve perfectamente, con ese superávit podríahaberse evitado subir las tarifas y a la vez que le pagaranel canon y además que ganaran dinero.

Porque es que, además, con ese superávit, incluso, ycon menos de ese superávit resulta que las mejoras quedicen los empresarios que van a hacer, de 600, de 100millones, que son menos para esas dos estaciones, y si se


supone que hay mejor servicio irá más gente, la amorti-zación importa bastante menos dinero que el superávitque hay anualmente. Con lo cual, con ese superávit quese supone que también ellos lo mantienen pueden cubrirla amortización de las mejoras, o parte importante deellas más la creación de los puestos de trabajo que crean,pero como además hacen mejor gestión, pues seguro quetienen ganancias. Con lo cual yo creo que es perfecta-mente justificable que se planteara esa modificación dela ley para bajarla y, desde luego, que fuera a iniciativasuya, de acuerdo con las peticiones que le han hecho lasorganizaciones vecinales.

De la misma manera, esperábamos que hubieradespejado de manera contundente algunas anomalías eirregularidades que en algún caso nosotros entendemosque puede ser constitutivo de nulidad.

Dice usted que el que se haya hecho una tabla obaremo, tal como refleja me parece que es el apartadonúmero 10 de la orden, según nos dice usted, habla deuna escala y de una puntuación, eso no modifica en nadalas condiciones particulares del pliego.

Si usted establece posteriormente, después de haberabierto las plicas y a la vista, para valorar cualquieraspecto, como es este caso, el apartado c), aunque tengauna repercusión del 20%, usted modifica los criterios oañade nuevos criterios que no estaban anteriormente,resulta que está modificando el pliego de cláusulasparticulares. Es así de claro. Y si además establece elperíodo de referencia, en vez de los tres años que dice laLey de Contratos del Estado, en dos, está modificando elpliego. Ése es también nuestro criterio, pero no sola-mente es nuestro criterio, es también el criterio de laJunta Consultiva de Contratación de la Administración,que en un caso similar dice -se lo leo-, referido a unaconsulta que le hace el director de la Oficina de Patentesy Marcas, del Ministerio de Industria y Energía, sobremétodos o fórmulas para valorar el precio como criteriode selección de ofertas en el concurso que articulara enel pliego de cláusulas administrativas particulares comocriterio de adjudicación el del precio de la oferta, conuna moderación del 35%, "no pueden utilizarse -dice-fórmulas distintas a aquéllas que atribuyan una puntua-ción superior a las ofertas de precio inferior y unapuntuación inferior a las ofertas de precio superior, sinperjuicio de la posible utilización de fórmulas que noproduzcan este resultado". En definitiva, no puede variarlo que el pliego le da hasta ese momento, no puedeestablecer variaciones que con las del precio superior, eneste caso la cantidad superior de volumen económico,pueda tener prevalencia sobre la de inferior, si no estáreflejada en el pliego de cláusulas particular.

Es decir, eso es así de meridiano, pero es que estotalmente claro. Si se quería establecer un baremo depuntuación referido a un aspecto que tiene en cuenta el

20% como criterio de adjudicación, lo lógico esestablecerlo en el pliego.

Y algunos elementos más del concurso, comopueden ser... no me ha respondido si ha habido ciudada-nos que se han podido dirigir, etcétera, etcétera, o comono se nos ha mandado la certificación de las ofertasadmitidas al lote 1, al lote 2, al lote 3, no podemosvalorar si todas las que se han presentado se han tenidoen cuenta, han aparecido después como aceptadas orechazadas, y las rechazadas por qué, etcétera, etcétera.En cualquier caso hay toda una serie de aspectos ahí queconsideramos que no están suficientemente claros. Enese sentido, se podría o no se podrían unir a este otro quea nosotros nos parece un criterio también de nulidad, elque después, a la vista de las ofertas, se hayan estadoestableciendo escalas o baremos, según dicen ustedes.

Precisamente por todo eso entendemos que laConsejería, el Gobierno regional es el que debería detomar la iniciativa de la anulación del concurso, por lasrazones que he dado anteriormente y las que he dadoahora, y, a la vez, la devolución de las cantidadescobradas de manera indebida por el daño que se le hace alos ciudadanos.

Entendemos que éste es el planteamiento políticoque debiera de realizar el Gobierno, y no me aparto deaquí que también tiene un componente político. Les hedicho anteriormente que la posición del grupo parla-mentario Socialista se basa en haber estudiado tambiénjurídicamente el tema y haber solicitado asesoramiento,hemos solicitado asesoramiento externo a institucionesindependientes de la Administración, de ustedes y delgrupo parlamentario Socialista, de sus técnicos y de lostécnicos, y también respaldan nuestras posiciones.Asesoramiento que nosotros en absoluto no queremosutilizar para seguir actuando políticamente, porquequeremos que lo hagan ustedes y que deberían dehacerlo, y en este sentido, señor consejero, le voy a decirque en el plazo de un día, de dos días... tome esadecisión, porque este tema ya va rondando muchotiempo, y nosotros preferimos eso.

Caso de no hacerlo, señor consejero, nosotros desdeluego ese asesoramiento que tenemos lo pondremos envalor no para nosotros sino para los ciudadanos, de caraa que también puedan defender sus intereses y de cara aque, con ese asesoramiento, nosotros hagamos en elfuturo también todas las actuaciones políticas y jurídicasque nos puedan asistir en lo que es la defensa de losintereses de los que representamos. Y le digo queestando legitimados para ello, no queremos acometer,porque consideramos que este tema debiera de hacer laAdministración, y con ese objetivo y con esa idea y conesa voluntad le mandamos aquella primera carta alpresidente de la Comunidad Autónoma, al empezar esteproceso el grupo parlamentario Socialista, después de


haber estudiado esto durante bastante tiempo, hasta vertodas las connotaciones que pudieran tener desde elpunto de vista jurídico y también desde el punto de vistapolítico. No nos tiramos a las primeras de cambio,cuando leímos hacia final de septiembre la resolución delsecretario de la Consejería, no nos tiramos a las primerasníspolas, como se dice en la huerta, y permítanme laexpresión, lo hicimos después de haber estudiado todoslos procesos adecuadamente.

En este sentido, preferimos nosotros esa vía,lógicamente sin renunciar a la legitimidad, y noquisiéramos seguir políticamente. Y con esto le respondoa una de las afirmaciones que usted ha hecho, señorconsejero.

Mire usted, yo creo que no se pueden dirimir lasdistintas posiciones políticas y las distintas posiciones dela Administración, entre oposición y gobierno, con"váyase usted a los tribunales". El grupo parlamentarioSocialista, mientras que le quede, sépalo el señorconsejero, cualquier recurso político en sus manos lo vaa emplear al máximo. Y después, lógicamente, no siendoamante de tribunales, si consideramos que los tribunalesno tienen conocimiento, no se le ha puesto en conoci-miento algún aspecto de los que nosotros consideramosque también se debiera de contar para un mejor enjui-ciamiento de la situación, lo haríamos, pero no queremosir a los tribunales ni queremos estar en los tribunales niligados a ningún proceso que pueda ir a los tribunales.Consideramos que ese tema más que con la mayoríaabsoluta, más que con la apisonadora del grupo mayori-tario, se debía de solucionar mediante la aceptación,porque hay una cuestión lógica y objetiva en la que todoscoincidimos, unos por unas razones y otros por otras, yes que se le ha subido a los ciudadanos.

En definitiva, esperamos, señor consejero, querectifique, esperamos que vaya a una posición de defensaclara y manifiesta de los intereses de los ciudadanos, taly como han ido manifestando asociaciones y ciudadanosen los medios de comunicación mediante carta, y salgade esa posición, que es también muy legítima pero quedesde luego desde el grupo parlamentario Socialistaentendemos que es total y absolutamente errónea ydañina para los intereses de los más de 200.000 ciudada-nos, o alrededor de 200.000 ciudadanos, que se acercan alas ITV, o por lo menos que se han venido acercando.Ahora, si son menos, que esperamos que sean más,porque si el servicio es mejor deberán ser más y rescatarlos que estén en otras regiones, pues los que sean, quedefendamos a esos ciudadanos y no a los empresarios dela concesión, aunque sea de manera involuntaria.

Nada más, señorías. Nada más, señor presidente.


Muchas gracias, señor Puche.

Por el grupo parlamentario Popular, señor Albur-querque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente. Y muy brevemente por loavanzado de la hora ya.

Quiero comenzar replicando a la intervención delportavoz del grupo de Izquierda Unida, señor Jaime, quepor cierto creo que le ha dado un baño importante algrupo Socialista, en lo que se refiere a lo que yo creo quees una oposición seria y constructiva, con la cualdiscrepamos abiertamente, desde luego, pero nos parecemás basada en el rigor, aunque, como digo, discrepamosen aspectos tales como por ejemplo el tema de lasegunda inspección, que él considera no importante, peroque no olvidemos que la inspección técnica de vehículostiene una utilidad única, que es velar por la seguridad enlas carreteras de la región. Entonces, en este sentido,considerar como nosotros consideramos que el cobro dela segunda inspección puede mejorar de una manerasustancial la seguridad vial en nuestras carreteras, ya nosparece un argumento básico a efectos del cobro de estatarifa.

También comenta el señor Jaime que se aminora lacapacidad de ingresos del Estado en cuanto al convenioque se ha suscrito con la Dirección General de Tráfico.Discrepamos; también tenga usted en cuenta que se estácobrando el IVA, y, como usted bien sabe, el IVA locobra el Estado. Se equilibra lo que la Dirección Generalde Tráfico no va a cobrar mediante la anterior tasa por eltributo del impuesto del valor añadido. Por lo tanto, yocreo que la gestión ha sido adecuada en cuanto que se haequilibrado la reducción de un lado con el incrementopor el otro.

De nuevo usted reitera el tema de la rescisión, no veclaro que se vayan a construir las dos nuevas inspeccio-nes técnicas de vehículos, y yo me reafirmo en este casoen un nuevo artículo del pliego, el artículo 18, (mepermite usted un segundo). El artículo 18 señala que "lasnuevas estaciones deberán entrar en funcionamiento enel plazo de doce meses", por lo tanto la no cumplimenta-ción, ya refiriéndome al capítulo V, supondría larescisión del contrato completo, por cuanto se incumpli-ría un trámite que, como aquí se señala, es completa-mente necesario.

Y ya también, en aras de la brevedad, como decíaanteriormente, cuando el señor Puche comenta que no hasido razonable lo expuesto por el consejero con respectoal tema de camiones, en cuanto que ha habido unincremento y no contabilizar el IVA, reitero algo queparece obvio, en todos los camiones el IVA es repercuti-ble y es desgravable. Por lo tanto, contabilizar eso no nosparece que tenga sentido. Sí en el caso de turismo,ciertamente sí en el caso de motocicletas, pero no en el


tema de camiones.Señala usted de nuevo que en Valencia tuvieron la

habilidad de incluir en esta tarifa la totalidad de losgastos. Me parece que usted no se ha leído de nuevo elpliego de condiciones, donde señala en el artículo 8, elque se refiere a las tarifas, y leo textualmente: "En todaslas precedentes tarifas se encuentran comprendidas latotalidad de los costes necesarios para realizar lainspección del servicio de que se trate, incluida etiquetaautoadhesiva y los impresos que se utilicen. Sólo podránincrementarse en las tasas e impuestos que sean deaplicación". Por lo tanto, estamos en las mismascondiciones que en la orden de la Comunidad Autónomade Valencia.

De nuevo se confunde usted de una maneratremenda cuando intenta comparar esta tarifa con lo queocurre en los ayuntamientos con el tema de basuras. Seequivoca usted de una manera notable de nuevo, entodos los ayuntamientos que tienen la concesión delservicio de basuras se le paga a la empresa a través delos presupuestos del propio ayuntamiento, puesto que esel ayuntamiento el que cobra la tasa. Por eso una tasa,porque es el ayuntamiento el que la cobra, y la empresacobra a través de partidas presupuestarias incluidas enlos propios presupuestos.

Y, por concluir, señala usted que tiene unosinformes y un asesoramiento que están deseando ponersobre la mesa para demostrar que sus argumentacioneslegales son las correctas. Es que también lo estádeseando el grupo Popular, y de hecho lo echamos demenos. Quisiéramos tener ya sobre la mesa esosinformes que demuestren cosas tan peregrinas como laque usted dice, que se pueden modificar las tarifas con laLey de Tasas Regional. Estamos deseando ver quéprestigioso administrativista o abogado de esta regiónpuede decir en un informe que se modifican las tarifasmediante la Ley de Tasas. Desde luego, yo le animo,desde del grupo Popular le animamos a que usted saquepor fin de ese cajón donde tienen guardados estosinformes y nos digan quién puede firmar que las tarifasse modifican mediante una Ley de Tasas.

Nada más, señor presidente. Gracias.


Muchas gracias, señor Alburquerque.Señor consejero, tiene usted la palabra para

terminar esta comparecencia.


Muchas gracias, presidente.Rápidamente contestaremos las dudas que quedan.

Señor Jaime Moltó, yo no me puedo arrogar el temade que he sido el que ha bajado la tasa de Tráfico a nivelnacional, lo único que le he dicho es que conocía que ibaa existir esa bajada, pero que no ha sido una autorizaciónpara poner o no las tarifas. Las tarifas se han puesto enfunción, que lo he explicado antes, de una serie decondicionantes económicos que no tienen nada que vercon esto. Conocía, y yo sabía que al final iba a habermenos repercusión, pero eso no es más que es un datomás a favor.

Segundo. En cuanto a hay 125.000 inspecciones.Están dentro del tramo segundo, del tramo menor de3.500 kilos. Y, evidentemente, ahí hay de todo, hayfurgonetas, hay taxis, hay automóviles que dependen dealgún tipo de servicio. También, como hemos dicho, ycreo que estamos todos, a lo mejor hay un 50 por cientoaproximadamente que tienen esa subida, que al finalhemos contemplado, con IVA incluido, para esosturismos de 959 pesetas. Sobre un precio total que antesestaba en 2.755, pues se ha quedado en 3.714. Eviden-temente, ese tema es para mí el único que tendría algúntipo de discusión, y que para mí está muy justificado conesa desaparición de tiempo, de colas, de mejorastécnicas, de mejoras de inversiones nuevas, etcétera...con mejor servicio.

Pero es que, además, como ha dicho el señor Puche,a ver si conseguimos traer los que estaban antes enOrihuela, o los que están fundamentalmente en laautorizada de Murcia, que sí que tenían precios muysuperiores, pero, evidentemente, si se iban allí sería poralgo. Algo hay que hacer para traerlos, y lo que hay quehacer es, fundamentalmente, dar mejor servicio. Y eso loha dicho el señor Puche: vamos a ver si los traemos.Pues vamos a ver si los traemos, porque el precio allí eramuy superior al de aquí, y mucha gente acababa yendoallí.

Bien. También le digo que, efectivamente, hay unaserie de consideraciones en el pliego de condiciones quesi no cumple se le sanciona incluso con resolución decontrato al final.

Y por último, por ir rápidamente, no ha leído ustedel último párrafo, el punto 3.9, del pliego de condiciones,donde, evidentemente, "el ritmo de inspección máximoautorizado será para cada tipo de vehículo el siguiente:línea de vehículos ligeros, 8 vehículos por hora; línea devehículos pesados, 6 vehículos por hora; línea universal,7 vehículos por hora. Luego estamos poniendo ahítambién unas características para que la calidad delservicio se mantenga y que no haya allí, pues eso, que sepasen de vehículos y la gente no pase la inspección. Lainspección tiene que ser así, tiene que seguir unasnormas, unos criterios de calidad.

Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, creemosque se ha mejorado. Es decir, que evidentemente el paso


que hemos dado pues es muy positivo para el ciudadanoy espero que el tiempo nos de la razón, como he dichoanteriormente.

Y al señor Puche, hombre, el incluir la segunda, latercera, la cuarta, la quinta inspección me parece muybien, pero también hay que decir que es un tema distinto.Aquí estamos hablando de los precios, las tarifas o lastasas, teniendo la idea clara, que yo creo que todavía noestá clara, en el sentido del portavoz del grupo Socialis-ta, pero, en cualquier caso, lo que espero es que con eltiempo y con los datos que hemos dado pueda clarificarla situación.

Porque lo que usted se refiere a la sentencia delTribunal Constitucional, lo que hace es distinguir entretasa y precio público, pero ambos son ingresos dederecho público de las comunidades autónomas, deacuerdo con la Ley de Tasas.

No tiene nada que ver el tema, y además le quierodecir: ¿es que usted cree que todas las comunidadesautónomas están incumpliendo la ley, cuando están todasponiendo las tarifas...? Dígame cuál, porque realmente...todas. Las que tenemos alrededor, de acuerdo, pero yahemos dicho antes una panoplia de... Bueno, desdeluego, las que están gobernadas por el Partido Socialistaestán incumpliendo la ley, según usted. Y además nosólo eso, sino que tienen precios más altos que nosotros.Usted nada más que habla de Valencia, que tiene unacaracterística especial, que yo la dejo al lado, ya veremoslo que pasa, pero, desde luego, las suyas, las que estánregidas por el Partido Socialista, y en su momento, lassubieron y aquí no pasó nada. ¿Por qué? Porque hay quecondicionarse al mercado.

Andalucía y Castilla-La Mancha tienen precios entodos los casos, o en un 95-98 por ciento de los casos,superiores a los nuestros. Y usted eso no lo toca, lo pasa,y dice: "bueno, vamos a ir Valencia..." Es del PP, la tienemás baja. Hombre, ojalá fuésemos los del PP más bajosy los del PSOE más altos. Eso diría realmente el espíritusocial que tiene el Partido Socialista a la hora de aplicarunos precios que aquí en Murcia resulta, curiosamente,que el Partido Socialista ve que hemos hecho un...cuando realmente hemos trabajado mucho más seria-mente que en Castilla-La Mancha y Andalucía paraponer unos precios.

Así es que usted sea justo en sus apreciaciones y nohable en sentidos distintos de lo que hacen ustedes y delo que hace el PP. Ojalá vayamos todos a la baja yustedes al alza, porque está demostrándose qué es lo quepasa con eso, ¿no? Y con esta consideración, a mí meextraña realmente que ustedes estén poniendo, porque supartido es a nivel nacional, y no entiendo cómo esposible que tengan criterios distintos en Murcia, enAndalucía o Castilla-La Mancha. Le aseguro que el temapara mí es complicado de entender.

Bueno. Aquí tenía apuntado por qué se iban a otra

región. Pues si usted mismo lo reconoce: precios másaltos. Se iban a otra región porque eran mejores losservicios, o por algo parecido. Y la gente aquí enMurcia, evidentemente, le puedo decir que la autorizada,la privada, está a tope, totalmente funcionado con unosprecios que siempre han sido, por lo menos desde queempezó en funcionamiento, más elevados que las quetenían nuestras públicas.

Evidentemente, como hemos dicho y todos lohemos reconocido, estaban en una situación las ITV dela Administración pública lamentables. Algo tendríanque haber hecho ustedes con esos beneficios que tenían,que usted no dice nada. Pero esos beneficios vienen dehace mucho tiempo y no se han utilizado para mejorar elservicio.

Y es más, pidieron ustedes mismos que se privatiza-ra. Muy bien. ¿Y cómo se privatiza? Pues estableciendoel canon y la tarifa. Y evidentemente esos temas hay queconsiderarlos.

Por lo tanto, yo lo que creo es que al final en estoscriterios económicos podemos mantener cada unonuestra postura. Es difícil de mantener. Yo creo que lomejor es que el ciudadano lo sepa objetivamente, qué eslo que ha pasado, dónde están las diferencias. Dice quepor qué pueden ser tan elevadas. Usted antes ha dicho, yevidentemente es así, que en enero del 97 los camionestenían 4.564 pesetas, tasa A y tasa B, dos tasas, no teníanIVA; y en enero del 98, con el IVA incluido, eran 4.874:+310 pesetas. No era mucho, pero, evidentemente, lo queusted no añade al final es que ese precio, que al final elEstado se lleva el IVA, como bien ha dicho el portavozdel Partido Popular, pero en este caso concreto aquí erarecuperable. Por lo tanto, al final a este empresario, o aeste particular, bueno, particular, suponemos que es unaempresa, no le iba a repercutir, porque estamos hablandode más de 3.500 kilos.

Bien. No podemos hacer una proposición de ley,porque estamos hablando de tarifas. Usted vuelve a decirlo mismo, y me parece muy bien que se mantenga:proposición de ley para rebajar las tasas. Estamoshablando de tarifas, no puede haber una proposición deley. Evidentemente. Bueno, bien, vamos a mantenerlohasta que alguna vez en la vida lleguemos al final,diciendo: "mire usted, para usted son tasas y para mí sontarifas". Pero, en todo caso, sería un decreto, quenosotros creemos que tenemos razón, el tema está en lostribunales, pues yo creo que eso se resolverá en sumomento, y cuando digan quién tiene razón, yo esperoque seamos nosotros, pero bueno, en cualquier caso, esun tema que hay que resolver.

En cuanto a los criterios de valoración. Mire usted,nosotros, lo hemos hecho y lo hemos explicado clara-mente, no tenemos ningún miedo, se lo hemos puestopor escrito y ahí está. Y usted que es profesor, comousted lo ha dicho, cuando hace un examen, al final hace


unos criterios de valoración, para poner hasta diez,supongo. Y entonces al final establece unas comparacio-nes relativas. En este caso concreto, el tema, como se haexplicado, se pasaron dos meses estudiándolo, no se hizoasí al azar. Se hicieron unos criterios de valoración entodos los casos. Según usted hubo una variación de loscriterios. No, señor, los criterios eran un máximo, hastaun 20 por ciento, un 15 por ciento y un 10 por ciento endeterminados puntos. Y cuando hay un examen, al finalhay que decir, bueno, a este le damos el 15. Puesdepende, en función de determinados baremos que hayque explicar. Es decir, tanto desde el punto de vistatécnico como desde el punto de vista económico. Si esteseñor factura más o factura menos, pues será... Si esteseñor técnicamente pone más, pone más, pone menos,pues se le pone una valoración. Y eso es lo que al finalhay que hacer una objetivación con unos grupos detrabajo, con una mesa que para mí ha actuado rigurosa-mente, muy rigurosamente. Y, por lo tanto, ésa es mitotal confianza, a pesar de que usted vea, pues no sé quéve. Pero, bueno, a mí me da igual, yo estoy totalmente...En todos los temas:, primero, que son tarifas; segundo,que son precios razonables; tercero, que hemos bajadoen varios sitios; cuarto, que están por debajo de lascomunidades autónomas; quinto, que hemos mejorado la

calidad; sexto, que hemos creado puestos de trabajo;séptimo, que hemos ayudado a las oficinas de laDirección General de Industria a dar un mejor servicio alciudadano en determinados municipios; y octavo, queesto se ha hecho con total transparencia.

Usted puede tener otros criterios y, evidentemente,aquí se ven. Esto es lo bonito de la política y aquítenemos que seguir cada uno. Y el ciudadano despuésentiende... Lo que pasa es que algunas veces se le da unainformación que es errónea. Y, desde mi punto de vista,sobre todo algunas en cuanto a precios: los precios estánaquí, los precios no tienen más. Si hay que valorarlos,valórense en todas sus consecuencias. Pero yo creo queno se están valorando en todas sus consecuencias, conuna información totalmente completa.

Nada más. Muchas gracias, señor presidente.


Muchas gracias, señor consejero.En nombre de la Comisión de Política Sectorial,

agradecemos su presencia esta mañana y su compare-cencia en esta Comisión. Y, sin más asuntos que tratar,se levanta la sesión.

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