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BAJO ATRATO: CONTROL DE TERRITORIOS EN FUNCIÓN DEL MERCADO

GLOBAL

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

En Colombia, la actuación paramilitar en los últimos 15 años ha posibilitado la concentración de las

tierras adjudicadas a campesinos, mestizos o de territorios colectivos titulados a comunidades afro

descendientes, indígenas y mestizas. Las tierras han pasado de manos de sus propietarios, o quienes

las han habitado en los últimos años, a manos de empresarios nacionales, empresas transnacionales,

terratenientes, agroindustriales y narcotraficantes. De acuerdo con algunas investigaciones, a

mediados de la década del 90, las fincas de mas de 500 hectáreas pertenecían al 0.4% de los

propietarios y correspondían al 44.6% de la superficie rural registrada. Al comenzar el año 2001, los

propietarios de fincas de mas de 500 hectáreas eran dueños del 61.2% de la superficie rural

registrada1.

A nombre del ataque a las guerrillas de las FARC y el ELN, se desaparece, asesina, tortura desplaza

y controla los territorios de particular valor estratégico para la implementación de obras de

infraestructura vial, energética, de telecomunicaciones, extractivos de recursos naturales y

agroindustriales en función del mercado global, usándolos como una mercancía más dentro del libre

juego de la oferta y la demanda.

Por esta vía, mas de 5.000.000 de las mejores tierras de Colombia han pasado a manos de

poseedores de mala fe2, que afecta mayoritariamente al poblador rural que representa el 67.8% de la

población desplazada. Del total de desplazados el 65% eran propietarios, el 8% aparceros el 7%

arrendatarios y el 6% colonos3.

En medio del proceso de institucionalización del paramilitarismo iniciado en el 2002, el dominio

del territorio busca garantizar esta apropiación para la implementación de proyectos específicos

relacionados al desarrollo de biotecnología, implementación de proyectos agroindustriales de

palma aceitera, banano, caucho, cacao y la extensión ganadera y la extracción minera. Estos

proyectos prescinden de la valoración de los costos causados a los ecosistemas, de la valoración de

los daños producidos por el uso inadecuado de los suelos y el análisis de los mecanismos de

apropiación de las tierras.

La cadena de apropiación parte del desplazamiento forzado, pasa por la visita al verdadero

propietario o poseedor a quien se le intimida para que transfiera escrituras o “venda” a un precio

irrisorio a través de un comprador que acude armado al negocio y en caso de resistencia amenazan

con “comprarle a la viuda”, se valen de intermediarios quienes aparecen como los compradores, se

1 Dario Fajardo Montoya, Tierra, poder político y reformas agraria y rural, cuadernos Tierra y Justicia,

publicado por el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos-ILSA, Bogotá, agosto de 2002, pág 5.

2 “De hecho, el desplazamiento puede estar generando una `contrarreforma agraria` hacia una reconcentración de la tierra en grandes proporciones. Estimaciones recientes sugieren que la tierra abandonada por desplazados asciende a cuatro millones de hectáreas, cifra que casi triplica la tierra distribuida en más de cuatro décadas de reforma agraria”. En “Colombia: Un a política de tierras en transición, Banco Mundial y Universidad de los Andes, agosto de 2004, http://economia.unidandes.edu.co/economia/archivos/temporal/d2004-29.pdf

3 Cifras de Codhes citadas en Defensoría del Pueblo, Evaluación de la política pública en procesos de

restablecimiento de la población desplazada un enfoque de derechos humaos, Ed. Bochita, Bogotá, agosto de 2003

2

falsifican poderes de los verdaderos propietarios a nombre de terceros desconocidos, las notarías

de municipios intermedios los reconocen como auténticos, las oficinas de registros públicos lo

incluyen en sus bases de datos.

En los territorios colectivos que previamente han sido desocupados por medio del desplazamiento

forzado, se valen de afro descendientes que no cuentan con el aval del conjunto de su comunidad,

para que firmen su consentimiento través de empresas favorecidas por el paramilitarismo, y

entreguen por 50 años los territorios en las llamadas “alianzas estratégicas”, en algunos territorios

de comunidades indígenas se valen de vecinos afrodescendientes que portan armas largas para

adelantar actividades de extracción de madera, en casos en que las tierras de campesinos han sido

usadas en la siembra de palma aceitera, ante la reclamación, altos oficiales del Ejercito actúan como

intermediarios en acuerdos que carecen de toda legalidad.4 A la situación de amenaza y de engaño

se encuentran sometidas las comunidades afrodescendientes en Tumaco, Bajo Atrato5, Calima en

Buena Ventura, y comunidades indígenas del Bajo Atrato.

Un marco favorable que incentivó este tipo de relación con la tierra lo constituyó la Política de

Defensa y Seguridad Democrática del gobierno del presidente Uribe, continuado por el presidente

Santos, que plantea como objetivo fundamental la “recuperación de territorios” para el desarrollo

de “proyectos productivos”. En lo que llama “ciclo de recuperación y consolidación” se plantean 3

momentos; primero, “recuperación estatal del territorio” mediante actuaciones militares de la fuerza

pública, segundo “mantenimiento del control estatal del territorio” donde una estructura de apoyo

de la fuerza pública “identificará y judicializará a los miembros de las organizaciones terroristas” y

tercero “consolidación del control estatal del territorio” donde se adelantarán “proyectos

sostenibles de mediano y largo Plazo”6.

En consecuencia, según el ex ministro de agricultura, hoy investigado por favorecer terratenientes

y hasta paramilitares, Andrés Felipe Arias, la política agraria debe estar basada “en la extinción de

dominio, y en el fortalecimiento de la Seguridad Democrática a través del incremento de

batallones de alta montaña, y de Brigadas Móviles. La idea es ir liberando el territorio e ir

sustituyendo el que es liberado con actividad económica formal. Así el `manejo social` del campo

se consolida con el aliado natural de la `Seguridad Democrática”`7 .

4 Un detallado análisis de estos mecanismo, en el caso de los territorios afrodescendientes del Curvaradó

y Jiguamiandó aparece en el libro “La Tramoya: Derechos Humanos y Palma aceitera en el Jiguamiandó y Curvaradó” investigación adelantada por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz con el auspicio del Cinep, Bogotá, octubre de 2005. Ver también informes de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz entre los años 2006 y 2009 en http://www.justiciaypazcolombia.com/Rodrigo-Zapata-en-agronegocios-de

5 Esta situación ha sido denunciada ampliamente por las víctimas del despojo en esta región del Chocó,

ante las instancias del gobierno en reuniones de la Comisión Mixta de Verificación del Cacarica, de la Comisión Mixta de Seguimiento del Jiguamiandó y Curvaradó. De otra parte, familias afectadas han elevado quejas ante la Defensoría del Pueblo y declarado ante la Procuraduría General de la Nación. El uso de las tierras, posterior al desplazamiento forzado, para la implementación del proyecto agroindustrial de palma aceitera, ha preocupado de manera especial a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, como se puede ver en la resolución de medidas Provisionales otorgadas a favor de estas comunidades en el primer semestre de 2003 y mas recientemente en resolución del febrero de 2006. En el mes de abril de 2007, la OIT emitió su informe sobre la situación de las tierras las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó, el cual es ratificado y ampliado para la situación de las comunidades indígenas del norte de Chocó y Jiguamiandó, el en el mes de marzo de 2009 ver http://www.justiciaypazcolombia.com/Comision-de-expertos-OIT-se?decoupe_recherche=OIT

6 Presidencia de la República, Política de Defensa y Seguridad Democrática, Bogotá, 2202 P.43, en

www.mindeseda.gov.co 7 Citado en Germán Bedoya, “Campesino sin campo”, publicado en Plataforma Colombiana de derechos

3

Tanto Incoder, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, como FINAGRO entidad de crédito

agropecuario, se han ocupado de contribuir no a la entrega de tierras a los campesinos y a estimular

la pequeña producción, sino a favorecer a reconocidos paramilitares y narcotraficantes, a ganaderos,

algodoneros y palmicultores convirtiéndose en una pieza más de la cadena de legalización de la

apropiación de tierras en función del desarrollo de proyectos agroindustriales de gran

envergadura8.

Las actuaciones del ejecutivo para encubrir y legalizar la expropiación violenta de territorios de

comunidades afrodescendientes – 10 millones de afros-, comunidades indígenas -890 mil- y

propietarios pobres se ha intentado, además con la flexibilización de leyes territoriales colectivas,

ley de aguas, ley de páramos, ley forestal, ley de saneamiento de propiedad inmueble9 como contra

reforma agraria, en las que se legaliza la ilegalidad, se mercantiliza la biodiversidad y se genera

cadenas de propietarios colectivos a trabajadores rasos en función de la implementación estos

proyectos de infraestructura agrícola, vial y energética.

En el Bajo Atrato chocoano, se hace evidente la pretensión de control social y militar de los

territorios en función del mercado global. Los lugares de esa estratégica área del país que limita

con el Urabá Antioqueño y Panamá, como son el Cacarica, Jiguamiandó, Curvaradó, Alto

Guayabal, entre otros, despiertan la codicia de empresarios nacionales y extranjeros, por las

ventajas que ofrece para la industria extractiva, para el desarrollo de agronegocios, para la

implementación de obras de infraestructura vial, energética y de telecomunicaciones.

En función de esta pretensión, sectores de poder empresariales han desarrollado mecanismos

institucionales de represión para el control de la población, que pasan por asesinatos selectivos,

masacres, torturas, acceso carnal violento, desplazamiento forzado, repoblamiento, montajes

judiciales, campañas mediáticas, hasta los mecanismos de seducción y búsqueda de consentimiento

de la población para poner, en función de sus pretensiones, a las mimas personas víctimas y a sus

humanos, democracia y desarrollo, Reelección: el embrujo continúa, ed. Antropos, Ltda., Bogotá, septiembre de 2004, pg. 559.

8 La Defensoría del Pueblo en dos resoluciones defensoriales, 2002 y 2005, denuncia la intervención de

FINAGRO en el otorgamiento de créditos a los palmeros que a través de paramilitares ocuparon las tierras de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y Curvaradó, y solicitó la suspensión inmediata de los mismos. No obstante esta solicitud, aún después de la citada resolución financió el 100 % de las operaciones de esta empresa, tal como lo constató la Contraloría General de la República en informe de febrero de 2009. Ver http://www.justiciaypazcolombia.com/GOBIERNO-FINANCIO-CERCA-DEL-100- DE?decoupe_recherche=Contralor%C3%ADa

El Incoder, por su parte desconoció su propio informe de marzo de 2005 en el que reconocía que el 93% de la palma aceitera sembrada en el Curvaradó y Jiguamiandó estaba dentro de los territorios colectivos de estas comunidades. Emitió la resolución la resolución 1516 del 8 de agosto de 2005 y la 938 del 9 de noviembre de 2005 sin consultar a las comunidades negras, en las que se establecieron los procedimientos de alianzas estrategias entre empresarios y comunidades y finalmente, en abril de 2006 emitió las resoluciones 0702 -Curvaradó- y 0703 –Jiguamiandó- en las que determinó que mas de 15.000 hectáreas de los títulos colectivos corresponden a títulos individuales y que deben ser extraídos de los correspondientes títulos colectivos de estas dos cuencas. De otras zonas del país son conocidas las denuncias del Senador Gustavo Cáceres en torno a las irregularidades en la adjudicación de tierras por parte del Incoder. Cfr El Tiempo, Unidad Investigativa 29 de marzo de 2006 y “Por escándalo en Incoder el gobierno revisa la entrega de tierras a desplazados”, Caracol Radio, 04.10.06, 12:49

9 El gobierno promovió el proyecto de ley 230 senado y 083 de 2003 Cámara en el que buscaba establecer procedimientos de saneamiento y titulación de propiedad inmueble. Dicho proyecto pasa por alto la crisis de desplazamiento y no contempla ningún mecanismo que permita a la población desplazada oponerse, con garantías a la titulación de una propiedad. El proyecto no fue aprobado, mas sí El Estatuto de Desarrollo Rural (25 de julio de 2007) en el que se establece 5 años de posesión para la prescripción de dominio .

4

organizaciones.

En el plan de control de los territorios, actúan militares, policías, paramilitares, políticos fiscales,

notarios, alcaldes, personeros, empresarios, el sector financiero, algunos medios de información

masiva. Sus planes, la mayoría amparados en la niebla de la clandestinidad, se van descubriendo

poco a poco por el testimonio de las víctimas, versiones de los mismos victimarios que se sienten

traicionados por los poderosos empresarios a los que sirvieron, por militares que dejaron demasiada

huellas en su operaciones conjuntas con paramilitares y que hoy deben responder ante procesos

judiciales, en la exposición pública de documentos estratégicos que al confrontarlos con los hechos

de terror, coinciden matemáticamente el tiempo y en el espacio.

El Bajo Atrato evidencia la ejecución de un plan estratégico, diseñado por personas e instituciones

que hoy día se pueden identificar. No es, entonces, simplemente, un proceso de victimización,

provocado, por el conflicto, o que sea, sin negar su complejidad, imposible de identificar

responsables y procedimientos. La esporádica movilidad de la insurgencia por algunas áreas de esa

región, se ha convertido en legitimador de prácticas militares de control de territorio y poblacional,

generando -antes que éxitos militares con la guerrilla-, asesinatos, desapariciones y desplazamiento

de la población civil. Lejos estamos, entonces, de contentarnos con explicar lo que ocurre, como

una caótica organización del espacio en la selva, como un desordenado movimiento de pobladores,

repobladores, de las ocurrencias de los señores de la guerra.

Se trata de un plan estratégico, como todos los del mercado global, donde la lógica costo-

beneficio se entrecruza con la bárbara capacidad de los grupos de poder local de acabar con la

vida humana y natural para alcanzar sus objetivos, que en este caso es el control del subsuelo para

la explotación de oro, cobre, molibdeno y otros minerales, el control del suelo para actividades

extractivas de bosques, la ganadería extensiva, el desarrollo de agronegocios como la palma

aceitera, el banano, plátano y el control de áreas para el desarrollo de obras de infraestructura vial

como la Transversal de las Américas, energéticas como El Sistema de Interconexión Eléctrica para

América Central CIEPAC y de telecomunicaciones.

Las pretensiones empresariales de alcance global, pensadas por grupos de poder interconectados

con el mercado transnacional, no contaron con la dignidad de mujeres y hombres indígenas,

afrodescendientes y mestizos, que a riesgo de su propia vida, luego de perder su tierra y sus seres

queridos, hablaron de lo que les pasó y construyeron diversas formas de resistencias como la

denuncia, la exigencia al Estado de la reparación de lo destruido, el empleo de mecanismos

jurídicos en busca de verdad y justicia a nivel interno e internacional, las acciones de dignificación

de sus territorios que les obligó a esquilmar palma y a demoler establos para sembrar alimentos, a la

constitución de Zonas Humanitarias para acceder al territorio, resguardos humanitarios y zonas de

biodiversidad; a convocar humanas y humanos del mundo a recorrer los caminos por donde quieren

extender el concreto de las obras viales, a adelantar la consulta de los pueblos en respuesta a la de

las empresas y del gobierno que desconocía la voluntad de los indígenas que habitan el territorio

afectado por la extracción minera.

En medio de una gran tensión, del peso de las amenazas de muerte, de las injusta prisión de líderes,

de las órdenes de captura que pesan sobre quienes se han atrevido a desvelar las actuaciones

empresariales, militares y paramilitares en la región, de lo intentos de control de las organizaciones

comunitarias, estos procesos de afirmación de derechos, de resistencia no violenta, siguen

defendiendo su vida y territorio, como en la metáfora bíblica de David contra Goliat.

Sobre todo, las resistencias, la dignidad.

CACARICA BOSQUES, AGRONEGOCIOS UNA A TRANSVERSAL

5

Ochenta y seis asesinados y desaparecidos entre 1996 y 2010, tres desplazamientos forzados y una

incursión de paramilitares que les anunció el progreso. El gestor militar del control de los territorios

fue el Gral. Rito Alejo del Río quien hoy responde a juicio por el crimen de Marino López, a quien,

en febrero de 1997, paramilitares en actuación conjunta con miliares de la Brigada 17 le cortaron

la cabeza y jugaron fútbol con ella.

Bosques arrasados por Pizano S.A., Maderas del Darién S.A.

Los cuatro años de desplazamiento forzado, dejaron el territorio despejado para que la empresa

Maderas del Darién, filial de la poderosa Pizano S.A., hiciera de las suyas intensificando la

extracción de manera ilegal, indiscriminada e irracional, el cativo una especie en vía de extinción

de ese patrimonio de la biodiversidad, como la ha declarado la Unesco.

Como se conoció en la acusación hecha por la Comisión de Justicia y Paz ante el Tribunal

Permanente de Los Pueblos, audiencia sobre biodiversidad, Pizano S.A es una de las principales

empresas productoras de tableros de madera en América del Sur y la Región Andina y las

exportaciones que realiza hacia Estados Unidos y Centro América alcanzan un 30% del total de

ingresos para la compañía. Su principal centro fabril se encuentra localizado en la ciudad de

Barranquilla, donde se procesan contrachapados, tableros de partículas de madera, laminados

decorativos y cuenta con una planta de resinas de avanzada tecnología. Su estratégica ubicación

facilita el acceso a los principales puertos marítimos del Caribe, Centro y Norte América; así como

el de las materias primas desde su propia plantación forestal, que se encuentra localizada 190

kilómetros al sur de la ciudad sobre el Río Magdalena.

El presidente de Pizano S.A, fue el representante del empresariado colombiano en la junta directiva

del Plan Colombia, al inicio del gobierno del presidente Uribe, quien faltando un día para finalizar

su mandato, condecoró a Enrique Camacho – Pizano S.A., con la orden de San Carlos en el grado

de Oficial por el servicio al país en el campo de las relaciones internacionales10

.

Esta compañía recibió inexplicablemente de la certificadora Smartwood, el sello Fores Stewardship

Concil SW-FM/COC-137 en el año 2001, que indica que dicha compañía cumple con las normas

para la Certificación Forestal Voluntaria de Plantaciones Forestales y Bosques Naturales que tiene

como objetivo promover, en los bosques de todo el mundo “una gestión forestal económicamente

viable, socialmente beneficiosa y ambientalmente responsable”, en concordancia con los principios

y criterios del Consejo Mundial de Manejo Forestal (FSC), siendo así la primera y única empresa

colombiana del sector maderero con dicha referencia.

En el mes de febrero de 2005 se presentó una queja por parte de organizaciones nacionales e

internacionales encabezada por Greenpeace España11

y Ecologistas en Acción de España, a la

certificadora Smartwood para levantar el sello Forest Stewardship Council - FSC SW-FM/CPC-137

que la empresa Pizano S.A exhibe públicamente. El FSC es una organización internacional sin

ánimo de lucro, cuyo objetivo es promocionar la certificación forestal voluntaria para bosques

naturales y plantados, manejados sosteniblemente en todo el mundo. Para ello, maneja principios y

criterios generales para el manejo forestal, teniendo en cuenta aspectos económicos, ambientales y

sociales, que son aplicados por las certificadoras que esta misma organización acredita.

En ella se solicitó:

10

http://web.presidencia.gov.co/sp/2010/agosto/06/13062010.html 11

http://www.justiciaypazcolombia.com/GREENPEACE-se-pronuncia-frente-a

6

“Se revoque la Certificación SW-FM/COC-137 otorgada por el Programa Smartwood de la

Rainforest Alliance a las operaciones forestales realizadas por la compañía Pizano S.A., sin

perjuicio de las demás acciones legales e internacionales que el programa Smartwood y la

Rainforest Alliance estimen pertinentes en el presente caso. Se declare y publique que la

compañía Pizano S.A. ha realizado operaciones de manejo forestal ilegales, extractivas,

indiscriminadas y no sostenibles sobre territorios de propiedad colectiva de una minoría

étnica en la Cuenca del Río Cacarica, Chocó, Colombia. Se declare y publique que la

compañía Pizano S.A. ha generado la destrucción sistemática y a gran escala de especies

forestales frágiles, protegidas y en peligro de extinción, tales como el cativo (Prioria

copaifera) sobre dichos territorios. Se declare y publique que la Compañía Pizano S.A. ha

generado graves impactos sobre la biodiversidad y el entorno vital de las minorías étnicas

dependientes de las especies forestales explotadas”.

En seguimiento a esta queja, la certificadora Smartwood, bajo la observación de Greenpeace de

España, adelantó visita a Bogotá del 5 al 12 de septiembre de 2005, en la que, por primera vez, las

comunidades de autodeterminación, Vida Dignidad del Cacarica CAVIDA, y organizaciones

nacionales de derechos humanos, ambientales, sindicales, expertos juristas y ambientalistas,

presentaron sus análisis y documentaron la extracción de madera en el Bajo Atrato por parte de la

empresa Maderas del Darién filial de Pizano S.A. Aunque no se conocen los argumentos de las

empresas, seguramente, como ha ocurrido en otras partes del mundo, los mismos estarán asociados

a desvirtuar las pruebas con falsos señalamientos y acusaciones contra los denunciantes

asociándolos a la guerrilla o mostrando la legalidad de la ilegalidad. A la fecha esta queja no ha

sido resuelta.

El Grupo Empresarial Pizano S.A. a través de su dependiente Maderas del Darién S.A., ha asumido

la exclusividad en la explotación maderera en la región, aprovechando cerca de 232.012,21mts3

desde 1993 a 200212

y junto con el Grupo Dago, aproximadamente 1.697.295 has. de bosque

húmedo tropical en los últimos 30 años, produciendo con ello un daño ambiental que aún no se ha

cuantificado en toda su magnitud. Esta forma de explotación mecanizada, extractiva y casi

exclusiva de los territorios pertenecientes al Área Protegida del Chocó Biogeográfico del cual este

grupo Empresarial es el principal receptor, ha sido abiertamente aceptada. Para su aniversario

numero 58, (1993) la revista Clase Empresarial le pregunto a Rafael Matallana, presidente de

Pizano S.A de entonces., sobre el secreto del éxito. Su explicación argumentaba “... la vinculación

al bosque, a través de una compañía que proporciona el 100% de su materia prima: Maderas del

Darién, en la zona de Urabá, a través de permisos que otorga el Estado”13

Esta práctica se siguió dando en medio del desplazamiento forzado, en lugares de absoluto control

paramilitar, tal como lo han reconocido en versiones de la ley 975 de Justicia y Paz reconocido

paramilitares como Fredy Rendón Herrera y Salvatore Mancuso, financiados por esta empresa.

Las versiones de los paramilitares se confirman con crímenes como el del campesino Carlos

Alberto Ramos Martínez por parte de “civiles” armados de la estrategia paramilitar. A Carlos

Alberto los paramilitares lo buscaron en la casa de su madre, como no se encontraba allí, lo

ubicaron donde laboraba como operario de la Compañía Maderas del Darién S.A., cortando árboles

de cativo en inmediaciones de La Balsa. En el lugar, amarraron a Carlos, se lo llevaron unos metros

adentro, luego se escucharon unos tiros. El 21 de diciembre en horas de la mañana, la madre de

Carlos, María Martínez, se dirigió al canal de Bocachica, dentro del Territorio Colectivo del

Cacarica, donde arrojaron el cuerpo sin vida de su hijo. La madre decidió trasladarlo hacia su casa,

horas después los paramilitares vuelven a tomar los restos de Carlos. Desde ese día hasta hoy se

12

Ibíd., p. 40. 13

Revista Clase Empresarial. Octubre de 1993. “Desarrollo con la Naturaleza: Pizano S.A., 58 años sembrando futuro.” Pagina 50.

7

desconoce el lugar donde se encuentran.

La empresa subordinada de Pizano S.A, Maderas del Darién, ha sido objeto de dos fallos de tutela

que ordenan la suspensión de las licencias y permisos que de manera irregular han sido otorgados a

su favor, sin que, haya sido posible su cumplimiento. Diversas estratagemas jurídicas,

administrativas han facilitado los atajos para que esta reconocida empresa siga adelantando su

actividad extractiva en la región amparada en la impunidad.

Alianza para empresarial Multifruits-Delmonte14

Desde La Balsa se amparó desde 1.998 y hasta el 2001, la extracción mecanizada ilegal e

indiscriminada de madera por parte de la empresa Maderas del Darién, filial de la empresa Pizano

S.A. En la fase actual en medio del proceso de desmovilización dentro del Territorio Colectivo se

implementa y desarrolla la siembra extensiva de banano tipo “baby” y en la proyección de la

siembra en esa área de palma aceitera, caucho y cacao a través de la CI. Multifruits ltda, quién a su

vez suscribió un convenio para la comercialización con la empresa transnacional DEL MONTE de

San Francisco California, USA.

En lo militar después de la desmovilización del BEC,- Bloque Elmer Cárdenas- se desarrollan

operaciones perimetrales sobre el río Atrato y Riosucio, y el entorno de la Zona Humanitaria

“Nueva Vida” a través de las “Aguilas Negras” en medio de la presencia institucional de la Brigada

15 y Brigada 17 es la consolidación de un modelo de desarrollo extractivo y de control social a

través del Proyecto de Alternatividad Social, PASO.

La impunidad que cobija los crímenes cometidos de la estrategia paramilitar, la ausencia de

actuación de parte de los organismos de seguridad del Estado, de los organismos de control ha

posibilitado el paulatino enquistamiento de las estructuras paramilitares en lo Territorial con

repoblamientos, con agronegocios y nuevas generaciones de políticos de proyección nacional. Los

cimientos de los proyectos han sido la ilegalidad, el crimen, la destrucción ambiental, el engaño, la

ocupación ilegal.

En y desde el área en que se ejecuta el agronegocio, los paramilitares primero denominados como

Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, luego Autodefensas Unidas de Colombia,

AUC y después Bloque “Elmer Cárdenas” con la anuencia, tolerancia, comisión por omisión de la

Brigada 17 han cometido Crímenes de Lesa Humanidad. 6 asesinatos, 2 desapariciones 1 quema de

cosechas, saqueo de bienes de supervivencia, maltrato a una mujer embarazada provocando un

aborto, golpizas a niños de 2 años, instalación de fosas comunes, han sido los medios para

desarrollar el control y la imposición de un modelo de desarrollo. En La Balsa han ocurrido 2

desembarques masivos de repobladores ajenos a las comunidades y desde allí se han movilizado

para incursionar en 5 ocasiones a las Zonas Humanitarias.

Algunos de los Crímenes cometidos luego de la operación “Génesis” desde 1.997 muestran la

inacción de la Brigada 17 para desestructurar la base criminal. Su responsabilidad omisiva, su

tolerancia ha sido evidente, la que nunca fue descalificada ni enfrentada por los Gobiernos de

14

La relación detallada de los crímenes cometidos en el lugar de operación de estas empresas en el Cacarica se

encuentran el en artículo bases de este elaborado nuestra Comisión de Justicia y Paz en

http://www.justiciaypazcolombia.com/Criminalidad-politica-agronegocios

8

Samper, de Pastrana y de Uribe. Pero diversos testigos, entre ellos víctimas han relatado como a

este lugar asistían autoridades civiles locales e instancias militares.

C.I Multifruit S.A.

Su conformación, Partido Conservador, ASOCOMUN y nexos con paramilitares

La comercializadora inscrita en Cartagena encuentra en su desarrollo crecimientos de capital

importantes, una estrategia económica de largo plazo en la que participa una joven figura del

Partido Conservador Juan Manuel Campo Eljach, cimentada sobre la apropiación ilegal de predios

dentro del territorio colectivo de Cacarica realizada por las estructuras paramilitares del bloque

“Elmer Cárdenas”.

Multifruits conforme al certificado de existencia y representación legal, escritura pública No 1593

del 24 de julio de 2001 de la notaría 1ª de Cartagena, fue constituida bajo la denominación

Comercializadora Internacional Multifruits y Cia. Ltda y registrada con el Nit: 806.010.047-2

siendo primer representante legal Carlos Nikolai Strusberg Gonzalez.

Tres años después, el 5 de mayo de 2004 fueron nombrados como miembros principales de la junta

directiva a Juan Manuel Campo Eljach,- Representante Legal- Berly Fernandez Mattos y Jhon

Jeremias Pinto Rodriguez y como suplentes Juan Carlos Marrugo Velasquez, Cesar Cárdenas

Rendon y Andres Tamayo Agudelo15

, tomaron la decisión de convertir a Multifruits en sociedad

anónima.

El 10 de noviembre del mismo año se autorizó una capitalización de “un mil millones de pesos ($

1.000.000.000) que se suman a los doscientos cincuenta millones ($ 250.000.000) existentes. Al

tiempo se decidió dividir en cien mil acciones de diez mil pesos ($10.000) cada una, “capital que

podría aumentarse en cualquier tiempo mediante correspondiente reforma estatutaria, aprobada

por la asamblea de accionistas”16

El acta de esta reforma muestra 6 socios entre los que se encuentran: Juan Manuel Campo Eljach

con 25.000 acciones; Juan Carlos Marrugo Velasquez, con 12.500 acciones; John Jeremias Pinto

Rodrigez, con 25.000 acciones; Cesar de Jesus Cárdenas Rendón, con 50.000 acciones; Andrés

Julian Tamayo Agudelo, con 50.000 acciones; Berly del Carmen Fernandez Mattos con 87.500

acciones17

.

15 Cámara de Comercio de Cartagena, Certificado de Existencia y Representación Legal

Comercializadora Internacional Multifruits, 13 de octubre de 2004.

16 Notaría Primera del Círculo de Cartagena reforma de sociedad de Carlos Nikolai

Strusberg González a C.I. Multifruits S.A, 11 de noviembre de 2006

17 Acta No 5 correspondiente a la reunión extraordinaria de la asamblea de accionista de

Comercializadora Internacional Multifruits S.A , Cartagena 29 de septiembre de 2004. En la

asamblea extraordinaria de la que da cuenta, en el acta se afirma que participaron el gerente

CARLOS NIKOLAI STRUMBERG GONZALEZ y la secretaria CHELVIS ANGULO LEON

9

Desde la constitución legal de esta muy joven compañía, de acuerdo con testimonio18

, figuran

personajes que mueven las cuerdas de la empresa a través de la cual existen versiones en la región

se realizan operaciones de posible lavado de activos.

Uno de los personajes encubiertos en la sociedad es el conocido como “Germán Monsalve”, cuyo

verdadero nombre Jairo de Jesús Rendón Herrera19

, hermano de Freddy Rendón Herrera, alias “El

Aleman” y de Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”. Este paramilitar figuró como

representante legal de la Asociación Comunitaria del Urabá y Occidente Cordobés, ASOCOMUN,

asociación beneficiaria del Programa de Familias Guardabosques de la Presidencia de la República

de Colombia, de recursos del Plan Colombia, en alianza con la Universidad Autónoma de

Manizales, de acuerdo con la publicidad de esta entidad.

De acuerdo con un testigo aparte de las formalidades legales de las que dan cuenta los certificados

de existencia, se encargó del manejo reservado de los recursos de la compañía durante los años

2004 y 2005 fue Carlos Mario Garcia ingeniero de campo, este realizó los cronograma de

ejecución de las obras y coordinó el proceso de interlocución con la instancias oficiales del ramo

los créditos de fomento20

.

Y EL “ATRAVESAO”

Dentro de los bienes adquiridos por a Comercializadora Internacional Multifruits y Compañía Ltda

(Ci, Multifruits y Cia Ltada) se encuentra el predio “El Atravesao” de 297 hectáreas, ubicado en el

caserío Caricia, municipio de Necoclí. En junio de 2004 la propiedad pasó de un valor de 30

millones de pesos a 200 millones, en menos de dos meses, de manos de Cesar de Jesús Cárdenas

Rendón (socio) a la empresa.

En la tradición de esta propiedad se encuentra en su origen como propietario Elmer Cárdenas

rendón, reconocido mando paramilitar, que murió en un enfrentamiento con las Farc. Su deceso

violento dio origen al nombre del Bloque21

que lleva su nombre y que adelantó operaciones

indistintamente en el eje bananero, en el Bajo y Medio Atrato. En la actualidad Cesar de Jesús

Cárdenas, a quien Elmer Cárdenas transfirió el predio es socio de Multifruits22

pero quien se

encargó de la estrategia financiera y renglones de producción fue alias “German Monsalve”.

18

Testimonio de identidad reservada, recibido por delegaciones diplomáticas con asiento en

Colombia, agencias de cooperación y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos,

octubre-noviembre de 2006

19 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4639750

20 Ibid

21 Esta estructura opera, a pesar de su desmovilización, con nuevas denominaciones en el

Urabá chocoano, los pueblos de Arboletes, San Pedro, San Juan, Belén de Bajirá, El Cuarenta,

Barranquillita, Babilla, Carmen del Darién, Murindó, Vigía del Fuerte, Bojayá, Balsa Cacarica,

Riosucio, Ungía, Acandí, Necoclí y otro puñado de corregimientos.

22 Superintendencia de Notariado y Registro, Oficina de Registros públicos de Turbo,

Certificado de Tradición de Matricula Inmobiliaria Nro de Matricula: 034-7659 impreso el 23 de

junio de 2004

10

Multifruits y la filial Del Monte

El 4 de agosto de 2004, dos meses después de adquirir la finca “El Atravesao”, CI. Multifruits y Cia

Ltda representada por Nicolai Strusberg Gonzalez firmó un contrato de compraventa de plátano con

fines de exportación con la CI Conserba S.A, en cabeza de Gladys Restrepo Molina representante

en Colombia de la compañía, con casa matriz en San Francisco California USA, filial de

Delmonte S.A.

En el primer aspecto el contrato estipula que la productora (CI Multifruits & Cia S.A) “dispone de

una finca ubicada en NECOCLI –ANTIOQUIA, en el cual está promoviendo el desarrollo de un

proyecto de siembra de plátanos la cual deberá quedar sembrada durante el año 2004 y 2005, para

así disponer a partir del mes de enero de 2006 de una producción de plátanos que estima en dos

mil cajas por semana. Cualquiera que sea el volumen producido la venderá de forma exclusiva a

LA COMPAÑÍA, de acuerdo con lo establecido en el presente contrato”23.

Este contrato, de acuerdo con el documento citado, aunque fue firmado el 1 de agosto de 2004,

empezó a regir el 1 de enero de 2006 y abarca un período de 7 años, hasta el 31 de diciembre de

2013, el cual podrá ser prorrogado cada año automáticamente24

. Desde este momento, tres años

después de constituirse Multifruits se conoce su expansión hacia los Estados Unidos.

Mediante maniobras jurídicas, luego de la publicación que hiciera sobre el tema la agencia

estadounidense de noticias Associated Press A.P25

., la empresa hizo traspaso de sus equipos,

maquinarias al Consejo Mayor del Cacarica, quien a su vez, sin el acuerdo del conjunto de las

comunidades de la cuenca, transfirió la responsabilidad operativa de la plantación a otra empresa,

constituida solamente con ese fin, denominada C.I Cacarica, orientada por Amador Caicedo, ex

alcalde de de Chigorodó, comprometido en investigaciones por usurpación de tierras en Bajirá,

donde han estado comprometidos paramilitares y en investigaciones por desfalco al erario público.

MULTIFRUITS S.A Y LAS SINTONIAS CON POLITICOS

“Yo conozco estos proyectos desde su génesis, lo puedo asegurar que en ninguno se intuía tanto la

influencia del paramilitarismo como en el de Cacarica de plátano. Allí se sabía que un señor

ordenaba todo y cada uno de los movimientos de los dueños de la empresa y del gerente y este

señor no tiene ninguna presencia nominal en la personería jurídica, ni legalmente hablando, pero

era el que mandaba.”26

Se trata según el testigo de German Monsalve, señalado en los medios

como paramilitar.

23

Contrato de Compraventa de plátano entre CI Conserba S.A y CI Multifruits& Cia Ltada,

Medellín 4 de agosto de 2004. página 1.

24 Ibid, pg 3.

25 http://justiciaypazcolombia.com/Criminalidad-politica-agronegocios?date=2007-05

26 Testimonio citado Pg 21

11

Los vínculos de Elmer Cárdenas Rendón con Cesar de Jesús Cárdenas Rendón, Freddy Rendón

Herrera alias “El Alemán” con alias Germán Monsalve, se encuentra asociados directa o

indirectamente a la empresa C.I Multifruits LTDA. Parece tratarse de una empresa familiar, en la

que los “civiles” armados de la estrategia paramilitar al mando del “Alemán” garantizaron las

condiciones de adquisición de tierras en función de agronegocios del plátano para la exportación

particularmente hacia los Estados Unidos.

Pero la empresa familiar además de extender su mercado al norte aseguró en los núcleos políticos,

legitimidad. El representante legal y gerente de CI Multifruits Ltda., fue el joven de Valledupar,

departamento del Cesar, Juan Manuel Campo Eljach, figura destacada dentro de las juventudes del

Partido Conservador, uno de los 11 miembros del Directorio Nacional de la organización azul,

cuando su jefe único era Carlos Holguín Sardi . Campo Eljach es miembro de una prestigiosa

familia de palmicultores, ganaderos, fruticultores y políticos que ha sido líder de las juventudes del

Partido Conservador27

.

La presencia de Juan Manuel Campo Eljach posibilitó que la compañía, que ocupaba predios

ilegalmente controlados por los paramilitares, accediera al alto gobierno de Colombia. Luego de la

aparición del citado artículo del periodista de la agencia AP, Franz Bajak, titular en varias páginas

internacionales entre el 14 y el 16 de diciembre de 2006, Campo Eljach realizó un fuerte cabildeo

en organismo de control y del poder ejecutivo en particular de Acción Social, cuyo director Luis

Hoyos, hoy embajador ante la OEA, es también miembro del Partido Conservador.

Igualmente, la influencia pudo llegar mucho más allá pues el gerente del Incoder del momento

Rodolfo Campo Soto, nombrado en agosto de 2006 por Uribe Vélez, es su familiar. El Ingeniero

Campo Soto, hoy investigado por el escándalo de Agro Ingreso Seguro, ha participado en

agronegocios similares a los de de CI Multifruits LTDA, tal como lo reseña la Presidencia de la

República el día de su posesión: “Se ha desempeñado, desde 1999, como Gerente de la Fundación

Animar (Corporación para el Desarrollo Económico del Caribe Colombiano) empresa palmífera y

cacaotera del Cesar. Su experiencia laboral también registra su ocupación en cargos como Gerente

de la Asociación de Algodoneros del Cesar, Asocesar, asesor del Ministerio de Agricultura,

consultor del IICA y alcalde de Valledupar en dos oportunidades”28

.

Cuando el presidente Uribe se dirigió a los cafeteros de la costa Caribe,

el 26 abril de 2006 en Valledupar, elogió a Campo Soto como un gran líder en el departamento del

Cesar: “En cacao en este departamento ha crecido mucho en este Gobierno. Aquí hay un gran líder

que es el doctor Rodolfo Campo Soto. ¿Cuántas hectáreas hemos crecido de cacao, Rodolfo?. Y

este respondió: unas 3.500 hectáreas”29

.

De acuerdo con un testigo de excepción, los vínculos de miembros del Instituto Colombiano de

27

http://partidoconservador.org/index.phpsection=221 obtenida el 8 Oct 2006 14:29:25 GMT

28 http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2006/agosto/18/08182006.htm obtenida el

21 Oct 2006 00:56:54 GMT

29 http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/discursos/discursos2006/abril/c... obtenida el 19

Oct 2006 15:42:51 GMT.

12

Desarrollo Rural, Incoder, con los sectores para empresariales que invierten en la Bajo Atrato

Chocoano y en el Urabá Antioqueño son significativos30

. En la finca “El Atravesao” en una reunión

un asesor financiero de la CI Multifruits LTDA, manifestó su preocupación por los posibles

reveses que pudiera tener el proceso de legalización de las siembras del plátano en Cacarica, por

tratarse de territorios titulados en el marco de la ley 70 por parte del Incoder. Allí, los socios de la

compañía manifestaron al unísono, en particular Campo Eljach que no había de qué preocuparse

porque el gerente de esa institución a julio de 2003, Arturo Enrique Vega, recibía un sueldo por

parte de las Autodefensas. Agregó el testigo que este funcionario renunció a la gerencia y continuó

ejerciendo como funcionario público en Coropoica tiempo después.

Según el testigo un trabajador del área administrativa de la empresa Urapalma S.A, y asesor de CI

Multifruits LTDA, fue asignado por esta empresa, en común acuerdo con quien en pocos días

sería nombrado como gerente de Incoder, Luis Ortiz López para participar junto con dos

afrodescendientes vinculados con el Ministerio de Agricultura en la redacción de un decreto 1516

con la finalidad de buscar un mecanismo para salir al paso al problema del Curvaradó y evitar

problemas en el Cacarica, se trataba de la redacción de las Alianzas Estrategias en los territorios

colectivos de las comunidades negras31

.

Meses después, en abril de 2006 trascendió en Colombia el escándalo por la asignación de predios

por parte del gerente del Incoder, Luis Ortiz López a paramilitares e igualmente se destaparon las

actuaciones ilegales del sub Gerente Omar Quessep quien había sido delegado por el Gobierno

Nacional para dar seguimiento a la siembra ilegal de palma en el Curvaradó. Los beneficios de la

gestión oficial del funcionario a favor de las pretensiones territoriales de la estrategia paramilitar, se

extiende a distintas zonas del país32

.

El representante del Consejo Mayor del Cacarica, expulsado por un sector mayoritario de esa

comunidad en 1999 por aceptar tiquetes aéreos de la empresa Maderas del Darién filial de Pizano

S.A. y otorgar a cambio de este y otros beneficios, autorizaciones de aprovechamiento forestal a

favor de dicha compañía, recibió de acuerdo con el testigo dinero de la CI Multifruits para agilizar

los trámites de entrega del territorio del Cacarica a esta empresa con el Incoder. Parte de la entrega

de dineros a este afro descendiente se realizó en la ciudad de Bogotá en un Hotel ubicado en el

barrio Teusaquillo a donde se desplazo Campo Eljach.

A su vez, de acuerdo con el testigo, la abogada Johana Cabezas, la misma que oficiaba como

representante de Maderas del Darién y que en agosto de 2003 junto con el General Jorge Enrique

Mora Rangel acusó falsamente a los afrodescendientes del Cacarica asociados en Cavida de ser

responsables de actos de tortura, desaparición forzada, concierto para delinquir, recibió recursos a

través de CI Multifruits, para agilizar los trámites de la firma de la alianza estratégica33

.

30

Testimonio de identidad reservada ante miembros del cuerpo diplomático, agencias de

cooperación y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, octubre de 2006

31 http://intranet.incoder.gov.co:95/intranet/Download/resolucion1516.pdf

32 http://eltiempo.terra.com.co/judi/2006-03-30/ARTICULO-WEB-_NOTA_INTERIOR-

2817256.html

33 Testimonio citado Pg 22

13

LA LEGALIZACION DE LA ILEGALIDAD

El 15 de abril de 2005, en la cabecera municipal del municipio de Riosucio, el representante legal

del Consejo Mayor de la Cuenca del Cacarica firmó un contrato de Alianza Estratégica con el

representante legal de la Compañía C.I. Multifruits Ltda., del momento, el señor Carlos Nikolai

Strumberg para la siembra de hortalizas, frutas, palma, caucho, plátano en tierras del Título

Colectivo del Cacarica.

A esa fecha no existía el decreto 1516 de las Alianzas Estratégicas, además, desconociendo la ley 70

nunca se realizo la Asamblea comunitaria plena para esta decisión. A pesar de que esto es un hecho

y los pobladores de Cacarica han denunciado la situación el proyecto continúo en ejecución, con el

silencio absoluto de la Procuraduría General de la Nación y la inacción del Incoder.

En el contrato de Alianza Estratégica, se concibe la inversión de la compañía de forma progresiva.

El representante Legal de Cacarica cedió el uso y goce de la tierra hasta alcanzar una extensión

previsible de más de 20.000 hectáreas, cerca del 25% del Territorio Colectivo. Dicha cesión se

contrata a 8 años, prorrogables a 50 años, pudiéndose, tal y como lo estipula el contrato, ampliarse a

períodos subsecuentes consecutivos, si las dos partes así lo acuerdan, o no revocan el contrato al

vencimiento de este.

Se trata de las tierras situadas en las comunidades de Balsita, San José de Balsa, Varsovia y Bendito

Bocachico, todas ellas pertenecientes al Consejo Comunitario de la Cuenca del río Cacarica y la

posibilidad de su ampliación a otras de las 23 comunidades que comprende esta cuenca.

Cualquiera sean las implicaciones legales de las dos resoluciones, se descarta de la posibilidad de

cobijar de manera retroactiva “Alianzas Estratégicas” o contratos firmados entre particulares y

comunidades afrodescendientes beneficiarias de titulaciones colectivas en el marco de la ley 70 de

1993. Antes de la promulgación de las mismas lo que a las claras se evidencia, además de todas la

irregularidades de la empresa CI Multifruits. en su intervención en Cacarica, es la ilegalidad del

contrato suscrito.

Las familias afrocolombianas de Cacarica asociadas en Cavida en diversas reuniones, en el marco

del seguimiento a las medidas cautelares concedidas a su favor por la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos han denunciado la apropiación de sus territorios, el repoblamiento del Territorio

promovida por las estructuras paramilitares, el desarrollo de proyectos agroindustriales auspiciados

por las estructuras paramilitares que intervinieron junto con la Brigada 17, en su desplazamiento y

en las violaciones de derechos humanos sin haber sido escuchados.

Los afrocolombianos han denunciado el proyecto emprendido por C.I Multifruits S.A ante las

instancias competentes sin que haya existido respuesta eficaz, pronta y oportuna del gobierno. Por

el contrario varios de sus líderes han sido perseguidos militarmente a través de la Brigada 17, tanto

como los habitantes de la Zona Humanitaria “Nueva Esperanza en Dios”.

CI MULTIFRUITS y DEL MONTE S.A.

14

No se trata de legalizar la ilegalidad sino de darle legitimidad en el escenario del poder ejecutivo y

el plano internacional.

En comunicación de abril 28 del 2005, el supuesto representante legal del Cacarica se dirigió al

presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, con copia a los Ministros de Interior y Justicia de

entonces, SABAS PRETELT,- hoy destituido por la procuraduría por dar prebendas a algunos

congresistas para que votaran la reforma constitucional que viabilizaría la reelección de Uribe- , al

ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Felipe Arias y a la ministra de Medio Ambiente

y Vivienda, Sandra Suarez para poner en su conocimiento la firma del contrato Multifruits.

Dice el texto: “(…) tomo la sabia determinación, con el aval de todos los miembros de la

comunidad, de firmar un contrato de alianza estratégica con la empresa privada denominada en

este caso C.I. MULTIFRUITS COMPAÑÍA S.A., el cual anexa para su análisis…”.

“(…) esperamos vincular al proceso productivo una extensión de 22.000 hectáreas representadas

en plátano, cacao, palma, entre otros(…) El proyecto ya arrancó, dice también, con 500 hectáreas

de plátano en las comunidades de Balsitas, Varsovia, San José de Balsa y Bendito Bocachico”.

Señala luego, que bajo la modalidad de Agricultura por contrato se ha firmado un documento para

la venta del producto de este proyecto, entre CI Multifruits S.A. como compañía productora y la

empresa multinacional con casa matriz en Estados Unidos, Del Monte, con sede en la ciudad de

San Francisco, California, que compraría la producción para su distribución en el mercado de

Estados Unidos, que es básicamente a donde dirige su actividad dicha empresa. El contrato de

compraventa entre ambas empresas es inicialmente por 8 años.

Si los escándalos por vínculos de empresas multinacionales con el paramilitarismo como La

Chiquita Brands, la Drummond ésta no parece ser la excepción para Del Monte por sus vínculos

con la empresa Multifruits en la que las coincidencias con operaciones paramilitares son muchas y

en que la estrecha relación con un dirigente del Partido Conservador como Juan Manuel Campo

Eljach es evidente.

Son claras las ilegalidades y la criminalidad. La coincidencia entre las estructuras paramilitares y el

desarrollo del agronegocio no deja ninguna duda. Los campesinos mestizos y afrocolombianos

habían sido desalojados, la mayoría de los habitantes de La Balsa y los caseríos de los alrededores

habían sido repoblados, la tierra distribuida por “El Alemán” a otros campesinos por sus estructuras

paramilitares traídos del Antioquia y Córdoba. Es el mismo territorio que el gobierno tituló a los

afrocolombianos en 1.999 pero que ha sido despojado por la violencia paramilitar y el agronegocio

del plátano. Allí el Estado de hecho es realidad en el bajo Atrato. Todo el mundo guarda silencio,

nadie se pronuncia. Todos hacen oídos sordos a la realidad.

La Transversal de las Américas

El cuatro de agosto de 2010, las comunidades de Autodeterminación Vida, Dignidad del Cacarica –

CAVIDA, que habitan en la frontera con Panamá, pertenecientes a la Cuenca del Cacarica, donde se

construirá el “Puente Cacarica” en las fase 1 de la licitación de la Transversal de las Américas y se

desarrollarán los estudios de factibilidad para la fase 2 del mismo proyecto, radicaron carta34

al

Ministro de Transporte y al Director del Inco y otros funcionarios del alto gobierno, para que se

aplazara la adjudicación, en el tramo que les afecta directamente, hasta tanto se hayan adelantado

los estudios de impacto ambiental, los estudios de factibilidad de la obra y los procesos de consulta..

34

http://justiciaypazcolombia.com/Irregularidades-y-desconocimiento

15

Recordaron los afrocolombianos que han sido víctimas de asesinatos, desapariciones, torturas,

acceso carnal violento, desplazamiento forzado, aludiendo a la operación Génesis, dirigida por el

general Rito Alejo del Río, en donde decapitaron al campesino Marino López Mena y jugaron

fútbol con su cabeza, crimen por el que está detenido el militar quien actualmente responde a un

juicio. Este militar recibió un homenaje del presidente Uribe pero el abogado afirmó, dentro del

juicio que se le sigue, que se comunicó permanentemente en el transcurso de la operación Génesis

con el entonces gobernador de Antioquia, 1995-1997.

Solo un día antes del crimen de Marino López, la comunidad de Travesía llamada Puente América,

justo en el lugar en que se construiría el “puente Cacarica” por un costo de 50 mil millones de

pesos, miembros de la 17 Brigada del Ejército Nacional lanzaron sobre la población civil granadas y

bombas, aterrorizando a los pobladores. Simultáneamente otros miembros del Ejército junto con

miembros de las ACCU llegaron al poblado, atropellaron a varios pobladores y abusaron

sexualmente de la joven de la comunidad Manuela Salas.

También han sido víctimas de las operaciones paramilitares en Balsa y de proyectos como el de la

agroindustria del plátano en la que paramilitares como el Alemán y reconocidos políticos como

Juan Manuel Campo Eljach constituyeron la empresa Multifruits que luego hizo alianzas con la

norteamericana Delmote para el desarrollo del monocultivo en la zona.

Esta Área fue esquilmada, luego del desplazamiento forzado de febrero de 1997, por la empresa

Maderas del Darién filial de Pizano S.A., que adelantó la extracción mecanizada e ilegal de madera,

en bastas áreas del Cacarica, beneficiándose de la presencia paramilitar permanente, consentida por

las fuerzas militares.

Los miembros de Cavida, en la citada comunicación, advertían de las irregularidades que se

evidenciaron en el proceso de licitación, que a todas luces parecía apuntar a beneficiar a los grupos

empresariales de los cuales hace parte William Vélez Sierra, muy cercano al ex presidente Uribe.

No obstante la comunicación de las comunidades, la protesta de la Procuraduría por el modo en que

se estaba dando el proceso, manifestaron su desacuerdo por las inexactitudes en relación con el

presupuesto y la inexistencia de licencia ambiental, la advertencia del Zar Anticorrupción de que

William Vélez Sierra, empresario paisa, no podía participar en dos propuestas diferentes dentro de

la misma licitación, la obra fue adjudicada a las 3:00 a.m., del 5 de agosto, por parte del Ministro

de Transporte Andrés Uriel Gallego y la directora encargada de Inco Gloria Álvarez, al consorcio

Vía de las Américas SAS, integrada por ODINSA, construcciones Cóndor y por Valorcón S.A,

conformada por personas naturales en estrecha relación con el gobierno de Uribe, entre ellos, el

propio Juan Manuel Santos que figura como socio de Odinsa a 2008, William Vélez Sierra,

Nicanor Restrepo Santamaría, Alberto Carrasquilla, Luis Fernando Jaramillo Correa y Ricardo

Sierra Moreno, los Gerlein de Barranquilla, entre otros.

Esta adjudicación, que la convierte en la obra de infraestructura vial más grande del país, en el

sector 1 debe desarrollar la construcción de segunda calzada Turbo - El Tigre (65 km);

construcción calzada sencilla Yondó - Cantagallo - San Pablo - Simití, Tamalameque - El Banco,

Santa Lucía - San Pelayo (133 km); mejoramiento y/o rehabilitación El Banco - Guamal - Mompox

- Talaigua Nuevo - Bodega, Talaigua Nuevo - Santa Ana - La Gloria, (incluye puente Talaigua

Nuevo, Santa Ana), San Marcos - Majagual - Achi - Guaranda, Turbo - Necoclí - San Juan -

Arboletes - Puerto Rey - Montería, Planeta Rica - Montería, Turbo - El Tigre, Lomas Aisladas - El

Tigre, incluido el puente Cacarica. Además debe adelantar los estudios, licenciamiento ambiental y

diseño del tramo palo de letras – Cacarica.

16

Este sector comprende obras por 881 km en un plazo estimado de 7 años, los tres primeros

dedicados a la construcción. La inversión del Estado es de $ 1.7 billones de 2008, tal como lo

decidió el Conpes 3612 del 21 de septiembre de 200935, quien asume el total del costo de esta

obra.

El Sector dos pretende integrar concesiones actuales por 2.266 km, se plantea a 40 años, los 6

primeros de construcción entre Córdoba-Sucre; Ruta Caribe, Cartagena Barranquilla; Barranquilla-

Tasajera; Tasajera-Mamatoco; Santa Martha Paraguachón. La inversión estimada es de 4.1 billones

de 2008.

El total de aporte de la nación aprobado por el Conpes es de 6.2 billones de 2008, lo que

compromete las futuras vigencias fiscales hasta el 2050 aproximadamente. Requiere de una

inversión total de 8,5 billones de pesos, de los cuales la Nación aportará recursos por 6,2 billones

entre los años 2011 y 2021.

Tozuda apuesta que trasciende el gobierno Uribe.

La Transversal de las Américas es una de los tres proyectos para la competitividad, dentro del

“Programa Estratégico de Autopistas -Proesa-, resueltos en el Conpes del 23 de septiembre de

2009, que comprende la Transversal, la Autopista Bogotá-Villavicencio y la Autopista de la

Montaña.)

La historia reciente de estos proyectos (1997-2010) los muestra como parte de un programa paisa36

que se enmarca dentro de la construcción de la Visión Antioquia siglo 21, Operada por el Consejo

de Competitividad de Antioquia, lanzada el 20 de noviembre de 1997 y preparada por expertos,

escogidos por sectores empresariales, la gobernación de Antioquia y la Fuerza Pública de la región,

entre mayo de 1996 y mayo de 1997, con el fin de hacer realidad “La Mejor Esquina de América”37

y que trasciende a política pública nacional en el segundo período del presidente paisa Álvaro Uribe

Dentro de los treinta lideres elegidos en 1997 para jalonar “La Visión Antioquia, en el año 2020

será la mejor esquina de América, justa, pacífica, educada, pujante y en armonía con la

naturaleza” 38

, estuvieron , entre otros, Andrés Uriel Gallego (infraestructura) Ministro de

Transporte que hizo la adjudicación de la Transversal de las Américas; Alvaro Uribe Vélez ,

Presidente de Colombia quien decidió el desarrollo de la licitación y aprobó las vigencias futuras

para su financiación, Nicanor Restrepo Santa María (recursos de capital) beneficiario de la

adjudicación de la transversal de las Américas, socio de Conconcreto, empresa a su vez socia de

Odinsa, una de las tres empresas parte del consorcio Vías de las Américas SAS; Mario Aristizabal

Correa, accionista de Odinsa, beneficiaria de la adjudicación de la transversal de las Américas,

Alberto Builes Ortega ex gobernador de Antioquia (1998-2000), vinculado con paramilitares por el

extraditado Juan Carlos “El Tuso” Sierra y hermano del ex senador Humberto Builes Ortega, preso

por parapolítica e implicado en usurpación de tierra en el Curvaradó, Chocó.

35

Ministerio de Transporte – Inco, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, DNP: DIES-DIFP, Conpes, Programa

estratégico de Autopistas – Proesa, Etapa 1, 23 de septiembre de 2009

36

37 http://www.corantioquia.gov.co/docs/PGAR/textos/IIENLAANTIOQUIAQUECONSTRUYASVIVIRAS.pdf

38 http://www.corantioquia.gov.co/docs/PGAR/textos/VIIITALLERDELIDERES.pdf

17

El año en que se proyectó Antioquia como la mejor esquina de América, fue el peor para el Bajo

Atrato: en Octubre del 1.996, con la masacre de Brisas, perpetrada por militares y paramilitares,

inició la cadena de asesinatos, desapariciones, torturas, acceso carnales violentos contra los

habitantes legales y ancestrales de esos territorios por donde se proyectaba ya la construcción de la

carretera Panamericana como se llamaba entonces.

En Río Atrato flotaban los cadáveres de afrodescendientes, indígenas y mestizos que eran retenidos

en el puerto de Turbo, en Bocas del Atrato, la entrada a Hunguía, en Sautatá, Tumaradó, Travesía,

la Tapa, la Honda y Rio Sucio. En diciembre de ese terrible año 96, siete meses después de haberse

iniciado el proceso de construcción del proyecto paisa de la Mejor Esquina de América, los

paramilitares se tomaron a Riosucio asesinando, desapareciendo a habitantes del municipio.

En la última semana de febrero de 1997, tres meses antes de terminar los talleres de empresarios y

políticos para el diseño del plan Antioquia siglo 21, la Mejor Esquina de América, la Brigada 17

desarrollo la operación Génesis, que luego de cometer crímenes de lesa humanidad, obligó a los

habitantes del Cacarica a desplazarse a Turbo, donde los esperaría la policía para llevarlos hasta el

Coliseo municipal. Por los caseríos que fueron quemados, saqueados y desocupados, pasa la

Transversal de las Américas, de acuerdo con los mapas que aparecen en los pliegos de las

licitaciones.

El diseño del plan, continuaba. En el documento de las subregiones, cuando se refiere al Urabá,

ubica como uno de los principales factores de éxito “desarrollar las ventajas comparativas que se

desprenden de la localización geográfica estratégica, porque Urabá será la mejor esquina de la

mejor esquina de América39

.

En este propósito, el grupo de empresarios y gobernantes paisas, se han empeñado en ampliar la

frontera semántica y geográfica de Antioquia, asumiendo dentro de su lógica empresarial, al Bajo

Atrato Chocoano, como si fuera parte del Urabá, denominándolo Urabá Chocoano, o sencillamente

desconociendo esta subregión nombrándola “sur de Urabá” como lo hizo el ex presidente Uribe, en

su momento, al referirse al Curvaradó, en relación con la Palma Aceitera o como lo hace el hoy

senador Eugenio Prieto Soto, al elogiar su ubicación geográfica “Somos la Mejor esquina porque

contamos con la posibilidad de estar abiertos al mundo vía terrestre por Panamá y Centroamérica

y marítima por los Océanos Atlántico y Pacifico” 40

, cuando esa conexión solo es posible por aguas

y área continental que son del departamento del Chocó.

Prieto Soto, senador Paisa (2010-2014), cuatro meses antes del Conpes 3612 que decidía la

adjudicación de estos proyectos, ya hablaba de las bondades de esta decisión, del apoyo del

Ministro del Transporte Andrés Uriel Gallego y de las ventajas comparativas de la región, en

relación con el mercado internacional, al que servirá la actualización de las obras de

infraestructura41

.

39

www.corantioquia.gov.co/.../VSUBREGIONESDEANTIOQUIAAL2020.pdf

40 http://eugenioprietosoto.wordpress.com/2010/01/24/mejor-esquina-al-pacifico/

41

http://www.sinergiainformativa.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1079&Itemid

=2

18

El gobierno Uribe, venía buscando los mecanismos para garantizar la financiación de la obra, como

lo muestra el Conpes 3544 del 24 de octubre de 2008 llamado “Estrategia para la estructuración

de un mecanismo de financiación para el proyecto vial 'Autopista de las Américas” y como se

plasma luego en el decreto 4579 de diciembre de ese mismo año en el que se autoriza la

capitalización de la comercializadora de energía Urrá S.A E.S,P.

Luego vienen el Conpes en septiembre de 2009 que establece como principal vía para la

financiación de la obra, la enajenación gradual de hasta un 10% de la participación de la Nación en

Ecopetrol, por tratarse de un proyecto estratégico, hasta el anuncio público que hizo el presidente

Uribe en el Consejo Comunal realizado en Apartadó, Urabá antioqueño el 3 de octubre de 2009,

que da cuenta del significado simbólico de escoger esa zona, en que se consolidó el

paramilitarismo, para anunciar la construcción de la obra:

“La Transversal de las Américas se propone una gran carretera de Palo de Letras, allí al frente, a

escasos 62 kilómetros de la margen izquierda del río Atrato, en el departamento de Chocó, el

puente sobre el río Atrato, la conexión a la carretera que se hizo en la administración Turbay, de

Barranquillita a Lomas Aisladas, y el mejoramiento de toda esta carretera costanera del Caribe

colombiano hasta la frontera, en el Puente de Paraguachón, con la hermana República Bolivariana

de Venezuela... Es el Consejo Comunitario número 250, lo hacemos aquí en una tierra que amamos,

en una tierra a la cual le hemos vivido el sufrimiento y también todas sus posibilidades de salir

adelante, con una comunidad que llevamos en el alma, para ratificar ante el país, desde Urabá, la

construcción de la Transversal de las Américas”42

.

La complacencia por el desarrollo de este proyecto no termina en el gobierno de Uribe que ha

dejado ya la disposición presupuestal asegurada a través de decretos y Compes, el proceso de

licitación y contratación del consorcio Vías de las Américas SAS. El hoy presidente Santos,

respondió sin titubeos, cuando era candidato, en hora 30 global de Caracol a la pregunta de si el

Tapón de Darién ¿propondrán construir una carretera que abra los dos países? Santos: La

respuesta es sí. A mí me gusta esa carretera, pero preservando todas las garantías de que el

impacto medioambiental no sea severo”43

.

Ya en el gobierno, el presidente Santos expresa su compromiso de hacer cumplir las licitaciones

que quedaron adjudicadas en el gobierno anterior por la importancia estratégica que el también ve:

“Por eso reitero, primero, lo que ha dicho el ministro Cardona: Antes que acometer nuevos

proyectos, lo que queremos es adelantar –y concluir bien– los megaproyectos que quedaron

ejecutándose o adjudicados en la pasada administración. El objetivo de nuestro Gobierno es

construir al menos 300 kilómetros de dobles calzadas por año en el cuatrienio, para que pasemos

de los cerca de mil kilómetros que hoy tenemos a por lo menos 2.200 kilómetros en el 2014. ¡Éstas

son palabras mayores, y ustedes serán los primeros beneficiarios de este avance! Concesiones

como la Ruta del Sol, la Trasversal de las Américas, las Autopistas de la Montaña y la doble

calzada Bogotá-Villavicencio cambiarán para siempre la faz de las comunicaciones terrestres en

nuestro país”44

.

42

http://web.presidencia.gov.co/sp/2009/octubre/03/05032009.html

43 www.hora25global.com/press-officedoc.aspx?Id=1312405

44 http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2010/Octubre/Paginas/20101008_17.aspx

19

CURVARADÓ Y JIGUAMANDÓ CONTROL DE TERRITORIOS PARA LA PALMA

ACEITERA45

Colombia continúa viviendo un conflicto social, político y armado. La estrategia paramilitar del

Estado en los últimos 22 años es responsable de cerca del 80 % de las violaciones del derecho a la

vida y a la libertad personal. A las guerrillas se les atribuye entre el 17 y 20% de responsabilidad en

la comisión de daños irreparables a la vida e integridad personal.

La política pública económica del gobierno de Álvaro Uribe Vélez -2002-2010 vincula los planes y

objetivos con la política militar y represiva, denominada eufemísticamente de “Seguridad

Democrática” y “Estado Comunitario”. Bajo el presupuesto de que “una agricultura débil equivale a

un terrorismo fuerte”46

, el fondo de tal afirmación redefine el sentido estratégico territorial de la

agricultura, concebida como agroindustria y copamiento militar.

Así el eslogan de la seguridad “democrática” durante 8 años pretendió bajo la militarización de

territorios estratégicos en el marco del mercado global redefinir su uso y su significación conforme

a los intereses inversionistas. La militarización logró la “confianza inversionista” y posibilitó una

reconversión del sentido de los territorios rurales. Se trató de brindar garantías para los “derechos”

empresariales en agronegocios legales e ilegales, obras de infraestructura y operaciones extractivas

de los recursos naturales.

Esta idea de seguridad se ha cimentado sobre la negación de la existencia de un conflicto social y

armado de más de 50 años. Despojado el análisis de la realidad de una mirada causal se desvincula

la ausencia de la reforma agraria de su relación con la violencia socio política.

A través de una inversión ideológica de la realidad, la existencia de las guerrillas en Colombia se

concibe como el fruto criminal de operaciones externas de vieja data como el comunismo

internacional. Despojado el actor contradictor político militar de motivaciones que pretenden

transformar situaciones estructurales de exclusión, de imposición en lo político, en lo económico,

por un modelo de acumulación capitalista, la salida es la militarización integral.

La integralidad significa operar no solo sobre los alzados en armas, sino a quienes se les concibe

como su oxígeno o su base. Tanto como la represión, la seducción. La operación represiva con la

operación psicológica propagandística y publicitaria que desliga las relaciones causales de los

problemas.

La sociedad, la población es concebida como blanco de esas lógicas militares represivas-seductoras,

sea como actor pasivo víctima o como sujeto activo. La persona, las colectividades se deben al

Estado, sus actividades están encaminadas a protegerle de las amenazas terroristas, es un sujeto de

deber para que se pueda garantizar el derecho del mercado, de los inversionistas. Así el espacio

territorial es concebido más allá de un escenario para la guerra militar que deber ser controlado, en

un escenario de resignificación de su sentido material, biótico, espiritual. Se trata entonces de una

militarización de la conciencia, de la sensibilidad y de la voluntad civil. Un cuerpo colectivo que

protege al Estado nación de las amenazas. Y estas se expresan no solo en lo militar sino en

habitantes cuyas concepciones disientan o que habiten corporal – socialmente de un modo distinto

los territorios. Ese es el contenido de la expresión “Estado comunitario”.

Durante estos 8 años la militarización se desarrolló bajo tres ejes.

45 Apartes de el capítulo sobre política pública dentro de la publicación que próximamente se lanzará sobre la palma

en el mundo elaborado François Houtart y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, con la colaboración de ambientalistas, investigadoras y movimientos campesinos de Asia, Europa, Estados Unidos y América Latina.

46 Discurso de Álvaro Uribe Vélez, Segunda Tertulia del crecimiento económico, Bogotá, Marzo de 2005

20

Militarización Territorial

- El aumento del pie de fuerza pasando de cerca de 150 mil efectivos a 459 mil, la presencia policial

en la totalidad de los 1200 municipios de Colombia. Ampliación de operaciones de inteligencia –

bajo medios legales e ilegales- a sectores disidentes o independientes en la rama judicial, en el

legislativo, en las empresas de medios, a organismos no gubernamentales de derechos humanos,

organizaciones sociales, realización de actuaciones de saboteo y control. Operaciones tácticas

aéreas y terrestres ofensivas y de control de comunicación sobre las guerrillas.

- La renovación, ampliación de la injerencia militar externa bajo firmas de Convenios militares

oprobiosos, asesorías técnicas, formación en escuelas europeas y estadinenses que se encuentra en

implementación de 7 espacios para el uso de tropas y aeronaves de los Estados Unidos, sin contar

ya con el apoyo técnico, militar y operativo a través del Plan Colombia I y Plan Colombia II –

Consolidación-; y el apoyo técnico también de países de la Unión Europea e Israel.

Vinculación de civiles en estructuras de control militar

-Planes operativos de control social con redes de informantes y de cooperantes, pagos con

recompensas por información – falsa o no- sobre quienes son concebidos como terroristas.

-La presencia militar en los caseríos con la figura de “soldados de mi pueblo”, civiles que participan

como militares dentro de sus comunidades y el control social territorial con planes asistencialistas y

policivos como las familias “guardabosques”, que se convierten en civiles que bajo el pretexto de

cuidar parques nacionales ejercen control sobre movilidad poblacional.

-La desmovilización paramilitar de más de 30 mil mujeres y hombres, que bajo un proceso llamado

de “paz” institucionaliza la estrategia criminal encubierta del Estado. Se constituyen organizaciones

fachadas de civilidad y de paz –pacificación- para el control social en los espacios rurales y urbanos

donde ha existido presencia paramilitar. Constitución de iniciativas productivas –agronegocios- y de

seguridad en un modelo de reconciliación con las víctimas del despojo violento y reingeniería en

los mecanismos de control para las empresas.

Control Social Territorial.

- Ampliación de los ámbitos de operación militar combinando lo represivo y lo social humanitario

subordinado

- Definición áreas territoriales de control bajo el modelo de Zona de Rehabilitación. Otorgamiento

de facultades de policía judicial, facultades de excepción a los militares sobre las autoridades civiles

y restricción a la movilidad de extranjeros, capturas y allanamientos sin orden judicial.

Estas regiones de operación estratégica eran los corredores Meta, Guaviare y Guainía, el Urabá

antioqueño y el bajo Atrato (Chocó), Catatumbo (Norte de Santander), Valle, Cauca, Tolima,

Putumayo, Huila, Caquetá y la región del Sumapaz, además de Sucre y Bolívar.

En la presentación realizada por la entonces ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez precisa que

el eje de esta política es “precisamente lograr el completo control del territorio por parte del

Estado para asegurar el pleno imperio de la ley, la gobernabilidad y por ende el fortalecimiento del

21

Estado de Derecho”47

La fórmula es simple presencia militar, legalización de la ilegalidad en los territorios estratégicos

generan confianza inversionista” y “desarrollo” en equidad para su habitantes, fórmula técnica del

modelo neoliberal.

Por lo general estos territorios priorizados por el Estado están ubicados en áreas extensas

adjudicadas o en proceso de adjudicación a comunidades afrodescendientes e indígenas o en

territorios ocupados por colonos que no han surtido los trámites de titulación en áreas periféricas del

país ricas en biodiversidad y en llanura extensa.

A los 8 años de aplicación de la política de Defensa y Seguridad Democrática se trazó como

objetivos al 2012, la “recuperación” de los territorios por la vía militar, jurídica y social en función

del desarrollo de agronegocios, obras de infraestructura, proyectos productivos.

En el documento de la “seguridad democrática” se precisa que el “ciclo de recuperación y

consolidación” consta de tres fases: a) “la recuperación del control estatal del territorio” por la

combinación de inteligencia militar y de actuaciones de la fuerza pública b) “mantenimiento del

control estatal del territorio” mediante la ocupación de los territorios por parte de la fuerza pública

y mediante la judicialización por parte de los organismos judiciales, de los “miembros de las

organizaciones terroristas y a quienes cometan delitos de alto impacto social, según el tipo de

manifestación delincuencial” y c) “consolidación del control estatal del territorio”, iniciando

“proyectos productivos sostenibles de mediano y largo plazo... Los ministerios y demás entidades

que participen en los proyectos de atención integral serán coordinados por el Consejo de

Seguridad y Defensa Nacional, para que éstos proyectos sean ejecutados cuando exista el

suficiente control territorial…”48

.

El Ministro de Agricultura, Carlos Gustavo Cano, en su informe de gestión de enero de julio de

2004, anotó que la política agraria está ligada directamente a la geopolítica de la Seguridad

Democrática en Colombia: “Es así como el Presidente Uribe ha afirmado que una agricultura

débil, conduce a un terrorismo fuerte, ya que cada vez que se debilita la agricultura lícita, se

fortalece la ilícita, y se fortalecen así, las fuentes de financiamiento del terrorismo… Luego,

nuestra lucha contra el terrorismo, pasa por la defensa del trabajo rural…De esta suerte, la

agricultura adquiere un valor estratégico geopolítico”49

.

En el mismo informe, el ministro resalta la palma aceitera, como el principal agronegocio de tardío

rendimiento: “Los cultivos de tardío rendimiento, especial fuerza le estamos dando,

particularmente a la palma aceitera, donde Colombia ha alcanzado los más altos niveles de

productividad en el mundo”50

.

En consecuencia, según el antes ministro de agricultura y precandidato presidencial en el 2010,

Andrés Felipe Arias, la política agraria debe estar basada “en la extinción de dominio, y en el

fortalecimiento de la Seguridad Democrática a través del incremento de batallones de alta

montaña, y de Brigadas Móviles. La idea es ir liberando el territorio e ir sustituyendo el que es

liberado con actividad económica formal. Así el `manejo social` del campo se consolida con el

47 Presidencia de la República, Política de Defensa y Seguridad Democrática, Presentación de la Ministra de Defensa

Nacional, Martha Lucía Ramírez, Bogotá, 2002, p. 9 48 Ibid, pp 43-44 49 http://www.presidencia.gov.co/ministrosII/minagricultura.htm obtenida el 31 de enero de 2008, presentación de

informe de gestión, 21 de julio de 2004. 50 Ibid.

22

aliado natural de la `Seguridad Democrática”51

.

El valor estratégico político que en la Seguridad Democrática se le atribuye a la agricultura

encuentra en la palma aceitera un cultivo apropiado para el control social de los territorios, tal como

se evidencia en la “Estrategia de fortalecimiento de la democracia y el Desarrollo Social” en la que

se propone como objetivo fundamental el fortalecimiento de la Política de Seguridad Democrática.

Este fortalecimiento se sustenta en la Doctrina de Acción Integral en la que la intervención social

del Estado en 53 municipios de Colombia, se hace a través de Acción Social, las Fuerzas militares

y los empresarios. En los agronegocios se sostiene que “es de anotar los avances que se han

logrado en el tema de proyectos sostenibles enmarcados en cinco líneas productivas principales:

café, cacao, caucho, palma de aceite y proyectos forestales”52

.

La Estrategia de Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social, es conocida como Plan

Colombia II en la medida que se plantea, también como estrategia para la consolidación de los

“logros” del Plan Colombia y aspira a la captación de recursos de la cooperación internacional,

especialmente de los Estados Unidos. En dicha solicitud, deja de nuevo claro, que su pretensión es

el control de los territorios a través, ahora de la Doctrina de Acción Integral (DAI): “La tarea de

consolidación territorial es compleja por las características de la amenaza terrorista que padece

Colombia.(…) En este sentido, el apoyo a la DAI es un aspecto prioritario en el objetivo de

consolidar el control del territorio”53

.

En la aplicación de la estrategia de control social de los territorios, los Centros de Coordinación de

la Acción Integral (CCAI) se constituyen en la instancia que coordina todas las entidades públicas

en función de su objetivo. Los proyectos productivos y la inversión social pasan necesariamente por

este filtro, integrado por el sector privado, fuerza pública y el ejecutivo, condicionando, en

consecuencia, toda gestión productiva y social, incluidos agronegocios como la palma aceitera, a la

consolidación del control de territorios: “El CCAI seguirá trabajando para que cada una de las

entidades del orden nacional, en coordinación con la FP, las gobernaciones y alcaldías, el sector

privado, organizaciones sociales y la comunidad, influyan en los planes de acción y el presupuesto

para atender la priorización de estos municipios. De esta forma, se tomarán decisiones de

inversión social con criterio de seguridad, y se generará valor público a partir de la coordinación

interagencial, especialmente entre los civiles y la FP”54

.

Un episodio que da buena cuenta de este proceso de consolidación de la Seguridad Democrática

ligado al desarrollo del agronegocio de palma aceitera es la entrevista sostenida en julio de 2005

entre el Presidente Uribe y el ex primer ministro de Malasia Tun Mahatir Bin Mohamad. Luego que

el presidente de Colombia hablara de las ventajas que para el sector ofrecen las grandes extensiones

de tierras disponibles para el agronegocio en territorio colombiano, el ex funcionario relata cuál fue

el proceso adelantado en Indonesia para el control de los territorios, la conquista de los pobladores y

el exterminio militar de los “terroristas”:

“Al igual que ustedes nosotros teníamos problemas de terrorismo, teníamos guerrillas en las selvas

que hacían muchos ataques y alteraban el orden público y la paz. Y en ese tipo de situaciones

nosotros no podíamos atraer a los inversionistas (…) Tratamos de ganarnos el corazón y las mentes

51 Citado en Germán Bedoya, “Campesino sin campo”, publicado en Plataforma Colombiana de derechos humanos,

democracia y desarrollo, Reelección: el embrujo continúa, ed. Antropos, Ltda., Bogotá, septiembre de 2004, pg. 559.

52 Departamento Nacional de Planeación, Dirección de Justicia y Seguridad, Estrategia de fortalecimiento de la democracia y el Desarrollo Social 2007 - 2013,febrero de 2007

53 Ibid, p 57 54 Ibid, p 74

23

de los terroristas también, para poderles demostrar que ellos también tienen un interés en el país,

que para ellos es mejor dejar su lucha y dejar sus armas, y organizarse, incorporarse y ganarse la

vida de forma decente en Malasia(…) Empezamos en 1948, cuando estábamos bajo el régimen

británico y solamente terminamos en 1990. Nos tomó 40 años esa lucha para que ellos dejaran las

armas y se reinsertaran y dejaran los actos terroristas que estaban perpetrando”55

.

En una lógica similar, pero en otro contexto, el presidente Uribe liga la tenencia de la tierra de los

campesinos al triunfo contra “los violentos”. La tierra será para los campesinos, siempre que haya

control estatal de los territorios, parece querer decir en la inauguración de una plantación de palma

en el Magdalena Medio, apenas iniciaba su primer mandato: “¿Qué se me hizo el Padre de Roux?

Él me decía esta mañana que le llamara la atención a los campesinos para que no vendan la tierra.

No la vendan. Le llegó el momento a la tierra nuevamente en Colombia. En la medida que

derrotemos a los violentos, que los vamos a derrotar, a ellos no les queda más camino, y en la

medida que podamos avanzar con estas políticas sociales le llegó el momento a la tierra. Le llegó

el momento al campesinado para salir adelante. Hay que difundir en todas partes, Gobernador y

Alcalde, que el campesino no venda la tierra. Que vamos es a ayudar a que salga adelante.”56

Esa pretensión se quiere concretar dentro de la segunda fase del Plan Colombia, como lo expresa el

mismo presidente: “los cultivos alternativos son una parte importante del Plan, especialmente en

aquellas zonas donde la inversión privada no llega, con Caucho, palma africana y ayudar a las

Familias Guardabosques y destacó que hay regiones en Colombia donde lo único que se debe

hacer como cultivo alternativo es la protección de la selva o ayudar a su recuperación”57

.

Los documentos oficiales y las intervenciones del entonces presidente Uribe, abstraen del todo, el

papel jugado por la estrategia paramilitar en el control social de los territorios, que contiene

evidentes similitudes con las fases de la “Recuperación estatal de territorio” de la aludida

“Política de Defensa y Seguridad Democrática”, como lo dejaron ver todos los medios de

información nacionales, cuando alertaron sobre la “Paramilitarización del país”, en septiembre de

2004.

Los medios recogieron los informes que durante años elaboraron organizaciones de víctimas y de

Derechos Humanos y sintetizaron el desarrollo del paramilitarismo, identificando cuatro etapas: 1)

El terror mediante masacres que marca el ingreso de paramilitares a determinados territorios,

generando desplazamientos masivos 2) Los asesinatos selectivos para eliminar los sobrevivientes

que persisten en procesos de afirmación de derechos y penetración paulatina de en circuitos

políticos, económicos y sociales; 3) El trabajo comunitario aceptado por las personas que prefieren

no abandonar sus tierras, que se incorporan a proyectos de inversión social y productivos como la

palma aceitera 4) la consolidación del dominio real del territorio mediante formas de legalización

de las expropiaciones y negocios, recepción de recursos públicos a través de asociaciones tipo

ONG.58

Los avances en el control de territorios, en las distintas fases del desarrollo del paramilitarismo y el

paso oficial de recuperación estatal en función de agro negocios como la palma aceitera, están

imbricados de manera evidente, como se puede constar en casos específicos del asesinato,

55 http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2005/julio/21/08212005.htm obtenida el 26 Mar 2008 56 Palabras del presidente Uribe al entregar proyecto de palma africana para el Magdalena Medio Sabana de Torres

(Santander), 22 sep de 2002 (SNE). 57 Entrevista del presidente Uribe con las emisoras del ejercito, 9 de febrero de 2007

http://www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=189129 obtenida el 16 Mar 2008 58

El Tiempo, 26.09.04, pg. 1-8 y 1-11

24

desaparición forzada, desplazamiento forzado, siembra de palma aceitera, créditos de la entidad

pública Finagro, incentivos palmeros en el Curbaradó; también en la aprobación de generosas

leyes que favorecen con créditos, exenciones e incentivos la producción de cultivos de tardío

rendimiento, particularmente la palma, aprobados por un congreso de la república del que 30 de sus

miembros están en la cárcel y 60 en total están siendo investigados por la Corte Suprema de

Justicia, sindicados de vínculos con paramilitares.

Sin embargo, tales objetivos, en los últimos 8 años, han estado signados por más de 6500

detenciones ilegales y arbitrarias, más de 2000 ejecuciones extrajudiciales o crímenes a sangre fría

de militares que hacen pasar a sus víctimas como guerrilleras, más de un millón y medio de

desplazados internos, el reconocimiento de la existencia de más de 50 mil desaparecidos forzados.

De acuerdo con la Comisión Colombiana de Juristas: “Durante los primeros cinco años de la

administración del Presidente Álvaro Uribe Vélez, se tiene que, por lo menos, 14.017 personas han

perdido la vida por fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica entre julio de 2002 y

junio de 2008. Esta cifra corresponde al período de aplicación de la política de “Seguridad

Democrática” promovida por

El Gobierno del ex presidente Uribe. Entre julio de 2002 y junio de 2008, por lo menos, 24.802

personas perdieron la vida a causa de la violencia sociopolítica.59

La obsesión palmera de Uribe en Curvaradó y Jiguamandó

Desde 1996 el Estado colombiano conoce denuncias de las comunidades del Curbaradó y

Jiguamiandó y de organizaciones de Derechos humanos en las que se le manifiesta que fueron

víctimas de desplazamiento forzado mediante asesinatos, desapariciones y torturas y las tierras

ocupadas en la siembra de palma aceitera por empresas implicadas con grupos paramilitares que

están perfectamente identificadas.

Octubre de 1996 marca del desarrollo de una estrategia militar de ocupación y de desalojo en los

límites de Antioquia y Chocó, justo cuando Uribe Vélez es gobernador del departamento

antioqueño, implementando el programa institucional de grupos armados privados, conocidos como

Convivir, en el que se camufló la estrategia paramilitar al lado del llamado “Pacificador de Urabá”,

general Rito Alejo del Río Rojas. Al mismo tiempo Uribe promovió la carpeta del plan de desarrollo

llamado “La Mejor Esquina de América” en el que se entrecruzan proyectos de infraestructura, de

operaciones extractivas de recursos naturales y de agroindustria y ganadería extensiva. Ese plan

redefinió el sentido de los intereses estratégicos antioqueños hacia el mercado mundial del

noroccidente de Colombia, con centro, sur y norte América, el este de Suramérica y el pacífico.

Así se planteó en medio del desplazamiento de la población y de una crisis sistemática de

violaciones de derechos humanos y una profunda crisis humanitaria la construcción de la carretera

panamericana, ahora llamada, transversal de las Américas, para romper el llamado “Tapón del

Darién” que separa a Colombia de Panamá; el gaseoducto de Ballenas en Venezuela, Costa

Atlántica- Chocó con Centroamérica; el proyecto de Interconexión Eléctrica , IIRSA; la extracción

mecanizada de recursos forestales; el canal Atrato – Truandó uniendo al Pacífico y el Atlántico y

agronegocios de banano, de palma de aceite, y la constitución del Puerto Marítimo de Urabá, de

Zonas Francas y de un aeropuerto internacional, entre otros.

Seis años después, en el 2002, “La Mejor Esquina de América” toma impulsos inusitados en los

59

http://www.coljuristas.org/Portals/0/CCJ%20informe%20NEO.pdf

25

aspectos de planeación, de estudios de viabilidad y en particular del agronegocio de la palma

aceitera para la producción de agrocombustibles. El caso ilustra de buena manera la aplicación

concreta de la política agraria concebida como estrategia de control militar en cerca de 100 mil

hectáreas. Esa relación entre economía, tierra y seguridad militar integra la militarización,

violaciones de derechos humanos, vía judicialización, exacerbación de los medios para lograr sus

fines.

El presidente Álvaro Uribe renombra estos territorios colectivos con la genérica denominación

“Urabá” ó “Sur de Urabá”. La forma de nombrar por si, es excluyente y hace alusión a esa visión

“paisa”, que pretende negar la existencia del Chocó, del bajo Atrato o en que ella está incluida en

Antioquia. Es la superposición territorial verbalizada de la colonización. Negar la existencia de un

territorio, el bajo Atrato o suponer su existencia al hablar de lo que lo limita el “Sur de Urabá”.

El recurso discursivo a través del cual se hace percibir la realidad de una manera oculta la

criminalidad estatal.

Así, por ejemplo, el nombramiento de un espacio territorial o nombrarlo equívocamente, posibilita

ocultar la ocurrencia de crímenes de lesa humanidad. Hablar del Urabá, del Sur de Urabá es obviar

la criminalidad estatal en los territorios colectivos, que es conocida nacional e internacionalmente.

Se asegura discursivamente las inversiones, es parte de la “confianza inversionista” de la que habla

Uribe.

Pero también, el uso del discurso verde, enmascara la violencia y la impunidad, justificando la

inversión empresarial. “El crimen se viste de verde” en el agronegocio de los agrocombustibles que

Uribe llama biocombustible o biodiesel. Tal discurso “verde” encubre los daños ambientales en una

región concebida como Zona de Reserva Forestal.

El discurso institucional se asienta en la idea del progreso, del desarrollo, asegurado por la

militarización, la confianza inversionista en el “Estado comunitario”. Aquel estadio donde la

comunidad se hace sujeto de deberes, de responsabilidad en la seguridad y la economía, donde se

usa de está, donde se coloniza su mente, su voluntad para disponer de la existencia territorial para

los agronegocios.

En 2004, Uribe, por ejemplo, motivó la siembra de palma en la región del bajo Atrato, a pesar que

una comisión dirigida por en Incoder, constató que el 93% de la palma estaba sembrada ilegalmente

en territorios colectivos de los afrodescendientes de Curbaradó. Uribe desconoció lo que su

gobierno sabía que estas familias fueron desarraigadas violentamente desde 1996 y en una serie de

fases de represión en 1997, en 1999 y en una operación de tierra arrasada en el 2000.

Posteriormente Uribe, en el “Consultorio Empresarial” convocado por la Cámara de Comercio de

Medellín solicitó un informe sobre los avance de los cultivos en la región del Urabá:

“El informe nuestro es que en el sur de Urabá están sembrando cinco mil hectáreas de palma

aceitera. ¿Cuántas van ya? Van a ajustar 10 mil en dos años. ¿Cuántas han sembrado ya? 3.500.

En regiones como Urabá, el bajo Cauca, el Magdalena Medio, esto es de gran importancia. El año

pasado se sembraron 22 mil en el país. Este año aspiramos que se siembren 30 mil y el 20 de julio

vamos a ingresar una nueva exención tributaria al Congreso para que quede exento el biodiesel,

que se puede producir a partir del aceite de palma , a fin de darle vía libre a que el país no tenga

demoras en sembrar 600, 700 mil hectáreas de palma africana. El Gobierno encontró 170 mil”60

.

60

Palabras del presidente Uribe Durante el Consultorio Empresarial, Cámara de Comercio de Medellín 30 de Abril de 2004. www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2004/abril/30/24302004.htm - 60k -

26

En la inauguración, en octubre de ese año, de una hidroeléctrica en Frontino, Antioquia, motivó a

los empresarios del banano a continuar con la expansión de la palma, sin nombrar al bajo Atrato,

pero refiriéndose a él, pues no existe otro lugar en el nor occidente de Colombia en donde se

desarrolle tal agroindustria.

Uribe manifestó: “Por ejemplo, el sector privado, necesita en Urabá, para los cultivos de banano y

para otros cultivos que empiezan a ser muy prósperos en la región como Palma africana,

generalizar el riego por goteo. El Gobierno Nacional le va a prestar al sector privado bananero un

dinero importante para su sistema de riego. Ese puede ser un gran socio”61

.

Y ese mismo mes, a pesar del conocimiento del recrudecimiento de la estrategia paramilitar en el

Jiguamiandó y del control absoluto de tipo paramilitar en Curbaradó aseveró claramente a

empresarios de Medellín, que Urabá se empezaba a beneficiar con la política de promoción de

palma aceitera de su gobierno.

Mientras Uribe Vélez esto expresaba, se realizaba una segunda comisión de verificación dirigida

por el Incoder, que constataría la información ya recogida sobre la apropiación de esos territorios

por parte de empresarios para el desarrollo del agronegocio, del uso de mecanismos fraudulentos y

de la violencia ejercida con estos propósitos. Semanas después, la única exigencia del gobierno a las

organizaciones humanitarias fue pedir copia de los videos grabados por las organizaciones de

derechos humanos, en particular, el de la Comisión de Justicia y Paz, en donde se aprecian

operaciones paramilitares y la labor de personas ligadas al gobierno de Uribe, en el servicio

diplomático, como Ignacio Guzmán, quien fue jefe de campaña del candidato Vargas Lleras.

En ese momento, ya el Washington Post se refirió al tema en un extenso artículo y gracias a la

resistencia de la gente que iba regresando en las constituidas Zonas Humanitarias y Zonas de

Biodiversidad, y conocida la situación por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una

peregrinación internacional, se iba desenredando la tramoya palmera.

A pesar de tanta evidencia, el primer mandatario al referirse al bajo Atrato expresó: “Urabá se

empieza a beneficiar de nuestra política de la promoción de la palma africana, que tiene un gran

futuro para producir combustibles biológicos”62

. Un discurso verde, ambiental ocultaba la

criminalidad.

En Mayo de 2006, el presidente de la República anunciaba con entusiasmo a los empresarios de

Antioquia que la palma del “Sur de Urabá” ya estaba a punto de cosecha para la extracción de

aceite y le propuso su uso en el Atrato. Para esta fecha, ya se conocía el informe del Incoder que

reconocía la siembra de palma en territorios colectivos (15 de marzo de 2005); la Directiva 008 del

Procurador General de la Nación que pedía al gobierno resolver la problemática de tierras en el

Curbaradó (21 de abril de 2005); la resolución 039 de la Defensoría del Pueblo que solicitaba que se

detuvieran todas las actividades relacionadas con el agronegocio en el Curbaradó y Jiguamiandó

(junio de 2005).

Simultáneamente las estructuras paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas se desmovilizaron como

parte de una reingeniería militar pero también con el propósito del desarrollo del Proyecto de

Alternatividad Social, Paso. Entre otros, el del control social territorial a través de la cooptación de

consejos comunitarios y organizaciones de base, la creación de otras para el desarrollo de

agronegocios, asegurados con desmovilizados o la fuerza pública.

61

Frontino Antioquia, octubre 26 de 2004 62

Encuentro ‘Colombia, democracia y paz’ Octubre 26 de 2004 (Medellín – Antioquia) http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/discursos/discursos2004/octubre/encuentro.htm

27

No obstante estas realidades, los informes institucionales y el proyecto Paso, el presidente instó a

los empresarios al agronegocio de la palma: “Yo le voy a hacer una sugerencia para que la discutan

en este simposio. El sur de Urabá está próximo a iniciar la producción de aceite de palma. Yo creo

que ese podría ser el combustible para utilizarlo no en mezcla sino en un ciento por ciento en

plantas de los municipios ribereños del Atrato”63

.

Y finalmente agregó en una visión futurista: “Colombia puede pasar de 300 mil hectáreas de palma

africana a 6 millones”.

En septiembre de 2006 en un consejo de seguridad en Carepa, Antioquia, en presencia de varios

ministros de su despacho, empresarios y autoridades locales Uribe Vélez manifestó, como lo reseñó

el Ministerio de Defensa: “Finalmente, en lo referente al tema de cultivos de palma africana que

hay en el sur de la región, el Jefe de Estado expresó que allí se necesita una clarificación de títulos,

la cual se espera adelantar en las próximas semanas, para después concretar un acuerdo ‘de muy

buena fe entre empresarios y las comunidades afrodescendientes, para llegar a una exploración

racional de la palma africana en esa zona, que le ayude a todo el mundo a generar ingresos,

aplicar tecnología, a generar empleo, eso necesita un gran proceso de concertación y los vamos a

impulsar ´”64

.

En 2007, el presidente Álvaro Uribe continuó asumiendo la problemática la situación de los cultivos

de palma con el monocultivo con el genérico “sur de Urabá”. En coherencia con su discurso

estratégico, engaño, plantea que tienen la disposición de impulsar una solución a la problemática

generada por “paramilitares y guerrillas”. Así Uribe distorsionó la realidad, volviendo a la tesis de

dos demonios, transfiriendo la responsabilidad a “actores ilegales” ocultó la responsabilidad en la

construcción del paramilitarismos y en el despojo violento para la siembra de palma.

Igualmente, Uribe no hizo alusión a que los palmeros de la región de bajo Atrato, beneficiarios del

paramilitarismo, a través de medios fraudulentos accedieron a créditos e incentivos de Finagro.

También, olvido decir, que el emporio empresarial cuenta con la protección permanente de en ese

momento, desmovilizados y militares de la Brigada 17 del ejército, y ahora de la brigada 15.

Independientemente de la voluntad de las comunidades afectadas por el agronegocio, el presidente

persiste en mantener la palma aceitera. Se anunció que la concertación siempre ha estado

subordinada a la permanencia de la palma aceitera sembrada en los territorios colectivos, luego del

despojo, no está en discusión la ilegalidad ni la criminalidad, está en discusión cómo sostener el

agronegocio. “Encontramos un problema grave con tierras de consejos comunitarios negros al sur

de Urabá, lo estamos superando, allí hubo de todo, presiones de la Farc, robos de la Farc,

presiones de los paramilitares, robo de los paramilitares. Estamos devolviendo toda esa tierra a sus

dueños, los consejos comunitarios negros y estamos impulsando unas alianzas estratégicas entre

ellos e inversionistas para poder continuar el desarrollo de palma africana pero, sin el despojo al

consejo comunitario”65

Las Alianzas Estratégicas, ya implementadas ilegalmente por los empresarios de la palma de esta

zona del país desde el 2001 con constitución de asociaciones campesinas, falsificación de

documentos públicos, para intentar legalizar la ocupación violenta de esas tierras, es dejada de lado

por Uribe.

63

II Simposio Internacional de Energía y Frontera en el Sector Rural Julio 24 de 2006 (Medellín – Antioquia) 64

http://www.mindefensa.gov.co/index.php?page=181&id=4486 obtenida el 9 Jul 2008 18:28:30 GMT 65

http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2007/mayo/22/11222007.htm obtenida el 22 Jun 2008 08:39:32 GMT

28

En diciembre de 2007, hablando, nuevamente a los empresarios en Medellín, les llamó fuertemente

la atención por no aprovechar las ventajas de la política de zonas francas para la exención de

impuestos e instó a hacer uso de este incentivo para la palma aceitera, obviando la conocida

problemática: “Sobre el tema de los biocombustibles, la idea es expandir la zona productora de

palma africana en el sur de Urabá, ante la gran posibilidad que tiene la región para el desarrollo

de proyectos de biodiesel”66

La implementación de una política pública agraria para hacer fuerte el campo, en materia de palma

aceitera y “biodiesel” se ha impuesto por encima de las arbitrariedades e irregularidades, que

entidades del propio gobierno, y dos del Ministerio público, en la que se establece la ocupación

violenta e ilegal de territorios colectivos por parte de empresarios de la palma.

Para Uribe condiciones como las de la tenencia ilegal y violenta de las tierras, las violaciones

sistemáticas de derechos humanos, no son parte de su política.

Ni siquiera el reciente auto de la Corte Constitucional en mayo de 2010, que impidió la restitución

de la propiedad a las comunidades negras, porque se iba a realizar en medio de una polémica

legitimación y legalización de los intereses empresariales con un consejo comunitario realizado a la

medida de los victimarios ha válido para que cese su obsesión. Uribe manifestó públicamente en

relación con el Auto que debe entregarse antes del 7 de agosto fecha en que termina su mandato. Así

pretende hacerse a un lado del Auto que fija unos plazos para la restitución de la tierra, en

condiciones de identificación precisa de los habitantes de Curbaradó y Jiguamiandó.

En esa misma intervención, el 21 de mayo en el marco de la afrocolombianidad Uribe manifestó: "

me parece muy grave que vengan nuevos conquistadores, así se hagan llamar ONG, a disociar y a

crear más problemas. La comunidad ha visto que el gobierno es su defensor frente a ese fraude, que

se dejó cometer en el pasado con las tierras en Curvaradó y Jiguamiandó".

Su obsesión le impide observar sus propias incoherencias, sus contradicciones, y constatar su propio

cinismo. La obsesión por los agrocombustibles lo hacen preso del olvido estratégico, su memoria

“inversionista”, es la de impunidad y la de una criminalidad que pretende legalizar la ilegalidad,

legitimar la ilegitimidad.

Uribe desconoce públicamente que durante los últimos 14 años, en parte en su gobernación y

después en su presidencia, se desata un plan sistemático de exterminio de la población. Luego de la

violencia estatal y su estrategia paraestatal, con el logro del despojo violento, la colonización

empresarial, protegida por el paramilitarismo y la fuerza pública, con la finalidad de imponer una

economía a gran escala, basada en agronegocios de palma, de banano, de ganadería extensiva,

extracción minera, y de obras de infraestructura eléctrica y vial con altísimos costos humanos, el

exterminio de comunidades originarias, y con daños ambientales irreparables en la Zona de Reserva

Forestal del bajo Atrato .

Mientras sus planes antes de dejar su gobierno es lograr focalizar recursos o presupuesto de la

nación hasta el 2017 brindando la seguridad inversionista para el capital nacional e internacional, de

modo, que los próximos gobierno sean simplemente administradores de la “seguridad democrática y

del Estado Comunitario”, hace caso omiso de las decisiones judiciales, cuando expresa ante una

decisión de la Corte Constitucional de impedir una restitución de la propiedad colectiva a manos de

los empresarios beneficiarios del paramilitarismo, que deberá hablar para lograr modificar el Auto

que posterga la entrega de tierras luego de que termine su mandato.

66 http://web.presidencia.gov.co/sp/2007/diciembre/12/09122007.html

29

Pero también, oculta con sus expresiones mediáticas, la decisión de la Fiscalía del pasado 18 de

mayo del 2010, inicialmente una decisión inédita, llamada del capítulo de la paraeconomía, con la

medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de libertad provisional de 25

empresarios y algunos paramilitares por los delitos de desplazamiento forzado, concierto para

delinquir, usurpación de tierra y delitos contra el medio ambiente cometidos en Curvaradó y

Jiguamiandó67

.

La Resolución evidencia la responsabilidad de los empresarios de la palma y de la ganadería

extensiva, así como de funcionarios públicos que por su acción u omisión favorecieron la

realización y ejecución de los delitos investigados (aprobación de créditos, conceptos y licencias).

Pese a ello, pasados más de 5 años desde que los representantes legales de los consejos

Comunitarios de las cuencas del río Curvaradó y Jiguamiandó presentaran la denuncia penal, aun no

existen decisiones de fondo, resoluciones de acusación o juzgamientos en contra de los

responsables y no se investigan la totalidad de 142 crímenes de lesa humanidad, 15 desplazamientos

forzosos. Por eso, en la actualidad se encuentra en trámite ante el sistema interamericano y ante la

OIT el caso de los consejos comunitarios de Curbaradó y Jiguamiandó que habitan en las Zonas

Humanitarias y Zonas de Biodiversidad.

Esta decisión de la Fiscalía, más el auto del pasado 18 de mayo del 2010 de la Corte Constitucional

que obstaculizó la restitución ilegitima de predios colectivos que pretendía favorecer a los

empresarios, más la audiencia de la Corte Interamericana, generaron do la reacción de Álvaro Uribe

Vélez acusando a la Comisión de Justicia y Paz de generar divisiones y de colonizar a la población.

Así poco se puede esperar de una restitución real y material del territorio, los factores de poder a

pesar de estas decisiones siguen activas en las decisiones del ejecutivo y en la persistencia de la

estrategia de control social paramilitar que se desarrolla en el bajo Atrato en medio del conflicto

armado interno. Las obsesiones de Uribe son la expresión de la decadencia del Estado de Derecho,

son la manifestación, de los límites de las democracias liberales en que el poder real, es el poder del

capital, sus lógicas de operación y de instrumentalización de la vida y del territorio para el mercado

mundial. Obsesiones que matan, que reproducen la muerte, que legitiman la muerte.

Ya en el gobierno del presidente Santos año 2.010, la Ley de restitución de tierras que se discutirá

en el congreso no cobija a las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó, dado que estas

comunidades no están amparadas por la ley 975 llamada de Justicia y Paz. El proyecto se

circunscribe a los dos millones de víctimas que han declarado sus predios mediante este

mecanismo. De otra parte, está concebida no para comunidades afrodescendientes ni indígenas, sino

para comunidades campesinas mestizas.

RESGUARDO INDÍGENA DE ALTO GUAYABAL, EXPLORACIÓN INCONSULTA PARA

LA EXPLORACIÓN MINERA.

El 28 de diciembre de 2004 la empresa transnacional Muriel Minig Corporation del Estado de

Colorado, USA, firmó un contrato de 30 años prorrogable con Ingeominas y la gobernación de

Antioquia para la explotación de oro, cobre y molibdeno y otros minerales en 16.000 ha, 11.000 en

jurisdicción del municipio de Carmen del Darién y 5.000 en el municipio de Murindó, sin que se

haya adelantado ningún tipo de acuerdo con las comunidades que habitan las 4 áreas que

67

http://justiciaypazcolombia.com/Un-avance-aunque-no-cesa-la

30

comprenden el contrato: La Rica, Coredocito, Quebrada de Taparos, Jarapetó y el río Murindó.

Según se establece a través de los planos anexos al contrato de concesión y de acuerdo a las

coordenadas georeferenciadas del área, esta mina cubre parte de los territorios del Resguardo

Indígena de Urada – Jiguamiandó y del Consejo Comunitario de la Cuenca del Rió Jiguamiandó,

jurisdicción del municipio del Carmen del Darién. Cerca de una cuarta parte de la mina se halla en

el territorio colectivo del Jiguamiandó y las tres cuartas partes restantes cubren el Resguardo

Indígena Embera – Catio en el municipio de Murindó.

Este contrato se suscribió luego de que la compañía Muriel Mining Corporation presentara el día 14

de abril de 2004 propuesta de contrato de concesión para la exploración y explotación del área

referida y de que, según los términos del mismo, ésta cumpliera con todos los trámites y requisitos

exigidos en las leyes nacionales. A pesar de ello, el Instituto Colombiano de Geología y Minería ha

reportado, a la Comisión de Justicia y Paz, que a ninguna de las solicitudes radicadas para la

explotación minera en jurisdicción del Municipio del Carmen del Darién les ha sido otorgado

contrato de concesión. En igual sentido, el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Territorial ha afirmado que no ha aprobado ninguna licencia ambiental en el sector de la minería

para dicha área.

El día 4 de febrero de 2005, el entonces Gobernador del Departamento de Antioquia, Aníbal Gaviria

Correa y James Álvaro Valdiri Reyes, en calidad de apoderado de la sucursal en Colombia de la

compañía Muriel Mining Corporation, firmaron otro contrato de concesión para el aprovechamiento

y explotación de una mina de cobre, oro, molibdeno y otros minerales, con una extensión inicial de

2.000 hectáreas localizada en áreas limítrofes de los municipios de Murindó, Antioquia y Carmen

del Darién, Chocó, por una duración prorrogable de 30 años.

Esta empresa ha hecho un acuerdo de riesgo compartido con la poderosa empresa de capital

británico, Australiano y Chino llamada Rio Tinto, y cuenta para la exploración con un presupuesto

de 3.200.000 US. El 28 de diciembre de 2009, los militares colombianos, invadieron los territorios

indígenas de esta comunidad Embera cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, tratos

crueles y degradantes contra indígenas y el 2 de enero de 2009, ingresó la compañía con operarios

y equipos para adelantar la exploración.

En enero de 2010, nuevamente la brigada 17 de el ejercito bombardeó una casa en la que se

encontraba una familia Embera, causando graves lesiones a José Nerito Rubiano Bailarín, dejándolo

parapléjico, a su compañera Martha Ligia Majoré Bailarín, a su sobrina Celina Majoré, que resultó

ilesa y el hijo de Celina, bebé de 15 días de nacido, quien falleció días después por los efectos del

impacto el bombardeo.

El gobierno Colombiano y la empresa Muriel, argumentaron que el proceso de consulta, necesario

par la exploración, ya se había perfeccionado. Por su parte las comunidades indígenas, rebatieron el

argumento, debido a que indígenas que se encuentran fuera del territorio firmaron actas de consulta

a cambio de prebendas personales, sin haber contado con el conjunto de las familias afectadas por el

proyecto. Las mujeres de la comunidad han adelantado una activa oposición a las empresas,

liderando a más de 700 indígenas que se han concentrado desde esa fecha para oponerse a las

actividades de la compañía transnacional.

Haciendo uso del derecho ancestral más de 1.000 indígenas afectados por la compañía, adelantaron

una Consulta de los Pueblos en la que por unanimidad todos dijeron no a la exploración y

explotación.

Pese a que el Estado de Colombia es parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del

Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales y ha dictado Leyes como la Ley 70 de 1994 e incluso, el

Código de Minas, las comunidades afrodescendientes del Consejo Comunitario del Jiguamiandó no

han sido notificadas, informadas o consultadas por ninguna entidad publica de la realización del

31

mencionado contrato de concesión y de la explotación minera que se realizará sobre cerca de 500

hectáreas de su territorio colectivo. Menos aun, las comunidades han participado de los trámites,

audiencias, intervenciones y procedimientos públicos para el otorgamiento de dicho contrato, sin

que allí se hayan determinado los impactos económicos, sociales o culturales para las comunidades

indígenas o negras o tomadas decisiones de manera conjunta con las minorías étnicas afectadas o

fomentado las formas propias de aprovechamiento de los recursos naturales de las comunidades

afrodescendientes.

Esta clase de actividad minera afecta y desmantela de manera manifiesta los valores culturales,

sociales y sobre todo económicos de las comunidades indígenas y afrodescendientes en torno a la

libre decisión frente a la explotación de los recursos naturales que se hallan en su territorio y a la

conservación y uso sostenible del ambiente, tal y como se ha establecido en los artículos 121 y 259

del Código de Minas, el articulo 44 de la Ley 70 de 1994 y los artículos 4, 6, numerales a y b y 15,

numeral 2, del Convenio 189 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional

del Trabajo.

La Corte Constitucional, decidió, en fallo de tutela, amparar el derecho a la consulta de las

comunidades, lo que dejó sin piso la fraudulenta consulta reconocida por el Ministerio de Interior y

Justicia del gobierno del presiente Uribe.

EMERGENCIA DE LAS RESISTENCIAS

Luego que el derecho les favoreció, las formalidades de ley que alargan

interminablemente la distancia entre un reconocimiento jurídico y el goce material de

ese derecho, las comunidades a la vistas de todo el mundo se vieron obligadas a ejercer

su derecho al disfrute de sus territorios, mas allá de la intimidación impuesta por

los victimarios poseedores de mala fe.

La inmensa dignidad de que son portadores les ha llevado a recorrer, acompañados por

amigas y amigos de diversos países del mundo, las tierras , a las que no habían podido

regresar, luego del desplazamiento forzado, por el control permanente de los

paramilitares, rompiendo así los cercos del terror que les habían impuesto los

victimarios.

Han sido capaces de recuperar los cementerios donde reposaban los restos de sus seres

queridos y que fueron removidos por la maquinaria de las empresas palmeras y sembrados

con palma aceitera. La memoria de sus seres queridos les ha permitido traspasar el

miedo, dignificar su historia

Se vieron en la obligación de esquilmar palma aceitera como posibilidad de dignificar

el territorios donde, también muchos seres queridos habían sido asesinado y

desaparecidos. Desde allí, nuevamente se econtraron con las semillas, las herramientas

que les permitieron volver a producir alimentos para su sobrevivencia.

Debieron derribar los establos construidos por los empresarios ganaderos en los

antiguos caseríos derrumbados en las operaciones paramilitares, para reencontrarse con

la historia interrumpida hace mas de diez años atrás y construir allí los lugares

humanitarios donde la vida pueda ser reasumida en medio de las pretensiones

empresariales que no cesan, las amenazas de muerte.

32

Después de los planes estratégicos, de los asesinatos, desapariciones, torturas,

desplazamiento forzado, el desarrollo de megaproyectos, las mujeres dignas y los

hombres dignos de estas comunidades,dijeron no y se negaron a que la muerte y el

despojo, fueran las últimas palabras. Por eso resisten sin violencia, en condiciones

adversas, con la fuerza de su dignidad.

Ante la sistemática violación de Derechos Humanos y la expropiación de los territorios

de los que han sido víctimas, muchas comunidades en Colombia han salido al paso

mediante nuevas formas de resistencia civil que les permitan permanecer en el

territorio y denunciar las permanentes agresiones que contra ellos se siguen

presentando.

En el Bajo Atrato, se organizan en Zonas Humanitarias o resguardos humanitarios como

las del Cacarica, Curvaradó, Jiguamiandó desde donde ejercen su derecho a la educación,

a la salud, a la vivienda digna, al trabajo agrícola en sus territorios, a ejercicios

de democracia concretos. Desde ellas adelantan peregrinaciones y comisiones de

verificación, acompañados por organizaciones internacionales solidarias para delimitar

y visibilizar sus propiedades que siguen amenazadas por la expansión de la frontera

agrícola. Algunas de estas comunidades han emprendido el regreso a sus propiedades

que han sido sembradas con palma aceitera, ocupadas con ganadería extensiva, banano,

tituladas para la minería o destinadas para obras de infraestructura vial .

Han constituido Zonas de Biodiversidad amparadas en la legislación de las Zonas de

Reserva Forestal 1959, como espacios para la recuperación de la diversidad de vidas que

fueron destruidas por la actuación empresarial en sus territorios, en los casos en que

los daños ya se hayan consumado y como lugares de prevención de las afecciones futuras.

Son espacios perfectamente visibilizados destinados, también para la producción de

alimentos en función del autoabastecimiento.

Junto con el Movimiento sin Tierra del Brasil, las Madres de la Plaza de Mayo de

Argentina, los Expresos y Expresas políticas de Chile, indígenas de San Marcos

Guatemala, los indígenas Mapuches de Chile, la Sociedad Civil de las Abejas de

Chiapas, Maderas del Bosque del Sudeste de Chiapas, la confederación del agua de

Bolivia y otras organizaciones internacionales mas y 50 organizaciones de Colombia,

vienen tejiendo la Red de Alternativas a la Globalización y a la Impunidad desde la

realización de 6 encuentros internacionales, dos peregrinaciones a los territorios

plantados con palma y a las áreas que serían devastadas si se construye la Transversal

de las Américas.

Se valen de todos los mecanismos internacionales a disposición para defender su

derecho a la vida y al territorio, tales como la Comisión Interamericana que ha

otorgado medidas cautelares a las comunidades del Cacarica y al resguardo indígena de

Alto Guayabal en Jiguamiandó; la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha

concedido medidas provisionales a la Zonas Humanitarias del Curvaradó y Jiguamiandó;

la Organización Internacional del Trabajo OIT, Comisión de Seguimiento del Convenio 160

que ha reconocido a las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó como grupos tribales y

ha protegido el derecho a la consulta de la comunidad indígena de Alto Guayabal; a la

Jurisdicción Universal para que los crímenes de lesa humanidad de los que han sido

víctimas sean juzgados en países que se sienten afectados con estos y construyen con

diversas organizaciones sociales de Colombia, formas de censura moral y sanción

política a las transnacionales y gobiernos a través de mecanismos no gubernamentales

33

como el Tribunal Permanente de los Pueblos.

Promueven la presencia en sus territorios de observadores internacionales para

acompañar a las comunidades que resisten por la defensa de la vida y el territorio en

diversas regiones de Colombia, al igual que hermanamientos ambientales que consiste

en la construcción de solidaridades con los campesinos en procesos de defensa de

biodiversidad como patrimonio de la humanidad con la protección de 2000 mejoras de los

territorios colectivo y parcelas individuales que suman más de 800 mil hectáreas

mediante el aporte de pancartas con los nombres de las organizaciones en las que se

inscriben los nombres de los predios y las formas de protección que impiden que los

agronegocios avancen en esas áreas.

Forman parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y han recibido,

a la fecha, nueve visitas de la Comisión Ética de la Verdad en Colombia, conformada por

25 personalidades de la más alta calidad moral, a la que le han entregados objetos,

documentos, testimonios, que dan cuenta de los crímenes de lesa humanidad de los que

han sido víctimas, de los mecanismos utilizados por estructuras paramilitares y

militares para apropiarse de sus territorios.