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El da despus

Uribe 2002 - 2010

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eridico

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uplementoespecial

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE LA

EDUCACIN DE CUNDINAMARCA Y DISTRITO CAPITAL

ISSN:0122-0

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El mal no dur cien aos. Aunque la propagandaenfatice en que fue el mejor de los gobiernoshasta ahora conocido en Colombia, el de Uribeser recordado como uno de los ms nefastos para elpas.

Estos ocho aos de lvaro Uribe al frente de los

destinos de Colombia son para nunca olvidar. Eldoble perodo dej un expediente abierto y un selloindeleble en buena parte de los connacionales. Selloimposible de borrar sin una terapia de reconciliacin

y un tratamiento que recorra el camino de la justicia,la soberana; el fin de la pobreza extrema, el desem-pleo estructural y la flexibilizacin laboral; la revisin

de la gran propiedad rural y urbana, la inclusin socialy la paz. Ojal como tareas diarias de un gabinete detransicin democrtica.

Para no olvidar jams. Bajo la marca comercial deseguridad democrtica, desde el primer momentode su gestin, con su pregn y sus rdenes de guerra

secretas o pblicas, ilegales o legales, y el discurso dela derrota del contrario como requisito para resguardarlos privilegios del establecimiento y de los dueos ytestaferros de la tierra, Uribe Vlez puso sus cartas sobrela mesa: vinculacin de la poblacin civil al conflicto,como trasvase; y extensin institucionalizacin o legiti-macin del dispositivo paramilitar de las auc. Aumentodel pie de fuerza, de los soldados profesionales, y delaparato y su maquinaria militar. Sindicaciones y sea-lamientos a miles de personas. Todo bajo las premisas

de orden, autoridad, tradicin y un presidencialismoanticonstitucional. El archivo de nuestra soberana,

Colombia 2002-2010

Uribe un adis sin gloriaPor Carlos Guitrrez M.

* El presente suplemento es una seleccin de los artculospublicados durante en el mes de mayo de 2010, en los

peridicos: Le Monde diplomatique, edicin Colombia N 88ydesde abajo N156 y N 157.

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bajo la alianza incondicional con los Estados Unidos,y en forma creciente con las acciones encubiertas y deinteligencia con empresas de mercenarios y del Estado

y el ejrcito israeles que traspasan las f ronteras.

En este contexto de sociedad en pie de guerra queUribe ofreci, y que en una pasajera o ms dilatadacoyuntura cuenta todava con montones de adherentes,una de sus primeras propuestas avalada por su expe-riencia directa en las cooperativas Convivir fue la deintegrar un milln de ciudadanos armados e interco-municados al servicio del Ejrcito, para lo cual actu atravs de diferentes mecanismos: soldados campesinos

y guardabosques, taxistas en red comunicados a travsde Avantel, hasta llegar a los estudiantes delatores. Ymucho ms hizo a la par.

Tambin, entrelazada y construida con dineros oficia-les, mediante un entramado de organizaciones socialesafines al establecimiento, articul una extensa red socialcon pretensiones corporativas y de prolongacin delpoder: empujada en la juventud, entre los indgenas, enel mundo sindical y en la poltica electoral. Asimismo,como parte de un modelo de guerra poltica, puso enaccin un intenso modelo comunicativo y de mensajes

y titulares desinformativos que no les dio descanso a losojos y los odos de los colombianos. Uribe quiso tapar ladeuda del poder y su injusticia, que en su expresin departidos liberal y conservador, hoy, tras las derrotas deblancos y colorados en Paraguay y del PRI en Mxico,es la ms vieja y desueta del continente.

Apenas se posesion, anunci que al rendir el informede sus primeros cien das dara cuenta del rescate vivos omuertos del gobernador de Antioquia y del ex ministro

de Defensa Gilberto Echeverri, y de la baja al menos dealguna cabeza reconocida de la guerrilla. Como se recor-dar, en ese informe no pudo satisfacer la promesa decampaa y la pretensin de una guerra rpida y triunfalen su primera Presidencia. El desafortunado rescate delos plagiados vendra despus.

Transcurridos algunos meses, reafirm ante todo el passu decisin de guerra a cualquier costo. En enero de2003, llam a los Estados Unidos a desembarcar sustropas en el Amazonas, antes de hacerlo en el terri-torio de Iraq. Sin frmula alguna de solucin poltica

distinta de un irrealizable desarme de la insurgenciacon origen campesino, siete aos despus hizo realidadotro paso en su proyecto de tierra arrasada: entregel territorio nacional siete bases que en realidad son

10 para que opere la potencia del Norte con su ejrcito,potencia con la cual, en embriaguez antipatritica y deafectacin a los vecinos de la regin y el continente,se identifica sin ambigedades. Tanto, que en 2004, alapoyar pblicamente la invasin de un tercer pas dijo:[Apoyamos] el uso de la fuerza en Iraq para desarmardicho rgimen y evitar que sus armas de destruccinmasiva continen como una amenaza contra la huma-nidad (sic)1.

Proyecto de orden, control y disciplina que pese a dis-poner por ocho aos initerrumpidos del mayor presu-puesto para las FF.AA. y de los apoyos internacionales

y militares con burla del debate en el Congreso, an nologra que la sociedad se pliegue a la propuesta de derechae inmoralidad financiera que se propone conservar elpoder y la Casa de Nario.

Son artimaas todas stas de orden, autoridad y mo-ral antiterrorista, que del mismo modo que apoyan elcerco del antiguo imperio persa por parte de las barras

y las estrellas con su tenaza desde Iraq y Afganistn,y los intentos de estribos en Osetia e intromisin enTbet (con ocultacin de los intereses en relacin conel petrleo y el avance de posiciones frente a Rusia

y China) niegan las causas profundas del conflictocriollo que hace presencia desde hace un poco ms de60 aos.

Tal proyecto de sociedad y relacin internacional,levantado pieza a pieza sin descanso durante su doble

gobierno, nos hizo decir hace ya ocho aos: Si estaconcepcin se aplica [] con este gobierno mar-charemos hacia una sociedad disciplinaria, donde secorre el riesgo de convertirnos en el ojo del vecino, ensu posible delator e inclusive, de ser necesario, en suasesino. Estaremos entonces ante una sociedad que nopermitir disidentes ni contradictores; una sociedaddesptica que pone en profundo riesgo la democracialiberal []2.

1 Gutirrez, Carlos, Al presidente Uribe, el Norte no le deja ver...,Le Monde

diplomatique, edicin Colombia, N21, marzo de 2004.2 Gutirrez, Carlos, El nuevo orden,Le Monde diplomatique, edicin Colombia,N3, julio de 2002.

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Y los hechos confirman con creces ese modelo queniega la vida, la paz y la pluralidad: pescas milagrosaso detencin arbitraria de centenares de activistas bajosospecha de ser miembros de la insurgencia, la mayora

de ellos dejados en libertad por falta de pruebas luegode meses o aos en prisin; testigos cautivados con elpago o la promesa de importantes sumas de dinero,que a la vez propician la corrupcin dentro de las filasde los organismos de inteligencia militar; persecucin

y asesinato de quienes no se guardaron sus crticas algobierno; espionaje telefnico, montaje de conspiracio-nes para hacerle creer a la sociedad que aquellos quepiensan distinto del gobierno son terroristas; accionesde sabotaje para atemorizar articulistas, acadmicoso pensadores disidentes, e incluso a los jueces de larepblica que actan basados en el estricto Derecho.

Proceder ilegal de grabaciones e interceptacin decomunicacin privada y personal que era vox populi,impune, pero reafirmado hace unas semanas, cuando

vieron la luz pblica unas rdenes operativas que fuerondecomisadas en un allanamiento a las instalaciones delDAS. Aos atrs, jefes paramilitares dieron detalles:muchos de sus asesinatos se produjeron por rdenesprovenientes del cuerpo de inteligencia del gobierno.

No es casual que estn en prisin, condenados o bajoinvestigacin, por presuntos vnculos con el paramili-tarismo, el ex director del DAS Jorge Noguera Cotes,el subdirector Jos Miguel Narvez, el ex director deinformtica de la central de inteligencia Rafael Garca

y el ex funcionario de contrainteligencia Jorge Lagos.Un escabroso cuadro.

Las investigaciones se extienden al resto de aparatos dela guerra en sus desmanes y crmenes. Hoy, la Unidad

de Derechos Humanos de la Fiscala tiene abiertos1.273 procesos contra miembros del Ejrcito y civiles,que por ahora dejan un saldo de 2.077 asesinados, 59de ellos menores de edad y 122 mujeres. Pero no esslo esto. Debemos recordar que por delitos comoestos, que llegan a no menos de 2.000 homicidios asangre fra, ya hay fallos de la justicia con 137 conde-nas de militares y 396 rdenes de captura expedidas.Del mismo modo, en los ltimos siete aos, la Pro-curadura abri 1.274 investigaciones contra 2.965miembros del Ejrcito. Los militares investigadosson efectivos de 35 brigadas (10 de ellas mviles);

481 son oficiales, incluyendo 14 coroneles; 1.026 sonsuboficiales y 1.458 soldados3. A todas luces, no soncasos excepcionales, como les gusta decir ante los mi-crfonos a los Ministros de Defensa y los generales.

Se trata de todo un diseo estratgico, denominadoseguridad democrtica, sello innegable del gobiernoque entregar su mando el prximo 7 de agosto. Estesello ha llevado al pas a la paranoia de que cientosde ciudadanos sean seguidos cada da, y no slo ellossino tambin sus hijos y familiares, y otros tantossufran amenazas, hostigamiento, montajes, crcel,difamacin, exilio, desplazamiento.

Antes de conocerse estas prcticas, el pas comprobque Carlos Castao no minti al asegurar que el 35por ciento del Congreso tena control paramilitar. Lainvestigacin que adelanta la Corte Suprema de Justiciaen contra de decenas de congresistas y otros polticosliberales y conservadores de importancia nacional,regional y local confirma con creces esta aseveracin.Abre a la vez la an no esclarecida pregunta: Cuntos

votos vlidos y de fraude aportaron los paramilitarespara la eleccin y la reeleccin de lvaro Uribe? Heaqu y de bulto una parte sustancial de la herencia delactual gobierno, que no puede quedar en olvido.

Otra tambin deja una estela de corrupcin y de miseriaen aumento y desempleo. La yidispoltica y su vnculocon una administracin a favor de los intereses privados,con graves costos para los sectores mayoritarios del pas(reforma laboral, venta de la red pblica hospitalaria y delos bancos estatales, extensin del IVA a toda la canastafamiliar), impunidad (copamiento del poder local enmuchos lugares y regiones, y de las instituciones de se-guridad y justicia, y negociacin con los paramilitares),

regresin a la economa de extraccin, monocultivos,ganadera extensiva, poderes locales fortalecidos, crisisambiental.

La sociedad busca escapey transicin

Estas son las prcticas de seguridad y control, polticaeconmica y social que hoy tienen efecto en la situacinelectoral. No casa la pieza en el domin. Miles de jve-

3 Matyas, Eduardo, La seguridad democrtica: otro falso positivo,peridicodesde abajo N 156, abril-mayo de 2010, p.6.

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nes no quieren que Uribe contine desbarajustando lalegalidad en el pas en cuerpo ajeno. Ahora, con su opi-nin a favor de un candidato distinto de la continuidaduribista, hacen temblar al candidato delfn. Como no

quieren que tampoco contine la agresin a los procesosde integracin suramericanos, que nos ha refrendadocomo un autntico Can de Amrica del Sur y nos privade un mercado que, como el venezolano, representaba laplaza ms importante para nuestras exportaciones conmayor valor agregado. En los dos primeros meses de esteao, las ventas hacia el vecino pas se redujeron en un 75por ciento y, pese a ello, la belicosidad no cesa. Parecieraque el desbordamiento del doctrinarismo de derechase impusiera incluso sobre los clculos econmicos einvirtiera la lgica de lo prioritario.

Cmo ha sido posible que tanto desbarajuste juntohaya sido prohijado y mostrado como exitoso? No cabeduda de que una parte importante de la respuesta debebuscarse en la anuencia de los medios de comunicacinque convirtieron los desmanes en ancdotas folclricas.La visita de un conocido delincuente y su abogado a laCasa de Nario se torn anodina discusin sobre si laentrada por los stanos era subrepticia o transparente;los negocios ventajistas de los hijos del Ejecutivo se

transformaron en la discusin sobre si el emprendi-miento era o no cualidad heredada; los asesinatos deciviles con los que se ha pretendido mostrar comoexitosa la llamada poltica de la seguridad democrticase tradujo en falsos positivos, que hoy son tratadoscasi como chistes cuando con l se alude a quien eraMinistro de la Defensa, en cuyo mandato el escnda-lo alcanz las mayores dimensiones, y que hoy comocandidato se pasea como si nada.

Es cierto que en algunas ocasiones las revistas de opininhicieron investigacin crtica y que algunos periodistastuvieron que pagar con el exilio cuando fue el caso de al-gunos que pertenecan a medios de difusin importantes,o con la vida si ejercan el periodismo en la provincia, peroeso no puede ocultar que, frente a la reacciones cnicasdel gobierno cuando fue sorprendido con las manos en lamasa, la prensa optara por una posicin timorata rayanacon el encubrimiento.

Y la academia? Quiz no cabe papel ms gris en unacoyuntura tan difcil y una posicin ms cmoda que

la renuncia al estudio de un momento de la historiaen el que se sigue pretendiendo cortarle el cuello a lopoco que queda de verdadero disentimiento.

No dejan de tener razn quienes se resisten a que aUribe se le compare con Bordaberry o Fujimori, puesstos, al final de cuentas, pudieron dar un parte de

victoria. Sin embargo, no les cabe razn en el sentidode que tanto unos como otros fueron delegados parahacer el trabajo sucio de limpiar de disidentes suspases, tal como fue tambin la misin de Pinochet

y en general la de todos los dictadores del Cono Sur,aunque se debe reconocer que all cabe una pequeadiferencia: en Colombia, ese trabajo sucio se habainaugurado mucho antes. En este punto, no deja depicar la curiosidad por el futuro judicial de los actoresprincipales del actual gobierno, independientementede si en las elecciones que se avecinan gana aquel porel que apuestan u otro diferente. Sern enjuiciados,as sea dentro de varias dcadas, como hoy lo son Fu-

jimori, Bordaberry o Jorge Rafael Videla? Es posible,aunque se puede dudar de que, igual que en el casodel sur del continente, los instigadores, los verdaderostitiriteros, salgan a la luz, pues, aunque en los corrillosse pronuncien sus nombres, los grandes usufructuarios

del poder siempre han sabido lavarse las manos, ypor eso pueden seguir llamndose sin empacho y sinescrpulos las gentes de bien.

Puede que la opinin que ha florecido en pocas sema-nas, potenciada por decisiones de la justicia como lanegativa a una nueva reeleccin y la captura de decenasde uribistas confesos, y que se expresa como descon-tento a travs de las redes sociales, no se imponga ala maquinaria electoral oficial. Pero, como sucedi el

25 de octubre de 2003, cuando la opinin mayoritariase opuso a su pretensin de ajuste neoliberal va refe-rendo: pese a todos los desmanes en curso y tambina la andanada meditica, una franja no despreciablede colombianos se resiste a vivir bajo el dominio delos monopolios y el terror. Por ello, quiranlo o no losobsecuentes del rgimen, el modelo ya comenz a haceragua, y las pretensiones de su continuidad muestranobstculos de tal dimensin que ignorarlos puedeconducir a una verdadera hecatombe, pero no a la quean se pretende fabricar con el fin de darle respiracinartificial al continuismo.n

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hecatombe socialPor Libardo Sarmiento Anzola

Como despedida del gobierno uribista, el nivel de pobreza es el mismodesde 2008. Afecta al 46 por ciento de la poblacin, y la pobreza extremallega a un 17,8. Una muestra apenas de que en los ocho aos de Uribe elsocial fue el sector ms afectado. La situacin de los hospitales y la crisisestructural de la salud son lo ms grave. El desempleo alcanza el 12,8 porciento y la Corte Constitucional declar en peligro de extincin a 32 delos 102 pueblos aborgenes. La posibilidad de que un joven muera asesinadoen Colombia es cinco veces ms alta que el promedio de Amrica Latina.

S

on 29 millones de personas las que viven enextrema pobreza y que conforman los niveles1 y 2 del Sisben. En consecuencia, dos de cada

tres colombianos padecen esta crtica situacin. Ycuatro de cada cinco trabajadores devengan menos dedos salarios mnimos legales. Dado el caro valor de lacanasta familiar, para los estratos socio-econmicosbajos, la capacidad de compra del salario mnimo legalen Colombia es de tan solo un 47 por ciento. Ni condos salarios mnimos, el trabajador puede satisfacer losrequerimientos bsicos de su familia.

El despojo de reivindicaciones, con deterioro en elmercado de trabajo, y los problemas derivados de lapobreza y la indigencia, resumen la problemtica so-cial. La violacin de los derechos econmicos, sociales,culturales y ambientales es de carcter estructural y estgeneralizado en Colombia.

Los 29 millones de pobres, de los cuales nueve son in-digentes, no tienen garantizados sus derechos a trabajodigno, vivienda, educacin, alimentacin, recreacin yseguridad social. En contraste, las transnacionales, losgrandes empresarios y banqueros son beneficiados con

exenciones y subsidios. La iniquidad y la exclusin seconstituyen en los principales obstculos para sembrar

en el pas una cultura de derechos humanos, democra-cia, justicia y desarrollo sustentable que posibilite ponerfin a un conflicto ya crnico.

Los jvenes, las mujeres, los grupos tnicos, la pobla-cin rural y los trabajadores constituyen las principales

vctimas de la exclusin y la violencia de este rgimen.Segn el Departamento Nacional de Planeacin(DNP), el pas mantiene la misma pobreza desde 2008,

y eso, gracias a la cada de los precios de los alimentospor la sobreoferta interna que ocasion la ruptura derelaciones con Venezuela. Los dos gobiernos de Uribeapoyaron la concentracin de la riqueza como nuncaantes.

Segn la reciente medicin de la concentracin delingreso por parte del Programa de las Naciones Unidaspara el Desarrollo (PNUD), el valor del Gini para Co-lombia es de 59,2 (estadstica que mide la desigualdad,entre 0 y 100, y el 0 significa la igualdad absoluta todoslos habitantes del pas tienen una riqueza similar, yel 100 la desigualdad absoluta). Es decir, andamoscomo el pas de mayor iniquidad en el continenteamericano. Por encima de los Estados Unidos (40,8),

Mxico (46,1), Venezuela (48,2), Costa Rica (49,8) yGuatemala (55,1).

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A comienzos de la dcada de 1980, el porcentaje delvalor agregado apropiado por los trabajadores en el PIBera del 44 por ciento. Un porcentaje que viene en cadaacelerada. En el 2000, esta participacin fue de 36,5

y en 2009 tuvo su nivel ms bajo: 32 por ciento. Deeste modo, en las tres ltimas dcadas, los asalariadosperdieron 12 puntos en la apropiacin de la riqueza

que el pas produce.

Elocuentes cifras

Segn las cifras del Dane, la tasa de desempleo es de 12,8por ciento. En febrero de 2010, la poblacin ocupada fue

18,9 millones; la desocupada 2,7 millones, y la inactiva13 millones de personas. La posicin ocupacional queregistr mayor participacin durante el trimestre mvildiciembre 2009-febrero 2010 fue el trabajador porcuenta propia (43,5%). El empleo se concentra en lasactividades ms precarias e inestables: comercio, res-taurante y hoteles cubren el 27,1 por ciento del total de

puestos de trabajo. La combinacin de estos dos factoresexplica la actual tendencia a la precarizacin del mercadode trabajo colombiano:segn el Dane, de cada 100trabajadores ocupados, 58 son informales, esto es, cercade 11 millones. En resumen, un relativo 63,4 por cientode la poblacin econmicamente activa, 13,7 millones

En educacin, la cobertura netade bsica lleg a 92,4 por ciento,

en tanto que a la educacin bsicay media asisten 11 millones deestudiantes. Sin embargo, mientrasen el rango de edad de 13-17 aos,la proporcin de adolescentesincorporada a la educacin llega aun 80 por ciento, entre los 18 y los22 aos desciende a 55, y slo a 50entre los 23 y 26 aos.

Si bien la cobertura en educacinsuperior aument, de un 20,6 por

ciento en 2002 a un 33,3 incluidoslos estudios tcnicos, tecnolgicos y

profesionales; en 2008, la desercinhacia el final de los programas de

estudio alcanz el 50 por ciento. Enotras palabras, slo uno de cada trescolombianos inicia algn estudiodespus de terminar el bachillerato.Y apenas, el 16 por ciento lograculminarlo. Varias razones explicanesta desercin: la primera, y msgrave, es el bajo nivel acadmicode la educacin bsica y media. Lasotras causas se asocian con temaseconmicos: hogares con ausenciade ingresos para pagar los costos

o los programas de financiamiento(becas y crditos).

Los problemas de calidad y per-tinencia de la educacin son de

ndole estructural. En pruebas in-ternacionales como PISA, que midela capacidad para analizar, razonar,comunicarse, examinar, interpretary resolver problemas, Colombiaocup en 2007 el puesto 53 entre57 pases. Respecto al Sena, la uni-versidad de los pobres, aument loscursos y cupos de 50.000 a 200.000,pero no en educacin formal, yaque la mayora es de cursitos decorta duracin.n

La educacin qued en camilla

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de quienes viven de vender su fuerza de trabajo, sufrenla exclusin o la mala calidad laboral.

A su vez, ninguna institucin o sector social qued

por fuera de la voracidad, intereses y propiedad delcapitalismo: la seguridad social, la salud, la educacin,la vivienda, la energa, el agua, el saneamiento bsico yel medio ambiente. A contrapelo de la Constitucin,durante la ltima dcada, el sector social es objeto de lams implacable privatizacin. De la transformacin enla lgica de su funcionamiento y colonizacin por partedel capital nacional y transnacional. La perspectiva dederechos es reemplazada por el de mercancas y riesgo,

y la prestacin de los servicios sociales se desvanecien el ilusorio sistema de aseguramiento.

En general, la poltica social durante el dominio Uribese caracteriz por el asistencialismo y el populismo, a finde cooptar polticamente a la poblacin ms vulnera-ble, hacerla depender de los intereses del gobierno, sinintentar una superacin de los problemas de exclusine injusticia que campean en Colombia.

En relacin con el enfoque poblacional, Uribe deses-tim la perspectiva de derechos. Contrario a la justicia

bsica de la poltica social, prefiri beneficiar a los ms

ricos (por ejemplo, a travs de Agro Ingreso Seguro).En este largo perodo de la vida nacional, se profun-diz la brecha entre varones y mujeres en cuanto a laincidencia de la pobreza y la indigencia. La desigual-

dad en el ingreso percibido por unos y otros tambinse increment. Con igual nivel educativo, las mujeresganan menos que los hombres.

La perspectiva de represin que reemplaz a la de de-rechos durante los gobiernos de Uribe ha representadoel encarcelamiento de una alta cantidad de jvenes: delos 78.000 presos actuales (poblacin que se duplicen estos ltimos ocho aos), un 80 por ciento tieneedades comprendidas entre los 18 y los 29 aos. Perolos adolescentes no escapan de esta situacin; debidoal nuevo Cdigo de la Infancia, que criminaliza a lospobres. En 2009, segn la Direccin de Proteccin yServicios Espaciales de la Polica Nacional, el nmerode menores de edad (entre 14 y 17 aos) capturadospor la comisin de delitos fue de 22.000.

Finalmente, en el perodo 2002-2010, la prioridad delrgimen uribista fue el gasto militar para incrementarla guerra y reprimir la sociedad: en 2002, estos gastosrepresentaban un 4,8 por ciento del PIB y aumentaron

al 5,6 en 2010, sin incluir los recursos estadounidensespara el plan Colombia. Su objetivo, por tanto, no eraacabar con la pobreza sino con los pobres. Cmo no, siel gasto social registr un exiguo crecimiento en relacincon su participacin en el Producto Interno Bruto: de10,1 por ciento pas a 11,9 por ciento (en 1996 habaalcanzado el 16 por ciento). En Amrica Latina, estepromedio es de 17 por ciento.n

El colapso del sistema de salud

En el marco de esta crtica situacin que viven tra-bajadores y sectores populares, el sistema de saludse encuentra colapsado financieramente debido alas altas tasas de ganancia de las EPS (intermediariasde los servicios de salud), la baja participacin dequienes pertenecen al rgimen contributivo y el nopago de los seis billones de pesos que el Gobiernoadeuda al sistema, y deja por fuera a un 15 porciento de la poblacin.

De los 40 millones cubiertos, en el rgimen subsi-diado se encuentran 22,8 millones de personas yen el contributivo 17 millones (de los cuales sloocho aporta; el resto es de familiares). Un reflejodel desempleo, la precariedad del empleo y losbajos ingresos de la mayora de los trabajadores. Elaumento en la cobertura de salud se logr a costade la calidad del servicio. Los usuarios deben recu-rrir a las acciones de tutela para lograr medicinasy tratamientos que el Plan Obligatorio de Salud lesniega. En 2008 se interpusieron 142.957 tutelas.n

Los pueblos indgenas en la mira

Los pueblos indgenas han padecido de igual manera elterrorismo del Estado. Entre 2002 y 2009 sufrieron elasesinato de ms de 1.200 integrantes, 176 desaparicio-nes forzadas, 187 violaciones sexuales y torturas, 633detenciones arbitrarias, ms de 5.000 amenazas y 84ejecuciones extrajudiciales, segn reportes y pronuncia-mientos oficiales como el de Esta persecucin tiene suorigen principalmente en el inters de despojar a estosgrupos tnicos de sus territorios; objetivo de las trans-nacionales mineras para instalar all sus macroproyectosbajo la complacencia del Gobierno.n

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Los jvenes han sido los ms odiadospor el rgimen uribista. En 2010, lasituacin juvenil atraviesa su peor crisis

desde la dcada de 1960, cuando seiniciaron las polticas de juventud enColombia.

Ante la desinstitucionalidad social ypoltica que vive el pas, los jvenesson gravemente afectados: son lasprincipales vctimas de la violencia y elconflicto armado, pero tambin resultanexcluidos de los sistemas de proteccinsocial, de la educacin y de los procesosde desarrollo. En el pas, slo un 56,7

por ciento de los jvenes de 14 a 26aos est afiliado al sistema de seguri-dad social; en consecuencia, cuatro decada 10 jvenes no cuentan con estaproteccin. De otra parte, el contratoinformal prevalece en los vnculoslaborales de los jvenes: a la terceraparte de los trabajadoresde le violan sus derechoslaborales. Segn el Dane,la tasa de desocupacin delos jvenes entre 14 y 26

aos, a febrero de 2010, esdel 22,7 por ciento. La crisisse origina y se manifiestacon mayor fuerza en elnivel nacional.

El prometido Plan Dece-nal de Juventud 2005-2015nunca se llev a la prc-tica. Tampoco, concretel Documento Conpes,que buscaba coordinar ydar directrices sobre elSistema Nacional y la Polticade Juventud. Peor an, lagrave recesin econmicagolpea con mayor fuerzaa los jvenes, tanto por ellado del desempleo comocon la cada de ingresosy la precarizacin en lospuestos de trabajo.

Violencia y falsospositivos.Uno de losms graves problemas que

afectan a la poblacin juvenil es laviolencia. En 2009, de los 17.565 homi-cidios reportados por Medicina Legal

(aumentaron en 15,2 por ciento respec-to a 2008), el 60 por ciento tuvo comovctimas a los jvenes. Otro de losgraves problemas que afrontan, es el delos mal llamados falsos positivos. PhilipAlston, relator de las Naciones Unidasque recientemente recab testimoniossobre la matanza de jvenes, presentun informe en el cual concluye que losasesinatos sistemticos de jvenes ycampesinos cometidos por el Ejrcitocolombiano para hacerlos pasar por

guerrilleros muertos en combate su-man los 1.800 (ver mapa).

Represin penal.A todo lo ante-rior se le suma la serie de proyectosde ley que impulsa el Congreso contrala juventud colombiana y que tienen el

mismo espritu de restriccin de liber-tades y castigo, que inspir la creacindel Sistema de Responsabilidad Penal

para Adolescentes, en el marco delnuevo Cdigo de la Infancia y Adoles-cencia1 y la Ley de Pequeas CausasPenales2. Como resultado, se castigacon crcel el hurto en sus diversasformas, conducta que se incrementaen la poblacin joven mayor de 18aos, perteneciente a estratos socio-econmicos bajos. El ms protuberanteproyecto de ley es el que prohbe lacirculacin de jvenes a partir de unahora determinada (toque de queda

para menores), que se tramita en elCongreso de la Repblica como Pro-yecto de Ley 145 de 2008 Senado. Otrainiciativa se dirige a las llamadas barrasbravas (Ley 1270 de 2009). Finalmente,tenemos el Acto Legislativo nmero 2del 17 de diciembre de 2009, que sin

alternativa mdica y de un nue-vo contexto sicolgico y socialprohbe la dosis personal.

En el Congreso cursa el Proyecto

de Ley por el cual se expide elEstatuto de Juventud y se dictanotras disposiciones, resultadode acuerdos parlamentarios sinconsulta ni participacin juvenil.Este Estatuto de la Juventud ree-dita la cosmovisin que sobre elsector mantienen los grupos depoder en Colombia: asistencia-lismo, cooptacin poltica, fuerzade trabajo funcional a las nuevascondiciones de explotacinlaboral e involucramiento en elconflicto armado. Peor an, enel artculo 57 se desmontan losescasos avances concretos de lalegislacin que favorece a la ju-ventud colombiana: La presenteLey (Estatuto) rige a partir de susancin y publicacin, y derogaen su totalidad la Ley 375 de1997.n

La juventud y el odio del Gobierno

Nmero de vctimas de falsos positivos

Consolidado aos 2001 - junio de 2009

1 Ley 1098 de 2006.2 Ley 1153 de 2007, considerada

inexequible por la Corte Constitu-cional.Fuente: Bancos de Datos de Derechos humanos y Violencia Poltica

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La Seguridad democrtica:

otro falso positivoPor Eduardo Matyas Camargo

Luego de la deuda externa, la seguridad de-mocrtica demanda la mayor inversin de losrecursos pblicos. El rgimen saliente buscaque la seguridad democrtica sea poltica estatal. Sin

la decisin de la Corte Constitucional que declarinexequible la Ley que permita el referendo para queUribe pudiera aspirar a un tercer mandato, el estribillode la seguridad democrtica habra sido su consignapara la reeleccin.

De nuevo, con la banda presidencial, a pesar de las 137condenas contra militares, con 396 rdenes de captura

y ms de 2.000 homicidios extrajudiciales, debidoal pago de recompensas por homicidios reportadoscomo baja en combate. Un crimen de lesa humanidadcreado por la Resolucin 29 de 2005 del entoncesmindefensa Camilo Ospina (hoy candidato de Uribea Fiscal General), aplicada en pleno por Juan ManuelSantos, candidato del uribismo. Esta prctica criminalno es un hecho aislado. Se extendi a todo el pas ypor varios aos.

Con relacin a estos ltimos, la Procuradura Ge-neral se concentra en tres divisiones del Ejrcito: laSptima, la Segunda y la Quinta, con jurisdiccin en

16 departamentos de la Costa Caribe, la frontera conVenezuela y el centro. En los ltimos siete aos, la

Procuradura abri 1.274 investigaciones contra 2.965miembros del Ejrcito. Los militares investigados sonde 35 brigadas (10 de ellas mviles); 481 son oficiales,incluyendo 14 coroneles; 1.026 son suboficiales y 1.458soldados. Miembros de otras instituciones aparecen enlos expedientes.

Uribe con silla o sin Palacio

En el rubro de seguridad se invertirn en 2010 el 14,2por ciento del presupuesto de la nacin (21,12 billo-

Con medios y fraude a favor de Santos, el uribismo sin Uribe amenaza contrascender al nuevo gobierno. En derechos humanos, el gobierno Uribe conlos falsos positivos, hijos legtimos de la seguridad democrtica y materializadosen miles de ejecuciones extrajudiciales por el Ejrcito pasa a la historia como

violador y uno de los ms criminales. Hoy, la Unidad de Derechos Humanosde la Fiscala tiene abiertos 1.273 procesos contra miembros del Ejrcito yciviles, que por ahora dejan un saldo de 2.077 asesinados, 59 de ellos menoresde edad, y 122 mujeres.

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nes de pesos, 11.057 millones de dlares), mientras laEducacin slo ocupar el 13,9 (20,58 billones, unos10.774 millones de dlares).

Segn Mindefensa, entre 2002 y 2008 se incorpo-raron 123.550 efectivos nuevos en 25 brigadas. Enese lapso, las fuerzas militares incorporaron a 82.099hombres que conformaron nueve brigadas territoriales

y 16 mviles con 54 batallones de contraguerrilla, 11agrupaciones de fuerzas especiales y 24 batallones deotras especialidades. Hoy, la fuerza pblica cuenta con431.253 hombres y mujeres: 285.382 en el Ejrcito,la Fuerza Area y la Armada, y 145.871 en la Polica,con un incremento del 40 por ciento. Tambin segnMindefensa, esta cifra es por ahora el techo en loreferente a las fuerzas militares. Sucede que los gastosde logstica y salariales requieren la destinacin derecursos millonarios, asegurados a mediano plazo conel impuesto al patrimonio.

La continuidad de la seguridad democrtica contemplaadems, imponer los frentes urbanos de seguridad.Aumentar 5.000 nuevos patrulleros, en sobrepaso de150 mil hombres en 2010, para labores de control enlas calles, y de ampliacin del servicio policial a sitios

que nunca han contado con su presencia.

Con la seguridad democrtica como bandera enlos comicios de 2002 y 2006, y para seguir ganandoencuestas hasta la decisin de la Corte, Uribe agreg

y deja al pas persistentes factores de inseguridad:

guerrillas, paramilitarismo, narcotrfico, criminali-dad urbana y rural; y de su cosecha guilas negras obandas criminales (bacrim, en lenguaje oficial), basesmilitares de Estados Unidos, y la internacionalizacindel conflicto con acciones militares y mercenarias,encubiertas en el exterior. Una consigna para persistircon interpuestas personas.

Era el lema de Andrs Felipe Arias, clon mejorado deUribe en la consulta azul; y es tambin de los uribistasde la U, Cambio Radical y de la candidata del partidoconservador. Peor an, como plaga o muralla contra lapaz, tambin la asumen Rafael Pardo, candidato delliberalismo; Mockus, del Partido Verde-CompromisoCiudadano; y Gustavo Petro, del Polo.

Uribe sostiene que en Colombia no hay un conflictoarmado, sino problemas y violencia, producto delnarcoterrorismo. Desestima una negociacin polticade paz con las guerrillas, involucra ms a la poblacinen la guerra, legitima el homicidio como poltica de

seguridad y niega el intercambio de prisioneros de

El paramilitarismo, que apoy la can-didatura de Uribe, realiz al menoscinco pactos con decenas de polti-cos en su mayora uribistas, en variasregiones del pas: Chivolo, Santa Fede Ralito, Casanare y Puerto Berro,y el denunciado entre los congresis-tas Rubn Daro Quintero y scarSurez Mira con el ex jefe paramilitar

Freddy Rendn, alias El Alemn, enbusca de beneficios electorales.

La poltica de Uribe respecto alparamilitarismo concret una zonade ubicacin de 368 kilmetroscuadrados en Santa Fe de Ralito(Crdoba), que condujo al acuerdode paz y desmovilizacin de unos 30mil paras. Hacia la solucin jurdicade los crmenes de este ejrcitose expidi la Ley 975 de 2005, quecontempla penas de 5 a 8 aos pordelitos de grupos armados al margen

de la ley, a aproximadamente 3.000postulados (procesados), y 27 mil queseran amnistiados (no procesados).Los frentes paras no se desmovili-zaron en su totalidad. Adems, no lohicieron los de Casanare, el de losLlanos y otros.

Segn datos oficiales, se desmoviliza-

ron unos 30 mil narcoparamilitares.Pero el registro de armas entregadasreporta slo 13 mil. Circunstancia quehizo decir a Michael Frhling, otroraDelegado de la Oficina de la Alta Co-misionada de Naciones Unidas paralos Derechos Humanos, que por cadados desmovilizados se entregaba unaarma en psimas condiciones. As, se-alamos que ni los narcoparamilitaresdan cuentas ni el gobierno las pide.

La seguridad democrtica s cumplia ms de 27 mil que no proces ni por

paramilitarismo. En cuanto a unos tresmil postulados, vinculados a procesospor homicidio, secuestro, desaparicinforzada y otros delitos graves, no hayuna sola sentencia condenatoria porlos 60 mil y ms crmenes, y millonesde desplazados, pese a los ya cincoaos de la Ley de Justicia y Paz. Porcoaccin de los Estados Unidos para

desmarcarse de su responsabilidad,catorce jefes paramilitares fueronextraditados por no colaborar conel reconocimiento de sus crmenes,y por seguir delinquiendo en prisin.Aunque desnudaron verdades en citascon Piedad Crdoba e Ivn Cepeda,la medida ha impedido que la CorteSuprema de Justicia recoja sus decla-raciones en procesos de parapoltica ymasacres, que incluso pudieran afectaral propio Presidente. As, la seguridaddemocrtica quiere impedir que la

justicia obre.n

Seguridad democrtica vs. paramilitarismo

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militares retenidos por guerrilleros presos, que exigenlas farc.

Este designio de la seguridad democrtica es la nue-

va cara de la vieja doctrina de seguridad nacional.Doctrina que la Escuela de las Amricas impuls enAmrica Latina, cuyos frutos son: golpes militares,guerras contrainsurgentes, asesinatos polticos, tor-tura, manuales de operacin del Ejrcito, con mapasde reas y poblacin marcada como blanca amiga yroja enemigo; desaparicin forzada y desplazamientocomo poltica de Estado.

Una consigna con antecedentes

En Colombia no hubo un fatuto golpe de Estadomilitar, pero la doctrina de la seguridad nacional seimpuso como poltica de Estado desde 1965 con elDecreto Legislativo 3398 (24 de diciembre de 1965),en desarrollo de compromisos internacionales. As,se reorganiz la seguridad nacional y su estructura,cambiando el nombre del Ministerio de Guerra porel de Defensa, con la Defensa Civil para calamidadesnaturales y hechos de orden pblico, con base legal paraarmar grupos civiles de contrainsurgencia segn el ar-

tculo 33 de ese decreto, lo mismo que, la movilizacinmilitar obligatoria de cualquier ciudadano.

A fines de los 90, las farc asestan golpes contra la tcticaoperativa del Ejrcito. Copan bases como la de comu-nicaciones del Ejrcito en Patascoy el 21 de diciembrede 1997, con saldo de 10 soldados muertos y 18 secues-trados; la antinarcticos de Miraflores en el Guaviareel 3 de agosto de 1998, con nueve soldados muertos

y 22 desaparecidos y de Las Delicias en el Putumayo,

con 28 soldados muertos y 60 secuestrados.

Enemigo de la paz, a la Presidencia

En el gobierno Pastrana Arango hizo noticias la incon-clusa conversacin con las farc. En su curso, se desmi-litarizaron los 42.000 kilmetros de cinco municipios.Con un manifiesto que titul Colombia sin guerrilla

y sin paramilitares, Uribe, quien fuera gobernador deAntioquia en coincidencia con Carlos Castao, se

lanz en disidencia liberal a la Presidencia con la ban-dera de terminar la zona de distensin. De deslegitimar

y combatir sin tregua a las farc, negar el carcter polticodel conflicto, tildar a la guerrilla como narcoterrorista,para acabar los secuestros, restablecer la seguridad vial yprometer la solucin rpida y militar del conflicto. Con

apoyo de polticos que firmaron pactos para refundaruna nueva Colombia propona:

- aumento del presupuesto militar con impuestos alpatrimonio (de guerra), de las unidades militares yel pie de fuerza; profundizacin de la intervencinde los Estados Unidos con el plan Colombia,negociacin y desmovilizacin de paras con lacategora de delincuentes polticos; estrategiacontrainsurgente de seguridad democrtica, demano dura y corazn grande.

Con su discurso, el apoyo para y una operacin defraude, en la primera vuelta, Uribe dej sin opcin deacuerdos a su ex copartidario Horacio Serpa y a loscandidatos del Polo Luis Eduardo Garzn, y conser-

vador Noem Sann.

Seguridad democrtica en accin

Una vez elegido y sin esperar el 7 de agosto, lvaro

Uribe, puso en prctica los diversos componentes de laseguridad democrtica. Tal doctrina aparenta protegerlos derechos de los ciudadanos y los valores e insti-tuciones democrticos, y fomentar la solidaridad y lacooperacin civil en la defensa de la democracia. Parafortalecer la confianza inversionista, la inversin extran-

jera, y el ascenso al poder de su entorno cmplice convnculos y testaferrato de narcotrfico y paramilitaris-mo, y la mayor explotacin social; objetivos declarados

y ocultos de su programa; ataca al narcoterrorismo, el

secuestro, la extorsin y el homicidio, como la mayoramenaza contra la paz. La seguridad democrticaes contrainsurgencia. En su segunda fase, tiene comoblancos toda organizacin social. Con aparatos depersecucin poltica, aumento de la capacidad militar,control del territorio y las fronteras e incentivos paraque los grupos ilegales se desmovilicen.

De este modo, el Gobierno formaliz un esquema paraque los civiles participen de la guerra en una red deinformantes y civiles armados, al tanto del movimien-to guerrillero y para de las guilas negras o bandas

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criminales (bacrim), que ponen en riesgo su programaneoliberal con eje en el desarrollo rural capitalista.

Presupuesto y aumento

del pie de fuerza

Ante la dificultad de aumentar el pie de fuerza, el Min-defensa con la idea de que el campesino de 18 a 24 aospreste servicio en 18 meses en su medio, y luego seareemplazado; organiz una nueva modalidad de serviciomilitar obligatorio con la incorporacin de civiles y sol-dados campesinos. As se ampliar la cobertura militar.

En virtud de esta nueva fase de la seguridad democrti-ca, se vincularon en una primera etapa (marzo de 2003)ms de 5.000 mil soldados campesinos, y posteriormente,en junio de 2003, 10.000 campesinos ms.

Reciben un entrenamiento de 10 semanas en rescatede secuestrados, manejo de explosivos, recuperacin depueblos atacados, uso de armas, combate antiguerrilla

y derechos humanos. El programa busca fortalecerla presencia militar en 420 municipios colombianos,decenas de los cuales no tenan presencia de las fuerzasmilitares ni de polica, pero genera desarraigo, y muchos

campesinos no querrn volver a trabajar la tierra luegodel servicio militar.

Estudiantes a soplar. Por otra parte, se amplia laseguridad democrtica al incorporar estudiantes a lafuerza pblica como informantes, con pago y boni-ficacin mensual de 100 mil pesos. En esta variante delos frentes urbanos de seguridad, en enero/2010, Uribepropuso reclutar mil estudiantes en Medelln.

Segn el Derecho Internacional Humanitario (DIH),la modalidad de vincular campesinos y estudiantes a laseguridad democrtica viola el principio de distincino diferenciacin entre combatientes y no combatientes,con peligro para los civiles. Las organizaciones indge-nas critican dicho programa, pues la Constitucin losexime de prestar servicio militar.

Ms violacionesde derechos humanos

En los ocho aos del gobierno de Uribe persiste eldesplazamiento forzado, que afecta a cuatro millonesde personas, producto de las estrategias de guerra de

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quitarle el agua al pez, o sea, desplazar a la poblacinsospechosa de apoyo a las guerrillas, apoderndose delas tierras abandonadas, a favor de grandes proyectosagroindustriales y de ganadera, que tienen a Colombia

como segundo pas en el mundo en desplazamientosforzados.

Bajo la seguridad democrtica crecieron las violacionesde derechos humanos, as el rgimen pretenda que soncasos aislados o que sus responsables son las guerrillas olas bacrim. Las estructurasparas han cometido unos 60mil crmenes de lesa humanidad. Los ajusticiamientosextrajudiciales falsos positivos aumentaron con laseguridad democrtica, triplicndose con Uribe.

Otro caso se manifiesta grave, en las chuzadas o inter-ceptaciones de telfonos, seguimientos y amenazas aorganizaciones de derechos humanos, personalidadesopositoras, y hasta a magistrados de la Corte Supremade Justicia, realizadas desde el DAS bajo la direccinde Jorge Noguera Cotes, nombrado y defendido porUribe, y acusado de colaborar con losparas de HernnGiraldo. El subdirector Jos Miguel Narvez est pre-so por el asesinato de Jaime Garzn, la coordinacindel secuestro de Piedad Crdoba y el asesinato de

Cepeda.

Venezuela en el tablero . El ex director de informticadel DAS, Rafael Garca, condenado a 27 aos, sealpara Noticias Uno la estrecha relacin de la institucincon el paramilitarismo. El DAS, que depende de la Pre-sidencia, o sea, bajo control de Uribe, espi a opositores

y elabor listas negras conjuntamente conparas, parti-cip en conspiraciones contra el gobierno venezolano,colabor en infiltrarparas en Venezuela, y se involucr

en el transporte de explosivos hasta Maracaibo para elasesinato del fiscal Danilo Anderson, dijo Garca, quienigualmente seal que el Presidente estaba al tanto,informado por Noguera; y que el Fiscal Luis CamiloOsorio tambin asesoraba a las autodefensas.

Esta prctica se propicia desde las ms altas instanciasdel Estado para judicializar o desprestigiar ONG ymagistrados dizque enemigos del Gobierno, comocorresponde a la vieja y renovada doctrina maniqueaque considera a quienes no estn con la seguridaddemocrtica como instrumentos de la subversin. As

acus el entonces Mindefensa Santos: Nos propone-mos judicializar la informacin de inteligencia obtenidasobre organizaciones ambiguas que pretendan obrardentro de la ley pero que, en realidad, son fachadas o

idiotas tiles de grupos terroristas.

Seguridad exterior: un nuevo frentede la seguridad democrtica

La seguridad democrtica desat un conflicto fronteri-zo, llevado a instancias internacionales. Los organismosde seguridad estatal y las fuerzas armadas han hechosecuestros en Venezuela, como el de Rodrigo Granda,dirigente de las farc, o bombarde territorio extranjero,

como el ataque para dar de baja a Ral Reyes y 25personas ms en Ecuador, causando una grave crisisdiplomtica latinoamericana, no superada an pese aque Uribe pidi perdn y prometi no repetir este tipode agresin. Por la extensin del conflicto a las f ronteras

y la regin, y creciente inseguridad en las ciudades, elGobierno prev reforzar la seguridad democrtica,con una inversin entre 2011 y 2014 de unos 10.400millones de pesos (ms de 5.000 millones de dlares) enseguridad interna y capacidad disuasiva para enfrentarposibles amenazas externas.

Los gastosde la seguridad democrtica de fronterase cubrirn con un gravamen patrimonial, efectivodesde 2002, parte del cual se destina a inversin enmovilidad, comunicaciones y presencia fronterizaantiguerrillera. En materia militar, la capacidad disua-siva se fortalecer con nuevo armamento: equipos decontrol y vigilancia por satlite, y nuevos aviones paraenfrentar posibles amenazas externas. El conflicto seescala, extrapolado a las f ronteras y pases hermanos,

para hacer responsables del conflicto a gobiernos depases vecinos.

De la mano con la Casa Blanca. La estrategia inter-vencionista de Estados Unidos se potencia con el planColombia, cuyos aporte pasa de 1.500 millones dedlares para luchar contra la droga y la guerrilla. Enlos ltimos tres aos, la cooperacin incluye cuatroprogramas que dedican un 75 por ciento de la ayudamilitar y policiva a Colombia, y casi toda la ayuda eco-

nmica y social. Estas son las cifras de ayuda, sumandolos cuatro programas:

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2008: US$539,416 millones-ayuda militar/policivaUS$305,004 millones

2009: US$540,409 millones-ayuda militar/policivaUS$303,909 millones

2010: US$521.8 millones-ayuda militar/policivaUS$268,055 millones

Adems, otros programas canalizaran US$135+ millo-nes en ayuda militar/policiva, y alrededor de US$20+millones en ayuda econmica y social. En lneas gene-rales, se mantiene el presupuesto asignado a Colombiapara 2010. Estados Unidos entregar asistencia al paspor 521,8 millones de dlares, 20 menos de los desti-nados en 2009.

A la cooperacin militar-policiva se sum en 2009 unacuerdo militar an secreto en todo su contenido, entrelos gobiernos de Colombia y los Estados Unidos, por el

cual se ceden para uso militar siete bases militares en elpas, a partir de las que las Fuerzas Militares estadouni-denses nos convierten en portaviones de guerra contrala insurgencia interna y los pases latinoamericanos,

sustituyendo la base de Manta.Este componente del plan Colombia y las bases mili-tares causan rechazo unnime en los pases latinoame-ricanos, visto en las reuniones de UNASUR.

Conclusiones. Aunque la seguridad democrtica esen esencia un proyecto contrainsurgente, al final de losdos cuatrienios de Uribe, persisten distintos factoresde violencia farc, eln y otros, paras, narcotrfico,debilitados segn el gobierno, lejos de un final y conefectos de ingobernabilidad. A stos se agregan otros:las emergentes guilas negras, las bacrim, y nuevas ac-ciones de inestabilidad y conflicto: agresiones militarese inteligencia en los pases limtrofes.n

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Ese ao estaba de suerte. No slo porque habatriunfado en las elecciones presidenciales sino

tambin porque arriba, en el centro del Imperio,con el pretexto de proteger a los ciudadanos de otroataque terrorista como el que haba derrumbado las to-rres gemelas de New York, G. W. Bush daba comienzoa la cruzada antiterrorista mundial. En nombre de laseguridad se justificaba pisotear explcitamente todoslos principios que formalmente haban servido de basede la paz mundial y de la legitimidad de los Estadosdemocrticos. Los derechos humanos y la soberanaentraban al campo de la relatividad; la llamada comu-

nidad internacional, comenzando por la vieja Europa,lo aceptaba; la guerra en defensa de la civilizacin sepona en el orden del da. Para Uribe, los signos nopodan ser ms promisorios.

El imperio yanqui, cuya hegemona econmica vena enbancarrota, tena por otra parte un respiro. Luego de lacrisis de 2001, comenzaba una fase de expansin, carac-terizada eso s por la especulacin financiera. Empezabauna poca que slo terminara en 2008 con el estallidode la ms reciente crisis mundial del capitalismo. Para unpas como Colombia, que acondicionado por ms de una

dcada de polticas neoliberales haba atado su destino ala dinmica econmica de la potencia, se presentaba unaoportunidad de crecimiento. Bastaba seguir sus rdenesal pie de la letra, y Uribe estaba dispuesto a hacerlo. Perola nueva poca traa novedades: en realidad, la expansincomercial y financiera del capitalismo mundial tena que

ver ms bien con la consolidacinde otras economas,las de Asia y el Pacfico, en especial China. Su manifes-tacin ms clara sera el alza de precios de los productos

La poltica exterior del uribismo

Enajenacin, aislamientoy servidumbrePor Hctor-Len Moncayo

Uribe subordin todo, incluida la poltica exterior, a su objetivo de exter-minar a las farc y legitimar el poder mafioso. Y no ahorr esfuerzos. Cont

con un entorno econmico que le era favorable, y lo puso al servicio de unreducido grupo plutocrtico y un puado de transnacionales: entreg el pasal saqueo. Sirvi de sargento en la cruzada militarista imperial: convirti elpas en plataforma de aventuras blicas en contra de los gobiernos vecinos. Yahora se marcha, muy orondo, como si no hubiera dejado a todo un puebloen la ms vergonzosa de las postraciones.

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primarios en el mercado mundial. Al mismo tiempo, enel continente se abran posibilidades de tomar distanciadel viejo imperialismo. Cambiaron entonces las polticas

y los gobiernos, comenzando por el de Venezuela, y Brasil

asumi su condicin de potencia, alterando el equilibriodel continente. Esta era otra realidad, muy distinta de laque describa la oscura cruzada militarista. Pero Uribe sequedaba en sta, la que convena a su proyecto; durantedos eternos mandatos, no dej ni un segundo de buscar laproteccin del patrn al precio que fuera. Incluso cuando,al final de esta poca, comenzaron a registrarse algunoscambios, as fuesen formales, en los Estados Unidos,

y cuando la crisis cambiaba radicalmente el escenarioeconmico.

Los tratados de libre comercio

Hace unos das la prensa colombiana anunci, como sifuera un triunfo, que haba terminado la negociacin(junto con Per) del tratado de libre comercio con laUnin Europea. En ste se hicieron algunas conce-siones ms de las que ya se haban hecho en el que sefirm con Estados Unidos, y que contina pendientede ratificacin en este pas por las objeciones de im-portantes sectores polticos y de opinin a la deplorable

situacin de derechos humanos en Colombia. Igualhaba sucedido con los que se firmaron con Canad ylos pases europeos de la AELC. Dos aspectos merecensubrayarse: de una parte, que la poltica del gobiernocolombiano es firmar tratados de libre comercio acomo d lugar, y, de otra, que en el exterior no parecentan embrujados con la propaganda uribista. Pero no sepuede dejar de mencionar una paradoja. En el caso deEuropa, es claro que sus multinacionales, en particularlas espaolas, habiendo sentado sus reales aqu, estn

especialmente interesadas en este tipo de tratados. Yla arrodillada burguesa colombiana no puede hacermenos que cortejarlas. Sin embargo, para Uribe, estetratado cumple otra funcin: servir de absolucin paralograr la aprobacin del de Estados Unidos. Al pare-cer, aunque los europeos no han dejado de apoyarlo,insiste en continuar dando pruebas de fidelidad al viejoimperio.

En efecto, es verdad que la poltica de libre comercioforma parte de los dogmas neoliberales, y en ese sentidotiene dimensin global, como lo repiten una y otra vez

los tecncratas. Pero, en concreto, lo que ha hecho Uribees respaldar la iniciativa anexionista de Estados Unidosdesde la propuesta del Alca, y, una vez derrumbadasta, aceptando el plan B de los tratados bilaterales.

Al principio, los funcionarios del gobierno llegaron aafirmar que el nico mercado que vala la pena era elde Estados Unidos, por encima del de Europa y Asia,

y el de los vecinos. Recientemente, incluso, intent servocero de la idea del arco del Pacfico, que los halconesnorteamericanos acuaron para enfrentarse a los go-biernos del Este de Amrica del Sur, encabezados porVenezuela y Brasil. Por fortuna, la idea no ha cuajado.Ecuador ha mantenido una poltica independiente.

De todas maneras, con tratados o sin ellos, la polticaeconmica que se ha desarrollado aqu durante ochoaos se reduce a acondicionar el pas a lo que pretendenlos tratados. De hecho, el auge de las exportaciones,fundamentalmente de combustibles y minerales, comoresultado de la expansin del mercado mundial y no porlas virtudes de Uribe, slo ha servido para profundizarel patrn de especializacin de la economa colombiana,centrado en los productos primarios. Lo nico originalde Uribe ha sido su insistencia en la palma aceitera; perotodos sabemos que es, al mismo tiempo, una opcin

econmica para sus compadres narcoparaterratenientes.En el mismo sentido se explica el auge de la inversinextranjera destinada tambin a los mismos sectores,aparte del financiero y el comercial que, segn todoslos analistas, incluyendo los tecncratas neoliberales, sedebe al auge mundial y no a confianza inversionistaalguna. Mucho les ha entregado y regalado Uribe aciertas empresas, y ni siquiera era necesario; de todosmodos la inversin extranjera hubiera llegado. Pero,claro, aqu aparecen multinacionales europeas y hasta

latinoamericanas. Esta poltica de tratados, adems,le asest un colosal golpe econmico a la CAN. Nosera el nico.

Del plan Colombiaa las bases gringas

Curiosamente, ni siquiera el que para muchos es in-negable mrito de Uribe, la seguridad democrtica,entendida como derrota poltica y debilitamiento militar

de las farc, es todo suyo; tampoco de Bush. Con suscaritas de yo no fui, Clinton y Pastranita pusieron los

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verdaderos cimientos. Cagun y plan Colombia son dos

caras de la misma moneda. Lo que hace Uribe, graciasal apoyo de Bush y su doctrina, es pasar del entierro decualquier posibilidad de negociacin y paz a su definitivadeslegitimacin internacional, y sta equivale a ponerbajo sospecha hasta el atrevimiento mismo de hablarde ella. El impacto en el plano internacional es tan de-

vastador como sbito; tanto, que los promotores de paz,facilitadores y colaboradores han tardado en entenderlo.Los gobiernos de Venezuela y Ecuador, en general losde Amrica Latina y hasta los europeos, acostumbradosa distanciarse, asumiendo una posicin de respeto anuestros asuntos internos para ofrecer sus buenos ofi-cios, se vieron de pronto chantajeados ante la supuestaobligacin de formar parte de la lucha contra el terro-rismo internacional y comenzar a cooperar. El apoyodel Imperio tena un precio, como si Uribe no estuvierapagndoles permanentemente: servir de plataforma deagresin contra los gobiernos andinos en desarrollo desu poltica de desestabilizacin. La CAN, por ejemplo,que ya estaba maltrecha por razones econmicas, tenaque morir por cuenta de Colombia.

La historia reciente es muy conocida. La llamadainternacionalizacin o desborde del conflicto, con-trariamente a lo que piensan algunos politlogos, no hasido resultado de la estrategia de insurgencia armadasino de la poltica de Uribe. Primero, incursiones enVenezuela captura o secuestro de Granda y Ecuadorcaptura de Simn Trinidad, luego presiones pblicasinternacionales sobre los gobiernos y finalmente elbombardeo en territorio ecuatoriano para dar de baja

a Ral Reyes, justificado por Uribe con la doctrina ex-traterritorial de Bush de perseguir el terrorismo donde

quiera que se encuentre. A la ruptura diplomtica ysobre todo poltica con los vecinos, sigui la polticade pugnacidad en el marco de Unasur y el virtualaislamiento frente a las propuestas de mayor alcance

como la asociacin de Estados Latinoamericanos y delCaribe. El broche de oro, como se sabe, fue la entregade siete o nueve bases militares a los Estados Unidos.A esta altura cualquiera que sea el prximo gobierno,es difcil pensar en una reversa. Al contrario, ya se juegairresponsablemente con la idea de la guerra contra Ve-nezuela. Como en todos los aspectos, en ste tambinColombia requiere una transformacin profunda.

Saldo escalofriante

Desde el ngulo colombiano, la idea de integracinlatinoamericana se ha evaporado. Pero incluso tienenproblemas las mnimas relaciones econmicas. Lacrisis particularmente la de Estados Unidos hamostrado ciertamente que los vecinos s eran impor-tantes. No pocas empresas, y sobre todo las actividadeseconmicas fronterizas, se han visto afectadas por laruptura comercial. No obstante, cualquier recuperacineconmica supone una negociacin y una resolucinpoltica. El problema consiste en que ello equivale a

tomar distancia del imperio yanqui. Y eso vale tambinpara el replanteamiento del conjunto de las relacionesinternacionales. Incluso con Europa y Asia. Hoy, sobretodo en la primera, predomina la derecha (ya no sloel neoliberalismo) pero, dada su crisis, no se descartaun cambio, as sea leve, de sus gobiernos. No siempre

van a seguir los dictados norteamericanos. La verdades que la crisis que para el parroquialismo colombianoparece no existir es un hecho de enorme e innegablemagnitud. El mundo sigue cambiando; no es que el

otro mundo posible est a la vuelta de la esquina,pero los cambios ocurren rpidamente. Entre tanto,en Colombia, en medio de la campaa electoral, se-guimos encerrados, pataleando entre la sordidez de la

violencia autoritaria y las payasadas de las alternativasespurias. En el ltimo rincn de un convento. Vctimasde unos medios de comunicacin cuya condicin deextranjeros slo les sirve para recrear la frivolidad de laglobalizacin y, en la prctica, reforzar el provincianis-mo. Es necesario abrir las puertas, y las ventanas; salir,siquiera a la esquina. A lo mejor, lo que necesitamos,para empezar, es una revolucin cultural. n

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Cuando Ferdinand Lasalle intentaba explicar,en una charla de 1862, qu es la Constitucinde un pas, tuvo que comenzar aclarando elsentido del trmino. Evidentemente, no se trataba deuna serie de normas escritas sino de la estructura real

de la sociedad, que en algunos casos las normas escritastratan de interpretar. En el lenguaje popular, la distin-cin es clara cuando se usan expresiones como Pedroes de constitucin delgada, o Juan es de constitucinrobusta, por lo cual, si Lasalle hubiese dado su charlaen un barrio marginal de Bogot, no habra habidodificultad alguna; en cambio, si la charla la ofreciera aunos acadmicos de nuestro pas, las confusiones hu-bieran sido de marca mayor, pues en el medio pensantecriollo se es muy dado a considerar que, si se consigna

alguna idea en un papel, sta pasa a ser realidad porese solo hecho.

Cuando en los 90 tuvo lugar el comienzo de los procesosde desregulacin y privatizacin, a ese conjunto de estra-tegias se le calific pomposamente de modernizacin dela economa, con lo cual se pretenda paralizar la crtica

y legitimar el desmantelamiento de la propiedad estataly los derechos de los trabajadores. Hoy, cuando se hanvuelto crnicos el desempleo, el atraso infraestructuraly el clientelismo armado, entre otras caractersticas de

nuestra cruda realidad, los acadmicos olvidan laexpresin y ya no adjetivan la economa. Razn

de ms para que, en el sentido de Lasalle, nospreguntemos por la verdadera consti-

tucin econmica que nos rige.

La Constitucin de un pas, en

esencia, es la suma de los factoresreales de poderque rigen en dichopas, explicaba el pensador alemn,

por lo que identificar la constitucineconmica de Colombia debe pasar, entonces,por descifrar tales factores.

La economa colombiana ha tenido siempre dos polos depoder: un grupo latifundista, que se reparte lo rural (laprovincia, como despectivamente se califican las perife-

rias espaciales, incluidas sus respectivas zonas urbanas), yuna burguesa citadina, que usufructa el poder centraly algo del comercio, las finanzas y la industria que seasientan en los espacios urbanos centrales. Buena partede la violencia poltica que nos acompaa desde el siglo

XIX se apuntala en esa dicotoma. Lpez Pumarejo yLleras Restrepo han sido quiz los representantes msdefinidos de la burguesa urbana, mientras LaureanoGmez (pese a ser bogotano y no tener tierras) y lvaroUribe los ms claros representantes del intento de cen-

trar el Estado en una economa primaria y una fuertejerarquizacin de la sociedad.

Hablamos de economa?

Por lvaro Sanabria

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Balance 2002 - 2010 21

Reaccin y rentismo

As como los aos 50 del siglo XX marcaron la pocadorada del agro colombiano, y tuvieron como corola-

rio el ascenso y defenestracin del ruralista LaureanoGmez, los 90 lo hicieron en la fase ms aguda de sudeclive, con una prdida de 800 mil hectreas retiradasde la produccin. Y son parte de las consecuencias deesa crisis lo que paradjicamente catapulta de nuevoal poder a un ruralista como lvaro Uribe en 2002,cuya meta no era recuperar el campo sino legitimarun latifundio repotenciado por efecto de la violenciaparamilitar. El intento de dinamizar economas deplantacin en el campo, como la palma af ricana, no esentonces ms que la bsqueda de darles uso a grandesextensiones improductivas que derivan su importanciade haber sido la alcanca en la que se depositaran buenaparte de los excedentes acumulados (legales e ilegales)que no encuentran uso en el circuito econmico de lageneracin de riquezas.

Sin embargo, no se debe entender que, cuando se afirmaque hay dos polos de poder en la estructura econmicacolombiana, afirmamos la existencia de focos irrecon-ciliables. Los acuerdos del llamado Frente Nacional,

en el perodo que va de 1958 a 1974, es buen ejemplode cmo los grupos de las lites pueden alcanzar me-canismos de consenso.

La extensin de la presidencia de Uribe hasta los ochoaos es nuevamente prueba de ello, pero la decisinde la Corte Constitucional de declarar inexequible elreferendo para la segunda reeleccin, el proceso de laparapoltica y los intentos de judicializacin de persona-

jes del Ejecutivo, son muestra de que, cuando uno de los

grupos intenta asumir la hegemona (en el caso actual, ellatifundismo, ahora armado), el cuerpo del poder ponea funcionar los mecanismos que le permiten regresaral equilibrio, haciendo que las clases subordinadas,vaya irona!, vivan esas alternancias como procesos decambio.

Es cierto que en el gobierno de Uribe el gasto militaravanz ms que los otros gastos y que la deuda externase multiplic (segn el Banco de la Repblica, pas de18 mil millones de dlares en 2002 a 29 mil millones en2009), pero, contra lo que se pudiera pensar, la consti-

tucin econmica se conserv. Los grandes ganadoresen el actual gobierno, la minera y la construccin (verel cuadro del PIB sectorial), no son ms que refuerzosdel espritu rentista (parasitario), o sea, el factor de

identidad de los dos grandes grupos dominantes enColombia (en el caso de la minera, se refleja adems elespritu colonizado que busca garantizar, con la entregade parte del territorio, la proteccin extranjera).

La situacin algo particular del ltimo decenio reside tansolo en que los terratenientes han sufrido cierta transfor-macin en su interior, como efecto de la consolidacin delatifundistas de nuevo cuo, cuyas fortunas no son ajenasa la produccin y la comercializacin de drogas ilegales.Una contextualizacin de la administracin Uribe nopuede dejar de lado el hecho de que la legitimacin

y la legalizacin de esas fortunas se consideraban unaestrategia central para ganar la guerra.

Fuente: Dane.

Las tendencias econmicasse refuerzan

De all que no haya necesidad de una poltica social nisiquiera como fachada, pues al venderse la idea de un ene-migo interno (las farc) y un enemigo externo (Chvez),las consideraciones sobre el bienestar de la sociedad pasana segundo plano. En el imaginario de la gente, la guerraimplica sacrificios, y el deterioro de la situacin se puedeachacar a factores diferentes de los econmicos, por locual, pese a las asimetras crecientes, las personas puedenpercibir su situacin como un mal necesario.

Segn la Comisin Econmica para Amrica Latina(Cepal), en su informe Panorama social de Amrica

PIB sectorial como porcentajedel PIB total

Sector 2002 2009Servicios comunales 19,6 16,5sociales y personalesServicios financieros 16,5 15,3

Industria 14,7 14,1Comercio, restaurantes 12,7 11,8y hotelesAgricultura 10 8,5Minera 5,1 6,4Construccin 3,9 8,8

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Latina 2009, Colombia, junto con Guatemala y Re-pblica Dominicana, fueron los nicos pases que nomejoraron sus indicadores de concentracin del ingresoen el perodo que va de 2002 a 2008. Las razones saltana la vista, pues, como efecto de la prdida de participa-cin de los salarios en el ingreso nacional, el gasto delos hogares, como porcentaje del PIB, pas de 69 porciento en 2002 a 62 por ciento en 2008.

Ya en el primer cuatrienio de Uribe, la tendencia delempeoramiento de las condiciones sociales se habamarcado. Segn el mismo informe de la Cepal, en2002 el 70 por ciento ms pobre de la poblacin tenaque contentarse con el 34,7 del ingreso, que vera re-ducido al 33,5 en 2005, mientras el 10 por ciento msrico de la poblacin, que perciba el 38,8 del ingreso,lo vea aumentado al 41,1 por ciento (ver cuadro departicipacin del ingreso).

Lo anterior no es independiente del empeoramiento

de las condiciones laborales que han mostrado un au-mento significativo del trabajador por cuenta propia

(que en la mayora de los casos es informal), que, derepresentar poco ms del 39 por ciento en 2002, hoyalcanza un porcentaje del 42 de la fuerza laboral. De1.900.000 empleos que se crearon entre 2002 y 2009,el 65 por ciento (1.235.000) fue creado por cuentapropia, lo que nos indica el deterioro de la ocupacinque cada vez avanza con ms fuerza.

Pero no es slo eso, ya que los indicadores del gasto p-

blico social tambin mostraron claros signos de empeo-ramiento (segn la misma Cepal), pues, de representarel 3,3 por ciento del PIB en el perodo 2000-2001, secontrajeron hasta el 3,0 en el perodo 2006-2007, y, comoporcentaje del gasto pblico total, se redujeron del 20,1al 17,2. Los gastos en salud, que representaban el 13,4por ciento del gasto pblico total, se contrajeron a 10,95,

y los de vivienda de 5,6 a 3 por ciento.

Ahora bien, que en plena campaa de eleccin pre-sidencial, el tema de los indicadores sociales est to-

talmente olvidado, demuestra que la inercia mental y la estructuracin econmica del pas han logradolegitimar la inequidad. De paso, ello prueba que losmovimientos alternativos an no logran explicarse, yque mostrar la estructura perversa de nuestro sistemaeconmico es una tarea pendiente. Ser que nuestrospolticos y acadmicos, incluidos algunos de carcterprogresista, consideran que la estructura econmica (suconstitucin) es intocable? Ya va siendo hora de que sedemuestre que las cosas se pueden transformar, y que,

en este caso, a nadie ms compete que a los verdaderosinteresados, los excluidos de todo tipo.n

Participacin en el ingreso total del:Ao40% 30% 20% anterior 10%

ms pobre siguiente al 10% ms rico msrico

2002 12,3 22,4 26,5 38,8

2005 12,2 21,3 25,4 41,1

Fuente: Cepal

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Balance 2002 - 2010 23

La primera dcada del siglo XXI fue paraColombia una dcada perdida en muchostemas y valores tangibles e intangibles. Enprimer lugar, en materia de paz y convivencia.Como todas las apuestas del establecimiento

y de sus voceros fueron por la guerra, comoconsecuencia de sta, adems de la paz y laconvivencia, Colombia perdi otros valorestangibles: todos los recursos econmicos delmundo aun sin cuantificar, empleo, investi-gacin cientfica, calidad de la educacin, cober-tura y calidad de la salud, seguridad alimentaria,integracin latinoamericana, etctera. Como fueuna dcada de guerra, de la que se derivaron muchosmales, refresquemos un poco la memoria.

Efectivamente, desde el mes de mayo de 1998, el can-didato presidencial que luego result vencedor en lasegunda vuelta, Andrs Pastrana, prometi negociar lasdiferencias sociales, polticas y econmicas, y firmar lapaz con el movimiento guerrillero ms antiguo y conso-lidado de nuestro pas: las Fuerzas Armadas Revolucio-narias de Colombia-Ejrcito del Pueblo (Farc-Ep). Hayque decirlo sin ambages: Pastrana fue audaz y se jug afondo, en los das previos a la eleccin y una vez obtuvo

el favor del pueblo. Por eso, el da en que se escriba laHistoria de Colombia sin el apasionamiento de la ven-ganza y sin el odio por el otro, sus pginas reconocernque hasta 1998 ningn Presidente hizo tanto por acabarcon el conflicto armado de esta Nacin.

Sin embargo, aunque Pastrana orden el despeje de cincomunicipios, es claro que en San Vicente del Cagun nohubo negociacin de las diferencias polticas y socialesdel conflicto armado. Tan solo hubo negociacin paraacordar la liberacin de 360 militares y policas retenidospor las farc en operaciones de guerra, y de una docena de

guerrilleros que se hallaban privados de la libertad y enmalas condiciones de salud. Lo dems fue muequeopoltico-militar entre las dos partes, a la mejor maneraque ha muequeado la humanidad en los asuntos de laguerra y de paz desde que el mundo es mundo.

En cambio, en el proceso hubo exceso de ingenuidad:

de Pastrana, del establecimiento y de las farc. Pastranafue ingenuo al pensar que con un reloj de campaa,con un abrazo a Manuel Marulanda, con unas fotos,con la supuesta afinidad o empata qumica dicenlos entendidos en relaciones interpersonales y con unda en sus propios campamentos bastaba para acabarcon el conflicto. El ms ingenuo fue el sistema que rigelos destinos de Colombia desde su independencia, alconfiar en que Pastrana lograra el milagro. Por esolo apoy. Iluso fue el rgimen al creer que un ejrcitoinsurgente de 40 aos de lucha, sin una baja ni unacaptura en la cpula de su estructura, fuera a entregar las

Una dcada perdida

Por Rafael Balln

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armas a cambio de nada. Ingenuas tambin fueron lasfarc al pensar que el establecimientos tena el propsitode negociar la agenda que ellas proponan; ilusas si cre-

yeron que el rgimen iba tolerar el muequeo de guerra,

que ese ejrcito irregular jams dej de ejercer.

Mesas oportunista

Para entrar en la prdida intangible de la primeradcada del siglo XXI, digamos que quien mejor liderel establecimiento para combatir a Pastrana por lo queestaba haciendo fue lvaro Uribe Vlez, entoncescandidato presidencial. As que, desde cuando Pastranainici los dilogos con las farc, Uribe siempre habl

de su tristeza por cuanto el Gobierno no les dio elmismo tratamiento a los paramilitares que le daba ala guerrilla. Y fue tan efectiva la vocera de Uribe paraatacar el proceso de paz Pastrana-Farc a nombre delos sectores ms inhumanos y reaccionarios del rgi-men, que el Presidente se vio precisado a romper lasconversaciones que sostena con la guerrilla, el 20 defebrero de 2001.

La misma cantaleta de tristeza catapult a Uribe detal manera que fue elegido presidente de la Repblica,

y en esa condicin acentu el propsito de identificarel movimiento guerrillero con las auc. La reiteracin yla fuerza dialctica de su discurso fue de tal magnitudque ya no slo la gente del comn entr en extremaconfusin y dio por sentado que son lo mismo unos yotros, sino asimismo la cpula del establecimiento: con-

gresistas, ex presidentes, fiscales, directivos de los gremios,y muchos intelectuales y periodistas.

Dnde est la prdida intangible de esta dcada?

En una serie de valores, de principios, de conductas,de comportamientos y lenguajes, que hacen que lasociedad colombiana no haya avanzado sino que ade-ms haya retrocedido medio siglo o quiz ms en sucultura poltica. El secreto de ese cambio de cultura

y de mentalidad est en el lenguaje y, como parte deste, en la ley.

Qu es la ley? En su sentido ms amplio, la ley es unahiptesis en la medida en que sta se formula comoenunciado general y no como declaracin sobre hechosparticulares. Mirada desde el punto de vista jurdico, la

ley es una norma codificada, expedida por la autoridadlegislativa (congreso, parlamento, asamblea general), paraun mbito determinado de aplicacin que sirve para regu-lar de manera obligatoria y hacia el futuro las situaciones

conflictivas de la sociedad1

. As se concibi la ley desde losprimeros tiempos. La ley de Hammurabiy la ley mosaicao Pentateuco de la Biblia, las dos codificaciones ms an-tiguas que se pueden consultar hoy sin dificultades, pesea ser concebidas por una sola persona, estn redactadasen forma hipottica, hacia el futuro y como principiosgenerales para la sociedades de su tiempo.

Y, antes de la ley escrita, qu haba? La sociedad seguiaba por el sentido comn, la regla general de buenaconducta, el comportamiento correcto. Porque unaaccin afable o respetable animar siempre el respetohacia la persona que la ejecuta; al contrario, una actua-cin horrible generar el repudio de la sociedad a suautor. Es decir, las reglas generales, aunque no estnescritas, determinan qu acciones son susceptibles deaprecio o repulsa por parte de la sociedad, y se fijan en elalma colectiva gracias a la observacin constante. AdamSmith el verdadero, no el calumniado se refiere asa este asunto: No hay persona a la que mediante ladisciplina, la educacin y el ejemplo no se le pueda

inculcar el respeto a las reglas generales en forma talque acte en toda circunstancia con una aceptabledecencia y que evite durante toda su vida cualquiergrado considerable de reproche2.

Crisis tica

La perversin que hizo de la primera dcada del siglo XXI una dcada perdida para Colombia est en eldesprecio, la tergiversacin y el cambio de valores del

mundo occidental, ms exactamente de los principios dela denominada democracia liberal. Leyendo con aten-cin al pensador de Edimburgo, se encuentran en Smithreflexiones y conceptos aplicables a los gobernantes y loslegisladores de nuestro tiempo: Sin este respeto sagradoa las normas generales, no se podra confiar demasiadoen la conducta de nadie. Ah radica la diferencia msesencial entre una persona de principios y de honor y

1 HILMANN, Kart-Heinz. Diccionario enciclopdico de sociologa. Barcelona,Herder, 2001.

2 SMITH, Adam. Teora de los sentimientos morales. Madrid, Alianza, 1997, p.298.

3 id.

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el individuo ms indigno3. Y remata su razonamientosealando que de la observancia de esos deberes dependela existencia misma de la sociedad humana, que se des-moronara hecha aicos si el gnero humano no tuviese

normalmente grabado un respeto hacia esas importantesreglas de conducta4.

La ruptura de uno de esos principios demo-liberaleses el relacionado con el concepto de la ley, como unadeclaracin hipottica de carcter general, impersonal

y abstracta para aplicarla a hechos futuros. De esadefinicin de la ley, al finalizar la primera dcada delsiglo XXI en Colombia, no qued sino la palabra de-claracin. Las palabras hipottico, general, impersonal

y abstracto desaparecieron como por encanto.

En esta dcada, la ley se hizo para blanquear crmenesdel pasado, y para reorientar hechos individuales, pre-sentes y concretos de unas personas determinadas. Yen el peor de los casos, en el extremo cnico de los he-chos, para favorecer el proyecto personal del presidenteUribe. En este proyecto personal, Uribe acomod losinstrumentos legales a su medida, y en este reto trabaj

con la paciencia y la maestra del relojero manual. ElPresidente hizo de la ley el mejor instrumento paraaferrarse al poder, consolidar sus palancas, sometera un pueblo y cometer todos los atropellos posibles.

Tambin hizo de la ley la mayor fuente de corrupcin,el instrumento que lav los ms atroces crmenes, yencubri las ms grandes defraudaciones al Estado:legalizar las fortunas provenientes del narcotrfico yla usurpacin de tierras a los campesinos, establecerzonas francas para sus hijos y promulgar la ley de AgroIngreso Seguro. Son apenas unos ejemplos.

En suma, en esta primera dcada del siglo XXI, la leyse convirti en una simple careta para cubrir el rostro

y las manos de los grandes delincuentes. Por eso, todoaquel que deba interpretar las leyes y los decretos expe-didos en este perodo, por estar investido de autoridad,como el juez o el magistrado, o el simple ciudadano,cada vez que tropiece con ese conjunto de normas oinstrumentos jurdicos, lo primero que debe hacer eslevantar esa careta y ver a qu criminales se pretendiproteger y, hecho ese anlisis, ah s proceder a aplicar-los. Ser una excelente medida de profilaxis sociolgica,

jurdica y poltica. n4 ibd., p. 299.

scar Fernndez Senz

Fb

ricadelconsentimientouri

bista

Desmantelamiento de los pilaresdel pensamiento crticoEducacin y medios de

comunicacin

Medios de comunicacinLa televisin: principal fuente demanipulacin. La religin de lasfuentes oficiales. Encuestas +encuestas = gana la encuesta!Telenovelas RCN: delentretenimiento a lamanipulacin poltica. Complejode competitividad en el morbo.Reemplazar la rebelda por laculpabilidad

La censura moderna

Desestructuracin =desmemorizacin. Sinnimos

connotativos o cmo cambiarejecuciones extrajudiciales porfalsos positivos. Periodistas:

profesionales, malos,parcializados, temerosos?Periodismo: comunicacin oinformacin?El Manual de estilo de laPresidencia. Carencia de uncdigo de tica nacional. ElCuarto Poder fue vampirizado.Las 25 noticias ms censuradas

La propaganda de guerraGuerra de cuarta generacin:Rendon Group (RG). Laestrategia de la tensin. Amor y

odio: la relacin entre Uribe y losmedios. El oso de Uribe en el

mundo democrtico.La doctrina del shockCul es diferencia con la

estrategia de la tensin?

Autodefensa intelectualUnas tcnicas de autodefensaintelectual. TV, radio y mediosescritos: utilicemos los defensoresdel televidente y los correos delectores. Consolidacin de lasorganizaciones gremiales. Aconstruir el Quinto Poder.

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En salud, los dos cuatrienios uribistas se cierrancon broche de oro. En este doble periodopresidencial, cada decisin se tom en pro deconsolidar el modelo de mercado y fortalecer la acu-mulacin de capital en el sector. No es casual que elgobierno de Uribe cierre con baja popularidad en lacalidad y cubrimiento de la salud, resultado generado porla venta de la red pblica hospitalaria, la multiplicacindel paseo de la muerte, la incertidumbre que generaronlas medidas tomadas a la luz de la emergencia social, sudeclaratoria de inexequibilidad y el proyecto de ley quepresent para subsanar esta derrota poltica a su gobierno

y los intereses de las aseguradoras (EPS).

Las promesas: para incumplir

Las promesas de Uribe para su primer perodo se relacio-naron con aumento en subsidios en salud para los pobres;seguridad social y policiva para los taxistas; prestacin delrgimen subsidiado de salud por entidades sin nimo delucro, integradas por cooperativas, empresas solidarias,cajas de compensacin y hospitales; garanta de tarifasequitativas para mdicos y profesionales afines; aval paraque el usuario escoja prestadora de servicios y mdico;desarrollo de programas de quejas y reclamos de usuarios

y pacientes de salud; extensin de la Superintendencia delramo; evasin en los pagos a salud para aumentar cober-tura mediante el cruce de informacin y mejoramiento dela sistematizacin; y salvar al Seguro Social como opcinpblica esencial en el esquema de las EPS.

Para la campaa presidencial de 2006 se planteseguridad social para taxistas, artistas, deportistas,que ha empezado pero debe llegar a plena coberturapara los estratos, 1, 2 y 3. De otro lado, en la propues-ta estratgica del gobierno, conocida como VisinColombia II Centenario: 2019, se propuso como

metas en el tema de salud las de cobertura universal,reduccin de la mortalidad materno-infantil y de lasenfermedades transmisibles, y mejora de la salud sexual

reproductiva.

Como se ve, las promesas de Uribe se concentraronen 1) alcanzar cobertura universal de aseguramiento apartir de incorporar grupos laborales excluidos (comolos taxistas) y aumentar el nmero de subsidios parala poblacin ms pobre; 2) fortalecer los procesos de

vigilancia y control, para evitar la evasin y mejorarla eficiencia del sistema de salud; 3) garantas a losprofesionales del sector a travs de tarifas justas, como

oportunidad a los usuarios para escoger; y 4) enfrentarla de mortalidad en las modalidades ya referidas.

Ocho aos ms de inseguridad

social en salud en ColombiaPor Mauricio Torres T.

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Balance 2002 - 2010 27

Medidas impulsadas: consolidacindel modelo de mercado en salud

Los aos de Uribe permitieron tomar un conjunto de

medidas institucionales, financieras y de ajuste a la ley,que, ms que avanzar en los compromisos del gobierno,sirvieron para consolidar el modelo de mercado en saludinstaurado mediante la Ley 100 de 1993.

1. Medidas sobre la institucional de salud:lo pblico en funcin de lo privado

Este gobierno tom medidas en aspectos institucio-nales, sobre todo en tres mbitos: desaparicin del

Ministerio de Salud, reestructuracin y liquidacin dehospitales pblicos, y liquidacin del Instituto de losSeguros Sociales (ISS). Una de sus primeras medidase fue una reestructuracin administrativa concretadaen la Ley 790 de 2002, en que se fusionaron variosministerios e instituciones, entre ellos el Ministerio deSalud con el de Trabajo y Seguridad Social, creando elMinisterio de la Proteccin Social.

La nueva institucionalidad ministerial mostr prontoque su foco de atencin estara en sostener financie-

ramente el sistema de salud. Los temas centrales queabordaban los dos ministerios por separado comoeran: seguimiento y la resolucin de los conflictos la-borales; inspeccin, vigilancia y control de los centros ylugares de trabajo; promocin de la salud y prevencinde la enfermedad; y desarrollo de programas de saludpblica fueron temas al margen y que desperfilaronla razn de ser de los dos ministerios.

La incorporacin del enfoque promovido por el Banco

Mundial del Manejo Social del Riesgo en el Ministeriode la Proteccin Social consolid a ste en funcin delos intereses de mercado del sistema de aseguramiento

y la atencin de la enfermedad, dado que el enfoqueestablece la responsabilidad central de proteger la saluddel individuo y su familia, y no al Estado, para lo cual yano se requiere una cartera que atienda los problemas desalud de la gente sino empresas dispuestas a vender susservicios a clientes que deben conseguir con qu pagar laatencin. Slo queda un pequeo grupo de la poblacin,la ms excluida y marginada, incorporada a este mercado

va subsidios en salud (poltica de focalizacin).

En esta va, las instituciones pblicas y privadas deatencin en salud deben ser autosostenibles y rentables.Para ello, el gobierno profundiz la reestructuracin yla liquidacin, o modernizacin, de los Hospitales P-

blicos, eufemismo que no es otra cosa que la reestructu-racin y la liquidacin de los hospitales pblicos, en queel dinero se utiliza sobre todo para liquidar las plantasde personal. Pero tal proceso permite que de un dapara otro simplemente se cambie la razn social de unhospital, se enve a la calle a cientos de trabajadores, secontraten a stos u otros pero en condiciones laboralesmuy flexibilizadas a travs de cooperativas de trabajo,sin cambios de fondo en los procesos administrativos

y de gestin de los servicios. Durante el gobierno deUribe, 230 hospitales del pas entraron en este procesode reestructuracin, lo que comprometi ms de 250millones de dlares para costear la supresin de cargos

y la financiacin parcial de sus pasivos prioritarios.

Por ltimo, en este aspecto institucional hay que men-cionar la promesa de que necesitamos salvar al SeguroSocial porque la opcin pblica es esencial en el esquemade empresas promotoras de salud, rotundamente in-cumplida y producto de una estrategia clara y sistemticaque concluy con la liquidacin de aqul en 2007.

Desde la expedicin de la Ley 100 en 1993, el ISSqued incorporado en un mercado del aseguramiento,

y en este sentido inici una competencia con entidadesprivadas de seguridad social. La estrategia de marchitarel ISS en estos aos dio pasos clave en la profundi-zacin del descrdito institucional, la separacin defunciones de administracin y prestacin, y la quiebrade las instituciones prestadoras de servicios en que sefraccion, lo cual funcion perfectamente y permiti el

cometi