San Juan, Puerto Rico Año 26 · Núm. 4 · agosto · 2007

Contra el alza uniforme, matrícula ajustada5

Paseo Caribe agrede nuestras costas3

www.bandera.org

Periódico del Movimiento Socialista de Trabajadores

Bandera Roja

El mantengo corporativo y la ley de incentivos contributivos6

FMPR y UTIER se enfrentan a ofensiva privatizadora

Se avec inaconmoc ión soc ia l

Que la crisisla paguenlos ricos

Bandera rojaagosto 20072 www.bandera.org

El Vocero de Puerto Rico parece ser el nue-vo relacionista público de Rafael Aragunde y del Gobernador Aníbal Acevedo Vilá. Con sus dos titulares de portada “Ilegal la huelga” (31 de ju-lio de 2007) y “Sanciones contra maestros” (del 1 de agosto de 2007) el Vocero le está haciendo la competencia al Nuevo Día al cargarle las maletas a Aníbal Acevedo Vilá en su política anti-obrera y represiva. Sin embargo, una lectura de los artícu-los demuestra que la huelga magisterial con que amenazan los maestros no se trata de un mero capricho, o solamente de aumentos de sueldo, se trata de la defensa de la escuela pública y de la ca-lidad de la enseñanza. Con el alegado objetivo de reducir gastos en el Departamento de Educación, los administradores pretenden aumentar la car-ga de trabajo imponiendo un sexto grupo a cada maestro.

Los maestros tienen actualmente cinco grupos de estudiantes, una hora de capacitación y prepa-ración y una hora para atender gestiones adminis-trativas adicionales al salón de clases.

La ley orgánica del Departamento de Educa-ción establece que la organización de la escuela

se decide democráticamente entre los compo-nentes de la comunidad escolar. La organización escolar es la cantidad de grupos, la cantidad de estudiantes por salón y la distribución de salones, y recursos entre otras cosas. La organización es-colar no puede contradecir las leyes, cartas circu-lares ni los derechos adquiridos. Dicha organiza-ción tiene que ser ratificada por la facultad, y la facultad puede negarse a ratificarla si los maestros entienden que no está acorde con las necesida-des de la escuela. El Secretario del Departamento de Educación Rafael Aragunde emitió durante el semestre pasado una carta circular que trata el tema de las orga-nizaciones escolares. A pesar de que la carta no expresa la eliminación del periodo institucional, los funcionarios y directivos del DE han tomado la im-plantación del sexto grupo como una directriz.

Las declaraciones de la Directora de la División Legal del Departamento de Educación Jocelyn Carrasquillo Rivera en El Vocero de Puerto Rico demues-tran el cinismo con que está operan-do el Departamento de Educación “le compete a cada comunidad escolar definir si ese periodo lo convierte en

una clase adicional o no [...]”. A pesar de lo que crea la Sra. Carrasquillo no se trata de un ejercicio democrático para decidir si el maestro va a tomar seis grupos o no, se trata de que el Departamento de Educación no va a contratar los maestros ne-cesarios para suplir la demanda de estudiantes, y pretende aumentarle la carga de trabajo al maes-tro. Mientras más estudiantes atiende un maestro más baja la atención individualizada que se le puede dar a cada estudiante y la preparación que pueda hacer el maestro.

Portada

Foto: Hugo J. Delgado-Martí

Directriz de Aragunde empeoraría calidad de la educaciónBandera Roja

Por Hugo J. Delgado-Martí

La UTIER comenzó a negociar su más reciente convenio colectivo hace ya más de dos años. Esta negociación ha transcurrido con mucha lentitud. Los compañeros de la UTIER se han mantenido firmes en la mesa de ne-gociación, asistiendo regularmente, presentando propuestas, dialogando con el patrono.

¿Qué es lo que está pidiendo la UTIER?

Los reclamos de la UTIER son ra-zonables. Sin embargo los jefes en la AEE no quieren negociar dos asun-tos principalmente: los aumentos de sueldo y la reclasificación de plazas. La UTIER está pidiendo un aumen-to que corresponda al aumento en el costo de la vida. Lo otro que están pidiendo los unionados es que, si se van a definir cuales son las tareas de cada trabajador, esto debe ser nego-ciado con la unión.

¿Pero eso no hace más caro el servicio?

No. Lo que ha encarecido el costo de la energía eléctrica ha sido la sub-contratación y la privatización de la producción de energía. El problema es que la gerencia de la AEE quiere definir las plazas a su gusto y gana para seguir subcontratando compa-ñías privadas en donde los amigos de los políticos siempre guisan. La

UTIER lo que quiere es brindar un servicio más eficiente y barato para el pueblo. Los ricos quieren ser los dueños de la energía eléctrica en Puerto Rico para seguir haciéndose millonarios a costa de nuestro bolsi-llo. Los gastos de salario y beneficios para trabajadores en la AEE repre-sentan menos de un 13% del total de ingresos de la corporación. Ade-más el director ejecutivo de la AEE

se agenció un aumento de sueldo y ahora recibe cerca de $200 mil anua-les.

¿Pero y esas brigadas de 7 donde mientras uno trabaja los demás

miran?Ese ha sido uno de los argumen-

tos principales de la gerencia, y es además una mentira. Las briga-das de la UTIER son de 3 personas. Quién toma la decisión de unir una o varias brigadas es la gerencia. Los jefes, quieren crear la impresión de que la AEE es ineficiente y echarle la culpa a la UTIER. Después vienen a decirnos que hay que privatizar la AEE para hacerla más eficiente. La

UTIER ha demostrado disposición a redefinir sus tareas sin poner en ries-go la vida de los unionados. Por eso quieren privatizar, por que las com-pañías privadas no exigen las mis-mas garantías de salud y seguridad que ha exigido la UTIER por años.

¿Pero por qué se quejan tanto si allí hasta los conserjes ganan $25

la hora?No sólo se merecen un aumento

los trabajadores de la UTIER, sino to-dos los empleados públicos y priva-dos. Los unionados de la UTIER son de los trabajadores mejores pagados en Puerto Rico; sin embargo su sa-lario está muy por debajo de pues-tos similares en los Estados Unidos. También hay que tomar en cuenta que existen algunos puestos alta-mente remunerados pues requieren unos conocimientos, destrezas o ex-periencias que están altamente coti-zadas en el mercado del trabajo. De cualquier forma, todas las conquis-tas que poseen los trabajadores de la UTIER radican en años de lucha y sacrificio. A pesar de todos esos años de lucha y sacrificio, su salario se ha reducido por el aumento en el costo de la vida. Por último, la AEE produ-ce 2,400 millones de dólares anuales, y es una de las empresas más pro-ductivas del país.

¿Por qué no acaban esto de una vez?Han sido los representantes de la

gerencia de la AEE quienes han re-

trasado la negociación ausentándo-se, solicitando demasiados recesos, dilatando discusiones y utilizando todas las estrategias posibles para evitar negociar. Mientras esto ocu-rría en las mesas de negociación, en la prensa del país se desarrolló una campaña en contra de la UTIER, de sus trabajadores y su liderato para desprestigiarlos y restarles el apoyo del pueblo. La gerencia de la AEE dice que no tiene dinero para au-mentos, pero sí tiene para campa-ñas, abogados y aumentos de sueldo al Director Ejecutivo.

¿Por qué tiene que irse a huelga?La UTIER se está enfrentando a la

gerencia de la AEE, al gobierno de Puerto Rico, a los medios de noticias y a un grupo de personas en Puerto Rico con mucho dinero. Para en-frentarse a toda esa gente necesitan demostrar su fuerza. En la mesa de negociación ya intentaron el diálogo y no ha funcionado; los abogados de la AEE no quieren negociar. Los tra-bajadores, cuando no tenemos más ningún recurso para defendernos, tenemos que recurrir a la huelga.

¿Qué debemos hacer los demás trabajadores?

Los trabajadores de la empresa pública, y privada, los desemplea-dos, estudiantes y amas de casa de-bemos unir nuestra voz en apoyo a la UTIER, porque apoyar a la UTIER es defendernos de tanto abuso.

¿Por qué debemos apoyar a la UTIER?Bandera Roja

Por Hugo J. Delgado-Martí

Porque apoyar a la UTIER es defendernos de tanto abuso

“ “

Bandera rojaagosto 2007 �www.bandera.org

Mientras un grupo de valien-tes jóvenes dramatizaba el re-pudio del pueblo a que un desa-rrollador se apodere del Fortín San Jerónimo y sus contornos, el gobierno continúa amapu-chando este robo de nuestro patrimonio histórico.

El gobierno se escuda lan-zando bombas de humo de-jándole las responsabilidades a las agencias reguladoras y a los tribunales como el lugar donde se debe discutir la permisología criolla. Igualmente, en repeti-das ocasiones se cobijan en los problemas de acceso al Fortín San Jerónimo cuando natural-mente se aprecia una privatiza-ción de los recursos costeros e históricos del pueblo de Puerto Rico. Construyendo en espacios ganados al mar. Como si el go-bierno no hubiera vendido las parcelas que componen Paseo Caribe las que se conocen como “Coast Guard Parcel” y “Conda-do Bay Parcel”. El ELA vendió es-tas parcelas a una subsidiaria de

las empresas Hilton, propietaria de Hotel Caribe Hilton, quien, a su vez, en el 2000 se las vendió a la empresa San Jerónimo Deve-lopment Corporation por más de $8 millones.

Para colmo, el Instituto de Cultura destinó cerca de $1 mi-llón, de una línea de crédito de $3 millones, para determinar el daño que ha tenido la estructu-ra y algunos de los trabajos re-queridos para su restauración. Tras que le roban los terrenos del pueblo y se privatiza una estructura histórica el gobierno de AAV es tan boca abajo que le pagan la por rehabilitación.

Pero por aquello de desen-mascarar a éste usurpador de turno tiremos al medio una se-rie de preguntas, muchas de es-tas sin respuestas.

¿Por qué una comisión le-gislativa no ha podido detener el proyecto a pesar de estar en contra y la Junta de Planificación ha reiterado los documentos a favor del proyecto pasando por alto leyes y permisos de otras agencias reguladoras? ¿Por qué se han demostrado a favor a pesar de que se ha destruido yacimientos arqueológicos a la entrada de la isleta de San Juan? Según el Diario La Prensa de New York del 20 de julio de este año, el magnate colombiano ha resultado ser un donante im-portante del oficialista Partido Popular Democrático y del Go-bernador, Aníbal Acevedo Vilá, en particular.

Asimismo, aparece como un donante importante del Partido Demócrata de Estados Unidos a finales de los años noventa y que se cambió al Partido Re-publicano y las campañas del Presidente George Bush desde

el año 2000. Varios de los docu-mentos de la Comisión Estatal de Elecciones sobre donaciones políticas de Madero a las cam-pañas de Acevedo Vilá en 2004 están suscritos por el abogado y notario Ramón Velasco Es-cardille, quien ahora es testigo del gran jurado que investiga al Gobernador en relación a donativos políticos y presuntas ventas de influencia y lavado de dinero. Otras grandes cifras de donaciones del Madero obser-vadas en el Political Campaign Contributions demuestran las bondades del desarrollador con el partido político de turno.

La continua donación a las campañas políticas es mo-dus operandi en la industria de construcción en la Isla y en los Estados Unidos. Donde se está con todos y para todos. Si queda alguna duda, busque las donaciones de Cleofe Rubí, Joel Katz, entre otros desarro-lladores inescrupulosos que pretenden privatizar las playas de todos los municipios coste-ros de la Isla. Asimismo, estos “seudo” desarrolladores se dis-frazan de filántropos donando grandes cantidades monetarias a entidades “sin fines de lucro”; por supuesto, para jugar con los arbitrios. Mientras son los mis-mos explotadores de las clases trabajadoras y pobres. Este gran grupo de extranjeros, con uno que otro local, han terminado comprando e hipotecando toda la Isla. Controlando un negocio que juega con sus limitados re-cursos.

¿Por qué la directora ejecuti-va del Instituto de Cultura Puer-torriqueña, Teresa Tió, se que-dó chupándose una quenepa mientras se privatizaba los re-cursos costeros e históricos del pueblo de Puerto Rico? ¿Será porque la esposa de Arturo Ma-dero, Zoila Levis, ex directora y presidenta del Doral Financial, era parte de la Junta de Síndi-cos del Museo de Arte de Puerto Rico? ¿Será que Arturo Madero es unos de los principales do-nantes del Museo? ¿No debe ser muy extraño que la familia Madero-Levis ha estado com-prando propiedades alrededor del museo en Santurce? ¿Qué agencia y funcionario con pro-blemas visuales midió la zona marítimo terrestre? ¿Qué pre-tende hacer el gobierno con el San Juan Waterfront terminarán de privatizar las costas de la Ca-pital?

Pero por supuesto estos “de-sarrollos” son realizados con el único afán de hacer un dis-trito turístico, histórico y cul-tural donde las expropiaciones han sido meras necesidades de la zona. Porque no lo creo. Se debe apoyar a los activistas, no seamos ciegos se nos están que-dando con nuestra economía y con los espacios ambientales y culturales que nos identifican como pueblo.

Portada

Alfredo Salazar fue designado por Aníbal Ace-vedo Vilá como candidato a Comisionado Resi-dente por el Partido Popular. Salazar es el actual presidente del Banco Gubernamental de Fomen-to y uno de los responsables de que estemos pa-gando un 7% de impuestos por cada artículo que compramos. A la misma vez, ha defendido la po-lítica de mantengo y exención contributiva hacia las grandes empresas capitalistas. Alfredo Salazar es el candidato a Comisionado Residente de los ricos en Puerto Rico.

Por algo ya salieron a la opinión pública las plañideras de los grandes intereses a expresar su jubilo por la nominación. El presidente de la Asociación de Industriales Edgardo Fabregas “se alegró”. Arturo Carrión, vicepresidente de la Aso-ciación de Bancos de Puerto Rico elogió “las ca-pacidades del candidato”. Betsy Barbosa, vicepre-sidenta ejecutiva de la Asociación de Compañías de Seguro y Francisco Rodríguez, de la firma de corretaje UBS Financial Services también exalta-ron a Salazar. Los representantes de los grandes intereses están de plácemes con que uno de los suyos pueda ir a Washington a defender sus pri-vilegios.

Alfredo Salazar ha ocupado distintas posicio-nes en bancos y empresas financieras. Fue geren-te del Banco Popular de Puerto Rico y trabajó en el Banco de Ponce y en PaineWebber. Fue jefe del Chase Manhattan Bank para Puerto Rico, Argen-tina y Brasil. El tipo es un gatillero de los privile-giados.

Como presidente del Banco Gubernamental de Fomento y uno de los principales asesores econó-micos de Aníbal Acevedo Vilá, Alfredo Salazar tie-ne una “impresionante” hoja de servicios. Dirigió los esfuerzos destinados a imponernos un “sales tax” del 7% a todos los artículos que consumimos. Fue uno de los gestores del cierre gubernamental que tiró a la calle a unos 100,000 empleados pú-blicos. Logró reducir el crédito de Puerto Rico a “chatarra” y aumentar el endeudamiento del país. Ha sido uno de los mas férreos defensores de los llamados incentivos industriales que no son otra cosa que privilegios contributivos para las gran-des empresas capitalistas. Si hay alguien que re-presente fielmente el sistema de desigualdad eco-nómica en el país es Alfredo Salazar

Alfredo Salazar el Comisionado de los ricosBandera Roja

Por Carlos Fortuño Candelas

Bandera Roja

Por Pedro Colón Almenas

Paseo Caribe agrede nuestras costas

Bandera rojaagosto 2007� www.bandera.org Universidad

¿Qué es Bandera Roja?

Bandera Roja es un periódico que se ha publicado en forma impresa por más de 25 años y en forma en-línea por 11 años. Circula gratuitamente entre miles de trabajadores, estudiantes y gente pobre gracias al esfuerzo voluntario de nuestros militantes, colaboradores y amigos. Es pro-ducido por el Movimiento Socia-lista de Trabajadores (MST).

¿Qué es el MST?

El Movimiento Socialista de Trabajadores es una organiza-ción independentista y socia-lista que defiende los intereses del pueblo pobre y trabajador. El MST aboga por la transfor-mación de la sociedad en una de justicia y bienestar para las grandes mayorías de trabajado-res. Trabajamos por el socialis-mo, donde los obreros sean a la vez los dueños y quienes contro-len los medios de producción. El MST lucha por el pleno disfrute de los derechos democráticos en una democracia socialista, don-de los derechos de cada cual no están determinados por la rique-za. La juventud del MST está re-unida en la Unión de Juventudes Socialistas (UJS-MST).

Comité Editorial de Bandera Roja

Carlos Fortuño CandelasEditor GeneralCarmen MéndezCorrectora GeneralCamilo GonzálezEdiciónEdgardo Román EspadaEdición Hugo Delgado MartíDiseñador GeneralLuis Guzmán DupontIlustraciónPablo Soto CarriatDirector Distinguido

MST

Suscripciones:10 números por

$10.00www.bandera.orginfo@bandera.org

Apartado 22699Estación UPR

San Juan, Puerto Rico00931-22699

Han pasado dos años desde que la ad-ministración universitaria impuso un au-mento uniforme de 33% en los costos de matrícula, además de una nueva cuota de tecnología, con el objetivo de ir convir-tiendo la Universidad de Puerto Rico en una institución elitista donde el lucro in-dividual se imponga por encima del bien-estar social. Ahora ese objetivo se forta-lece con el informe del Comité Asesor de las Finanzas Institucionales (CAFI), que fue creado por la administración univer-sitaria a partir del aumento uniforme del 2005. Esto puede comprobarse con la re-ciente aprobación, por parte de la Junta de Síndicos, de un alza progresiva de 12% en los costos de matrícula a todas las clases entrantes de cada año del período acadé-mico por un término de diez años.

Este aumento es parte de las recomen-daciones estipuladas en el informe del CAFI, además de otras como: el cierre y/o reducción de programas académicos que no cumplan con criterios de valorización y efectividad, la eliminación de benefi-cios como las exenciones estudiantiles del pago de matrícula, penalizar a estudiantes por las bajas parciales, etc. Más claro no puede estar: mientras las empresas y las compañías que controlan la Universidad usan toda su avaricia para lucrarse, el es-tudiantado que proviene de la clase tra-bajadora se ve privado del derecho a una

educación accesible y de excelencia.Para entender el propósito detrás del

aumento en los costos de matrícula, basta recordar la Certificación Número 70, emi-tida por la Junta de Síndicos, que se utilizó para imponer el aumento del 2005. En ella se reconoció que el aumento en los costos de matrícula no resolvería el problema fis-cal de la UPR; que sólo serviría para satis-facer los intereses de los bonistas y pres-tamistas que guisan en la Universidad. En aquel entonces y ahora, se nos aumenta la matrícula para seguir despilfarrando el dinero en contratos con empresas priva-das que encarecen y empeoran servicios esenciales.

Estos aumentos forman parte de la política neoliberal del gobierno de Aní-bal Acevedo Vilá, que sigue poniendo la carga de la crisis estructural que afronta el país sobre los hombros de los sectores marginados, excluidos y pobres. Para este gobierno, la UPR es un organismo más que debe poner al servicio de la empresa privada. Por ejemplo, tan sólo en el recin-to de Río Piedras se ha privatizado Plaza Universitaria, el parking multipisos, la guardia universitaria en el turno de la no-che, el cobro de matrículas, los centros de cómputos, los servicios de fotocopiado-ras y otros servicios. Compañías como el Banco Popular, St. James Security y Am-gen -entre otras- han convertido la UPR en un negocio lucrativo haciendo que el derecho a una educación accesible para la clase trabajadora penda de un hilo.

Nuestra respuesta al alza y a la privati-zación, las dos caras de la moneda neoli-beral, tiene que ser la lucha organizada. Este proceso debe ir acompañado de pro-puestas a favor de los intereses de la clase trabajadora. Partiendo de una realidad innegable: que en la Universidad, como en el resto del país, coexisten diferentes clases sociales con intereses encontrados y antagónicos, la Unión de Juventudes Socialistas (UJS) ha propuesto histórica-mente la Matrícula Ajustada a los Ingre-sos (MAI). En la actualidad, la clase tra-bajadora le subsidia la educación a toda la partida de riquitillos que estudia en la UPR. La MAI busca invertir esa realidad: que sean los ricos quienes le subsidien la educación a los pobres. Además de esta propuesta, la UJS aboga por aumentar los impuestos a las corporaciones y a la banca para la creación de un Fondo Único de Es-tudiantes y Trabajadores de la Educación (FUETE).

Estas propuestas pueden lograr que sean los ricos quienes paguen la crisis en la Universidad si se libra una lucha orga-nizada y combativa. La historia demuestra que sólo la lucha puede lograr los cambios que hacen falta para construir una mejor sociedad. Si el gobierno de Aníbal Aceve-do Vilá y la administración universitaria le tienen la soga al cuello a la clase trabaja-dora y al estudiantado; es hora de cortarla, respirar profundo y amarrarla al cuello de los explotadores. Hemos enfrentado gran-des abusos, ahora nos toca detenerlos.

No al aumento uniforme de las matrículas de la UPRUnión de Juventudes Socialistas de Río Piedras

Por Rosa Luz Burgos

Nueve trabajadores de la UTIER de las plantas de Puerto Nuevo y Palo Seco fueron suspendidos su-mariamente de empleo y sueldo. La acción de la Autoridad de Energía Eléc-trica (AEE) se dio a raíz de un paro que efectuó esa Unión contra la privatiza-ción de la agencia. Es un intento de amedrentarlos y detener su lucha.

El 22 de junio los traba-jadores de todas las centra-

les generatrices de la AEE realizaron un paro. El ob-jetivo fue protestar por que se contratara a la empresa Mechanical Dynamics and Analisis las labores de re-paración de la turbina y generador de la Unidad 4 de la Central Palo Seco. Los mecánicos de turbinas de la UTIER son los que, por más de 50 años, han reali-zado esas labores.

La subcontratación fue ilegal pues no cumplió con el requisito de notificar a la Unión previo a la mis-ma. La AEE alegó que la subcontratación se debía

a la situación extraordina-ria en la Central Palo Seco después de los incendios y que no reconocen el Con-venio Colectivo vigente.

La Central Palo Seco se quemó hace unos meses a causa de negligencia y fal-ta de mantenimiento por parte de la dirección de la AEE. En aquella oportu-nidad el gobierno intentó culpar a los trabajadores pero la verdad de la res-ponsabilidad del patrono surgió de la investigación.

Ante la negativa de la AEE de resolver el asunto con la Unión los trabajado-

res de las plantas decreta-ron el paro de labores. La subcontratación de em-presas privadas para hacer los trabajos de los emplea-dos de la AEE redunda en un encarecimiento de las tarifas y en la entrega de ese patrimonio al interés privado.

Los trabajadores de Palo Seco y Puerto Nuevo han levantado campamentos de protesta frente a ambas plantas y recaban el apoyo de la ciudadanía.*Información suplida por Robert García, Presidente del Capítulo de Plantas de la UTIER

Despiden nueve trabajadores de la AEEBandera Roja

Redacción

Bandera rojaagosto 2007 �www.bandera.orgNacionales

¿Un ELA soberano?Otro engaño de los colonialistas

El Partido Popular Democrático (PPD) apro-bó una resolución en su pasada asamblea donde afirma que “cree en una asociación política no colonial ni territorial entre Puerto Rico y los Esta-dos Unidos basada en el principio de la soberanía irrevocable de nuestro pueblo...” En la celebración oficial del 55to aniversario del Estado Libre Aso-ciado (ELA) Aníbal Acevedo Vilá defendió que la “soberanía” reside en el pueblo puertorriqueño. Prontamente algunos lideres y analistas, contra-tados por los medios de prensa afines al PPD, sa-lieron a destacar lo “positivo” e “importante” de estas declaraciones y a prepararse para justificar un nuevo respaldo al desprestigiado gobernador en las elecciones de 2008. El PPD puso la carnada y algunos peces han comenzado a picar.

Hablando en el aniversario del ELA, AAV ex-presó que la soberanía está en manos del pueblo, lo “que simple y llanamente quiere decir que aquí mandas tú, que aquí mandan los puertorrique-ños.” Ni siquiera se sonrojó al decirlo.

La soberanía, desde el punto de vista político, está en manos de aquel que tiene el poder de de-cisión final. En el caso de Puerto Rico, ese poder reside en el Congreso, la Casa Blanca y las agen-cias federales. Históricamente el PPD ha lanzado este tipo de pronunciamientos previo a los proce-sos electorales con el fin de cortejar a los sectores más vacilantes del independentismo. Esta oca-sión no es una excepción.

Los trabajadores, los independentistas y los socialistas no debemos dejarnos engañar por es-tos cantos de sirena. El gobierno ha mostrado sus garras antiobreras y su desconsideración hacia el pueblo puertorriqueño. Hizo algo que nadie se imaginó posible: igualar a Pedro Rosselló y al PNP

en corrupción y medidas contra la gente. Impuso el asfixiante impuesto a la venta del 7%; subió el costo de las matrículas en la UPR un 33% el 2005 y ahora pretende subirlas todos los años; aumentó las tarifas del agua, la luz y los peajes; se niega a negociar un convenio colectivo con los maestros y la UTIER mientras se prepara para tratar de des-truir esas uniones; etc. Se ha visto envuelto en ac-tos de verdadera ratería y corrupción que lo des-califican moralmente y lo colocan a la estatura de Rosselló. AAV es un enemigo de los trabajadores y el pueblo, y un corrupto.

Por otro lado, ni como gobernador ni como comisionado residente ha tomado medida algu-na para defender la soberanía del pueblo puer-torriqueño. Todo lo contrario, ha respaldado la presencia de las agencias federales en el país, de-fendió la permanencia del Co-mando Sur en Puerto Rico, y se opuso al cierre de las bases de Roosevelt Roads, Buchanan y Sabana Seca.

Aún ante la amenaza de que la Fiscalía Federal lo pro-cese por recibir donativos de campaña fatulos y contribu-ciones a cambio de contratos, ha defendido la institución de la Corte y el Departamento de Justicia norteamericanos en Puerto Rico, diciendo que el problema es la fiscal Rosa Emi-lia Rodríguez y no esa agencia extranjera.

Aníbal Acevedo Vilá es un colonialista y el compromiso del PPD es darle respiración artificial al ELA. Para ello ne-cesitan que los independen-tistas los respalden. Los inde-

pendentistas no debemos ayudar a fortalecer a un partido que es enemigo de los trabajadores y el pueblo y que es responsable de fomentar el senti-miento anexionista.

Nuestra misión es apoyar y fortalecer organi-zaciones que trabajen por la libertad política de los puertorriqueños y por una sociedad justa y democrática para los trabajadores. Solo un inde-pendentismo fuerte, junto a sólidos sectores del pueblo organizados por sus intereses, será capaz de detener cualquier intento anexionista y frenar las estrategias antiobreras de los Acevedos y Ros-sellós de la vida.

La soberanía verdadera debe estar en manos del pueblo y serán los trabajadores, las comuni-dades y los estudiantes en sus luchas los que irán construyéndola.

Bandera Roja

Por Carlos Fortuño Candelas

El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) seleccionó en su asamblea al Dr. Edwin Iri-zarry Mora como su candidato a gobernador para las elecciones del 2008. El discurso del dirigente independentista pareció trazar el norte de la campaña de ese partido donde destacarán los problemas económicos y sociales que sufren los trabajadores y otros sectores del pueblo puertorriqueño. El PIP ha comenzado a identificarse con las luchas de las comunidades, la defensa del ambiente y la denun-cia de las medidas que toma el go-bierno contra los ciudadanos. La

denuncia de los privilegios de las grandes corporaciones extranjeras ha tomado fuerza en el mensaje de ese partido.

Se calculó en más de 3,000 per-sonas la asistencia a la asamblea y participaron invitados de distintas, organizaciones independentistas como el Movimiento Socialista de Trabajadores, el Frente Socialista, el Partido Nacionalista y otras.

Irizarry Mora declaró que la campaña estará orientada a des-tacar “la libertad de Puerto Rico, la justicia social y la construcción de una nueva sociedad.” Presentó un cuadro económico que es axfixian-te para la clase trabajadora y el pue-blo mientras el gobierno defiende incentivos para aumentar los be-

neficios a los grandes intereses.“Durante el año 2006 la relación

colonial le permitió a las empresas estadounidenses obtener sobre 53 mil millones de dólares en ingre-sos provenientes de Puerto Rico”, explicó el líder independentista. “Desde 1975 hasta el presente esta cifra ha superado los 400 mil millo-nes de dólares.” El PIP ha propues-to que se establezca un impuesto a esas fabulosas ganancias.

En su discurso, el candidato a go-bernador del PIP llamó a construir una sociedad “verdaderamente democrática” Describió su aspira-ción a una sociedad “en la que cada hombre y mujer nacido en esta tie-rra tenga acceso a los mismos bie-nes, a un sistema educativo de ex-

celencia, a un sistema de salud que no discrimine contra los pobres… a una vivienda adecuada para cada familia… a que cada cual se gane el pan con el sudor de su frente pero con un salario digno y con seguri-dad en sus puestos de trabajo.“

El Dr. Edwin Irizarry Mora dejó establecido que la campaña del PIP defenderá una independencia con contenido social y que responda a los intereses de las grandes mayo-rías. Aludiendo a esa orientación afirmó: “Hoy rescatamos ese mis-mo mensaje de esperanza para to-dos los sectores marginados, y para la clase trabajadora y asalariada que genera la riqueza que produce este país.“

PIP escoge su candidato a gobernadorPostulado Edwin Irizarry Mora

Bandera Roja

Por Carlos Fortuño Candelas

Bandera rojaagosto 2007� www.bandera.org

Ya se escucha en los pasillos del Capitolio el gemir y llanto de los cabilderos de la Asociación de In-dustriales, quienes dicen hablar a nombre de todos, cuando su maletín de lágrimas va dirigido al manten-go corporativo. Todo ello porque a partir del próximo 1ro de diciembre concluye la vigencia de la Ley de In-centivos Contributivos de 1998. Lo que significará que en tanto no se apruebe otro proyecto de ley que les exima de contribuciones, aquellas nuevas empresas y las que dejen de ser exentas tendrán que pagar im-puestos como cualquier hijo de veci-no. ¡Ya era hora!

La Ley de Incentivos Contributivos de 1998, establece una serie de pri-vilegios para la inversión industrial. El más importante es que ningún negocio exento tendrá una tasa con-tributiva mayor del 7% sobre ingre-sos de fomento industrial. En casos

extraordinarios la tasa contributiva fija podría ser reducida a menos del 2%. El gobierno y la empresa pueden negociar entre 10 y hasta 25 años de exención contributiva, dependiendo en la zona geográfica en que se esta-blezca la planta industrial. También pueden renovar el decreto de exen-ción contributiva por un período adicional. Existen otras 11 leyes diri-gidas a conceder créditos contributi-vos e incentivos industriales adicio-nales. Los negocios exentos pueden obtener otros beneficios tales como: créditos contributivos, subsidios de salarios, adiestramientos, infraes-tructura, e incluso financiamiento de alto riesgo. Pueden ser exentos del pago de patentes y arbitrios mu-nicipales, de arbitrios al equipo y maquinaria que sean utilizados en el negocio exento con independencia a su volumen de negocios y margen de ganancias.

Las diversas leyes de incentivos in-dustriales tienen un largo historial. A partir de la Ley 346 de 12 de mayo de 1947 se adoptó un nuevo esquema de incentivos industriales que ofre-cía por primera vez exenciones de contribuciones sobre ingresos y pro-piedad. La Ley incluía exenciones sobre dividendos y arrendamientos a empresas exentas por un período de 10 años. Debido a que en Puerto Rico no se pagan contribuciones fe-derales por ingresos generados aquí, las empresas gozaban de una idílica oportunidad de negocios libre de impuestos. Todo ello fue el caldo de cultivo del programa Operación Ma-nos a la Obra de 1949 patrocinado por el Partido Popular. Desde enton-ces se han ido aprobando diversas leyes de promoción industrial que siempre incluyen la exención con-

tributiva como su gancho principal. Los incentivos se han ampliado y a pesar de los considerables cambios en la economía globalizada, el es-quema de promoción del desarrollo industrial no ha variado.

La justificación de esta política de promoción económica va dirigida a un modelo de desarrollo capitalista industrial. Con ello se pretendía la creación y retención de empleos en la Isla. Sin embargo, desde el 1947, en 60 años de exenciones contributivas a ingresos provenientes de actividad industrial, las tasas de desempleo se han mantenido en doble cifra. A junio de 2007 el Departamento del Trabajo estimó la tasa de desempleo en 11.8%, con unos 165,000 desem-pleados y una fuerza trabajadora de 1,399,000 personas de una población estimada en 4 millones. Esto signifi-ca que cerca de un 35% de la pobla-ción está capacitada y en búsqueda de trabajo o empleada en Puerto Rico. Según las estadísticas del De-partamento del Trabajo, apenas el 30% de la población tiene trabajo. La política de exención contributiva no ha sido efectiva en reducir la tasa de desempleo y en aumentar el número de trabajos, siendo ello su principal justificación.

Mientras, el gobierno ha amplia-do considerablemente sus gastos, requiriéndose de mayores fondos para su funcionamiento. Las contri-buciones sobre los ingresos de las personas y las empresas no exentas, y la política de endeudamiento del estado han sido su principal fuente de ingresos a lo largo de los años. Por ello, cuando el estado ha sufrido de importantes deficiencias presupues-tarias ha recurrido a los bolsillos del trabajador, mediante la imposición

de impuestos sobre el consumo y co-bro de todo tipo de contribuciones, arbitrios, patentes y derechos. Se estima que para el año fiscal 2007-2008 el IVU genere $1,117 millones, lo que representa un 12% del ingreso esperado del gobierno, de adoptarse el presupuesto a base de $9,077 mi-llones.

Los industriales quieren garanti-zar y ampliar sus privilegios de cla-se, los que defienden argumentando que se trata del bienestar general. Esos privilegios han tenido conse-cuencias sobre la carga contributiva sufrida por los asalariados. La carga del estado recae sobre la clase tra-bajadora y los beneficios de la es-tabilidad política y económica son disfrutados privilegiadamente por la industria exenta. Según la Comi-sión Especial para la Reforma Fiscal (CERF) nombrada por el gobernador en el 2005, los datos para los años 2000 a 2004 reflejan que mientras la recaudación de contribución de in-gresos de individuos aumentó en un 15.7%, la de corporaciones apenas incrementó en un raquítico 2.77%.

Se ha demostrado que en 60 años de políticas de exención al sector manufacturero, estos han logrado extraordinarias ganancias a costa del trabajo, de los sacrificios de la clase obrera. El desarrollo de infraestruc-tura utilizado con intensidad por las industrias ha sido subsidiado por las contribuciones y demás cargas fisca-les de la clase trabajadora. Y es que el programa de incentivos industria-les está basado sobre la premisa de que la crisis la pague el pueblo y los privilegios para los dueños de la in-dustria.

Economía

Serie especial Que la crisis la paguen los ricos 1Los últimos años se han caracterizado por un aumento en los costos de los servicios y bienes básicos de consumo. Mientras esto ocurre los salarios no han aumentado mucho que diga-mos.

La crisis nuestra de cada día

$$$50%

El nivel de precios ha subido 50% en los últimos 5 años

33%12%

12%El costo por crédito en la UPR aumentó un 33% en el 2005, más una cuota de tecnolo-gía. Del 2007 en ade-lante aumentará un 12% cada año el costo por crédito.

133%

Luego de que fracasó el proyecto de privatiza-ción de la Autoridad de Acueductos y Alcanta-rillados, nos pasan la factura a los consumi-dores con un aumento de hasta 400%.

La subcontratación en la Autoridad de Energía Eléctrica y la compra de energía a las generatrices pri-vadas encarece el cos-to de la electricidad . $$$

Después subieron el pasaje de la AMA de 25 a 75 centavos, el costo de los peajes, y las multas. Para colmo de males la gasolina no para de subir.

300%

¿Se acabará el mantengo a las empresas?La Ley de Incentivos Contributivos

Bandera Roja

Por Edgardo Román Espada

La carga del estado recae sobre la clase trabajadora

Bandera rojaagosto 2007 7www.bandera.orgDerechos humanos

Con la condena a muerte de Víctor Caraballo van por tres los puertorri-queños a quienes se le ha impuesto esta pena en el estado de la Florida. Actualmente están pendientes dos casos de pena de muerte en la cor-te federal para el distrito de Puerto Rico. Y hay otros en espera de ser certificados por el Secretario de Jus-ticia federal como de pena de muer-

te en la misma corte.El estado de la Florida, en donde

residen más de 600 mil puertorrique-ños, ha sido el primero en ejecutar a un boricua en tiempos recientes. La experiencia de la ejecución de Ángel Nieves Díaz demostró cómo el discri-men racial, de origen y lingüístico se impuso sobre la justicia. A Ángel lo mataron por ser puertorriqueño, por creer que era miembro de los Ma-cheteros, por no saber inglés y por sus antecedentes penales. Lo tuvie-

ron que ejecutar dos veces, luego de una agonía de más de media hora, lo que dramatizó que la inyección letal es un castigo cruel e inhumano.

El mismo discrimen, pero mejor suerte, corrió Juan Meléndez, quien tras 18 años en el corredor de la muerte fue liberado al descubrirse su inocencia. A Juan, un trabajador migrante de Naguabo, el estado de la Florida le indemnizó con $100.00 y una muda de ropa. La experiencia de Juan Meléndez desnudó al sistema

judicial floridano marcado por el discrimen y su imperfección.

En ese estado se han ejecuta-do a inocentes. La retardación mental de Víctor Caraballo no fue considerada por el jurado y a pesar de ello fue condenado a la muerte. Éste, al igual que los otros boricuas condenados a muerte en la Florida, compartía un mismo origen social, iden-tidad nacional y pertenecer a la clase trabajadora, combinación al parecer letal en el cercano es-tado norteamericano.

Recientemente el Tribunal fe-deral del Quinto Circuito emitió una orden de paralización tem-porera de las ejecuciones de di-cho estado en lo que se revisa el protocolo de implementación de la inyección letal.

La fiscalía federal en Puerto Rico insiste en aplicar la ley de pena de muerte y lograr la pri-mera ejecución procedente de su corte en la Isla. Al momento han fallado en el cometido gracias a la firme oposición prevaleciente, a las manifestaciones públicas y a que no han logrado alcanzar el criterio de unanimidad de un ju-rado. Están pendientes los casos contra Edison Burgos Montes, acusado de asesinar a un infor-

mante de la DEA, y contra Lashuan Casey, acusado de asesinar a un po-licía encubierto en una transacción de drogas. Se estima que en los próxi-mos meses dé inició el proceso de selección del jurado y eventual jui-cio. El jurado estará constituido por angloparlantes que manifiesten no tener reservas con imponer la pena

de muerte. Los opositores a la pena de muerte son excluidos del jurado. Así funciona un sistema parcializado hacia la fiscalía, manoseado por el FBI y por los jueces federales.

La Pena de Muerte es un castigo cruel que NO sirve para prevenir el crimen. Su aplicación a acusados de origen pobre, con poca escolari-dad, negros o mestizos, que apenas habla el idioma inglés, inocentes o no, muestra el rostro de un sistema de justicia que procura la venganza sobre la rehabilitación. La aplicación de la pena de muerte por la vía de le-gislación federal en Puerto Rico es un crimen colonial. Somos es el úni-co país del mundo en el que se aplica la pena de muerte por la imposición de un gobierno extranjero, a pesar de una prohibición constitucional.

Bandera Roja

Por Edgardo Román Espada

Una afrenta a la justiciaPena de muerte

Wilberto Suliveras es el más re-ciente soldado puertorriqueño que muere en Irak. El sargento fue alcan-zado por “fuego enemigo”. De esta manera ya son más de 70 los boricuas que pierden la vida en esta guerra de agresión. A esto se suma los cientos que han regresado mutilados y afec-tados en su estabilidad emocional.

La guerra de Irak se ha tragado la vida de miles de jóvenes norteame-ricanos. Las bajas civiles iraquíes se cuentan por decenas de miles. La destrucción es completa. Y lo más terrible de todo es que este conflicto fue justificado por el gobierno nor-teamericano a base de mentiras a su propio pueblo. Hoy sabemos que Saddam Hussein nunca tuvo armas de destrucción masiva, no participó en los ataques a las torres gemelas y era adversario de Al Queda. Todo fue propaganda para hacer que la pobla-ción respaldara la guerra.

Por eso la moral del ejército nor-teamericano está en declive. Solo el

dinero y los beneficios hace que jó-venes se inscriban para engrosar sus filas. La hermana del soldado muer-to lo expuso de manera cruda. “Mi mamá no estuvo de acuerdo, pero, pues, cuando los muchachos entran, lo hacen pensando en los ingresos y los beneficios” dijo Wilma Suliveras.

Por eso, entre otras razones, los norteamericanos están perdiendo esta guerra. Son un ejército merce-nario luchando por una causa injus-ta. El gobierno de Bush sabe que no podrá ganar en Irak. Sin embargo, sigue enviando a la muerte a miles de sus ciudadanos. El objetivo no puede ser más mezquino: apoderar-se del petróleo y las riquezas de la zona y aumentar las ganancias de los productores de armas y suministros militares.

Este soldado puertorriqueño, jun-to a los otros cientos de muertos, mu-tilados y afectados emocionalmente, es una víctima de la voracidad de las empresas norteamericanas que se benefician de la guerra. Ningún joven más debe dejarse seducir por “los ingresos y beneficios” que lleva-ron a la muerte a Wilberto Suliveras.

Muere otro puertorriqueño en Irak

Bandera Roja

Por Carlos Fortuño Candelas

No más jóvenes para la guerra

La Pena de Muerte es un castigo cruel que NO sirve para prevenir el crimen

“

“

Foto suministrado por Coalición Puertorriqueña Contra la Pena de Muerte.

Bandera rojaagosto 2007� www.bandera.org

Nos pueden parecer repetitivas las historias de desastres en Irak. Sin embargo, debemos continuar infor-mando sobre la gran metida de pata del imperialismo en los últimos años. Todos sentimos el impacto que ha tenido la guerra en el costo del petro-leo y sus derivados. Por otro lado, las muertes de soldados en Irak cada día va en aumento. Ya han muerto más de 3,600 soldados estadounidenses y

24,000 han resultado heridos.La invasión ha destruido a Irak. El

país tiene una economía por el piso y se ha desatado una guerra civil entre las facciones chiítas y sunitas. La in-tolerancia religiosa se ha incremen-tado, los derechos de las mujeres se han deteriorado y la muerte recorre a todo el país llevándose consigo a miles de mujeres, niños y hombres de toda las edades.

Como consecuencia de la guerra que ya lleva más de cuatro años, en

Irak cada vez hay menos médicos. El 80 por ciento de éstos dejaron su trabajo por miedo a ser víctimas de secuestros o asesinatos. Desde el de-rrocamiento del régimen de Saddam Hussein en abril de 2003, unos 627 empleados del sector de la salud fue-ron asesinados, así como 78 vigilan-tes de instalaciones médicas.

La democracia que prometió EE. UU. está muy lejos de verse. La co-rrupción se ha adueñado del gobier-no impuesto por los norteamerica-nos. La situación de odio hacia las tropas invasoras ha aumentado al punto que el propio gobierno iraquí está pidiendo que se retiren las fuer-zas invasoras.

Las balas en Irak silban al ritmo de 57 disparos cada segundo. Datos de la oficina de monitoreo del pre-supuesto federal estadounidense in-dican que el número de balas dispa-radas en “la guerra contra el terror” del señor Bush rebasan los 6 mil mi-llones desde 2002. Hasta la industria de Estados Unidos ha sido incapaz de mantener el ritmo y el ejército ha tenido que recurrir a las importacio-nes de municiones de Israel. Según esos datos, 20 mil insurgentes han sucumbido por la acción del ejército de ocupación en Irak y en Afganis-tán. Esto significa que por cada uno de estos muertos se han utilizado 300 mil balas.

Las fuerzas de Estados Unidos se

encuentran ahora en Irak en un am-biente hostil, con diversas facciones que las atacan y se combaten entre sí.

Los gastos en esta guerra fabrica-da son astronómicos: $ 300 millones diarios ó $10 mil millones al mes. Los únicos beneficiados son los dueños de las industrias bélicas. Esto inclu-ye, por supuesto, a muchos allegados del presidente Bush. Sin embargo la oposición a la guerra ha estado cre-ciendo constantemente en Estados Unidos. Ya además de congresistas demócratas en contra de la guerra se están uniendo legisladores republi-canos que, luego de ver una derrota electoral en el congreso, reciente-mente saben que las posibilidades de triunfo del partido republicano en las próximas elecciones se ven remo-tas si se sigue con la política de Bush en torno a la guerra.

En mayo de este año la senadora demócrata y candidata a la presiden-cia Hillary Clinton le pidió al Pentá-gono que informara sobre la planifi-cación para la retirada de los más de 160,000 soldados que están en Irak.

A todo esto el presidente Geor-ge W. Bush insiste en que las tropas deben quedarse en Irak. ¿Quién se beneficia de esta guerra? No son los trabajadores ni los soldados, que en su mayoría provienen de familias pobres. Ciertamente la industria bé-lica es la única ganadora.

Internacional

Se enriquece la industria de guerra norteamericanaAnte la masacre y la destrucción en Irak

Bandera Roja

Por Luis Guzmán Dupont

El narcotráfico gana la guerra en AfganistanIntervención norteamericana favorece cultivos de opio

La atención del mundo se ha volcado hacia Irak. Sin embargo, en Asia se ha ido desarro-llando otra guerra de agresión imperialista. En Afganistán el imperialismo también ha creado un caos que ha ido destruyendo poco a poco las bases sociales y económicas de ese país.

Luego del 11 de septiembre de 2001, el pre-sidente de Estados Unidos, George W. Bush le dijo al mundo que el responsable de esos ata-ques era Osama Bin Laden y que éste tenía su base de operaciones en Afganistán con la ayuda del régimen talibán.

La Guerra de 2001 en Afganistán, denomina-da por el mando estadounidense como “Opera-ción Libertad Duradera”, se inició ante la negati-va del régimen talibán que gobernaba Afganis-tán de entregar Osama bin Laden quien estaba en ese país. Estados Unidos emprendió una se-rie de bombardeos sobre Afganistán, con el fin de derrocar al régimen gobernante y encontrar a su enemigo público número uno.

Estados Unidos obtuvo el apoyo de la ONU y la comunidad internacional. La guerra en Af-

ganistán, aunque de menor impacto que la de Irak, ha tenido sus nefastas consecuencias de destrucción y muerte.

Entre los efectos terriblemente negativos de esta intervención militar en Afganistán está la producción de la droga que siempre encuentra sus mercados en Estados Unidos y, por ende, en su colonia Puerto Rico.

Un informe sobre el narcotráfico interna-cional difundido por la ONU en junio de 2005 reveló que las hectáreas dedicadas al cultivo de opio fueron 131.000 en el 2004, frente a 80.000 el año anterior. El negocio de la droga no hace más que aumentar. Afganistán produce el 87% del opio en el mundo.

Recientemente la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), di-fundió que en el 2006 el cultivo de adormidera de opio aumentó 59% en Afganistán.

En el Estudio anual de la ONUDD sobre el opio en Afganistán se indica que la superficie de cultivo de adormidera alcanzó la cifra sin prec-edentes de 165 mil hectáreas en 2006, en com-paración con 104 mil hectáreas en 2005.

Para este año el organismo proyecta que en Afganistán la cosecha ascenderá a unas 6 mil

100 toneladas de opio, que “representa un 30% más del consumo mundial.”

Lejos de aminorar el cultivo del opio, de donde se produce la heroína, éste ha ido incre-mentando bajo la ocupación de EE.UU. y sus “aliados”.

La guerra de Afganistán es una guerra fallida tanto contra el terrorismo como el narcotráfico. Los atentados terroristas se reproducen por do-quier en todo el mundo, desde los países árabes hasta el infalible mundo occidental, y la situ-ación en este país está muy lejos de la normali-dad y la estabilidad. Kabul se va pareciendo un poco a Bagdad, aunque el escenario no sea tan apocalíptico.

Los talibanes, además, están repitiendo la misma estrategia de los grupos guerrilleros que lucharon contra los soviéticos en la década de los ochenta. Es una guerra de desgaste, sin ar-riesgar nada, llevando a cabo audaces acciones que desgastan al enemigo e imprimen al conflic-to la misma crueldad que la que llevó a la Unión Soviética a la derrota en Afganistán en 1989.

La única que ha ganado de la guerra en Afga-nistán es la droga.

Bandera Roja

Por Luis Guzmán Dupont