BOE-A-2015-8167

BOLETN OFICIAL DEL ESTADONm. 174 Mircoles 22 de julio de 2015 Sec. I. Pg. 61593

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO8167 Ley Orgnica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgnica

6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

FELIPE VI

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente

ley orgnica.

PREMBULO

I

La sociedad actual exige un alto grado de eficiencia y agilidad en el sistema judicial, pues no puede olvidarse que una Justicia eficaz, adems de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de todos y de facilitar con ello la paz social, es un elemento estratgico para la actividad econmica de un pas y contribuye de forma directa a un reforzamiento de la seguridad jurdica y, en paralelo, a la reduccin de la litigiosidad.

En esta lnea, la modificacin de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, ahonda en la bsqueda de soluciones que den respuesta a algunos de los problemas que aquejan al sistema judicial espaol.

A tal fin, la reforma, en un artculo nico que contiene ciento diecisis apartados, articula un paquete de medidas estructurales y organizativas encaminadas al logro de una mejor respuesta a los ciudadanos que acuden a la jurisdiccin en defensa de sus derechos e intereses.

II

En primer lugar, se introducen medidas como el encaje definitivo de la Jurisdiccin Militar en el Poder Judicial y la eliminacin del privilegio de presentacin de ternas de que goza el Ministerio de Defensa para la designacin de los Magistrados de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo procedentes del Cuerpo Jurdico Militar.

Se incluye, tambin, una previsin respecto de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declaren la vulneracin de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la proteccin de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y en sus Protocolos, establecindose que sern motivo suficiente para la interposicin del recurso de revisin exclusivamente de la sentencia firme recada en el proceso a quo. Con ello se incrementa, sin lugar a dudas, la seguridad jurdica en un sector tan sensible como el de la proteccin de los derechos fundamentales, fundamento del orden poltico y de la paz social, como proclama el artculo 10.1 de nuestra Constitucin.

Tambin con el objetivo de intensificar la proteccin de los derechos, se aborda un tema, como es la proteccin de datos en el mbito de los Tribunales, que careca hasta hoy de una regulacin completa y actualizada. El modelo distingue con claridad entre ficheros jurisdiccionales y los no jurisdiccionales. De esta forma, el responsable de los ficheros jurisdiccionales es el rgano jurisdiccional y stos se rigen por las leyes procesales en cuanto a los derechos ARCO acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin. La autoridad de control de tales ficheros ser el Consejo General del Poder Judicial. Por otro lado, el responsable de los ficheros no jurisdiccionales es la Oficina judicial, al frente de la cv

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cual est un Letrado de la Administracin de Justicia. Ese tipo de ficheros se regirn por la normativa existente en materia de proteccin de datos de carcter personal y la autoridad de control de estos ficheros ser la Agencia Espaola de Proteccin de Datos.

III

Se incluye tambin un conjunto de medidas para lograr una mayor agilizacin y especializacin en las respuestas judiciales, cuyo objetivo es doble: de un lado, acabar con los problemas de retraso que existen en algunos rganos jurisdiccionales y, de otro lado, incrementar la calidad de la respuesta ofrecida al ciudadano. De este modo, para conseguir una mayor flexibilidad en la organizacin judicial se introducen distintas medidas con las que se pretende alcanzar un mejor reparto de asuntos entre Juzgados, una resolucin especializada de aqullos que por su volumen exijan de respuestas especficas y una agilizacin de la instruccin de aquellas causas que por su complejidad as lo requieran.

En primer lugar, se adoptan medidas en el mbito de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. La Ley Orgnica del Poder Judicial estableci estos Juzgados como rganos especializados a fin de que conociesen de los asuntos de violencia sobre la mujer con carcter exclusivo y excluyente; sin embargo, y pese a la regulacin inicial, en la actualidad conviven en nuestro territorio Juzgados que conocen exclusivamente de las materias que la Ley les atribuye, con otros que, adems, tramitan y resuelven otros procedimientos civiles y penales: 106 Juzgados exclusivos y 355 Juzgados compatibles. A fin de buscar el correcto equilibro entre el mantenimiento de una proximidad razonable del Juzgado respecto de la vctima y la respuesta especializada que exige el tratamiento de este tipo de procedimientos, se pretende potenciar la posibilidad de extender la jurisdiccin de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a dos o ms partidos judiciales; esto permitir asegurar la especializacin que se pretenda en este mbito y, al mismo tiempo, descargar de trabajo a los Juzgados de Primera Instancia e Instruccin, o de Instruccin en su caso, de la misma provincia. Con la reforma, esta extensin de la jurisdiccin podr acordarse por el Gobierno mediante real decreto, previa propuesta del Consejo General del Poder Judicial y con informe de las Administraciones afectadas, sin necesidad de tramitar una modificacin de la Ley de Demarcacin y de Planta Judicial.

En segundo lugar, junto al clsico motivo relativo a que la buena administracin de Justicia lo haga necesario, se posibilita ahora buscar un mayor equilibrio de las cargas de trabajo en el caso de aquellos rganos de mbito provincial. Para ello, se prev que las Salas de Gobierno puedan acordar las modificaciones precisas en las normas de reparto de los Juzgados de lo Mercantil, de lo Penal, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria, de lo Contencioso-administrativo o de lo Social, para equilibrar la distribucin de asuntos.

En tercer lugar, se introduce un recurso organizativo dirigido a dar respuesta a todas aquellas causas que, por distintas circunstancias, generan en poco tiempo una enorme litigiosidad, dificultando sobremanera que nuestros Juzgados den una respuesta gil y nica, adems de ocasionar retrasos en la tramitacin del resto de procesos.

As, junto con la especializacin de Juzgados que ya permita el artculo 98 de la Ley Orgnica que se reforma, se incluye ahora un mecanismo que permitir al rgano de gobierno del Poder Judicial especializar uno o varios rganos judiciales, de modo temporal y con carcter exclusivo si as se determina en funcin del cmulo de asuntos, para enjuiciar y resolver aquellas causas especficas que se determinen, de tal modo que puedan ser tramitados de forma especfica, facilitando la unificacin de criterios. La principal novedad radica en que estos Juzgados especializados podrn tener mbito provincial, superando de esa manera las limitaciones que la existencia de circunscripciones territoriales de mbito inferior podra ocasionar. En definitiva, se posibilita la resolucin de tales asuntos por uno o varios rganos especializados y se liberar de su conocimiento a otros Juzgados para que puedan prestar mayor dedicacin al despacho de los asuntos ordinarios.

La norma excluye que por esta va se pueda atribuir a los rganos que se especialicen asuntos que versen sobre materias que por disposicin legal estuviesen atribuidos a otros de diferente clase, an dentro del mismo orden jurisdiccional. Igualmente se cv

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excluye a los Juzgados de Instruccin a fin de evitar cualquier injerencia en su rgimen competencial, ms cuando podrn ser objeto del resto de medidas de refuerzo que prev esta reforma.

Por ltimo, con el propsito de facilitar la instruccin de causas de especial complejidad y auxiliar al instructor, se introduce la posibilidad de que, como medida de apoyo, el Consejo General del Poder Judicial pueda adscribir al rgano instructor a uno o varios Jueces, Magistrados o incluso Letrados de la Administracin de Justicia, con o sin relevacin de funciones para que, sin el desempeo compartido de funciones jurisdiccionales sin posibilidad por tanto de actuar en la causa y bajo la direccin del titular del rgano que conozca de esa causa compleja, puedan realizar labores de estudio, apoyo, colaboracin y propuesta.

Esta medida de apoyo se ajustar a las previsiones reglamentarias actualmente en vigor, requiriendo la conformidad del Ministerio de Justicia.

La reforma incorpora, adems, una serie de modificaciones a la regulacin de los jueces de adscripcin territorial, a travs de las cuales se pretenden introducir elementos de mayor flexibilidad en la organizacin judicial. As, en primer lugar, se resalta que los jueces de adscripcin territorial estn a disposicin del Tribunal Superior de Justicia para funciones de sustitucin y refuerzo, y que su designacin compete directamente al Presidente, sin perjuicio de que deba dar cuenta a la Sala de Gobierno. Esta previsin se ve acompaada de la obligacin de la Sala de Gobierno de informar al Consejo General del Poder Judicial sobre la situacin y los destinos que en cada momento desempeen los jueces de adscripcin. En segundo lugar, se aclara que la labor del juez de adscripcin, cuando acte en funciones de sustitucin, se realiza con plenitud de jurisdiccin, de tal forma que tambin podr acudir, en tal condicin, a las Juntas de Jueces y desempear cualesquiera otros actos de representacin del rgano judicial, en defecto de su titular. Y, en tercer lugar, se atribuye a la Sala de Gobierno la fijacin de los objetivos del refuerzo y el reparto de asuntos en caso de que el juez de adscripcin territorial realice tareas de refuerzo, garantizando ser odo en ese proceso.

Finalmente, se incide tambin, en el marco de la transparencia y el derecho de acceso de los ciudadanos a la informacin pblica y dentro de los lmites establecidos en las leyes, en el mbito de la publicidad de las actuaciones judiciales, regulndose la obligacin de publicar la agenda de sealamientos de los rganos judiciales, de tal forma que con antelacin pueda conocerse la fecha y hora de celebracin de un procedimiento.

IV

Los ciudadanos siguen percibiendo como un sntoma de falta de seguridad jurdica la existencia de resoluciones diversas sobre una misma materia. Por ello, en el texto se ahonda en la necesidad de evitar resoluciones contradictorias entre Secciones de un mismo rgano judicial que conducen a una falta de predictibilidad de los pronunciamientos judiciales, lo que, en ltimo trmino, se proyecta sobre el grado de seguridad jurdica de nuestro ordenamiento. Para ello, se introducen modificaciones en la regulacin de los Plenos Jurisdiccionales para unificacin de criterio previendo, por un lado, que formen parte de stos los Magistrados que conozcan de la materia sobre la que existe la discrepancia y, por otro, que las Secciones deban motivar las razones por las que se apartan del criterio acordado en uno de estos Plenos.

V

Tambin se elimina la responsabilidad civil directa de los Jueces y Magistrados, escassimamente utilizada en la prctica. Con ello se alinea la responsabilidad de los Jueces con la del resto de los empleados pblicos y se da cumplimiento a las recomendaciones del Consejo de Europa en esta materia. Esa exencin de responsabilidad no excluye lgicamente, que la Administracin pueda repetir, en va administrativa, contra el Juez o Magistrado si ste ha incurrido en dolo o culpa grave. cv

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Asimismo, se regula la prolongacin de la permanencia en el servicio activo para los miembros de la Carrera judicial, en consonancia con la supresin de la figura del Magistrado emrito.

VI

La progresiva internacionalizacin de las relaciones personales y empresariales de los ciudadanos de nuestro pas exige una actualizacin de los criterios de atribucin de jurisdiccin a los Tribunales espaoles del orden civil. La necesidad de esta actualizacin se hace evidente si se tiene en consideracin que el momento en el que fue redactado el vigente artculo 22 de la Ley Orgnica del Poder Judicial, el proceso de internacionalizacin de Espaa se encontraba en un momento muy inicial. De hecho, ni siquiera se haba culminado la incorporacin plena al mbito de la Unin Europea.

Por esta misma razn, resulta conveniente mencionar en la Ley la vinculacin de los Jueces y Tribunales espaoles al Derecho de la Unin, en la interpretacin que hace del mismo el Tribunal de Justicia de la Unin Europea. En paralelo, y como corolario del sistema, se determina la forma en la que en nuestro ordenamiento ha de plantearse procesalmente el principal cauce de dilogo entre el Juez espaol y el Tribunal de Justicia de la Unin Europea: la cuestin prejudicial. Con ello, se profundiza en la bsqueda de mayores garantas en la proteccin de los derechos de los ciudadanos.

VII

La lucha contra la violencia de gnero sigue demandando medidas en todos los mbitos, con la finalidad de erradicar esta lacra social. A ello no puede sustraerse la Ley Orgnica del Poder Judicial, que incorpora una batera de medidas destinadas a incrementar la firme y continua lucha desde el mbito legislativo contra la violencia de gnero. En este sentido, se amplan las competencias del Juez de Violencia sobre la Mujer, en primer lugar, a los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y el honor de la mujer. Es decir, conocer de la instruccin de los procesos para exigir responsabilidad penal por delitos en los que tambin se viene manifestando la violencia de gnero; en concreto, los delitos de revelacin de secretos y los delitos de injurias. En segundo lugar, tambin conocer del delito de quebrantamiento previsto y penado en el artculo 468 del Cdigo Penal cuando la persona ofendida sea o haya sido su esposa o mujer que est o haya estado ligada al autor por una anloga relacin de afectividad aun sin convivencia, as como los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con la capacidad modificada judicialmente que con l convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente. Al atribuir la competencia para el conocimiento de la instruccin de este delito al Juez de Violencia sobre la Mujer se obtendr una mayor eficacia a la hora de proteger a la vctima, porque ste tendr muchos ms datos que cualquier otro Juez para valorar la situacin de riesgo.

Las caractersticas especficas de esta forma de violencia sobre las mujeres hacen tambin necesaria la formacin especializada de todos los operadores jurdicos para desarrollar con eficacia las respectivas funciones que tienen encomendadas, lo que se ve reflejado en las pruebas selectivas para el ingreso y la promocin en la Carrera Judicial, pues deben contemplar el estudio del principio de igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo las medidas contra la violencia de gnero, y su aplicacin con carcter transversal en el mbito de la funcin jurisdiccional.

Asimismo, se asegura una asistencia tcnica y profesional por parte de los equipos adscritos a la Administracin de Justicia, en especial, en el mbito de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que podrn estar integrados por psiclogos y trabajadores sociales para garantizar entre otras funciones la asistencia especializada a las vctimas de violencia de gnero.

Por ltimo, se garantiza que la Estadstica Judicial tenga tambin en cuenta la variable de sexo. cv

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VIII

Dentro del apartado dedicado a las reformas institucionales, se abordan, en primer lugar, ciertas modificaciones del rgimen del Consejo General del Poder Judicial. Se trata de ajustes fruto de la experiencia de casi un ao de funcionamiento del nuevo modelo de Consejo General del Poder Judicial. Entre ellas, se encuentra el aumento del nmero de miembros de la Comisin Permanente, que pasan de cinco a siete, de modo que las importantes atribuciones que tiene encomendadas puedan ser ejercidas con plena dedicacin por un nmero importante de Vocales.

En el mbito del Tribunal Supremo se introduce una nueva regulacin ms detallada de su Gabinete Tcnico, como rgano de asistencia a la Presidencia y a sus diferentes Salas en los procesos de admisin y en la elaboracin de informes y estudios.

IX

Tambin se introducen modificaciones en el libro V. El Cuerpo de Secretarios Judiciales pasa a denominarse Cuerpo de Letrados de la Administracin de Justicia. Con ello se da respuesta a una demanda histrica del mismo, que considera que la denominacin de secretarios judiciales conduce a equvocos sobre la funcin realmente desempeada.

En este sentido de adaptacin a las actuales funciones desarrolladas por dicho Cuerpo, se incluye una referencia expresa a que sus miembros ostentan la direccin de la Oficina judicial; se aaden nuevas competencias como la mediacin y la tramitacin y, en su caso, la resolucin de procedimientos monitorios, todo ello en el marco de lo que prevean las normas procesales; se incluyen los decretos como tipo de resolucin propia de estos funcionarios y se prev que el Ministerio de Justicia apruebe anualmente su escalafn. Asimismo, se establece el rgimen de derechos y deberes de los Letrados de la Administracin de Justicia, aclarando as su estatus funcionarial, incluyendo una clusula remisoria con carcter general al libro VI y supletoriamente al Estatuto Bsico del Empleado Pblico y dems normativa de la funcin pblica, todo ello sin perjuicio de las necesarias especialidades, propias de la naturaleza y funciones del Cuerpo de Letrados de la Administracin de Justicia.

Se mantienen, asimismo, las actuales tres categoras existentes en el Cuerpo de Secretarios Judiciales y se introducen mejoras tcnicas aclarando la regulacin de esta materia.

Por otra parte, se prev un sistema de sustituciones inspirado en los principios de la Ley Orgnica 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administracin de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, con la finalidad de fomentar y primar las sustituciones entre Letrados de la Administracin de Justicia, quedando el llamamiento a Letrados sustitutos como algo excepcional. Se trata de profesionalizar la Justicia en todos sus mbitos y buscar una reduccin importante en el coste econmico que viene suponiendo el actual sistema.

Finalmente, en la vigente Ley el rgimen disciplinario de los Secretarios judiciales es el previsto por remisin en el libro VI (resto de personal al servicio de la Administracin de Justicia), lo que vena impidiendo una adaptacin a las peculiaridades propias de la actuacin de stos. Por ello, se incorpora en el Libro de Letrados de la Administracin de Justicia un rgimen disciplinario propio en el que, entre otros aspectos, se incluye la sancin de multa para facilitar as la graduacin de las sanciones a imponer y se realiza una referencia expresa al principio de proporcionalidad entre la gravedad del hecho constitutivo de la infraccin y la sancin aplicada.

La reforma incide tambin en el mbito del expurgo de documentos judiciales ya tramitados y resueltos y cuya conservacin resulta innecesaria y genera un coste para la Administracin. Si bien el expurgo de archivos judiciales es una cuestin ya contemplada en la Ley Orgnica, se dota de mayor eficacia al procedimiento, de tal forma que la Administracin pueda proceder a la destruccin de los autos y expedientes judiciales cuando hayan transcurrido seis aos desde la firmeza de la resolucin que de manera definitiva haya puesto trmino al procedimiento. De la regla general quedan excluidos, por cv

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una parte, los expedientes de la jurisdiccin penal, sometidos con carcter general a plazos ms largos de prescripcin y, por otra, los expedientes que se determinen reglamentariamente en atencin a su valor cultural, social o histrico.

En todo caso, la destruccin se acordar previa concesin de audiencia a las partes por si estuviesen interesadas en el desglose de documentos originales que hubiesen aportado o quieran ejercer los derechos que, en esta materia, les otorga la ley.

X

En relacin a las modificaciones que se operan en el libro VI cabe destacar la incorporacin de la exigencia de la especialidad en Medicina Forense para el ingreso en el Cuerpo de Mdicos Forenses, que se har efectiva cuando determine el Ministerio de Justicia una vez que concluyan su formacin las primeras promociones que hayan obtenido plaza por el sistema de residencia a travs de la correspondiente convocatoria anual de pruebas selectivas para el acceso a plazas de formacin sanitaria especializada. En paralelo, se actualizan las funciones de estos profesionales y se adapta el rgimen de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, como rganos tcnicos adscritos al Ministerio de Justicia o a las Comunidades Autnomas con competencia en la materia, y que tienen la misin de auxiliar a la Administracin de Justicia en el mbito de su disciplina cientfica y tcnica.

Tambin como novedad se establece que los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses contarn con unidades de valoracin forense integral, de los que podrn formar parte los psiclogos y trabajadores sociales que se determinen para garantizar, entre otras funciones, la asistencia especializada a las vctimas de violencia de gnero y domstica, menores, familia y personas con discapacidad. Asimismo, dentro de estos Institutos podrn integrarse el resto de profesionales que integran los denominados equipos psicosociales, esto es psiclogos, trabajadores sociales y educadores sociales, que prestan servicios a la Administracin de Justicia, incluyendo los equipos tcnicos de menores; con todo ello, se refuerza y garantiza su actuacin.

Igualmente importante es la atribucin de la condicin de agente de la autoridad a los miembros del Cuerpo de Gestin Procesal cuando realicen funciones de documentacin en embargos, lanzamientos y dems actos cuya naturaleza lo requiera.

Dentro del mismo Libro VI se introducen determinadas modificaciones adicionales en el rgimen estatutario del resto de los funcionarios al servicio de la Administracin de Justicia.

XI

En cuanto al libro VII, se incluye a los Graduados Sociales como profesionales que, al prestar la representacin tcnica en el mbito social, pueden actuar como colaboradores de la Administracin de Justicia.

XII

Como complemento al articulado se introducen seis disposiciones adicionales, nueve transitorias y diez finales.

Entre las disposiciones finales, destacan la disposicin final cuarta, que modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil para adaptarla a las nuevas disposiciones de la Ley Orgnica del Poder Judicial en relacin con la informacin sobre el estado de las actuaciones judiciales, la publicidad de las sentencias y la ejecucin de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y la disposicin final tercera, que modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-administrativa, en lo relativo al recurso de casacin en este orden jurisdiccional.

En este mbito, y con la finalidad de intensificar las garantas en la proteccin de los derechos de los ciudadanos, la ley opta por reforzar el recurso de casacin como instrumento por excelencia para asegurar la uniformidad en la aplicacin judicial del derecho. De esta forma, el recurso de casacin podr ser admitido a trmite cuando,

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invocada una concreta infraccin del ordenamiento jurdico, tanto procesal como sustantiva, o de la jurisprudencia, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo estime que el recurso presenta inters casacional objetivo para la formacin de jurisprudencia.

Con la finalidad de que la casacin no se convierta en una tercera instancia, sino que cumpla estrictamente su funcin nomofilctica, se disea un mecanismo de admisin de los recursos basado en la descripcin de los supuestos en los que un asunto podr acceder al Tribunal Supremo por concurrir un inters casacional. As, la Sala de casacin podr apreciar que en determinados casos existe inters casacional objetivo, motivndolo expresamente en el auto de admisin. El recurso deber ser admitido en determinados supuestos, en los que existe la presuncin de que existe inters casacional objetivo.

Artculo nico. Modificacin de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

La Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el apartado 2 del artculo 3, que queda redactado como sigue:

2. Los rganos de la jurisdiccin militar, integrante del Poder Judicial del Estado, basan su organizacin y funcionamiento en el principio de unidad jurisdiccional y administran Justicia en el mbito estrictamente castrense y, en su caso, en las materias que establezca la declaracin del estado de sitio, de acuerdo con la Constitucin y lo dispuesto en las leyes penales, procesales y disciplinarias militares.

Dos. Se aade un nuevo artculo 4 bis, que queda redactado como sigue:

Artculo 4 bis.

1. Los Jueces y Tribunales aplicarn el Derecho de la Unin Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unin Europea.

2. Cuando los Tribunales decidan plantear una cuestin prejudicial europea lo harn de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unin Europea y, en todo caso, mediante auto, previa audiencia de las partes.

Tres. Se aade un nuevo artculo 5 bis, que queda redactado como sigue:

Artculo 5 bis.

Se podr interponer recurso de revisin ante el Tribunal Supremo contra una resolucin judicial firme, con arreglo a las normas procesales de cada orden jurisdiccional, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolucin ha sido dictada en violacin de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Proteccin de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violacin, por su naturaleza y gravedad, entrae efectos que persistan y no puedan cesar de ningn otro modo que no sea mediante esta revisin.

Cuatro. Se modifica el artculo 21, que queda redactado como sigue:

Artculo 21.

1. Los Tribunales civiles espaoles conocern de las pretensiones que se susciten en territorio espaol con arreglo a lo establecido en los tratados y convenios internacionales en los que Espaa sea parte, en las normas de la Unin Europea y en las leyes espaolas. cv

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2. No obstante, no conocern de las pretensiones formuladas respecto de sujetos o bienes que gocen de inmunidad de jurisdiccin o de ejecucin de conformidad con las normas del Derecho Internacional Pblico.

Cinco. Se modifica el artculo 22, que queda redactado como sigue:

Artculo 22.

Con carcter exclusivo, los Tribunales espaoles sern competentes en todo caso y con preferencia de cualquier otro, para conocer de las pretensiones relativas a las siguientes materias:

a) Derechos reales y arrendamientos de bienes inmuebles que se hallen en Espaa. No obstante, en materia de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles celebrados para un uso particular durante un plazo mximo de seis meses consecutivos, sern igualmente competentes los rganos jurisdiccionales espaoles si el demandado estuviera domiciliado en Espaa, siempre que el arrendatario sea una persona fsica y que ste y el propietario estn domiciliados en el mismo Estado.

b) Constitucin, validez, nulidad o disolucin de sociedades o personas jurdicas que tengan su domicilio en territorio espaol, as como respecto de los acuerdos y decisiones de sus rganos.

c) Validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un registro espaol.d) Inscripciones o validez de patentes, marcas, diseos o dibujos y modelos y

otros derechos sometidos a depsito o registro, cuando se hubiera solicitado o efectuado en Espaa el depsito o el registro.

e) Reconocimiento y ejecucin en territorio espaol de sentencias y dems resoluciones judiciales, decisiones arbitrales y acuerdos de mediacin dictados en el extranjero.

Seis. Se aade un nuevo artculo 22 bis, que queda redactado como sigue:

Artculo 22 bis.

1. En aquellas materias en que una norma expresamente lo permita, los Tribunales espaoles sern competentes cuando las partes, con independencia de su domicilio, se hayan sometido expresa o tcitamente a ellos. No surtirn efectos los acuerdos que atribuyan la competencia a los Tribunales espaoles ni las estipulaciones similares incluidas en un contrato si son contrarios a lo establecido en los artculos 22 quter, 22 quinquies, 22 sexies y 22 septies, o si excluyen la competencia de los rganos judiciales espaoles exclusivamente competentes conforme lo establecido en el artculo 22, en cuyo caso se estar a lo establecido en dichos preceptos.

La sumisin a los Tribunales espaoles en las materias contempladas en las letras d) y e) del artculo 22 quinquies slo ser vlida si se fundamenta en un acuerdo de sumisin posterior a que surja la controversia, o ambos contratantes tuvieran ya su domicilio o residencia habitual en Espaa en el momento de celebracin del contrato o el demandante fuera el consumidor, asegurado o tomador del seguro.

2. Se entender por acuerdo de sumisin expresa aquel pacto por el cual las partes deciden atribuir a los Tribunales espaoles el conocimiento de ciertas o todas las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relacin jurdica, contractual o no contractual. La competencia establecida por sumisin expresa se extender a la propia validez del acuerdo de sumisin.

El acuerdo de sumisin expresa deber constar por escrito, en una clusula incluida en un contrato o en un acuerdo independiente, o verbalmente con confirmacin escrita, as como en alguna forma que se ajuste a los hbitos que las partes tengan establecidos entre ellas, o en el comercio internacional sea conforme cv

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a los usos que las partes conozcan o deban conocer y que, en dicho comercio, sean ampliamente conocidos y regularmente observados por las partes en los contratos del mismo tipo en el sector comercial considerado. Se entender que media acuerdo escrito cuando resulte de una transmisin efectuada por medios electrnicos que proporcione un registro duradero.

Se considerar igualmente que hay acuerdo escrito cuando est consignado en un intercambio de escritos de demanda y contestacin dentro del proceso iniciado en Espaa, en los cuales la existencia del acuerdo sea afirmada por una parte y no negada por la otra.

3. Con independencia de los casos en los que su competencia resulte de otras disposiciones, sern competentes los Tribunales espaoles cuando comparezca ante ellos el demandado. Esta regla no ser de aplicacin si la comparecencia tiene por objeto impugnar la competencia.

Siete. Se aade un nuevo artculo 22 ter, que queda redactado como sigue:

Artculo 22 ter.

1. En materias distintas a las contempladas en los artculos 22, 22 sexies y 22 septies y si no mediare sumisin a los Tribunales espaoles de conformidad con el artculo 22 bis, stos resultarn competentes cuando el demandado tenga su domicilio en Espaa o cuando as venga determinado por cualquiera de los foros establecidos en los artculos 22 quter y 22 quinquies.

2. Se entender, a los efectos de este artculo, que una persona fsica est domiciliada en Espaa cuando tenga en ella su residencia habitual.

Se entender que una persona jurdica est domiciliada en Espaa cuando radique en ella su sede social, su centro de administracin o administracin central o su centro de actividad principal.

3. En caso de pluralidad de demandados, sern competentes los Tribunales espaoles cuando al menos uno de ellos tenga su domicilio en Espaa, siempre que se ejercite una sola accin o varias entre las que exista un nexo por razn del ttulo o causa de pedir que aconsejen su acumulacin.

4. No obstante, la competencia establecida conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este artculo podr ser excluida mediante un acuerdo de eleccin de foro a favor de un Tribunal extranjero. En tal caso, los Tribunales suspendern el procedimiento y slo podrn conocer de la pretensin deducida en el supuesto de que los Tribunales extranjeros designados hubieren declinado su competencia.

5. No tendr efecto la exclusin de la competencia de los Tribunales espaoles en aquellas materias en que no cabe sumisin a ellos.

Ocho. Se aade un nuevo artculo 22 quter, que queda redactado como sigue:

Artculo 22 quter.

En defecto de los criterios anteriores, los Tribunales espaoles sern competentes:

a) En materia de declaracin de ausencia o fallecimiento, cuando el desaparecido hubiera tenido su ltimo domicilio en territorio espaol o tuviera nacionalidad espaola.

b) En materia relacionada con la capacidad de las personas y las medidas de proteccin de las personas mayores de edad o de sus bienes, cuando estos tuviesen su residencia habitual en Espaa.

c) En materia de relaciones personales y patrimoniales entre cnyuges, nulidad matrimonial, separacin y divorcio y sus modificaciones, siempre que ningn otro Tribunal extranjero tenga competencia, cuando ambos cnyuges posean residencia habitual en Espaa al tiempo de la interposicin de la demanda o cuando cv

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hayan tenido en Espaa su ltima residencia habitual y uno de ellos resida all, o cuando Espaa sea la residencia habitual del demandado, o, en caso de demanda de mutuo acuerdo, cuando en Espaa resida uno de los cnyuges, o cuando el demandante lleve al menos un ao de residencia habitual en Espaa desde la interposicin de la demanda, o cuando el demandante sea espaol y tenga su residencia habitual en Espaa al menos seis meses antes de la interposicin de la demanda, as como cuando ambos cnyuges tengan nacionalidad espaola.

d) En materia de filiacin y de relaciones paterno-filiales, proteccin de menores y de responsabilidad parental, cuando el hijo o menor tenga su residencia habitual en Espaa al tiempo de la interposicin de la demanda o el demandante sea espaol o resida habitualmente en Espaa o, en todo caso, al menos desde seis meses antes de la presentacin de la demanda.

e) En materia de adopcin, en los supuestos regulados en la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de adopcin internacional.

f) En materia de alimentos, cuando el acreedor o el demandado de los mismos tenga su residencia habitual en Espaa o, si la pretensin de alimentos se formula como accesoria a una cuestin sobre el estado civil o de una accin de responsabilidad parental, cuando los Tribunales espaoles fuesen competentes para conocer de esta ltima accin.

g) En materia de sucesiones, cuando el causante hubiera tenido su ltima residencia habitual en Espaa o cuando los bienes se encuentren en Espaa y el causante fuera espaol en el momento del fallecimiento. Tambin sern competentes cuando las partes se hubieran sometido a los Tribunales espaoles, siempre que fuera aplicable la ley espaola a la sucesin. Cuando ninguna jurisdiccin extranjera sea competente, los Tribunales espaoles lo sern respecto de los bienes de la sucesin que se encuentren en Espaa.

Nueve. Se aade un nuevo artculo 22 quinquies, que queda redactado como sigue:

Artculo 22 quinquies.

Asimismo, en defecto de sumisin expresa o tcita y aunque el demandado no tuviera su domicilio en Espaa, los Tribunales espaoles sern competentes:

a) En materia de obligaciones contractuales, cuando la obligacin objeto de la demanda se haya cumplido o deba cumplirse en Espaa.

b) En materia de obligaciones extracontractuales, cuando el hecho daoso se haya producido en territorio espaol.

c) En las acciones relativas a la explotacin de una sucursal, agencia o establecimiento mercantil, cuando ste se encuentre en territorio espaol.

d) En materia de contratos celebrados por consumidores, estos podrn litigar en Espaa si tienen su residencia habitual en territorio espaol o si lo tuviera la otra parte contratante; esta ltima solo podr litigar en Espaa si el consumidor tiene su residencia habitual en territorio espaol.

e) En materia de seguros, cuando el asegurado, tomador o beneficiario del seguro tuviera su domicilio en Espaa; tambin podr el asegurador ser demandado ante los Tribunales espaoles si el hecho daoso se produjere en territorio espaol y se tratara de un contrato de seguro de responsabilidad o de seguro relativo a inmuebles, o, tratndose de un seguro de responsabilidad civil, si los Tribunales espaoles fueran competentes para conocer de la accin entablada por el perjudicado contra el asegurado en virtud de lo dispuesto en la letra b) de este artculo.

f) En las acciones relativas a derechos reales sobre bienes muebles, si estos se encontraren en territorio espaol al tiempo de la interposicin de la demanda.

Respecto a los supuestos previstos en las letras d) y e) tambin sern competentes los Tribunales espaoles cuando el consumidor, asegurado o tomador cv

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del seguro sea demandante y las partes hayan acordado la sumisin a los Tribunales espaoles despus de surgir la controversia, o ambos contratantes tuvieran ya su domicilio en Espaa en el momento de celebracin del contrato o el demandante fuera el consumidor, asegurado o tomador del seguro.

Diez. Se aade un nuevo artculo 22 sexies, que queda redactado como sigue:

Artculo 22 sexies.

Los Tribunales espaoles sern competentes cuando se trate de adoptar medidas provisionales o de aseguramiento respecto de personas o bienes que se hallen en territorio espaol y deban cumplirse en Espaa. Sern tambin competentes para adoptar estas medidas si lo son para conocer del asunto principal.

Once. Se aade un nuevo artculo 22 septies, que queda redactado como sigue:

Artculo 22 septies.

En materia concursal y dems procedimientos de insolvencia se estar a lo que disponga su legislacin reguladora.

Doce. Se aade un nuevo artculo 22 octies, que queda redactado como sigue:

Artculo 22 octies.

1. No sern competentes los Tribunales espaoles en aquellos casos en que los fueros de competencia previstos en las leyes espaolas no contemplen dicha competencia.

2. Los Tribunales espaoles apreciarn, de oficio o a instancia de parte, su competencia de conformidad con las normas vigentes y las circunstancias concurrentes en el momento de presentacin de la demanda, y el proceso se sustanciar hasta su conclusin aunque dichas normas o circunstancias hayan sido modificadas con posterioridad, salvo que expresamente se determine lo contrario.

3. Los Tribunales espaoles se declararn incompetentes si su competencia no estuviera fundada en las disposiciones de las leyes espaolas, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales.

Los Tribunales espaoles no podrn abstenerse o declinar su competencia cuando el supuesto litigioso presente vinculacin con Espaa y los Tribunales de los distintos Estados conectados con el supuesto hayan declinado su competencia. Tampoco lo podrn hacer cuando se trate del reconocimiento y la ejecucin de resoluciones judiciales, decisiones arbitrales y acuerdos de mediacin dictados por los Tribunales extranjeros.

Trece. Se aade un nuevo artculo 22 nonies, que queda redactado como sigue:

Artculo 22 nonies.

Las excepciones de litispendencia y de conexidad internacionales se alegarn y tramitarn con arreglo a las normas generales que regulen las leyes procesales.

Catorce. Se modifica el artculo 35, que queda redactado como sigue:

Artculo 35.

1. La demarcacin judicial, que determinar la circunscripcin territorial de los rganos judiciales, se establecer por ley o, en los casos expresamente contemplados en esta norma, por real decreto. cv

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2. A tal fin, las Comunidades Autnomas participarn en la organizacin de la demarcacin judicial de sus territorios respectivos, remitiendo al Gobierno, a solicitud de ste, una propuesta de la misma en la que fijarn los partidos judiciales.

3. El Ministerio de Justicia, vistas las propuestas de las Comunidades Autnomas, redactar la correspondiente disposicin normativa, que ser informada por el Consejo General del Poder Judicial en el plazo de dos meses.

4. Emitidos los precitados informes, el Gobierno proceder a la tramitacin del oportuno proyecto normativo.

5. La demarcacin judicial ser revisada cada cinco aos o antes si las circunstancias lo aconsejan, mediante ley elaborada conforme al procedimiento anteriormente establecido.

6. Las Comunidades Autnomas, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, determinarn, por ley, la capitalidad de los partidos judiciales.

Quince. Se aade un nuevo artculo 61 bis, que queda redactado como sigue:

Artculo 61 bis.

1. Al servicio del Tribunal Supremo existir un Gabinete Tcnico, que asistir a la Presidencia y a sus diferentes Salas en los procesos de admisin de los asuntos de que conozcan y mediante la elaboracin de estudios e informes que se le soliciten. Tambin prestar apoyo a las Salas especiales en el despacho de asuntos que les estn atribuidos.

2. El Gabinete Tcnico estar integrado por un Director y por miembros de la Carrera judicial y otros juristas que ostentarn la denominacin de Letrados del Gabinete Tcnico.

3. A los efectos anteriores, en el Gabinete Tcnico existirn tantas reas como rdenes jurisdiccionales. Dentro de cada rea podr existir una seccin de Admisin y otra seccin de Estudios e Informes. En la Sala Quinta de lo Militar podr haber un Letrado del Gabinete Tcnico.

Los Letrados prestarn sus servicios en las diferentes reas atendiendo a su especializacin profesional.

4. En cada una de las reas habr uno o varios Letrados del Gabinete Tcnico que asuman funciones de coordinacin de los miembros del Gabinete que formen parte de la misma. Sern designados por el Presidente del Tribunal Supremo, preferentemente de entre los Letrados que pertenezcan a la Carrera Judicial, y debern tener una antigedad mnima de diez aos en el ejercicio de su respectiva profesin.

5. El Ministerio de Justicia, oda la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y previo informe del Consejo General del Poder Judicial e informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas, determinar la composicin y plantilla del Gabinete Tcnico.

Excepcionalmente, por razones coyunturales y debidamente justificadas, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y oda la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, podr el Ministerio de Justicia adscribir temporalmente, con el lmite mximo de un ao, un nmero adicional de miembros al servicio del Gabinete Tcnico.

Diecisis. Se aade un nuevo artculo 61 ter, que queda redactado como sigue:

Artculo 61 ter.

La superior direccin del Gabinete Tcnico ser ejercida por el Presidente del Tribunal Supremo o, en caso de delegacin de ste, por el Vicepresidente del Tribunal Supremo. cv

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Diecisiete. Se aade un nuevo artculo 61 quter, que queda redactado como sigue:

Artculo 61 quter.

1. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial nombrar al Director del Gabinete Tcnico, a propuesta vinculante del Presidente del Tribunal Supremo, debiendo acreditar los requisitos legalmente exigidos para poder acceder a la categora de Magistrado del Tribunal Supremo, teniendo dicha consideracin, a efectos representativos, mientras desempee el cargo.

2. Los Letrados que hayan de prestar servicio en el Gabinete Tcnico sern seleccionados mediante concurso de mritos, establecindose en el anuncio de la convocatoria los criterios de seleccin.

Los Letrados que no pertenezcan a la Carrera Judicial o Fiscal debern ser funcionarios del Cuerpo de Letrados de la Administracin de Justicia o funcionarios de las Administraciones Pblicas u rganos constitucionales, con titulacin en Derecho, pertenecientes a Cuerpos del Subgrupo A1 o asimilados.

La Comisin Permanente del Consejo General del Poder Judicial realizar la convocatoria a propuesta del Presidente del Tribunal Supremo, quien oir previamente, a los efectos de fijar los criterios de seleccin, a la Sala de Gobierno de dicho Tribunal.

3. El Presidente del Tribunal Supremo, odos los Presidentes de Sala y el Director del Gabinete Tcnico, someter a la Sala de Gobierno, para su aprobacin, la propuesta de candidatos a cubrir las plazas de Letrado del Gabinete Tcnico.

4. El Presidente del Tribunal Supremo elevar al Pleno del Consejo General del Poder Judicial la propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, para que proceda al nombramiento de quienes vayan a ocupar las plazas de Letrado del Gabinete Tcnico.

Dieciocho. Se aade un nuevo artculo 61 quinquies, que queda redactado como sigue:


1. Los Letrados que fueren seleccionados sern nombrados por un ao. Una vez cumplido ese plazo, el Presidente del Tribunal Supremo, odos el Presidente de Sala respectivo y el Director del Gabinete Tcnico, propondr, en su caso, la prrroga en la plaza, de conformidad con el procedimiento establecido para el nombramiento inicial. Los Letrados podrn ser prorrogados por sucesivos periodos de tres aos. Sin perjuicio de lo anterior, los Letrados podrn ser cesados por el Presidente del Tribunal Supremo por incumplimiento grave de los deberes de su funcin.

2. El Director del Gabinete Tcnico y los Letrados sern declarados en situacin administrativa de servicios especiales en la Carrera o Cuerpo de procedencia.

3. A los efectos del cmputo de la antigedad en la Carrera Judicial, a los Jueces o Magistrados que ocupen plaza de Letrado en el Gabinete Tcnico se les tendrn en cuenta los servicios prestados en el orden jurisdiccional correspondiente al rea del Gabinete Tcnico en que estuvieran adscritos.

Esta previsin ser tambin de aplicacin a los efectos del cmputo de la antigedad en el Cuerpo a los Letrados de la Administracin de Justicia que ocupen plaza de Letrado en el Gabinete Tcnico.

Diecinueve. Se aade un nuevo artculo 61 sexies, que queda redactado como sigue:

Artculo 61 sexies.

La Sala de Gobierno, a propuesta del Presidente del Tribunal Supremo, aprobar las normas de funcionamiento del Gabinete Tcnico. cv

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Veinte. Se modifica el apartado 6 del artculo 73, que queda redactado como sigue:

6. En el caso de que el nmero de asuntos lo aconseje, podrn crearse una o ms Secciones e incluso Sala de lo Penal con su propia circunscripcin territorial en aquellas capitales que ya sean sedes de otras Salas del Tribunal Superior, a los solos efectos de conocer los recursos de apelacin a los que se refiere la letra c) del apartado 3 de este artculo y aquellas otras apelaciones atribuidas por las leyes al Tribunal Superior de Justicia.

Los nombramientos para Magistrados de estas Secciones o Salas, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, recaern en aquellos Magistrados que, ostentando la condicin de especialista en el orden penal obtenida mediante la superacin de las pruebas selectivas que reglamentariamente determine el Consejo General del Poder Judicial, tengan mejor puesto en su escalafn. A falta de stos, recaer en aquellos Magistrados que habiendo prestado sus servicios en el orden jurisdiccional penal durante diez aos dentro de los quince aos inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria, tengan mejor puesto en el escalafn. La antigedad en rganos mixtos se computar de igual manera a estos efectos. En su defecto, se nombrar a quien ostente mejor puesto en el escalafn.

Veintiuno. Se modifica el nmero 2. del apartado 2 del artculo 82, que queda redactado como sigue:

2. De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los Juzgados de lo Mercantil, salvo las que se dicten en incidentes concursales que resuelvan cuestiones de materia laboral, debiendo especializarse a tal fin una o varias de sus Secciones, de conformidad con lo previsto en el artculo 98 de la presente Ley Orgnica. Estas Secciones especializadas conocern tambin de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de primera instancia en los procedimientos relativos a concursos de personas fsicas y a acciones individuales relativas a condiciones generales de la contratacin.

Veintids. Se aade un nuevo apartado 6 al artculo 85, que queda redactado como sigue:

6. De los concursos de persona natural que no sea empresario en los trminos previstos en su Ley reguladora.

Veintitrs. Se modifican los apartados 1 y 2 del artculo 86 ter, que quedan redactados como sigue:

1. Los Juzgados de lo mercantil conocern de cuantas cuestiones se susciten en materia concursal, en los trminos previstos en su Ley reguladora y sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 85.6. En todo caso, la jurisdiccin del juez del concurso ser exclusiva y excluyente en las siguientes materias:

1. Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado, con excepcin de las que se ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiacin, matrimonio y menores a las que se refiere el ttulo I del libro IV de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Con el mismo alcance conocer de la accin a que se refiere el artculo 17.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

2. Las acciones sociales que tengan por objeto la extincin, modificacin o suspensin colectivas de los contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado, as como la suspensin o extincin de contratos de alta direccin, sin perjuicio de que cuando estas medidas supongan modificar las condiciones establecidas en convenio colectivo aplicable a estos contratos se requerir el acuerdo de los representantes de los trabajadores. En el enjuiciamiento de estas cv

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materias, y sin perjuicio de la aplicacin de las normas especficas de la Ley Concursal, debern tenerse en cuenta los principios inspiradores de la ordenacin normativa estatutaria y del proceso laboral.

3. Toda ejecucin frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el rgano que la hubiera ordenado.

4. Toda medida cautelar que afecte al patrimonio del concursado, excepto las que se adopten en los procesos civiles que quedan excluidos de su jurisdiccin en el nmero 1. y sin perjuicio de las medidas cautelares que puedan decretar los rbitros durante un procedimiento arbitral.

5. Las que en el procedimiento concursal debe adoptar en relacin con la asistencia jurdica gratuita.

6. Las acciones tendentes a exigir responsabilidad civil a los administradores sociales, a los auditores o, en su caso, a los liquidadores, por los perjuicios causados al concursado durante el procedimiento.

2. Los Juzgados de lo Mercantil conocern, asimismo, de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de:

a) Las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, as como todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas.

b) Las pretensiones que se promuevan al amparo de la normativa en materia de transportes, nacional o internacional.

c) Aquellas pretensiones relativas a la aplicacin del Derecho martimo.d) Las acciones colectivas previstas en la legislacin relativa a condiciones

generales de la contratacin y a la proteccin de consumidores y usuarios.e) Los recursos contra las resoluciones de la Direccin General de los

Registros y del Notariado en materia de recurso contra la calificacin del Registrador Mercantil, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria para este procedimiento.

f) De los procedimientos de aplicacin de los artculos 81 y 82 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y su Derecho derivado, as como los procedimientos de aplicacin de los artculos que determine la Ley de Defensa de la Competencia.

Veinticuatro. Se modifica el apartado 2 del artculo 87 bis, que queda redactado como sigue:

2. Sin perjuicio de lo previsto en la legislacin vigente sobre demarcacin y planta judicial, el Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y en su caso, con informe de la Comunidad Autnoma con competencias en materia de Justicia, podr establecer mediante real decreto que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer que se determinen extiendan su jurisdiccin a dos o ms partidos dentro de la misma provincia.

Veinticinco. Se modifican las letras a) y d) y se aade una nueva letra g) al apartado 1 del artculo 87 ter, que quedan redactadas como sigue:

a) De la instruccin de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los ttulos del Cdigo Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales, contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, contra el honor o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidacin, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que est o haya estado ligada al autor por anloga relacin de afectividad, aun sin convivencia, as como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con la capacidad modificada judicialmente que con l convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela,

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curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando tambin se haya producido un acto de violencia de gnero.

d) Del conocimiento y fallo de los delitos leves que les atribuya la ley cuando la vctima sea alguna de las personas sealadas como tales en la letra a) de este apartado.

g) De la instruccin de los procesos para exigir responsabilidad penal por el delito de quebrantamiento previsto y penado en el artculo 468 del Cdigo Penal cuando la persona ofendida por el delito cuya condena, medida cautelar o medida de seguridad se haya quebrantado sea o haya sido su esposa, o mujer que est o haya estado ligada al autor por una anloga relacin de afectividad aun sin convivencia, as como los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con la capacidad modificada judicialmente que con l convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente.

Veintisis. Se modifica el artculo 98, que queda redactado como sigue:

Artculo 98.

1. El Consejo General del Poder Judicial podr acordar, previo informe de las Salas de Gobierno, que en aquellas circunscripciones donde exista ms de un Juzgado de la misma clase, uno o varios de ellos asuman con carcter exclusivo, el conocimiento de determinadas clases de asuntos, o de las ejecuciones propias del orden jurisdiccional de que se trate, sin perjuicio de las labores de apoyo que puedan prestar los servicios comunes que al efecto se constituyan.

2. El Consejo General del Poder Judicial podr acordar de manera excepcional y por el tiempo que se determine, con informe favorable del Ministerio de Justicia, oda la Sala de Gobierno y, en su caso, la Comunidad Autnoma con competencias en materia de Justicia, que uno o varios Juzgados de la misma provincia y del mismo orden jurisdiccional asuman el conocimiento de determinadas clases o materias de asuntos y, en su caso, de las ejecuciones que de los mismos dimanen, sin perjuicio de las labores de apoyo que puedan prestar los servicios comunes constituidos o que se constituyan.

En estos casos, el rgano u rganos especializados asumirn la competencia para conocer de todos aquellos asuntos que sean objeto de tal especializacin, aun cuando su conocimiento inicial estuviese atribuido a rganos radicados en distinto partido judicial.

No podr adoptarse este acuerdo para atribuir a los rganos as especializados asuntos que por disposicin legal estuviesen atribuidos a otros de diferente clase. Tampoco podrn ser objeto de especializacin por esta va los Juzgados de Instruccin, sin perjuicio de cualesquiera otras medidas de exencin de reparto o de refuerzo que fuese necesario adoptar por necesidades del servicio.

3. Este acuerdo se publicar en el Boletn Oficial del Estado y producir efectos desde el inicio del ao siguiente a aquel en que se adopte, salvo que razonadamente se justifique otro momento anterior por razones de urgencia.

4. Los Juzgados afectados continuarn conociendo de todos los procesos pendientes ante los mismos hasta su conclusin.

Veintisiete. Se suprime el artculo 163.Veintiocho. Se modifica el artculo 167, que queda redactado como sigue:

Artculo 167.

1. Donde hubiere dos o ms Juzgados del mismo orden jurisdiccional, los asuntos se distribuirn entre ellos conforme a normas de reparto prefijadas. Las normas de reparto se aprobarn por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, a propuesta de la Junta de Jueces del respectivo orden jurisdiccional.

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A solicitud del interesado, la Junta de Jueces podr proponer que se libere, total o parcialmente, a un Juez del reparto de asuntos, por tiempo limitado, cuando la buena administracin de justicia lo haga necesario. El acuerdo se trasladar a la Sala de Gobierno para que sta, si lo entiende pertinente, proceda a su aprobacin. Las modificaciones que se adopten en las normas de reparto no podrn afectar a los procedimientos en trmite.

2. La Sala de Gobierno podr acordar las modificaciones precisas en las normas de reparto de los Juzgados de lo Mercantil, de lo Penal, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria, de lo Contencioso-administrativo o de lo Social, para equilibrar la distribucin de asuntos que por materia les corresponde a cada uno de ellos segn su clase, aun cuando alguno tuviese atribuido, por disposicin legal o por acuerdo del Pleno del propio Consejo General del Poder Judicial, el despacho de asuntos de su competencia a una circunscripcin de mbito inferior a la provincia.

3. El reparto se realizar por el Letrado de la Administracin de Justicia bajo la supervisin del Juez Decano, al cual corresponder resolver con carcter gubernativo interno las cuestiones que se planteen y corregir las irregularidades que puedan producirse, adoptando las medidas necesarias y promoviendo, en su caso, la exigencia de las responsabilidades que procedan.

Veintinueve. Se modifica el apartado 2 del artculo 199, que queda redactado como sigue:

2. En la Audiencia Nacional, cuando no asistieren Magistrados en nmero suficiente para constituir Sala, concurrirn para completarla otros Magistrados que designe el Presidente de la Sala o, en su caso, del Tribunal, con arreglo a un turno en el que sern preferidos los que se hallaren libres de sealamiento y, entre stos, los ms modernos. En su defecto, se llamar a un Magistrado suplente de conformidad con lo previsto en el apartado 2 del artculo siguiente.

Treinta. Se suprimen los apartados 4 y 5 y se modifica el apartado 2 del artculo 200, que queda redactado como sigue:

2. A los efectos de lo previsto en el artculo anterior podr haber en la Audiencia Nacional, en los Tribunales Superiores de Justicia y en las Audiencias Provinciales una relacin de Magistrados suplentes no integrantes de la Carrera judicial, que sern llamados a formar Sala segn la prelacin que se establezca dentro de cada orden u rdenes jurisdiccionales para el que hubieren sido nombrados.

Para su llamamiento habr de respetarse la disponibilidad presupuestaria y la prioridad establecida en el artculo anterior, sin que nunca pueda concurrir a formar Sala ms de un Magistrado suplente.

Treinta y uno. Se aade un apartado 4 al artculo 216 bis.3, con la siguiente redaccin:

4. Excepcionalmente, cuando las peculiaridades del refuerzo impidan que la comisin de servicio pueda ser atendida por un nico Juez durante toda su extensin temporal, el Consejo General del Poder Judicial podr autorizar que su desempeo se realice por quienes participen voluntariamente en los planes de sustitucin del rgano judicial que haya de ser reforzado, con sujecin a la secuencia de llamamiento entre ellos que el propio Consejo General del Poder Judicial establezca.

Treinta y dos. Se modifica el artculo 230, que queda redactado como sigue:

1. Los Juzgados y Tribunales y las Fiscalas estn obligados a utilizar cualesquiera medios tcnicos, electrnicos, informticos y telemticos, puestos a su disposicin para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones, con las cv

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limitaciones que a la utilizacin de tales medios establecen el Captulo I bis de este Ttulo, la Ley Orgnica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccin de Datos de Carcter Personal y las dems leyes que resulten de aplicacin.

Las instrucciones generales o singulares de uso de las nuevas tecnologas que el Consejo General del Poder Judicial o la Fiscala General del Estado dirijan a los Jueces y Magistrados o a los Fiscales, respectivamente, determinando su utilizacin, sern de obligado cumplimiento.

2. Los documentos emitidos por los medios anteriores, cualquiera que sea su soporte, gozarn de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales.

3. Las actuaciones orales y vistas grabadas y documentadas en soporte digital no podrn transcribirse.

4. Los procesos que se tramiten con soporte informtico garantizarn la identificacin y el ejercicio de la funcin jurisdiccional por el rgano que la ejerce, as como la confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos de carcter personal que contengan en los trminos que establezca la ley.

5. Las personas que demanden la tutela judicial de sus derechos e intereses podrn relacionarse con la Administracin de Justicia a travs de los medios tcnicos a que se refiere el apartado 1 cuando sean compatibles con los que dispongan los Juzgados y Tribunales y se respeten las garantas y requisitos previstos en el procedimiento que se trate.

6. Los programas y aplicaciones informticos que se utilicen en la Administracin de Justicia debern ser previamente informados por el Consejo General del Poder Judicial.

Los sistemas informticos que se utilicen en la Administracin de Justicia debern ser compatibles entre s para facilitar su comunicacin e integracin, en los trminos que determine el Comit Tcnico Estatal de la Administracin de Justicia Electrnica.

Treinta y tres. Se modifica el apartado 2 y se aade un apartado 3 al artculo 232, que quedarn redactados como sigue:

2. La relacin de sealamientos del rgano judicial deber hacerse pblica. Los Letrados de la Administracin de Justicia velarn por que los funcionarios competentes de la Oficina judicial publiquen en un lugar visible al pblico, el primer da hbil de cada semana, la relacin de sealamientos correspondientes a su respectivo rgano judicial, con indicacin de la fecha y hora de su celebracin, tipo de actuacin y nmero de procedimiento.

3. Excepcionalmente, por razones de orden pblico y de proteccin de los derechos y libertades, los Jueces y Tribunales, mediante resolucin motivada, podrn limitar el mbito de la publicidad y acordar el carcter secreto de todas o parte de las actuaciones.

Treinta y cuatro. Se modifica el artculo 234, que queda redactado como sigue:

Artculo 234.

1. Los Letrados de la Administracin de Justicia y funcionarios competentes de la Oficina judicial facilitarn a los interesados cuanta informacin soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales, que podrn examinar y conocer, salvo que sean o hubieren sido declaradas secretas o reservadas conforme a la ley.

2. Las partes y cualquier persona que acredite un inters legtimo y directo tendrn derecho a obtener, en la forma dispuesta en las leyes procesales y, en su caso, en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologas de la informacin y la comunicacin en la Administracin de Justicia, copias simples de cv

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los escritos y documentos que consten en los autos, no declarados secretos ni reservados. Tambin tendrn derecho a que se les expidan los testimonios y certificados en los casos y a travs del cauce establecido en las leyes procesales.

Treinta y cinco. Se aade un nuevo artculo 235 bis, que queda redactado como sigue:

Artculo 235 bis.

Sin perjuicio de lo establecido en el prrafo segundo del apartado 1 del artculo 236 quinquies y de las restricciones que, en su caso, pudieran establecerse en las leyes procesales, el acceso al texto de las sentencias, o a determinados extremos de las mismas, o a otras resoluciones dictadas en el seno del proceso, slo podr llevarse a cabo previa disociacin de los datos de carcter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garanta del anonimato de las vctimas o perjudicados, cuando proceda.

En todo caso se adoptarn las medidas necesarias para evitar que las sentencias y el resto de resoluciones dictadas en el seno del proceso puedan ser usadas con fines contrarios a las leyes.

Treinta y seis. Se aade un nuevo captulo I bis en el ttulo III del libro III, que comprende los artculos 236 bis a 236 decies, quedando redactado como sigue:

CAPTULO I BIS

Proteccin de datos de carcter personal en el mbito de la Administracin de Justicia

Artculo 236 bis.

El tratamiento de datos llevado a cabo con ocasin de la tramitacin por los Tribunales de los procesos de los que sean competentes, as como el realizado dentro de la gestin de la Oficina judicial se sometern a lo dispuesto en la Ley Orgnica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccin de Datos de Carcter Personal y su normativa de desarrollo, sin perjuicio de las especialidades establecidas en el presente Captulo.

Artculo 236 ter.

1. Los Tribunales podrn tratar datos de carcter personal con fines jurisdiccionales o no jurisdiccionales. En el primer caso, el tratamiento se limitar a los datos en tanto se encuentren incorporados a los procesos de que conozcan y su finalidad se relacione directamente con el ejercicio de la potestad jurisdiccional.

2. Los Tribunales mantendrn, con pleno respeto a las garantas y derechos establecidos en la normativa de proteccin de datos de carcter personal, los ficheros que resulten necesarios para la tramitacin de los procesos que en ellos se siguen, as como los que se precisen para su adecuada gestin.

Dichos ficheros se clasificarn en jurisdiccionales y no jurisdiccionales atendiendo a la naturaleza del tratamiento de los datos que los integran.

Artculo 236 quter.

De conformidad con lo dispuesto en el artculo 11.2 de la Ley Orgnica 15/1999, de 13 de diciembre, no ser necesario el consentimiento del interesado para que los Tribunales procedan al tratamiento de los datos en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, ya sean stos facilitados por las partes o recabados a solicitud del cv

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propio Tribunal, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas procesales para la validez de la prueba.

Cuando se trate de datos tratados con fines no jurisdiccionales se estar a lo dispuesto en la Ley Orgnica 15/1999, de 13 de diciembre.


1. Los Jueces y Tribunales, y los Letrados de la Administracin de Justicia conforme a sus competencias procesales, podrn adoptar las medidas que sean necesarias para la supresin de los datos personales de los documentos a los que puedan acceder las partes durante la tramitacin del proceso siempre que no sean necesarios para garantizar su derecho a la tutela judicial efectiva.

Del mismo modo procedern respecto del acceso por las partes a los datos personales que pudieran contener las sentencias y dems resoluciones dictadas en el seno del proceso, sin perjuicio de la aplicacin en los dems supuestos de lo establecido en el artculo 235 bis.

2. En todo caso ser de aplicacin lo dispuesto en la legislacin de proteccin de datos de carcter personal al tratamiento que las partes lleven a cabo de los datos que les hubieran sido revelados en el desarrollo del proceso.

3. Podrn cederse al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia, en lo que proceda, los datos tratados con fines jurisdiccionales que sean estrictamente necesarios para el ejercicio de las funciones de inspeccin y control establecidas en esta Ley.

4. Los datos tratados con fines no jurisdiccionales podrn cederse entre los rganos jurisdiccionales o por stos al Consejo General del Poder Judicial o al Ministerio de Justicia cuando ello est justificado por la interposicin de un recurso o sea necesario para el ejercicio de las competencias que tengan legalmente atribuidas.

Artculo 236 sexies.

1. A los efectos previstos en la Ley Orgnica 15/1999, de 13 de diciembre, ser responsable de los ficheros jurisdiccionales el rgano jurisdiccional u Oficina judicial ante el que se tramiten los procesos cuyos datos se incorporen al fichero, y dentro de l decidir quien tenga la competencia atribuida por la normativa vigente de acuerdo a la solicitud que se reciba del ciudadano.

Igualmente, ser responsable de los ficheros no jurisdiccionales la Oficina judicial correspondiente al rgano judicial con el que se relacionen los datos que a los mismos se incorporen.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que pudiera corresponder a quien hubiera sido, en su caso, causante de la comisin de una infraccin en materia de proteccin de datos de carcter personal, a la que se refiere el artculo 46.2 de la Ley Orgnica 15/1999, de 13 de diciembre.

3. En todo caso corresponder al Letrado de la Administracin de Justicia que se indique en el acuerdo de creacin velar por la adopcin de las medidas que impidan la alteracin, prdida, tratamiento o acceso no deseado a los datos de carcter personal incorporados a los ficheros, tanto jurisdiccionales como no jurisdiccionales, ostentando aqul la condicin de responsable de seguridad a los efectos previstos en la legislacin de proteccin de datos de carcter personal.

Artculo 236 septies.

1. Los ficheros de datos de carcter personal de los Tribunales sern creados, modificados o suprimidos por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, adoptado a propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o del Tribunal Superior de Justicia u rgano de la Administracin competente en materia de Justicia correspondiente. cv

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El acuerdo de creacin, de modificacin o de supresin de los ficheros se ajustar a lo dispuesto en la legislacin vigente en materia de proteccin de datos de carcter personal y se publicar en el Boletn Oficial del Estado y, en su caso, en los diarios oficiales de las Comunidades Autnomas.

2. Una vez publicado el acuerdo, el Consejo General del Poder Judicial dar traslado del mismo para su inscripcin en el Registro General de Proteccin de Datos de la Agencia Espaola de Proteccin de Datos.

Artculo 236 octies.

1. Las solicitudes de ejercicio de los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin en relacin con los datos tratados con fines jurisdiccionales se tramitarn conforme a las normas que resulten de aplicacin al proceso en que los datos fueron recabados, no siendo de aplicacin las disposiciones establecidas al efecto por la legislacin vigente en materia de proteccin de datos de carcter personal.

En todo caso se denegar el acceso a los datos objeto de tratamiento con fines jurisdiccionales cuando las diligencias judiciales en que se haya recabado la informacin hayan sido declaradas secretas o reservadas.

2. Tratndose de datos sometidos a tratamiento con fines no jurisdiccionales, los interesados podrn ejercitar sus derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin en los trminos establecidos en la normativa vigente en materia de proteccin de datos de carcter personal, dirigiendo su solicitud ante el funcionario competente para decidir conforme a la normativa vigente que sea responsable del fichero al que se refiere el prrafo segundo del apartado 1 del artculo 236 sexies.

Artculo 236 nonies.

1. Las competencias que la Ley Orgnica 15/1999, de 13 de diciembre, atribuye a la Agencia Espaola de Proteccin de Datos, sern ejercidas, respecto de los tratamientos efectuados con fines jurisdiccionales y los ficheros de esta naturaleza, por el Consejo General del Poder Judicial.

2. Los tratamientos de datos llevados a cabo con fines no jurisdiccionales y sus correspondientes ficheros quedarn sometidos a la competencia de la Agencia Espaola de Proteccin de Datos, prestando el Consejo General del Poder Judicial a la misma la colaboracin que al efecto precise.

El Consejo General del Poder Judicial podr adoptar las medidas reglamentarias que estime necesarias para garantizar el cumplimiento, en los tratamientos de datos con fines no jurisdiccionales y los ficheros no jurisdiccionales, de las medidas de seguridad establecidas en la normativa vigente en materia de proteccin de datos de carcter personal.

3. Cuando con ocasin de la realizacin de actuaciones de investigacin relacionadas con la posible comisin de una infraccin de la normativa de proteccin de datos las autoridades competentes a las que se refieren los dos apartados anteriores apreciasen la existencia de indicios que supongan la competencia de la otra autoridad, darn inmediatamente traslado a esta ltima a fin de que prosiga con la tramitacin del procedimiento.

Artculo 236 decies.

1. Los tratamientos de datos llevados a cabo por el Consejo General del Poder Judicial en el ejercicio de sus competencias quedarn sometidos a lo dispuesto en la legislacin vigente en materia de proteccin de datos de carcter personal. Dichos tratamientos no sern considerados en ningn caso realizados con fines jurisdiccionales.

2. Los ficheros de datos de carcter personal del Consejo General del Poder Judicial y de los rganos integrantes del mismo sern creados, modificados o suprimidos por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de la cv

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Secretara General, que ostentar la condicin de responsable del tratamiento respecto de los mismos.

Una vez publicado el acuerdo, el Consejo General del Poder Judicial dar traslado del mismo para su inscripcin en el Registro General de Proteccin de Datos de la Agencia Espaola de Proteccin de Datos.

Treinta y siete. Se modifica el artculo 264, que queda redactado como sigue:

Artculo 264.

1. Los Magistrados de las diversas Secciones de una misma Sala se reunirn para la unificacin de criterios y la coordinacin de prcticas procesales, especialmente en los casos en que los Magistrados de las diversas Secciones de una misma Sala o Tribunal sostuvieren en sus resoluciones diversidad de criterios interpretativos en la aplicacin de la ley en asuntos sustancialmente iguales. A esos efectos, el Presidente de la Sala o Tribunal respectivo, por s o a peticin mayoritaria de sus miembros, convocar Pleno jurisdiccional para que conozca de uno o varios de dichos asuntos al objeto de unificar el criterio.

2. Formarn parte de este Pleno todos los Magistrados de la Sala correspondiente que por reparto conozcan de la materia en la que la discrepancia se hubiera puesto de manifiesto.

3. En todo caso, quedar a salvo la independencia de las Secciones para el enjuiciamiento y resolucin de los distintos procesos de que conozcan, si bien debern motivar las razones por las que se aparten del criterio acordado.

Treinta y ocho. Se modifica el artculo 269, que queda redactado como sigue:

Artculo 269.

1. Los Juzgados y Tribunales slo podrn celebrar juicios o vistas de asuntos fuera de la poblacin de su sede cuando as lo autorice la ley.

2. Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial, cuando las circunstancias o el buen servicio de la administracin de justicia lo aconsejen, y a peticin de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, podr disponer que los Juzgados y las Secciones o Salas de los Tribunales o Audiencias se constituyan en poblacin distinta de su sede para despachar los asuntos correspondientes a un determinado mbito territorial comprendido en la circunscripcin de aqullos.

3. Igualmente, las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, previa determinacin del nmero de causas que justifican los traslados de los Tribunales fuera de su sede y siempre que su desplazamiento venga justificado por una mejor administracin de justicia, dispondrn que los Jueces de lo Penal, asistidos del Letrado de la Administracin de Justicia, se constituyan para celebrar juicios orales en las ciudades donde tengan sede los Juzgados que hayan instruido las causas de las que les corresponde conocer. Los Juzgados de Instruccin y los funcionarios que en ellos sirvieren prestarn en estos casos cuanta colaboracin sea precisa.

Treinta y nueve. Se modifica el artculo 276, que queda redactado como sigue:

Artculo 276.

Las peticiones de cooperacin internacional se tramitarn de conformidad con lo previsto en los tratados internacionales, las normas de la Unin Europea y las leyes espaolas que resulten de aplicacin.

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Cuarenta. Se modifica el artculo 277 que queda redactado como sigue:

Artculo 277.

Los Juzgados y Tribunales espaoles prestarn a las autoridades judiciales extranjeras la cooperacin que les soliciten para el desempeo de su funcin jurisdiccional, de conformidad con lo establecido en los tratados y convenios internacionales en los que Espaa sea parte, las normas de la Unin Europea y las leyes espaolas sobre esta materia.

Cuarenta y uno. Se modifica el artculo 278, que queda redactado como sigue:

Artculo 278.

La prestacin de cooperacin internacional slo ser denegada por los Juzgados y Tribunales espaoles:

1. Cuando el objeto o finalidad de la cooperacin solicitada sea manifiestamente contrario al orden pblico.

2. Cuando el proceso de que dimane la solicitud de cooperacin sea de la exclusiva competencia de la jurisdiccin espaola.

3. Cuando el contenido del acto a realizar no corresponda a las atribuciones propias de la autoridad judicial espaola requerida. En tal caso, sta remitir la solicitud a la autoridad judicial competente, informando de ello a la autoridad judicial requirente.

4. Cuando la solicitud de cooperacin internacional no rena el contenido y requisitos mnimos exigidos por las leyes para su tramitacin.

Cuarenta y dos. Se modifica el artculo 296, que queda redactado como sigue:

Artculo 296.

1. Los daos y perjuicios causados por los Jueces y Magistrados en el ejercicio de sus funciones darn lugar, en su caso, a responsabilidad del Estado por error judicial o por funcionamiento anormal de la Administracin de Justicia sin que, en ningn caso, puedan los perjudicados dirigirse directamente contra aqullos.

2. Si los daos y perjuicios provinieren de dolo o culpa grave del Juez o Magistrado, la Administracin General del Estado, una vez satisfecha la indemnizacin al perjudicado, podr exigir, por va administrativa a travs del procedimiento reglamentariamente establecido, al Juez o Magistrado responsable el reembolso de lo pagado sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que ste pudiera incurrir, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley.

El dolo o culpa grave del Juez o Magistrado se podr reconocer en sentencia o en resolucin dictada por el Consejo General del Poder Judicial conforme al procedimiento que ste determine. Para la exigencia de dicha responsabilidad se ponderarn, entre otros, los siguientes criterios: el resultado daoso producido y la existencia o no de intencionalidad.

Cuarenta y tres. Se suprime el artculo 297.Cuarenta y cuatro. Se modifica el apartado 8 del artculo 301, que queda redactado

como sigue:

8. Tambin se reservar en la convocatoria un cupo no inferior al cinco por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento, siempre que superen las pruebas selectivas y que acrediten el grado de discapacidad y la compatibilidad para el desempeo de las funciones y tareas correspondientes en la forma que se determine reglamentariamente. El ingreso de las personas con discapacidad en las Carreras judicial y fiscal se inspirar en los principios cv

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de igualdad de oportunidades, no discriminacin y compensacin de desventajas, procedindose, en su caso, a la adaptacin de los procesos selectivos a las necesidades especiales y singularidades de estas personas, mediante las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en los procesos selectivos.

Asimismo, una vez superados dichos procesos, se proceder a las adaptaciones y ajustes razonables para las necesidades de las personas con discapacidad de cualquier tipo en los puestos de trabajo y en el entorno laboral del centro o dependencia pblica donde desarrollen su actividad.

Cuarenta y cinco. Se modifica el apartado 3 del artculo 329, que queda redactado como sigue:

3. Los concursos para la provisin de los Juzgados de Menores se resolvern en favor de quienes, ostentando la categora de Magistrado y acreditando la correspondiente especializacin en materia de menores en la Escuela Judicial, tengan mejor puesto en su escalafn. En su defecto, se cubrirn por magistrados que hayan prestado al menos tres aos de servicio, dentro de los cinco anteriores a la fecha de la convocatoria, en la jurisdiccin de menores. A falta de stos se cubrirn por el orden de antigedad establecido en el apartado 1.

Los que obtuvieran plaza, as como los que la obtuvieran cuando las vacantes tuvieran que cubrirse por ascenso, debern participar antes de tomar posesin de su nuevo destino en las actividades de especializacin en materia de menores y en materia de violencia de gnero que establezca el Consejo General del Poder Judicial.

Cuarenta y seis. Se modifica el artculo 339, que queda redactado como sigue:

Artculo 339.

El Presidente de la Audiencia Nacional y los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, cuando cesen en el cargo, quedarn adscritos, a su eleccin, al Tribunal o Audiencia en que cesen o a aqul del que provinieran en su ltimo destino, hasta la adjudicacin de la plaza correspondiente del que hubieren elegido. Si hubieren agotado la totalidad del primer perodo para el que fueron nombrados, tendrn preferencia, adems, durante los tres aos siguientes al cese, a cualquier plaza de su categora de las que deben proveerse por concurso voluntario y para las que no se reconozca especial preferencia o reserva a especialista.

Cuarenta y siete. Se modifica el artculo 340, que queda redactado como sigue:

Artculo 340.

Los Presidentes de Sala de la Audiencia Nacional, los Presidentes de Sala de los Tribunales Superiores de Justicia y los Presidentes de las Audiencias Provinciales que cesaren en su cargo quedarn adscritos, a su eleccin, al Tribunal o Audiencia en que cesen o a aqul del que provinieran en su ltimo destino, hasta la adjudicacin de la plaza correspondiente del que hubieren elegido. Si hubieren agotado la totalidad del primer perodo para el que fueron nombrados, tendrn preferencia, adems, durante los dos aos siguientes al cese, a cualquier plaza de su categora de las que deben proveerse por concurso voluntario y

BOE-A-2015-8167

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