Boletín CADA UNO POR LA JUSTICIA No. 9

México Mayo 2009 | Cooperación VoluntariaBoletín No. 9

SILBA el viento dentro de mí.

Estoy desnudo. Dueño de nada, dueño de nadie, ni siquiera dueño de mis certezas, soy mi cara en el viento, a contraviento, y soy el viento que me golpea la cara.

No.

El OtroNosotros, los sobrevivientes,

¿A quiénes debemos la sobrevida?¿Quién se murió por mí en la ergástula,

Quién recibió la bala mía,La para mí, en su corazón?

¿Sobre qué muerto estoy yo vivo,Sus huesos quedando en los míos,Los ojos que le arrancaron, viendo

Por la mirada de mi cara,Y la mano que no es su mano,Que no es ya tampoco la mía,

Escribiendo palabras rotasDonde él no está, en la sobrevida?

1 de Enero de 1959

Acciones y JusticiaCarta de las madres de la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador, a Felipe Calderón. pág 2

Carta abierta a Eduardo Galeano, de la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador. pag 3

Campaña Cada Uno por la Justicia, actividad del 2 de abril. pág 4

Análisis y OpiniónLos crímenes de Estado de Álvaro Uribe Vélez pág 5

Declaración íntegra de la delegación Británica pág 7

ColombiaMisión extranjera horrorizada, por Constanza Vieira. pág 9

9Declaración encuentro familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, por MOVICE Colombia. pág 11

Otra guerra desangra al sindicalismo en Cali, por Mario Osava. pág 13

Retratos de DelincuentesOsorio Isaza: paradiplomacia y terrorismo, por José Steinsle-ger. pág 15

Uribe contra todos, todos contra Uribe, por Luís Ernesto Almario. pág 16

DDHH-PERÚ: Veinticinco años de prisión para Fujimori, por Ángel Páez. pág 17

CulturaLos nadies. Eduardo Galeano pág 22

México Mayo 2009 | Cooperación Voluntaria

Roberto Fernández Retamar

Cada uno por la Justicia

México, Mayo 2009 Cooperación Voluntaria 1

• Asociación de Padres y Familiares de las Victimas de Sucumbíos, Ecuador (México)• Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Victimas de Violaciones de

DerechosHumanos en México, AFADEM FEDEFAM (México)

• Asociación por la Defensa de los Derechos Humanos y la Equidad de Género, ASDDHEG (México)

• Asociación de Derechos Humanos del Estado de México, ADHEM (México)• Asociación de Barcelona en Apoyo a México, ABAM (Catalunya)

• Association Toulousaine de Solidarité envers le Mexique, ATSM (Francia)• Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C. (México)

• Colectivo Estudiantil Carlos Marx (México)• Comité 68 Pro Libertades Democráticas A.C. (México)

• Fundación Diego Lucero A.C. (México)• Frente de Lucha Estudiantil Julio Antonia Mella, FLE-JAM (México)

• Grupo de Acción Revolucionaria, GAR (México)• Juventud Comunista de México (JCM)

• Liga Argentina por los Derechos del Hombre, LADH (Argentina)• Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C., Limeddh (México)

• Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos, RUMODH (México)• Solidaridad para el Desarrollo y la Paz, SODEPAZ (España)

• Solidaritat per el Desenvolupament y la Pau del Pais Valenciano, SODEPAU-PV (Pais Valenciano)

Para mayor información:[email protected]

Teléfono: (55) 5610-8790Celular: 044 55 29392167

Este Boletín es presentadopor:


2 México, Mayo 2009 Cooperación Voluntaria

Acciones y JusticiaCarta de las madres de la

Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos,

Ecuador, a Felipe Calderón.

ABRIL 2009

LIC. FELIPE CALDERON HINOJOSA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Presente,

Señor Presidente:

Como es de su conocimiento, hace un año (1 marzo 2008) murieron cuatro jóvenes mexicanos, a causa del bombardeo colombiano en la frontera ecuatoriana, ordenado por el criminal presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez; señalado y vinculado por la DEA como el narcotraficante N° 82 siendo uno de los más buscados; amigo personal de Pablo Escobar, jefe del cártel de Medellín; información que también se proporciona en los libros: Los jinetes de la cocaína de Fabio Castillo y en El señor de las sombras de Joseph Contreras y Fernando Garavito, dirigiéndose a él como un perverso criminal.

Ante este hecho, el asesinato de los cuatro jóvenes investigadores mexicanos, su gobierno, de manera tardía, dijo que lamentaba la muerte de sus compatriotas y que había solicitado una investigación sobre el suceso. También, de forma tardía, el pésame que dio a los familiares de los jóvenes estuvo fuera de tiempo y solo fue de compromiso.

Al año de este suceso, las imágenes públicas de usted con el asesino Álvaro Uribe Vélez, son de amplia camaradería y entendimiento, que nos lastiman en lo particular. Sabía usted que el “fascismo histérico de Uribe y la alianza que lo sostiene están erigidos sobre 3 mil 500 masacres, 4 mil fosas comunes, 15 mil desaparecidos y 6 millones de

desplazados internos.” (La Jornada 21 de abril de 2008). Inclusive en sus visitas a México frente a usted, el homicida de Álvaro Uribe Vélez, tiene el descaro de venir a despotricar en contra de nuestros jóvenes asesinados y por si fuera poco, la vergüenza le alcanza para calumniar a la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Los medios fácticos lo ensalzan con preguntas a modo para que no se vaya a molestar, nadie tiene ni ha tenido el valor para alzarle la voz y gritarle “ya basta, deja de burlarte de nosotros”.

Nosotras, las madres de los cuatro jóvenes masacrados por el multihomicida de Álvaro Uribe Vélez, queremos que por un momento sienta usted lo que es perder un hijo en esas circunstancias. ¿Cuál sería la respuesta de su esposa a la omisión de nuestras demandas; ante lo sucedido en Sucumbíos, Ecuador si alguno de sus hijos hubiere sido uno de los jóvenes masacrados?

Nosotras no tenemos el poder económico de los señores Fernando Martí y Nelson Vargas, para gritar “Si no pueden renuncien” o para vociferar “No tienen madre”. Entonces, al grito de estos industriales, su gobierno sí actúa de manera inmediata, y más aún, usted ofrece el pésame de forma personal y asiste a los servicios religiosos. Lo que tenemos en común, ellos y nosotras, señor presidente, es el dolor de haber perdido a un hijo en manos de criminales.

Después de un año, seguimos esperando que usted, Lic. Calderón Hinojosa, presidente de los mexicanos, que fuera de protocolo y de camaraderías, le reclame al asesino de Álvaro Uribe Vélez el habernos enlutado y habernos destruido la vida de esta manera. Es lo mínimo que le pedimos y esperamos de usted señor presidente.

Sin más, quedamos de usted.

A T E N T A M E N T E

LILIA MAGDALENA ANGELES, madre de SOREN ULISES AVILÉS ANGELES

MIRIAM DELGADO MORENO, madre de FERNANDO FRANCO DELGADO

RITA DEL CASTILLO, madre de JUAN GONZÁLEZ DEL CASTILLO

ANA MARÍA VELAZQUEZ, madre de VERÓNICA NATALIA VELAZQUEZ



Acciones y Justicia

México D.F. a 2 de abril de 2009.

Estimado maestro Eduardo Galeano:

(Carta abierta)

Nos alegra mucho que esté aquí, en este país por el que se ha preocupado y tenido abundantes gestos solidarios; que esté en la UNAM, esta gran universidad símbolo de pensamiento y expresiones críticas, en este espacio en el que se formaron nuestros hijos y en el que surgió en ellos el interés por conocer y luchar por una América Latina como la que soñaba Bolívar: unida, hermosa y con mejores condiciones de vida para sus pueblos.

Somos familiares de los estudiantes Verónica Natalia Velázquez Ramírez, Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado y Soren Ulises Avilés Ángeles -quienes el 1 de marzo de 2008 fueron asesinados por el gobierno y el ejército colombiano en los bombardeos que realizaron en territorio del Ecuador- y de Lucía Morett Álvarez, la única sobreviviente mexicana víctima de ese ilegal, cobarde e injustificable ataque. No se puede ocultar ante el mundo que la incursión militar además de intentar regionalizar un conflicto constituyó una flagrante violación al derecho internacional y humanitario; que el ataque a la soberanía de un país, el homicidio de civiles indefensos, de heridos y las torturas practicadas, son delitos de lesa humanidad incluso penados en situaciones de guerra.

El presidente Álvaro Uribe Vélez en una actitud triunfalista y prepotente asumió la responsabilidad del operativo, siendo por tanto un asesino confeso; no obstante ello, ni él ni ninguno de los responsables de esa masacre han sido “molestados”. En los hechos el Terrorismo de Estado colombiano ha sido apoyado por la ultraderecha en México y por el silencio cómplice de quienes, incluso por obligación legal, deberían encabezar la defensa de los connacionales. Afortunadamente la amplia solidaridad internacional ha permitido que la verdad se abra paso y que la lucha contra la impunidad continúe.

La masacre de Sucumbíos, preparada con el concurso de grandes intereses, de posiciones de fuerza y poder, no sólo

nos arrancó a nuestros hijos y dejó a Lucía con riesgos para su vida y bajo una constante persecución; también nos ha llevado a enfrentar múltiples intentos por criminalizar a nuestros jóvenes, de atacarlos jurídica y mediáticamente, de calificarlos de “terroristas” tratando de legitimar lo injustificable y de desviar la responsabilidad que tiene todos los que cometieron actos crueles e inhumanos.

Queremos decirle que luchamos por la aplicación de la justicia y el castigo a los culpables del genocidio. Sabemos que el gobierno colombiano contó con la asesoría y el apoyo de la principal potencia militar del planeta, que su salida belicista al conflicto forma parte de una estrategia geopolítica regional; que la derecha es una y golpea de manera coordinada en todo nuestro continente; que nos enfrentamos ante grandes intereses, por lo que en esta lucha tan desigual requerimos del apoyo de personas como usted, con la dignidad, el peso y la importancia ética y política que representa. Le pedimos que nos ayude a extender nuestros gritos a través de su voz y la profundidad de su pensamiento, logrando que nuestras denuncias se multipliquen y que un día, al menos, podamos reivindicar la memoria de nuestros hijos llevando a la cárcel a los responsables de la masacre.

Reciba nuestro reconocimiento y un abrazo sincero.

Atentamente.

ASOCIACION DE PADRES Y FAMILIARES DE LAS VICTIMAS DE SUCUMBIOS, ECUADOR

Carta abierta a Eduardo Galeano, de la Asociación de Padres y

Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador.



Acciones y JusticiaCampaña Cada Uno por

la Justicia, actividad del 2 de abril.

Cada uno fue llegando a la cita que cada mes tenemos y toso con la convicción de que esta lucha tomará años y para eso nos preparamos. La lucha contra la impunidad se construye con el esfuerzo cotidiano y constante de quienes no olvidan.

Decenas de cruces blancas con el rostro de Juan, Soren, Verónica y Fernando, la manta con el rostro de ellos y de Lucía, llegan a la cita de cada mes ante la embajada Colombia. Una treintena de voces gritando haciendo eco del pueblo de Colombia, se reunieron para decir no a la impunidad.

Cada uno por la justicia, ahora fueron voces demandando justicia y pidiendo castigo para Uribe y todos los responsables materiales de la Masacre de Sucumbíos. Se denunció que personal de la Procuraduría General de la República de México, había enviado personal a Colombia para recabar información de las “mágicas computadoras de Reyes” y para seguir las investigaciones en contra los jóvenes masacrados y Lucía Moret y otros mexicanos.

En contraste, la denuncia penal en contra de Uribe que presentaron los familiares de sobrevivientes el 3 de noviembre de 2008, aún esta en el limbo en la PGR y no se ha iniciado, porque de acuerdo al artículo 4 del Código Penal, el acusado no se encuentra en territorio nacional, por lo que se hizo énfasis,

que si por algún motivo Uribe viene a México, la PGR debe de detenerle, por lo que se llamó a la solidaridad para presionar, cuando de de el hecho.

Les invitamos a seguir en este esfuerzo constante que sigue gozando de la solidaridad de los pueblos del mundo y aún conserva una presencia en los medios de comunicación que continúan atentos a los avances del caso.



Análisis y Opinión

Gilberto López y Rivas

La Jornada

Entre el 24 de febrero y el 11 de marzo del 2009, la Comisión Ética Contra los Crímenes de Estado en Colombia realizó su sexta visita. Esta Comisión es una iniciativa para salvaguardar la memoria colectiva de las victimas y acompañar sus procesos de dignificación, denuncia y resistencia, desde la sociedad civil internacional y teniendo en mente que “las voces de los silenciados serán escuchadas”.

En esta ocasión, además del acompañamiento al pueblo indígena Embera y Afrodescendientes de la cuenca del río Jiguamiandó en la Primera Consulta de los Pueblos y sendas visitas a los departamentos de Sucre y Putumayo, la Comisión Ética asistió al “Encuentro de familiares de victimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia” que tuvo lugar durante los días 5 y 6 de marzo, escuchando múltiples testimonios de ejecuciones extrajudiciales, mal llamados “falsos positivos” [1], así como contextos y análisis de organizaciones que acompañan este proceso desde el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Se encontraban presentes numerosos familiares provenientes de las diferentes regiones del país, por lo que se presentó un panorama altamente representativo de una situación nacional.

Los crímenes de Estado de Álvaro Uribe Vélez

En todo el país se han cometido cientos de asesinatos que conforman el patrón de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, ambos delitos considerados crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado, principalmente por miembros de las fuerzas armadas colombianas –y/o sus paramilitares-- de manera sistemática y generalizada. Esta grave violación se origina con anterioridad y tiene su exponencial desarrollo durante los mandatos del presidente Álvaro Uribe Vélez, en la puesta en práctica de la llamada política de “Seguridad Democrática” y a partir de la instrumentación del Plan Colombia, por lo que las víctimas son presentadas como “bajas en combate” para cobrar las recompensas económicas y recibir los reconocimientos y ascensos que el propio Comandante General de las Fuerzas Militares ofrece de manera reiterada.

Estas prácticas aberrantes se presentan como “resultados” de la guerra contrainsurgente para justificar los apoyos obtenidos por la vía del Plan Colombia y son claramente violatorias del derecho penal colombiano, los Convenios de Ginebra, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, en especial, la Convención Americana de Derechos Humanos.

Las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales siguen un patrón definido: hombres jóvenes de no más de 35 años, pertenecientes a los sectores populares y más excluidos, con una presencia importante de jóvenes campesinos, o de áreas suburbanas y urbanas que se consideran “prescindibles”. En ese patrón se incluyen discapacitados o jóvenes que son considerados potenciales o reales opositores al régimen, por lo que encontramos elementos para calificar estos crímenes de lesa humanidad como una política de “limpieza social”, sólo comparable con la practicada por los execrables regímenes fascistas que prevalecieron en el siglo pasado. Se puede afirmar, sin retórica alguna y ante las dimensiones de la tragedia del pueblo colombiano, que el gobierno de Uribe ha hecho del crimen de Estado, su política de Estado.

La impunidad es una característica común de estos crímenes en los que sus perpetradores no son investigados ni mucho menos juzgados y sancionados. Las autoridades colombianas de los tres poderes y los organismos de control estatal como la Procuraduría, y aun organismos que supuestamente defienden y preservan los derechos humanos, han actuado por omisión o comisión como cómplices de los mismos, mientras los medios masivos de comunicación, en su gran mayoría, se hacen eco de las versiones oficialistas sobre los hechos denunciados, cuando no ocultan o encubren totalmente estas graves transgresiones y, principalmente, la responsabilidad del Estado colombiano.



Análisis y OpiniónEs sorprendente el valor de los familiares de las víctimas que salieron a la calle, acompañados por sectores de la sociedad civil y con la observación de la Comisión Ética, a manifestar su profunda indignación frente al Ministerio de Defensa y la Fiscalía el 6 de marzo, todo ello pese a las amenazas y los reales peligros que corren en un país donde no existe el estado de derecho y las instituciones están al servicio del terrorismo de Estado

Bogotá, 6 de marzo de 2009. Véanse otras fotos de la marcha

La Comisión Ética se sumó a la exigencia del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado para que en el caso de las ejecuciones extrajudiciales, se conforme un equipo especial dentro de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía en Bogotá, para evitar eventuales interferencias que dado el estatus e influencia de los investigados --en los lugares donde ocurrieron los hechos--, puedan afectar la imparcialidad de las diligencias

También la Comisión destaca una militarización amplia, visible y evidente en los departamentos que se expresa en innumerables retenes, repetidos requerimientos de identificación, impedimentos a la libre movilidad de

las personas, sobre-vuelos de helicópteros, cuarteles e instalaciones militares dentro de localidades, reclutamiento forzado y expedito (una leva en todo el sentido del término), prostitución de niñas y jóvenes, recorridos constantes de las tropas por las carreteras y poblados, presencia militar en la cotidianidad de la población civil (tiendas, casas, fincas, etcétera), la continuidad y reconversión del paramilitarismo, todo lo cual afecta la normalidad y la seguridad de las personas y constituye una clara infracción al Derecho Internacional Humanitario. Esta es la realidad dantesca de Colombia que Álvaro Uribe Vélez se ufana en presentar como modelo a seguir y que las ultraderechas pretenden imponer a cualquier precio en el resto de América Latina, con la ayuda de sus mentores estadounidenses.

[1] Nota de Tlaxcala: “ falsos positivos “ son los civiles asesinados y posteriormente presentados como “bajas de la guerrilla en combate”, cuyos cadáveres son uniformados y armados por los victimarios para cobrar las recompensas, estímulos y ascensos que Uribe ofrece. Los familiares de las víctimas se oponen a este término y se refieren a “ejecuciones extrajudiciales como crimenes de Estado”.



Análisis y OpiniónDeclaración íntegra de la

delegación Británica

Una delegación de lesgisladores y sindicalistas británicos concluye que Uribe es cómplice de violación de derechos humanos y de los crímenes paramilitares

Al culminar su visita de una semana en Colombia, La Misión coordinada por JUSTICIA POR COLOMBIA, e integrada por parlamentarios británicos y sindicalistas de origen británico, estadounidense y canadiense-, emitieron un duro pronunciamiento sobre la situación de derechos humanos en Colombia.

El documento anexo fue leído en rueda de prensa celebrada en el Congreso de la República por la señora Sandra Osborne, diputada Laborista e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña.

Declaración de Prensa Gobierno de Álvaro Uribe es cómplice en delitos de lesa humanidad

Somos una delegación de parlamentarios británicos, y sindicalistas norteamericanos, canadienses y británicos. Hemos pasado siete días aquí en Colombia, juntando información sobre los abusos de derechos humanos y derechos laborales.

Nos hemos reunido con un amplio abanico de la sociedad colombiana, cubriendo intereses cívicos, políticos, jurídicos y militares, incluyendo sindicatos, estudiantes, profesores, indígenas, campesinos, abogados sindicales, defensores de derechos humanos, y con los retenidos liberados de las FARC. Hemos viajado al departamento de Arauca para escuchar los testimonios de comunidades e individuos afectados por el conflicto en esa región Visitamos la cárcel Buen Pastor y hablamos con las mujeres presas políticas encarceladas allí. También nos reunimos con Martín Sandoval, presidente del CPDH – Arauca, encarcelado injustamente en Arauca. Tuvimos oportunidad de hablar también con altos representantes del gobierno de Álvaro Uribe, y con el Presidente mismo. Estamos agradecidos a todos los individuos y grupos que tan generosamente nos entregaron su tiempo.

Estamos en estado shock por lo que hemos oído, y no tenemos dudas, dadas las evidencias recibidas, de que el gobierno colombiano de Álvaro Uribe, y la fuerza pública son cómplices de abusos de derechos humanos. Además, estamos convencidos que las actividades asesinas de los paramilitares son aprobadas y activamente apoyadas por el gobierno y el Ejército. Estos crímenes son agravados por la impunidad de la cual gozan los que cometieron estos delitos, y la falla del sistema judicial para procesar a los criminales y a los que dieron las órdenes.

En vez de encarcelar los verdaderos criminales, el gobierno ha encarcelado a sindicalistas, miembros de la oposición política, y a defensores de derechos humanos como al



Análisis y Opinióndefensor de derechos humanos, Martín Sandoval. Llamamos por su liberación inmediata, y por la liberación inmediata de otros prisioneros políticos y sindicalistas.

Al regresar al Reino Unido y a Norte América estaremos llamando por la inmediata terminación de todo apoyo militar y político al gobierno colombiano. La no aprobación de cualquier Tratado de Libre Comercio hasta que los derechos humanos y laborales sean respetados de una manera internacionalmente verificable. Exponer públicamente la complicidad de empresas multinacionales en las violaciones de derechos humanos y laborales. Acabar de inmediato con la criminalización de la oposición democrática y legítima, incluyendo a la Senadora Piedad Córdoba, Senadora Gloria Inés Ramírez, Representante Wilson Borja y el Doctor Carlos Lozanos, entre otros. Apoyar el diálogo, un proceso de paz, y un intercambio humanitario. El cese de las ejecuciones extrajudiciales y los falsos positivos perpetrados por el Ejército colombiano.

Un informe completo de nuestras investigaciones y recomendaciones será publicado en el cercano futuro.

Miércoles 8 de abril de 2009.

Firmas adjuntas. Katherine Craig: Abogada de Derechos Humanos. Viajó a Colombia con la Caravana de abogados en Agosto del 2008.

Ian Davidson: Parlamentario Británico del Partido Laborista.

Jeremy Dear: Secretario General del sindicato ‘La Unión Nacional de Periodistas’ (NUJ) – el cual representa 32,000 periodistas, también es el Presidente de ‘Justice for Colombia’ y miembro del Ejecutivo de la TUC y del Consejo General de la TUC.

David Drever: Presidente del sindicato educativo, el ‘Instituto Educativo de Escocia’ (EIS) el cual representa 60,000 maestros en Escocia.

Simon Dubbins: Director del Departamento de Relaciones Internaciones del sindicato ‘Unite the Union’ el cual representa

2,100,000 afiliados in varios sectores, también es miembro del Ejecutivo del TUC Europeo y Presidente del sector grafico de la UNI (federación internacional).

Samuel Gurney: oficial del Departamento Internacional de la TUC, con responsabilidad para Colombia y otros países, también es miembro del consejo de administración de la OIT.

Sally Hunt: Secretaria General del sindicato de educación, ‘La Unión de Universidad y Colegios’ (UCU), el cual representa 118,000 profesores universitarios, también es miembro del Comité Ejecutivo de Justice for Colombia y del Ejecutivo y Consejo General de la TUC donde es la vocero sobre asuntos internacionales.

Peter Kilfoyle: Parlamentario Británico del Partido Laborista, anteriormente fue Ministro de Defensa.

Adam Lee: Oficial del sindicato, United Steelworkers (USW) el cual representa 1.2 millones de afiliados de varios sectores de Estados Unidos y Canadá.

Andy Love: Parlamentario Británico del Partido Laborista.

James McGovern: Parlamentario Británico del Partido Laborista.

Karie Murphy: Asistente Parlamentaria.

John O’Neill: Abogado de la empresa más grande de abogados laboralistas en Gran Bretaña ‘Thompsons Solicitors’.

Sandra Osborne: Parlamentaria Británica del Partido Laborista, Miembro de la Comisión Parlamentaria de Asuntos en el Exterior.

Stephanie Peacock: Miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista.

Frederick Redmond: Vice Presidente Internacional del sindicato United Steelworkers (USW), el cual representa 1.2 millones de afiliados de varios sectores en los Estados Unidos y Canadá, también es miembro del Consejo Ejecutivo del AFL-CIO.

Mark Rowlinson: Fiscal del sindicato, United Steelworkers (USW) el cual representa 1.2 millones de afiliados de varios sectores en los Estados Unidos y Canadá.

Michael Shaw: Presidente del sindicato de Bomberos británicos(FBU) el cual representa 45,000 afiliados bomberos.

James Sheridan: Parlamentario Británico del Partido Laborista.

Carol Wilson: Asistente Parlamentari

Anthony Woodhouse: Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato ‘Unite the Union’, el cual representa 2,100,000 afiliados de varios sectores.



Colombia

Misión extranjera horrorizada

Constanza Vieira

IPS

Siete parlamentarios laboristas de Gran Bretaña y 10 líderes sindicales de ese país, estadounidenses y canadienses se declararon en “estado de shock” por lo que oyeron en su visita de una semana a Colombia.

En un fuerte comunicado leído el miércoles en rueda de prensa en plena sede del parlamento colombiano, la misión parlamentaria y sindical acusó al gobierno del derechista Álvaro Uribe de ser presunto “cómplice en delitos de lesa humanidad”.

Esos delitos están tipificados en el Artículo 7 del Estatuto de Roma, que dio vida a la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en esta capital administrativa de Holanda.

Se trata de todo asesinato, exterminio, traslado forzoso de población, tortura, violación, persecución de un grupo o colectividad por motivos políticos o culturales, desaparición forzada y otros delitos, cuando se cometan “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.

El Estatuto de Roma entró en vigor en Colombia el 1 de noviembre de 2002 para crímenes de lesa humanidad y de genocidio, tipificados en el Artículo 6, pero el país sudamericano invocó una salvaguardia de siete años para los crímenes de guerra, descritos en el Artículo 8, cuyo plazo se cumplirá el 1 de noviembre de este año.

Por ahora, la fiscalía de la CPI mantiene el caso colombiano en observación.

“No tenemos dudas, dadas las evidencias recibidas, de que el gobierno colombiano de Álvaro Uribe y la fuerza pública son cómplices de abusos de derechos humanos”, dice el comunicado leído por la parlamentaria Sandra Osborne, del gobernante Partido Laborista e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña.

“Además, estamos convencidos de que las actividades asesinas de los paramilitares son aprobadas y activamente apoyadas por el gobierno y el ejército”, leyó Osborne en referencia a las milicias de ultraderecha comandadas por capos del narcotráfico y parcialmente disueltas tras negociaciones con Uribe.

“Estos crímenes son agravados por la impunidad de la cual gozan los que cometieron estos delitos, y la falla del sistema judicial para procesar a los criminales y a los que dieron las órdenes”, agrega la declaración.

Colombia vive en guerra civil desde 1964, cuando se alzaron en armas dos guerrillas izquierdistas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los grupos paramilitares emergieron en los años 80 para combatir a la insurgencia junto a las fuerzas del Estado.

Según un informe de octubre de 2008 de Amnistía Internacional, en 2007 fueron asesinados fuera de combate 1.400 civiles. En 2006 los asesinados fueron 1.300. En el primer semestre de 2008, cerca de 270.000 personas huyeron de sus hogares, lo que constituyó un aumento del desplazamiento forzado de 41 por ciento respecto de 2007.

La justicia logra condenas en solo ocho de cada 100 homicidios, según la Unión Europea.

Además, desde mediados de 2002 han sido asesinados al menos 1.200 civiles indefensos para ser presentados como bajas de la guerra contrainsurgente, es decir éxitos militares.

Durante siete días de gira en Colombia, el grupo parlamentario y sindical recogió “información sobre los abusos de derechos humanos y derechos laborales”, dice la declaración dada a conocer por Osborne.



ColombiaLa misión se reunió “con un amplio abanico de la sociedad colombiana, cubriendo intereses cívicos, políticos, jurídicos y militares, incluyendo sindicatos, estudiantes, profesores, indígenas, campesinos, abogados sindicales, defensores de derechos humanos, y con los retenidos liberados de las FARC”.

Esa guerrilla ha liberado desde 2008 a ocho políticos a los que mantenía como rehenes y a los que aspiraba a cambiar por sus combatientes presos, mediante una negociación con el gobierno. Por fuga, o tras un rescate de inteligencia militar, fueron liberados otros tres rehenes civiles, incluida la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.

La misión viajó al oriental departamento petrolero de Arauca, en la frontera con Venezuela, donde escuchó los testimonios de comunidades y personas afectadas por la guerra, visitó la cárcel de mujeres y al encarcelado líder defensor de derechos humanos en la región, Martín Sandoval.

Los visitantes también se entrevistaron con Uribe y con altos representantes de su gobierno, pero su reacción no fue publicitada localmente.

“En vez de encarcelar a los verdaderos criminales, el gobierno ha encarcelado a sindicalistas, miembros de la oposición política, y a defensores de derechos humanos” como Sandoval, señala la declaración, que clama “por su liberación inmediata, y por la liberación inmediata de otros prisioneros políticos y sindicalistas”.

Los integrantes de la misión anunciaron que, de regreso a sus países, “estaremos llamando por la inmediata terminación de todo apoyo militar y político al gobierno colombiano”.

También exhortaron a “la no aprobación de cualquier Tratado de Libre Comercio (TLC) hasta que los derechos humanos y laborales sean respetados de una manera internacionalmente verificable”.

La aprobación de un TLC con Colombia fue paralizada en el Congreso legislativo estadounidense con argumento parecido por el ahora gobernante Partido Demócrata.

Entretanto, el 26 de marzo el gobierno conservador del primer ministro canadiense Stephen Harper abrió la cuenta regresiva de 21 días de debates para obtener la ratificación de un TLC entre Canadá y Colombia, al presentar el proyecto al parlamento de su país y radicar la ley para su aplicación.

Mientras, en la penúltima semana de marzo avanzó en Lima la segunda ronda de negociaciones entre tres países andinos, Colombia, Perú y Ecuador, y la Unión Europea, para alcanzar un acuerdo de libre comercio.

La misión parlamentaria y sindical advirtió que expondrá “públicamente la complicidad de empresas multinacionales

en las violaciones de derechos humanos y laborales” en Colombia.

También se propone actuar para poner fin a la “criminalización de la oposición democrática y legítima”, apoyar diálogos de paz y el intercambio de prisioneros entre las FARC y el gobierno, así como el cese de las ejecuciones extrajudiciales de civiles para mostrar éxitos en combate por parte del ejército colombiano.

Entre los parlamentarios integrantes de la misión se destaca el ex ministro de Defensa y ex portavoz del gabinete británico Peter Kilfoyle, quien renunció en 2000 por considerar que el entonces primer ministro Tony Blair no estaba cumpliendo el mandato del Partido Laborista.

La misión fue coordinada por Justice for Colombia, una organización no gubernamental británica creada en 2002, año en que fueron asesinados 184 sindicalistas en el país andino, considerado el lugar más peligroso del mundo para ejercer la actividad sindical.

Justice for Colombia es integrada por más de 40 sindicatos industriales británicos, además de otra decena de asociaciones profesionales y agrupaciones del orden nacional.

En septiembre de 2007, la entidad convocó la furia del ministro de Defensa colombiano Juan Manuel Santos, al solicitar al por entonces recién investido primer ministro británico Gordon Brown y a su secretario de Relaciones Exteriores que pusieran fin a la ayuda militar a Bogotá.

La cooperación militar británica con la guerra colombiana es la segunda después de la estadounidense. A su vez, Colombia es el tercer mayor receptor de ayuda militar de Washington, después de Israel y Egipto.

La petición de 2007 fue suscrita por todos los entonces miembros del comité ejecutivo nacional del Partido Laborista que no integraban el gobierno, todos los miembros laboristas del Parlamento Europeo, decenas de parlamentarios del mismo partido y todos los sindicatos afiliados a esa colectividad.

“Los colombianos nos hemos acostumbrado a que este tipo de declaraciones son importantísimas, y que ahora sí va a pasar algo”, como lograr un cambio en la política de ayuda militar al gobierno, dijo telefónicamente a IPS desde Bogotá la defensora de derechos humanos Lilia Solano.

“Pero hay que esperar los resultados”, agregó, “no estamos seguros de que sea tan eficaz”.



Colombia

Declaración encuentro familiares de víctimas de

ejecuciones extrajudiciales en Colombia

por MOVICE Colombia

“Los falsos positivos son crímenes de Estado”

Nosotros, familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, provenientes de las diferentes regiones del país reunidos en la ciudad de Bogotá durante los días y 5 y 6 de marzo del 2009.

DECLARAMOS

1. Que hemos compartido durante el encuentro las angustias y dolores que nos embargan como familiares de quienes han sido privados de la vida por la acción criminal de la Fuerza Pública y especialmente por el Ejercito Nacional. Encontramos que a lo largo y ancho del país se han cometido

cientos de crímenes contra hombres en su mayoría menores de 35 años, pertenecientes a los sectores populares y más excluidos, lo que nos indica que se trata de una práctica sistemática y generalizada, que se constituye en crímenes de lesa humanidad, cuya responsabilidad recae en el Estado colombiano.

2. Que estos crímenes han afectado la integridad de nuestras familias y comunidades, generando graves impactos y daños sicosociales, produciendo el desvertebramiento de muchos grupos familiares y deteriorando nuestra situación socio-económica. Pese a ello, este encuentro nos llama a organizarnos y exigir en una sola voz el respeto y garantía de nuestros derechos a la verdad, la justicia y reparación integral y a construir caminos de esperanza y unidad para que estos crímenes nunca jamás se vuelvan a repetir.

3. Que durante los dos mandatos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez y en aplicación de la política de “seguridad democrática” han venido aumentado los registros de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza Pública, según informes de las Plataformas de Derechos Humanos

y Paz, por los menos 1,122 personas han sido asesinadas en total estado de indefensión, las cuales son presentadas como “bajas dadas en combate”

4. Que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su último informe señaló su preocupación por “la persistencia de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la fuerza pública, fundamentalmente del ejército”, igualmente que “algunas características comunes a los casos denunciados son presentar a las víctimas como muertos en combate, alterar la escena de los hechos antes del levantamiento del cadáver y en la mayoría de las ocasiones hacer que la justicia penal militar asuma las investigaciones. Las investigaciones adelantadas por las autoridades sobre algunos de estos casos, revelan que podrían estar motivados por la presión

de resultados y el interés de algunos miembros de la fuerza pública de obtener a partir de dichos resultados una serie de beneficios y reconocimientos”.

5. Que desde hace varios años se viene denunciando esta práctica, sin embargo no se han tomado medidas efectivas para poner fin a la misma, ni para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos crímenes. Los



Colombiaperpetradores gozan de total impunidad debido a la falta de voluntad política de los entes responsables de adelantar investigaciones serias y eficaces.

6. Que las autoridades colombianas en lugar de cumplir con su mandato constitucional de proteger los derechos de las víctimas y sus familiares, han estimulado los mecanismos de impunidad, y han promovido una política de persecución, revictimización y afectación de su buen nombre y su dignidad humana.

7. Que hacemos recaer la máxima responsabilidad por la masiva práctica de ejecuciones extrajudiciales en el Presidente Álvaro Uribe Vélez, en su condición de comandante General de las Fuerzas Militares, en el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos y en los altos mandos militares entre quienes se cuentan el Ex General Mario Montoya y el General Fredy Padilla de León.

EXIGIMOS

1. Que cesen de forma inmediata las ejecuciones extrajudiciales y se tomen medidas preventivas y eficaces para que tales hechos no se vuelvan a repetir.

2. Que se eliminen todas las prebendas y ofrecimientos de beneficios y prerrogativas, así como las políticas que estimulan la práctica de las ejecuciones extrajudiciales, bajo el ropaje de la “seguridad democrática”.

3. Que se nombre una comisión especial tanto en la Fiscalía General de la Nación, como en la Procuraduría General, para que bajo los parámetros que caracterizan la comisión de crímenes de lesa humanidad, se investiguen, juzguen y sancionen, con penas proporcionales a la gravedad de los mismos, a todos los responsables de la práctica masiva y generalizada de ejecuciones extrajudiciales, mal llamados “falsos positivos”, así como los crímenes de desaparición forzada, tortura y otros que rodean estos asesinatos.

4. Al presidente Álvaro Uribe Vélez que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, separe del cargo al Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, a los altos mandos militares tanto a nivel nacional, como los que tienen mando en los lugares donde se han presentado estos crímenes y que los entes competentes inicien las investigaciones efectivas que redunden en sanciones ejemplarizantes en su condición de mando que ostentaban al momento de la ejecución de estos crímenes.

5. Que el Estado colombiano adopte en concertación con los familiares y víctimas, medidas de protección y garantías. Responsabilizamos al Estado de cualquier atentado o

amenaza que pueda presentarse contra los familiares y testigos de ejecuciones extrajudiciales.

6. Que el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, haga un reconocimiento público de responsabilidad por las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza Pública, pida perdón a las víctimas, familiares y al pueblo colombiano y reivindique el buen nombre de las víctimas y su condición de civiles.

7. Que el Estado colombiano respete y garantice los derechos de las victimas a conocer la verdad de lo ocurrido, que se haga justicia contra todos los responsables, beneficiarios y encubridores de estos crímenes, se repare de manera integral todos los daños individuales y colectivos y se reconozca que en Colombia se cometen crímenes de estado. En este sentido, exigimos al Congreso de la República que se abstenga de aprobar leyes que desconocen los derechos que tienen las víctimas de crímenes de estado, tal y como pretende hacerse con el proyecto de ley de víctimas que se debate en el Congreso.

8. Invitamos a la sociedad en general a que se solidarice con las víctimas, y les acompañe en la exigibilidad y justiciabilidad de sus derechos, condenando públicamente estos crímenes.

A la comunidad internacional solicitamos:

1. Su solidaridad total, acompañamiento efectivo y vigilancia permanente para que estos crímenes no queden en la impunidad y se garanticen los derechos de las víctimas y familiares a la verdad, la justicia y reparación integral. Que se exija al Estado colombiano la promoción de políticas eficaces que pongan fin a esta práctica y se asegure la sanción de los máximos responsables.

2. La condena abierta contra las políticas que promueven esta práctica criminal y se condicione cualquier ayuda y cooperación internacional al respeto de los derechos humanos.

3. Que se acompañe, apoye política y financieramente los procesos organizativos de las víctimas y se exija al Estado colombiano que brinde las garantías para que las víctimas y familiares puedan ejercer y hacer exigibles sus derechos.

Bogotá 6 de marzo de 2009.



Colombia

Otra guerra desangra al sindicalismo en Cali

Mario Osava

IPS

Tres trabajadores colombianos siguen en huelga de hambre en la occidental Cali, precariamente protegidos en una tienda instalada al lado de la sede de las empresas municipales de la ciudad, cuyos despidos y amenaza de privatización provocaron la protesta.

Javier Román, despedido de las Empresas Municipales de Cali (Emcali) en 1994, tuvo que ser hospitalizado hace una semana con neumonía, pero volvió a la tienda y sigue en ayuno, con tratamiento de suero y antibióticos.

José Reyes es tesorero del Sindicato de Trabajadores de Emcali (Sintraemcali), pero tuvo que trabajar en los primeros cinco días de la huelga de hambre. En el sexto obtuvo un certificado médico de incapacidad laboral. Los dirigentes sindicales son dispensados del trabajo, pero a los de Sintraemcali la empresa les suspendió sus permisos.

Los trabajadores reclaman el reintegro de 54 personas cesadas y condiciones básicas para la supervivencia de su organización. Además de retirar el permiso que permite a los dirigentes no trabajar y cumplir actividades sindicales, la empresa retiene desde octubre los aportes sindicales descontados de los salarios de los empleados, sofocando financieramente al sindicato, dijo Reyes.

Emcali, una entidad estatal creada en 1931, presta servicios de telecomunicaciones, distribución de energía y saneamiento básico en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca situado en el oeste de Colombia, con costas sobre el Océano Pacífico. Está intervenida desde hace nueve años por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, órgano de control e inspección del sector, vinculado a la Presidencia de la República.

Sintraemcali se dividió en dos juntas directivas y la empresa no puede transferir recursos a las dos, ni conceder el permiso sindical a todos sus dirigentes hasta que la justicia defina qué grupo representa legalmente a los trabajadores, se justificó la gerenta interventora Susana Correa.

Las dos juntas, así como otros ocho sindicatos menores organizados por algunas categorías de trabajadores de la

empresa, ya existían cuando Correa asumió la gerencia de Emcali en julio de 2008, dijo la jerarca a IPS.

Pero sólo hay “una directiva legal” de Sintraemcali, elegida en enero de 2008 por una asamblea que contó con 1,026 participantes, 61 por ciento del total de afiliados y reconocida administrativamente, replicó Jorge Vélez, presidente de la junta que se considera legítima.

La actual administración de Emcali intenta hacer inviable al sindicato, negándole las contribuciones ya pagadas por los afiliados, obligando sus dirigentes a cumplir las jornadas laborales y fomentando organizaciones paralelas, en clara violación de la autonomía sindical, dijo Vélez a IPS.

Nueve dirigentes de Sintraemcali fueron asesinados desde que se intensificó la lucha de los trabajadores, en 1998, y muchos más han sido heridos, mientras las amenazas de muerte empujaron a otros cinco al exilio, acotó.

Las cifras de la no gubernamental Escuela Nacional Sindical son más alarmantes, pues registran 11 asesinatos sólo en el período 1998-2003.

Esa violencia contra el sindicalismo es generalizada en Colombia, que vive una guerra civil desde 1964. Un estudio de la abogada Lina Paola Malagón, de la no gubernamental Comisión Colombiana de Juristas, contó 2,694 sindicalistas asesinados en los últimos 23 años, 685 de ellos dirigentes. Noventa y seis por ciento de esos crímenes siguen impunes.

Detrás de la cruenta batalla sindical de Cali está la privatización de las empresas municipales de servicios públicos. Los trabajadores acusan a la interventora, de preparar la venta de Emcali, aunque la empresa sea eficiente, rentable y apoyada por la población.



ColombiaLa “privatización es transferencia de activo y en ese sentido no se va a privatizar”, sino que habrá “una especie de concesión, mediante un contrato de largo plazo y sólo para la operación de las telecomunicaciones, respondió Correa. De esa forma, Emcali seguirá siendo estatal y manteniendo intactas sus áreas de agua y energía, aseguró.

En cambio, Reyes sostuvo que sí se trata de una privatización y precisamente del “corazón” de la empresa, que concentra el grueso de sus ganancias y por tanto es capaz de financiar otros servicios menos rentables. Según cifras de 2007, las utilidades de las telecomunicaciones equivalen a 60 por ciento del total de la empresa, aseguró el dirigente.

La gerenta, sin embargo, justificó la concesión de las telecomunicaciones asegurando que es un área deficitaria y sin recursos para acompañar los rápidos avances tecnológicos de ese sector.

Los sindicalistas temen que Emcali tenga el mismo destino de la Empresa de Servicios Varios (Emsirva), encargada del aseo urbano, que fue liquidada el jueves de la semana pasada.

Emsirva, que también estuvo intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos por más de dos años a causa de dificultades financieras atribuidas a la mala gestión, fue “reestructurada” el año pasado bajo la batuta de la misma Correa. Tampoco allí había privatización, sostuvo ella.

La ciudad fue dividida en cuatro zonas para el barrido y la recolección de basura. Tres fueron concesionadas a empresas privadas, pero Emsirva conservó una zona y la coordinación general.

La mayor parte del servicio, arguyó Correa, ya era ejecutado por personal de una cooperativa de “escobitas”, como se llama a los recolectores y barrenderos. A la acusación de que promovió más de 400 despidos, la interventora alegó que no podía obligar a las empresas privadas a absorber a toda la gente de la cooperativa, incluida la ineficiente.

Pero la Emsirva amaneció cerrada el jueves 26 de marzo y protegida por policías que reprimieron violentamente al personal que, sorprendido por la decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos, se reunió en una asamblea delante de la sede para informar de lo ocurrido y discutir la situación de más de 400 personas que trabajaban para la empresa.

El concejal Wilson Arias no escapó a los golpes y gases lacrimógenos lanzados por la policía y acusó al gobierno central de “usurpar” la autoridad del municipio, en una actitud “centralizadora y autoritaria”.

El anuncio de la liquidación de Emsirva se hizo en la noche del miércoles 25, “sin que las autoridades locales” fueran

informadas previamente, aunque son las responsables de los servicios, destacó Arias.

El alcalde de la ciudad, Jorge Ospina, reaccionó convocando a una manifestación, a la que acudieron decenas de miles de caleños el 31 de marzo, en defensa de “la dignidad y autonomía” del municipio de 2,5 millones de habitantes, de la reactivación de Emsirva y de la devolución de Emcali a la gestión municipal.

Vivian Villamil, de 40 años, fue una de las 51 personas despedidas en 2004, acusadas de invadir la sede de Emcali y de paralizar sus servicios. Dos años antes, la trabajadora había perdido a su marido, asesinado por ser sindicalista y líder comunitario, aseguró. Hasta hoy no se ha identificado al matador.

Acusados de ser “guerrilleros”, los despedidos no logran otro empleo, dijo Villamil, madre de tres hijos. El mayor, de 23 años, aporta gran parte de los insuficientes ingresos familiares, trabajando en la construcción y la remoción de escombros. En esas condiciones, los jóvenes no logran estudiar, se lamentó.

La huelga de hambre se decidió en respuesta a un nuevo despido de tres empleados, un mes atrás, acusados de agredir a un colega. La acusación es falsa, pues el Instituto Médico Legal no comprobó huellas de agresión en la supuesta víctima, según el informe técnico que muestra el sindicato.

Por eso, los huelguistas y el sindicato reclaman el inmediato reintegro de los 54 despedidos “injustamente”.

En el caso de las 51 personas cesadas en 2004, un fallo definitivo del Consejo de Estado, tribunal supremo para asuntos de la administración pública, determinó la nulidad de los despidos, pues no cumplieron “el debido proceso”, dijo a IPS uno de los afectados, Gustavo Izquierdo, acompañado de abundante documentación.

Además, la fiscalía descartó cualquier acción judicial contra ellos, por no comprobarse las acusaciones de la empresa, agregó.

Esos despidos fueron una prolongación de la “Operación Dragón”, que en 2004 y 2005 pretendió “eliminar físicamente a directivos y activistas del sindicato” y que llegó a manifestarse en algunos atentados sin muertes, hasta que fue descubierta y denunciada como una acción de personas relacionadas con la intervención de Emcali, sostuvo Reyes.

Para el dirigente, todo el proceso está destinado a destruir al sindicato que encabeza la resistencia, contra la privatización de los servicios públicos de Cali.



Retratos de Delincuentes

Osorio Isaza: paradiplomacia y

terrorismoJosé Steinsleger

Pensemos con el corazón: si una mujer de coraje político probado declara que el gobierno de Colombia es “ilegítimo, corrupto y no creíble” y el embajador de su país la califica de “mentirosa”… ¿a quién le cree usted? (entrevista de David Brooks con la senadora colombiana Piedad Córdoba, La Jornada, 3/7/08).

La Negra (así la llama su pueblo) no es un producto maquilado por la dictadura mediática. Sin embargo, en 2007 los periódicos El Espectador y El Siglo de Bogotá la eligieron Personaje y Mujer del Año y en una encuesta reciente de Radio Caracol ocupó el segundo lugar entre los senadores más respetados de Colombia. Ni la CNN ni Televisa ni la BBC se enteraron.

Líder del ala izquierda del Partido Liberal (agrupación Poder Ciudadano), Piedad Córdoba es mundialmente respetada por su lucha en favor de los derechos humanos y de la mujer, las comunidades indígenas y afrocolombiana, las minorías étnicas y sexuales, en contra de la violencia intrafamiliar y en pos de políticas públicas de salud sexual y reproductiva.

En 1999 cayó en manos del feroz líder paramilitar Carlos Castaño. Liberada tras varias semanas de cautiverio, se exilió junto con su familia en Canadá. Al cabo de varios meses retornó al país y fue víctima de dos atentados. Su pecado: liderar el abstencionismo frente a la candidatura de Álvaro Uribe Vélez. Su asesor político, Jaime Gómez, fue asesinado en abril de 2006 luego de sufrir tortura.

El polo opuesto de La Negra es Luis Camilo Osorio Isaza, embajador de Colombia en México. Ex fiscal general (2001-2005), fue uno de los arquitectos jurídicos de la “seguridad democrática”, eufemismo del terrorismo de Estado que impulsa el régimen narcoparamilitar que celosamente se representa en nuestro país.

Osorio Isaza llegó a la Fiscalía General de Colombia a finales del gobierno conservador de Andrés Pastrana. Durante su gestión (2001-2005), el caballero jamás encontró méritos para procesar a los culpables, señalados por testigos que

luego aparecían muertos o golpeando con desesperación las puertas de las embajadas.

Dominados por los paramilitares, los fiscales de Osorio ignoraron pistas y engavetaron la copiosa documentación probatoria de las relaciones entre los paras y los políticos en los departamentos de la Costa Caribe, Antioquia y Cauca, donde tuvieron lugar espeluznantes masacres.

Osorio Isaza desmanteló (perdón, “restructuró…”) la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía. Los mejores fiscales del país terminaron en la calle o en el exilio. Lucía Luna Prada vive en Canadá. Mónica Gaitán, investigadora de la espantosa masacre de Chengue (Sucre), informó a su jefe que se iba de vacaciones y al regresar descubrió que le habían allanado la oficina. Hoy vive en Estados Unidos. Pedro Díaz Romero, Augusto Sepúlveda y César Rincón también salieron del país.



Retratos de DelincuentesEn diciembre de 2003, la jefa de fiscalías de Cúcuta, Ana María Flórez Silva (nombrada por Osorio), fue acusada de cómplice de los paramilitares. El senador Gustavo Petro tomó la denuncia y antes de ser detenida por las autoridades huyó del país. En junio de 2005, la señora fue llamada a juicio por su aparente participación en el asesinato de su esposo.

Richard Riaño Botina, investigador de la fiscalía, experto en informática, encontró que los teléfonos de al menos 54 funcionarios de la institución, se cruzaban con los de los paras del oriente colombiano. Petro acogió a Riaño y lo ayudó a salir del país. Osorio mandó a investigar al parlamentario. La Corte Suprema dictaminó que el senador no había transgredido la ley.

Osorio Isaza desatendió al testigo Jairo Castillo Peralta, quien desde 2001 entregó todas las pruebas que demostraban el maridaje de la clase política del departamento de Sucre con el paramilitarismo. Paradójicamente, Castillo es en la actualidad la base para que la Corte Suprema de Justicia tenga en prisión a más de 30 congresistas.

El caso de negligencia más tenebroso ocurrió, cuando Osorio desautorizó a los fiscales que le dictaron medida de aseguramiento al general Rito Alejo del Río, jefe del grupo de soldados de la 17 Brigada del Ejército que el 27 de diciembre de 1997 jugaron al futbol con la cabeza del campesino Marino López. Osorio archivó el proceso y el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, ofreció un banquete “de desagravio” al “pacificador del Urabá”.

En su artículo “¿Dónde estaba el fiscal Osorio?”, la periodista de El Espectador, María Teresa Ronderos, escribe: “No sé qué tan tranquilo duerma don Luis Camilo”. Pues, mire usted, parece que en México muy bien. Dicta clases de “seguridad democrática”, alterna con la extrema derecha y los periodistas serviles del país y escribe cartas muy bonitas como las enviadas a La Jornada el 11 y 13 de julio pasados.

En la primera, don Lucho desmiente que el general Mario Montoya (jefe del Ejército colombiano) sea un matarife de cuarta. Y en la segunda denigra a Piedad Córdoba. En ambas, el paraembajador expresa el dolor de los colombianos que miran “el maltrato a nuestras instituciones” y el maltrato a los “servidores que bien le sirven a la República”.

Uribe contra todos, todos contra Uribe

por Luís Ernesto Almario

Colaborador ABP Australia

La dictadura narco-paramilitar que tiene en su poder el gobierno colombiano que dirige Álvaro Uribe Vélez, su ministro de Guerra Juan Manuel Santos y el General Freddy Padilla de León, comandante de la Fuerza Armada, cerró las vías para el intercambio humanitario, por ende la paz .

Uribe, contra todos, para aplastar sus detractores, sus enemigos políticos, la oposición armada; su política de sangre, miseria, muerte en ciudades y campos, de la atribulada Colombia, es el grito de guerra, con” bombos y platillos” de esa oligarquía pro imperialista criminal del Palacio Nariño.

Todos contra Uribe, es la respuesta del pueblo colombiano, al dictador de marras que prepara su reelección para el año 2010, asesorado por las Brigadas Militares, de Padilla de León y de las “Águilas Negras paramilitares del “Pájaro de Mal Agüero” Juan Manuel Santos.

Impulsado por un parlamento de mafiosos paramilitares, inyectados económicamente, todos, por los dineros calientes del narcotráfico, emanados de la oficina de Envigado Antioquia, los nuevos amos de la droga al ser



Retratos de DelincuentesDDHH-PERÚ:

Veinticinco años de prisión para Fujimori

Por Ángel Páez

En forma unánime, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de Perú sentenció al ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) a 25 años de prisión por los asesinatos de 25 personas y el secuestro agravado de otras dos, cometidos por agentes de inteligencia militar en 1991 y 1992.

El ex mandatario, condenado como autor mediato, debería permanecer recluido hasta el 10 de febrero de 2032, cuando tendría casi 95 años, pues debe descontarse el tiempo que ya estuvo encarcelado desde su aprehensión en Chile, en noviembre de 2005, cuando la justicia de Perú lo solicitó en extradición.

Es el primer ex presidente de este país condenado por crímenes contra la humanidad.

La sentencia fue leída por el presidente del tribunal, César San Martín, en una sala del cuartel policial de la Dirección de Operaciones Especiales, ubicado en el distrito de Ate Vitarte, este de Lima, donde sesionaron los magistrados y está recluido Fujimori. El juicio comenzó el 10 de diciembre de 2007.

desplazados el cartel de Cali, extraditados por Uribe a los Estados Unidos.

Cerradas las vías del dialogo, de intercambio de prisioneros de guerra de la búsqueda de una paz sólida, abre el de la lucha armada como una legitima defensa del pueblo apoyando con desobediencia civil la insurrección popular a las guerrillas de las FARC.

Mientras el clero colombiano aboga por la paz, rechaza la violencia de la guerrilla, hace caso omiso de la violencia terrorista de Uribe, tanto que vocifera en los pulpitos contra el secuestro; pretende en su juego político desconocer a los prisioneros de guerra en las mazmorras colombianas.

Uribe contra todos ha puesto en alerta roja a todo colombiano que está involucrado en solucionar el conflicto armado, como Piedad Córdoba, la organización Colombianos por la Paz, puestos en la mira del gobierno por las brigadas de criminales y de las “Águilas Negras”.

Todos contra Uribe, es la manera de protegerse de un pueblo, colectivamente amenazado, es un “chaleco antibalas” del fuego criminal del dictador colombiano líder del narcotráfico de Uribe Vélez , administrador de la finca “Locolombia” patio trasero de los gringos.

La carta abierta de las prisioneras políticas de las FARC, es el lamento” borincano”; el clamor de aquellos combatientes sociales, que a sabiendas que se pudren en las prisiones del sistema, levantan cara y ponen el pecho y gritan a los cuatro vientos “Vivan las FARC”, hasta la victoria siempre.

La misiva de las prisioneras de las FARC, enviada a las oficinas de este periodista, es desgarradora y presenta un panorama de la realidad nacional e indiferencia de los alzafuelles del sistema imperante y medios de comunicación con prepago anticipado por sus servicios en falsos positivos.




Los jueces concluyeron que el ex jefe de Estado encabezó un aparato clandestino, ejecutor de una política contrainsurgente diseñada y aprobada por él, que incluyó asesinatos selectivos de supuestos miembros de las guerrillas que actuaban durante el conflicto interno (1980-2000): el maoísta Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

“Se le impone la máxima pena autorizada por la ley, más aun si no existen atenuantes”, dijo San Martín, quien precisó que los delitos por los que Fujimori fue condenado son: Homicidio, secuestro agravado y tortura. La fiscalía había solicitado un castigo de 30 años de reclusión, incluyéndose en la acusación la figura de la desaparición forzada que, señalaron los magistrados, no estaba vigente cuando se cometieron los crímenes.

En su fallo, el tribunal indicó que el reo cometió crímenes de Estado con alevosía y que “autorizó, dirigió y controló” el aparato ejecutor de los asesinatos de 15 habitantes de la zona limeña de Barrios Altos, en noviembre de 1991 y de nueve estudiantes y un profesor de la capitalina Universidad de La Cantuta, perpetrados por agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).

El tribunal resaltó que el ex mandatario encabezó un aparato de poder clandestino dentro del Estado, con la complicidad de su entonces asesor personal, Vladimiro Montesinos, a quien invistió de poderes extraordinarios para controlar el Servicio de Inteligencia Nacional y las Fuerzas Armadas.

A través de esos organismos, el escuadrón de la muerte conocido como Grupo Colina, conformado por agentes del SIE, recibió el mandato para perpetrar acciones de “guerra sucia” contra supuestos insurgentes.

Las autoridades judiciales acreditaron que en 1991, Fujimori autorizó la conformación de un grupo de estudios integrado por oficiales del SIE, para elaborar una nueva estrategia contrainsurgente que incluyó el asesinato selectivo.

Por mandato de Fujimori, estampado en memoranda dirigidos al Ministerio de Defensa, varios de esos oficiales fueron ascendidos “por haber participado en operaciones especiales de inteligencia”, en junio de 1991.

En agosto del mismo año, estos oficiales y agentes, crearon el Grupo Colina. La primera masacre que perpetraron fue la de Barrios Altos, el 3 de noviembre de 1991. El siguiente operativo, contra un profesor y nueve estudiantes de La Cantuta, se ejecutó el 18 de julio de 1992. Cuando se perpetraron las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, “el acusado guardó estudiado silencio” y “protegió sistemáticamente a Montesinos” de las acciones de la justicia, afirma la sentencia.

Cuando una comisión parlamentaria que investigaba al Grupo Colina señaló la responsabilidad de Montesinos y del entonces jefe del ejército Nicolás Hermoza, solicitó al Poder Ejecutivo la remoción de ambos funcionarios, Fujimori la rechazó y respaldó a los señalados, describió el fallo.



Retratos de DelincuentesLos fundamentos de la condena sostienen que el ex presidente movilizó al Poder Judicial, al Congreso Legislativo, a las Fuerzas Armadas y a la Policía, “coordinadamente, con la expresa finalidad de mantener en la impunidad los crímenes de los aparatos de inteligencia”.

Los casos de Barrios Altos y La Cantuta no fueron hechos aislados, señala el fallo, pues la documentación y los testimonios presentados en el proceso, confirman que los autores contaban con autorización de sus superiores. “Los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta fueron parte de un patrón sistemático y los que cometían los asesinatos daban parte de sus actos a sus superiores”, afirma el texto.

La sentencia también señaló culpable a Fujimori del secuestro agravado del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, detenidos por militares que los confinaron en los calabozos del SIE en la jornada del 5 de abril de 1992, cuando el presidente ejecutó su llamado “autogolpe” de Estado, al disolver el parlamento y suspender la vigencia de la Constitución e intervenir el Poder Judicial.

El tribunal halló que los delitos de los que se acusaba a Fujimori fueron completamente acreditados, “más allá de toda duda

razonable” y que éstos, de acuerdo con la jurisprudencia internacional, son crímenes contra la humanidad. “Por su posición, por su capacidad de tomar decisiones, por sus acciones de protección a los responsables y por su ataque a los denunciantes de los hechos, estos hechos apuntan derechamente la responsabilidad del acusado Fujimori”, señaló el tribunal.

Los magistrados rechazaron la pretensión de la defensa, que quiso comparar este proceso con los juicios por las masacres de Accomarca (1985) y Cayara (1988), cometidas por patrullas del ejército, cuyos fallos eximieron de responsabilidad a quienes ejercían en cada caso la Presidencia de la República, Fernando Belaúnde (1980-1985) y Alan García (1985-1990).

Los hechos de Accomarca y Cayara fueron atribuidos a los jefes militares de la sureña región de Ayacucho, que aprobaron esos operativos y luego encubrieron a sus autores materiales. Se trató, en esos casos, de miembros de patrullas militares y no de agentes de un aparato clandestino, manejado por el jefe de Estado, como expusieron las pruebas de Barrios Altos y La Cantuta.



Retratos de Delincuentes“No son hechos vinculables, porque ambos gobiernos no fueron gobiernos de excepción”, señaló el tribunal. Además, bajo el mandato de Fujimori, “se practicó el encubrimiento de los hechos criminales para impedir la sanción a los responsables”, agregó.

Al iniciarse la lectura de la sentencia, los familiares de las víctimas se arrodillaron y comenzaron a rezar, entre lágrimas y sollozos. Uno de los momentos más destacados de ésta jornada se produjo cuando el tribunal señaló que los asesinados de Barrios Altos y La Cantuta “nunca pertenecieron ni estuvieron relacionados con la organización criminal Sendero Luminoso”, desmintiendo un argumento de la defensa.

“Ahora puedo hacer frente a quienes acusaban a mi hijo de haber sido terrorista, porque el tribunal ha dicho que ninguna de las víctimas era militante o simpatizante de Sendero”, dijo a IPS, Raida Cóndor, madre de Armando Amaro, uno de los estudiantes de La Cantuta asesinados. “No sólo es un acto de justicia, sino también la aclaración de que nuestros familiares nunca fueron terroristas”, agregó.

Para Gisela Ortiz, hermana de otro de los fallecidos de La Cantuta, Luis Enrique Ortiz y una de las más pertinaces luchadoras contra la impunidad, “éste es el resultado de 17 años de permanente búsqueda de la verdad, de la justicia, para que los actos criminales del Estado, encarnados en Alberto Fujimori, no queden impunes y para que no se repitan”, dijo a IPS.

La hija de Fujimori, la legisladora Keiko Fujimori, expresó al término del juicio su “rechazo absoluto” a la condena y dijo que encabezará “movilizaciones en todo el país” para expresar su repudio. “El fujimorismo está número uno en las encuestas, el pueblo nos da su confianza”, aseveró.

En diferentes sondeos de opinión, Keiko Fujimori aparece primera en las preferencias manifestadas por encuestados ante la pregunta de por quién votarían si las elecciones presidenciales fueran hoy.

Los fiscales Edmundo Peláez y Avelino Guillén manifestaron su conformidad con la sentencia, mientras la defensa del reo presentó un recurso de nulidad. La Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia revisará el pedido y tiene un plazo de cuatro meses para pronunciarse. Pero el abogado de las víctimas, Carlos Rivera, del no gubernamental Instituto de Defensa Legal, dijo a IPS que “la próxima instancia podría resolver en un mes, porque la sentencia está suficientemente sustentada”.

Piden retirar Premio a la libertad Cortes de Cádiz

a UribeAl menos 150 organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, entre ellas grupos colombianos y españoles, pidieron este martes que se retire la concesión del Premio “A la Libertad Cortes de Cádiz” al presidente colombiano, Álvaro Uribe, al calificarlo como un galardón “inmerecido” y “profundamente injusto”.

El pasado 9 de enero el Ayuntamiento de Cádiz, ciudad del sur de España, concedió el I “Premio a la libertad Cortes de Cádiz” a Uribe por sus esfuerzos en pro de la libertad “y su abierta oposición a situaciones terroristas que la menosprecian”.

Según los firmantes del documento, unas 150 organizaciones no solo españolas “sino muchas colombianas”, se oponen a este galardón, que “denigra al propio premio” porque Álvaro Uribe “es casi un dictador capaz de manipular al Parlamento para intentar perpetuarse en el poder”.

Después de que Amnistía Internacional (AI) solicitara al Ayuntamiento de Cádiz que “se reconsidere” la concesión de ese galardón a Uribe, este martes la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y otras 150 organizaciones hicieron lo propio.

Entregaron en el registro municipal del Ayuntamiento una carta pidiendo a la alcaldesa, Teófila Martínez , del conservador Partido Popular, que retire ese premio al presidente colombiano.

El documento incluye cientos de firmas ciudadanas y un informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia y las “responsabilidades” del Gobierno en la violación de éstos.

El presidente de la APDHA, Rafael Lara, explicó a los periodistas que la entrega del documento forma parte de una acción “cívica” de protesta por un premio que creen “inmerecido” y “profundamente injusto”.

Lara recordó que la “familia” del presidente colombiano “y buena parte de su partido político está encausado por corrupción y es un señor que ha permitido a los paramilitares y al propio Ejército matar a miles de personas”.

A juicio de los firmantes, Uribe “no es un buen ejemplo de democracia, libertades y derechos humanos en América Latina”.

Consideran igualmente que habría “miles” de personas merecedoras del premio en toda América Latina y la propia Colombia “luchadoras, honestas, éticas y a favor de la gente del pueblo”.

El presidente de la APDHA deseó que el equipo de gobierno municipal sea “sensible” a esta petición y retire la concesión del premio a Uribe.

De lo contrario, advirtieron de que continuarán llevando a cabo acciones cívicas hasta el momento de que le sea entregado el galardón.




Pronunciamiento de Lucía Morett

A las organizaciones politicas, sociales y estudiantiles

A los organismos de Derechos Humanos

Al pueblo latinoamericano

A los pueblos del mundo

Se ha cumplido ya un año con dos meses de la masacre de Sucumbíos, Ecuador, ejecutada por el ejército colombiano bajo el mando directo de Álvaro Uribe Vélez presidente de Colombia. En esa masacre fueron asesinados nuestros cuatro hijos: Soren Avilés Ángeles, Fernando Franco Delgado, Juan González del Castillo y Verónica Velázquez Ramírez, logrando sobrevivir una quinta mexicana de nombre Lucía Morett Álvarez.

Desde el 1º de marzo de 2008 -día de la masacre- hasta el día de hoy, los Padres y Familiares de estos cinco jóvenes hemos emprendido una lucha por lograr justicia, que se castigue a los responsables de su asesinato y de los delitos cometidos en contra de ellos. De la misma forma, hemos luchado por detener la persecución hacia Lucía Morett y varios ciudadanos mexicanos, a la par de revertir la campaña de difamaciones que el gobierno colombiano ha desatado pretendiendo justificar su crimen.

Resulta absurdo e irracional que Álvaro Uribe, el principal responsable de la masacre de alrededor de 25 personas; de la violación a la soberanía territorial de un país vecino, al Derecho Internacional Humanitario y a varios Derechos Humanos, se erija como víctima y pretenda criminalizar a quienes en verdad fueron víctimas. No es posible que el responsable de la violación sistemática a los Derechos Humanos en Colombia y fuera de ella, el responsable de varias masacres, de asesinatos, de desaparecidos, de amenazados, de torturados, de encarcelados por motivos políticos, sea quien se posicione como víctima, acusador, juez y ejecutor de la pena de muerte a quienes considera “terroristas”, cuando es públicamente conocido que quien ha implementado un real terrorismo de Estado en Sudamérica es él mismo, aunado a las cada vez más sonadas denuncias de sus vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico.

Álvaro Uribe pretende quedar impune de todos sus crímenes, lanzando como es ya su costumbre, una campaña para desprestigiar a sus víctimas y a quienes luchan contra la impunidad y por que la verdad salga a la luz. Es sabido que este tipo de campañas las articula desde Colombia y posteriormente las ejecuta en otros países, teniendo una injerencia en los asuntos internos de otras naciones por medio de grupos identificados

con posturas ideológicas de derecha y ultra-derecha.

El pasado jueves 30 de abril de 2009, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador anunció que solicitará la extradición de las tres sobrevivientes del bombardeo del 1º de marzo de 2008, enviando a México la solicitud de extradición de Lucía Morett Álvarez, respondiendo esta Corte a los más oscuros intereses de grupos de derecha en Ecuador, quienes obedecen a la política guerrerista de Uribe buscando a toda costa criminalizar a las víctimas y evitar con artimañas que los verdaderos asesinos paguen por sus crímenes.

Grupos de derecha que también han hecho su presencia en México como la organización Mejor Sociedad Mejor Gobierno y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal A.C., quienes han interpuesto una denuncia penal contra nuestros hijos asesinados, Lucía Morett y más de 15 ciudadanos mexicanos acusados falsamente de delincuencia organizada en su modalidad de terrorismo internacional y de apología del delito, colaborando de este modo con la política de intervención del Estado colombiano en otros países, bajo el único fin de continuar con sus crímenes y construir un escudo de impunidad pretendiendo eliminar, descalificar y acallar a quienes tienen las pruebas suficientes para llevar a juicio ante tribunales internacionales a Álvaro Uribe y lograr su condena.

Ante este nuevo intento de Álvaro Uribe y los grupos de derecha que le apoyan en el Ecuador (al margen del gobierno de Rafael Correa) y en México por criminalizar a nuestros hijos, exigimos que el gobierno mexicano actué conforme a derecho y deseche la petición de extradición contra Lucía Morett, asimismo, hacemos un llamado para que el gobierno mexicano asuma la defensa de sus ciudadanos cuando estos fueron víctimas, por lo que debe de iniciar de inmediato una denuncia ante los tribunales correspondientes contra Álvaro Uribe Vélez por asesinato, junto con los mandos que de manera directa e indirecta cometieron delitos en la masacre de Sucumbíos, Ecuador.

Nuestros hijos no cometieron ningún delito, hasta cuando el gobierno de México va a asumir su deber constitucional de defenderlos cuando ellos sufrieron varios delitos y violaciones a sus Derechos Humanos, basta de complicidad por parte del Estado mexicano y exigimos que éste se desista a su vez de toda acción penal contra nuestros hijos y mexicanos, pretendiendo la criminalización de la conciencia, del pensamiento, de la solidaridad y de la movilización social.

Llamamos a estar atentos ante este nuevo intento por castigar a las víctimas y construir un contexto de impunidad para los asesinos y perseguidores de nuestros hijos. Nosotros como Padres y Familiares seguimos tenaces luchando por la memoria de nuestros hijos y por su ejemplo de solidaridad para con Nuestra Gran Patria Latinoamericana.

Reciban un saludo fraterno desde México.



CulturaLos Nadies / Eduardo Galeano

SUEÑAN las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cantaros la buena suerte; pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni

mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba.

Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada.

Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos:

Que no son, aunque sean.

Que no hablan idiomas, sino dialectos.

Que no profesan religiones, sino supersticiones.

Que no hacen arte, sino artesanía.

Que no practican cultura, sino folklore.

Que no son seres humanos, sino recursos humanos.

Que no tienen cara, sino brazos.

Que no tienen nombre, sino número.

Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local.

Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.

Boletín CADA UNO POR LA JUSTICIA No. 9

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