REFORMAS BORBÓNICAS

Para empezar a abordar el proceso borbónico de reformas es necesario previamente hacer una contextualización de ambos lados del Atlántico.

El siglo XVIII encontraba a España en un momento de crisis política y económica absoluta. El gobierno de Carlos II había sido desastroso: la población había disminuido muchísimo y España había perdido sus manufacturas y se dedicaba a exportar productos agrícolas como pago de las manufacturas extranjeras, cubriendo el déficit con embarques de plata colonial. El poder económico se había trasladado a Inglaterra, Francia y Holanda, mientras que España era considerada una ‘economía pasiva’ pese a sus imperios americanos. Sin embargo lo que amenazaba la supervivencia no era esto sino el debilitamiento de la corona (las aristocracias territoriales dominaban los consejos, los ‘tercios’ estaban debilitados, Aragón no tenía el mismo régimen fiscal que Castilla, la recaudación de impuestos y las provisiones militares se arrendaban a particulares, algunos de los cuales extranjeros), mientras que el resto de Europa sustentaba su absolutismo dinástico en un ejército permanente y un control fiscal.

América, sin embargo recibe el siglo XVIII en una situación diferente. La crisis del siglo XVII fue una crisis española. Las minas seguían produciendo plata. El contrabando y la corrupción eran factores que influían, causando una reducción en las importaciones de España que estimulaba la manufactura local y el comercio intercolonial. A fines del siglo XVII y hasta mediados del siglo XVIII se registra un gran crecimiento económico basado en un crecimiento poblacional, productivo y manufacturero en América, causando movimiento poblacional y ocupación de zonas antes no ocupadas. Es decir, esta postración española permitió la emergencia de una economía basada en el intercambio inter-regional, inter-colonial, de alimentos y manufacturas. Esta tendencia a la autosuficiencia económica fue acompañada por una cada vez mayor autonomía política (los nombramientos en las audiencias eran vendidos y gran parte de la administración colonial se encontraba poblada de criollos). Las ventas de cargos se mantienen también durante el período de Felipe V.

Volviendo a Europa, la debilidad del reinado de Carlos II generó que tras su muerte se desate una guerra en la península (la guerra de Sucesión) por la posesión del trono español. Tras esta guerra el tratado de paz firmado en 1713 declaraba la victoria de Felipe V (de la dinastía de los borbones) sobre el reino de España, el archiduque Habsburgo recibe unos reinados (Países Bajos, Milán, Nápoles, etc.), a Portugal se le cede Sacramento e Inglaterra obtiene el Gibraltar y Menorca y el ‘Asiento’, mediante el cual se le otorga un derecho monopolístico de

introducir esclavos africanos en territorio español y el envío de un barco anual de mercadería a América por 30 años.

El ascenso de los Borbones trae consigo el inicio de un proceso de transformaciones fundado en una nueva concepción de la política (como ejercicio de poder sin mediaciones: relación binaria soberano-súbdito) y de la sociedad (entidad homogénea). De hecho, a través del decreto de Nueva Planta, Felipe V logra sentar las bases del modelo absolutista eliminando mediaciones y privilegios (se abolieron los beneficios de algunas provincias, se excluye a la aristocracia de los consejos, se reducen las funciones de los consejos mediante la creación de secretarías de estado, se crean nuevos regimientos armados con armas de fuego y se refuerza el ejército formando un cuerpo de guardias reales y formando oficiales de carrera, y se logra aumentar los ingresos fiscales mediante inspecciones de cuentas, reducción de gastos administrativos y unificación con el reino de Aragón a un sistema común de impuestos).

La nueva administración, compuesta por funcionarios ilustrados, que tenía como gran preocupación el problema del progreso económico, es la que va a llevar adelante el proceso de reformas. Quien va a intentar darle una solución a esto es Jerónimo de Ustariz, quien propone aplicar las medidas proteccionistas que habían aplicado Francia e Inglaterra. En su ‘Teoría y Práctica de comercio y marina’ plantea que “las medidas fiscales pueden hacer o destruir un país” e insistía en que los aranceles debían distinguir siempre entre producto primario y manufacturas, que las manufacturas importadas debían pagar más cargas que las del país, y que debían eliminarse los gravámenes internos. Sostenía que una prudente regulación de tarifas liberaría la energía productiva de la industria española. Además, el ejército y la marina debían comprar o producir sus elementos en el país. Otro ministro, José del Campillo y Cossío buscaba la solución en América. Proponía someter la administración colonial a una inspección y nombrar intendentes encargados de promover la minería y la agricultura. Proponía la distribución de tierras públicas a los indios para insertarlos en la sociedad y eliminar el monopolio del comercio marítimo de Cádiz y el sistema de flotas. Campillo veía en América un mercado potencial para la manufactura Española. De todos modos, la primera etapa, estuvo orientada a introducir reformas político-administrativas fundamentalmente en la península, a especie de prueba de las medidas que más adelante intentarán aplicarse en el territorio colonial. Además, durante este primer período de reformas, la monarquía se convirtió en una gran derrochadora de recursos, lo que también impedía grandes cambios en el imperio. Hasta el momento España solo se dedicaba a proteger el territorio y consolidar las fronteras.

Como dice Halperin Donghi, lo que lleva a España a volver sus ojos al Nuevo Mundo, es la toma de La Habana por los ingleses en 1761, es decir, durante el reinado de Carlos III, que es cuando el proyecto de reformas adquiere mayor impulso. Lo esencial para volver a obtener beneficios de la colonia, era volver a controlar la administración colonial y crear nuevas instituciones de gobierno, recién ahí se podrían introducir las reformas económicas. El primer paso de este programa fue la provisión de una fuerza militar adecuada como salvaguarda contra ataques extranjeros y levantamientos internos, por lo que se establece un ejército en la colonia regulado por un sistema de evaluación y promoción con sueldos fijos. Se intentó también reducir el poder de la Iglesia mediante la expulsión de los jesuitas en 1767, quienes por su influencia en la sociedad colonial eran un factor de riesgo y los concilios eclesiásticos, medidas que ratificaban la victoria obtenida en el concordato de 1753 mediante el cual el papa le cedía al rey, como vicario de cristo, el derecho de nombramiento de los beneficios clericales en España.

Pero sin dudas las medidas de mayor alcance y eficacia fueron las referidas a la administración civil. En 1776 se estableció el virreinato del Rio de la Plata, lo cual renovaba el equilibrio geopolítico americano. Siguiendo el consejo de Campillo se vuelve a la ex utilizada Visita General la cual consistía en un envío de funcionarios para que recorran y releven la situación hispanoamericana. Se cambian la composición de las audiencias (cuyos cargos antes eran vendidos), se amplía el número de cargos y se trata de dar preferencia a peninsulares para que los ocupen. Se establece un sistema de promoción en las audiencias y se crean algunas nuevas como la de Buenos Aires. De este modo se logra la formación de una burocracia judicial que resguarde su independencia respecto de la sociedad colonial. Todas las medidas eran creadas con el fin de eliminar las mediaciones y a establecer un control más directo de la corona sobre sus funcionarios americanos. La introducción de intendentes, de hecho, encargados de recaudar impuestos, dirigir el ejército, la promoción de obras públicas y el fomento general de la economía, es un ejemplo del intento de agilizar el ejercicio del poder mediante una simplificación de la estructura política.

En el plano económico, se intentó primero desbancar las manufacturas extranjeras y el contrabando, para luego desalojar a las corporaciones que buscaban restringir la afluencia de mercancías de la península para salvar sus beneficios monopolísticos. La guerra de los siete años había traído el fin del asiento inglés adquirido en la Paz de Utrecht, por lo que España recobraba el beneficio del monopolio comercial con América. América poseía dos funciones principales otorgadas en el marco de la implementación del sistema mercantilista: por un lado, como proveedora de materias primas para alimentar el proyecto de

manufacturas españolas. Por el otro, como mercado consumidor de manufacturas, en teoría españolas, pero en la práctica, europea bajo la consignación de los comerciantes españoles. Además de las políticas de expansión minera, se buscaba estimular las producciones que pudieran encontrar una colocación ventajosa en el mercado atlántico. Se avanzó en el incremento de la producción de la plata mediante exenciones de impuestos y reducciones en los costes de los materiales del monopolio de mercurio y pólvora. Esta estrategia se complementa con la promulgación en 1778 del “Reglamento de Libre Comercio”, una medida que apunta a conservar el monopolio español pero suprime el sistema de puertos únicos habilitando 14 en la península y 22 en América. El resultado fue una expansión sin precedentes del comercio transatlántico. Además, el libre flujo de navegación entre los principales puertos en ambos lados del Atlántico intensificó la actividad productiva. Sin embargo, las ganancias se fueron al exterior.

Esta revolución administrativa le permitió a la corona crear un estado absolutista basado en un ejército permanente y una burocracia profesional asalariada, la cual le permite recoger una extraordinaria cosecha fiscal consecuencia de la expansión de la actividad económica producida por sus reformas en el comercio y su fomento a las exportaciones coloniales. Si bien muchas de estas medidas quedan a mitad de camino o no tienen el éxito esperado, es en la administración donde se ven los mayores avances y la corona recupera cierta capacidad de control político y fiscal, aunque esto traiga aparejado la enajenación de las elites locales. Sin embargo, las limitaciones del gobierno fueron claras: Aunque efectivamente logró mayor recaudación no logró transformar la economía ni revolucionar las estructuras productivas. Por ende, tampoco logró el desarrollo de la industria manufacturera, sino una simple ampliación cuantitativa.