CANARIAS, PRI/AÍERA CONQUISTA

ULTRAMARINA1

Eduardo Aznar Val lejoU N I V E R S I D A D DE L A L A G U N A ( C A N A R I A S )

a conquista, o mejor, las conquistas del Archipiélago

Canario se enmarcan en el proceso de expansión euro­

pea en la Baja Edad Media. Dicho proceso nació como

respuesta al estancamiento económico experimentado

desde el último tercio del siglo xm y uno de sus princi­

pales rasgos fue el incremento de las actividades terciarias, con la con­

siguiente apertura de nuevos mercados. Este impulso económico se vio

reforzado por la intervención de poderes políticos, que encontraron en

el mismo ocasión de autopromoción. En esta época, no se trata ya de re­

públicas urbanas o de linajes nobiliarios, sino de los llamados "poderes

universales" -Imperio y, sobre todo, Papado- enfrentados con las na­

cientes "monarquías nacionales". La definitiva imposición de éstas su­

puso una consolidación de la idea de Estado y una nueva articulación

económica, marcada por una política "mercantilista" (creación de mo­

nopolios, regulación de mercados, etc.). Las razones económicas y polí­

ticas requirieron una justificación mental y legal, cuya base, en una

sociedad definida como cristiana, sólo podía ser religiosa. Desde esta

perspectiva, la dilatación de la antigua ecumene hizo nacer nuevas cate­

gorías en la contemplación europea del "otro". Frente a los infieles tra­

dicionales (judíos o mahometanos), que tenían conocimiento de la reve­

lación divina y no habían querido aceptarla, se encontraban los "nuevos

infieles", que no habían tenido acceso a la misma. Esta constatación

planteaba la continuidad del enfrentamiento con el infiel o su sustitu­

ción por la aceptación voluntaria del cristianismo y el reconocimiento ini interim de sus modelos de organización.

1 El presente artículo nace de la reflexión sobre una serie de trabajos anteriores, a los que me remito para las referencias documentales. Son ellos: La integración de las Islas Canarias en la Corona de Castilla. 2a ed. Las Palmas de Gran Canaria, 1992; "La colonización de las Islas Canarias en el siglo xv". En la España M edieval V (1986), Madrid; "Estado y colonización en la Baja Edad Media. El caso de Castilla". E n la

España m edieva l XI (1988), Madrid; Pesquisa de Cabitos. Las Palmas de Gran Canaria, 1990; "El encuentro de las culturas prehistóricas con las civilizaciones europeas". X Coloquio de Historia Canario-Americana. Las Palmas de Gran Canaria, 1994. I, 23-73

(En colaboración con Antonio Tejera Gaspar) y Viajes y descubrimientos en la E d ad

M edia. Ed. Síntesis. Madrid, 1994. "La conquista en primera persona. Las fuentes judiciales". X II Coloquio de Historia Canario-Americana. Las Palmas de Gran Canaria

(en prensa).

La respuesta al dilema creó dos grandes escuelas. La primera ejem­

plificada por santo Tomás, distinguía entre ley natural y ley sobre­

natural, afirmando que los infieles no estaban sujetos a la ley cristiana

en aquello que superase a la naturaleza y que la pérdida de gracia por

el pecado no privaba de los derechos reconocidos por el derecho natu­

ral: libertad, gobierno, propiedad... La segunda, capitaneada por su con­

temporáneo Enrique de Susa (Cardenal Ostiense), identificaba derecho

natural y ley revelada , por lo que el incumplimiento de ésta por idola­

tría, poligamia, pecados contra natura, etc., determinaba la consiguiente

sanción, que privaba de los derechos antes mencionados. La última con­

secuencia de esta argumentación fue la atribución de la soberanía de las

tierras de infieles al Papa, como Vicario de Cristo; y la reacción de los

poderes estatales, que, aun admitiendo la causa fidei, como motor de la

expansión, reclamaron la iniciativa y dirección de la misma.

Conviene recordar, sin embargo, que las innovaciones de la Baja

Edad Media no acaban con una larga experiencia de "frontera", aunque

ésta fuera terrestre y no ultramarina. Por ello, algunos de sus mecanis­

mos, como el relativo a la obtención y partición del botín, serán reedita­

dos. De igual modo, las instituciones bajomedievales pervivirán, adap­

tándose, en épocas posteriores. También es preciso indicar que todo el

proceso expansivo no concluyó en "conquistas", dado que parte de sus

fuerzas se dirigieron a la creación de enclaves comerciales y protectora­

dos políticos, aunque el predominio militar es siempre un elemento pre­

sente.

Todos estos elementos tienen aplicación en el caso canario, cuya con­

quista cubre, de diferentes formas, toda la Baja Edad Media.

L a pre-c o n q u is ta

Durante el siglo xiv no existió conquista propiamente dicha, aunque las

islas se vieron sometidas a pillajes y se planteó la titularidad y la legiti­

midad de las mismas. Estos hechos son resultado del "redescubrimien­

to" del archipiélago por los europeos. Inicialmente se trata de una ini­

ciativa de marinos del Mediterráneo (genoveses, florentinos, catalanes y

mallorquíes). Sus navegaciones, impulsadas por el recuerdo de las afor­

tunadas y por el deseo de encontrar la vía africana hacia Asia, permitie­

ron un buen conocimiento del archipiélago, como atestigua la carto­

grafía y las fuentes literarias. Además, permitieron interesar a los euro­

peos en algunos de sus productos, como los esclavos, sangre de drago,

orchilla o cueros; y provocaron los primeros procesos de aculturación,

representados por el asentamiento del genovés Lanzarote Malocello en

la isla a la que dará nombre y de misioneros en Gran Canaria, en torno

al obispado de Telde. Sin embargo, lo que más interesa al tema que esta­

mos tratando fue la pugna sobre la soberanía, es decir la adjudicación

de los derechos de conquista.

El desencadenante de este proceso fue la investidura del Reino de la

Fortuna, efectuada en 1344 por el pontífice Clemente vn en favor de don

Luis de La Cerda. Este hecho conjugaba diversos intereses. En primer

lugar, la pretensión papal de erigirse en administrador de las tierras de

los nuevos infieles -en paralelo a su actuación como dispensador de la

cruzada contra los infieles-. A continuación, los intereses de los marinos

de la Corona de Aragón, pues no en vano la flota debía organizarse en

la misma por acuerdo de D. Luis de La Cerda y del rey Pedro iv, pro­

tector de su familia. Por último, los esfuerzos del linaje de La Cerda en

reconstruir su poder, tras la usurpación de sus derechos dinásticos por

Sancho iv de Castilla.

La iniciativa papal concitó la oposición de diversos reinos. En unos

casos, se debía a la imprecisión de la concesión, ya que las supuestas

Islas de la Fortuna se repartían desordenadamente entre el Mediterrá­

neo y el Atlántico. Ello provocó la reacción, por ejemplo, del monarca

inglés, al considerarse afectado en sus dominios. En otros, se debía a

una razón de mayor calado. Portugal alegó argumentos de carácter ro­

manista: la mayor proximidad geográfica y la prioridad, en alusión a la

expedición de 1341, compuesta por dos navios aprovisionados por el

monarca lusitano y otro más pequeño, equipado por florentinos, caste­

llanos y otros españoles. Alfonso xi de Castilla, por su parte, señaló que

el Norte de Africa formaba parte de la antigua Mauritania Tingitana,

que había pertenecido a la monarquía visigoda, de la que los reyes cas­

tellanos se proclamaban sucesores. Tal argumentación permitía recla­

mar otras zonas, caso de Canarias, dada su proximidad a los Montes

Claros (Atlas) confín de la Mauritania.

Bajo tales argumentos subyacía la concepción de la expansión afri­

cana como una prolongación de la reconquista peninsular, tal como fue

establecido por las coronas de Castilla y Aragón en el Convenio de Soria

de 1291. En él, el río Muluya constituía la frontera de las zonas de con­

quista: hacia occidente para la primera y hacia oriente para la segunda.

Aunque dicho tratado no llegó a tener aplicación efectiva, por haberse

realizado en el momento en que comenzaba la crisis europea, marca el

camino de la evolución posterior. Dentro de esta óptica, los diferentes

estados utilizaron diversos procedimientos, desde los diplomáticos a

los militares, para imponer su soberanía y sólo al final acudirán al Pa­

pado para resolver sus diferencias o sancionar sus acuerdos. La sobera­

nía pasará, por tanto, por una serie de tratados de partición, inspirados

en los que regularon la reconquista.

La no realización del proyecto de D. Luis de La Cerda -a pesar de al­

gunos relatos fantásticos- adormeció la cuestión de la soberanía, aun­

que ambas coronas -y especialmente la castellana- alentaron los viajes

de sus súbditos y, con ellos, la suplantación de los catalano-aragoneses.

Aunque la persistencia de la crisis demográfica europea hacía impensa­

ble un proceso de repoblación, las posibilidades económicas de la zona

eran notables, tanto para los particulares como para los monarcas, que

se beneficiaban de una parte de las presas.

La c o n q u is ta seño rial (los barones franceses)

La situación cambió a comienzos del siglo xv, al iniciarse propiamente

la conquista del Archipiélago. La misma fue emprendida por dos nobles

franceses: Jean de Bethencourt y Gadifer de La Salle, aunque dentro de

la órbita castellana. Esto explica que su viaje no pueda considerarse

como de "descubrimiento", pues desde su salida conocen a dónde se di­

rigen, realizan un viaje casi directo y de limitada duración, y en su ex­

ploración del archipiélago se sirven de referencias cartográficas y litera­

rias. La vinculación con Castilla queda de manifiesto en la autorización

real para la conquista, de la que no queda constancia documental, pero

que es mencionada por la Crónica de Juan n. Además cabe inferirla de

la ausencia de reclamación por parte de los monarcas castellanos, lo que

resulta difícil de explicar desde sus posiciones anteriores y de la presen­

cia en la Corte de Robin de Braquemont, embajador francés y primo del

barón francés. Esta relación se estrechó al año siguiente al conceder el

monarca la exención de "quintos7' sobre las mercancías enviadas desde

las islas, lo que equivalió a la larga a incluir el archipiélago en el marco

fiscal general del Reino.2 Dicha medida fue dictada como ayuda a la

conquista de las islas aún insumisas, lo que prueba el interés de la Co­

rona en la zona, aun a costa de no percibir ciertos ingresos. Todo ello

lleva al pleito homenaje de Juan de Bethencourt al monarca castellano,

realizado en 1412, que aparece así como culminación de unas relaciones

de colaboración y como salvaguarda de una empresa desarrollada en

zona reservada a Castilla.

En este ambiente se produjo la primera conquista de Canarias que

afectó a tres islas: Lanzarote, Fuerteventura y El hiuiro.

El asentamiento francés se produjo en junio de 1402 mediante pacto,

tal como lo habían hecho con anterioridad Lanzarote Malocello y Mar­

tín Ruiz de Avendaño en Lanzarote y los mallorquíes en Gran Canaria.

Conocemos el concertado en Lanzarote, aunque es posible que existiese

otro en El Hierro, anulado por la felonía de Bethencourt. La génesis del

acuerdo hay que buscarla en la relación de fuerzas entre franceses e in­

dígenas. Ésta no permitía una imposición militar pura y simple por

parte de los europeos, pues la superioridad de su armamento se veía

matizada por la imposibilidad climática y orogràfica de combatir me­

diante cargas de caballería pesada y por el mejor conocimiento del te­

rreno por parte de sus adversarios. Le Canarien, crónica francesa de la

conquista, refleja esta situación al juzgar posible la conquista porque

"la gente está sin armaduras y sin conocimiento de batallas y son gentes

sin armas de tiro", aunque reconoce la dificultad de "no estar tan bien

armados como si fuera en nuestras regiones, en razón del país, que es

un poco más caluroso". Los naturales, por su parte, podían desaparecer

de la vista de los franceses y atacarles por sorpresa pero no podían desa­

lojarlos de sus posiciones fortificadas. Por ello, la conquista se traducirá

2 El derecho de "quinto" suponía una quinta parte de los bienes sin dueño -en este caso el botín-, atribuida al Estado desde época romana y luego asumido por la

legislación islámica y la de los reinos hispanocristianos.

en una serie de escaramuzas, en la que no faltan momentos muy apu­

rados por ambas partes, y en una serie de negociaciones políticas. En

ésta, los franceses intentan imponer su primacía como "protectores" de

los indígenas y éstos reclaman la suya como "anfitriones" de los extran­

jeros, además de utilizarla como elemento de prestigio en el contexto de

su organización segmentaria.

El pacto estableció una colaboración entre las partes "como amigos

y no como sujetos". En su génesis no medió la violencia, hecho que To-

rriani, ingeniero de Felipe II, atribuye al cambio de la actitud belicosa de

los aborígenes, logrado por los "lenguas" (intérpretes) de la expedición.

Aunque Le Canarien silencia su actuación, la misma parece lógica. Pri­

mero para convencer a los "majos" (habitantes de la isla) de que acudie­

sen a la cita, ya que éstos podían haber continuado ocultos como hasta

entonces. Segundo, para mostrarles lo ventajoso o lo inevitable de la

alianza con los europeos, que suponía la instalación de 63 hombres de

guerra. Ignoramos si la elección del lugar de encuentro se debió a

razones rituales o de seguridad de las partes, aunque la cita muestra

que se trataba de un lugar diferente al de la primera entrevista y que

ambas partes concordaron su elección. El acuerdo suponía el compro­

miso de los normandos de defender a los majos, a cambio de facilidades

para su instalación. El lugar elegido para ello, en San Marcial del Rubi-

cón, parece indicar por su lejanía de los principales asentamientos abo­

rígenes, la búsqueda del mantenimiento de los respectivos sistemas de

organización y la existencia, por tanto, de relaciones episódicas. En

cualquier caso, el pacto parecía estable y de interés para las partes, como

prueba el hecho que los franceses se aprestasen a la conquista de Fuer-

teventura, dejando una pequeña guarnición en Lanzarote.

Sin embargo el acuerdo fue efímero, ya que en la primera ocasión en

que los majos solicitaron protección frente a los depredadores castella­

nos, Bertín de Berneval -lugarteniente de Bethencourt- aprovechó para

traicionar a los "protegidos". A partir de entonces, la alianza quedó rota

y fue sustituida por una agria guerra que dio paso a nuevas formas de

relación política. La primera fue el apoyo francés al aborigen Afche para

que se proclamase "rey", a cambio de que hiciera bautizar a sus partida­

rios. Fracasado este proyecto de interferencia política, se acudió a atraer

a parte de la población bautizada e instalada en San Marcial del Rubi-

cón. La conquista de Lanzarote se dio por terminada en abril de 1404,

con la sumisión y bautismo del "rey" Guadarfía.

La conquista de Fuerteventura se aceleró tras la conclusión de la de

Lanzarote. Hasta entonces, se había reducido a una infructuosa perse­

cución por parte de los franceses que no conseguían "alcanzar" a los

nativos. La construcción de dos torres (Val Tarajal y Rico-Roque) por

los europeos, marca la consolidación de la pugna entre los conquistado­

res y el punto de no retorno en la conquista. La reacción de los aboríge­

nes fue violenta, hasta el punto de obligar al abandono temporal de la

fortaleza de Rico-Roque, pero breve. A comienzos de 1405 los dos "re­

yes" de la isla (Guize del bando de Maxorata y Ayoze del de Jandía) se

entregaron, poniendo fin a la resistencia. Ese mismo año Bethencourt

conquistó la isla de El Hierro, mediante la captura con engaños de su

"rey" y de la mayor parte de sus guerreros.

La c o n q u ista señ o r ia l ii (los señores a n d alu c es )

La titularidad del señorío y por tanto los derechos de conquista, pasa­

ron a finales de 1418 a diversos linajes andaluces. Las razones de este

cambio hay que buscarlas en las dificultades que sufrían los Bethen­

court. Las mismas comenzaban por el propio Juan de Bethencourt, en­

frentado a graves necesidades económicas, y [a una] precaria situación

política por los avatares de la Guerra de los Cien Años. No debemos ol­

vidar, sin embargo, la inestabilidad de la situación en las islas tras la

marcha del señor francés. La pervivencia de las "armadas" de saqueo

castellanas y el carácter de extranjero de su lugarteniente, su sobrino

Maciot de Bethencourt, aconsejaban contar con la "tutela" de un pode­

roso de la vida política castellana. Dicha "tutela" se tradujo, en la prác­

tica, en un traspaso del señorío.

La clarificación y unificación de la titularidad del señorío, operada a

mediados de 1445 en favor de Hernán Peraza, permitió la reanudación

de los esfuerzos conquistadores. Los mismos tuvieron un alcance limi­

tado, dados los escasos recursos señoriales reflejados en las característi­

cas de su ejército: pequeño y en buena medida constituido por forzados.

Esto hacía que los títulos de conquista no pudiesen ejercerse en pleni­

tud, aunque constituyesen uno de los principales ingresos de sus deten­

tadores: el monopolio de las relaciones con las islas insumisas y de las

rentas que generaban. El resultado de las mismas puede estructurarse

en tres planos: choques violentos, relaciones pacíficas y superposición

de estructuras políticas.

La finalidad de las "armadas" contra las islas insumisas era, a pesar

de que se titulasen de conquista, la obtención de botín. El desarrollo de

tal actividad era harto provechosa y generaba un amplio movimiento en

tomo a la misma que afectaba, en primer lugar, a los participantes direc­

tos. Este interés se hacía extensivo a quienes se encontraban de forma

ocasional en las islas, que por esta vía incrementaban los beneficios de

sus viajes al archipiélago. Buena prueba de ello es la cita, en diversos pa­

sajes de la Pesquisa de Cabitos, a la muerte de mercaderes de Sevilla y

de otras localidades en la conquista de Gran Canaria. En ambos casos,

la participación en el botín dependía de los medios aportados en la em­

presa, de acuerdo con las normas que regían las cabalgadas. La contri­

bución de navios suponía una retribución extra, independiente de los

fletes que pudieran ganarse con los mismos. Por estas razones, el recur­

so al crédito eran frecuente, aumentando así la capitalización de estas

empresas y el número de participantes en las mismas. Entre éstos desta­

caban los señores, que sumaban a los ingresos por aportaciones direc­

tas, los obtenidos en calidad de "quintos". El rendimiento económico de

los mismos era elevado y generaba una organización comercial cuyo

centro estaba en Sevilla. Allí existían arrendadores del quinto señorial,

lo que supone una práctica regular de tales expediciones armadas.

Las épocas de confrontación se alternaban con otras de relación pa­

cífica basadas en el comercio y en la evangelización, cuya duración

podía ser bastante extensa. El corolario de tales relaciones era el estable­

cimiento de pactos, que les otorgaban estabilidad y seguridad. En cuan­

to a su alcance, podemos distinguir dos ámbitos bien distintos: La Go­

mera y el resto de islas por conquistar.

En la primera isla, los acuerdos supusieron la incorporación de la

misma sin conquista militar. Tal empresa se basó en la imposición de

una soberanía política, cimentada en el apoyo de los bandos insulares y

en la construcción de una torre presta a recibir los refuerzos del exterior,

como pasó tras la revuelta de 1488.

Las informaciones de la Pesquisa de Cabitos permiten deducir que

el apoyo de los grupos insulares fue paulatino, pero que llegó a ser total.

Ahora bien, dicho apoyo se mostró inestable debido a la pugna dentro

del mundo aborigen, a las interferencias políticas de los portugueses y

a la presión señorial. El acuerdo político no excluyó el enfrentamiento

armado, como queda de manifiesto en la citada Pesquisa. La misma re­

coge que Fernán Peraza hubo de enfrentarse a una revuelta "porque él

mostraba más favor a un capitán de los canarios de ella, porque él fue

el primero que vino a su obediencia" y que consiguió dominarla "medi­

ante la guerra que dicho capitán y los hombres de Peraza que con él es­

taban hicieron a los restantes bandos". Las principales consecuencias

del pacto fueron: pervivencia de una compacta población aborigen, al

menos hasta las esclavizaciones de 1477 y sobre todo de 1488; y carácter

progresivo del proceso de aculturación, visible en las denuncias sobre la

conducta de los gomeros, que no se bautizaban, usaban nombres gen­

tiles, vivían desnudos y tenían ocho o diez mujeres.

Con el tiempo no subsistieron los pactos múltiples, sino que al co­

mienzo del mandato de cada señor se efectuaban de forma conjunta. La

formalización del pacto era doble: "besamanos" en reconocimiento de

señorío, al modo europeo y otro de "colactación", según la tradición

aborigen. La ruptura del acuerdo suele achacarse al llamado "episodio

de Iballa", en el que los amores del señor por la joven gomera rompe­

rían su hermanamiento con el bando de Ipalán. Sin embargo, es preciso

mencionar otras causas de fricción entre los gomeros y su señor. En pri­

mer lugar, el aumento de la presión señorial, común al conjunto del ar­

chipiélago. Este trasfondo económico es visible, en el caso de La Gome­

ra, en diversas ocasiones. En 1478, en la solicitud de ayuda de Fernán

Peraza, éste acusa a sus vasallos de "querer sustraerse de su señorío, no

pagando las rentas y derechos debidos"; y en 1484, en la comunicación

de la transmisión del señorío de La Gomera, se requiere a los habitan­

tes de la isla para que obedezcan a Fernán Peraza y acudan a él "con los

pechos y derechos que le corresponden como señor", la represión, gene­

rada por la resistencia a aceptar tales exigencias, vino a crear nuevas

causas de descontento. No en vano, los esclavizados de 1477 recobraron

tarde y mal su libertad, debiendo permanecer en Gran Canaria durante

largo tiempo, y lo mismo sucedió con los culpados en la muerte del ca­

pitán Rejón, obligados a servir en la conquista de Gran Canaria junto a

su señor y que permanecieron en ella después de que éste la abando­

nase. Otras pruebas de carácter general de la queja contra el señor las

encontramos en el castigo que siguió a su muerte, que afectó de forma

distinta, pero global, al conjunto de la población insular; y en la petición

de Hupalupa, jefe del cantón aliado de Orone, para que el señor tratase

bien a sus vasallos. A este conjunto de afrentas, vendría a superponerse

el trato a las mujeres, que se convertiría en símbolo de la revuelta. En

cualquier caso, la muerte del señor fue interpretada por los gomeros

como ruptura del pacto de colactación que les unía a él, por lo que se

consideraron libres de toda vinculación política.

Los señores intentaron prolongar esta política de alianzas en otras

islas. Para ello se renovó la construcción de fortalezas, que servían de

base para intercambios comerciales y sustento de cierto influjo político.

Así nacieron las torres de Gando, en Gran Canaria, y de Añazo en Tene­

rife. Paradójicamente, no conocemos un intento similar en La Palma,

más exigua y menos poblada; aunque el descalabro sufrido por Guillén

Peraza en la misma, podría haber aconsejado una postergación del in­

tento. El papel político de dichas torres se vio reforzado por actos so­

lemnes de posesión. Sin embargo, las resistencias encontradas -fruto de

la mayor riqueza de estas islas- y la presión de la Corona harían invia-

ble un proyecto a largo plazo, similar al desarrollado en La Gomera.

Tales intentos hubieron de hacer frente, además, a la competencia tem­

poral de los portugueses, cuya principal consecuencia fue la ocupación

por Diego de Silva de la Torre de Gando. Ésta hubo de ser recupera­

da por los señores mediante la boda de su hija con el capitán portugués,

a fin de compensar los dos mil enriques solicitados como rescate.

En el caso de Gran Canaria los pactos fueron múltiples, aunque el

desarrollo de los mismos resulta confuso. El primero se realizó en 1461

en el puerto de Las Isletas y consistió en un besamanos por parte de los

"guanartemes" (jefes tribales) de Telde y Gáldar, lo que a los ojos de los

europeos equivalía a la toma de posesión de la isla. Sin embargo, el

alcance del mismo fue muy restringido, limitándose a un "seguro" para

realizar transacciones comerciales. Así queda de manifiesto en la adver­

tencia de los naturales a los expedicionarios del año siguiente, en la que

señalaron "mirasen lo que hacían, no entrasen con armas, que ellos esta­

ban prestos a darles lo que hubieren menester". Esto provocó el regreso

a Lanzarote del obispo y del gobernador de las islas. Y otro tanto suce­

dió en 1464, cuando el obispo y el señor hubieron de desistir de un in­

tento similar.

Entre esta fecha y la llegada del capitán portugués Diego de Silva

debió levantarse la fortaleza de Gando. En cualquier caso, su construc­

ción es anterior a 1468, ya que consta que en ella celebró misa el obispo

López de Illescas. En la versión recogida por Abreu Galindo, la misma

fue fruto de un nuevo pacto, concertado con los dos "guanartemes" de

la isla. El mismo fue asegurado con la entrega de rehenes y el intercam­

bio de prisioneros. Además, el señor recibiría la orchilla (liquen tin­

tóreo) de la isla, como reconocimiento de señorío. El alcance del pacto

parece restringido, pues se limitaba al uso de la torre como depósito co­

mercial y "casa de oración". A pesar de ello, los europeos la concibieron

como base de una penetración más amplia. Por ello, su alcaide Pedro

Chemida, "quedó avisado que, no obstante, los conciertos, si se ofrecie­

se no dejase de aprovecharse de ellos, haciendo cuanto pudiese para

atraerlos a su voluntad, no obstante la paz y concierto asentado". Y éste,

buscaba las ocasiones para llevarlo a efecto, haciéndoles muchos daños.

Tales agravios, ejemplificados en el rapto de mujeres y su falta de reme­

dio, provocaron la guerra entre las partes y la destrucción de la torre.

El historiador del siglo xvn, Abreu Galindo, recoge un tercer mo­

mento de paces concertadas en enero de 1476, con el retorno de Pedro

Chemida a Lanzarote, acompañado de "diez canarios nombrados por

todos los pueblos" para besar las manos de los señores y devolver los

rehenes y cautivos. Este episodio se contradice con el testamento de

doña Inés Peraza, que consigna una manda para rescatar a los rehenes,

con la Pesquisa de Cabitos, que ignora este hecho a pesar de desarrollar­

se a un año vista del mismo, y con la ausencia de paces en el momento

de iniciarse la conquista efectiva de Gran Canaria, en 1478.

Las crónicas de la conquista dan una visión distinta y más simple de

los proyectos de acuerdo. Registran un doble intento sobre los gua-

nartematos grancanarios: el de Diego de Silva sobre Gáldar, con final fe­

liz pero infructuoso, y el del propio Diego de Herrera contra Telde, con­

cluido en paces. Éstas se tradujeron en la entrega de 30 rehenes y en la

construcción de la torre de Gando. Esta precisión lleva a considerar

como no coetáneos ambos hechos, pues ya hemos señalado que Diego

de Herrera hubo de recuperar la fortaleza de Gando ocupada por Silva.

En esta versión el rescate de 113 rehenes y cautivos se hizo por la "prin­

cesa" Tenesoya, sobrina del guanarteme de Gáldar, y otras dos mujeres.

Tal rescate no puede referirse a los rehenes dados en Gando por la razón

antedicha.

La Pesquisa de Cabitos ofrece algunas precisiones sobre este punto.

La más importante es la construcción de una segunda torre dentro de la

población de Telde. La misma fue construida por Diego de Silva, al ser­

vicio de su suegro, lo que induce a datarla en los últimos años de la dé­

cada de los sesenta o en los primeros de los setenta. Como la de Gando,

fue destruida por los naturales en torno a 1475.

El pacto de Tenerife es conocido documentalmente. Se trata de un

besamanos y de un acta de posesión en toda regla que seguramente iría

acompañado de un rito de colactación. Ahora bien, su alcance real dista

mucho de estas solemnidades documentales y se asemeja al acta de 1461

de Gran Canaria. Tras la teórica delegación de la jurisdicción señorial a

los nueve "menceyes" (jefes tribales), el acuerdo se limitó al asenta­

miento de "paces" para intercambios comerciales garantizados por la

entrega de rehenes. Como ayuda a la realización de transacciones mer­

cantiles se autorizó la construcción de la torre de Añazo, reducto mili­

tar, "casa de oración" y almacén comercial. En este caso las relaciones

parece que fueron más estables, pues duraron unos seis años. A pesar de

ello, terminaron en ruptura que un testigo de la Pesquisa de Cabitos

achaca a la muerte de Fernando Chemira, enviado como "lengua" a uno

de los menceyes. Suponemos que la razón de dicha muerte y de la rup­

tura del pacto fue el incumplimiento de los términos del acuerdo. El

resultado fue la destrucción de la torre y de los ganados que los cris­

tianos tenían en la isla.

L a c o n q u is ta realeng a

La llamada época realenga tiene su punto de partida en 1475, momento

en que la revuelta antiseñorial en la isla de Lanzarote y el inicio de la

guerra luso-castellana dieron pie a la intervención directa de la monar­

quía. El primer paso en esta dirección fue la pesquisa encomendada a

Esteban Pérez de Cabitos, cuyo contenido fue examinado por una comi­

sión de juristas con vistas a fijar la titularidad del señorío y el derecho

de conquista. En ambos extremos el resultado fue favorable a los seño­

res, aunque se reconoció el derecho de los monarcas a ocuparse de la

conquista mediante una compensación económica. Esta fue la vía elegi­

da, para cuyo cumplimiento se celebró una capitulación con los señores.

En virtud de ella, los monarcas compensaron a los señores por los gas­

tos realizados mediante el quinto sobre las "presas" en Tenerife y La

Palma, aunque pagando la veintena, y adquirieron su derecho de con­

quista por cinco cuentos de maravedís.

La intervención del Estado se vio favorecida por el coste creciente

del gasto militar para la conquista, ya que la monarquía superaba a los

señores en disponibilidades humanas y presupuestarias. En el primer

aspecto, los reyes contaban con el concurso de tropas de la Santa Her­

mandad, núcleo armado de carácter permanente; con los contingentes

proporcionados por ciudades y villas de realengo, y con grupos de "ho-

micianos" que redimían penas judiciales mediante un servicio armado.

En el aspecto económico la Corona disponía, aparte de sus recursos pro­

pios, de los bienes procedentes de confiscaciones -es el caso del pago de

fletes para la conquista de Gran Canaria mediante casas incautadas por

la Inquisición de Sevilla- y de los fondos de la Bula de Canaria, transfor­

mada de instrumento para "conversión" en útil para la "conquista

evangelizadora". A su amparo, los particulares encargados de la con­

quista, mediante capitulación con ella, pudieron acudir a la financiación

de compañías mercantiles internacionales.

Este hecho incidió en la formación y en las operaciones del ejército.

Mientras que las tropas señoriales eran pequeñas y formadas por vasa­

llos, las reales eran más numerosas y con un alto porcentaje de merce­

narios, pagados en tierras, dinero u otros bienes. La guerra pasó de

realizarse mediante pequeñas operaciones y con fuerte apoyo en posi­

ciones fortificadas, a hacerlo mediante campañas semipermanentes y de

mayor movilidad. Ello no significó, sin embargo, la desaparición de las

dificultades, debidas a la mejor adaptación de los aborígenes al medio

natural y a la ausencia de medios plenamente resolutivos, como hubiera

podido ser el empleo generalizado de armas de fuego.

Los primeros encargados de la conquista de Gran Canaria fueron

don Juan de Frías, obispo del Rubicon, y los capitanes don Juan Ber­

mudez, deán de dicho obispado y Juan de Rejón, criado de la reina. En

la capitulación que firmaron en 1478 con los comisarios reales, el obis­

po obtenía la orchilla de las islas, mientras durase la conquista, y la

promesa de abonarle los 720 000 maravedís obtenidos como anticipo

de la Bula de Canaria. Los reyes, por su parte, se obligaban a aportar 20

lanzas de la Hermandad. Las disensiones surgidas entre los capitanes

obligaron a nombrar un gobernador con poderes para actuar civil y

criminalmente contra los responsables, cargo que recayó en Pedro de

Algaba. Su actuación costó la vida a Juan Rejón y no resolvió los an­

tagonismos, por lo que fue sustituido por Pedro de Vera, nuevo capitán

y gobernador. Al mismo tiempo se procedió a asentar otra capitulación

para proseguir las operaciones militares. Los titulares en esta ocasión

fueron: Alonso de Quintanilla, contador mayor, y Pedro Fernández

Cabrón, capitán de la mar. Su aportación era de 300 000 y 600 000 ma­

ravedíes respectivamente, a cambio de lo cual quedaban exentos de

pagar los quintos tanto reales como del almirante durante diez años.

Pedro de Vera fue invitado a participar en este convenio con la canti­

dad correspondiente a Pedro Fernández, constando su posterior

aceptación.

Esto consiguió dar un impulso decisivo a la conquista que hasta en­

tonces se había limitado a operaciones de desgaste: talas, saqueos, pre­

sas. A mediados de 1481, Pedro de Vera consiguió la sumisión del bando

de Telde, a muchos de cuyos integrantes desterró o esclavizó, a pesar de

ser cristianos. En agosto de dicho año moría el principal caudillo de la

resistencia, Doramas, y en noviembre el guanarteme de Telde era pre­

sentado a los Reyes Católicos, en Calatayud. En 1482 se abrió un segun­

do frente en el lado opuesto de la isla mediante la construcción de la

torre de Agaete, convertida en cabeza de puente dentro del bando de

Gáldar. Esta iniciativa permitió la captura del guanarteme de Gáldar.

Gracias a la colaboración de éste, Fernando Guanarteme, la paz llegó

pronto aunque algunos grupos opusieron dura resistencia en la Sierra

de Tejeda en torno al Roque Bentaiga, y en la cordillera que rodea al

valle de Tirajana. Aquí, en el Roque de Ansite, se desarrolló el acto final

de la conquista con la capitulación del 29 de abril de 1483.

La conquista de La Palma y Tenerife también se realizó mediante

capitulación, con la particularidad de que su único firmante, Alonso

Fernández de Lugo, era al mismo tiempo jefe militar de las expediciones

y futuro gobernador de las islas a conquistar. En el caso de la de La Pal­

ma, primera en celebrarse, los beneficios económicos ofrecidos eran la

totalidad de los quintos reales en dicha isla y la mitad de los percibidos

en Tenerife y Berbería, más un premio de 700 000 maravedís. Al carecer

de medios económicos para financiar la empresa, Alonso Fernández

de Lugo formó compañía con Juanoto Berardi, florentino, y Francisco de

Riberol, genovés, a fin de repartir con ellos gastos y beneficios.

La conquista fue extremadamente rápida, ya que el desembarco se

produjo el 29 de septiembre de 1492, junto a Tazacorte, y la resistencia

de los "bandos de guerra", en la Caldera de Taburiente, fue vencida en

mayo de 1493 atrayendo a una emboscada al caudillo Tanausú. A con­

tinuación, Alonso Fernández de Lugo fundó Santa Cruz de La Palma y

aprovechó algunas pequeñas resistencias para esclavizar a buena parte

de la población, incluida la de los "bandos de paces".

Ignoramos las condiciones precisas de la capitulación para la con­

quista de Tenerife, por no haberse conservado el texto de la misma. De

lo que podemos colegir a través de otras fuentes, las novedades respec­

to a la de La Palma fueron el compromiso de la Corona de transportar

las tropas y bastimentos y la no concesión de los quintos reales sobre las

presas. Por contra, existieron otros puntos que eran comunes a las ante­

riores conquistas, como la exención de derechos sobre los abasteci­

mientos enviados a los combatientes. Al igual que en el caso anterior,

Alonso Fernández de Lugo hubo de acudir a la realización de concier­

tos con mercaderes para obtener los recursos necesarios. Los miembros

de la nueva compañía comercial fueron Nicolás Angelate, Guillermo

Blanco, Francisco Palomar y Mateo Viña. A su aportación económica

hay que sumar la del duque de Medina Sidonia, que al parecer actuó a

petición de la citada compañía.

La ocupación de Tenerife resultó mucho más ardua. En mayo de

1494 se produjo el primer desembarco en el bando de Anaga, uno de los

de "paces". El avance de los conquistadores hacia el "menceyato" de

Taoro, cabeza de los "bandos de guerra", terminó en desastre, cerca de la

actual población de "La Mantanza de Acentejo". Esto obligó a una reti-

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rada hacia Gran Canaria y a la postergación de un nuevo intento hasta

noviembre de 1495. En esta ocasión, los "guanches" presentaron batalla

en campo abierto, a la entrada de la vega de Agüere, sufriendo una de­

rrota. Los castellanos pudieron de este modo avanzar por la vertiente

norte de la isla y el 25 de diciembre obtuvieron un nuevo éxito: la "Vic­

toria de Acentejo". A pesar de ello, no prosiguieron su avance, retirán­

dose al campamento de Añazo para invernar. Las operaciones se rea­

nudaron con el buen tiempo y concluyeron en mayo de 1496, cuando

Fernández de Lugo alcanzó el valle de La Orotava, en el bando de Tao-

ro. La tradición quiere que la rendición de los menceyes ocurriera el 29

de septiembre, pero es evidente que la paz había llegado meses antes,

puesto que varios "menceyes" tinerfeños prestaron pleitesía a los Reyes

Católicos en Almazán, seguramente durante el mes de junio. Las vio­

lencias del conquistador contra los aborígenes, incluidos los de "paces",

produjeron revueltas de pequeños grupos refugiados en las montañas.

Contra ellos se combatió hasta 1499.

La conquista realenga también utilizó mecanismos de acuerdo, aun­

que su naturaleza y fines fueron diferentes. En Gran Canaria no puede

hablarse de auténtico pacto. Los conquistadores se limitaron a ofrecer

un trato diferente a quienes se entregasen, consistente en respetar su li­

bertad y bienes a cambio de su bautismo y sometimiento. La larga re­

sistencia de la isla hizo, sin embargo, que el grupo beneficiario de esta

medida fuese desterrado de la misma, lo que enconó aún más la deci­

sión de los refractarios al sometimiento. Dicha medida contó con apoyo

real hasta 1500.

En La Palma y Tenerife el acuerdo fue previo a la conquista y fue

concebido como un medio para favorecerla. En este sentido, en 1488 se

concedió poder real al custodio franciscano de Sevilla para convertir a

los habitantes de ambas islas, ordenándose a las autoridades civiles que

respetasen los seguros otorgados por su comisario.

En el caso de La Palma, hasta hace poco se ligaba la aparición de los

bandos de paces a la mediación de la nativa Francisca Gazmira como

enviada del gobernador Maldonado. Nueva documentación ha venido

a evidenciar una actuación anterior de Juan Mayor, representante del

gobernador Pedro de Vera. Esta circunstancia matiza el papel que ini­

cialmente jugó Francisca Gazmira, sin que ello equivalga a una nega­

ción absoluta. Su parecer en dicho documento sobre la transgresión de

los límites, la hace conocedora del acuerdo, probablemente en calidad

de "lengua" (intérprete). Su intervención posterior debió ser decisiva en

la consolidación de las paces, lo que explica la posición que tradicional­

mente se le ha otorgado. En su reclamación de 1495 contra Alonso Fer­

nández de Lugo es presentada como la artífice de las paces con dos

bandos, sin duda los mismos de Gazmira e Izán del documento ante­

rior. Dicho acuerdo se plasmó posteriormente en un documento, hoy

desconocido, que regulaba los derechos y deberes de las partes. El mis­

mo fue suscrito por Alonso Fernández de Lugo, ignorándose si en ese

momento incorporaba a más bandos, aunque sabemos que no alcanzó

al conjunto de los mismos. Sabemos que los grupos coligados acataron

la soberanía castellana, colaboraron con el conquistador, se convirtieron

unos y se casaron con sus mujeres según la Iglesia otros y entregaron

rehenes. Como en otras ocasiones, hemos de suponer que tal práctica

fue realizada por ambas partes, pero no tenemos constancia de ello. A

pesar del acuerdo, Fernández de Lugo vendió a los rehenes, cautivó

a los bandos de paz y detuvo a Francisca Gazmira para que no se queja­

se a la Corte.

En Tenerife las paces presentan mayor intervalo con el inicio de la

conquista. El incumplimiento del pacto fue una repetición de lo aconte­

cido en La Palma. Y lo mismo cabe decir de los argumentos esgrimidos

por los aliados para probar su lealtad: acogida y sostenimiento del con­

quistador, conversión al cristianismo.

La conquista anuló la situación anterior, concebida como una etapa

transitoria o un mal menor. Tanto es así, que la distinción entre bandos

de paces y de guerra quedó difuminada. Los actos solemnes de capitu­

lación tuvieron carácter global para cada una de las islas. En Gran Ca­

naria este acto revistió la forma de "entrega de la isla", personificada en

la hija del guanarteme de Gáldar, "señor de la tierra e isla". Tal ceremo­

nia venía a revalidar el carácter unitario de la isla y el papel hegemóni-

co de Gáldar. No en vano, al recibir Femando Guanarteme los poderes

de su tío, se consigna: "la cual [hija] y el gobierno de la isla encomendó

a un su sobrino". También los castellanos lo entendieron así, por lo que

el alférez mayor "alzó el pendón por sus altezas en los lugares princi­

pales de la dicha isla". Los términos de la capitulación sólo son conoci­

dos de forma fragmentaria. En síntesis, establecían la libertad y el man­

tenimiento de los bienes de los naturales. En palabras del cronista

Valera 'Vinieron a partido que fuesen seguros de la vida y se fuesen en

Castilla, lo cual se asentó"; lo que el también cronista Sedeño resume en

que "serían francos y libres". Tales términos venían a consagrar lo con­

cedido a Fernando Guanarteme por el Rey Católico: "libertad y buen

tratamiento". Además, el gobernador Pedro de Vera "aceptó y prometió

dar a la reina de Gran Canaria en guarda a cristiano que fuese noble y

la tratase bien".

La incorporación de Tenerife se produjo mediante la capitulación de

Los Realejos. El relato de este hecho es muy confuso. Lo que podemos

inferir de la crónica de la conquista y de las deposiciones en la Residen­

cia a Alonso Fernández de Lugo, es un proceso gradual de acatamiento

y una celebración oficial de conclusión. Respecto al primer punto la se­

cuencia recogida es como sigue: acatamiento de cuatro bandos; recado

al mencey de Güimar, que "vino a visitar a don Alonso Fernández de

Lugo y declaróse por vasallo del rey de España", y sometimiento de los

cuatro bandos restantes. En cuanto al colofón oficial, la entrega de Tene­

rife se celebró mediante el alzamiento de pendones, saliendo a conti­

nuación "el general Lugo a tomar posesión por toda la isla". Concluidas

estas ceremonias, se organizó el viaje de los menceyes a la Corte para

rendir pleitesía a los Reyes católicos. Las condiciones de la entrega fue­

ron similares a las de Gran Canaria: "obediencia y ser cristianos" a cam­

bio de "no ser esclavos", a lo que el historiador del siglo xvn, Marín y

Cubas, añade "ni sacarlos fuera de la isla".

Para La Palma no poseemos detalles significativos del proceso, aun­

que hemos de imaginarlo idéntico al de las otras dos islas. Por ello, el

envío de Tanausú y otros cautivos a la Corte tendría el mismo sentido

que el viaje de los menceyes tinerfeños.

Ahora bien, cumplidas las tres premisas del programa de integra­

ción (la primera, paz; la segunda, que recibiesen la ley de Gracia; la úl­

tima obediencia y sujeción al rey de España), podría haberse planteado

el mantenimiento de instituciones preexistentes para "encuadrar" a la

población, pero esto no fue así. Tal vez la razón haya que buscarla en

la ausencia de estructuras centralizadas (salvo en Gran Canaria, y des­

organizadas ahora para asegurar la conquista), que controlasen la pro­

ducción de excedentes y garantizasen el pago de impuestos, como suce­

dería en algunos lugares de América. Es cierto que los jefes tribales y sus

familiares recibieron un trato honorífico, visible en el título de "don";

mantuvieron cierta ascendencia en el grupo familiar, como atestigua la

autorización de instalación en Gran Canaria de Fernando de Guanarte-

me y "cuarenta allegados"; y se les reconoció inicialmente un limitado

papel político, como podemos ver en la intervención de don Pedro de

Adeje en la reducción de los "alzados" en el bando en que había sido

mencey. Pero estos privilegios no forman parte de un plan de integra­

ción jerarquizado. La ascendencia que pudieron lograr, gracias a la con­

servación o aumento de sus bienes y a los enlaces matrimoniales con la

nueva aristocracia, se articuló dentro del nuevo orden social.

L as co nsecuencias de la c o n q u ista

El reconocimiento de derechos colectivos en favor de los aborígenes

sólo se produjo en las etapas de "precolonización", de acuerdo con los

pactos concertados, ya que la conquista supuso el establecimiento de

una estructura política unificada. En ella, el reconocimiento de derechos

personales afectaba, básicamente, a la libertad y al disfrute de los pro­

pios bienes. La situación de los mismos resulta difícil de precisar a falta

de formulaciones doctrinales concretas.

Dicha imprecisión es especialmente notable en la época señorial.

Durante la conquista, la situación dependió teóricamente de la existen­

cia o no de hostilidades. En Lanzarote, por ejemplo, asistimos a un trato

diferente antes y después del inicio de las operaciones militares. En el

primer caso, Gadifer ordenó liberar a los prisioneros "al no hallarlos

culpables de la muerte de sus hombres". En el segundo, mandó cap­

turar al mayor número de gente para venderlos a cambio de víveres y

al no poderlo hacer optó por matar a los hombres de defensa, cosa que

comenzó a ejecutar, y conservar a las mujeres y niños haciéndolos bau­

tizar. En este caso el pasaje está referido a los enemigos de los franceses,

no a sus aliados, que en ese momento estaban siendo bautizados. Las

referencias a Fuerteventura y El Hierro nos informan de la existencia de

prisioneros durante las hostilidades, cuya situación parece diferente a la

___

de los esclavos. Así en el caso de El Hierro, en el que Bethencourt guar­

dó para sí 31 de las 111 personas cautivas, mientras que las otras "fueron

repartidas como botín" y algunos fueron vendidos como esclavos. Este

matiz y el hecho de que los prisioneros de Fuerteventura estuviesen

"repartidos para hacer algunos trabajos, como de guardar ganado u

otras cosas que se le habían encargado", parecen indicar una situación

de dependencia no tan rigurosa como la esclavitud y similar a la servi­

dumbre medieval. En este caso, "el repartimiento" no significaría un va­

ciamiento de la isla para asentar colonos, como tradicionalmente se ha

entendido, sino un refuerzo de éstos. En cualquier caso la superioridad

de los repobladores parece incontestable, como se colige de una cita re­

ferida a la recepción dada por el conquistador normando antes de su

partida a la que no acudió nadie de El Hierro "porque no habían queda­

do sino muy pocos, y los que habían subsistido no eran para resistir

frente a los que monseñor de Bethencourt había mandado que fuesen".

Tras la conquista, no existen referencias a la privación de libertad en­

tre los aborígenes, ni siquiera a esta situación de semiesclavitud. Por

ello, las bulas papales sobre esta cuestión se refieren siempre a las islas

insumisas en las que existían misiones. En el reparto de las rentas del se­

ñorío entre Guillén de las Casas, Fernán Peraza y Maciot de Bethen­

court, cada uno de ellos recibió las de una de las islas incorporadas (El

Hierro, Fuerteventura y Lanzarote) y los dos primeros las de dos islas

insumisas (La Palma y Tenerife), lo que parece evidenciar el respeto a la

evangelización de las dos restantes (La Gomera y Gran Canaria). Esta si­

tuación, propia de los años treinta, debió de cambiar al compás de la

creciente intervención en las islas por incorporar tras la reunificación

del señorío en 1445. La primera isla afectada hubo de ser La Gomera. En

ella, la situación personal debió estar en función de los pactos realiza­

dos con los europeos. Los bandos aliados de los castellanos serían res­

petados por éstos y combatidos por los portugueses y en los restantes

bandos sucedería lo contrario. Tal dicotomía debió acabar en la siguien­

te década, tras la paz luso-castellana de 1454 y la ampliación del pacto

señorial al conjunto de la isla. A pesar de ello, se produjeron esclaviza­

ciones en 1477 y, sobre todo, en 1488, tras la represión del movimiento

antiseñorial. Aunque el Obispo de Canaria y la corona castellana con­

siguieron su libertad, argumentando que "eran cristianos o estaban en

camino de convertirse", al mismo tiempo se ordenó que fuesen confia­

dos a personas que los criasen y doctrinasen, lo que equivalía a recono­

cer su menor capacidad legal.

El aumento de relaciones con Gran Canaria, Tenerife y posterior­

mente La Palma, tuvo su reflejo en el campo de las libertades reconoci­

das a los aborígenes. La bula de Pío II estableció la libertad de los inte­

grantes de los núcleos de evangelización, bajo pena de excomunión, y el

acuerdo de Diego García de Herrera con los canarios dispuso la libe­

ración de los presos de una y otra parte. Estos inicios culminaron con la

fijación de los bandos de paces, que crearon una dualidad a este respec­

to. Es sintomático de lo que decimos el que las paces firmadas con el

bando de Anaga permitiesen cautivar en su territorio a gente de otros

bandos. Sin embargo, dicha dualidad resultó muchas veces teórica. En

1494 la Corona hubo de decretar la libertad de guanches de paz, injusta­

mente esclavizados y privados de su orchilla.

La cuestión de la propiedad aborigen durante la época señorial re­

sulta igualmente difícil de clarificar. La únicas noticias que poseemos al

respecto son las relativas al reparto de bienes efectuado por el conquis­

tador normando. De ellas parece desprenderse que el señor reclamó la

propiedad eminente de todas las tierras, como conquistador de las mis­

mas, cediendo su usufructo a cambio de un tributo territorial. Esta si­

tuación se refería tanto a indígenas como a colonos, que recibieron bie­

nes "cada uno según parecía razonable y conveniente" y atendiendo a

que era muy razonable que [los colonos] estuviesen mejor que los

canarios del país. En el caso de los naturales se trataba, en buena medi­

da, de una confirmación de antiguas posesiones, lo que favoreció a los

jefes tribales. La situación personal durante la conquista y postconquis­

ta realenga presenta un panorama complejo, en el que la realidad mati­

za o contradice la norma. La teórica libertad de los bandos de paces du­

rante la contienda y del conjunto de los no esclavizados al concluir la

misma, se enfrentaba a una serie de limitaciones a la residencia en el lu­

gar elegido. Así sucedió con el grueso de los reducidos y entregados en

Gran Canaria, obligados a abandonar la isla, con la excepción de Fer­

nando Guanarteme y sus allegados. También en el caso de los gomeros

que permanecieron en Gran Canaria tras servir con su señor en la con­

quista, quienes fueron expulsados de la misma. Otro tanto se puede

decir de los diferentes proyectos del concejo de Tenerife para expulsar a

guanches y gomeros de la isla, que en casos individuales llegaron a

cumplirse.

Con frecuencia, los aborígenes -incluidos los de paces- fueron pri­

vados de su libertad en sus islas o en los lugares de destierro. Este hecho

provocó interminables pleitos en los que los naturales contaron con el

apoyo de la Corona y la Iglesia; a pesar de lo cual los resultados no fue­

ron completos ni rápidos. La complejidad de los mismos nacía de la

falta de instrucción de los aborígenes y de la política de "hechos consu­

mados" practicada por buena parte de la población. En ocasiones, tal

política se cubría de subterfugios legales. El más frecuente era clasificar

a los cautivos como de "buena guerra", acusación difícil de rebatir por

personas sin instrucción. Otras veces se les "convertía" en gente de gue­

rra, azuzándoles para que sus reclamaciones subieran de tono y fueran

consideradas rebeldes. Así lo hizo, por ejemplo, Alonso Fernández de

Lugo en La Palma, tras la conclusión de la Conquista.

La libertad de los aborígenes se veía limitada por otra serie de prác­

ticas, tales como participar en cuadrillas contra malhechores y en expe­

diciones militares, residir en poblados, contar con ganado mayor, prohi­

bición de portar armas, entre otras. En ocasiones las transgresiones

nacían de un acto de fuerza sin justificación, ni siquiera "paralegal". Es

el caso, por ejemplo, de los esclavos liberados mediante precio y vuel­

tos a vender. Los problemas se multiplicaban para los procuradores de

los aborígenes, cuyo papel reivindicativo les hacía odiosos a los ojos

de los poderosos, prefigurando la situación de los indios ladinos.

En el otro lado de la balanza podemos colocar las comisiones reales

sobre la libertad de los aborígenes, el apoyo real al cumplimiento de las

sentencias que les favorecen, la participación del abogado de pobres de

la corte en estos casos, la progresiva desaparición de las medidas de ex­

cepción... La suma de ambas tendencias permite definir la situación de

los naturales a este respecto como libertad tutelada, o en los términos

del derecho de la época como personas "rústicas" o "menores". De la

misma se salía mediante la adopción de las nuevas costumbres. Las

pruebas al respecto son múltiples: reclamación del estatuto de castella­

nos por parte de los canarios establecidos en Tenerife; petición de algu­

nos guanches para que las medidas restrictivas sólo se aplicasen "a los

que andan entamarcados y no se tratan con castellanos", exclusión de

las medidas de expulsión a los gomeros que poseían tierras de cultivo,

entre otros.

La instrucción permitía, incluso, la reclamación de los bienes perdi­

dos a raíz de la conquista. Aunque la lógica hace suponer el manteni­

miento de la propiedad de los libres, especialmente en aquellas islas en

las que la población no sufrió grandes desplazamientos, apenas pode­

mos aportar precisiones a esta idea. No existen confirmaciones genera­

les de propiedad y los libros de repartimiento tampoco las contienen de

forma práctica. Las no muy abundantes datas (títulos de repartimiento)

concedidas a los aborígenes -si excluimos a quienes participaron como

conquistadores- sugieren más una ampliación para adaptarse a los nue­

vos tiempos, que una mera confirmación de propiedad. Por contra, ni

en la documentación real ni en la concejil existen reclamaciones sobre

usurpaciones de bienes, excepción hecha de un grancanario, lo que pa­

rece avalar el respeto a la propiedad aborigen. Desde esta perspectiva,

el reparto de auchones (majadas) y otros bienes a repobladores se debe­

ría a ocupación de bienes vacantes por diversas razones (muerte, cauti­

vidad...) o que habían perdido su utilización colectiva por privatización

de las tierras.