CAPÍTULO I: Derechos Fundamentales, Tenencia y...
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UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES “Alcances y Limitaciones de los derechos a la tenencia y portación de armas de fuego en Guatemala a la luz de la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad” MAYDA ALEJANDRA DE LEÓN WANTLAND Carné 42026-91 Guatemala, mayo del 2012 Campus Central
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UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
“Alcances y Limitaciones de los derechos a la tenencia y portación de armas de fuego en
Guatemala a la luz de la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad”
MAYDA ALEJANDRA DE LEÓN WANTLAND Carné 42026-91
Guatemala, mayo del 2012 Campus Central
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UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
“Alcances y Limitaciones de los derechos a la tenencia y portación de armas de fuego en
Guatemala a la luz de la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad”
Presentada ante el Consejo de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales
Por:
MAYDA ALEJANDRA DE LEÓN WANTLAND
Previo a optar el título de: Magister en Derechos Humanos
En el grado académico de:
Magister
Guatemala, mayo del 2012 Campus Central
3
AUTORIDADES UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR RECTOR P.Rolando Enrique Alvarado López. S.J. VICERRECTORA ACADÉMICA Dra. Marta Lucrecia Méndez de Penedo VICERRECTOR DE INTEGRACIÓN P.Eduardo Valdés Barría, S.J. UNIVERSITARIA VICERRECTORÍA DE P.Carlos Rafael Cabarrús Pellecer, S.J. INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Lic. Ariel Rivera Irías SECRETARIA GENERAL Licda. Fabiola de la Luz Padilla Beltranena
AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
DECANO Dr. Rolando Escobar Menaldo VICEDECANO M.A. Pablo Gerardo Hurtado García SECRETARIO M.A. Alan Alfredo González de León DIRECTOR DE ÁREA PÚBLICA Lic. José Alejandro Villamar González DIRECTORA DE ÁREA PRIVADA M.A. Helena Carolina Machado DIRECTOR DE EJES TRANSVERSALES M.A. Enrique Sánchez Usera DIRECOTRA DE POSTGRADOS M.A. Aída Del Rosario Franco Cordón DIRECTOR DE CRIMFOR Lic. José Eduardo Martí Guilló DIRECTOR DEL INSTITUTO DE Dr. Larry Andrade Abularach INVESTIGACIONES JURÍDICAS DIRECTORA DEL BUFETE POPULAR Licda. Claudia Abril Hernández
4
DIRECTORA DE PROYECTOS Y Licda. Vania Carolina Soto Peralta SERVICIOS REPRESENTANTES DE CATEDRÁTICOS Lic. Pablo Alfonso Auyón Martínez Licda. Rita María Castejón Rodríguez Lic.Fernando Javier Rosales Gramajo REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Laura Guisela Muralles Pineda Manuel Andrés Canahui Morales
ASESORA M.A. Irma Rebeca Monzón Rojas
TERNA EVALUADORA Dra. Aylín Ordóñez Reyna M.A. Alan González M.A Cruz Munguía Sosa
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RESUMEN
En el presente trabajo se analizaron los alcances y limitaciones de los derechos de
tenencia y portación de armas de fuego. Para el efecto, se realizó un análisis de la
evolución histórica del reconocimiento constitucional de estos derechos, así como de
diferentes sentencias de la Corte de Constitucionalidad y una opinión consultiva.
En el desarrollo del estudio puede apreciarse que los derechos de tenencia y
portación de armas de fuego han evolucionado desde el reconocimiento como
derechos fundamentales casi absolutos, hasta las actualidad, en la cual se establece
el criterio que el Estado reconoce estos derechos y los protege, pero que debe contar
con el correspondiente control a través del registro de todo el armamento que se
posea en Guatemala amparado bajo dichos derechos, así como también, que el
legislador en uso de la potestad legislativa puede limitarlos con miras a proteger los
intereses de la colectividad y de otros derechos como la seguridad y libertad.
10
ÍNDICE
Página
- INTRODUCCIÓN 13
- CAPÍTULO I: Derechos Humanos y Derechos
Fundamentales, Tenencia y Portación de Armas de
Fuego en Guatemala 15
A. Derechos Humanos 15
B. Características de los Derechos Humanos 16
C. Derechos Fundamentales 17
D. La tenencia y portación de armas ¿derechos
humanos o derechos fundamentales? 19
E. Violencia e inseguridad en Guatemala 26
F. Evolución Histórica del reconocimiento constitucional
de los derechos de Tenencia y Portación en Guatemala 32
- CAPÍTULO II: Legislación interna sobre los Derechos
de Tenencia y Portación de Armas de Fuego en
Guatemala 37
A. Constitución Política de la República de Guatemala 38
B. Ley de Armas y Municiones, Decreto 39-89 del Congreso
de la República 40
C. Ley de Armas y Municiones, Decreto 15-2009
11
del Congreso de la República 42
D. Reglamento de la Ley de Armas y Municiones,
Acuerdo Gubernativo 85-2011 53
- CAPÍTULO III: Jurisprudencia en materia de
Derechos de Tenencia y Portación de Armas 56
A. Análisis de la Opinión Consultiva de la Corte
de Constitucionalidad expediente 682-96 58
B. Análisis de la Sentencia de la Corte de
Constitucionalidad dentro del expediente
1608-2009 63
C. Análisis de la Sentencia de la Corte de
Constitucionalidad dentro del expediente
4923-2009 69
D. Análisis de la Sentencia de la Corte de
Constitucionalidad dentro del expediente
1370-2010 75
E. Análisis de la Sentencia de la Corte de
Constitucionalidad dentro del expediente
2953-2009 80
F. Reformas de la legislación sobre armas y municiones
a la luz de la Opinión Consultiva y sentencias
emitidas por la Corte de Constitucionalidad en la materia 82
12
- CAPÍTULO IV: Presentación, Análisis y Discusión
de Resultados 84
A. Alcances y limitaciones de los derechos de Tenencia y
Portación de Armas de fuego 84
B. Consecuencias jurídicas de la opinión consultiva y
Sentencias emitidas por la Corte de Constitucionalidad
en materia de los derechos de tenencia y portación
de armas de fuego 90
- CONCLUSIONES 92
- REFERENCIAS 95
- ANEXOS 100
13
INTRODUCCIÓN
El Estado de Guatemala reconoce como derechos fundamentales los de tenencia y
portación de armas de fuego y desde la primera Constitución guatemalteca estos
derechos han gozado del reconocimiento y amparo constitucional. Este
reconocimiento constitucional posee antecedentes históricos como lo son la
Declaración de Derechos o Bill of Rights y la segunda enmienda de la Constitución
de los Estados Unidos de América. A pesar de estos antecedentes, el
reconocimiento constitucional de estos derechos es poco usual, más aún si se toma
en consideración la realidad de violencia que vive el país y que la posesión de armas
provoca reacciones desde aquellos que defienden apasionadamente la facultad de
armarse como aquellos que luchan por el desarme y la pacificación de la sociedad.
Surge entonces la necesidad de establecer la forma en la que la legislación
guatemalteca regula estos derechos, así como si los mismos poseen alguna
limitación o deben ser simplemente reconocidos y amparados.
En el presente estudio se planteó como objetivo general determinar el contenido,
alcances y limitaciones de los derechos de tenencia y portación de armas de fuego
reconocidos constitucionalmente; y, como objetivos específicos: Establecer los
alcances y limitaciones de los derechos de tenencia y portación de armas de fuego a
partir de la Opinión Consultiva y sentencias emitidas por la Corte de
Constitucionalidad en materia de tenencia y portación de armas de fuego; establecer
la relación entre los derechos de tenencia y portación de armas de fuego y otros
derechos reconocidos constitucionalmente; y, establecer las consecuencias jurídicas
derivadas de la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad en materia de
tenencia y portación de armas de fuego en la legislación ordinaria. Este trabajo
define como elementos de estudio el derecho de tenencia y el de portación de armas,
entendiéndose la tenencia como facultad de poseer un arma en el lugar de
habitación y la portación como la posibilidad de trasladar el arma de un lugar a otro
fuera de los límites del lugar de habitación.
14
El tipo de investigación que se realizó fue un estudio de análisis jurisprudencial,
precisamente el de casos analíticos, siendo una investigación descriptiva y analítica.
Con la finalidad de lograr los objetivos planteados se analizó la evolución que los
derechos de tenencia y portación de armas de fuego han tenido en el ordenamiento
constitucional guatemalteco, iniciando con la primera Constitución de Guatemala de
1825 y finalizando con la Constitución vigente. Asimismo, se analizó la legislación
ordinaria que regula los derechos de tenencia y portación de armas de fuego, así
como la legislación derogada con el fin de establecer la forma en las que estos
derechos han sido normados históricamente y si han existido cambios relevantes que
sugieran nuevos criterios con relación al contenido, alcances o limitaciones para
estos derechos.
Para completar el estudio de estos derechos se analizó el criterio que la Corte de
Constitucionalidad ha asentado en diferentes acciones, tanto la opinión consultiva de
la Corte de Constitucionalidad dentro del expediente 682-96 como primer
antecedente del criterio de la Corte sobre esta materia, así como también cuatro
sentencias dentro de expedientes planteados a partir de la reforma de la Ley de
Armas y Municiones haciendo énfasis en los expedientes 4923-2009 y 1370-2010
que contienen el criterio de la Corte relacionando los derechos de portación con el
ejercicio de otros derechos considerados como fundamentales, analizando los
criterios correspondientes en sentencias relacionadas a estos derechos emitidas
hasta el mes de febrero del 2011. El aporte de la investigación radica en la
generación de un documento que desarrolla y sintetiza el contenido, alcances y
limitaciones de los derechos de tenencia y portación de armas de fuego reconocidos
constitucionalmente, así como el establecimiento de las consecuencias jurídicas de
la opinión y las sentencias, dado que un análisis profundo sobre estas materias no se
ha realizado.
15
CAPÍTULO I: Derechos Humanos y Derechos Fundamentales, Tenencia y
Portación de Armas de Fuego en Guatemala
A. Derechos Humanos
Es común confundir los conceptos de derechos humanos y derechos fundamentales
asignándoseles el mismo significado, es por ello que se definirán ambos conceptos
con la finalidad de aclararlos y establecer la categoría en la cual se encuentran los
derechos de tenencia y portación de armas de fuego para los efectos del presente
trabajo. Con relación a los derechos humanos el tratadista Antonio Truyol y Serra
refiere lo siguiente: “Decir que hay derechos humanos o derechos del hombre en el
contexto histórico-espiritual -que es el nuestro-, equivale a afirmar que existen
derechos fundamentales que el hombre posee por el hecho de ser hombre, por su
propia naturaleza y dignidad; derechos que le son inherentes, y que, lejos de nacer
de una concesión de la sociedad política, han de ser por ésta consagrados y
garantizados.”1
Otra definición de Derechos Humanos, comentada por Javier Sánchez Cano es: “Los
derechos humanos son aquellos inherentes a nuestra naturaleza y sin los cuales no
podríamos vivir como seres humanos. Los derechos humanos y libertades
fundamentales nos permiten desarrollar y emplear cabalmente nuestras capacidades
humanas, nuestra inteligencia, nuestro talento y nuestra conciencia y satisfacer
nuestras variadas necesidades, entre ellas las necesidades espirituales. Se basan en
una exigencia cada vez mayor de la humanidad de una vida en la cual la dignidad y
el valor inherentes de cada ser humano reciban respeto y protección.”2
En la misma línea y con una marcada tendencia iusnaturalista, Hugo J. Lorenzo,
citado por José Pedro Aguirre Arango refiere: “Los derechos humanos son un
conjunto de facultades y atribuciones de la persona humana que son connaturales a
su ser como persona, y son anteriores a toda norma creada por el Estado o por
1 Truyol y Serra, Antonio. Los Derechos Humanos. España, Editorial Tecnos S.A, 1994. Pág. 11
2 Sánchez Cano, Javier. Respuestas sobre los derechos humanos. España, Asociación para la Naciones Unidas en
España, 1998. Pág.12
16
cualquier otra estructura social”.3 Es decir, por derechos humanos se deben entender
aquellas facultades que se poseen por el hecho de ser personas, son inherentes a la
humanidad y no requieren de un reconocimiento estatal para su goce y disfrute.
Ahondando más sobre los derechos humanos se tiene que con relación a su
fundamento, Marco Antonio Sagastume Gemmell, indica que “El valor seguridad
fundamenta los derechos personales y de seguridad individual y jurídica, el valor
libertad fundamenta los derechos cívico-políticos y, el valor igualdad fundamenta los
derechos económicos, sociales y culturales. Estos tienen su centro, con palabras del
maestro H.L.A. Hart en: “El derecho igual de todos los hombres a ser libres.” Y el
valor solidaridad a los derechos de los pueblos.”4
Surge la interrogante con relación a si se debe considerar que existen valores
superiores a otros, y al respecto continúa refiriendo el citado autor: “Por último, es
importante decir que no hay valores superiores a otros, me refiero a los valores que
fundamentan los derechos humanos, ya que tienen una estrecha relación y
complementación mutuas, es decir, que entre los derechos individuales y los sociales
no existe contradicción, ni tampoco oposición, por lo que es imposible tratar que unos
prevalezcan sobre los otros, o bien que unos sean desplazados por otros.”5 Con esto
último se tiene que los derechos humanos se ejercitan sin superponerse unos a los
otros, sino más bien, unos complementan a otros.
B. Características de los Derechos Humanos
Según Humberto Nogueira Alcalá, citado por José Pedro Aguirre Arango6, las
características de los derechos humanos son:
3 Aguirre Arango, José Pedro. La Consolidación del Derecho de los Derechos Humanos en los Ordenamientos
Jurídicos Internos de los Estados Americanos. Guatemala, Sonibel, 2008. Pág. 78 4 Sagastume Gemmell, Marco Antonio. Introducción a los Derechos Humanos. Guatemala, Editorial Universitaria
Universidad de San Carlos de Guatemala, 2008. Pág. 5 5 Loc. Cit.
6 Aguirre Arango, José Pedro. Op.cit., páginas 80 y 81
17
a) la supra y transnacionalidad, dado que son inherentes a la naturaleza
humana, basados en la dignidad de todo ser humano y que no dependen de la
nacionalidad o del territorio en que la persona se encuentre. Además, limitan
el poder y soberanía de los Estados dentro del territorio y no puede invocarse
el principio de no intervención;
b) la inviolabilidad, dado que no pueden ser desconocidos ni ignorados por
persona alguna;
c) son irrenunciables, nadie puede renunciar a los mismos;
d) imprescriptibles, ya que la abstención de su ejercicio no impide ni precluye su
ejercicio y goce posterior;
e) interdependencia, ya que existe un sistema de derecho en el que todos se
retroalimentan y limitan entre sí.
f) Irreversibilidad, ya que una vez reconocidos por la autoridad quedan
incorporados automáticamente en la esfera de derechos protegidos y no
pueden desconocerse posteriormente.
g) Poseen eficacia erga omnes, son oponibles ante todas la personas,
particulares o autoridades públicas.
Es decir, que los derechos humanos pueden ser reconocidos por todos los Estados a
pesar de no estar incluidos en su ordenamiento jurídico; no puede renunciarse a un
derecho humano, el Estado no puede desconocerlos; son parte de un sistema del
cual se retroalimentan, protegen y limitan y son oponibles a todos, tanto ante la
autoridad como a los particulares.
C. Derechos fundamentales
Largo fue el recorrido para llegar al nivel de positivización de los derechos humanos
y en ese camino se encuentran grandes estandartes como la Carta de Derechos o
Bill of Rights de 1689; la Declaración de independencia de los Estados Unidos de
América de 1776; la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de
1789 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de1948.
18
Con relación a la definición de derechos fundamentales Miguel Carbonell refiere: “El
más próximo a los estudios de carácter estrictamente jurídico diría que son derechos
fundamentales aquellos que están consagrados en la Constitución, es decir, en el
texto que se considera supremo dentro de un sistema jurídico determinado; por ese
solo hecho y porque el propio texto constitucional los dota de un estatuto jurídico
privilegiado – sostendría esta visión- tales derechos son fundamentales”.7
Quiere decir que estos derechos reconocidos en los ordenamientos constitucionales
adquieren el carácter de fundamental dado que el Estado concibe la necesidad de su
respeto y garantía como condición para el desenvolvimiento de la vida diaria de los
habitantes del Estado y con relación a estas características refiere el mismo autor:
“En términos generales puede decirse que los derechos fundamentales son
considerados como tales en la medida en que constituyen instrumentos de
protección de los intereses más importantes de las personas, puesto que preservan
los bienes básicos necesarios para poder desarrollar cualquier plan de vida de
manera digna; siguiendo a Ernesto Garzón Valdés podemos entender por bienes
básicos aquellos que son condición necesaria para la realización de cualquier plan
de vida, es decir, para la actuación del individuo como agente moral” 8
La connotación de fundamental entonces está dada por el reconocimiento
constitucional de determinados derechos, derechos que no son precisamente los
derechos humanos y no todos los Estados realizan este reconocimiento, por lo tanto,
derechos humanos son aquellos inherentes al ser humano que por sus
características esenciales ya enunciadas no pueden ser renunciados, son oponibles
dentro y fuera de las fronteras territoriales y ante todas las personas, sean
autoridades o particulares, y los derechos fundamentales son aquellas facultades
que un Estado reconoce en su ordenamiento jurídico a los habitantes de un territorio
determinado, lo cual no obliga a que los otros Estados realicen este mismo
7 Carbonell, Miguel. Los derechos fundamentales. México, Universidad Autónoma de México, 2004. Pág. 2
8 Ibid., Pág. 5
19
reconocimiento y que los respeten de la misma forma, sino que únicamente obligan
al Estado que así los reconoce.
D. La tenencia y portación de armas ¿derechos humanos o derechos
fundamentales?
A pesar que a nivel general casi todos los Estados han contemplado en sus
ordenamientos constitucionales los derechos a la vida, igualdad, locomoción, libertad
de emisión del pensamiento, entre otros, no existe uniformidad en cuanto a otros
derechos, como los de tenencia y portación (o posesión) de armas de fuego. Estos
últimos tienen antecedentes de reconocimiento en la declaración de Derechos o Bill
of Rights de 1689 que contempla lo siguiente: “VII. Que todos los súbditos
protestantes pueden poseer armas para su defensa, de acuerdo con sus
circunstancias particulares y en la forma que autorizan las Leyes”; o en la segunda
enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América que establece:
“siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un estado libre, no
se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas”.
Otro ejemplo del reconocimiento del derecho de posesión de armas se encuentra en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su artículo 10
reconoce: “Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer
armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las
prohibidas en la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército,
Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La Ley Federal determinará los casos,
condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la
portación de armas.”
A ese respecto, William Ruperto Durán Rivera, indica “Cabe subrayar sin embargo,
que no obstante la universalización de los derechos fundamentales, la configuración
constitucional de un derecho fundamental no es homogénea, sino que guarda
20
correspondencia con la idiosincrasia de cada pueblo; y en ocasiones, se da que junto
al núcleo de derechos reconocidos en prácticamente todas las constituciones
contemporáneas (libertad de locomoción, derecho a la privacidad, inviolabilidad del
domicilio) no faltan casos en que se reconocen como fundamentales, derechos
difícilmente calificables como tales en otros contextos. En este sentido, se citan
como ejemplos emblemáticos: el derecho a la tenencia de armas previsto en la
enmienda II de la Constitución de los EE.UU: y el derecho a dictar libre testamento,
previsto en el Art. 22 de la Constitución de El Salvador.”9
El mismo autor refiere: “De nuestra parte, partiendo del orden normativo vigente,
consideramos que es posible sostener que bajo la expresión “derechos
fundamentales” se designa a los derechos garantizados por la Constitución y que en
cambio, la denominación “derechos humanos”, hace referencia a derechos
garantizados por normas internacionales. Las primeras tienen como fuente de
producción al legislador constituyente, y las segundas, a los Estados y organismos
internacionales”.10
Fuera de los textos constitucionales estadounidense, mexicano y guatemalteco, es
difícil encontrar el reconocimiento a estos derechos en otras Constituciones. A nivel
centroamericano Guatemala es el único país que los reconoce en su Constitución. Al
respecto, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala refiere:
“Pocos son los Estados que contemplan en su legislación constitucional, y
específicamente entre los derechos fundamentales, el derecho a armarse. La
Constitución guatemalteca reconoce el derecho de tenencia de armas de fuego,
clasificadas de uso personal en el lugar de habitación, y la portación de armas de
conformidad a la Ley. Ello desde luego, no se trata de derechos ilimitados, puesto
que la propia Ley al establecer requisitos, puede limitar un derecho, siempre que ello
no disminuya, restrinja o tergiverse la esencia del mismo. La misma disposición
9 Durán Ribera William Ruperto. La Protección de los Derechos Fundamentales en la Doctrina y Jurisprudencia
Constitucional. Chile, Facultad de Ciencias jurídicas y Sociales Universidad de Talca, 2002. Página 182 10
Loc. cit.
21
constitucional los subordina a la no prohibición por la Ley, en el caso de la tenencia y
a lo regulado por la Ley en el caso de la portación”.11
Con relación al reconocimiento constitucional de los derechos de tenencia y
portación de armas de fuego en Guatemala, en comparación con los ordenamientos
jurídicos de los demás países centroamericanos, analiza la Fundación Arias para la
Paz y el Progreso Humano: “Habiendo hecho esta generalización, debemos también
agregar que, en el ámbito constitucional, la regla general identificada es que los
países centroamericanos no hacen ninguna referencia particular al asunto de las
armas. La ausencia de cualquier referencia a este asunto se debe entender en cada
país como un vacío que deben definir los legisladores. Tal es el caso de El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. La única excepción se encontró en la
Constitución de Guatemala, que expresamente estipula el derecho de los ciudadanos
a portar armas. Este asunto ha generado una significativa polarización en la sociedad
guatemalteca y, en general, cualquier iniciativa relacionada con armas causa fuertes
reacciones en todos los sectores. Además, Guatemala es el único país productor de
armas en Centroamérica. Así pues, cualquier conjunto de normas,
independientemente de su rango, se discute a la luz de esta cláusula
constitucional.”12
Surge la duda con relación a las razones que motivaron a los constituyentes
guatemaltecos a incorporar dentro del apartado de derechos humanos, los de
tenencia y portación de armas de fuego, y que además esto haya sido desde la
primera Constitución. No se encuentran referencias precisas al respecto, pero cabe
traer a colación lo que Jorge Mario García Laguardia, refiere sobre la primera
Constitución y el reconocimiento de los derechos humanos: “El reconocimiento
11
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Armas de Fuego y Municiones en Guatemala Mercado Legal y Tráfico lícito, Guatemala, 2009. Pág. 26 12 Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. El Tratado sobre Comercio de Armas (TCA) y el
Ordenamiento Jurídico de Centroamérica. Costa Rica, Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, 2006.
Páginas 24 y 25
22
constitucional de los derechos humanos, se inicia al incluir en la Constitución en el
Título X –artículo 152 al 174- “las Garantías de la libertad individual”. Presente
estaba en las mentes de los constituyentes, el recuerdo de las persecuciones y de la
atmósfera recargada del régimen colonial y fue preocupación de todos ellos,
establecer un catálogo de derechos, con acento claro en el de libertad individual”13.
Es decir, los constituyentes buscaban garantizar que se podrían ejercitar todas las
libertades fuera del poder absoluto o régimen.
Pero claro está que este primer ordenamiento constitucional también estaba
inspirado en otros ordenamientos o declaraciones renovadoras y reformadoras de la
época y eso es lo que puede explicar la razón de la inclusión de los derechos de
tenencia y portación de armas en el catálogo de derechos humanos, tomando en
cuenta que se tuvo inspiración en las disposiciones norteamericanas dentro de las
cuales se encuentra el derecho a la posesión de armas de fuego. Al respecto, cabe
citar lo que el Doctor García Laguardia relaciona al referirse a la primera
Constitución: “...Se inspiró en alguna medida en la ley fundamental norteamericana
en su parte orgánica, y en el joven constitucionalismo español, en su estilo e
inspiración general. La comisión redactora era explícita en su informe al indicar los
“modelos que se han tenido en cuenta” y afirmar: “Al trazar nuestro plan, nosotros
hemos adoptado en la mayor parte, el de los Estado Unidos, ejemplo digno de los
pueblos nuevos independientes, más hemos creído hacer alteraciones bien notables
y crear, por decirlo así, todo lo que debe acomodarse a nuestras circunstancias o
ajustarse a los más luminosos principios que desde la época de aquella Nación han
adelantado en mucha parte la ciencia legislativa. Tuvimos, sobre todo, presentes las
Constituciones de España y Portugal, la federativa y la central de Colombia y toda la
legislación constitucional de Francia… nosotros hemos aprovechado alguna parte de
las máximas establecidas en todas las instituciones y combinándolo todo con
13
García Laguardia, Jorge Mario. Breve historia constitucional de Guatemala. Guatemala, Editorial Universitaria Universidad de San Carlos de Guatemala, 2010. Página 33
23
nuestras ideas, nos propusimos una Constitución peculiarmente nuestra y
singularmente ajustada a los principios.””14
Siguiendo con la búsqueda de respuesta y con relación al reconocimiento de estos
derechos en la Constitución Política vigente, cabe revisar lo que al respecto
consideraron los constituyentes: El diputado Skinner kleé, refiriéndose en un primer
momento al apartado de derechos humanos hacía alusión a lo siguiente:
“Retornemos pues, a los Derechos Humanos que hoy tenemos enfrente, en una lista.
Este no es un tema y es una paradoja sobre lo que quiero insistir, un tema que
preocupa mucho; los Derechos Humanos casi se defienden solos, es un tema
universal, está en las muchas Declaraciones Internacionales, los catálogos de los
Derechos Humanos son más o menos semejantes. No sé, lo preguntaré a la
Comisión, si tuvieron a la vista o se inspiraron en la Declaración Interamericana de
Derechos Humanos de la cual es signataria Guatemala o la Declaración Universal de
Derechos Humanos, de la que también es parte la República de Guatemala. ¿Por
qué hay diferencias? Hay diferencias, algunas debidas quizá a un afán de sintetizar
otras, porque se creyeron sin importancia y otras diferencias por adición,
llamémosles así, porque son derivadas del medio y de la necesidad del medio.
Imaginemos, señor Presidente, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el
derecho de portación de armas. Tengo amigos que no saldrían a la calle
desarmados, porque ese es el medio en que vivimos y aquí se necesita, pero esto lo
llevamos a un foro internacional y sería materia de escándalo, pero de legítimo
escándalo, pero aquí procede y por eso lo contiene este proyecto, es decir, supongo
que eso es así….”15 Como puede apreciarse, el diputado Skinner Kleé hacía
referencia a que los derechos de tenencia y portación de armas se incorporaron al
apartado de derechos humanos por un priorización nacional, aclarando el punto que
en otros países esta inclusión sería escandalosa.
14
Ibid., Pág. 35 15
Asamblea Nacional Constituyente. Acta No. 19, sesiones ordinarias, Tomo I, Guatemala 5 de diciembre de 1984. Páginas 36 y 37
24
Al revisar las actas de la Asamblea Nacional Constituyente se puede observar que
los argumentos a favor de incluir estos derechos dentro del capítulo de derechos
humanos se esgrimieron en relación a que las armas eran necesarias para
proporcionar seguridad, tal y como se puede apreciar de la intervención del diputado
Skinner Kleé.
De los pocos argumentos en contra de su inclusión, destaca el del constituyente
Guerra Cahn: “Señores, haciendo profesión de fe, pacifista, no creo que la violencia
se vaya a terminar armando al pueblo. No creo que la delincuencia se termine al
armar al pueblo de Guatemala. Señores, lamento que mediante una falacia, en la
forma de argumentar, se pretenda justificar un artículo nocivo para la seguridad
ciudadana. La ley, actualmente, regula la tenencia de armas. Existe una ley y la
tenencia está permitida en la habitación de los particulares; y aquél, que quiere
portarla, pide su autorización y se les confiere por parte del Ministerio de
Gobernación. Entonces, ¿cómo vamos a constitucionalizar, señores, cómo vamos a
permitir en forma amplia que el pueblo se arme y con eso se pretenda terminar la
delincuencia? Señores, esto es contradictorio, sencillamente, es un absurdo; es una
innovación, cierto, pero es una innovación perjudicial, perniciosa. Si lo que amamos
es la paz, si lo que buscamos es la pacificación, ¿cómo pretenden esta pacificación
mediante el rearme del ciudadano? Realmente, creo que ese artículo se debe
suprimir, la tenencia está regulada por la ley y todos aquellos que tienen arma, saben
que está regulada por la ley, los que tienen autorización. De allí, señores, que me
manifieste totalmente en contra de este artículo, que viene a crear más inseguridad y
más violencia, y así no se puede conseguir la paz del pueblo de Guatemala…”16
Obra en las actas de la Asamblea Nacional Constituyente que los diputados Guerra
Cahn, Téllez García, Larios, Mauricio Quixtán y García Bauer, presentaron una
enmienda por supresión total del artículo relacionado a la tenencia y portación de
armas de fuego, argumentando que la tenencia y portación podían seguir siendo
16
Asamblea Nacional Constituyente, Acta No. 28, sesiones ordinarias, Tomo II, Guatemala 15 de enero de 1985. Páginas. 86 y 87
25
regulados por la legislación ordinaria y que no se ameritaba elevarlos al
ordenamiento constitucional, habiendo planteado el constituyente García Bauer lo
que se anota a continuación: “Queremos dejar claro lo siguiente. Queremos sacarlo
del nivel constitucional; no quita eso, señores Representantes y que quede claro,
para aquellos que tienen una serie de argumentos valederos, respecto de la
seguridad personal; sobre todo, en una serie de circunstancias, hablemos por
ejemplo, de los que están viviendo en el área rural, o los que se encuentran en los
pueblos o, aquí mismo, en la capital, no se trata de prohibir la portación de armas a
los particulares, pero es, conforme está regulado en la ley de la materia. Hay una ley
que regula cuándo, cómo y en qué extremos se autoriza la portación de armas a los
particulares, pero consideramos que este tema no es de nivel constitucional; no
porque no lo tenga la Constitución de los Estados Unidos de América, hace un
tiempo en que las balaceras estaban de moda en los Estados Unidos, sino ¿por qué
viene una Constitución de la República, a poner este principio? Sencillamente, para
depurar de una serie de normas que estarán en la legislación secundaria y que son
suficientes que estén allí…”17
Puede concluirse que el ordenamiento constitucional estadounidense inspiró en gran
medida la primera Constitución de Guatemala y siendo que el derecho de posesión
de armas está reconocido constitucionalmente en Estados Unidos de Norteamérica
los derechos de tenencia y portación de armas fueron trasladados fácilmente a la
Constitución guatemalteca. Posteriormente estos derechos fueron reconocidos en
las subsiguientes Constituciones y sin mayores discusiones en la Constitución
vigente, haciéndose alusión a la necesidad de incluirlos para garantizar la seguridad
y protección personal, es decir, para los constituyentes, éstos son derechos
fundamentales.
Para finalizar este apartado es menester recordar las características de los derechos
fundamentales, tales como su supra transnacionalidad, inviolabilidad,
irrenunciabilidad, imprescriptibilidad, interdependencia, irreversibilidad, su eficacia
17
Ibid., Pág.89
26
erga omnes. Al analizar los derechos de tenencia y portación al amparo de estas
características, se puede concluir que a dichos derechos no pueden atribuírseles
tales características. Estos no son universales, no se tienen por el hecho de ser
persona, no es obligatorio que todos los Estados los reconozcan, en fin, pueden ser
considerados como fundamentales para el Estado de Guatemala pero no están
revestidos de esas características universales que los invisten con la garantía de
respeto por todos los Estados, por lo tanto, los derechos de tenencia y portación de
armas son fundamentales por el ordenamiento jurídico constitucional, pero no son ni
pueden considerarse como derechos humanos.
E. Violencia e inseguridad en Guatemala
Resulta paradójico el reconocimiento constitucional de los derechos de tenencia y
portación de armas en Guatemala, en donde un alto porcentaje de hechos violentos
se cometen con armas de fuego. Aún más incomprensible resulta que los
constituyentes los hayan considerado fundamentales para proteger a la población,
cuando finalmente, las armas de fuego se han vuelto en contra de la población
guatemalteca, lo cual podrá establecerse a continuación.
De conformidad a las estadísticas sobre incidencia criminal de la Policía Nacional
Civil del 2011, el 84% de homicidios se cometieron con armas de fuego y el 70% de
homicidios se cometieron por la misma causa.18 Al respecto de la violencia armada,
diferentes informes sitúan a Guatemala entre los países más violentos de la región y
del mundo como se puede notar a continuación: “La violencia social y la violencia
asociada al crimen han sufrido incrementos importantes en toda la región
centroamericana a partir de la década de los años noventa. Esto ocurre
especialmente en los países que conforman el triángulo norte del istmo, Guatemala,
El Salvador y Honduras. Si bien estos conflictos se presentan en los otros tres
18
Dirección General de la Policía Nacional Civil, Análisis estadístico comparativo de la incidencia criminal y acciones positivas registradas a nivel República, Enero 2012
27
países, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, sus estadísticas no alcanzan a representar
los niveles de los primeros tres países, en los cuales ven cómo sus cifras aumentan
año con año. Vale la pena señalar que las muertes violentas provocadas por armas
de fuego muestran incrementos que reflejan lo señalado, en un contexto donde
existe facilidad de obtención de armas de fuego y debilidades de los Estados para
establecer controles de las mismas. Si bien el índice de homicidios por arma de
fuego por 100,000 habitantes es más alto en Guatemala, El Salvador y Honduras y
relativamente bajo en los otros tres países, el peso del porcentaje de muertes por
arma de fuego sobre el total de homicidios excede en todos los casos del 55%. En
ese sentido, vale decir que las armas de fuego tienen un peso importante en la
comisión de delitos contra la vida en toda la región. Este fenómeno se repite con
respecto al número de heridos en cada uno de los países por esta misma causa”19
Por su parte, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, destaca en el
informe sobre Desarrollo Humano para Centroamérica: “Guatemala también es un
país de alta violencia homicida y su tasa aumentó de manera sostenida durante
siete años consecutivos, hasta completar el mayor incremento acumulado de toda la
región: veinte homicidios anuales más, por cada 100,000 habitantes (aunque 2007
presenció una leve mejoría)20
Al respecto, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos hace un análisis sobre el impacto de las armas en la violencia cotidiana de
Guatemala: “En 2010 hubo 4,925 muertes violentas, 564 de las cuales fueron de
mujeres y 393 de niños; 41 personas murieron por linchamiento y 6,132 personas
quedaron heridas como resultado de ataques violentos. Se iniciaron 2,878
investigaciones por delitos contra la vida y se emitieron 179 sentencias,
manteniéndose un alto nivel de impunidad. El porcentaje de muertes por armas de
19
De León-Escribano, Carmen Rosa. Armas Pequeñas y Livianas: Una Amenaza a la Seguridad Hemisférica. Capítulo Armas Pequeñas y Livianas en América Central y Panamá informe sub regional. Costa Rica. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 2007. Pág. 262 20
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010. Colombia, Divinni S.A, 2009. Pág. 69
28
fuego continúa siendo aproximadamente del 85%. La proliferación y disponibilidad de
armas de fuego legales e ilegales exacerban el fenómeno de violencia armada e
incrementa el número de muertes violentas. El Estado debería promover políticas y
legislación clara para reducir y controlar el número de armas de fuego en manos de
empresas privadas e individuos, incluyendo por ejemplo, la implementación prioritaria
de un plan nacional de desarme. La decisión del 25 de mayo de la Corte de
constitucionalidad interpretando el alcance de la Ley de Armas y Municiones de 2009
no promueve una limitación estricta del número de armas de fuego permitidas por
persona”21 Acá puede verse que la Alta Comisionada llama la atención con relación a
una de las sentencias de la Corte de Constitucionalidad que más adelante se
analizará a profundidad.
El Procurador de los Derechos Humanos ha realizado un fuerte llamado a la acción
estatal para afrontar la problemática suscitada por las armas: “El 84.27% de los
homicidios equivalente a 4 mil 582 casos entre enero y noviembre de 2010, ha sido
ejecutado con armas de fuego. Este es uno de los elementos más importantes a
analizar dado el peso estadístico, así como su relación con la muy extendida
proliferación de armas de fuego ilegales (porque no han sido registradas, así como
por su procedencia). El tráfico y comercio ilegal de armas es uno de los renglones del
crimen organizado más redituables a escala mundial que, por su naturaleza, resulta
ligado a varios si no todos los ámbitos de la delincuencia organizada. A diferencia de
las mercancías del narcotráfico, caracterizadas por sus ciclos de consumo, las
armas son acumulativas año con año y cada vez más sofisticadas. No obstante, en
ello el Estado no ha desempeñado, acorde a tal progresión, un proceso efectivo de
decomisos.”22
Asimismo, el informe del Procurador de los Derechos Humanos sobre homicidios y
lesiones cometidas contra menores de edad trae un dato muy preocupante
relacionado al alto índice de muertes y lesiones de menores de edad por arma de
21
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Informe sobre las actividades de su oficina en Guatemala. Guatemala, 26 de enero del 2011. Págs. 6 y 7 22
Procurador de los Derechos Humanos. Informe Anual Circunstanciado, Tomo I, Situación de los Derechos humanos en Guatemala, enero 2011. Pág. 34
29
fuego: “Para finales de septiembre del 2011 se reportaban muertos 328 menores de
edad por arma de fuego, lo que representa el 84% de homicidios contra menores en
el caso de las lesiones, las armas de fuego también ocupan el 81.59%, la mayoría de
muertos y heridos se encuentran comprendidos en el rango de edad de los 15-17
años de edad”23
La preocupación del Estado con relación a la violencia armada ha llevado a crear,
dentro del Organismo Ejecutivo, según Acuerdo Gubernativo 230-201024 a la
Comisión para la Prevención y Reducción de la Violencia Armada, cuyo objeto es
“colaborar y dar seguimiento a las políticas, estrategias, planes y programas en
materia de prevención y reducción de violencia armada. Dentro de las atribuciones
de la Comisión se encuentra “Colaborar en las acciones en materia de prevención y
reducción de la violencia armada y la eliminación de la tenencia, portación y tráfico
ilícito de armas de fuego, municiones y su destrucción.” La comisión está integrada
por el Ministerio de Gobernación, Ministerio de la Defensa Nacional, Ministerio de
Relaciones Exteriores, Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la
República, Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, Dirección General
de la Policía Nacional Civil; y la Dirección General de Control de Armas y
Municiones. La coordinación de la Comisión está a cargo de la Secretaría Técnica
del Consejo Nacional de Seguridad.
Lamentablemente, la violencia armada y la proliferación de armas de fuego es un
fenómeno que se repite a lo largo de la región centroamericana, es por ello que la
Secretaría de Integración Centroamericana aprobó la estrategia de seguridad de
Centroamérica en donde se priorizaron acciones relacionadas a la prevención de la
violencia armada y el tráfico ilícito de armas basándose en lo siguiente: “Solamente
en el año 2010 se registraron en Centroamérica más de 18,167 homicidios, según
23
Procurador de los Derechos Humanos, Derecho a la vida e integridad física, Estadísticas sobre homicidios y lesiones contra menores. Guatemala, octubre de 2011 24
Acuerdo Gubernativo número 230-2010 del 11 de agosto del 2010
30
datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lo que
significa una tasa de 42.85 homicidios por 100,000 habitantes, un valor similar o
incluso superior a la mayoría de conflictos armados contemporáneos, si bien en la
región no se registran enfrentamientos bélicos. La tasa de homicidios evidencia una
tendencia al alza, aunque con diferencias entre los países. La Organización Mundial
de la Salud establece que un país que tiene una tasa por encima del umbral de 10
homicidios por cada 100,000 habitantes, está padeciendo una epidemia de violencia.
Los países centroamericanos superan esta tasa.”25 Es por lo anterior que dentro de
los objetivos de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica aprobada por la
Comisión de Seguridad de Centroamérica en abril del 2011, los Estados se fijaron:
“desarrollar políticas, programas , estrategias y acciones que permitan la prevención
en los siguientes temas: violencia juvenil, violencia armada, violencia de género,
tráfico ilícito y trata de personas….. incorporando dentro de los componentes
estratégicos el combate al tráfico ilícito de armas y prevenir la violencia armada.”26.
Las consecuencias del uso y proliferación de armas de fuego en la inseguridad se
repite en otros países de la región latinoamericana, concluyéndose siempre en la
necesidad de atender esta problemática desde el Estado y de una forma integral, al
respecto, Orlidy Inoa, refiriéndose a los efectos de la violencia armada en la sociedad
dominicana, indica: “Las muertes no naturales en los últimos años se han
incrementado significativamente, sobre todo las que se producen a consecuencia de
actos de violencia, ya sea por intercambio de disparos con la Policía, conflictos
interpersonales o disparos al aire, todo lo cual está estrechamente ligado al
deficiente control respecto de la proliferación de armas de fuego en manos de la
población civil. Esto, aunado a la gran facilidad con que puede obtenerse el permiso
oficial para portar y tener arma, contribuye de manera notable a promover la cultura
de violencia en el seno de la sociedad, con todas sus nefastas consecuencias” 27
25
Secretaría de Integración Centroamericana SICA, Hacia una Centroamérica Segura, Estrategia de Seguridad de Centroamérica. Guatemala junio del 2011. Pág. 7 26
Loc. Cit. 27
Orlidy Inoa, Armas de Fuego en República Dominicana –Impacto Social y Análisis Jurídico. República Dominicana, Editorial ARGOS-ICED, 2010. Página 5
31
También es importante analizar, que existe una alta percepción de inseguridad en la
población, pero a su vez, esto a diferencia de lo argumentado por los constituyentes
para reconocer los derechos de tenencia y portación de armas como fundamentales,
no es razón para armarse. Al respecto señalan Small Arms Survey el Centro de
Recursos para análisis del conflicto: “la encuesta de Vox Latina (Prensa Latina)
presenta otros preocupantes hallazgos sobre la percepción de seguridad, como por
ejemplo que “Nueve de cada diez personas reconoció vivir en constante temor de ser
secuestrado, extorsionado o asaltado, y el 80 por ciento dijo sentir temor de caminar
libremente por las calles ante las altas posibilidades de ser víctima de un hecho de
violencia…”28 , y con relación a la Encuesta Nacional de hogares sobre violencia
armada realizada en Guatemala en el 2008 refieren: “Pese a la elevada percepción
de inseguridad de los encuestados, las armas no son consideras fuente de seguridad
por parte de la mayoría de los guatemaltecos. 74.5% de los encuestados reveló que
tenían la percepción que las armas de fuego no los protegían ni a ellos ni a sus
familias.”29
En ese orden de ideas y refiriéndose a los impactos de la violencia armada, la
Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano refiere: “El incremento de la
violencia tiene un alto impacto en la población pues ha disparado la percepción de
inseguridad. Aunque parte de esta percepción se debe a la influencia mediática, los
indicadores de criminalidad y seguridad en la región se han deteriorado. La violencia
tiene un alto impacto social y en la gobernabilidad, drena los fondos
gubernamentales y afecta en forma negativa las posibilidades de incrementar la
inversión nacional y extranjera. Esto contribuye a reducir las opciones de crecimiento
y desarrollo de los países.” 30
28
Small Arms Survey y Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto. Guatemala en la Encrucijada, Panorama de una Violencia Transformada. Colombia, Panamericana Formas e Impresos S.A, 2011. Pág. 73 29
Ibid, página 78 30
Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, Transferencia de Armas hacia y desde América Latina. Costa Rica, Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, 2009. Página 3
32
Como puede inferirse de este apartado, las armas de fuego han jugado un papel
preponderante en el incremento de los índices de criminalidad del país, la incidencia
delictiva relacionada a armas de fuego ocupa los espacios más altos, provocando
con ello una merma considerable en los niveles de desarrollo del país. Como puede
concluirse también, el objetivo por el cual los constituyentes otorgaron el rango de
fundamentales a los derechos de tenencia y portación de armas de fuego no se
cumplieron, y si se toman en cuenta los estudios referidos, no es a través de
armarse que se logrará bajar estos índices de criminalidad y violencia.
F. Evolución Histórica del reconocimiento constitucional de los
derechos de Tenencia y Portación en Guatemala
Los derechos de tenencia y portación de armas de fuego han sido reconocidos por
las Constituciones de Guatemala a través de la historia de forma muy similar a la
actual:
En la Constitución Política de 1825, se reconoce de la siguiente forma: “Artículo 18.
Ninguna población podrá ser desarmada, ni despojarse a ninguna persona de las
armas que tenga en su casa, ni de las que lleve lícitamente”. Es el único texto
constitucional que hace alusión a la población y la prohibición a desarmarla. Debe
tomarse en cuenta que esta Constitución se emitió durante el período independista
en el cual se atribuye al pueblo valores de libertad, por lo que este derecho no
resultaba extraño.
Al respecto debe indicarse que la misma lógica se aplica en la segunda enmienda
de la Constitución de los Estados Unidos de América, en donde la potestad de
armarse está dada a la población, y tomándose en cuenta lo analizado con relación a
que la Constitución de Estados Unidos inspiró a la guatemalteca, puede explicarse el
hecho que ambas reconozcan estos derechos a la población.
33
También la Constitución de 1825 reconoce la tenencia de armas en la casa, sin
extenderse a otro ámbito y la portación de armas, estableciendo la limitación con
relación a esta última al indicar “las que lleve lícitamente”. En este texto
constitucional no se refiere al tipo de armas de fuego que puedan tenerse y portarse,
sí refiere, en el caso de la portación, a que las mismas se lleven lícitamente pero sin
referir a la legislación ordinaria para el ejercicio de tal derecho. Más bien es un
reconocimiento general a la capacidad de la población para armarse y a los derechos
de tenencia y portación sin mayores restricciones ni limitaciones.
En la Declaración de los Derechos del Estado y sus Habitantes de 1839 se
reconoce únicamente el derecho de tenencia de armas de fuego, no el de portación
de la siguiente forma: “Artículo 18. Pueden todos los habitantes tener armas para su
defensa y la del Estado y no deben ser privados de su uso, sino en los casos
prevenidos por la Ley”. Este es el único texto que al reconocer derechos
relacionados a armas de fuego, no reconoce el derecho de portación. También es el
único texto constitucional que se refiere a la posibilidad de los habitantes de defender
al Estado con armas. En este caso sí se establece que se puede privar de las armas
por casos establecidos en la Ley.
En la Constitución Política de la República de Centroamérica de 1921 se
reconoce únicamente el derecho de portación de armas y no el de tenencia, al
contrario de la Declaración de los Derechos del Estado y sus habitantes de 1839. El
reconocimiento se da de la siguiente forma: “Artículo 44. Toda persona tiene derecho
de portar armas, sujetándose a las Leyes de policía”. A partir de esta Constitución se
empieza a fijar que para el caso de la portación, su ejercicio se remite a la
legislación ordinaria y en este caso se refería a la Ley de policía.
No se encuentra disposición sobre estos derechos en el período revolucionario, con
la Constitución de 1945. Al efecto es necesario recordar que esta Constitución fue
inspirada por el movimiento revolucionario del 44 y que incorpora un largo apartado
de derechos sociales. Siguiendo al autor Jorge Mario García Laguardia refiriéndose a
34
esta Constitución: “En su artículo se percibe una “aspiración moralizadora” que se
traduce en declaraciones doctrinarias y un idealismo político explicable por el
amanecer democrático en que se gesta después de una larga dictadura: moralidad
pública, educación, cárceles, participación política, campaña alfabetizadora… Se
produce una constitucionalización de muchas nuevas materias, buscando petrificar
en la ley fundamental el nuevo programa de gobierno.”31 Tomando en consideración
lo anterior, el reconocimiento de los derechos de tenencia y portación de armas
quedaban fuera totalmente de los principios revolucionarios que inspiraron la
Constitución y por lo tanto, lógico resulta que no se hayan incluido en el articulado
constitucional.
Siguiendo con la evolución del reconocimiento de los derechos de tenencia y
portación de armas, el siguiente antecedente se encuentra en la Constitución de
1956 la siguiente disposición: “No constituye delito o falta la simple tenencia en el
domicilio de armas de uso personal, no comprendidas en las prohibiciones legales. El
derecho de portación de armas está regulado por la Ley.” Para este período
constitucional se había aprobado la Declaración Universal de Derechos Humanos y
la Declaración Americana de los Derechos y deberes del Hombre, por lo que la
Constitución introduce el término de derechos humanos y no garantías como
aparecía en los textos anteriores, apareciendo los derechos de tenencia y portación
reconocidos en el apartado de derechos humanos.
En este texto se despenaliza la tenencia de armas de fuego en el domicilio,
limitándose este derecho a las armas reputadas como de uso personal, que no estén
comprendidas en las prohibiciones legales y fija como el lugar para la tenencia al
domicilio ya no la casa como lo establecía la Constitución de 1825. De aquí en
adelante las disposiciones constitucionales resultan muy similares, estableciendo
limitaciones con relación a la tenencia y dejando en el ámbito de la legislación
ordinaria la regulación del derecho de portación de armas, y la clasificación de las
armas permitidas y prohibidas.
31
García Laguardia, Jorge Mario. Op. Cit. Pág. 86
35
La Constitución de 1965 utiliza el término de garantías constitucionales para
referirse a los derechos fundamentales, reconociendo derechos de tenencia y
portación dentro de las garantías constitucionales de la siguiente forma: “Artículo 68.
El derecho de portación de armas será regulado por la Ley. No constituye delito o
falta tener en el domicilio, armas de uso personal no comprendidas en las
prohibiciones legales”. Como puede apreciarse, esa redacción es muy parecida a la
de 1956 en la cual se despenaliza la tenencia de armas siempre y cuando éstas se
posean en el domicilio y se puedan clasificar como de uso personal y que no estén
comprendidas dentro de las prohibiciones de Ley. Además, se remite el ejercicio de
la portación de armas a la Ley ordinaria.
La Constitución Política de la República vigente se gesta cuando el país se
encontraba inmerso en el medio de un conflicto armado interno y cuando también se
inicia el período democrático que pone fin a una serie de gobiernos militares. Esta
constitución imbuida de un espíritu democrático y de respeto a los derechos
humanos pero dentro de un escenario de conflicto armado, reconoce los derechos de
tenencia y portación de armas dentro de los derechos humanos individuales de la
siguiente forma: “Artículo 38. Tenencia y Portación de Armas. Se reconoce el
derecho de tenencia de armas de uso personal, no prohibidas por la Ley, en el lugar
de habitación. No habrá obligación de entregarlas, salvo en los casos que fuera
ordenado por juez competente. Se reconoce el derecho de portación de armas,
regulado por la Ley”.
Como puede apreciarse, el texto es muy parecido a las Constituciones de 1956 y
1965, sin embargo, cabe destacar algunas diferencias: se sitúa como el lugar para
ejercer el derecho de tenencia de armas de uso personal no prohibidas por la Ley al
“lugar de habitación”, ya no se extiende el ámbito al domicilio. Además, establece
que las armas no se deberán entregar sino únicamente en casos en los que medie
una orden de juez competente, garantizando con ello el ejercicio del derecho. Al igual
que en los otros textos constitucionales no se indica la cantidad de armas que puede
36
tenerse, condiciones para su tenencia ni más requisitos que los referidos
anteriormente. En el caso de la portación de armas, sigue la línea trazada por las
Constituciones anteriores, remitiendo para su ejercicio a la legislación ordinaria, en
este caso, la Ley de Armas y Municiones.
Realizando un ejercicio interpretativo y de una forma muy preliminar dado que el
tema se continuará profundizando en este documento, podría concluirse que la
Constitución Política de la República de Guatemala reconoce los derechos de
tenencia y portación de armas de fuego de la siguiente forma: en el caso de la
tenencia de armas de fuego, solamente podrán poseerse en el lugar de habitación
las armas que son permitidas y clasificadas de esa forma por la legislación ordinaria
y que en el caso de la portación de armas será la Ley de Armas y Municiones la que
establezca la forma en la que este derecho podrá ejercitarse.
Como puede apreciarse, el reconocimiento de los derechos de tenencia y portación
datan desde la primera Constitución de la República, inspirados en gran medida en la
Constitución estadounidense, pero revisados los índices de criminalidad en
Guatemala y el involucramiento de armas de fuego en hechos violentos, puede
concluirse que la permisividad para la tenencia y portación de armas de fuego
reconocida por la Constitución, no han servido para los fines que los constituyentes
referían, no han garantizado la seguridad de la ciudadanía y más bien, las armas se
han volcado contra la misma población.
37
CAPÍTULO II: Legislación Interna sobre los Derechos de Tenencia y Portación
de Armas de Fuego en Guatemala
Se hace necesario realizar una revisión de las disposiciones legales que se refieren a
los derechos de tenencia y portación de armas de fuego, iniciando desde la
Constitución Política de la República hasta el Reglamento de la Ley de Armas y
Municiones que fue emitido en el 2011.
Previamente a realizar esta revisión y tomando en cuenta el impacto de las armas en
la inseguridad y desarrollo, cabe señalar lo que según el Foro parlamentario sobre
armas pequeñas y ligeras y la Coalición para la Prevención y Reducción de la
Violencia Armada son las funciones que cumplen las legislaciones sobre armas de
fuego:
- “Se legisla porque se percibe desde el Estado, que la violencia con armas de
fuego constituye un problema para la sociedad y el Estado, un problema que
le cabe al Estado resolver.
- A efectos de ejercer las facultades coercitivas que le corresponden al Estado
en la materia, y a efectos de introducir prohibiciones, referente a ciertos tipos
de armas y ciertas actividades con ellas, tales facultades y prohibiciones
deben estar amparadas en normativas y disposiciones que gocen de un
correcto valor jurídico, es decir normalmente con rango de ley (nacional).
- Las legislaciones de armas cumplen una función normativa a nivel societal,
señalando a la sociedad qué se pretende con la regulación de armas, qué
principios rigen y orientan la política en la materia: qué se espera de los
ciudadanos y a qué se compromete el Estado.
- La Legislación de armas de fuego y municiones es igualmente, parte integral
de cada política pública de seguridad, así como de la política de salud, ya que
es a través de esas legislaciones que se define la presencia en la sociedad de
objetos que están diseñados para ocasionar daños, y primordialmente daños
letales.
38
- Legislación sobre armas de fuego y munición es, también, una manera de
“comunicarse” con sus países vecinos y la comunidad internacional, algo que
es imprescindible para el control de armas de fuego y sus municiones.” 32
A. Constitución Política de la República de Guatemala
En el Título II de la Constitución Política de la República de Guatemala, relacionado a
los Derechos Humanos y el Capítulo I de Derechos Individuales, se encuentra el
reconocimiento a los derechos de tenencia y portación de armas de la forma
siguiente: “ Tenencia y Portación de Armas. Se reconoce el derecho de tenencia de
armas de uso personal, no prohibidas por la Ley, en el lugar de habitación. No habrá
obligación de entregarlas, salvo en los casos que fuera ordenado por juez
competente. Se reconoce el derecho de portación de armas, regulado por la Ley.”
Como pudo apreciarse en el capítulo anterior, los derechos de tenencia y portación
de armas de fuego se han reconocido históricamente en los textos constitucionales
guatemaltecos, ubicándoles como fundamentales para el Estado de Guatemala,
planteándose por ello dentro de este trabajo, la necesidad de establecer los alcances
de estos derechos y sus limitaciones.
Cabe hacer mención que la Constitución también establece dentro de los deberes del
Estado, garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la
seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona así como el principio que el
interés social prevalece sobre el interés particular. Podría afirmarse, realizando una
interpretación constitucional, que los derechos de tenencia y portación de armas de
fuego se reconocen y su ejercicio poseerá los límites establecidos por el interés
social y por lo tanto, no podrían ejercitarse de tal forma que ponga en riesgo los
32
Coalición Latinoamericana para la Prevención de la Violencia Armada y Foro Parlamentario sobre armas pequeñas y ligeras. Proyecto de Ley Marco de Armas de Fuego, Municiones y Materiales Relacionadas. Ediciones cpr, 2006. Página 8.
39
derechos de la colectividad y sus intereses, así como la vida, libertad, justicia,
seguridad, la paz y el desarrollo de la población.
La misma Constitución establece una limitación al derecho de portación de armas
cuando regula lo relacionado a los estados de excepción, refiriendo en su artículo
138 que este derecho podrá limitarse en caso de ser decretado un Estado de
Excepción de la siguiente forma:
“Limitación a los derechos constitucionales. Es obligación del Estado y de las
autoridades, mantener a los habitantes de la Nación, en el pleno goce de los
derechos que la Constitución garantiza. Sin embargo, en caso de invasión de
territorio, de perturbación grave de la paz, de actividades contra la seguridad del
Estado o calamidad pública, podrá cesar la plena vigencia de los derechos a que se
refieren los artículo 5,6,9,36, 33, primer párrafo del artículo 35, segundo párrafo del
artículo 38 y segundo párrafo del artículo 116. Al concurrir cualquiera de los casos
que se indican en el párrafo anterior, el Presidente de la República, hará la
declaratoria correspondiente, por medio de decreto dictado en Consejo de Ministros y
se aplicarán las disposiciones de la Ley de Orden Público. En el estado de
prevención no será necesaria esta formalidad…”
Existen ejemplos recientes de esta limitación: con el Decreto Gubernativo 4-201133
se decretó estado de sitio en todo el departamento de Petén por los hechos violentos
ocurridos en dicho departamento en el mes de mayo del 2011. El Decreto limitó el
derecho de portación de armas en el departamento de Petén. El estado de sitio tenía
una duración inicial de un mes pero el mismo fue prorrogado dos veces más; y el
más reciente, Decreto Gubernativo 10-201134 que decretó estado de calamidad
pública en toda la República por las inundaciones y deslaves ocurridos en todo el
territorio nacional, además de limitar otros derechos también limitó el derecho de
portación de armas de fuego en toda la República por un plazo de 30 días.
33
Decreto Gubernativo 4-2011 del 16 de mayo del 2011 34
Decreto Gubernativo 10-2011 del 15 de octubre del 2011
40
B. Ley de Armas y Municiones, Decreto 39-89 del Congreso de la República
El Decreto 39-89 del Congreso de la República estuvo en vigencia desde el año de
1990 a finales de abril del 2009. Se aprobó a escasos años de vigencia de la
Constitución Política de la República y en los últimos años del conflicto armado
interno.
Esta Ley contemplaba la posibilidad de tenencia de armas de fuego para los
ciudadanos mayores de 18 años de edad y con relación al lugar de la tenencia
ampliaba el mismo al lugar de trabajo, siempre y cuando este se encontrara en un
lugar cerrado y no se tratara de oficinas del Estado. Es decir, se podía poseer el
arma de fuego tanto en el hogar o casa de habitación como también en el trabajo.
Las armas referidas por la Constitución como de uso personal, eran las que se
permitían tanto para la tenencia como portación, siendo las que la Ley clasificaba
como defensivas y/o deportivas. Como armas defensivas se clasificaban los
revólveres y pistolas semiautomáticas de cualquier calibre; las escopetas de
bombeo, semiautomáticas, de retrocarga y antecarga siempre que el largo del cañón
no excediera 56 centímetros o 22 pulgadas. Como armas deportivas se clasificaban
las armas permitidas para eventos deportivos internacionales. De forma
extraordinaria y con autorización del Estado Mayor de la Defensa Nacional se podía
tener y portar armas de fuego clasificadas como ofensivas, que no eran más que las
que accionan de forma contínua o en ráfaga.
Se contemplaba la necesidad del registro de la tenencia de armas de fuego en el
Departamento de Control de Armas y Municiones –DECAM-35 , sin establecer
mayores requisitos para la misma, más que la presentación de los documentos que
justificaban la propiedad del arma y los documentos de identificación personal de
quien registrara. El trámite era muy simple y se limitaba a llenar formularios. Un
procedimiento muy importante a la tenencia de armas tanto durante la vigencia de la
35
El Departamento de Control de Armas y Municiones –DECAM- era una dependencia del Ministerio de la Defensa Nacional que tenía a su cargo el registro de armas y el control y supervisión de las actividades relacionadas a armas y municiones
41
Ley derogada como durante la vigente, es el relacionado a la obligatoriedad de la
toma de huella balística del arma que se registra, la cual sirve como parámetro de
comparación en el momento de la realización de cotejos por parte de los peritos
balísticos.
Es decir, para el ejercicio del derecho de tenencia de armas, la Ley derogada
establecía como requisitos tener 18 años o más, el registro de las armas de fuego,
que las armas fueran de las clasificadas como defensivas y/o deportivas.
Ahora bien, con relación a la portación de armas de fuego la Ley derogada exigía
más requisitos: en primer lugar podían portar armas de fuego los mayores de 25
años a diferencia de la tenencia la cual puede ejercitarse a partir de los 18 años; las
armas permitidas, al igual que en la tenencia, podían ser las defensivas y/o
deportivas y de manera extraordinaria las ofensivas. Se debía solicitar la licencia de
portación de armas de fuego ante el Departamento de Control de Armas y
Municiones y no se establecía ninguna limitación en cuanto al número de armas que
una persona podía portar, solamente se establecía que una licencia de portación
podía amparar hasta tres armas de fuego.
Con relación a la forma en la que los interesados debían comprobar o justificar la
propiedad sobre el arma de fuego, la legislación derogada posibilitaba que si no se
justificaba a través de factura o título de propiedad que se hiciera a través de
declaración jurada, lo cual facilitaba en gran medida los procedimientos de registro
de las armas de fuego.
Como puede apreciarse, con relación al derecho de portación de armas de fuego,
éste se amparaba por medio de una licencia de portación, y se establecía como
requisito que el requirente tuviera 25 años o más.
Un tema relacionado tanto a la tenencia como a la portación de armas y que
proporciona una dimensión sobre los pocos controles que poseía la legislación
42
derogada, es lo relacionado a las municiones. La Ley no establecía una cantidad
máxima de municiones para la compra durante el mes, lo que ocurría era que se
estableció que una persona no podía trasladar más de 500 municiones por arma
registrada dado que se configuraba el delito de traslado ilegal y por lo tanto se
interpretaba que no podía venderse más de 500 municiones por arma registrada
diariamente. Esta cantidad resulta un escándalo en otros países, siendo que una
persona podía comprar miles de municiones al mes en Guatemala.
C. Ley de Armas y Municiones, Decreto 15-2009 del Congreso de la
República
La Ley de Armas y Municiones, Decreto 15-2009 del Congreso de la República,
entró en vigencia el 29 de abril del 2009. Desde hacía años la reforma a la Ley de
armas se planteaba como urgente y necesaria, impulsada en un primer momento
por los Acuerdos de Paz:
El Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Papel del Ejército en una
Sociedad Democrática36 incluyó el siguiente compromiso: “33. De conformidad con el
Acuerdo Global sobre Derechos Humanos y para hacer frente a la proliferación de
armas de fuego en manos de particulares y la falta de control sobre su adquisición y
uso, el Gobierno de la República se compromete a promover la reforma de la Ley de
Armas y Municiones a efecto de: a) hacer más restrictiva la tenencia y portación de
armas que se encuentran en manos de particulares, de conformidad con lo previsto
por el artículo 38 de la Constitución; b) Otorgar responsabilidad sobre la materia al
Ministerio de Gobernación. Lo referente a la tenencia y portación de armas ofensivas
se considerará en casos muy excepcionales y calificados para ello, se deberá contar
con la opinión favorable del Ministerio de la Defensa.”
36
Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y el Papel del Ejército en una Sociedad Democrática, 29 de diciembre de 1996
43
Con relación al proceso de reforma de la Ley, la Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala refiere: “En síntesis: Para la entrada en vigor de una nueva
Ley de Armas y Municiones, tuvieron que pasar 10 años desde la iniciativa del
Presidente en 1999, tres diferentes Congresos de la República y un sinnúmero de
esfuerzos de diversos actores, siendo importante el rol desarrollado durante dicho
tiempo por la sociedad civil en la discusión de la reforma.”37
Aparte de los argumentos esgrimidos por CICIG, otro factor que favoreció finalmente
después de diez años de esfuerzos la reforma de la Ley, fue que el Estado había
adquirido una serie de compromisos de conformidad a varios instrumentos
internacionales en materia de armas de fuego, municiones, explosivos y otros
materiales relacionados, básicamente todos estos compromisos se cumplimentaban
con la reforma de la Ley. Estos instrumentos internacionales son de ámbito
centroamericano, interamericano y universal, algunos son jurídicamente vinculantes
para el Estado y otros son declaraciones políticas que igualmente entrañan
compromisos para el Estado, estos instrumentos se fueron aprobando por el Estado
desde el año de 1995. Uno de los compromisos reiterados en los instrumentos
internacionales era lo relacionado a tipificar como delito el tráfico ilícito de armas de
fuego y municiones. De carácter político, otro de los compromisos del Estado era
establecer un órgano nacional que se encargara de coordinar lo relacionado a las
acciones para prevenir la violencia armada y servir de enlace y punto de contacto
internacional en la materia, este órgano nacional es la Comisión para la Prevención y
Reducción de la Violencia Armada a la cual se aludió anteriormente y que fue creada
por Acuerdo Gubernativo 230-2010.
Entre los instrumentos internacionales relevantes en materia de armas de fuego,
municiones y otros materiales relacionados se encuentran los siguientes:
a) Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica.
37
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Op. cit. Pág. 29
44
b) Código de Conducta de los Estados Centroamericanos en materia de
transferencia de armas, municiones, explosivos y otros materiales
relacionados.
c) Convención Interamericana contra la Fabricación y Tráfico Ilícitos de Armas de
Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados.
d) Programa de Acción de Naciones Unidas para Prevenir, Combatir y Eliminar el
Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos.
e) Instrumento Internacional que permita a los Estados identificar y rastrear de
forma oportuna y fidedigna, las armas pequeñas y ligeras ilícitas.
f) Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico ilícitos de armas de fuego, sus
piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Realizando un estudio de las diferentes iniciativas que se presentaron para la
reforma de la Ley de Armas y Municiones, desde 1999 hasta el 200938 se puede
decir que la reforma giraba alrededor de cuatro puntos fundamentales: a) establecer
mayores requisitos para el ejercicio del derecho de portación de armas; b) incorporar
contenidos relacionados al tráfico ilícito de armas y municiones tipificándolo como
delito de conformidad a varios instrumentos internacionales en materia de armas y
municiones, así como incorporar el control sobre todas las figuras relacionadas al
tráfico; c) establecer un límite para la adquisición de municiones; y, d) posibilitar el
traslado del control de armas y municiones del Ministerio de la Defensa Nacional al
Ministerio de Gobernación.
La Ley de Armas y Municiones se aprueba buscando con ello lograr el ejercicio de
los derechos de tenencia y portación de armas pero sin dejar de privilegiar otros
38
Iniciativas de Ley : 2193, 2589, 2990, 3206, 3753, 3902, 3931 y 4003
45
derechos reconocidos constitucionalmente; además se trata con esta Ley de aportar
para reducir los índices de criminalidad del país; así como dar cumplimiento a los
compromisos establecidos en los diferentes instrumentos internacionales aprobados
por Guatemala. Resulta muy interesante traer a este texto lo considerado por los
legisladores al momento de aprobar la Ley de Armas y Municiones:
“Considerando: Que la Constitución Política de la República de Guatemala reconoce
el derecho de tenencia y portación de armas de uso personal no prohibidas de
conformidad con lo regulado en una Ley específica. Considerando: Que es deber del
Estado ejercer el control de quienes tienen y portan armas para garantizar el debido
respeto a la vida, la integridad física, la libertad, la seguridad y justicia de todos los
habitantes de la República, como valores supremos inherentes al ser humano y
reconocidos en la Constitución Política de la República. Considerando: Que la
proliferación de armas de fuego en la sociedad guatemalteca pone en riesgo la vida e
integridad física de la mayoría de habitantes de la República, debido a la relación
existente entre hechos violentos y armas de fuego, lo que hace necesario que se
regulen las formas y medios por los cuales una persona puede ejercitar sus derechos
de tenencia y portación de armas de fuego, de conformidad con lo establecido en la
presente Ley. Considerando: Que Guatemala es firmante de las convenciones de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Decreto Número
36-2003 del Congreso de la República; Convención Interamericana contra la
Fabricación y Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros
Materiales Relacionados, a causa de los efectos perjudiciales de todas estas
actividades para la seguridad de los Estado del mundo en general, donde Guatemala
se comprometió a generar las medidas legislativas necesarias para erradicar el
tráfico ilícito de armas de fuego y municiones; establecer el control y penalización
correspondientes.”
En el artículo 1 de la Ley , se regula que la naturaleza de la Ley es normar la
tenencia y portación de armas y municiones dentro del territorio nacional, en apego a
la Constitución Política de la República, y de ahí se desprende todo el articulado que
46
por una parte regula el ejercicio de los derechos de tenencia y portación de armas, y
por otro lado regula todas las actividades relacionadas a armas y municiones, como
la importación y exportación, fabricación, compraventa, almacenaje, desalmacenaje,
transporte, entre otros.
Con relación al derecho de tenencia de armas de fuego, la Ley regula en el artículo
62 lo siguiente: “Tenencia. Todos los ciudadanos tienen el derecho de tenencia de
armas de fuego en su lugar de habitación, salvo las que esta Ley prohíba,
cumpliendo únicamente con los requisitos expresamente consignados en la presente
Ley.” Como puede apreciarse esta regulación guarda coincidencia con lo establecido
por el artículo 38 de la Constitución Política de la República: fija el derecho de
tenencia para todos los ciudadanos. En cuanto a la categorización de ciudadano por
parte de la Ley de Armas y Municiones si existe diferencia, dado que la Constitución
reconoce el derecho a todos los habitantes, mientras que la Ley limita el mismo a los
ciudadanos. En cuanto al lugar para ejercer la tenencia, la Ley fija el lugar de
habitación, realizando la salvedad que se trata de las armas que no estén prohibidas,
agregando el requisito de cumplimiento de los requisitos consignados en la misma
Ley. Este derecho está reconocido en la Ley a los ciudadanos, es decir, a aquellos
guatemaltecos que han alcanzado los 18 años de edad, la Ley limita este derecho
para ser ejercido únicamente por los ciudadanos, por los mayores de edad, lo cual
resulta lógico dado que no podría entenderse un derecho de este tipo reconocido a
los menores de edad, así como también supone una regulación diferente para los
extranjeros. Esta se deberá entender como una limitación establecida por la ley para
garantizar el bien común. Más adelante, al momento de analizar las sentencias de la
Corte de Constitucionalidad objeto del presente documento, podrá verse que según
criterio de la Corte, es posible que la legislación ordinaria establezca limitaciones.
Es necesario hacer un paréntesis con relación a las armas que están permitidas
tanto para la tenencia como para la portación debido a que la Ley no es muy clara
con relación a estas disposiciones, resultando más clara la Ley derogada en este
aspecto dado que era fácil identificar las dos clasificaciones.
47
Según lo establece el artículo 9 de la Ley, se consideran armas de fuego de uso civil
los revólveres y pistolas semiautomáticas, de cualquier calibre, así como las
escopetas de bombeo, semiautomáticas, de retrocarga y avancarga con cañón de
hasta veinticuatro (24) pulgadas y rifles de acción mecánica o semiautomática, por lo
que se puede llegar a concluir, que mientras el mecanismo de disparo de estas
armas sea semiautomático, no importando el calibre, son armas de uso permitido.
También se consideran permitidas para hacer deporte, siempre que se cumplan con
los requisitos establecidos en la Ley, las armas de fuego deportivas, siendo éstas
según el artículo 11 de la Ley, aquellas que han sido diseñadas para la práctica de
deportes, tanto de competencia como de cacería, y que están reconocidas y
reguladas internacionalmente. Las armas deportivas se clasifican en: armas de
fuego cortas, armas de fuego largas y armas de fuego de caza.
Las armas de fuego deportivas cortas comprenden las pistolas y revólveres utilizados
en eventos internacionales, olímpicos y otros, organizados por las federaciones
nacionales de tiro y entidades deportivas reconocidas por la Ley.
Las armas de fuego deportivas largas comprenden los rifles, carabinas y escopetas
con largo de cañón de hasta treinta y seis (36) pulgadas, utilizadas en eventos
internacionales, olímpicos y otros organizados por las federaciones nacionales de tiro
y entidades deportivas reconocidas por la Ley.
Las armas de fuego deportivas de caza comprenden los revólveres, pistolas, rifles,
carabinas, escopetas con largo de cañón de hasta treinta y seis (36) pulgadas y
aquellas cuyas características, alcance y/o poder, hayan sido diseñadas para tal
propósito.
Según el artículo 10 de la Ley de Armas y Municiones, se prohíbe a personas
individuales y jurídicas la portación y tenencia de las armas de fuego bélicas, sus
48
componentes y/o sus municiones, de uso exclusivo del Ejército de Guatemala y las
clasificadas como automáticas, salvo casos de excepción considerados dentro del
artículo 71 de la misma Ley.
Como armas de tipo bélico se entienden las de uso exclusivo del Ejército de
Guatemala, especificadas en el artículo 5 de la Ley de Armas y Municiones, en
donde se indica que éste podrá hacer uso de las armas necesarias para la defensa
interna y externa del país, según sus atribuciones constitucionales, siempre que las
mismas no se encuentren contempladas en las prohibiciones establecidas en los
convenios y tratados internacionales aceptados y ratificados por Guatemala, o por
prohibición expresa de la Ley .
También se consideran de uso exclusivo del Ejército de Guatemala, los armamentos
de guerra de fabricación internacional, aún cuando no existen en los inventarios o
arsenal nacional, y todas aquellas armas de fuego de uso y manejo colectivo.
Según el artículo 6 de la Ley de Armas y Municiones las fuerzas de seguridad y
orden público podrán hacer uso de todas las armas de fuego en adición a las
establecidas en los artículos 9 y 11 de la misma Ley : fusiles militares de asalto
táctico, pistolas de ráfaga intermitente, continua o múltiple, rifles automáticos, rifles
de acción mecánica o semiautomática, rifles de asalto, carabinas automáticas,
ametralladoras, subametralladoras y metralletas, carabinas y subfusiles con armazón
de subametralladora, armas de propósito especial, subametralladoras cortas o
acortadas automáticas o semiautomáticas, rifle/lanzagranadas, lanza granadas y
otras fabricadas para el fin del cumplimiento de su misión.
Como bélicas se entienden también las armas de uso y manejo colectivo,
relacionadas en el artículo 7 de la Ley de Armas y Municiones, comprendiendo
éstas: las ametralladoras ligeras y pesadas, cañones ametralladores, cañones,
aparatos de lanzamiento y puntería de granadas y proyectiles impulsados o
propulsados.
49
Las armas de fuego de uso bélico, químicas, explosivos bélicos, artefactos bélicos y
armas de propósito bélico especial, son de uso exclusivo del Ejército de Guatemala,
a excepción de los explosivos que unidades especializadas de la Policía Nacional
Civil utilicen en función de la seguridad interna y las que se encuentren
contempladas en las prohibiciones establecidas en los convenios o tratados
internacionales aceptados y ratificados por Guatemala.
Se incluyen también cualquier tipo de granadas, explosivos no industriales y/o
elementos necesarios para su lanzamiento; así como las armas de fuego y sus
municiones diseñadas con propósitos bélicos especiales, como aquellas que fueron
fabricadas sin número de serie, silenciadas o con alta precisión que no sean para
uso deportivo y otras características aplicables a propósitos bélicos.
En el artículo 82 de la Ley de Armas y Municiones, dentro de las Prohibiciones
Generales contiene la prohibición a los particulares de la fabricación, importación,
exportación, intermediación, tenencia y portación de las armas hechizas y/o
artesanales. Armas hechizas y/o artesanales, son todos los artefactos o ingenios de
fabricación ilegal que hagan accionar por cualquier mecanismo municiones para
armas de fuego u otro tipo de proyectil que cause daño.
Concluyendo este tema, las armas permitidas tanto para la tenencia como para la
portación, son las que la Ley clasifica como de uso civil y las deportivas. Es decir
que son permitidas para la tenencia y portación:
- Revólveres y pistolas semiautomáticas de cualquier calibre
- Escopetas de bombeo, semiautomáticas, de retrocarga y avancarga con
cañón de hasta 24 pulgadas
- Rifles de acción mecánica o semiautomática
- Las armas deportivas
50
La tenencia de armas debe registrarse en la Dirección General de Control de Armas
y Municiones.39 La Ley no exime de la obligación del registro por ninguna razón
entendiéndose con ello que el derecho de tenencia de armas de fuego puede
ejercitarse siempre y cuando estén registradas las armas objeto de tenencia.
Para registrar la tenencia es necesario presentar el documento que justifica la
propiedad del arma, que únicamente puede ser a través de una factura o del
testimonio de la escritura de traspaso. La Ley permitió la posibilidad de registrar la
tenencia justificando la propiedad del arma a través de declaración jurada,
únicamente durante los seis meses siguientes a que entró en vigencia la Ley,
finalizando esta posibilidad en octubre del 2009.
Dentro del procedimiento de registro de la tenencia de armas se regula la
obligatoriedad de realizar la toma de huella balística correspondiente, esto se realiza
con la finalidad de crear un banco de datos de huella balística que pueda servir de
parámetro de comparación cuando por investigación criminal se cotejen huellas
balísticas.
En síntesis, el derecho de tenencia de armas de fuego puede ejercitarse por los
ciudadanos guatemaltecos, debiendo registrarse las armas objeto de tenencia en la
Dirección General de Control de Armas y Municiones. Las armas permitidas son
aquellas clasificadas en la Ley como de uso civil y/o deportivas y pueden tenerse
únicamente en el lugar de habitación.
Ahora bien, la regulación del derecho de portación de armas de fuego es más amplia,
lo cual resulta lógico dado que mediante la portación se puede trasladar el arma de
un lugar a otro, mientras que la tenencia conlleva la posesión del arma en el lugar de
habitación.
39
La Dirección General de Control de Armas y Municiones -DIGECAM- es una dependencia del Ministerio de la Defensa Nacional que sustituyó al DECAM y que es la entidad encargada del registro y control de armas de fuego y municiones
51
El artículo 70 de la Ley de Armas y Municiones regula la portación de armas de
fuego de la forma siguiente: “Con autorización de la DIGECAM, los ciudadanos
guatemaltecos y extranjeros con residencia temporal o permanente legalmente
autorizada, podrán portar armas de fuego de las permitidas por la presente Ley,
salvo las prohibiciones contenidas en este cuerpo legal.”
La primera diferencia con la regulación del derecho de tenencia radica en el
establecimiento de los 25 años como la edad mínima para poder ejercitar el derecho.
En este caso, pueden portar armas de fuego tanto los ciudadanos guatemaltecos
como los extranjeros que tengan 25 años de edad o más.
Es importante mencionar que esta edad es la regla general, sin embargo, el
legislador estableció como excepción a los miembros de las fuerzas de seguridad del
Estado y la Corte de Constitucionalidad en sentencia del 2 de diciembre de 2010
dentro del expediente 1608-200940 (que será analizada a profundidad en el próximo
capítulo) realizó una reserva interpretativa indicando lo siguiente: “la expresión
fuerzas de seguridad comprende, tanto a las instituciones estatales que tienen por fin
establecer el valor seguridad ciudadana, como las entidades privadas que se dedican
a la prestación de ese servicio y a los denominados cuerpos de seguridad de las
entidades bancarias estatales y privadas.” Quiere decir que dentro de las
excepciones se encuentran la Policía Nacional Civil y las Empresas de Seguridad
Privada.
Por otra parte, también es necesario para el ejercicio de la portación que el
interesado obtenga una licencia de portación de armas que ampare su derecho de
portación. Esta licencia deberá tramitarse ante la Dirección General de Control de
Armas y Municiones y requisito para la obtención de la licencia es la aprobación de
varias evaluaciones. Esto último se realiza con la finalidad de garantizar los derechos
de otras personas y del mismo interesado, para el efecto la Ley prevé lo siguiente:
“Artículo 75. Evaluaciones. Las licencias de portación de armas de fuego serán
40
Corte de Constitucionalidad, expediente 1608-2009
52
extendidas por la DIGECAM, cuando el solicitante demuestre que posee la aptitud
para el manejo y conocimientos de las armas de fuego, de tal forma que la portación
no represente un riesgo para él mismo, su familia y la sociedad”.
También la Ley prevé con la finalidad de garantizar la seguridad y bien común que
no puede extenderse licencia de portación a la persona condenada por los delitos de
homicidio doloso, asesinato, secuestro, ejecución extrajudicial, robo y robo agravado,
lesiones graves y gravísimas provocadas con armas de fuego o portación ilegal de
arma de fuego, además de los delitos tipificados en la Ley contra la Delincuencia
Organizada.
En definitiva, el ejercicio del derecho de portación de armas de fuego supone la
necesidad de contar con la autorización estatal por medio de una licencia de
portación emitida por la Dirección General de Control de Armas y Municiones; este
derecho puede ejercitarse a partir de los 25 años de edad una vez se hayan
satisfecho los requisitos establecidos en la Ley, tales como haber aprobado las
evaluaciones correspondientes y siempre que las armas de fuego se enmarquen
dentro de las clasificadas como de uso civil y/o deportivas.
Otro tema relacionado a la tenencia y portación de armas de fuego es la posibilidad
de comprar municiones. A este respecto la Ley prevé que se puede comprar
munición únicamente cuando se posee tarjeta de tenencia de armas de fuego o
licencia de portación y la munición debe ser del calibre del arma amparada con la
tarjeta o licencia. La Ley estableció un límite máximo para la adquisición mensual de
munición, fijando este límite en 200 municiones por arma amparada con tarjeta de
tenencia, así como 250 por cada arma amparada con licencia de portación.
Con relación a las limitaciones que la Ley establece para el ejercicio de los derechos
de tenencia y portación, es importante revisar los ilícitos en los cuales puede
incurrirse: Para el caso de la tenencia, se comete el delito de depósito ilegal de
armas de fuego de uso civil y/o deportivas, cuando se poseen tres o más armas de
53
este tipo sin haberlas registrado en DIGECAM. Se considera también, tenencia ilegal
cuando se posee más de un arma bélica o de uso exclusivo del Ejército de
Guatemala o de las fuerzas de seguridad y orden público sin contar con la
autorización excepcional del Estado, así como también se tipifica este delito cuando
se poseen explosivos, armas químicas, biológicas, atómicas, trampas bélicas y
armas experimentales los cuales están prohibidos. Así también se tipifica el delito de
tenencia ilegal de armas de fuego artesanales o hechizas.
También se tipifica el delito de tenencia ilegal de municiones, cuando se posee
munición exclusiva para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, anti-blindaje,
explosiva, incendiaria o envenenada. No se tipifica ningún ilícito cuando se trata de
municiones para armas de fuego de uso civil.
Para el caso de la portación, se tipifica el delito de portación ilegal de arma de fuego
de uso civil y/o deportivas cuando no se cuenta con la licencia de portación o cuando
no se está legalmente autorizado para la portación, como podría ocurrir por ejemplo,
con los agentes de la Policía Nacional Civil, quienes en el ejercicio de su función y
misión pueden portar armas de fuego sin contar con una licencia de portación. Otro
ejemplo son los deportistas de tiro, quienes para justificar un traslado del arma
cuentan con sus carnés que los acreditan como miembros de un club o federación de
tiro reconocidos legalmente. Asimismo, se tipifica el delito de portación ilegal de
armas hechizas o de fabricación artesanal así como la portación de otros tipos de
armas de uso prohibido.
D. Reglamento de la Ley de Armas y Municiones, Acuerdo Gubernativo 85-
2011
La Ley de Armas y Municiones estableció dentro de sus disposiciones finales que el
Organismo Ejecutivo debía emitir el correspondiente reglamento. Entró en vigencia el
54
29 de abril del 2009 y no fue sino hasta el 1 de marzo del 2011 que se emitió el
reglamento entrando en vigencia el 7 de abril del mismo año.
En el mismo mes en el cual entró en vigencia la Ley de Armas y Municiones, surgió
un Acuerdo entre los tres Organismos del Estado que pretendía establecer una
agenda mínima de compromisos en materia de Seguridad y Justicia que habían
quedado pendientes de cumplir desde los Acuerdos de Paz. El Acuerdo Nacional
para el Avance de la Seguridad y Justicia,41 incluyó dentro del Eje VI lo relacionado
al Control de Armas y en el compromiso 72 se acordó lo siguiente: “promover la
aprobación de una legislación restrictiva sobre control de armas y municiones, que
penalice la comercialización ilícita y el contrabando de armas y municiones, y
establezca el traspaso de las funciones de registro y control al Ministerio de
Gobernación”. Dado que ya se había aprobado la Ley de armas y municiones faltaba
completar la legislación en la materia con el respectivo reglamento, habiendo sido
preparado el mismo en el seno de la Comisión para la Prevención y Reducción de la
Violencia Armada42, la cual también era un compromiso del Acuerdo y como se vio
en el capítulo anterior, nace por Acuerdo Gubernativo en el año 2010.
El Reglamento de la Ley de Armas y Municiones, desarrolla lo relacionado a la
tenencia y portación de armas de fuego, los procedimientos relacionados al registro
obligatorio de las armas de fuego, la emisión de licencias de portación, los
procedimientos para la autorización de licencias de importación, exportación y
fabricación de armas y municiones, la forma de efectivizar medidas relacionadas a la
lucha contra el tráfico ilícito, como lo es el marcaje.
Entre las disposiciones que vale la pena resaltar, se encuentra lo relacionado a las
evaluaciones para poder optar a la licencia de portación: De conformidad al artículo
37 del Reglamento las evaluaciones para la primera licencia de portación de armas
de fuego serán las siguientes:
41
Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y Justicia, 15 de abril del 2009 42
Comisión para la Prevención y Reducción de la Violencia Armada, Informe Nacional: Avances en la implementación de la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo, Guatemala Pág. 20
55
- Aspectos básicos de la Ley de Armas y Municiones
- Medidas de seguridad con las armas de fuego
- Aspectos técnicos del funcionamiento de las armas de fuego
- Uso de las armas de fuego
- Evaluación psicológica
El Reglamento prevé que estas evaluaciones deberán aprobarse con un mínimo de
75 puntos, que las evaluaciones pueden ser escritas u orales y a quien no apruebe
las mismas no podrá aprobársele la licencia de portación.
Es importante que el Reglamento prevé la extensión de licencias especiales y
credenciales para las personas que trabajan en entidades estatales y que por sus
funciones de seguridad, investigación y orden público deban portar armas de fuego.
En este caso se exceptúa a los miembros de la Policía Nacional Civil y del Ejército de
Guatemala.
56
CAPÍTULO III: Jurisprudencia en materia de Derechos de Tenencia y Portación
de Armas
La búsqueda de la interpretación de los derechos de tenencia y portación de armas
ha sido el sustento de acciones ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala,
planteadas desde los mismos Organismos del Estado o de particulares en las que se
pretendía que el máximo órgano constitucional hiciere una exégesis, buscando con
ello aclarar su contenido, sus alcances y posibles limitaciones.
Las acciones ante la Corte de Constitucionalidad para la interpretación de los
derechos de tenencia y portación de armas de fuego se han desarrollado en el marco
de la reforma de la legislación sobre armas y municiones, siendo la acción más
antigua relacionada a este tema, la Opinión Consultiva solicitada por el Congreso de
la República a la Corte de Constitucionalidad en 1996 según expediente 682-9643.
En esa ocasión el Congreso de la República quería reformar un artículo de la Ley de
Armas y Municiones, Decreto 39-89 y por ello se solicitó la Opinión Consultiva.
Posteriormente a través de un instructivo, el Jefe del Departamento de Control de
Armas y Municiones quiso establecer un procedimiento relacionado a medidas de
resguardo de armamento por parte de entidades que poseían de 10 armas en
adelante, así como establecer algunos requisitos para las solicitudes de licencias
ante DECAM. Parte de este instructivo fue declarado inconstitucional.44
Mediante un Acuerdo Gubernativo el Ejecutivo promovía la suspensión del
otorgamiento de licencias de armas clasificadas en esa época como ofensivas así
como también se pretendía una actualización de las licencias otorgadas para este
tipo de armas para lo cual se debía presentar las armas y licencias al Departamento
de Control de Armas y Municiones por parte de las personas beneficiadas con este
43
Corte de Constitucionalidad, Opinión Consultiva del 21 de junio de 1986, expediente 682-96 44
Corte de Constitucionalidad, sentencia del 2 de octubre del 2000 en el expediente 982-99
57
tipo de licencias. Este Acuerdo fue declarado inconstitucional por considerarse que
afectaba derechos adquiridos.45
Después de esta acción y con la vigencia de una nueva Ley de Armas y Municiones
se presentan varias acciones de inconstitucionalidad desde el año 2009, las cuales
serán analizadas más adelante, destacando la interpretación que la Corte de
Constitucionalidad ha realizado tanto en la Opinión Consultiva como en las
sentencias de dichas acciones relacionadas a los derechos de tenencia y portación
de armas.
Respecto al criterio de la Corte de Constitucionalidad en las sentencias por varias de
las acciones presentadas, la Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala opina: “La Corte de Constitucionalidad tampoco ha tenido una doctrina
uniforme en cuanto a dejar establecido que el desusado derecho establecido en el
artículo 38 de la Constitución (y que no puede ser considerado como un derecho
humano bajo ninguna denominación conocida, ya sea como derecho político, social o
cultural) debe ser interpretado en coherencia con el deber de la protección de los
derechos humanos contenidos en la Constitución, tales como la vida, la integridad, la
seguridad o la libertad, consagrados en múltiples instrumentos internacionales de
derechos humanos.
Lo anterior no significa pretender que la Corte de Constitucionalidad establezca la
supremacía de un párrafo de la Constitución sobre otro, sino que la interpretación
constitucional del artículo 38, tenga en cuenta que es deber primordial del Estado
(artículo 2º) el asegurar a los ciudadanos el derecho a la vida, la libertad, la justicia,
la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Derechos que se han visto
seriamente afectados por la desregulación de las armas y municiones y su
mercado.”46
45
Corte de Constitucionalidad, sentencia del 27 de julio del 2003 dentro del expediente 416-2005 46
Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. Op. Cit., Pág. 96.
58
A. Análisis de la Opinión Consultiva de la Corte de Constitucionalidad
expediente 682-96
Cuando se emitió la Ley de Armas y Municiones contenida en el Decreto 39-89, hoy
derogada, se normó que el derecho de portación de armas podía ser ejercitado a
partir de los dieciocho años de edad, tal y como se ha regulado lo relacionado al
derecho de tenencia. Dado que la Ley tenía varios años de vigencia se habían
emitido licencias de portación a personas mayores de dieciocho años por parte del
Departamento de Control de Armas y Municiones –DECAM-, incluyendo a
trabajadores de empresas de seguridad privada y de las fuerzas de seguridad del
Estado. Sin embargo se planteó una iniciativa que pretendía elevar a los 25 años de
edad la posibilidad de portar armas de fuego y esto llevó a que el Congreso de la
República solicitara una opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad.
Las razones que motivaron la consulta fueron las siguientes:
“A) Se ha considerado la conveniencia de prohibir, mediante una disposición legal, la
concesión de licencia para portar arma de fuego a toda persona menor de veinticinco
años de edad, así como no revalidar a su vencimiento las licencias que fueron
extendidas a personas mayores de dieciocho años pero menores de veinticinco. Se
exceptuarían de esta prohibición los miembros del Ejército de Guatemala, quienes
desempeñen un cargo dentro de las fuerzas de seguridad civil o aquellos que se
incorporen a dichas fuerzas como miembros activos luego del proceso de
capacitación correspondiente.
B) Esta medida ha sido considerada como respuesta al incremento de la criminalidad
en el país, en la que en algunos casos se han visto involucrados jóvenes que apenas
han alcanzado la mayoría de edad.
C) La necesidad de que las personas alcancen cierto desarrollo moral, intelectual y
físico para ejercitar consciente y racionalmente sus derechos hace que el
59
ordenamiento jurídico exija una cierta edad para otorgar la capacidad de obrar. En
ese orden de ideas, el fundamento de las limitaciones o restricciones que se
pretende introducir a ese ordenamiento, estriba en que si la capacidad jurídica es
aptitud para tener y ejercer derechos, es porque éstos sirven a los fines y
necesidades de la colectividad, requiriendo conciencia y libertad para su actuación.
D) La reforma garantiza a la juventud contra sus pasiones y a la sociedad contra el
peligro de que en presencia de hechos delictuosos se estaría forzando una igualdad
sin sentido, es decir, una igualdad quimérica.”47
Fundamentalmente se realizó la consulta porque se temía atentar con la reforma en
contra el derecho a la igualdad reconocido en el artículo 4 de la Constitución Política
de la República, obligando a que la Corte de Constitucionalidad realizara un análisis
de dicho derecho, lo cual significó un gran aporte para la interpretación en esa
materia. La Corte realizó la interpretación siguiente:
“El artículo 4º. De la Constitución Política de la República establece en su primer
párrafo que en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad
y derechos. El concepto de igualdad así regulado estriba en el hecho de que las
personas deben gozar de los mismos derechos y las mismas limitaciones
determinadas por la Ley. Sin embargo, ese concepto no reviste carácter absoluto, es
decir, no es la nivelación absoluta de los hombres lo que se proclama, sino su
igualdad relativa propiciada por una legislación que tienda a la protección en los
posible de las desigualdades naturales. Así la igualdad ante la Ley consiste en que
no deben establecerse excepciones o privilegios que excluyan a unos de los que se
concede a otros en iguales circunstancias, sean éstas positivas o negativas; es decir,
que conlleven un beneficio o un perjuicio a la persona sobre la que recae el supuesto
contemplado en la Ley; pero ello no implica que no pueda hacerse una diferenciación
que atienda factores implícitos en el mejor ejercicio de un determinado derecho. Lo
que puntualiza la igualdad es que las Leyes deben tratar de igual manera a los
47
Corte de Constitucionalidad, Opinión Consultiva del 21 de junio de 1986, expediente 682-96
60
iguales en iguales circunstancias, sin que ello signifique que los legisladores
carezcan de la facultad de establecer categorías entre los particulares siempre que
tal diferenciación se apoye en una base razonable y sea congruente con el fin
supremo del Estado.”
Queda claro que con el derecho de igualdad no se trata de igualar o equiparar a
todos a pesar de existir diferencias, sino más bien de la igualdad cuando se
encuentra ante similares circunstancias, buscándose el acercamiento entre las
brechas en las que radica la desigualdad o las diferencias, así como también
significa que todas las personas poseen los mismos derechos y las mismas
obligaciones.
Esta opinión es sumamente importante dado que aporta una interpretación sobre el
derecho de portación de armas, el cual ha sido reiterado por la Corte en diferentes
fallos, siendo el siguiente: “El artículo 38 de la Constitución Política de la República
que reconoce a los particulares la portación de armas, remite la regulación de ese
derecho a normas con jerarquía de Ley, es decir, la portación de cualquier tipo de
arma debe estar sujeta a las condiciones que para el efecto imponga la Ley
respectiva. Esta garantía de legalidad obliga a que solamente el Congreso de la
República pueda determinar esas condiciones para el ejercicio de tal derecho, que,
como todos los demás, no tiene carácter absoluto e ilimitado sino que se relativiza en
orden a valores superiores del ordenamiento constitucional, que consisten en el
respeto a la libertad y la seguridad ajenas y cuya protección se encuentra en el
artículo 44, que dispone que el interés social prevalece sobre el interés particular”48.
Asimismo, con relación a la potestad legislativa para regular la forma en la que se
ejercitará el derecho de portación, la potestad para limitar lo establecido en la norma
constitucional y el tipo de armas que de acuerdo a dicho criterio pueden permitirse, la
Corte de Constitucionalidad opina lo siguiente: “Al resolver acerca de las limitaciones
a los derechos individuales debe observarse una estricta coherencia con los
48
Corte de Constitucionalidad, Opinión Consultiva del 21 de junio de 1986, expediente 682-96
61
enunciados constitucionales, de manera que, en principio, solamente serán
admisibles aquellas limitaciones estrictamente razonables y únicamente en relación
con el interés de la sociedad. Para el caso, el derecho de portación de armas que se
concede a los individuos por la Constitución únicamente se entiende en razón directa
del interés social para que el uso de tales instrumentos se concrete a la defensa
personal, que es parte de la seguridad del sujeto, por lo que lógicamente se debe
permitir la autorización únicamente al tipo de armas que no tengan una potencialidad
ofensiva o excesiva para los fines de la propia seguridad de los individuos. Además
es justo limitar respecto de las personas, para preservar a la sociedad misma de
eventuales motivos de inseguridad e intranquilidad, peligro al que quedaría expuesta
al existir una licencia generalizada, indiscriminada y absoluta para la portación de
armas en cualquier parte en que desarrolla normalmente la vida social: la calle, los
centros de trabajo y de estudio, los lugares de recreación y descanso, en fin, que
alteraría sensiblemente la paz de los habitantes de saberse rodeados de personas
que pueden llevar armas sin más condición que la de tratarse de mayores de edad, y
el Congreso de la República con base en la potestad que legalmente tiene atribuida
puede, con fundamento en la propia dinámica social, modificar determinado cuerpo
legal que ya no cumpla con las expectativas para las que fue creado.”
Cabe resaltar la importancia que este criterio tiene para el establecimiento de
limitaciones al derecho de portación de armas. En primer lugar, la Corte considera
que el legislador tiene facultades para limitar el derecho que constitucionalmente se
reconoce, en un primer momento, dado porque la misma Constitución establece que
el derecho de portación será regulado por la Ley, con lo cual se colige que el
legislador puede establecer las formas en las cuales puede ejercitarse el derecho, y
establecer un límite de edad para ejercer el derecho de portación es una de esas
formas. Por otra parte, se ratifica que el derecho reconocido por la Constitución no es
absoluto, sino que posee los límites establecidos por el mismo interés social, y esto
se reitera al abordar el tema de las armas permitidas, se autorizan aquellas que
aseguren solamente la defensa personal y no pongan en riesgo a la colectividad, su
libertad y seguridad.
62
.
Finalmente la Corte opinó lo siguiente: “Por lo considerado, esta Corte concluye que
el artículo 1o. Del proyecto de reforma del artículo 71 de la Ley de Armas y
Municiones (Decreto 39-89 del Congreso de la República), no contraría el derecho de
igualdad contemplado en la Constitución Política de la República, ya que el mismo
toma en cuenta los diversos factores que, a criterio del legislador, limitan el derecho
que en ese artículo se regula; ni afecta ningún otro precepto de la normativa
constitucional”.
Después de la opinión consultiva el Congreso aprobó la reforma a la Ley de Armas y
Municiones de esa época, estableciendo que para portar armas de fuego era
necesario tener 25 años de edad y que estaban exceptuados de esta prohibición los
miembros del Ejército, de la Policía y los de las Empresas de Seguridad Privada. La
Ley de Armas y Municiones vigente (Decreto 15-2009) contempló la misma
limitación con relación a la edad y más adelante podrá apreciarse una acción de
inconstitucionalidad que aborda este punto nuevamente.
Asimismo, con relación al tipo de arma permitido para la portación, el criterio general
establecido en la Ley de Armas y Municiones es que se permiten aquellas
clasificadas como de uso civil y/o deportivo, que no son automáticas y por lo tanto el
disparo es tiro a tiro y no en ráfaga lo cual supondría un mayor riesgo para la
colectividad.
Tomando en consideración el impacto que las armas de fuego han tenido en los
niveles de violencia e inseguridad, la opinión de la Corte de Constitucionalidad es
conteste con la necesidad de certeza que se requiere con relación a que las
personas que porten armas de fuego posean la idoneidad para que al ejercitar su
derecho no pongan en riesgo la vida, libertad y seguridad del resto de la población,
por lo que la autora comparte el criterio aquí establecido, cuyo espíritu es el que
debería imbuir a cualquier norma y resolución que aborde el tema de las armas de
fuego.
63
B. Análisis de la Sentencia de la Corte de Constitucionalidad dentro del
Expediente 1608-2009
Esta sentencia tiene relación con la opinión consultiva dado que se aborda
nuevamente el tema de la edad establecida por el legislador para ejercer el derecho
de portación de armas pero integra una definición de lo que se debe considerar como
fuerza de seguridad. Como se analizó con la opinión consultiva, dado que la misma
Constitución remite a una Ley ordinaria la regulación para el ejercicio del derecho de
portación, el legislador optó por establecer, en la Ley de Armas y Municiones,
Decreto 15-2009 del Congreso de la República, como norma general que no podría
concederse licencia de portación de armas de fuego a los menores de veinticinco
años de edad, exceptuando a los miembros de las fuerzas de seguridad y orden
público del Estado o las personas que se incorporen a dichas fuerzas como
miembros activos.
Debe tomarse en consideración que previamente, la Ley de Armas y Municiones
derogada contenida en el Decreto 39-89 contemplaba también la prohibición de
portar armas de fuego a los menores de 25 años pero, hacía la excepción para los
miembros de las empresas de seguridad privada.
En el momento en el cual se presenta esta acción de inconstitucionalidad, se
encontraba en fase final de discusión la Ley que Regula los Servicios de Seguridad
Privada49, la cual fue aprobada por el Congreso en noviembre del 2010 y entró en
vigencia en el mes de marzo del 2011, estando en vigencia todavía en ese momento
la Ley de Policías Particulares decreto 73-70 del Congreso de la República.
El artículo recurrido de vicio de inconstitucionalidad es el 80 de la Ley de Armas y
Municiones en su último párrafo: “Prohibición de portación. No podrá concederse
licencia de portación de arma de fuego a las personas siguientes: Menores de
veinticinco años de edad…. Se exceptúa del inciso a) del presente artículo, a los
49
Ley que regula los servicios de seguridad privada, Decreto 52-2010 del Congreso de la República.
64
miembros de las fuerzas de seguridad y orden público del Estado o las personas que
se incorporen a dichas fuerzas como miembros activos, luego del proceso de
capacitación correspondiente.”
Según el solicitante se estaba violando el derecho de igualdad reconocido en el
artículo 4 de la Constitución, argumentándose lo siguiente: “el vicio de
inconstitucionalidad que le imputa a dicha norma reside en lo que considera un
tratamiento normativo injustificadamente desigual respecto a situaciones iguales,
derivado de la omisión legislativa de incluir también en ese margen de excepción a
las entidades que prestan seguridad privada. Reputa inobservada la fórmula que esta
Corte ha sostenido jurisprudencialmente en alusión al contenido y alcances que
deben reconocerse al principio de igualdad entronizado en el artículo 4º. de la
Constitución Política de la República: situaciones iguales debe ser tratadas
normativamente de la misma forma, así como situaciones distintas deben ser
tratadas desigualmente, conforme sus diferencias, también conocida como regla de
justicia.”
Fundamentalmente el solicitante alude a la violación del principio de igualdad porque
argumenta que los agentes de las empresas de seguridad privada se asimilan o son
iguales a las fuerzas de seguridad del Estado, ya que poseen la capacitación
correspondiente para utilizar el armamento del equipo asignado y que tanto las
fuerzas de seguridad pública como la Policía Nacional Civil y las de seguridad
privada están estructuradas para lograr la seguridad de las personas y sus bienes y
por lo tanto les corresponde un trato igual ante la Ley porque se encuentran en
igualdad de condiciones. Con este argumento reiteran el criterio sustentado por la
Corte al cual se hizo alusión en la opinión consultiva analizada con relación a que
circunstancias iguales deben ser tratadas de forma igual.
En el trámite de la inconstitucionalidad se dio participación al Congreso de la
República, al Ministerio de Gobernación, al Ministerio Público y al Ministerio de la
Defensa Nacional, siendo interesante estimar los argumentos vertidos por los
65
mismos: a) El Congreso de la República argumentó que las policías privadas o
empresas no pueden equipararse a los miembros de las fuerzas de seguridad
pública, ya que el Ejército por mandato constitucional está encargado de mantener la
independencia y soberanía, la seguridad interior y exterior y que la Policía Nacional
Civil es el ente encargado de la seguridad pública, que ambas entidades cuentan con
sistemas educativos congruentes con la Constitución y las leyes ordinarias y que
cualquier persona que ingresa a sus filas debe recibir una capacitación relacionada al
uso de armas acompañada de vigilancia psicológica. Pero que las policías privadas
no tienen un sistema educativo y capacitación adecuada y que un menor de
veinticinco años podría incurrir por impericia o negligencia en el uso incorrecto de las
armas. b) El Ministerio de Gobernación también argumentó que no existe la citada
igualdad pues las fuerzas de seguridad del Estado son trabajadores del Estado y
están al servicio de la administración pública; los de empresas de seguridad privada
trabajan para personas individuales y entidades que prestan servicio de seguridad
privada y están al servicio de un patrono particular. c) El Ministerio Público
argumentó que el Estado tiene el deber exclusivo de prestar seguridad a sus
habitantes y se ha delegado esa función mediante Leyes como la de policías
particulares estas entidades deben adecuarse a los parámetros que las demás leyes
establecen, como la Ley de armas. d) El Ministerio de la Defensa alegó que no
existe la igualdad aludida dado que las fuerzas del Estado obedecen a la obligación
estatal de prestar seguridad pública mientras que las empresas de seguridad privada
obedecen a interese particulares.
Como puede verse, los argumentos giraron alrededor que en ningún momento puede
considerarse que exista igualdad de condiciones entre las fuerzas del Estado como
lo son la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala con las Empresas de
Seguridad Privada, dado que no se rigen por las mismas leyes; no obedecen a los
mismos intereses, dado que las fuerzas del Estado se deben al interés público y las
empresas de seguridad privada al particular y por lo tanto no pueden ser tratadas de
igual forma, dado que el Estado no posee control absoluto sobre las Empresas
mientras que sobre los policías y militares sí, tanto por la relación de dependencia
66
como también por el régimen jurídico y de capacitaciones al cual se encuentran
adscritos.
La Corte de Constitucionalidad no acogió estos alegatos argumentando que el hecho
que el Estado no pueda ejercer un control efectivo para asegurar que los miembros
de las Empresas de Seguridad Privada posean una instrucción debida no significa
que éstas no realicen las mismas funciones que las fuerzas de seguridad del Estado.
Aduciendo además que la Ley de Policías Particulares las describe como entidades
de carácter privado, de formación disciplinaria similar a la de la Policía Nacional,
apolíticas, subordinadas al cumplimiento de las normas que fijen los deberes
jerárquicos entre los miembros del cuerpo policíaco y de éste con la Dirección
General de la Policía. Además que según la Ley, estas empresas se encuentran bajo
el control permanente del Ministerio de Gobernación a través de la Policía existiendo
un control administrativo del Estado sobre esas entidades.
Es por lo anterior que finalmente la Corte de Constitucionalidad estimó que sí existe
violación al principio de igualdad, considerando lo siguiente:
“De esa suerte, de lo antes considerado se deduce que la base del trato diferenciado
de agentes de seguridad pública y privada para efectos de estimarlos o no incluidos
en el caso de excepción previsto en el artículo 80 in fine de la Ley de Armas y
Municiones se reduce a consideraciones subjetivas sobre circunstancias de hecho,
que por ende no pueden tenerse por justificación objetiva y razonable para ese
efecto, de acuerdo a la regla de justicia. De esa cuenta, esta Corte estima que
efectivamente se configura contravención al principio de igualdad recogido en el
artículo 4º de la Constitución Política de la República.
“…En consecuencia, la acción de inconstitucionalidad intentada resulta procedente y
así debe ser declarado; empero, es necesario matizar que no puede ser acogida en
los términos y con los alcances propuestos por el postulante, pues, como ya se
señaló, la norma que adolece del vicio de inconstitucionalidad –sólo los miembros de
67
las fuerzas públicas de seguridad pueden, una vez solventada la capacitación
correspondiente, obtener licencia de portación de arma de fuego sin haber arribado a
los veinticinco años de edad (según se precisó en el apartado considerativo segundo
del presente fallo)- está inmersa en una disposición legal que también aloja a otras
normas cuya constitucionalidad no ha sido cuestionada y, por tanto, no deben ser
afectadas por este pronunciamiento.”
“De esa cuenta, para ajustar el contenido del artículo 80 ibidem conforme lo impone
la observancia del principio de igualdad, debe declararse inconstitucional únicamente
la frase “y orden público del Estado o las personas que se incorporen a dichas
fuerzas como miembros activos, luego del proceso de capacitación correspondiente”,
de manera que su tenor literal quedará como sigue: “Prohibición de portación. No
podrá concederse licencia de portación de arma de fuego a las personas siguientes:
a. Menores de veinticinco años de edad.
b. Personas declaradas en estado de interdicción.
c. Los contemplados en el artículo 73 de la presente Ley.
Se exceptúa del inciso a) del presente artículo, a los miembros de las fuerzas de
seguridad.”
“Además, esta última oración deberá interpretarse en el sentido de que la expresión
fuerzas de seguridad comprende, tanto a las instituciones estatales que tienen por fin
satisfacer el valor seguridad ciudadana, como las entidades privadas que se dedican
a la prestación de ese servicio y a los denominados cuerpos de seguridad de las
entidades bancarias estatales y privadas; y que además de acreditar la calidad de
miembro activo de las mismas, el potencial licenciatario debe comprobar
fehacientemente que posee la aptitud técnica, moral, física y mental para el manejo
responsable y consciente de armas de fuego.”
68
Finalmente como puede apreciarse, esta sentencia resulta muy interesante porque
vuelve a abordar el derecho a la igualdad relacionado con el derecho de portación de
armas de fuego, volviendo a reiterar la Corte de Constitucionalidad lo relacionado a
que en el caso del derecho de igualdad se refiere a tratar de forma igual a iguales y
en forma disímil a los que son diferentes. La argumentación de la Corte con relación
a la forma como deben ser catalogadas las empresas de seguridad privada es la
que al final priva en toda la sentencia.
Llama la atención la utilización de una reserva interpretativa por parte de la Corte,
facultad que se utiliza en otra sentencia que se analizará más adelante, pero que
finalmente tiene por resultado el servir como de potestad legislativa debido a que lo
que realiza la Corte con esas reservas es definir legalmente una situación, dado que
a través de las mismas establece lo que debe entenderse en la legislación
guatemalteca como fuerza de seguridad. A criterio de la autora de esta investigación
esta definición trae consigo una serie de consecuencias, por ejemplo, cabe
preguntarse si las empresas de seguridad privada son fuerzas de seguridad y siguen
las mismas reglas que el Ejército y la Policía Nacional Civil, ¿debería limitarse a sus
miembros el derecho al voto? pero estas argumentaciones no son objeto de este
estudio y por lo tanto solamente se deja como una inquietud sujeta a investigación
posterior por la autora u otro estudiante en la temática.
Sin embargo, la sentencia deja claro que en el caso de la portación de armas de
fuego el legislador tiene la potestad de establecer los límites correspondientes como
la edad permitida, pero que si existe una excepción a la norma ésta debe aplicarse
de forma igual a aquellos que poseen las mismas circunstancias.
Esta sentencia tuvo como consecuencia que el artículo 80 de la Ley de Armas y
Municiones quedara reformado en el sentido que a partir de la sentencia, tienen
prohibición para portar armas de fuego los menores de veinticinco años de edad, a
excepción de las fuerzas de seguridad las cuales están integradas tanto por el
Ejército de Guatemala como por la Policía Nacional Civil y los miembros de las
69
Empresas de Seguridad Privada. Como se anotó anteriormente, para la autora, es
interesante la sentencia en cuanto a reiterar criterios relacionados a la igualdad pero
la reserva interpretativa implica una nueva definición de lo que debe entenderse
como fuerzas de seguridad, con lo cual se atribuyen funciones a empresas de
servicios de seguridad privadas que únicamente deberían ejercitar cuerpos de
seguridad que se encuentren al servicio público y bajo estrictos controles
gubernamentales.
C. Análisis de la Sentencia de la Corte de Constitucionalidad en el
expediente 4923-2009
El legislador estipuló en la Ley de Armas y Municiones que una licencia de portación
de armas puede cubrir y amparar hasta tres armas y que la DIGECAM extenderá la
licencia de portación, la cual puede tener vigencia de uno a tres años. Por otra parte,
cuando se emite la nueva Ley de Armas y Municiones se crea la Dirección General
de Control de Armas y Municiones –DIGECAM- que sustituyó al antiguo órgano de
control, el Departamento de Control de Armas y Municiones –DECAM-, y en la Ley
se estableció la obligatoriedad de efectuar nuevos registros y toma de huella balística
en DIGECAM a pesar que ya se tuviera un registro anterior en DECAM.
El legislador no fue claro en establecer si se emitiría una sola licencia de portación
por persona que pudiera amparar hasta tres armas, limitando con ello la posibilidad
de poseer hasta tres armas para la portación ni estableció que se pudiera acceder a
un sinnúmero de licencias y con ello a un sinnúmero de armas. Sin embargo, el
órgano de control –DIGECAM- interpretó la utilización del singular en la redacción del
artículo, autorizando una sola licencia por persona que podía amparar hasta tres
armas, motivando la presentación de la acción de inconstitucionalidad; y, por otra
parte, lo que motivó la acción fue el nuevo registro de la tenencia de armas en la
nueva Dirección de Control.
70
A continuación los artículos objeto de impugnación:
“Artículo 72. Licencia. Los ciudadanos, para portar armas de fuego de las
permitidas en la presente Ley, deben obtener previamente la licencia de portación.
La licencia puede cubrir y amparar hasta tres (3) armas diversas, que deberán ser
previamente registradas en la DIGECAM. La DIGECAM procederá simultáneamente
a registrar la tenencia de un arma cuando un ciudadano solicite la licencia de
portación de un arma que no esté previamente registrada. La DIGECAM extenderá la
licencia de portación de armas de fuego, la cual tendrá vigencia de uno (1) a tres (3)
años, pudiendo ser renovada, previo cumplimiento de los requisitos siguientes…” (El
énfasis es añadido).
“Artículo 146. Autorizaciones Anteriores. Todas las autorizaciones anteriores,
licencias y demás documentación que haya extendido el DECAM, conservarán su
validez y vigencia hasta la fecha de su vencimiento. Deberán ser renovadas por el
DECAM durante el período de transición que dure el proceso de traslado del
DECAM a la DIGECAM y por la nueva Dirección General, cuando dicho período
concluya. Las tarjetas de tenencia de armas de fuego que haya extendido el DECAM
tendrán vigencia de tres (3) años, plazo durante el cual deberán registrar
nuevamente la huella balística. Los controles y registros contables, inventarios,
activos, bases de datos físicas y electrónicas, así como los fondos que en concepto
de recuperación de costos haya manejado el DECAM, pasarán a formar parte de los
controles y registros contables, inventarios, activos y fondos privativos de la
DIGECAM, sin más trámite a la entrada en vigencia del presente Decreto y con el
objetivo del mejor funcionamiento y cumplimiento de las funciones encomendadas a
la Dirección General de control de Armas y Municiones.”
Se promovió acción de inconstitucionalidad en contra de la palabra “la” y la frase
“hasta tres (3)”, contenida en el artículo 72; y el segundo párrafo del artículo 146, que
dice “Las tarjetas de licencia de armas de fuego que haya extendido el DECAM
71
tendrán vigencia de tres (3) años, plazo durante el cual deberán registrar
nuevamente la huella balística.”
Los argumentos de la pretensión de inconstitucionalidad, se fundaron en que se viola
el contenido de los artículos 38 y 39 constitucionales dado que se limita el derecho
adquirido de todos los portadores de armas al fijar un límite taxativo de armas
pretendiéndose restringir también el número de licencias de portación, violentándose
también el derecho de propiedad ya que se limitaba la libre disposición de los bienes
(armas) sin motivo, así como también se consideró vulnerado el mismo derecho al
sujetar la legítima tenencia y consecuente propiedad de un bien a un acto
administrativo mediante la nueva huella balística. También se argumentó que “a) el
derecho de tenencia no tiene plazo de vigencia alguno, porque de acuerdo a la
norma constitucional que sirve como sustento a tal derecho “la tenencia de armas de
fuego no está sujeta a una temporalidad toda vez que es un derecho inherente ( y
reconocido) por la propia Norma Magna, por lo que sujetar dicho derecho a un plazo
resulta ser ilegal”; y b) se pretende sujetar el derecho de tenencia a un plazo,
situación que vulnera la tenencia de armas, que no existía con anterioridad, lo que a
su criterio genera riesgo e inseguridad, consistente en que el actual ente
administrativo decida no reconocer la validez de las tarjetas de tenencia,
debidamente emitidas y como consecuencia de ello, se violente el derecho
constitucional de tenencia de armas de fuego.
En resumen, se alegaba violación al mismo artículo que reconoce los derechos de
tenencia y portación de armas de fuego al establecerse un límite al número de armas
que no está dispuesto por la Constitución, además de violar el derecho a la
propiedad porque al limitar el número de armas y de licencias las personas que ya
poseían licencias de portación no podrían ejercer libremente su derecho. Por otra
parte, también se argumentaba que se violaba el derecho de tenencia de armas de
fuego porque éste no está sujeto a temporalidad y al establecer un plazo para la
nueva toma de huella se violaba lo establecido por la misma Constitución.
72
La Corte estimó que no ocurrían las violaciones argumentadas de la siguiente forma:
“Las partes conducentes del artículo 72 sometido a examen por esta Corte, no
vulneran el reconocimiento al derecho de portación de armas, ya que la norma
constitucional es clara al establecer que ese derecho plenamente reconocido, debe
estar regulado por Ley; de allí que el legislador ordinario estableció un límite para la
portación de armas (hasta tres diversas por licencia, sin que ello signifique que se
está ante un criterio de números cerrados, sino que también se trata de generar
orden en el registro de las armas, que permitan el control estatal y con ello también
cumplir –desde la actividad administrativa- con el mandato que la Constitución obliga
al Estado de brindar seguridad a sus habitantes (artículos 3), en beneficio de la
preservación del valor que se coloca en el pináculo del Estado guatemalteco: la
vida.”
“En cuanto al artículo 146 de la Ley atacada, no vulnera el reconocimiento que hace
la Constitución Política de la República en su artículo 38, respecto de la tenencia de
armas; bajo ninguna circunstancia se limita el derecho como tal, sino más bien, la
nueva Ley que rige para el ejercicio del mismo, establece un plazo para que vencido
éste (tres años), se registren todas las armas nuevamente. Todo lo anterior en aras
de brindar certeza jurídica con relación a un tema complejo, como lo es el referente a
las armas.”
Como puede verse la Corte de Constitucionalidad reitera en esta sentencia que el
legislador posee la potestad para regular el derecho de portación de armas con la
finalidad de lograr un control estatal sobre las mismas y por otra parte, reitera que el
derecho de tenencia no se vulnera al establecer requisitos para su ejercicio. Cabe
hacer mención que la Corte no interpreta que el legislador haya querido limitar a una
licencia por persona sino más bien lo que limitó fue el número de armas de fuego por
licencia de portación.
En esta sentencia, la Corte vuelve a utilizar como herramienta una reserva
interpretativa del artículo, indicando lo siguiente: “Como efecto interpretativo de esta
73
sentencia, se deberá observar que, la palabra “la” y la frase “hasta tres (3)”
contenidas en el artículo 72 de la Ley cuestionada, no significa que después de
registradas tres armas en el documento correspondiente, impida el derecho de llevar
a cabo nuevos registros, mismos que deberán hacerse cumpliendo las disposiciones
legales.” Con esta reserva la Corte provee de una interpretación del artículo
impugnado dado que considera que la interpretación final es que el hecho que se
hayan registrado tres armas no quiere decir que no puedan registrarse otras.
Finalmente, la Corte emite la siguiente resolución, incluyendo la reserva interpretativa
aludida: “La Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y leyes citadas,
declara: I. Sin lugar la inconstitucionalidad general parcial planteada. II. Emite la
siguiente reserva interpretativa, así: “Como efecto interpretativo de esta sentencia, se
deberá observar que, la palabra “la” y la frase “hasta tres (3)” contenidas en el
artículo 72 de la Ley cuestionada, no significa que después de registradas tres
armas en el documento correspondiente, impida el derecho de llevar a cabo nuevos
registros, mismos que deberán hacerse cumpliendo las disposiciones legales”
Es importante este fallo por las consecuencias que el mismo tiene para la regulación
de los derechos de tenencia y portación. En primer lugar se declara sin lugar la
acción planteada porque se considera que el legislador tiene la potestad de regular el
derecho de portación y establecer las limitaciones que impone la convivencia, en
este caso, haber establecido que cada licencia puede amparar hasta tres armas. Por
otra parte, la Corte nunca se pronuncia con relación a si el legislador puede
establecer un límite al número de armas para la tenencia y portación pero sí realiza
la reserva interpretativa por medio de la cual apertura la posibilidad de registrar un
sinnúmero de armas y licencias. Por otra parte, al analizar el tema del nuevo registro
en DIGECAM, la Corte nuevamente establece el criterio que la tenencia debe
registrarse y que debe estar sujeta al control del Estado.
La sentencia contó con el voto razonado del Magistrado Alejandro Maldonado
Aguirre, por medio de la cual indica: “Disentí de la “reserva interpretativa” contenida
74
en el apartado II de la parte resolutiva porque limita indebidamente la potestad
legislativa de regular el número de armas a portar por cada persona apta, ya que el
artículo 38 párrafo segundo, de la Constitución Política de la República, que
reconoció ese derecho claramente estableció una reserva legal, porque su texto
completo preceptúa: “Se reconoce el derecho de portación de armas, regulado por
la Ley ” (El énfasis es añadido). De manera que, siendo potestad del órgano
legislativo, según mandato expreso contenido en el inciso a) del artículo 171 de la
Constitución, “Decretar, reformar y derogar las Leyes”, dicho órgano cumplió con
desarrollar la norma constitucional, por demás razonablemente.”
Como puede verse, para el Magistrado Maldonado Aguirre era claro que el legislador
quiso establecer como límite 3 armas por persona y por lo tanto para él la Corte limitó
la potestad legislativa relacionada a la regulación del número de armas. Por otra
parte, el Magistrado Mario Pérez Guerra presenta un voto concurrente a la sentencia,
indicando lo siguiente: “Concurro con el sentido de dicha reserva interpretativa,
primero, porque estimo que al decretar la Ley de Armas y Municiones, Decreto 15-
2009, en particular lo normado en el artículo 72, el Congreso de la República diseñó
una política de limitación en la tenencia y portación de armas que es congruente con
la realidad social del país; y luego, porque esa interpretación hará posible asegurar
que el Estado pueda hacer efectivo el registro y control de la cantidad real de armas
que tienen y portan las personas, frente al eventual riesgo que una interpretación
diferente provoque un descontrol por la proliferación de armas no registradas, lo que
no resultaría acorde al interés nacional.” Quiere decir que para el Magistrado Pérez
Guerra de no haberse emitido la reserva interpretativa, se estaría ante el peligro que
el Estado no pueda tener el control sobre el armamento del país ya que daría pie a
que existan armas no registradas.
Como se anotó anteriormente, esta sentencia es muy importante para la definición de
límites y alcances de los derechos de tenencia y portación de armas de fuego,
siguiendo la misma línea que planteaba el criterio asentado en la opinión consultiva.
Sin embargo, a criterio de la autora, la Corte obvió resolver claramente uno de los
75
temas principales de la acción, lo relacionado a si el Congreso podía con su potestad
legislativa, establecer un límite de armas de fuego por persona, a pesar, que a través
de la reserva interpretativa sugiere que pueden emitirse el número de licencias que
se soliciten, pero no resuelve con relación a si es posible o no establecer un límite, lo
cual, si se siguiera el mismo criterio de la Corte con relación a la edad y tipo de
armamento permitido debería ser viable. Solamente el Magistrado Maldonado
Aguirre abordó este tema en su voto razonado y siguiendo el criterio del Magistrado,
para la autora, el Congreso de la República puede, perfectamente y en uso de su
potestad legislativa, limitar el número de armas que una persona pueda tener y portar
y con ello no se afectan los derechos reconocidos constitucionalmente, más bien se
busca el bien común y el respeto de los derechos de la colectividad.
D. Análisis de la Sentencia de la Corte de Constitucionalidad en el
expediente 1370-2010
Esta sentencia contiene el criterio de la Corte de Constitucionalidad con relación al
derecho de tenencia, estableciendo claramente que este no es un derecho absoluto
puesto que supone limitaciones basadas en la razonabilidad y en la necesidad del
respeto de otros derechos considerados fundamentales. En esta acción se plantea
inconstitucionalidad general parcial a los artículos 24 literal a., 62, 63, 67, 115 y 137
de la Ley de Armas y Municiones, que se refieren al registro de la tenencia de
armas; las funciones de la Dirección General de Control de Armas y Municiones
relacionadas al registro de la tenencia; los procedimientos para registrar las armas
bajo tenencia; el delito de depósito ilegal de armas de fuego de uso civil y/o
deportivas, así como el período para registrar armas bajo tenencia, refiriéndose que
todas estas normas violentaban lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución
Política de la República.
Argumentaron los interponentes que el derecho a la tenencia de armas fue
reconocido a lo largo de la historia constitucional guatemalteca y que para ejercer el
76
derecho de tenencia lo que se ha exigido es que el arma sea de uso personal, esté
en el lugar de habitación y que no estén prohibidas por la Ley, sin que sea necesario
otra regulación al respecto. Para los interponentes la Ley de Armas y Municiones no
debería establecer proceso de registro ni ninguna otra disposición relacionada a la
tenencia que exija algún requisito extraordinario a los que la misma Constitución
establece, ya que se está ante la violación del artículo 38 de la Carta Magna.
La Corte de Constitucionalidad no dio cabida a los argumentos esgrimidos en la
acción, declarándola improcedente, en primer lugar por considerar que el derecho de
tenencia de armas no es absoluto dado que se imponen límites de razonabilidad
basados en el goce y disfrute de otros derechos; que el desarrollo del artículo 38 en
la Ley no está prohibido por la Constitución y que el establecimiento de la norma
relacionada al registro de la tenencia da certeza con relación a la procedencia del
arma y que ésta sea de las permitidas.
La Corte de Constitucionalidad realiza un análisis amplio del caso, el cual es
imprescindible trasladar a este texto dada la importancia del mismo : “Los
interponentes cuestionaron la constitucionalidad de los siguientes artículos: a) 24
literal a., de la Ley de Armas y Municiones, que se refiere a la función de registro de
armas de fuego en tenencia por parte de la Dirección General de Control de Armas y
Municiones (DIGECAM) y de la extensión de constancias correspondientes; b) 63 del
mismo cuerpo legal que hace relación al procedimiento de registro de la tenencia de
arma en la dependencia estatal relacionada; y c) 137 de la misma Ley , que dispone
un plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigencia de la Ley , para que se
produzca el registro del arma en la Dirección General aludida –ello sin hacer
diferencia entre armas en posesión o en tenencia-. Sobre el particular, esta Corte no
encuentra ilegitimidad constitucional al establecer la obligación de registro de armas
en tenencia en la dependencia o que se norme su procedimiento, pues advierte que
ello posibilitará al Estado que guarde control de las armas en tenencia y de la
procedencia de éstas, a manera de lograr el ejercicio responsable del derecho
constitucional referido. De esa forma, estima adecuado que se centralice en una
77
dependencia estatal dicho control. Particular consideración merece lo relativo al
artículo 137 impugnado, pues éste forma parte de las disposiciones transitorias de la
referida Ley. El objeto de la transitoriedad radicó en el hecho de que en esa
disposición normativa se concede un plazo de seis meses, contados a partir de la
entrada en vigencia de la Ley, a los que tuvieren armas en tenencia, para que la
misma sea registrada. Este Tribunal aprecia que, pese a su carácter transitorio, la
norma continúa generando efectos, ya que coloca en situación de incumplimiento de
registro a aquellas personas que no registraron sus armas en el lapso comprendido
entre el día de entrada en vigencia de la Ley y seis meses después, por lo que es
dable el examen de constitucional instado. Al respecto, este Tribunal advierte que
dicha norma legal no infringe el artículo 38 constitucional ni el principio de
supremacía constitucional, ya que, como se ha expresado, la obligación de registro
de la tenencia de un arma de fuego en la Dirección General de Control de Armas y
Municiones no deviene limitante de ese derecho de rango constitucional, sino una
necesaria y responsable medida de control estatal.”
“Los accionantes afirman que el artículo 67 de la Ley de Armas y Municiones
confronta con el artículo 38 de la Constitución y que, por ende, lesiona el principio de
soberanía constitucional, al referirse a la obligación de entregar armas de fuego no
registradas, sin hacer la necesaria distinción en cuanto a si éstas se poseen en
ejercicio del derecho de tenencia o de portación, ya que, a su juicio –de los
interponentes-, no existe obligación de registrar la tenencia de arma de fuego. Este
Tribunal no comparte el argumento en cuanto a que la Ley omite hacer la distinción
referida, pues el artículo que se impugna pertenece al capítulo II del título IV, el cual
específicamente regula lo relativo a tenencia de armas, por lo que debe entenderse
que esa disposición normativa hace referencia a la obligación de entregar las armas
en tenencia que no estén registradas; sin embargo, no se advierte que ello sea
inconstitucional, ya que, como se ha venido expresando en este fallo, la obligación
de registro complementa sin contradecirlo el precepto constitucional citado y
contribuye a que ese derecho sea ejercido de forma responsable. Igualmente, los
accionantes refieren que el citado artículo 67 infringe específicamente la dicción
78
constitucional que establece: “No habrá obligación de entregarlas –se refiere a las
armas en tenencia-, salvo en los casos que fuera ordenado por juez competente.”.
Sobre el particular, esta Corte estima que, si se ha manifestado en el sentido de que
la obligación de registro no es vulneratoria de la Constitución y que posibilita el
ejercicio responsable del derecho, tampoco puede considerarse la posibilidad de
incautación de un arma que se posee sin cumplir ese requisito –el de registro-. Por lo
expuesto, no se advierte la inconstitucionalidad denunciada en cuanto al artículo
examinado.”
“Se denunció la supuesta inconstitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Armas y
Municiones, ya que en él se tipifica el delito de Depósito ilegal de armas de fuego de
uso civil y/o deportivas, haciendo punible penalmente la tenencia no registrada de
más de tres armas de uso civil y/o deportivas. No obstante, a juicio de los
accionantes, el artículo 38 de la Constitución no exige que sea registrada la tenencia
de armas de fuego y tampoco pone límite al número de armas que se pueden tener
en ejercicio de ese derecho; por ello, no deberían regularse consecuencias delictivas
al incumplimiento de un requisito inconstitucional. Sobre el particular, este Tribunal
advierte razonable y apegada a la Constitución regular un ilícito penal que se
tipificaría con la tenencia de tres o más armas no registradas; ello, en virtud que la
sola consagración constitucional del derecho de tenencia de armas de fuego no
puede considerarse como el permiso para el ejercicio ilimitado y poco responsable
del derecho. La Ley desarrolladora del artículo 38 de la Constitución tiene como
función específica establecer los alcances del derecho fundamental, tomando en
cuenta la necesaria armonización de éste con el resto de derechos fundamentales;
por ello, devendría poco lógico que a la luz del contenido del precepto constitucional
citado se faculte a los gobernados a poseer armas en cantidades que rebase el
propósito de la regulación constitucional –que es la de posibilitar la legítima defensa
en casos de peligro- o a que estos tengan arsenales en sus lugares de habitación, ya
que ello atentaría contra los propios fines de la organización estatal. Por lo anterior,
no se encuentra que el texto del citado artículo 115 sea vulneratorio de la
Constitución ni del principio de jerarquía constitucional.”
79
Como puede analizarse, esta es una sentencia que aporta una gran riqueza
interpretativa con relación al derecho de tenencia de armas de fuego porque se
analizan las circunstancias recogidas dentro del texto constitucional traducidas a su
desarrollo por la norma ordinaria. Dado que en el artículo 38 de la Constitución se
reconoce el derecho de tenencia estableciendo las limitaciones correspondientes y a
contrario del derecho de portación no remite su regulación a la Ley ordinaria, resulta
de gran relevancia esta sentencia dado que permite establecer la relación entre la
norma constitucional y la norma ordinaria; además plantea que el Estado debe
asegurarse que las armas que se poseen bajo el amparo del derecho de tenencia,
son las que el mismo Estado está permitiendo en la norma constitucional y que por lo
tanto se requiere del control del mismo sobre dichas armas.
Pero esta sentencia arroja también un criterio importante relacionado al número de
armas que se pueden poseer, lo cual llama la atención dado que en esta sentencia la
Corte sí se refiere a la limitación del número de armas para la tenencia indicando que
no era el propósito del artículo constitucional que se tuvieran arsenales que atentaran
contra los fines de la organización estatal, sentando con ello un antecedente para el
momento en que se quisiera volver a accionar con relación al número de armas para
la portación, dado que si el criterio es que no se trataba de facilitar que se tuviesen
arsenales, la limitación del número de armas para la portación sería viable.
Insiste esta sentencia, al igual que en las otras analizadas, que el derecho de
tenencia de armas no es absoluto y que se requiere de la intervención estatal para
asegurarse que por el ejercicio de este derecho no se vulnerarán otros derechos
fundamentales, estableciendo con ello también el límite dado por el interés colectivo
sobre el particular.
La autora comparte el criterio asentado por la Corte de Constitucionalidad, dado que
los interponentes planteaban una liberalidad casi absoluta con relación al ejercicio
del derecho suponiendo una abstención total del Estado a un posible control; además
80
tomando en cuenta el bien común, es necesario establecer límites, requisitos y
normas a la tenencia de armas de fuego, más aún, tomando en consideración los
efectos negativos que las armas de fuego han tenido en la inseguridad y desarrollo
del país.
E. Análisis de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad Expediente
2953-2009
Como último caso de análisis se tiene la sentencia dentro del expediente 2953-2009
que se refiere a que las armas de tipo bélico o de uso exclusivo de las fuerzas de
seguridad del Estado podrán autorizarse a las Empresas de Seguridad Privada
única y exclusivamente para custodia de distribución de valores monetarios en el
sistema financiero nacional, situación que deberá constar en el contrato de servicio
vigente. Esta sentencia no es fuente de una amplia interpretación de los derechos de
tenencia y portación por lo cual se realizará un análisis somero, lo cual quedó
establecido dentro de los límites del presente trabajo.
A continuación se traslada el texto relacionado a la argumentación de la Corte con
relación a la solicitud planteada: “Con todo, para los fines de asegurar la adecuada
prestación del servicio público encomendado y, primordialmente, para garantizar la
observancia de los preceptos de la Constitución, en especial los concernientes a los
derechos fundamentales de todos los habitantes, la facultad de portar armas no
puede ser reconocida en forma absoluta, es decir, dejando a discreción de los
directivos de las entidades privadas de seguridad el tipo de armas que facilitarán a
sus agentes, o bien, cuáles de éstos se encuentran en condiciones de portar dichos
artefactos.
En congruencia con lo anterior, la norma del artículo 79 objetado, desde un inicio,
restringe el tipo de armas que pueden portar los miembros de las entidades privadas
que prestan seguridad, señalando que únicamente pueden ser de las catalogadas
81
como “de uso civil”, a la vez que hace imperativo, para la respectiva entidad –
“empresa” en los términos de la norma que se objeta-, que por medio de su
representante legal solicite una “licencia especial de portación”, en la que se
entenderán comprendidas las autorizaciones referentes a todos sus agentes
individualmente considerados, para lo cual se exige el detalle de todas las armas que
serán utilizadas y el tipo de éstas (inciso b. del artículo 79), así como la nómina del
personal y, en especial, de los agentes que efectivamente utilizarán las armas,
quienes, en cualquier caso, deben llenar los requisitos que establece la Ley para la
portación de estos artefactos (incisos c. y d.).”
Esa licencia especial de portación, una vez otorgada, constituye, por así decirlo, el
soporte o aval con que cuenta la entidad privada para materializar, sin problema
alguno, aquella facultad general reconocida por la Ley para que sus agentes porten
armas de fuego, en tanto la autoridad estatal encargada del control de armas y
municiones, es decir, la Dirección General de Control de Armas y Municiones
(DIGECAM, cuya creación y funciones se regulan en los artículos 22 y siguientes de
la Ley objetada), ha verificado debidamente que los artefactos a utilizar son de los
permitidos por el ordenamiento legal y que quienes los utilizarán cumplen los
requisitos exigidos para ello.
En otras palabras, la licencia especial de portación exigida por la norma que se
objeta no es sino manifestación del control gubernamental específico a que están
sometidas las entidades privadas que prestan servicios de seguridad.”
La acción de inconstitucionalidad fue declarada sin lugar, siendo necesario
evidenciar que nuevamente la Corte de Constitucionalidad establece el criterio que el
derecho de portación de armas de fuego no es absoluto, que posee como límite el
respeto a otros derechos fundamentales y que la seguridad es un principio y valor al
que el Estado está obligado y por lo tanto no puede ponerse en riesgo al interpretar
ampliamente el artículo 38 de la Constitución. Igualmente reitera que se pueden
82
tener armas de fuego cumpliendo con el requisito de registrarlas en la Dirección
General de Control de Armas y Municiones.
La autora comparte el criterio asentado por la Corte de Constitucionalidad, dado que
se reitera que el derecho de portación no es absoluto y requiere del control del
Estado y por lo tanto no podría autorizarse, sin requisitos, armamento que se
considera especial a las empresas de seguridad privada. También es de hacer notar,
que en este caso, la Corte no aplicó el mismo criterio del derecho de igualdad puesto
de manifiesto en la sentencia dentro del expediente 1608-2009 sobre la edad de los
agentes de las empresas de seguridad privada, lo cual evidencia que no se midieron
los alcances de la reserva interpretativa de la sentencia relacionada al haber definido
a las empresas de seguridad privada como fuerzas de seguridad.
F. Reformas de la legislación sobre armas y municiones a la luz de la
Opinión Consultiva y sentencias emitidas por la Corte de
Constitucionalidad en la materia
Indudablemente las acciones ante la Corte de Constitucionalidad en materia de
derechos de tenencia y portación de armas han tenido por objeto la reforma de la Ley
de Armas y Municiones, tanto de la derogada, la cual se modificó a partir de la
opinión consultiva de la Corte, como la vigente, decreto 15-2009.
Actualmente la edad permitida para acceder a una licencia de portación de armas y
con ello ejercitar el derecho de portación de armas son los veinticinco años. Esta
edad se estableció a partir de la opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad
dentro del expediente 682-96 y desde entonces no ha sufrido variaciones. Como
puede recordarse la opinión se planteó por los legisladores de aquella época con la
finalidad de elevar la edad permitida para la portación de armas y posteriormente a
que la Corte emitió su opinión se aprobó la reforma con la cual se elevó la edad y a
partir de entonces no se ha variado ese criterio.
83
Se reformó el artículo 80 de la Ley de Armas y Municiones parcialmente en cuanto a
considerar dentro de las excepciones a la prohibición de portar armas de fuego por
parte de personas menores de veinticinco años de edad a las fuerzas de seguridad
en general. Debe recordarse que la Corte interpretó que dentro de las fuerzas de
seguridad debe contemplarse a las empresas de seguridad privada y por ello, a partir
de dicha sentencia los miembros de las empresas de seguridad privada que poseen
menos de veinticinco años y más de dieciocho pueden portar armas de fuego.
La redacción original del artículo era: “Artículo 80. Prohibición de portación. No podrá
concederse licencia de portación de armas de fuego a las personas siguientes:
a. Menores de veinticinco años de edad.
b. Personas declaradas en estado de interdicción.
c. Los contemplados en el artículo 73 de la presente Ley.
Se exceptúa del inciso a) del presente artículo, a los miembros de las fuerzas de
seguridad y orden público del Estado o las personas que se incorporen a dichas
fuerzas como miembros activos, luego del proceso de capacitación correspondiente.”
De conformidad a la sentencia, se declaró inconstitucionalidad parcial del artículo,
quedando de la siguiente forma a partir del fallo: “Artículo 80. Prohibición de
portación. No podrá concederse licencia de portación de armas de fuego a las
personas siguientes:
a. Menores de veinticinco años de edad.
b. Personas declaradas en estado de interdicción.
c. Los contemplados en el artículo 73 de la presente Ley.
Se exceptúa del inciso a) del presente artículo, a los miembros de las fuerzas de
seguridad.”
84
CAPÍTULO IV: Presentación, Análisis y Discusión de Resultados
A. Alcances y limitaciones de los derechos de Tenencia y Portación de
Armas de fuego
Con la finalidad de establecer los alcances y limitaciones de los derechos de
tenencia y portación de armas de fuego reconocidos en la Constitución Política de la
República se elaboraron dos cuadros de cotejo, el primero, relacionado al
reconocimiento histórico que han realizado las diferentes Constituciones que han
regido en Guatemala; y el segundo relacionado al criterio sustentado por la Corte de
Constitucionalidad tanto en la opinión consultiva dentro del expediente 682-96 como
en las sentencias vertidas en los expedientes 4923-2009; 1608-2009; 2953-2009; y,
1370-2010.
En el primer cuadro de cotejo relacionado al reconocimiento constitucional que el
Estado ha realizado históricamente, se puede observar lo siguiente: Que no en todos
los textos constitucionales se reconocieron ambos derechos, por ejemplo en la de
1921 no se reconoció el derecho a la tenencia de armas de fuego y en la de 1839 no
se reconoció el derecho de portación de armas. Por otra parte, en algunos casos el
reconocimiento no fijó más parámetros que el ejercitarse el derecho en la casa sin
especificar el tipo de arma que podría poseerse para el caso de la tenencia. Por otra
parte, comienza a ser una constante a partir de la constitución de 1921, que en el
caso del derecho de portación de armas se remite para su ejercicio a la Ley
ordinaria.
Del análisis de los derechos de tenencia y portación de acuerdo al reconocimiento
constitucional realizado, se estableció lo siguiente:
La primera Constitución que data de 1825 reconocía el derecho a la tenencia de
armas a la población, estableciéndose que no podía despojarse a ninguna persona
de las armas que tuviese en su casa. En este caso, la Constitución no estableció
85
más límites que los fijados por el lugar para ejercitar el derecho, la casa. No se hizo
relación al tipo de arma permitido ni a temporalidad específica y protegía el derecho
estableciendo que no puede despojarse del mismo a ninguna persona. Este
reconocimiento como puede inferirse es casi absoluto, porque no impone ningún tipo
de limitación al mismo, más bien otorga toda la protección del Estado para su
ejercicio.
Luego en la Constitución de 1839, se reconoció la tenencia de armas por los
habitantes para defensa propia y la del Estado. Este es el único caso en el cual un
texto constitucional reconoce la tenencia de armas para la defensa del Estado, sin
establecer, al igual que en la Constitución de 1825 ningún tipo de limitación en
cuanto al tipo de arma permitido, y a diferencia de la misma, no establece la
ubicación para ejercitar el derecho.
En la Constitución de 1921 no se realizó reconocimiento al derecho de tenencia de
armas y en la de 1956 ya aparece reconocido el derecho de tenencia en el domicilio,
así como se empiezan a establecer límites muy similares a los que hoy se imponen a
este derecho por la Constitución vigente en cuanto al tipo de arma ya que refiere las
de uso personal no comprendidas en las prohibiciones legales. Además el texto
constitucional estableció que no constituía delito o falta la simple tenencia. La
Constitución de 1965 realizó un reconocimiento exactamente igual al realizado en la
Constitución de 1956, la redacción del artículo es idéntica por lo que rigen las
mismas limitaciones establecidas para entonces.
Ahora bien, de forma muy similar y con adiciones la Constitución de 1985, vigente,
reconoce el derecho de tenencia de armas: se reconoce la tenencia de armas de uso
personal, no prohibidas en el lugar de habitación, concepto último que es más
restringido que el de domicilio, ya que el domicilio puede abarcar el departamento en
donde se vive y el lugar de habitación se asemeja al concepto que privaba en 1825
que refería la casa. Sin embargo, se impone una protección adicional al derecho al
establecerse que no habrá obligación de entregar las armas, salvo por orden de Juez
86
competente pero esta protección no es absoluta como la de 1825 en la que ni
siquiera aparece la posibilidad de tener que entregar las armas bajo ninguna
circunstancia.
Como puede verse, el reconocimiento del derecho de tenencia ha variado con el
tiempo, desde un reconocimiento y protección casi absoluta por parte del Estado,
hasta un reconocimiento en el cual se limita el tipo de arma que puede poseerse ya
que será solamente las que la Ley ordinaria permita y no prohíba, se reduce el
ámbito en el cual puede ejercitarse el derecho al lugar de habitación, y se establece
la posibilidad de que por orden de juez competente estas armas puedan entregarse.
Finalmente, haciendo un resumen del contenido del derecho de tenencia de armas
reconocido por la Constitución, se tiene que el mismo puede ejercitarse en el lugar
de habitación únicamente, sin extenderse esta posibilidad a otro ámbito; que no
puede tenerse cualquier tipo de armas sino que únicamente las que la Ley ordinaria
cataloga como de uso personal y que no estén prohibidas; y que solamente por
orden de Juez competente deben entregarse las mismas.
Ahora bien, con relación al derecho de portación, se tiene que se reconocía que no
podría despojarse a ninguna persona de las armas que llevara lícitamente, acá la
limitación está impuesta en lo que se considerara como lícito y para ello
definitivamente debía ajustarse a lo que la Ley ordinaria estableciera. En la
Constitución de 1839 no aparece reconocido este derecho, únicamente el de
tenencia de armas.
En la Constitución de 1921 se establece el reconocimiento general a portar armas
pero estableciendo el límite que para el efecto debe sujetarse a las Ley es de policía
y por lo tanto el ejercicio debía ajustarse a lo normado por la Ley ordinaria.
87
A partir de la Constitución de 1956 se establece que el derecho de portación de
armas será regulado por la Ley, norma reiterada en las Constituciones de 1965 y la
vigente.
Quiere decir que constitucionalmente no ha existido en ningún momento un
reconocimiento absoluto al derecho de portación de armas, dado que se ha remitido
para el ejercicio del derecho al cumplimiento de las estipulaciones de la Ley
ordinaria y por lo tanto, será la Ley ordinaria la que establezca tanto los alcances del
derecho como también imponga las correspondientes limitaciones.
En el segundo cuadro de cotejo se compararon los alcances y limitaciones de los
derechos de tenencia y portación de armas de acuerdo a la jurisprudencia de la
Corte de Constitucionalidad contenida en la opinión consultiva dentro del expediente
682-86 y de las sentencias dentro de los expedientes 4923-2009; 1608-2009; 2953-
2009 y 1370-2010. Al respecto cabe mencionar que en la opinión consultiva se
abordó el derecho de portación de armas únicamente, al igual que en el expediente
1608-2009. El expediente 1370-2010 se relaciona solamente con el derecho de
tenencia; y los expedientes 4923-209 y 2953-2009 abordaron los dos derechos.
Con relación al derecho de tenencia de armas de fuego, la sentencia dentro del
expediente 4923-2009 deja claro el criterio que el hecho que la Constitución regule
que se pueden tener armas no prohibidas por la Ley en el lugar de habitación y que
no hay obligación de entregarlas sino por orden de Juez competente, no son las
únicas limitantes a dicho derecho, dado que el Estado puede exigir el registro de las
armas objeto de tenencia e incluso la obtención de una nueva huella balística y
tarjeta de tenencia, dado que es necesario que el Estado tenga certeza sobre el tipo
de arma que se ampara con el derecho de tenencia.
Por su parte en la sentencia dentro del expediente 2953-2009 también se hace
alusión a que la tenencia puede ejercitarse siempre y cuando las armas objeto de la
tenencia sean registradas en la Dirección General de Control de Armas y
88
Municiones. La sentencia dentro del expediente 1370-2010 reitera que el ejercicio del
derecho de tenencia de armas requiere que las armas de fuego sean registradas,
considerando que el derecho de tenencia de armas no es absoluto dado que se
imponen límites de razonabilidad basados en el goce y disfrute de otros derechos;
que el desarrollo del artículo 38 en la Ley no está prohibido por la Constitución y que
el establecimiento de la norma relacionada al registro de la tenencia da certeza con
relación a la procedencia del arma y que ésta es de las permitidas. Además reitera
que puede configurarse el delito de depósito ilegal de armas de fuego de uso civil y/o
deportivas cuando se tengan tres o más armas no registradas de este tipo dado que
es requisito indispensable que para ejercitar el derecho de tenencia de armas se
registren las mismas.
Como puede apreciarse, a pesar que la redacción del artículo 38 de la Constitución
en lo que se refiere a la tenencia de armas de fuego pareciera clara imponiendo
límites al ejercicio del derecho, también es cierto que este derecho no es absoluto y
que requiere de regulación en la Ley ordinaria que imponga algunas limitaciones
como lo puede ser además de clasificar las armas que se consideren permitidas, que
las armas de fuego sean registradas con la finalidad que el Estado posea certeza
sobre el tipo de arma que se posee. En definitiva este derecho no es absoluto y está
sujeto a las limitaciones impuestas por el ejercicio de los derechos de la colectividad
y de la seguridad colectiva.
Según la opinión consultiva, el derecho de portación de armas encuentra límites en
cuanto a la razonabilidad que el legislador contemple, es por ello que fijar una edad
para el ejercicio del derecho no vulnera el mismo. La Corte de Constitucionalidad
admite que el legislador en el uso de su potestad legislativa, puede establecer límites
a la portación de armas, los cuales están dados por la necesidad de respetar otros
derechos fundamentales privando con ello el interés de la colectividad. Ahora, de
conformidad a lo analizado en el expediente 1608-2009 se aborda que de
conformidad al derecho de igualdad, circunstancias iguales deben ser regidas por
igual y que por ello dentro de las excepciones a la regla general impuesta por los 25
89
años de edad para el ejercicio del derecho de portación, deben incluirse dentro de las
fuerzas de seguridad a las empresas de seguridad privada. La Corte reitera que el
legislador posee la facultad de limitar de acuerdo a la razonabilidad el derecho de
portación y establecer una edad para su ejercicio pero que respetando el derecho de
igualdad tanto las fuerzas como el Ejército, la Policía y las Empresas de Seguridad
Privada deben aparecer por igual en las excepciones a la edad fijada.
Según la sentencia emitida dentro del expediente 4923-2009 la Corte opina que el
legislador puede establecer dentro de las limitaciones el número de armas en el
documento de licencia, sin embargo, no se pronunció con relación a si podía o no
limitarse el número de armas de fuego que una persona pueda registrar y portar,
pero con la reserva interpretativa argumenta que pueden registrarse varias armas,
así que no existe claridad con relación a lo que la Corte pueda estimar sobre este
punto.
Ahora bien, en la sentencia dentro del expediente 2953-2009, la Corte reitera que el
legislador puede establecer requisitos especiales para casos especiales en el caso
de la portación y por ello es que a las empresas de seguridad privada se les exige un
trámite especial cuando requieran utilizar armas que no están permitidas como regla
general. Además reitera que el derecho de portación no es absoluto sino que hay
limitaciones impuestas por la seguridad colectiva y el interés colectivo.
Como puede apreciarse, puede concluirse de la interpretación reiterada de la Corte
en la opinión consultiva y las sentencias analizadas, que el derecho de portación de
armas reconocido en la Constitución no es absoluto, que el legislador, en el uso de
su potestad legislativa puede limitar este derecho de conformidad a la razonabilidad,
la seguridad, los intereses de la colectividad y la necesidad de respetar los derechos
fundamentales. Es por ello que no existe inconstitucionalidad cuando se establece
una edad para portar armas de fuego, cuando se clasifican armas por su
peligrosidad, cuando se establecen requisitos extraordinarios para poder contar con
la autorización para portar armas poderosas que pongan en peligro a la colectividad.
90
B. Consecuencias jurídicas de la opinión consultiva y sentencias
emitidas por la Corte de Constitucionalidad en materia de los
derechos de tenencia y portación de armas de fuego
La opinión consultiva se tiene como el primer acto de la Corte de Constitucionalidad
mediante el cual se aborda el tema de la portación de armas, la opinión tuvo
consecuencias jurídicas, dado que en primer lugar, viabilizó que el Congreso de la
República aprobara una reforma a la Ley de Armas y Municiones decreto 39-89 que
se encontraba vigente en esa época por medio de la cual el derecho de portación
puede ejercitarse a partir de los 25 años de edad. Este criterio continuó en vigencia
al aprobarse la nueva Ley de Armas y Municiones decreto 15-2009 que derogó la
anterior y es por ello que dentro de las prohibiciones para autorizar una licencia de
portación, contenidas en el artículo 80 de la Ley, se contempla a los menores de 25
años de edad, a excepción de las fuerzas de seguridad.
El criterio asentado por la Corte relacionado al derecho de portación ha sido reiterado
en los expedientes analizados, siendo ese criterio el siguiente: “El artículo 38 de la
Constitución Política de la República que reconoce a los particulares la portación de
armas, remite la regulación de ese derecho a normas con jerarquía de Ley, es decir,
la portación de cualquier tipo de arma debe estar sujeta a las condiciones que para el
efecto imponga la Ley respectiva. Esta garantía de legalidad obliga a que solamente
el Congreso de la República pueda determinar esas condiciones para el ejercicio de
tal derecho, que, como todos los demás, no tiene carácter absoluto e ilimitado sino
que se relativiza en orden a valores superiores del ordenamiento constitucional, que
consisten en el respeto a la libertad y la seguridad ajenas y cuya protección se
encuentra en el artículo 44, que dispone que el interés social prevalece sobre el
interés particular”.
Asimismo, la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional parte del artículo
80 de la Ley de Armas y Municiones, considerando que se estaba dando un trato
desigual a las Empresas de Seguridad Privada al no contemplarlas dentro de la
91
excepción relacionada a contar con 25 años de edad para poder ejercitar el derecho
de portación y con ello se reformó el artículo relacionado.
Además, a través de una reserva interpretativa, la Corte de Constitucionalidad define
que la expresión fuerzas de seguridad comprende, tanto a las instituciones estatales
que tienen por fin satisfacer el valor seguridad ciudadana, como las entidades
privadas que se dedican a la prestación de ese servicio y a los denominados cuerpos
de seguridad de las entidades bancarias estatales y privadas; y que además de
acreditar la calidad de miembro activo de las mismas, el potencial licenciatario debe
comprobar fehacientemente que posee la aptitud técnica, moral, física y mental para
el manejo responsable y consciente de armas de fuego.” Esta reserva interpretativa
ha sido muy cuestionada puesto que se asienta el criterio que las Empresas de
Seguridad Privada y la Policía Nacional Civil y Ejército de Guatemala deben ser
tratadas de igual forma porque son similares y este concepto rompe paradigmas
establecidos en materia de seguridad.
Otra consecuencia que puede mencionarse en el ámbito de la aplicabilidad de la Ley
de Armas y Municiones, atribuida a la sentencia dentro del expediente 4923-2009 es
que a pesar que en la sentencia se declaró que lo recurrido no era inconstitucional, sí
se estableció el siguiente criterio a través de una reserva interpretativa “Como efecto
interpretativo de esta sentencia, se deberá observar que, la palabra “la” y la frase
“hasta tres (3)” contenidas en el artículo 72 de la Ley cuestionada, no significa que
después de registradas tres armas en el documento correspondiente, impida el
derecho de llevar a cabo nuevos registros, mismos que deberán hacerse cumpliendo
las disposiciones legales.”
Esta reserva interpretativa ha llevado a que en el plano de la operatividad de la Ley,
la Dirección General de Control de Armas y Municiones haya variado el criterio de
autorizar una sola licencia de portación de armas de fuego que pudiera amparar
hasta tres armas, autorizando desde el fallo en mención más de una licencia de
portación por persona en los casos en los cuales les sea requerido.
92
CONCLUSIONES
1. Los derechos de tenencia y portación de armas de fuego han estado
regulados históricamente en las Constituciones que han regido al Estado de
Guatemala.
2. En el caso del derecho de tenencia de armas de fuego se evolucionó de un
reconocimiento como un derecho absoluto que no admitía limitaciones en la
Constitución de 1825 a un derecho sujeto a limitaciones constitucionales como
lo son: que las armas se posean en el lugar de habitación; que la Ley
ordinaria establezca el tipo de arma que puede poseerse en calidad de
tenencia; que un Juez competente pueda requerir la entrega del arma poseída
en carácter de tenencia.
3. En el caso de la portación de armas, las diferentes Constituciones siempre
han referido para su ejercicio a una Ley ordinaria, misma que en algún
momento fue la Ley de la Policía y en estos momentos es la Ley de Armas y
Municiones, decreto 15-2009 del Congreso de la República.
4. La Ley de Armas y Municiones impone limitaciones al derecho de tenencia de
armas de fuego al restringir su goce y disfrute a los ciudadanos, mientras que
la Constitución no establece esta categoría, incluyendo dentro de los
requisitos para su ejercicio, que las armas de fuego estén registradas en la
Dirección General de Control de Armas y Municiones, que las armas a
registrar sean las clasificadas de uso civil y/o deportivas y que en caso de
requerirse la tenencia de armas de otro tipo, se cuente con el aval del
Ministerio de la Defensa Nacional.
5. En cuanto a la portación de armas de fuego, la Ley de Armas y Municiones
regula una serie de requisitos para que este derecho pueda ejercitarse: en
primer lugar que el interesado tenga 25 años de edad o más; que se obtenga
93
una licencia de portación de armas que ampare el ejercicio del derecho; que el
interesado se someta a una serie de evaluaciones para ser acreedor a la
licencia de portación, incluyendo dentro de las evaluaciones una psicológica,
una técnica y otra de conocimiento de la Ley con la finalidad de establecer si
el hecho de autorizarle la licencia no lo convierta en un peligro para él mismo
o para la sociedad. Con ello lo que se protege son los derechos de la
colectividad.
6. El derecho de tenencia de armas no es absoluto y está sujeto a las
limitaciones impuestas por el ejercicio de los derechos de la colectividad, de la
seguridad colectiva y del interés público y por ello se requiere que la Ley
ordinaria imponga algunas limitaciones como lo puede ser además de
clasificar las armas que se consideren permitidas, que las armas de fuego
sean registradas con la finalidad que el Estado posea certeza sobre el tipo de
arma que se posee.
7. El derecho de portación de armas reconocido en la Constitución no es
absoluto, y está sujeto a las condiciones y limitaciones que el legislador, en el
uso de su potestad legislativa realice. Este derecho se puede limitar para
asegurar el respeto de otros derechos reconocidos en el ordenamiento
constitucional y es por ello que la Ley ordinaria puede establecer una serie de
evaluaciones para asegurar que con el ejercicio de este derecho no se pondrá
en riesgo la seguridad que es uno de los deberes para los cuales el Estado se
organiza.
8. La opinión consultiva emitida por la Corte de Constitucionalidad así como las
sentencias han tenido consecuencias en el ámbito de la regulación del
derecho de portación de armas, en primer lugar a partir de la opinión
consultiva se elevó la edad para ejercer el derecho de portación de dieciocho
a veinticinco años. Esto se mantiene vigente y la actual Ley de Armas y
Municiones prohíbe la portación de armas de fuego a menores de 25 años.
94
9. Derivado de la sentencia dentro del expediente 1608-2009 se permite que
miembros de las empresas de seguridad privada puedan portar armas de
fuego aunque sean menores de 25 años, además la Corte de
constitucionalidad mediante una reserva interpretativa define el término de
fuerzas de seguridad, incluyendo dentro de las mismas a las Empresas de
Seguridad Privada.
10. A partir de la reserva interpretativa realizada en la sentencia dentro del
expediente 4923-2009 se ha asumido que no existe limitación con relación al
número de armas de fuego que una persona puede registrar y portar.
95
REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
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Humanos en los Ordenamientos Jurídicos Internos de los Estados Americanos.
Guatemala, Sonibel, 2008
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sobre las Actividades de su Oficina en Guatemala. Guatemala, Alta Comisionada
de las Naciones Unidas para os Derechos Humanos, 2011.
3. Asamblea Nacional Constituyente. Acta No. 19, sesiones ordinarias, Tomo I.
Guatemala, 1984.
4. Asamblea Nacional Constituyente. Acta No. 28, sesiones ordinarias. Tomo II.
Guatemala, 1985.
5. Carbonell, Miguel. Los Derechos fundamentales. México. Universidad Autónoma
de México, 2004
6. Coalición Latinoamericana para la Prevención de la Violencia Armada y Foro
Parlamentario sobre Armas Pequeñas y Ligeras. Proyecto de Ley Marco de
Armas de Fuego, Municiones y Materiales Relacionados. 2006.
7. Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Armas de Fuego y
Municiones en Guatemala Mercado Legal y Tráfico Ilícito, Guatemala, 2009.
8. Comisión para la Prevención y Reducción de la Violencia Armada. Informe sobre
la implementación de la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y
Desarrollo, Guatemala, 2011.
96
9. De León-Escribano Carmen Rosa. Armas pequeñas y livianas: una amenaza a la
seguridad hemisférica. Capítulo Armas Pequeñas y Livianas en América Central y
Panamá informe sub regional. Costa Rica. Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO), 2007.
10. Dirección General de la Policía Nacional Civil. Análisis estadístico comparativo de
la incidencia criminal y acciones positivas registradas a nivel República.
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11. Durán Ribera, William Roberto. La Protección de los Derechos Fundamentales en
la Doctrina y Jurisprudencia Constitucional. Chile. Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales Universidad de Talca, 2002.
12. Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. El Tratado sobre Comercio
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Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, 2006.
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Progreso Humano, 2009.
14. García Laguardia, Jorge Mario. Breve Historia Constitucional de Guatemala.
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Jurídico. República Dominicana, 2010.
97
16. Procurador de los Derechos Humanos. Derecho a la vida e integridad física,
Estadísticas sobre homicidios y lesiones contra menores. Guatemala, 2011.
17. Procurador de los Derechos Humanos. Informe Anual Circunstanciado, Tomo I,
Situación de los Derechos Humanos en Guatemala. Talleres de reproducción de
materiales de la institución del Procurador de los Derechos Humanos de
Guatemala. Guatemala, 2011.
18. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Informe sobre
Desarrollo Humano para América Central 2009-2010. Colombia, Dvinni S.A.,
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Guatemala, Editorial Universitaria Universidad de San Carlos de Guatemala,
2008.
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las Naciones Unidas en España. Barcelona, 1998.
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Segura, Estrategia de Seguridad de Centroamérica. Guatemala, 2011.
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Guatemala en Encrucijada, Panorama de una Violencia Transformada. Colombia,
2011.
23. Truyol y Serra, Antonio. Los Derechos Humanos. España, Editorial Tecnos S.A,
3era. Edición, 1994.
98
NORMATIVAS
1. Constitución Política de la República de Guatemala de 1985
2. Primera Constitución del Estado de Guatemala, 1825
3. Declaración de los Derechos del Estado y sus Habitantes de 1839
4. Constitución Política de la República de Centroamérica de 1921
5. Constitución Política de la República de Guatemala de 1945
6. Constitución de la República de Guatemala de 1956
7. Constitución de la República de Guatemala de 1965
8. Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
9. Ley de Armas y Municiones, Decreto 39-89 del Congreso de la República.
10. Ley de Armas y Municiones, Decreto 15-2009 del Congreso de la República.
11. Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, Decreto 52-2010 del
Congreso de la República.
12. Reglamento de la Ley de Armas y Municiones, Acuerdo Gubernativo 85-2011.
13. Opinión Consultiva de la Corte de Constitucionalidad, expediente 682-96.
99
14. Sentencias de la Corte de Constitucionalidad, expedientes 982-99, 416-2005,
4923-2009, 1608-2009, 2953-2009 y 1370-2010.
15. Decreto Gubernativo 4-2011
16. Decreto Gubernativo 10-2011
17. Acuerdo Gubernativo 230-2010
OTRAS
1. Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y el Papel del Ejército en una
Sociedad Democrática.
2. Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y Justicia en Guatemala.
3. Estadísticas sobre incidencia delictiva de la Policía Nacional Civil 2010 y 2011.
4. Iniciativas de Ley 2193, 2589, 2990, 3206, 3753, 3902, 3931 y 4003
100
ANEXOS
101
CUADRO DE COTEJO No.1
Tema: Alcances y Limitaciones de los derechos a la tenencia y portación de
armas de fuego en Guatemala a la luz de la Jurisprudencia de la Corte de
Constitucionalidad
Unidades de Análisis
Indicadores
↓
Constitución de 1825
Constitución de 1839
Constitución de Centro-
América 1921
Constitución de 1956
Constitución de 1965
Constitución de 1985
Derecho a
Tenencia
de Armas
Reconoce
que
ninguna
población
podrá ser
desarmada
ni
despojarse
a ninguna
persona de
armas que
tenga en
casa
Todos los
habitantes
pueden
tener armas
para su
defensa y la
del Estado y
no deben
ser privados
de su uso
sino en los
casos
prevenidos
por la Ley
No lo
reconoce
No
constituye
delito o falta
la simple
tenencia en
el domicilio
de armas de
uso
personal, no
comprendid
as en las
prohibicio-
nes legales.
No
constituye
delito o falta
tener en
domicilio,
armas de
uso
personal no
comprendid
as en las
prohibicio-
nes legales
Se
reconoce el
derecho de
tenencia de
armas de
uso
personal,
no
prohibidas
por la Ley,
en el lugar
de
habitación.
No habrá
obligación
de
entregarlas,
salvo en los
casos que
fuera
ordenado
102
por juez
competente
.
Derecho a
Portación
de Armas
Se
reconoce
que no
podrá
despojarse
a ninguna
persona de
las armas
que lleve
lícitamente
Toda
persona
tiene
derecho de
portar
armas,
sujetándose
a las Ley es
de policía.
El derecho
de portación
de armas
está
regulado
por la Ley.
Se regulará
por la Ley.
Se
reconoce el
derecho de
portación
de armas,
regulado
por la Ley
103
CUADRO DE COTEJO No.2
Tema: Alcances y Limitaciones de los derechos a la tenencia y portación de
armas de fuego en Guatemala a la luz de la Jurisprudencia de la Corte de
Constitucionalidad
Unidades de Análisis
Indicadores
↓
Opinión Consultiva
682-96
Sentencia 4923-2009
Sentencia 1608-2009
Sentencia 2953-2009
Sentencia 1370-2010
Alcances y
limitacione
s derecho
de
Tenencia
de Armas
No aborda el
derecho de
tenencia
No se vulnera
el derecho
constitucional
de tenencia
por la
obligación de
que vencido el
plazo de 3
años se
registren las
armas
nuevamente,
lo que implica
actualizar la
huella balística
y obtener una
nueva tarjeta
de tenencia.
La tenencia de
armas de
fuego no está
Es un derecho
de los
ciudadanos el
tener armas de
fuego en lugar
de habitación,
cumpliendo con
el requisito de
registrar las
armas (en
DIGECAM).
Para la custodia
de valores y
ciudadanos que
demuestren que
su seguridad
hace necesaria,
pueden tener
armas de fuego
de uso
individual.
Para el ejercicio
del derecho de
tenencia debe
ser armas no
prohibidas, en el
lugar o casa de
habitación, y
deben
registrarse (en
DIGECAM).
Obligación de
incautar armas
no registradas y
poner en
conocimiento de
la autoridad.
104
sujeta a
temporalidad
alguna, no
tiene plazo.
Alcances y
limitacione
s derecho
de
Portación
de Armas
El ejercicio
del derecho
está sujeto a
las
condiciones
que
imponga la
Ley. El
derecho no
es absoluto
e ilimitado
sino que se
relativiza en
orden a
valores
superiores
del
ordenamient
o
constitucion
al que
consisten en
el respeto a
la libertad y
seguridad
ajenas, cuya
protección
El derecho de
portación debe
estar regulado
por la Ley,
pudiendo
establecerse
límites.
El legislador
puede
establecer
límites en la
Ley, como la
edad
permitida, pero
debe tratarse
igual a iguales
y en forma
desigual o los
que no son
iguales. Puede
exceptuarse
de la
prohibición de
portar arma a
los menores
de 25 años a
los miembros
de las
empresas de
seguridad
privada
Las licencias
especiales para
portar armas de
fuego de uso
individual son
parte del control
gubernamental
sobre el
armamento y la
verificación con
relación a que
las personas
que las usen
llenen los
requisitos.
105
se
encuentra
en el artículo
44.
