Capítulo 4 REPRESENTACIÓN Y ARTICULACIÓN DE INTERESES … · 2009-03-03 · El objetivo de este...

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Capítulo 4 REPRESENTACIÓN Y ARTICULACIÓN DE INTERESES EN LA AGRICULTURA MARROQUÍ ^

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Capítulo 4

REPRESENTACIÓNY ARTICULACIÓN DE INTERESES

EN LA AGRICULTURA MARROQUÍ

^

El objetivo de este capítulo radica en presentar los tres grandes tiposde instituciones que vertebran los intereses agrarios en Mamzecos, a sa-ber: las cámaras, las cooperativas y las asociaciones de productores'.Para ello, analizaremos cada tipo haciendo hincapié, en primer lugaz, enlas funciones, estatutos, objetivos y actividades de cada uno de ellos; y,en segundo lugar, en los ejes del proyecto de reforma que contempla laEstrategia de Desarrollo Agrario. Así, estaremos en condición de medirla densidad corporativa del sector agrario marroquí y de conocer las dis-tintas modalidades institucionales que adoptan los procesos de articula-ción y representación de intereses. Además, cada una de esas tres institu-ciones tiene su propia historia, vinculada en sus orígenes, en mayor omenor medida, al período colonial, por lo que procuraremos reconstruirsus trayectorias históricas para contrastaz el fenómeno de la importacióninstitucional y las dinámicas de hibridación que se han producido.

1. LAS CÁMARAS AGRARIAS

Las Cámaras Agrarias son instituciones de derecho público cuyoorigen se remonta a la época del Protectorado, cuando las autoridadescoloniales francesas las importaron de la metrópolis para representarlos intereses de los agricultores dentro del marco de la política francesade colonización agraria. Estas instituciones paradigmáticas del corpo-rativismo agrario europeo fueron reformadas tras la Independencia conla proclamación del Dahir de 1962. Este decreto real marca un giro im-portante en la organización de la representación profesional agraria enMarruecos con respecto al Protectorado. La mayor ruptura fue sin lu-gar a dudas la nacionalización de las Cámaras Agrarias y de su electo-rado. '

' Las asociaciones de productores agrarios (APAs) son equivalentes a las organizaciones

profesionales agrarias españolas.

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1.1. Las Cámaras Agrarías bajo el Protectorado z

La creación de instituciones corporativas para representar los intere-ses agrarios en Marruecos se efectuó poco después de la instalación delProtectorado en 1912. Así, las dos primeras Cámaras Francesas Consul-tivas de Comercio, Industria y Agricultura fueron creadas en 1913 consede en Rabat y Casablanca por decisión de la Residencia, mientras quela primera Cámara Francesa Consultiva específicamente agraria se cons-tituyó con sede en la ciudad de Kenitra en 1914 abarcando las regionesde Rabat, el Garb y los Beni Hassen. Llamadas a jugar un papel consul-tivo, estaban inicialmente compuestas sólo por residentes franceses. En1919, se instauró un sistema dual formado por dos colegios: uno, paralos franceses, y, otro, para los marroquíes, surgiendo así las denomina-das secciones indígenas de las'Cámaras Francesas Consultivas Mixtasde Agricultura y de las Cámaras Francesas Consultivas Mixtas de Agri-cultura, Comercio e Industria. También las modalidades de la represen-tación pasaron a ser duales, de modo que los miembros de la secciónfrancesa eran elegidos por los agricultores franceses y los de la secciónindígena designados (no elegidos) por la Residencia entre "personas no-tables e ilustradas del Imperio Jerifi" para que estas últimas participasenal lado de las secciones francesas, pero de forma separada y cada una ensu idioma (Bono, 1987: 15-16). Desde una perspectiva corporativista yelitista fiel a las convicciones de la máxima autoridad, el Residente Ge-neral Lyautey, el gobierno colonial reconocía así cierta capacidad repre-sentativa a un determinado grupo de agricultores marroquíes dándolelegitimidad para que representara los intereses económicos y profesiona-les del sector agrario, identificando tales intereses con los de este gruposélectivo de agricultores. Entre las prerrogativas de las Cámaras es inte-resante señalar que podían comunicar al Gobierno su opinión sobrecuestiones agrarias e intervenir en programas de desarrollo agrario. Apartir de 1923 obtuvieron el derecho de estar representadas en las reu-niones del Consejo de Gobiemo sobre temas que afectaban a la agricul-tura. En 1939, las Cámaras Francesas Consultivas de Agriculttua serántransformadas en organismo público.

Habrá que esperar a 1947 para que el Protectorado extienda por víaelectoral la representación de los marroquíes en el seno de las Cámaras

z Sobre esta cuestión véanse Bono (1987: 14 y sg.).

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Agrarias. La conversión de las secciones indígenas en Cámaras Marro-quíes Consultivas de Agricultura -para las regiones de Casablanca,Fez, Marraquech, Mequínez, Uxda y Rabat/Garb/Uezzañ (Dahir de 13de octubre de 1947^ y en Cámaras Marroquíes Consultivas Mixtas deAgricultura, Comercio e Industria -para las regiones de Agadir, Maza-gan (El Yadida), Mogador (Essauira) y Safi- hizo que los miembros delas Cámaras fuesen elegidos por escrutinio mayoritario uninominal deuna vuelta para seis años, renovables la mitad de los escaños cada tresaños entre los marroquíes de sexo masculino y que cultivasen según mé-todos modernos (Bono, 1987: 19; Blanc y Hen, 1992: 19-20). Este últi-mo principio hacía que dicha integración tuviera un alcance restrictivo,ya que el colectivo de agricultores afectado por estos cambios seguíasiendo la minoría que ya había estado representada anteriormente en lassecciones indígenas. Así, las Cámaras estaban lejos de representar alconjunto de los agricultores y campesinos marroquíes. Dicha soluciónratificaba el modelo elegido inicialmente por el Protectorado, a saber: elde los grandes propietarios fundiarios (rurales o urbanos), una especiede gentry, que practicaba una agricultura a semejanza de los colonos.Además, ello no significó una ampliación de los poderes y prerrogativasde las Cámaras Marroquíes si las comparamos con las Cámaras France-sas convertidas ya en unas instituciones de representación y presión muyefectivas ante las autoridades del Marruecos colonial. Las Cámaras ma-rroquíes sólo fueron erigidas en establecimientos públicos en 1950, otor-gándoles un estatuto semejante a sus homólogas francesas. No obstante,entre esta fecha y la proclamación de la independencia (1956), la evolu-ción de la conflictividad entre la potencia colonial y el movimiento na-cionalista no fue propicia para el desarrollo de las prerrogativas que lesotorgaba el nuevo estatuto.

Las Cámaras Francesas de Agricultura tuvieron un papel destacadodurante el Protectorado, ya que fueron una verdadera tribuna de los inte-reses agrarios de los colonos. A través de sus representantes se convir-tieron en un lobby potente que participaba en las reuniones del Gobiernoy con amplias prerrogativas en la gestión de la política agraria de la Re-sidencia en Marruecos. Así, Aucouturier, Presidente de la Federación de

las Cámaras Agrarias de Marruecos, se vanagloriaba de "ser capaz dehacer o deshacer a los Residentes" y, como señala Charles-André Julien,"no estamos muy seguros de que se trate sólo de una simple jactancia"(1978: 132). A principios de los años cincuenta, este personaje será unode los partidarios más activos de la abdicación del sultán Mohamed V y

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firmará, en nombre del Primer Colegio del Consejo de Gobiemo de laResidencia, un texto remitido en diciembre de 1952 al gobierno francéspidiendo con foda urgencia la destitución del Sultán (ibidem: 263).

A partir de esta última experiencia, no fue extraño que, tras la inde-pendencia, el Rey de Marruecos Mohamed V retrasara la reactivación delas Cámaras Agrarias, las cuales cayeron.en desuso, siendo sus bienesadministrados por el Ministerio de Agricultura marroquí a partir de1957. Habría que esperar a 1962 y al advenimiento de Hassan II paraque un nuevo marco jurídico fuera promulgado.

1.2. Las Cámaras Agrarias desde la Independencia

Las Cámaras Agrarias son instituciones de carácter público someti-das a la tutela del Ministerio de Agricultura y reguladas por el dahirn° 1-62-281 de124 de octubre de 1962 reformado por el Dahir n.° 6-97de13 de abril de 1997. Se trata de instituciones de ámbito local presentesen todo el territorio y, con la reforma de 1997, se les ha atribuido el esta-tuto de representante único del sector agrario ante los poderes públicos.Sus estatutos les confiere unas misiones amplias y diversificadas, peroque, no obstante, son imprecisos en cuanto a sus reglas de organizacióny funcionamiento. El citado Dahir de 1962 no sólo instauró la represen-tación democrática de los agricultores a nivel local, sino que convirtió alas Cámaras Agrarias en cauces para la representación de la profesiónagraria a nivel nacional, con la creación, de una parte, de una FederaciónNacional de las Cámaras Agrarias (FNCA) y, de otra, de un colegio derepresentantes de las Cámaras Agrarias en el Parlamento. Ambas dimen-siones, la de proximidad y la de monopolio de la representación, leshacían cobrar una particular relevancia en el futuro del sector y en lasorientaciones de la política agraria.

1.2.1. La representación

Los estatutos de las Cámaras Agrarias establecen el marco para unarepresentación general y territorial de los agricultores mediante la con-vocatoria de elecciones cada seis años y la presencia de Cámaras en lasdistintas regiones y provincias del reino. Las Cámaras Agrarias han co-nocido siete convocatorias electorales: 1963, 1967, 1970, 1977, 1984,1993 y 1997. El modo de escrutinio es el mayoritario uninominal conmayoría relativa de una vuelta, por lo que el candidato elegido es el que

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obtiene el mayor número de votos. El ámbito territorial de cada CámaraAgraria es subdividido en varias circunscripciones electorales, y a cadauna de ellas se le asigna un escaño. Desde 1993, la edad para ser electorpasó de 21 a 20 años y la de elegibilidad de 25 a 23 años.

El primer elemento de ruptura con la época del Protecto ^ado radica-ba en la modificación de la composición del electorado, ya que a una oli-garquía de agricultores franceses y marroquíes la sustituía el conjunto delos agricultores marroquíes. El principio fundamental que retuvieron lasnuevas autoridades para otorgar la condición de elector y de elegible fueel vínculo a la tierra y no la condición de profesional de la agricultura; esdecir era condición necesaria ser propietario, usufructuario, inquilino 0

jamís de una explotación agraria. Se ponía así fin al principio del Protec-torado que sólo asociaba con las Cámaras Agrarias a los marroquíes quetuvieran la condición de agricultores "modernos". Además del vínculocon la tierra, que excluía a los obreros agrícolas, se estableció la condi-ción de poseer la nacionalidad marroquí, por lo que los colonos y agri-cultores extranjeros también quedaban excluidos.

Así, "dicho estatuto es sin lugar a dudas el más democrático que Ma-rruecos haya conocido", afirman Blanc y Hen (1992: 20), para en segui-da relativizar el alcance de dicha afirmación: "^Es acaso dicha repre-sentación significativa de los verdaderos intereses del mundo agrariomarroquí? Parece que no lo es". Dos tipos de límites a la representaciónde las Cámaras han sido planteados desde su restablecimiento en 1962:el primero hace hincapié en los aspectos profesionales, y el segundo, enla instrumentalización política de estas instituciones.

a) Los límites de la dimensión profesional de la representación

en las Cámaras

El primer tipo de límite se fundamenta en el hecho de que la opciónpor una representación de base individual excluye a los actores colecti-vos fonnados por las cooperativas, las asociaciones y los sindicatos deproductores agrarios. Desde esta perspectiva se considera que estos ac-tores colectivos encarnan los elementos más dinámicos del sector agra-rio contrastando a menudo con el inmovilismo de las Cámaras Agrarias(El-Bakkouchi y Ezzaouini, 1991). De ahí que la ausencia de estos acto-res cuyo peso económico y social no puede ser obviado en Marruecoshaga que las Cámaras Agrarias no sean representativas de toda la diver-sidad del mundo agrario marroquí. Por ello, muchos analistas consideran

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que esta ausencia resta cualquier tipo de credibilidad a la función princi-pal que el dahŭ de 1962 confiere a las Cámaras Agrarias, a saber: ser laexpresión del mundo agrario marroquí (Blanc y Hen, 1992). Para estosanalistas, la eficiencia de dichas instituciones depende de que se modifi-que su régimen jurídico para posibilitar una representatividad más am-plia, en el sentido de más profesionalizada (Ibidem: 77; MADRPM,2000b: 7). Desde una perspectiva histórica, la ausencia de estos actorescolectivos se puede fundamentar en el hecho de que, a principios de losaños sesenta, apenas existían y que el legislador consideraba a las Cáma-ras como una institución que podía suplir esa ausencia. De ahí la ampli-tud de las funciones que se les otorgaba.

Todos los analistas e informes producidos para su reforma hacen hin-capié en el hecho de que la credibilidad de las Cámaras Agrarias comoexpresión de los intereses del mundo agrario marroquí pasa por una re-forma radical de su representatividad, que sustituya la politización por laprofesionalización, es decir por la creación de nuevos colegios electora-les que integren a las asociaciones de productores y por la reforma de lossistemas de elección. Ahora bien, ello supone, en nuestra opinión, que laagricultura haya alcanzado previamente un cierto grado de vertebracióntanto en los ámbitos sectoriales como territoriales y que los resultadoselectorales reflejen una imagen fiel de la heterogeneidad de los interesesagrarios. Hoy por hoy, ninguna de estas condiciones se cumplen. Comolo hemos visto en los capítulos anteriores, la articulación de los interesesagrarios nunca fue una prioridad dentro de la política de la Administra-ción marroquí y sólo ha llegado a plantearse en períodos de crisis.

Por el contrario, la cuestión de las elecciones a las Cámaras Agrariasestuvo siempre presente en la agenda del debate público. El desarrollo yla transparencia de los escrutinios, así como la desnaturalización del ca-rácter profesional de estas elecciones se han visto sometidos a las críti-cas recurrentes de los partidos de la oposición procedente del Movi-miento Nacional. Para estos últimos, los resultados están sesgados porlos intereses del Ministerio de Interior, puesto que, además de las prerro-gativas que los textos le atribuyen, en la realidad local sus agentes inter-vienen en todos los aspectos de la vida cotidiana, así como en todas lasfases del proceso electoral'. La solución que sugieren Blanc y Hen

3 Así se expresaba Driss Basri, Ministro de Interior de 1979 a 1999: "Periódicamente criti-cados con ocasión de cada consulta electoral, los shiuj y moqaddemin son frecuentementeacusados por todos los partidos, sobre todo en el medio rural, de intervenir a favor de tal o

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(1992: 83) radica en el traspaso de la organización y celebración de laselecciones al Ministerio de Agricultura.

b) La tutela del Ministerio de Interiorsobre los procesos electorales

Durante los procesos electorales, tanto el Ministerio de Agricultura,como el sector agrario son desposeídos de sus prerrogativas, que caenbajo la responsabilidad del Ministerio del Interior (ibidem, 1992: 55).Así, es el gobemador el que nombra a las comisiones administrativas ^,el que designa los centros de votación y proclama los resultados. Estatrasferencia de prerrogativas y el marco electoral contribuyen a introdu-cir una politización de los comicios en detrimento de su naturaleza pro-fesional. No obstante, dicha politización no se suele plasmar en un com-promiso ideológico de los candidatos con los partidos políticos, sino queéstos actúan como intermediarios naturales de la sociedad local con lasociedad global y con el Estado. Son estos fenómenos los que han sidodenunciados por la oposición, que considera que dan pie a todo tipo demanipulaciones y fraudes electorales.

Debido a las particularidades del sistema electoral marroquí, sesgadodesde un punto de vista democrático por la desigual estratificación socialy económica del mundo rural, así como por el control social ejercido porlos notables y la intervención de la administración territorial del Ministe-rio del Interior, los resultados no son la expresión de la mayoría de losagricultores, sino sólo indicativos, de una parte, de las opciones y aliartzasque privilegian las autoridades en los distintos niveles administrativos, y,de otra, de las situaciones clientelares y las relaciones de fuerzas entre no-tables. Tal mediatización hace que los criterios jurídicos regulen un for-malismo sólo aparente respecto al desarrollo del escrutinio. Es más, en lamedida en que se reconoce que la tutela sobre el desarrollo del escrutinio

cual candidato, aconsejando a los electores sobre quién tienen que votar (....). Lo que hayque retener es que los lazos de consanguinidad y el tejido de relaciones que mantienen los

shiuj y moqaddemin en el seno de la comunidad en la que son auxiliares de la autoridad, nopuede dejazlos totalmente indiferentes en una campaña electoral que, más allá de los parti-

dos políticos que representan los candidatos en competición, sólo concierne a dos o trespersonas, procedentes también de esas mismas comunidades" (Basri, 1988: 300).

° La Comisión Administrativa se compone de tres miembros designados por el Gobema-dor y presidida por la autoridad administrativa, y se encarga de elaborar las listas de candi-

datos y de.revisar las operaciones electorales.

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influye en la designación del elegido, no cabe duda de que los objetivosde la elección no son sólo la representación de los agricultores, sino crearun marco para la cooptación de notables, respondiendo más a los criteriosde un Ministerio del Interior hegemónico, que a los de Agricultura. Enfunción de la realidad sociológica local y de los objetivos de las aútorida-des, se promociona como candidato tal o cual tipo de notable. La figtiradel notable (o de su aprendiz) es fomentada también por el modo de es-crutinio uninominal y la amplitud territorial de las Cámaras, que ratificanlas candidaturas de personas conocidas e influyentes (que poseen el yah) yque, si bien no tienen por qué residir permanentemente en el seno de lacomunidad local, suelen estar presentes de forma periódica para recordarsu compromiso con ésta. Asimismo, la división en circunscripciones haceque entre los objetivos se pueda encontrar el de representar la diversidadétnico-comunitaria de la realidad local, lo que puede contribuir a sesgaruna función de representación basada en criterios exclusivamente profe-sionales. En definitiva, no es de extrañar que, a menudo, las candidaturassean impulsadas por el Ministerio del Interior entre los considerados, oque se consideran, representantes naturales de la comunidad.

Dos consecuencias derivan de estos procesos, a saber: en primer lu-gar, el hecho de que las sucesivas contiendas electorales a las CámarasAgrarias se caractericen por una participación decreciente, que ha pasa-do del 78% en 1962 al 57% en 1997 5, lo que refleja la desafección delos agricultores para unas instituciones apenas implicadas en su realidadcotidiana; y, en segundo lugar, el níunero elevado de candidaturas, querevela lo importante que es conseŭuir un escaño en estas instancias derepresentación a pesar de ser tan denostadas. Ahora bien, si son un arti-lugio del Ministerio del Interior, tanto esfuerzo en organizar y celebrarunas elecciones que tienen como doble objetivo la cooptación de notabi-lidades y trasmitir la ilusión de un juego pluralista, merece reflexión.

Varios elementos pueden explicar la importancia de las elecciones aCámaras Agrarias teniendo en consideración dos niveles, a saber: el local,que se enmarca dentro de la configuración del juego de notabilidad y, elnivel nacional, ya que los elegidos tienen la posibilidad de acceder al co-

5 Según los datos publicados por la revista Afrique Agriculture (n.° 251, septiembre de1997), la participación en las últimas elecciones (de 1997) para la Cámaras Agrarias hasido del 56,82%. En 1977, la participación alcanzó el 68,46%, y a las citadas últimas elec-ciones se presentaron 2.584 candidatos para 622 escaños, o sea una media de 4,15 candida-tos por escaño.

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legio de las Cámaras Agrarias en el Parlamento y, desde 1996, en la Se-gunda Cámara, la de los Consejeros. Entre ambos niveles, si bien existenlógicas comunes, el ámbito nacional adquiere una relevancia distinta.

c) Un foro para los notables

Este tipo de elecciones es a menudo percibido como un mecanismopara reforzar las clientelas provinciales (Breton, 1974: 110) y para con-ferir un estatus público de representante de la profesión agraria a de-terminados notables. Así, se puede considerar como un proceso de se-lección de la "voz" del mundo agrario a favor de una oligarquíaque desmoviliza al campesinado y"rapta" su posibilidad de expresiónautónoma.

La ausencia de ciertas categorías de agricultores en el seno de las Cá-maras Agrarias es el reflejo de la relación de fuerzas existente en elmundo agrícola marroquí, ignorando la gran heterogeneidad de interesesque caracteriza al colectivo de agricultores (por ejemplo, la estratifica-ción social entre grandes y pequeños agricultores o los intereses antagó-nicos entre ganaderos y productores de cereales) 6. Estas institucionescontribuyen a que las Provincias y Prefecturas se vean dotadas de uncuerpo de intermediarios, función ésta que los notables comparten conla Administración para mediar entre la población local y el centro políti-co. No obstante, la tutela de la Administración y, en particular, la del Mi-nisterio del Interior, hace que ésta conserve los medios para gestionar di-cha función. En definitiva, se forma una red de vocales elegidos que seconvierte en una comunidad de intereses mediante la consulta, asocia-ción y concertación entre notables y representantes de la Administra-ción, reunidos a menudo bajo la presidencia del Gobernador, cuyo prota-

6 Debido a la ausencia de una investigación exhaustiva sobre el perfil de los elegidos, sólo

podemos apuntar algunas tendencias proporcionadas por nuestras entrevistas y conversa-

ciones a lo largo de esta investigación y que reflejan una realidad compleja en la que pare-cen emerger, paralelamente al progresivo cambio generacional, los intereses corporativos

como parte del acceso al estatus de notable. Así, la composición de la Cámara puede estaz

encabezada o bien por viejas notabilidades, o bien por agricultores medianos que han sabi-

do coger el tren de la modernización en zonas en las que los grandes agricultores, al tenerotras vías más eficientes de representación de sus intereses, se desinteresan de esta institu-

ción, o bien en una situación de transición en la que una nueva generación de agricultores,

más preocupados por sus intereses corporativos, están sustituyendo a los víejos notables y

esperan que el "ciclo biológico" acabe su obra para terminaz el proceso de renovación.

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gonismo permite la cooptación, la negociación y la solución de losproblemas, a menudo de carácter privado. El vocal elegido de una Cá-mara se convierte en un profesional de la política paralelamente a la ges-tión de sus asuntos privados, evidenciándose la coexistencia de una do-ble estrategia de promoción individual y profesional bajo el supuesto deque esta última se pone al servicio del interés general (Brahimi, 1989).

El análisis del funcionamiento y actividades de las Cámara ŭ ratificadicha tendencia. Sus consejos de administración se reúnen de forma or-dinaria cuatro veces al año, una vez por trimestre. Su labor se limita a re-mitir solicitudes dirigidas a la Administración, caracterizándose por sudiversidad en función de la coyuntura, por su falta de coherencia y porreproducirse de forma recurrente cada año (El-Bakkouchi y Ezzaouini,1991: 258). Ello explica también por qué la Administración les consultapoco. La participación de los representantes de las Cámaras Agrarias enlas Asambleas Provinciales y Prefectorales es muy escasa, asistiendoapenas a las convocatorias, y cuando hacen acto de presencia el silenciosuele ser su pauta dominante (Bono, 1987: 142 y sg.; El-Bakkouchi yEzzaouini, 1991: 257). Así, la toma de palabra se limita a apoyar a la au-toridad, criticar o elogiar a tal o cual funcionario. La misma atonía mar-ca su participación en los consejos de administración de los citados CTA(Centros de Trabajo Agrícola) (ver supra) (ibidem). De ahí, que el prota-gonismo de las Cámaras sea poco relevante fuera de las coyunturas so-cioeconómicas adversas, como los períodos de sequía, siendo la inactivi-dad su tónica dominante. No obstante, las Cámaras Agrarias cumplenotra dimensión representativa más allá del ámbito local, ya que sus vo-cales eligen a los diputados que les corresponden en el Parlamento. Losintereses locales se ven así beneficiados corporativamente de unos cau-ces de representación a nivel nacional en la institución legislativa, altiempo que esos cauces permiten que algunos "empresarios políticos"utilicen las Cámaras Agrarias como medio para asentar u obtener unabase local de apoyo y asegurarse un escaño en el Parlamento.

d) La representación de las Cámaras Agrarias en el Parlamento'

fras la reforma constitucional de 1996, la presencia de los 33 miem-bros que forman el colegio que representa a las Cámaras Agrarias en el

' Los datos de la representación política del colegio de las Cámaras Agrarias en el Parla-mento se pueden consultar en B. López García (2000).

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Parlamento plantea un dilema democrático, ya que el sufragio indŭectoque regula su acceso al Parlamento recoge el voto de grandes electorescuya legitimidad no procede del sufragio universal dŭecto, sino de su-

fragios profesionales indŭectos. Así, como lo recoge el profesor uni-versitario Omar Bendourou (2000: 253 y sg.), con la incorporación de larepresentación funcional se restringe el alcance del sufragio universaldirecto. Desde esta perspectiva, se considera que este tipo de representa-ción debería ser transferido al futuro Consejo Económico y Social, cuyacreación recoge la Constitución de 1996. Dos cuestiones derivan de estedilema: la primera es la de la politización de la representación profesio-nal agraria en el sentido de afiliación partidista, y la segunda se refiere alpeso que se le reserva.

El modo de elección para el colegio de las Cámaras Agrarias en elParlamento es el de lista cerrada con el sistema del resto más fuerte. Estesistema electoral introduce como intermediario obligado a los partidospolíticos, ya que la confección de listas sólo puede establecerse a partirde las afinidades ideológicas (Brahimi, 1989), mientras que la introduc-ción del resto más fuerte permite una mayor diversificación de la repre-sentación de las distintas tendencias políticas. Sin embargo, este recono-cimiento de la diversidad política viene ya sesgado por los resultados alas elecciones de las Cámaras Agrarias, que operan una primera jerar-quización, por lo que la lógica política partidista que no se desarrolla enla base es reintroducida en la cima, de ahí la necesidad práctica de lapertenencia a una formación política. Estas elecciones permiten que laAdministración efectúe algún reajuste aritmético entre los distintos par-tidos en pugna. En defmitiva, no están desprovistas de interés, ya que,además de ser una vía propia de acceso al Parlamento, ofrecen la oportu-nidad de repescar a candidatos que se han presentado en el sufragio uni-versal dŭecto y no han sido elegidos.

Históricamente, se puede destacar que la mayor parte de los répre-sentantes de las Cámaras Agrarias no se han identificado con un partidopolítico concreto, presentándose en los sucesivos escrutinios sin etique-ta. Esta actitud, típica del corporativismo agrarista, se ha visto en sucesi-vas ocasiones interferida por las autoridades del Ministerio del Interiorinteresadas en proporcionarles una identificación política que se traduz-ca en la ratificación de una alianza con las formaciones afines al Trono 8.

$ En 1963, el reparto de los 312 escaños por partidos fue el siguiente: FDIC: 292 (93%);

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Tras las elecciones a las Cámaras Agrarias que tuvieron lugar el 17de agosto de 1984, se produjo un cambio provocado por las directivasreales enunciadas en el discurso del 20 de agosto de 1984 que obligabana que los miembros del Parlamento se afiliasen a los partidos políticos.Puesto que dichas elecciones se celebraron antes del discurso real, queproponía eliminar a los SAP (sin etiqueta política) del Parlamento, mu-chos vocales de las Cámaras Agrarias no estaban afiliados a un partido yse habían presentado como SAP. Entre esa fecha y la celebración de laselecciones indŭectas para el colegio parlamentario de las Cámaras Agra-rias, los vocales que se presentaban como candidatos tuvieron que afi-liarse a un partido político, dando lugar a un verdadero mercadeo, quefue denunciado de forma recurrente por la oposición al considerar quedicho proceso no obedecía a motivos de responsabilidad política ante loselectores directos y tampoco a afinidades ideológicas 9.

El análisis histórico de la experiencia electoral muestra una movili-zación desde arriba de los SAP, es decir, desde la Administración, paraque entrasen en los partidos designados para gobernar: FDIC (1963),RNI (1977) o UC (1984), y contribuyeran a marginalizar a los partidosherederos del Movimiento Nacional (Istiqlal y USFP) y a mantener laimpresión de un juego político pluralista que, eri realidad, disimulaba un

[stiqlal: 14 (5%); Neutros (SAP): 6(2%). Para las elecciones del Colegio de las CámarasAgrarias para la Cámara de los Consejeros (Breton, 1974: 116), de los 312 inscritos, 236

votaron y los 206 votos válidos fueron al FDIC, mientras que los 30 restantes fueron nulos,por lo que los 20 escaños en juego se repartieron de la forma siguiente: 14 al FDIC y 6 alos sin partidos (SAP). En las elecciones de marzo de 1977 (López García, 2000: 64), los

independientes se llevaron 367 de los 445 escaños, el Movimiento Popular 52, el [stiqlal

14, el MPDC 9, la USFP 2 y el PA 1. EI reparto de los 15 escaños del Colegio entre losIndependientes y el Movimiento Popular fue de 10 y 5 diputados respectivamente. En elParlamento de 1963, los agricultores representaban el 47,5% de los diputados (ibidem,2000: 22).9 De los 476 escaños en liza para las elecciones a las 30 Cámaras Agrarias del 17 de agos-to de 1984, los SAP volvieron a encabezar los resultados con 126 escaños seguidos por lospartidos creados para reunirlos, es decir, la UC con 111, el RNI con 67 y el PND con 36.

Los resultados de los demás partidos ratificaron la buena implantación del MP (86) en

ciertas zonas rurales y el lugar subordinado del Istiqlal (49) fuera del ámbito urbano. Encuanto a la izquierda marroquí, sus resultados irrisorios hicieron que denunciara de nuevo

los resultados de unas elecciones que, en su opinión, revelaban el empeño del Ministeriode Interior por politizarlas mediante la implicación de los partidos políticos, politización

que, por ser contraria al espíritu profesional de las Cámaras Agrarias, la izquierda no habíaquerido hacerse cómplice y había optado por no presentar listas de candidatos (Bono,1987; López García, 2000: 131-132).

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sistema de cooptación. Si bien el fenómeno de los SAP se está reducien-do fon^talmente, no parece que coincida con la emergencia de un com-promiso ideológico de los elegidos con sus electores, tal y como lo dejaentender la reproducción periódicamente de casos de nomadismo 0transfugismo político.

La cuestión relativa al carácter fraudulento, a la manipulación de losprocesos electorales y a la cooptación a posteriori de los elegidos, nodebe hacer olvidar otra realidad, cual es la escasa implantación de lospartidos de la oposición de izquierda en el campo, debido al carácter ur-bano de sus militantes y cuadros y a la vigilancia de la red capilar delMajzen y de los notables, que han mirado durante mucho tiempo con re-celo las posturas ideológicas de aquéllos viéndolos como una amenazaal statu quo 10.

Desde los años noventa, se han impuesto los enunciados liberales,asimilándose en el discurso del Rey la representación profesional a la dela sociedad civil y las fuerzas vivas de la nación ". La última Constitu-ción, ratificada por el referéndum de septiembre de 1996, establece unsistema bicameral: una primera cámaza (Cámara de Representantes),fonmada por parlamentarios elegidos a través del canal de los partidospolíticos por sufragio universal directo; y, una segunda cámara (Cámarade Consejeros), fonmada por consejeros elegidos mediante sufragio indi-recto por los sectores profesionales, sindicatos y corporaciones locales.Esta segunda cámaza confirma el lugar privilegiado de la agricultura:bien directamente, al habérsele reservado al sector agrario 33 represen-tantes (de los 81 que tienen los sectores profesionales en dicha cámara);o bien indirectamente gracias a que, entre los 162 consejeros del colegiode las corporaciones locales, muchos son agricultores. No obstante, pa-rece ser que la evolución de la composición del Parlamento evidenciauna erósión de la presencia del mundo agrario en relación con las legis-laturas anteriores. Ahora bien, dicha evolución es más compleja que sesupone, puesto que se ve relativizada por el hecho de que no todos losrepresentantes de los agricultores se dedican exclusivamente a dicha ac-tividad y que tampoco todos proceden o residen en el mundo rural. Porotra parte, los agricultores suelen estar representados, aunque no de for-

'o En las elecciones indirectas del 17 de septiembre de 1993, los 16 escaños del Colegio delas Cámaras Agrarias se repartieron de la siguiente forma: RNI, 3; UC, 3; MP, 3; MNP, 2;PND,1; Istiqlal, 1, y PPS, l(López Gazcía, 2000: 195).'^ Véanse el discurso de Hassan II del 20 de agosto de 1996.

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ma corporativa, en la primera cámara (la Cámara de Representantes).Así, por ejemplo, según los resultados de las elecciones de 1997, 35 di-putados declararon como profesión la de agricultor, fellah, o granjero1z.Si bien en esta primera cámara ciertos analistas han mostrado la entradade un nuevo actor político en la figura de los empresarios (Catusse,1998a), no se debe olvidar que, ante el creciente protagonismo de losparlamentarios del sector privado que no proceden del sector agrario(122), todavía hay una elevada presencia de funcionarios (82) y, en par-ticular, de los del sector de la enseñanza (63), a lo que habría que añadirla existencia de indicios que apuntan a que la declaración profesional in-fravalora el peso de los agricultores. En efecto, debido a una realidadpolítica que sigue vinculando el poder a factores tales como la propiedadde la tierra, el sistema hereditario de la indivisión del patrimonio fundia-rio, la desfiscalización del sector y el peso del sector agroalimentario, laagricultura es una actividad a la que se dedican directa o indirectamenteprofesionales de todos los sectores (Akalay, 1987). Aunque no dispon-gamos de un estudio exhaustivó, nos consta que varios diputados que sepresentan como profesores, abogados o empresarios, son también pro-pietarios de tierras, ganaderos o productores de fiutas y hortalizas, por loque se puede suponer que, a la hora de pronunciarse sobre cuestiones re-lativas a la agricultura, sus intereses privados serán a menudo privilegia-dos en detrimento de una disciplina de partido o de la profesión declara-da como principal. Por lo tanto, si bien el sector agrario ya no eshegemónico como en los años sesenta, sigue poseyendo un peso impor-tante en el Parlamento, al tiempo que se puede observar una representa-ción que refleja la tendencia a privilegiar a un tipo determinado de agri-cultor, que se percibe o asemeja al modelo del empresario que se dedicao no en exclusividad a la actividad agraria y que no tiene por qué residirde forma continua en el mundo rural. En este sentido, la representaciónpolítica sigue excluyendo a los campesinos y pequeños agricultores,pero tiende a valorar entre los notables a los que ofrecen un perfil másacorde con el empresarial, sin despreciar su capacidad de intermediaciónentre la sociedad local y la sociedad global ".

1z Quisiera agradecer a Myriam Cattusse por haberme entregado los datos relativos a la pro-

fesión de los diputados de la Cámara de Representantes elegidos en las eleccioncs de 1997." Dicha transición de un perfil a otro se comprueba en el caso de la Cámara Agraria de

EI-Kelaa Es-Sragna. Entrevista en abril de 2001 con el Presidente y algunos de los miem-

bros de dicha Cámara.

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En definitiva, la sensación es la de un déficit de representatividadtanto partidista como profesional del mundo agrario, que no refleja sudiversidad intema y que traduce una sociedad que no se organiza aún in-dependientemente de sus intermediarios, ya sean notables tradicionaleso empresariales, ya sea el personal que representa el Estado. Ello enlazacon la cuestión de la democratización del campo, una cuestión que no sepuede resolver sólo mediante la ingeniería electoral, sino que proba-blemente pasaría por el incremento de la capacidad de la gran masa deagricultores en hacer prevaler sus derechos cívicos. La resolución de losnumerosos déficit estructurales que padecen los agricultores dependetambién de dicha capacidad y no sólo de las prioridades del Estadocomo hasta ahora. Sólo desde esta perspectiva, la presencia de las Cáma-ras Agrarias en todo el territorio rural las convierte en una instituciónidónea para reflejar la diversidad social, económica y territorial del sec-tor, por lo que su reforma y modernización se plantea como un elementofundamental para que puedan jugar ese papel.

1.2.2. Distribución geográfica, recursos y funcionesde las Cámaras Agrarias

La implantación territorial de las 37 Cámaras Agrarias suele corres-ponder con la división administrativa del país (art. 37). No obstante,existen casos en los que la Cámara coincide con una provincia en cuyacapital se ubica su sede, mientras que en otros abarca varias provincias yprefecturas (por ejemplo, la cámara de Jenifra, que incluye a la provinciade Ifrán). En cuanto al número de vocales por Cámara, éste varía, situán-dose entre 7 y 31 y estableciéndose en función del número de agriculto-res y de municipios rurales existentes en cada circunscripción.

En un país como Marruecos, que padece problemas de comunicacióny de aislamiento en las zonas rurales, la excesiva amplitud de la circuns-cripción territorial de las Cámaras y la ubicación de sus sedes en la capi-tal provincial contribuyen a alejar dicha institución de los agricultores.Además, los distintos informes y estudios relativos a las Cámaras Agra-rias concluyen que nunca han tenido los medios humanos y financierosnecesarios para cumplir la misión que les confiere sus estatutos jurídi-cos, habiéndose convertido en entidades poco conocidas y no percibidascomo propias por los agricultores.

En conjunto, las Cámaras disponen de un personal técnico y admi-nistrativo poco numeroso (220 funcionarios) y escasamente cualificado,

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cuyo perFl no siempre se adapta a las funciones que contemplan los es-tatutos de éstas (sólo el 11 % posee un diploma universitario) ". Tambiénhay que notar el hecho de que las perspectivas profesionales de este per-sonal funŭionario no son muy halagiieñas, por lo que trabajan con muypoca motivación (Bono, 1987).

A las carencias profesionales de su personal técnico se añade el he-cho de que los vocales elegidos tampoco están preparados para cumplirsu misión, como lo refleja la inactividad de las Cámaras y el contenidode su correspondencia con la Administración. Esta falta de preparaciónno hace sino reflejar la naturaleza de la representación que ya hemosanalizado, así como la realidad del campo marroquí, caracterizado por laescasa formación profesional y técnica de los agricultores, por no hablardel analfabetismo o del envejecimiento de los titulares de explotación.De hecho, los vocales de las Cámaras Agrarias son simples colaborado-res de la Administración y a menudo así se consideran, por lo que nocumplen las misiones diversificadas de consulta ante los poderes públi-cos (art. 57) y de apoyo a favor de los agricultores (arts. 57, 58, 59 y 60)que contemplan sus estatutos.

Además, las Cámaras están sometidas a la triple tutela financiera delos Ministerios de Agricultura, de Finanzas y de Interior, lo que no faci-lita una gestión flexible de sus recursos. La tutela administrativa y finan-.ciera de la Administración se ejerce bajo la forma del control a priori, loque limita el ejercicio autónomo de las prerrogativas de las Cámaras enmateria de gestión de personal, de sus presupuestos y del desarrollo desus propios programas de actividades15. Dicha tutela se explica por elhecho de que el Estado es la fuente casi exclusiva de financiación de lasCámaras Agrarias. El presupuesto actual de las Cámaras representa unos17 millones de dirhams, entre los cuales 12 millones financian los gastosde funcionamiento; dicho presupuesto varía de una Cámara a otra enfunción de criterios diversos, que, en ciertos casos, se alejan de lo que esla promoción del desarrollo agrario para entrar en consideraciones de in-

'" Según el Informe del Ministerio de Agricultura con fecha de abril de 1998, el total del

personal de las 37 Cámaras y la FNCA (Federación Nacional de Cámaras Agrarias) alcan-

za los 606 agentes, entre los cuales 189 son cuadros superiores. Este informe plantea la ne-cesidad de financiación en equipamientos y funcionamiento de 15 y 38 millones de dir-

hams respectivamente (MAREP/FAO: 1998: 30).

15 En materia presupuestaria las Cámaras Agrarias están sometidas a la doble tutela delMinisterio de Agricultura y de Finanzas. Este último debe proporcionar su acuerdo paracualquier gasto superior a 10.000 Dh. (véase Bono, 1987: 208 y sg).

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terés nacional (caso de la cámara de Laayun) o, incluso, de presencia depersonalidades influyentes en su seno. De todas formas, al no disponerde recursos propios y depender de las subvenciones públicas, no puedengozar de mucha autonomía.

Además de la función de representaz a los agricultores, las principalesmisiones de las Cámazas son las siguientes: actividad consultiva en mate-ria agraria ante los poderes públicos; actividad de intervención técnica,.económica y social; y actividad consultiva en materia legislativa y regla-mentaria. En definitiva, se trata de misiones esencialmente consultivas,que se caracterizan por su amplitud y falta de definición, por lo que losmiembros de las Cámaras tienen oportunidades de tomaz iniciativas que,no obstante, quedan en letra muerta (Blanc y Hen, 1992: 91 y sg.).

La falta de medios y las cazacterísticas dominantes de la representati-vidad contribuyen a que padezcan numerosas carencias y, en particular,una falta de coherencia. Por ejemplo, se comprueba a menudo la ausen-cia de un organigrama oficial y de un reglamento interno, lo que reper-cute en la imprecisión a la hora de desarrollar sus actividades (reunio-nes, asambleas, informes,...) y en el reparto de las responsabilidades degestión entre el Presidente elegido y el Director. A pesaz de las atribu-ciones conferidas por sus estatutos en el ámbito profesional agrario, lasCámazas son generalmente poco activas en la dinamización del mundorural, caracterizándose por una escasa capacidad técnica y de iniciatrva16, esperando siempre que sea la Administración la que tome la inicia-tiva de proposición. De ahí que, la funcionalidad de las Cámaras Agra-rias se vea anulada y mantenga dicha pauta mientras los vocales elegidosno determinen y llenen de contenido las misiones que les atribuyen susestatutos.

1.3. La Federación Nacional de Cámaras Agrarias

El artículo 61 del dahir de 1962 contempla la reunión de las CámarasAgrarias en una Federación Nacional. En 1963, se formó la FederaciónNacional de Cámaras Agrarias (FNCA), bajo el régimen jurídico deldahir n.° 1-58-376 del 15 de noviembre de 1958, que reglamenta el dere-cho de asociación. La FNCA, cuya sede está ubicada en Rabat, es una

16 Algunas excepciones son el caso de la Cámara Agraria de Taunat, que lanzó un progra-ma ambicioso de actividades a finales de los años ochenta.

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asociación de derecho privado que representa paradójicamente a orga-nismos públicos (Blanc y Hen, 1992: 145). Dicha paradoja se plasmapor ejemplo en los elementos siguientes:

- la tutela financiera y presupuestaria a la que está sometida laFNCA por las administraciones de agricultura y finanzas (Bono,1987: 72); ^

- la afiliación obligatoria de las Cámaras Agrarias a la FNCA y elhecho de que éstas no puedan disolverla;

- el hecho de que no contribuyan a su financiación, ya que si bien laFNCA' puede exigir el pago de cotizaciones, no las cobra a susmiembros;

- el estatuto del personal técnico-administrativo, que es funcionariode la Administración pública.

Las misiones de la FNCA se caracterizan también por su amplitud:presentar al gobierno las opiniones e informaciones que le son solicita-das sobre cuestiones relativas al sector agrario; garantizar la coordina-ción y el contacto permanente entre la Federación y las Cámaras Agra-rias, y defender los intereses de éstas.

1.3.1. Estructura organizativa, funcionamiento y medios

La FNCA es gestionada por un buró compuesto de 12 miembros ele-gidos para tres años por la Asamblea General, y se compone de un pre-sidente, cinco vicepresidentes, un secretario general, dos secretariosadjuntos, un tesorero y dos tesoreros adjuntos. El Consejo de Adminis-tración de la FNCA está formado por todos los Presidentes de las Cáma-ras Agrarias, asistidos por un miembro por Cámara. Así, su representa-ción sigue unos criterios geográfico-administrativos que no tienen encuenta una diferenciación fundamentada en la relevancia y la diversidadlocal del sector.

El Consejo de Administración se reúne dos veces al año y cada vezque el interés de la FNCA lo exige o a propuesta del Ministerio de Agri-cultura. Puede dar su opinión sobre todas las cuestiones relativas al sec-tor agrario y estudia y aprueba los proyectos que le son sometidos, elpresupuesto anual y el reglamento interior.

La Asamblea general de la Federación reúne a los delegados de lasCámaras Agrarias sobre la base de un delegado para cinco miembroselegidos. Elige al Buró y discute y aprueba el informe de actividades de

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la Federación. La FNCA posee su propio patrimonio mobiliario e inmo-biliario, al que se añade la posibilidad, reconocida en sus estatutos, deobtener ingresos procedentes de cánones por servicios prestados, cuyapercepción debe ser autorizada, así como de subvenciones, donaciones ycuotas regulares de las cámaras asociadas. En la práctica, la FNCA se fi-nancia fundamentalmente con subvenciones públicas.

La estructura técnico-administrativa de la FNCA consta de ocho per-sonas contratadas, entre las cuales se encuentran dos cuadros técnicossuperiores puestos a disposición de la Federación por el Ministerio deAgricultura. La mayor parte de los recursos financieros de la FNCA esabsorbida por los gastos de funcionamiento, lo que le crea dificultadespara cumplir las amplias funciones que contemplan sus estatutos, pro-blema éste similar al que observábamos en cada una de las CámarasAgrarias.

1.3.2. La representatividad

La presidencia de la FNCA ha sido monopolizada durante años porel partido del Movimiento Popular (desde .1963 hasta el^ 2001), en par-ticular, por el inamovible Assu Zeidguy, miembro de la Cámara Agrariade Errachidia, que fue elegido en 1963 y sustituido en 1992 por Bekkali(1992-1997), primero, y luego por M'Barek (1997-2001). Las últimaselecciones para el buró se celebraron en febrero de 2001 y han marcadola victoria del candidato Mohamed El Haddadi, miembro del RT1I, en unescrutinio en el que se presentaban cuatro candidatos. De nuevo, las can-didaturas para la primera vuelta y las alianzas surgidas en la segunda re-velaron la irrelevancia del color político y han sido un claro reflejo delas luchas entre personas y del nomadismo político. Así, además del pre-sidente saliente, M'Barek, se presentaban otro miembro del MovimientoPopular, Athmun Mahdi, y un candidato del RNI, Haddadi, así comoBekkali. En la segunda vuelta, la victoria del candidato RNI sobre el se-gundo, Zemrag M'Barek, se debió al trasvase de los votos del otrocandidato del MP que había llegado en tercera posición. Este último,presidente de la Cámara Agraria de Jurigba, conseguía la primera Vice-presidencia de la FNCA.

El Buró de la FNCA está compuesto en su mayor parte de grandesagricultores con intereses en los sectores más rentables de la ganadería,las producciones de hortalizas tempranas y las fiutas, y/o con interesesen sociedades de importación y comercialización de productos tales

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como las semillas, novillas,... Entre éstos, algunos pertenecen a asocia-ciones de productores y cooperativas, por lo que dichos notables se pue-den considerar como empresarios económicos y políticos.

1.4. Límites y expectativas de la reformade las Cámaras Agrarias

Tal y como lo hemos visto, las Cámaras Agrarias son unos organis-mos públicos de representación de los agricultores, que han evoluciona-do hacia una especie de organización profesional "administrativa". Norepresentativas de la heterogeneidad del sector, dependientes del Estadopara su financiación y su personal técnico, cumplen el papel de correa detransmisión del gobiemo, y así son percibidas por los distintos actoresque intervienen en el sector, es decir, tanto por sus miembros, como porla Administración pública (MAEE, 1998). No tienen unas tareas deter-minadas y precisas, pero sí una multitud de funciones sin poseer los me-dios para cumplir tal misión. El desfase entre los textos y la realidad seplasma en su modo de funcionamiento, que traduce la realidad socio-lógica del campo y refleja los mecanismos de intervención de las autori-dades del Ministerio del Interior y de los responsables de Agricultura,reflejándose en este último caso el centralismo a ultranza de las deci-siones.

Para la Administración agraria, las Cámaras son llamadas a rompercon este corporativismo orgánico y a jugar un papel efectivo y más diná-mico que en el pasado para contribuir eficientemente a las siguientes ac-ciones:

- favorecer la concertación continua entre la profesión agraria y elEstado; ^

- informar y aconsejar a los agricultores;- ayudar a los agricultores a reforzar sus organizaciones profesio-

nales para que accedan más fácilmente y más eficientemente a losservicios de apóyo técnico;

- intensificar los intercambios entre las organizaciones profesiona-les agrícolas de la región mediterránea y, en particular, magrebí.

Este papel, devuelto a las Cámaras Agrarias en el nuevo contexto deretirada del Estado, plantea varias cuestiones, vinculadas, en primer lu-gar, a sus misiones, organización y medios humanos y materiales de ac-

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ción, y, en segundo lugar, a su papel representativo ratificado por su con-versión desde 1997 en los representantes legales de los agricultores antelas instituciones gubernamentales. Estas últimas están obligadas a con-sultar a las Cámaras para todos los asuntos económicos, comerciales yfinancieros relacionados con la agricultura.

Por ello, y a pesar del diagnóstico crítico realizado, las CámarasAgrarias representan, dentro de la nueva estrategia del Ministerio deAgricultura, un eslabón importante de la cadena interpuesta entre elEstado y el sector agrario. El monopolio representativo atribuido a lasCámaras puede ser percibido como un intento de corporativización delsector agrario desde la Administración, es decir, desde fuera. Para estaúltima, el hécho de que la Cámara sea una institución local y que susmiembros sean elegidos sobre una base universal, hace que sea un órga-no que coincida con los objetivos de la democratización y la política dedescentralización y el que mejor puede expresar la diversidad territorialdel sector (MAEE, 1998; MADRPM, 2000b). En este sentido se puededecir que las Cámaras son un relevo fundamental en la estrategia con-tractual y participativa que guía la nueva concepción de la política agra-ria. No obstante, la perspectiva de los poderes públicos es, en nuestraopinión, demasiado mecánica, ya que supone una asimilación por estasinstituciones públicas tanto de la dimensión externa como de la dimen-sión interna de la acción colectiva, cosa bastante alejada de la realidad.

En efecto, en la dimensión externa, se considera que las CámarasAgrarias cumplirán un papel de intermediación social con otros gruposde intereses regionales y con los polos de decisión a nivel local, mientrasque el vínculo orgánico con la FNCA permitiría dotarlas de una cohe-rencia nacional çoordinando desde esta asociación de segundo o tercergrado, según se mire, la circulación de la información y las consultas in-terregionales.

En lo relativo a la dimensión interna de la acción colectiva, el pro-yecto de instituir dentro de las Cámaras unos colegios que representaríana los actores profesionales colectivos (asociaciones sectoriales, de coo-perativas,...) las convertiría en instituciones de segundo grado, al tiempoque se mantendría una participación de los agricultores sobre una baseindividual. Se pretende que la integración de las asociaciones de produc-tores y cooperativas actúe como un incentivo selectivo, ya que se consi-deran que éstas son instituciones de proximidad a los agricultores, por loque provocaría una mayor vinculación de las Cámaras con ellos y unamayor incorporación de la noción de filiéres. Ello implicaría, no obstan-

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te, como condición previa que el sector estuviese realmente vertebradoen estas asociaciones. Otro incentivo selectivo consistiría en dotar a lasCámaras de unas células de análisis que procesarían las bases de datostécnico-económicos. Instaladas en sus sedes, las Cámaras dispondríanasí de un observatorio económico que centralizaría las informaciones so-bre la región, las procesaría y las pondría a disposición de los agriculto-res y de las organizaciones profesionales. Unas actividades de asistenciarelativas a los modos de explotación y de gestión, y comercializacióntambién deberían contribuir a renovar su funcionalidad. Por ejemplo, loslazos que disponen las Cámaras con las demás regiones o con el extran-jero (hermanamiento) son percibidos como una ventaja para llevar acabo actividades de prospección comercial. También se espera que asu-man una función de promoción de jóvenes agricultores y de acompaña-miento de sus proyectos de instalación, desde la concepción hasta la rea-lización. El papel de orientación y apoyo a las explotaciones agrariasconstituye, sin lugar a dudas, un tipo de incentivo selectivo para movili-zar a los agricultores ante una institución pública como es la Cámara.

No obstante, al ser instituciones públicas cuyos dirigentes son elegi-dos sobre una base universal relativizada por la futura presencia de cole-gios para representar a las asociaciones y cooperativas, se correría elriesgo, en nuestra opinión, de plantear numerosas contradicciones que laAdministración agraria no parece haber evaluado en su justa medida,quizás porque su proyecto no consiste en un gobierno del sector por elsector, sino en la búsqueda de una fórmula que permita gobernarlo conunos intermediarios que asuman y apliquen la política definida desde elpoder público, conservando éste en definitiva el monopolio de la defmi-ción del interés general.

Así, el proyecto de reforma de las Cámaras Agrarias contiene una se-rie de contradicciones que van más allá de la imprecisión del estatutoentre lo público y lo privado y entre la dimensión externa e interna deacción colectiva antes mencionada. La primera contradicción se refiereal hecho de plantear la necesidad de aumentar la dotación en medios fi-nancieros y humanos de las Cámaras. En un contexto de rigor presu-puestario no parece realista pensar en que se pueda alcanzar dicho obje-tivo sin que se cuestione por lo menos la desfiscalización del sector, porlo que la financiación de estas instituciones tendría que pasar por nuevasfórmulas fuera del ámbito público, tema éste que no contempla el pro-yecto de reforma. La segunda contradicción se refiere al hecho de asig-nar a las Cámaras funciones públicas en un escenario de retirada del

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Estado, donde podría darse una transferencia de funcionarios estatalesque, en la práctica, podrían convertirse en una nueva forma de interven-ción de las Cámaras por el poder público. La tercera contradicción se re-fiere al hecho de no tener en cuenta la cultura y las prácticas políticasdominantes en el mundo rural marroquí. La cuarta y última contradic-ción, afecta al tema del monopolio de la representatividad profesionalante los poderes públicos que se le asigna a las Cámaras. La viabilidadde continuar con ese monopolio plantea serias dudas ante la mayor fun-cionalidad de defensa y articulación de intereses (es verdad restringida aunas elites de profesionales), mostrada por laŭ asociaciones de producto-res agrarios. Dicho monopolio podría convertirse incluso en un obstácu-lo para la emergencia de otras organizaciones reivindicativas con voca-ción de representar intereses generales del sector agrario. Mientras tanto,la escasa articulación de los agricultores marroquíes a través de asocia-ciones o cooperativas hace pensar que el mantenimiento del monopoliorepresentativo de las Cámaras Agrarias se puede convertir de facto enuna mediatización del proceso de articulación de intereses inducida porla Administración.

En definitiva, la naturaleza pública de las Cámaras y su trayectoriahistórica las aboca a se•uir siendo unos meros relevos de la Administra-ción, mientras no se den las condiciones para una estructuración del sec-tor de forma autónoma, plural y amplia a través de asociaciones y corpo-raciones. Este papel está llamado a ser cumplido por las cooperativas ylas asociaciones de productores (equivalentes a las organizaciones pro-fesionales españolas), tal y como lo veremos en los apartados siguientes,unas instituciones que hoy por hoy parecen más funcionales que las Cá-maras para participar en la defmición y aplicación de la política agrariaen Marruecos.

2. LAS COOPERATNAS AGRARIAS

Cuando se revisa la literatura sociológica sobre el cooperativismoagrario observamos dos grandes corrientes de pensamiento a-lo largo desu más de un siglo de historia. La primera, originalmente ligada a lasetapas iniciales de penetración del capitalismo en el sector agrario, loconcibe como un movimiento de ayuda mutua utilizado por los agricul-tores para hacer frente a los intermediarios y en el que se combinan lasdimensiones social y económica (e incluso la política en tanto que movi-

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miento de emancipación del campesinado). En esta primera corriente,que podríamos denominar, siguiendo a Moyano (2002), "mutualista", elcooperativismo aparece integrado en grandes movimientos sociales (ca-tólico, socialista, anarquista) que lo perciben como un modelo alternati-vo al capitalismo, oponiendo la lógica cooperativa de la solidaridad a lalógica capitalista del individualismo y la competencia mercantil.

La segunda corriente de pensamiento corresponde a etapas posterio-res en las que ya se había producido la plena integración de la agricultu-ra en la economía de mercado y las actividades de las cooperativas apa-recían cada vez más marcadas por una lógica comercial y de eficienciaeconómica. En ese contexto, esta segunda corriente enfatiza la dimen-sión empresarial del cooperativismo relegando a un segundo plano su di-mensión social, una dimensión que si^bien no desaparece del horizonteideológico del movimiento cooperativo, es, según esta segunda corrientede pensamiento, subordinada a los imperativos de la racionalidad econó-mica que ha de marcar el funcionamiento de las cooperativas agrarias.,

Un caso particular de cooperativismo, que no es reconocido como talen determinados círculos de la ACI (Alianza Cooperativa Internacional),es el que se instauró en los países de socialismo real, en los que las coo-perativas eran fórmulas de asociación tuteladas por los poderes públicose incluso impuestas de forma autoritaria por el Estado para la explota-ción colectiva de las tierras y para la gestión del proceso productivo.

En las dos primeras corrientes se admite que el cooperativismo se ca-racteriza por una gran heterogeneidad interna, coexistiendo cooperativascon diferentes grados de formalización. Así, pueden encontrarse coope-rativas de gran tamaño (macrocooperativas) altamente formalizadas quefuncionan como empresas y en las que apenas se detectan residuos de suantiguo ideal mutualista, junto a otras de menor tamaño donde todavíase enfatiza la dimensión social y que actúan con una lógica defensivaante las amenazas del mercado y la competencia.

En el caso de Marruecos, presenciamos tales características con gra-dos diversos de intensidad. En efecto, el cooperativismo agrario mano-quí se caracteriza, en primer lugar, por una fuerte tutela estatal, que seremonta a la época del Protectorado; en segundo lugar, por una concep-ción instrumental del mismo por el Ministerio de Agricultura como fór-mula de modemización altemativa para evitar la adopción de reformasestructurales que cuestionarían la propiedad privada y como asociacio-nes funcionalmente útiles para llevar a cabo las políticas de desarrollo enel sector agrario; y, por último, se caracteriza por la escasa presencia de

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una dinámica de acción colectiva surgida desde abajo, es decŭ, desde lospropios agricultores como resultado de la necesidad de asociarse. En de-finitiva, la conjunción de estos tres elementos hace que en Marruecos notenga aún mucho sentido hablar del cooperativismo como un movimien-to social de amplia base.

No obstante, en el actual contexto de reforma de la política agrariamarroquí, las cooperativas son concebidas como instituciones que ocu-pan un lugar privilegiado en un doble sentido: a nivel global, el coopera-tivismo es percibido por su identificación con el Tercer Sector, comouna fórmula complementaria para hacer factible la política de retŭadadel Estado y de mayor protagonismo a la sociedad civil; a nivel secto-rial, las cooperativas agrarias adquieren un protagonismo destacado enla Estrategia de Desarrollo Agrario, que las convierten, junto a las orga-nizaciones profesionales, en ejes de las nuevas orientaciones que se lequiere dar a la política agraria marroquí. Antes de analizar la actualidaddel cooperativismo agrario en Marruecos, comenzaremos por presentaren un primer apartado su trayectoria histórica para, luego, establecer unbalance de su situación y de sus posibilidades de futuro.

2.1. Génesis y desarrollo histórico del cooperativismoagrario en Marruecos

El cooperativismo como forma de acción colectiva no es una no-ción ajena a la sociedad rural marroquí. De la misma forma que enotros contextos, la agricultura tradicional ha sabido desarrollar desdetiempos remotos en el seno de las comunidades locales una serie deinstituciones de carácter colectivo para el trabajo en común, el almace-namiento de productos o la gestión del agua de riego (Pascon, 1980).Estas referencias autóctonas de cooperación enraizadas en las comuni-dades locales no fueron, sin embargo, tenidas en cuenta por las sucesi-vas intervenciones del Estado, ni durante el Protectorado ni más tardetras la independencia. Por ello, cuando hablamos de cooperativismo enMarruecos nos estamos refiriendo a fórmulas jurídicas modernas deasociación que no han sido resultado de demandas reales ni de iniciati-vas de los agricultores, sino inducidas desde arriba y desde fuera delpropio sector. Puede decŭse, por tanto, que el cooperativismo es unainstitución importada por el Protectorado, primero, y, luego, recondu-cida por el nuevo Estado marroquí independiente como instrumento alservicio de la política agraria.

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2.1.1. El cooperativismo bajo el Protectorado

En sus orígenes, el cooperativismo agrario no sólo fue introducido enMarruecos durante el período del Protectorado, sino que la huella de laexperiencia metropolitana francesa de la época marcó los inicios de estemovimiento.

El desarrollo del cooperativismo en Francia, cuyos inicios se puedensituar a fmales del siglo xlx, no se puede entender sin hacer referencia alos cambios que inducen la creciente integración de la agricultura dentrode una economía de mercado "y a la lucha entre republícanos y partida-rios del Antiguo Régimen para el control del campo18. En el transcursode esta primera etapa se puede comprobar que las respuestas aportadasbajo la fórmula cooperativa procedieron tanto de la sociedad civil comodel Estado. La primera tomó la iniciativa para aportar soluciones a lasdificultades de los agricultores, mientras que el segundo trató de forma-lizar jurídicamente unas experiencias que se iniciaban a menudo almargen de la legalidad vigente. Tras la Primera Guerra Mundial, elcooperativismo se convierte en un instrumento de modernización de laagriculttua francesa. Dentro de esta dinámica, tanto el crédito como lamutualidad serán dos instrumentos privilegiados y complementarios deactuación, que demostraron su funcionalidad para reducir los riesgos es-pecíficos del sector. Asimismo, la crisis de 1930 hizo patente la necesi-dad de una intervención creciente del Estado para regular los mercados(Gervais, Jollivet y Tavernier, 1977: 80 y sg.). En 1936, la Oficina Na-cional Interprofesional del Trigo (ONIB) fue creada para regular de for-ma monopolística e interprofesional el mercado del trigo. Paralelamentea esas orientaciones se modificó el Derecho cooperativo francés con losdecretos promulgados en 1935 y 1937 que regulaban el proceso de cons-

^' Dichos cambios marcaron el fin de la autonomía campesina y provocazon una mayordependencia financiera de la agricultura sin que se resolviese la tradicional subordinaciónde dicha actividad a la adversidad ŭ limática, por lo que paza poder enfrentarse a esta dobledependencia surgieron dos ramas del asociacionismo económico: la Mutualidad Agraria yel Crédito Agrario (Moyano, 1988b: 185 y sg.).18 Asimismo, habría que se^alar que el Estado irá incrementando su protagonismo tam-

bién por motivos ideológicos en un contexto mazcado por la rivalidad por el control delmundo rural entre el republicanismo y los notables monárquicos (Servolin, 1989). Por últi-mo, mencionaz que el asociacionismo agrario que impulsará la creación de cooperativas es

desde sus inicios inherente al proceso de democratización política que sucede al períododel Segundo Imperio (1852-1870) y ello incluso cuando fue a iniciativa de los partidariosdel Antiguo Régimen.

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titución de cooperativas y su financiación, es decir, sus privilegios enmateria de acceso al crédito y de régimen fiscal. El Decreto-ley de 8 deagosto de 1935 reformará el estatuto jurídico y fiscal de las cooperativasreservando la denominación de "cooperativa" a las instituciones que seconformaban a lo establecido en la Ley de 5 de agosto de 1920 sobre elCrédito y el Cooperativismo Agrarios. Entre las innovaciones de esa leyes menester señalar que desde entonces el reconocimiento jurídico de losestatutos de las cooperativas sería prerrogativa del Ministerio de Agri-cultura previo informe del recién creado Consejo Superior del Coopera-tivismo Agrario. La instauración del control de la Administración públi-ca sobre unas entidades privadas se justificaba por el hecho de que lascooperativas se beneficiaban de un acceso privilegiado al crédito, de an-ticipos financieros para llevar a cabo las campañas agrícolas y de exone-raciones fiscales. En 1937, el Decreto-ley de 31 de agosto sintetizaba enun solo texto las innovaciones que se habían introducido en el Derechocooperativo francés. En definitiva, para responder a las mutaciones deuna agricultura más productiva y autosuficiente, el auge del movimientocooperativista en Francia se verá mediatizado de forma creciente por lospoderes públicos.

Ahora bien, el marco juridico y doctrinal del cooperativismo francés,fuertemente marcado por rasgos del viejo corporativismo, pero cada vezmás intervenido por el Estado, será trasladado a Marruecos, siendo me-diatizada su aplicación por el despotismo administrativo característicode la administración del Protectorado. Las primeras experiencias que seasemejan al cooperativismo se inician a partir de 1919 (Dahir de 15 deenero) y consistían en una fórmula utilizada por las autoridades del Pro-tectorado para facilitar la ocupación y la explotación de las tierras de co-lonización privada, el acceso al crédito agrario y la mutualidad social.Mas, en realidad, el cooperativismo se inicia realmente a partir de 1935(Dahir de 20 de agosto de 1935) con la conversión del crédito mutualis-ta en crédito administrativo centralizado. De entonces en adelante lasmodalidades de concesión, distribución y pago de los créditos incentiva-rán la promoción de cooperativas por parte de los colonos (Ghazali yDiebold, 1993: 86). Por lo tanto, desde sus inicios, el cooperativismo enMarruecos fue concebido como un elemento instrumental de la Admi-nistración en su relación con los productores del sector colonial.

A1 lado del sector colonial, se iba a desarrollar una serie de institu-ciones reservadas para los agricultores autóctonos. Ya en 1917 (Dahir

de 26 de marzo) se crearon las Sociétés Indigénes de Prévoyance (SIP),

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que recogían la experiencia francesa llevada a cabo en el África sub-sahariana para enmarcar jurídicamente a las tradiciones locales de ayuday solidaridad e iniciar a las poblaciones en el espíritu mutualista de ori-gen europeo, considerado como más evolucionado. El objetivo de lasSIP radicaba en proteger al campesinado contra la adversidad climáticay la práctica de la usura, mediante la constitución de una cajá financiadapor una contribución adicional percibida con ocasión de la recaudacióndel Tertib. Si bien las SIP tenían vocación de convertirse en cooperativasde servicios para los agricultores, el cooperativismo se concebía en rea-lidad como un medio de control por la administración protectoral me-diante la racionalización burocrática y jurídica de las experiencias de so-lidaridad local enraizadas en la tradición. Estas tradiciones se vieronsometidas, por tanto, a la lógica racional-legal del Estado y a la descon-fianza del Majzen (Rivet, 1999: 200). Ello no impidió la creación deasociaciones de campesinos o agricultores marroquíes a iniciativa de lasautoridades locales del Protectorado, que, al regirse por las reglas del de-recho musulmán y del derecho consuetudinario, no compartían con elcooperativismo el marco legal, pero sí el espíritu de cooperación y soli-daridad.

Aunque las fórmulas cooperativas importadas del modelo francéspodían integrar también a marroquíes, como ocurrió con los Docks Siloscreados a partir de 1935 (Bensalah, 1990)19, habrá que esperar al Dahirde 24 de abril de 1937 -que creaba la figura juridica de las Cooperati-vas Indígenas de Trigo (CIB), luego convertidas en Cooperativas Agra-rias Marroquíes (CAM}-- para que el cooperativismo pudiera extender-se al conjunto de los agricultores marroquíes. El hecho relevante radicaen que este proceso estaba estrechamente vinculado al desatrollo del sis-tema de crédito y a la gestión de la producción de cereales, utilizándoselas nuevas CAM como vías de distribución del crédito a los agricultoresmarroquíes y de regulación de la producción en un contexto de sobre-producción agrícola en la metrópolis francesa, de inclemencias climáti-cas en Marruecos (con las sequías de 1935 y de 1937) y de situación pre-bélica que anticipaba lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Estas

19 El dahir de 20 de agosto de 1935 no excluía a los marroquíes de forma explícita, sinoimplícita, haciendo una distinción entre los agricultores evolucionados (colonos franceses

y productores modernos marroquíes) y los tradicionales, ante la convicción del Protectora-do de la necesidad de establecer un marco jurídico específico para los campesinos marro-quíes (Bensalah, 1990).

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cooperativas CAM serán llamadas a servir para la colecta, almacena-miento y venta de cereales y leguminosas bajo la tutela del Office delTrigo, con lo que se asemejaban en su régimen administrativo y jurídico,composición y funcionamiento a los organismos de cazácter público.Debido a la falta de autonomía que caracterizaba a las CAM, habría queesperar al Dahir de 8 de junio de 1938 para que se dieran las condicio-nes favorables para el desarrollo de un cooperativismo que respondieraen mayor medida a las demandas de los agricultores, ya que dicho dahirestablecía con claridad el estatuto de las cooperati.vas y su financiación.

En definitiva, durante el Protectorado, el movimiento cooperativo si-guió un modelo dual, dándose, de un lado, un cooperativismo que seasemejaba al modelo francés e iba dirigido principalmente al sector co-lonial, y, de otro, un cooperativismo para los sectores marroquíes deagricultura tradicional, pero que, en ningún caso, era resultado de la ac-ción colectiva de los agricultores, sino una creación desde arriba y fuer-temente mediatizada por el aparato administrativo del Protectorado.Inducido por la ley, que introducía una racionalidad ajena a la gran masade los fellah, el impacto social del cooperativismo sería mínimo bajo elProtectorado y seguiría marcado por su origen exógeno y su excesivainstrumentalización por la administración colonial. Ello explicaría elfracaso del desarrollo cooperativista en ese período, como lo prueba elhecho de que sólo se crearon 16 cooperativas agrarias entre 1935 y 1956(Ghazali y Diebold, 1993) y la mayor parte de éstas en el sector de loscereales (Bensalah, 1990) 20.

2.1.2. Las experiencias cooperativistasdespués de la Independencia ^

Con el acceso a la independencia de Marruecos en 1956, el coopera-tivismo es percibido como una institución capaz de mantener la movili-zación colectiva de la población y uno de los pilazes de la reforma agra-ria y de la modernización del mundo rural. En 1958, el Rey Mohamed Vdeclaraba en la revista del Ministerio de Agricultura: "Uno de los facto-res esenciales de la prosperidad de un país es la institución de organis-mos cooperativos en el seno de los cuales todos los esfuerzos se conju-gan y las energías individuales contribuyen a la misma tarea ", y en otro

20 Comparen estos datos con las 450 coopentivas de cereales creadas en Francia de 1935a 1939.

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discurso señalaba: "Si la acción individual, y, en particular, en el ámbitoeconómico, sólo conduce a resultados limitados y es menos rentablepara el país gue la acción colectiva (...), de ahora en adelante es im-prescindible multiplicar las agrupaciones colectivas y asegurarles lascondiciones de éxito" (citado en Haloui, 1981).

Para la izquierda partidaria de una reforma agraria (la central sindicalUnión Marroquí del Trabajo-Unión de Sindicatos Agrarios, el partidoUnión Nacional de Fuerzas Populares y el comunista Partido Comunistade Marruecos), ésta era el paso previo para el desarrollo del cooperativis-mo, dado que una política de naturaleza estructural pemŭtiría que los agri-cultores se organizasen de forma autónoma en unidades de producciónviables e integradas bajo la tutela del Estado. Para el sector agrarista, re-presentado por la Unión Marroquí de la Agricultura (UMA), el cooperati-vismo se concebía como una fórmula idónea de modernización técnicapara que los campesinos infradotados en tierras pudieran aprovechar eco-nomías de escalas sin plantear la cuestión de la reforma fundiaria.

En 1958, la Administración marroquí encargó un informe sobre la si-tuación del sector cooperativo al Buró Internacional del Trabajo (BIT)cuyas conclusiones evidenciaban las contradicciones entre el espíritucooperativista y la realidad. Luego, en 1960, la Comisión para la prepa-ración del Plan Quinquenal 1960-64 encargada de la Agricultura llegabaa las mismas conclusiones y proponía la creación de un Consejo Nacio-nal del Cooperativismo cuya primera tarea debía ser la elaboración de untexto que reglamentase el sector. A raíz de ello, en 1962 se creó el Buróde Desarrollo del Cooperativismo.

A pesar del interés oficial por la fórmula cooperativista, durante losprimeros años que siguieron a la Independencia el proceso de creaciónde cooperativas fue escaso y errático: sólo se crearon 6 cooperativas en-tre 1956 y 1964, y las 8 cooperativas que iniciaban su andadura en 1965eran el resultado de la política de la ONI y, por lo tanto, estaban estre-chamente vinculadas al voluntarismo reformador que impregnaba losinicios de la política de regadíos. Así, durante ese período dominó unclaro desfase entre las intenciones y los hechos, un desfase que puedeentenderse tanto por el desconocimiento de la fórmula cooperativista osu incomprensión en cuanto a su complejidad jurídica por parte de loscampesinos, como por la carga ideológica que envolvía entonces al fe-nómeno cooperativista, carga que hay que relacionar también con elcontexto de conflictividad e incertidumbre alrededor del futuro proyectopolítico del país. Así, en 1966, el Informe Marsan concluía que "El go-

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biemo no ha precisado aún su doctrina en materia de cooperativismo"(citado en Bensalah, 1990).

Más tarde, el Código de Inversiones Agrarias (1969) incentivará lacreación de cooperativas para permitir a los agricultores el acceso al cré-dito y a las subvenciones destinadas a la modemización de sus explota-ciones. No obstante, habría que esperar al plan quinquenal de 1973-1977para que el sector cooperativo agrario, que en 1972 sólo contaba con 189cooperativas llamadas "libres" (es decir, fuera de la Reforma Agraria) y64 cooperativas dentro del marco de la Reforma Agraria, iniciara su des-pegue. Desde 1973, fecha del inicio de la recuperación oficial de las tie-rras de los colonos, y luego con el lanzamiento de distintos planes secto-riales de desarrollo agrario, las cooperativas agrarias conocieron uncrecimiento importante en lo que se refiere a su número (por ejemplo,las cooperativas lecheras pasaron de 10 en 1970 a 385 en 1984).

2.2. Un diagnóstico sobre el cooperativismo agrario marroquí

El grado de implantación de las cooperativas en los distintos sectoresde la economía marroquí se corresponden con las prioridades de la plani-ficáción y con la importancia de la intervención de los poderes públicosen materia económica y social, por lo que es lógico que en el sector agra-rio se concentre la mayor parte de las cooperativas (Ghazali y Diebold,1993: 130). En conjunto, y desde un punto de vista cuantitativo, el desa-n-ollo reciente del cooperativismo agrario ha sido muy importante para al-canzar en 1998 la cifra de 1.724 cooperativas de primer grado y 13 de se-gtmdo grado, agrupando a 141.900 socios (ODCO, 1998). No obstante, unanálisis cualitativo del fenbmeno evidencia ciertos límites.

Algunos analistas consideran como prueba del dinamismo de estesector el hecho de que e145% de las cooperativas sea de creación recien-te (inferior a los 5 años en 1998) y que la tasa media de progresión delnúmero de socios en relación con el momento de su creación sea del35%. No obstante, dicho optimismo debe ser matizado en función de loselementoŭ siguientes: en primer lugar, el 24% de las cooperativas soninactivas, lo que explica la existencia de desviaciones en relación con elfuncionamiento intemo que estipulan sus estatutos 21; en segundo lugar,

21 Según los datos de la Oficina para el Desarrollo del Cooperativismo (1998) 661 coope-

rativas tienen menos de cinco artos de vida, 260 entre seis y diez, 586 entre once y veinte, y

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se observa una concentración territorial del tejido cooperativo en torno aseis regiones agrícolas que abarcan el 80% de los socios cooperativistasy e165% de las cooperativas. Paradójicamente, este dato contrasta con laescasa presencia de cooperativas en zonas de agricultura marginal dondese supone que el cooperativismo tendría un sentido y una funcionalidadaún mayor convirtiéndose en un instrumento de desarrollo para los pro-ductos locales (miel, almendras, lana, higos, quesos,...). En este sentido,puede decirse que en la expansión del cooperativismo se reproduce eldualismo existente en el sector agrario marroquí en términos territorialesy productivos.

Otro fenómeno que se menciona a menudo es la existencia de 45cooperativas agrarias exclusivamente formadas por mujeres (2,6%), he-cho éste que es resaltado por la ODCO (Oficina para el Desarrollo delCooperativismo) y el Ministerio de Agricultura en sus distintos infor-mes. No obstante, además de ser éste un fenómeno bastante limitado, nose debe olvidar que estas cooperativas de mujeres han sido creadas a ini-ciativa o bien de la Administración (ODCO, ministerios y corporacio-nes) o bien de ONGs de desarrollo dentro de proyectos de cooperacióninternacional 22. Asimismo, debe tenerse en cuenta para valorar en sujusta medida este fenómeno que la exclusividad de género suele repro-ducir en la práctica la división del trabajo existente en el mundo ruralmarroquí, por lo que suele ser frecuente que estas cooperativas femeni-nas se dediquen a actividades agrarias consideradas aún secundarias quesólo contribuyen de forma complementaria a la renta de las explotacio-nes. De ahí que, a pesar de los logros que supone el cooperativismo demujeres en términos de género, quede abierta la cuestibn de saber ^enqué medida éste significa o no una mayor autonomía de las mujéres den-tro de la comunidad local o de la explotación familiar? 23

224 más de veintiún años de antigiiedad. La ODCO considera inactivas las cooperativasque no han celebrado asambleas generales en los últimos dos años.zz En 1997, 15 de las 16 cooperativas femeninas de ganadería ovina que reunían a 450 afi-

liadas habían sido creadas dentro del mazco del proyecto de cooperación entre la Unión

Nacional de Mujeres Marroquíes (UNFM), el Fondo de Naciones Unidas para las Activi-

dades de la Población (FNUAP) y el ORMVA del Tafilalet. Sobre la cuestión de las coope-rativas femeninas véanse las publicaciones de la ODCO y, en particular, "Les coopératives

de femmes au Maroc. Etat des lieux", Etudes Coopératives, n.° 8, mayo de 1999.23 Así, no es extraño que las actividades agrarias que recaen bajo su responsabilidad en el

marco de las cooperativas coincidan con su tradicional ocupación dentro de la explotacibn

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Este caso sirve, de nuevo, para mostrar cómo el principal límite queencuentra el cooperativismo paza desarrollarse plenamente y realizaruna función de promoción y emancipación de los pequeños agricultoresradica en la escasa capacidad de las comunidades locales para llevar acabo de forma autónoma y espontánea proyectos de acción colectiva quese enmarquen dentro de los marcos jurídicos vigentes sin pasar por lamediación de agentes externos. Por tanto, si bien es cierto que existe unademanda de cooperación sentida por las poblaciones, estos logros aca-ban convirtiéndose con demasiada frecuencia en el resultado de unapolítica de promoción inducida desde arriba o desde fuera del propiosector. ^

2.2.1. Una institución al servicio de la política agraria

Como lo hemos señalado en el apartado anterior, es en los años se-tenta con el plan 1973-1978 cuando se observa un incremento en la crea-ción de cooperativas. En ese Plan, el cooperativismo es concebido comoun instrumento de la política agraria, una política marcada entonces porel objetivo de llevar a cabo la tantas veces aplazada reforma agraria y laplanificación sectorial.

Dentro del marco de la reforma agraria se crearon 715 cooperativaspara organizar a los 24.760 beneficiarios de lotes de tierra o de lotesconstituidos por antiguos inmuebles colectivos. Las cooperativas serántanto un mazco jurídico para organizar la actividad de los agricultores(compra de insumos, utilización de material en común, etc.), como uninstrumento de control (Ghazali y Diebold, 1993). Creadas a iniciativade las ORMVA y los CMV, que ejercerán un control administrativo ytécnico sobre sus actividades y gestión, los agricultores no considerarána esas cooperativas como suyas, sino como algo ajeno e impuesto poresos organismos oficiales (Boutaout, 1979; Mahdi, 1999 y 2001).

Fuera del sector de la reforma agraria, cinco tipos de cooperativas(llamadas "cooperativas libres") representaban en 1998 más de la mitadde los organismos cooperativos que funcionaban normalmente en el sec-tor agrario marroquí, a saber: 630 cooperativas lecheras, 218 cooperati-

familiaz: pequeño ganado ovino y caprino (16), apicultttra (12), avicultura (4). No obstan-te, como nos comentó el director de la ODCO, han conseguido nombrar a la presidenta de

la Unión de Cooperativas de Arganier, una mujer analfabeta, miembro del Consejo de

Administración de la ODCO (En[revista, julio de 2001).

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vas de ganaderos, 191 cooperativas de abastecimiento en insumos, 118cooperativas de utilización en común de maquinaria y 97 cooperativasde hortalizas y frutas tempranas. Incluso en este sector de las cooperati-vas libres, sus actividades dependen de los objetivos fijados por laAdministración para cada sector. Así, las cooperativas lecheras, que reú-nen a más de 50.800 socios, y son consideradas por la Administracióncomo un verdadero éxito cooperativo, resultan del impulso y las inver-siones que supuso la puesta en marcha del Plan lechero a partir de 1975.La mayor parte de las cooperativas de este sector son de primer grado yse limitan a la colecta de la leche que los agricultores entregan y cuyacomercialización suele realizarse mediante su venta por contrato a lascentrales de transformación, cumpliendo así funciones de colecta y con-centración de la oferta. En este sector lácteo siguen en activo 16 centra-les lecheras privadas y 24 cooperativas de dimensión regional, quetransforman cerca de la mitad de la producción (DEPAPMIADRPM,2000). Las coóperativas de transfonmación se dedican sobre todo a la le-che pasteurizada y se enfrentan a la competencia del sector privado y, enparticular, de la Central Lechera, que ejerce una posición dominante 24.El mismo tipo de comentario se puede reproducir para el sector de lasfrutas y hortalizas, que suelen limitarse a una única operación técnica, elacondicionamiento para la exportación. En cuanto a las cooperativas queoperan en amont, como las de abastecimiento de insumos o las de utili-zación en común de maquinaria (CUMAs), se crean para aprovechar lasventajas financieras acordadas por el Estado en materia de crédito y sub-venciones o para aprovechar las economías de escala en la adquisiciónde piensos, material agrícola o gasoil.

A1 lado de las cooperativas de la refonma agraria y de las llamadas"libres", existe un tercer tipo de cooperativas, cual es el de las cooperati-vas de cereales, que tiene su propia identidad. Desde sus orígenes bajo elProtectorado (1935), estas cooperativas han estado vinculadas al Estadopara preparar las campañas agrícolas (concesión de créditos, venta desemillas,...), organizar la recolección, llevar a cabo el almacenamiento yregular la comercialización de los cereales y leguminosas. En la actuali-dad, existen nueve de estas cooperativas: cinco SCAM (SociedadesCooperativas Agrícolas Marroquíes) y cuatro CAM (Cooperativas Agra-

24 La Central Lechera pertenece al holding Omnium Norte Africano (ONA) y transformaenue el 65 y el 70 % de la producción lechera.

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rias Marroquíes), que no tienen autonomía y no persiguen unos objeti-vos determinados por sus socios, sino los fijados por la Oficina NacionalInterprofesional de Cereales y Leguminosas (ONICL), en conformidadcon la política que guía la acción del Estado en la materia. Estas nuevecooperativas se caracterizan además por un alto grado de endeudamien-to, por una escasa y obsoleta capacidad de almacenamiento y por unmarco territorial a menudo demasiado amplio y alejado de los agriculto-res. Asimismo, el destino de la mayor parte de los cereales producidospor los campesinos corresponden al autoconsumo dentro de la explota-ción agraria, bien para alimentar a la familia campesina o al ganado, porlo que los pequeños agricultores y campesinos siguen utilizanflo las fórmu-las tradicionales de almacenamiento. Si a este conjunto de factores aña-dimos casos de gestión deficiente, marcada por el fraude, no es sorpren-dente que exista en este sector de los çereales la sensación de que el coo-perativismo es algo ajeno a los productores y controlado por el Majzen

-primero, el de los franceses, y luego, el marroquí- para asegurar elabastecimiento del mercado nacional y no para servir los intereses delagricultor. En realidad, el éxito o el fracaso de un determinado tipo decooperativas, como son, respectivamente las cooperativas lecheras y lasCAM, es un asunto complejo que no obedece sólo a su dinámica decreación, o sea al hecho de si surgen o no desde fuera del sector agrario,sino también a otros factores de carácter social, tales como el tipo de li-derazgo 25. También pueden influir las características del producto, delmercado y del sector empresarial privado, ya que no se puede olvidarque el cooperativismo es complementario del sector privado para suplirlos fallos del mercado 26. En defmitiva, el cooperativismo en sus distin-tas dimensiones y el tipo de cooperativas que se promociona reflejan laslógicas de las intervenciones públicas, las prioridades de las políticasagrarias y el tipo de agricultura que se quiere promocionar en Marrue-cos. Esta subordinación del cooperativismo hace que su éxito dependade su capacidad para cumplir objetivos definidos fuera de él.

zs Una cuestión ésta que habría que profundizar y que en esta investigación no hemos po-dido tratar como creemos se merece debido a la ausencia de información y estudios dispo-

nibles. ^zb Así, la realidad muestra que, con o sin la cooperativa, cuando existen unos intermedia-

rios privados más rentables para el agricultor y, ello, por distintos motivos, no sólo en tér-minos de precios, sino también de calidad y de control sanitario, las producciones no pasan

por la cooperativa.

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2.2.2. EI cooperativismo y su entorno institucional

Una cooperativa puede formar parte de una organización profesio-nal, formándose así una entidad de carácter reivindicativo. Éste es elcaso de la asociación de ganaderos ATEK (Asociación Tassaout de Ga-naderos de El-Kelaa Es-Sragna), que reúne a doce cooperativas de lechey 8.000 ganaderos en la provincia de El-Kelaa Es-Sragna y que perte-nece a nivel nacional a la Asociación Nacional de Ganaderos Bovinos(ANEB). Las cooperativas pueden también asociarse con otras paracrear con fines económicos cooperativas de segundo o tercer grado, obien para constituir asociaciones para la defensa y representación de losintereses del cooperativismo ^ste sería el caso de las uniones, federa-ciones o confederaciones de cooperativas (Moyano, 1993b: 27-34^.En el caso de la agricultura europea, por ejemplo, la existencia de estetipo de instituciones se corresponde con un cierto grado de vertebraciónde un determinado sector productivo o un territorio. Sin embargo, en elcaso de Marruecos la articulación del sector agrario es escasa y, además,está inducida y mediatizada por el Estado. Este tipo de articulación (laeconómica en cooperativas de segundo o tercer grado, y la político-re-presentativa en uniones, federaciones o confederaciones) es recogida enel marco jurídico que rige las cooperativas (capítulo XI), donde se esta-blece que, para formar una Unión de cooperativas, es necesario la afilia-ción de un mínimo de cuatro (art. 94). A nivel nacional, existen dosgrandes asociaciones: la Unión Nacional de Cooperativas de Cereales(UNCAM) y la Unión Nacional de Cooperativas Lecheras (UNCAL),que ejercen prácticamente el monopolio de la representación en estosdos sectores. En el ámbito regional y provincial, existen 9 asociacionescuyo impacto difiere según sectores y regiones 27. Estas uniones podrianadherirse a la Federación Nacional de Cooperativas (regulada por elart. 101), regida por el estatuto de asociaciones (Dahir de 1958), un esta-tuto que fue incorporado con el objetivo de permitir la penetración delespíritu federalista dentro del cooperativismo, pero que no ha tenido

z' Las uniones son las siguientes: la Unión Cooperativa de Productos Tempranos (Hortali-zas) Lyir de Safi; la Unión Cooperativa de Hortalizas Temara-Sjirat; la Unión de Coopera-

tivas de Cítricos y Hortalizas del Sus; las Uniones de Cooperativas Lecheras de Dukkala

(EI Yadida), Lulus (Agadir), Targuist (Al-Huceima); la Asociación Tassaut de Ganaderosde Kelaa Es-sragna; la Unión de las Cooperativas de Regadíos de Berrechid, y la Unión delas Cooperativas Ganaderas de Beni Mathar (Uxda).

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efectos, ya que dicha Federación no ha visto aún la luz 28. De ahí que sedeba relativizar el hecho de que la "estructuración es considerada comouna etapa primordial que el movimiento cooperativista tiene que fran-quear para emanciparse de la situación de tutela en la que se encuentraeste movimiento ante los poderes públicos" (Ghazali y Diebold 1993:79). En Marruecos, esta cuestión queda abierta, ya que, si bien la eman-cipación y el impacto de las acciones de estas uniones sobre el movi-miento cooperativista difiere de un sector a otro, lo cierto es que ese mo-delo forma parte del diseño administrativo y contribuye a ejercer uncontrol indirecto sobre ellas.

En las relaciones del cooperativismo con otras instituciones del sec-tor agrario podemos mencionar a las Cámaras Agrarias, que tienen cier-tas competencias, aunque con carácter muy limitado, de asesoramiento yasistencia a las cooperativas, así como de presencia en los actos públicosorganizados por las de su circunscripción y de participación en las comi-siones de atribución de crédito a las cooperativas agrarias.

Otra institución con la que las cooperativas se relacionan es la CajaNacional de Crédito Agrario (CNCA), que concede subvenciones ypréstamos acompañados de la posibilidad de obtener ciertas ventajas afavor del cooperativismo agrario. Se encarga también del estudio y se-guimiento de las demandas de ayudas, cuyo objetivo es incitar a los agt7-cultores a incrementar su producción 29. Otros órganismos de crédito in-tervienen en el sector cooperativista, y, en particular, el Banco Marroquíde Comercio Exterior (BMCE), que actúa a favor de las cooperativas decomercialización de productos destinados a la exportación (principal-mente cítricos y hortalizas). No obstante, las relaciones de las cooperati-vas con los organismos de crédito están poco desarrolladas (MADRPM,

2000b: 22). La CNCA se interesa más por los socios, que por las coope-rativas, ya que éstas no aportan las garantías suficientes para obtenercréditos, por lo que la Caja actúa sobre todo como instrumento de distri-bución de subvenciones estatales. Así, no cumple un papel relevante enel fomento de la creación de cooperativas ni en el apoyo a las que po-seen un potencial de crecimiento importante.

28 EI Informe Colombain y la comisión del Plan ya habían mencionado la ausencia de este

^ tipo de estructuración de segundo grado (Bensalah, 1990).^ Véase las condiciones defmidas por los convenios entre el Ministerio de Agricultura y

la CNCA del 24 de julio de 1986 (Ghazali y Diebold, 1993: 81).

185

2.2.3. El marco jurídico e institucional de la tutela estatalsobre el cooperativismo

La tutela del Estado sobre las cooperativas se efectúa a través de unavariedad de administraciones y organismos públicos tanto de ámbito cen-tral como regional o local, cuya implicación en sus actividades se com-prueba en todas las fases, desde su génesis hasta su posterior desarrollo.

En el ámbito de la Administración central, varios son los ministeriosque intervienen dentro del sector del cooperativismo agrario. Así, el Mi-nisterio de Asuntos Generales otorga las habilitaciones a las cooperati-vas (art. 9)'°; el Ministerio de Interior lo hace en el ámbito de las coope-rativas de la reforma agraria; el Ministerio de Finanzas ejerce un controlen materia de financiación, de subvenciones y crédito,...; y el Ministeriode Agricultura las encuadra técnica y jurídicamente. Dicha intervenciónse fundamenta en una serie de competencias, como pueden ser la promo-ción y creación (arts. 9, 10 y 11) y el control financiero, administrativo ytécnico (art. 79) tanto de las actividades económicas como del funciona-miento interno (reuniones y asambleas generales, según los arts. 34, 40 y46; y consejos de administración, según el art. 58).

El Ministerio de Agricultura realiza campañas de divulgación a favorde las cooperativas, organiza coloquios y sesiones de formación de lossocios cooperativistas y póne funcionarios a disposición de aquéllas paraocupar los cargos de dirección y, a menudo, hasta para asumir el cargode gerente. Además, participa en los trabajos de la comisión técnica con-sultiva que opina sobre las solicitudes de habilitación de las cooperati-vas; asiste a las asambleas ordinarias, constitutivas y extraordinarias delas cooperativas; controlan la gestión; y proporciona asistencia técnica,en particular, para la realización de un estudio técnico antes de la consti-tución de la cooperativa. Dentro del Ministerio de Agricultura varias di-recciones o divisiones ejercen ciertas atribuciones en el sector del coo-perativismo: la Dirección General de la Reforma Agraria; la DirecciónGeneral de Ganadería (para las cooperativas lecheras), y la División deCooperativas en el seno de la Dirección General de Empresas Públicas yAsociaciones Profesionales (DEPAP) (que participa en actividades desensibilización y promoción y realiza auditorías financieras).

'o Las habilitaciones son concedidas por distintas administraciones: el Ministerio del Plan -.(en los años setenta y ochenta), y el Ministerio Encargado del Fomento Económico (a prin-cipios de los noventa).

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En el ámbito regional o local, las administraciones y organismos des-concentrados del Ministerio de Agricultura ejercen una verdadera tutela:dentro de los perímetros de regadío, las cooperativas dependen de losORMVA y de sus redes locales (los CMVA), mientras que en las zonasde secano están sometidas a las DPA y a sus CTA, que inician, ayudan yencuadran a las cooperativas asegurando su relación con la Administra-ción central en materia de apoyo técnico o financiero. Este protagonis-mo de las administraciones desconcentradas del Ministerio de Agricul-tura hace que su personal tienda a asegurar directamente la dirección ygestión de algunas cooperativas. En el ámbito local, es preciso señalartambién el papel protagonista que cumplen las autoridades territorialesque dependen del gobernador (shiuj y moqaddem), que, si bien no po-seen competencias específicas en la materia, ejercen, de la misma formaque en los demás asuntos locales, una influencia, cuando no un control,sobre las actividades de las cooperativas que se encuentran dentro de sujurisdicción ".

Además de los distintos ministerios, se creó en 1975 (dahir ley

n.° 1-75-654 del 23 de agosto de 1975) una administración específicapara promover el cooperativismo en Marruecos: la Oficina para el Desa-trollo del Cooperativismo (ODCO)'2. La ODCO es un organismo públi-co dotado de personalidad jurídica y autonomía financiera y situado bajola tutela administrativa del Primer Ministro o de la autoridad guberna-mental delegada por éste. Sus objetivos son los siguientes (art. 2 del

Dahir): centralizar y examinar las solicitudes de constitución de las coo-perativas y de sus uniones y transmitirlas, acompañadas de su informe, ala autoridad gubernamental de la que depende; prestar su ayuda a lascooperativas y sus uniones en los ámbitos de la formación, informacióny asistencia jurídica; centralizar y difundir la documentación y la infor-mación relativas al cooperativismo; establecer y proponer cualquier re-forma legislativa o reglamentaria y cualquier otro tipo de medidas quesean de utilidad para la creación y desarrollo de las cooperativas. Laprincipal realización de la ODCO ha sido su contribución a la elabora-

""En este ámbito sensible, el agente de autoridad debe inspirarse del dahir de 15/02/77

para estar en condiciones de enfocaz con perspicacia todos los problemas agrarios que en-

cuentra en sus múltiples intervenciones" (en Guide de 1'Agent d'Autorité, T. II, Ministerio

de Interior, p. 21).32 Sustituye al Buró para el Desarrollo de las Cooperativas (BDCO) creado en septiembre

de 1962 para promover el movimiento cooperativo.

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ción de un estatuto del cooperativismo, que se ha plasmado en la Ley24-83 (dahir n.° 1-83-826, de 5 de octubre de 1984). Con esta ley se atri-buye a la ODCO las funciones siguientes: realización de obras socialesen beneficio de los socios cooperativistas; financiación de campañas devulgarización y formación; asistencia en el ámbito de la gestión; arbitra-je de los conflictos entre las instituciones cooperativas; y control de losorganismos cooperativos.

Estas funciones, así como la naturaleza geñeral de la Ley, que no es-tablece ninguna distinción sectorial entre las cooperativas, tienden aconvertir a la ODCO en el único interlocutor con el sector cooperativis-ta, lo que ha provocado resistencias por parte de las administracionescon competencia en materia de cooperativismo, como es el caso del Mi-nisterio de Agricultura 33.

El Consejo de Administración (CA) de la ODCO refleja la compleji-dad de la intervención administrativa en el sector cooperativo debido ala multitud de organismos con competencias en la materia. Así, el CA,presidido por la autoridad gubernamental, se compone de catorce repre-sentantes procedentes de los distintos ministerios (Agricultura, Artesa-nía, Comercio, Industria, Minas, Interior, Finanzas,...), de siete directo-res de organismos públicos (Caja Nacional de Crédito Agrario, OficinaNacional Interprofesional Cereales y Leguminosas, Oficina de Comer-cio Exterior,...) y de veinte representantes de los distintos sectores coo-perativistas (cereales, lecheras, cítricos, fiutos tempranos, ganadería, fo-restales, consumo, vivienda,...).

Por último, entre los objetivos de la ODCO, es digno de señalar el si-guiente: "sanear y apoyar a las Cooperativas y Uniones de cooperativasexistentes para que se conviertan en cooperativas auténticas (la cursivaes nuestra), autónomas, independientes y competitivas". Ello nos indicade nuevo la concepción por parte de la Administración pública del ca-rácter transitorio y subsidiario del intervencionismo estatal en materia decooperativismo, supliendo la ausencia de dinámica espontánea proce-dente de los agricultores o su falta de capacidad. Por último, se puedeavanzar también que la tutela del Estado es un vestigio del pasado colo-nial que la nueva administración marroquí se resistió a liquidar tras laIndependencia, reproduciendo el control y la idea de que los campesinos

'} Así, tras la lectura del borrador del proyecto de estatuto, el Ministro de Agricultura re-cordará dichas competencias en una carta enviada a la ODCO en 1981 (citado en Bensa-lah, 1990).

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no estaban capacitados paza llevaz a cabo una acción colectiva coherentecon los objetivos estatales de modernización del sector.

Con la Ley 24-83 se trataba de acabar con la incoherencia de la pro-ducción jurídica desarrollada desde las primeras medidas del Protectora-do y se intentaba buscar un equilibrio entre la autonomía (art. 78) y elcontrol (art. 79) de las cooperativas. Dicha ley regula los siguientes as-pectos: la definición del cooperativismo (art. 1); su estructura estatutaria(art. 5); las gazantías, ventajas (fiscales) y sanciones; los grandes princi-pios democráticos (el de puertas abiertas y el de un hombre un voto)(art. 8) y sociales (el de remunerar el trabajo y no el capital) (arts. 2 y 3);el principio altruista (no remuneraz los cazgos del Consejo Rector)(art. 49) y el del exclusivismo (limitar las operaciones con terceros)(art. 6). También mantiene,una serie de controles administrativos, comola habilitación, la presencia de funcionazios en las Asambleas Generalesy Consejos Rectores o la realización de auditorías.

En el ámbito de la promoción del sector cooperativista, la ODCOcontribuyó a la elaboración del Plan quinquenal 1981-1985, que preveíaun ambicioso desarrollo del cooperativismo en el sector agrario con elproyecto de promover la creación de 8.550 cooperativas y agrupaciones"precooperativas" (Bensalah, 1990: 415 y sg.). Sin embargo, la crisiseconómica y las medidas de estabilización y de ajuste estructural hicie-ron que dicho Plan fuese abandonado en 1983, quedando sus proyectosen papel mojado, aunque al menos se pudo aprobar la Ley 24/83 (Dahir

n.°1-83-226, de 5 de octubre de 1984). A pesaz de las políticas de auste-ridad implantadas a partir de los años ochenta, en los discursos de las au-toridades públicas se continuó considerando la promoción del cooperati-vismo como un instrumento idóneo para complementar las acciones delEstado en materia de fomento y desarrollo económico. En efecto, en uncontexto, como el de final de los años ochenta y primera mitad de losnoventa, en el que el Estado ya no tiene los medios necesarios paza man-tener su grado de intervención en el sector agrario, se redescubre la di-mensión social de una institución, como el cooperativismo, que favoreceel espíritu de pazticipación, creatividad, solidazidad y responsabilidad delos ciudadanos, y que además es funcional en términos económicos. Asi-mismo, su contribución a la producción nacional, en pazticular en elsector lechero y en materia de empleo, es subrayada. Por lo tanto, deacuerdo con la ley de 1984, era coherente que el plan de orientación eco-nómica y social de 1988-1992, reservara, por primera vez, un lugaz es-pecífico a la economía social entre sus rúbricas (Ghazali y Diebold,

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1993: 93 y sg.), haciendo hincapié en la prioridad acordada al mundo ru-ral y a las cooperativas "auténticas".

No obstante, lo cierto es que el impacto de dicha ley fue limitado,como lo evidencia el aplazamiento de su aplicación hasta el año 1993(Dahir n.° 2-91-457, de 29 de septiembre de 1993). Con el Dahir de1993 se instaba a las cooperativas a adecuar en un plazo de dieciochomeses sus estatutos a la Ley 24-83 y a dirigir sus solicitudes de habilita-ción a la ODCO, que, a su vez, disponía de un plazo de doce meses paratomar su decisión. Asimismo, los plazos establecidos para la regulariza-ción de los estatutos de las cooperativas dejaban entrever que habría queesperar al año 1996 para llegar a la normalidad. En 1996, un nuevo apla-zamiento fue promulgado (Ley n.° 37-96, de 6 de junio de 1996) al tiem-po que los Informes sobre las organizaciones agrarias del Proyecto deDesarrollo del Sector Privado Agroindustrial (DESPAI, 1996), fmancia-do por el Banco Mundial, esbozaban una reforma del sector que postula-ba un cambio del marco jurídico para ratificar la plena autonomía de lascooperativas de acuerdo con su naturaleza privada y su función econó-mica. En 1998, se decidió la reestructuración y refuerzo del sector coo-perativista como medio para modernizar la agricultura marroquí y elPlan 2000-2004 refrenda el papel primordial que dicho sector puedecumplir en la consolidación de la economía social.

Dentro del proyecto de reforma, el cooperativismo sigue considerán-dose como una fórmula idónea para la economía de grupo. EI objetivo esque las cooperativas mantengan su naturaleza específica y contribuyanal desarrollo local. Ahora bien, parece ser que dicho objetivo está media-tizado por la búsqueda de fórmulas que reconfiguren la tutela estatal deacuerdo con su política de retirada. En efecto, el Estado no renuncia a lacorporatización desde fuera del sector. Ello explicaría el hecho de quelas declaraciones de buenas intenciones se repitan y se enriquezcan denuevas nociones que se plasman incluso en los marcos jurídicos, peroque en los hechos las reformas no siguen el mismo ritmo.

2.3. Límites y oportunidades del coóperativismo agrario

A1 cooperativismo se le da cierta relevancia en los enunciados de lareforma del sector agrario, utilizando el argumento tradicional de la fun-cionalidad de las cooperativas para aprovechar las economías de escala(en amont), concentrar la oferta e introducir disciplina en lo que se refie-

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re a las normas de calidad de los productos (en aval). Asimismo, al coo-perativismo se le considera una vía privilegiada para la modernizaciónde las pequeñas explotaciones y para reducir los riesgos inherentes a laactividad agraria mediante, por ejemplo, el establecimiento de contratosde seguros colectivos y la realización ante la Caja Nacional de Seguri-dad Social de convenios de cobertura social en beneficio de los agricul-tores asociados a las cooperativas.

Durante la fase de transición y para lograr que el cooperativismo lle-gue a cumplir el papel que le otorgan los poderes públicos, se ha identi-ficado una serie de obstáculos a superar: jurídicos, financieros y de par-ticipación (MADRPM, 2000b).

2.3.1. E! obstáculo jurídico

El primer obstáculo que identifica el Ministerio de Agricultura para eldesarrollo del cooperativismo es de naturaleza jurídica. Así, se consideraque la legislación cooperativista es demasiado rígida y, por ello, inadapta-da al papel de actor del desarrollo agrario que la Estrategia asigna a lascooperativas. Tal inadaptación se plasma en la tan denostada tutela delEstado, que ya no se justifica ni por motivos ideológicos ni tampoco pormotivos funcionales, ya que, en el marco de la Estrategia, el Estado debeir retirándose del sector y preparar al cooperativismo para su adecuación auna economía abierta. Dentro de una economía de mercado, todo proyec-to cooperativo debe reunir una serie de condiciones, tales como ser viable,tener un conocimiento profundo del entorno socioeconómico y promoverla adhesión voluntaria de los agricultores. No obstante, el Estado sigue sinconfiar en la capacidad actual del sector agrario man oquí para cumplir es-tas condiciones, por lo que propone continuar tutelando las fases inicialesde la vida de las cooperativas para luego limitarse a garantizar el "buengobierno" de las mismas. Así, sus intervenciones se limitarían a realizar elestudio de viabilidad y verificar que la constitución y gestión de la coope-rativa se hace en confonnidad con la reglamentación vigente. Por lo tanto,sin renunciar a mantener su potestad de intervención y control a priori y aposteriori, busca otras fónnulas menos continuas y directas y, por lo tanto,menos costosas. En este sentido propone la constitución de estructuras deapoyo de proximidad, es decir, descentralizadas, que podrían ser los yamencionados CMVA y CTA. La cuestión que queda abierta radica en sa-ber hasta donde estos organismos públicos pueden intervenir en la gestiónde unas instituciones de naturaleza privada.

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2.3.2. La. financiación

Otro factor importante concierne al acceso de las cooperativas a la fi-nanciación, que hasta ahora se ha venido realizando principalmente através de la Caja Nacional de Crédito Agrario. No obstante, como ya lohemos señalado, la CNCA está más interesada en los préstamos a los so-cios, que a las cooperativas, puesto que el crédito individualizado pre-senta mayores garantías reales. El desinterés por las cooperativas haceque la caja intervenga sobre todo como instrumento de distribución de

:las subvenciones estatales en las operaciones de inversión y adquisiciónde material y equipamiento. Asimismo, Marruecos se caracteriza por laausencia de un sistema de crédito mutualista que en otros contextos,como el francés, ha demostrado ser un mecanismo eficiente. En este sen=tido, el proyecto de reforma considera la creación de un Fondo de Ga-rantía de las Cooperativas. Por último, se reconoce que la capacidad deautofmanciación de las cooperativas es limitada, dándose dos tipos dedependencia, a saber: una, que se produce cuando el número de socioses reducido, y en ese caso la financiación depende de la voluntad de lossocios; y, otra, cuando dicho número es elevado, ocurriendo entoncesque la dependencia se refiere a las ayudas y garantías proporcionadaspor el Estado. De ahí que otro elemento limitante radique en la reticen-cia de los agricultores a participar activamente y financiar la institucióncooperativa de la que son socios.

2.3.3. La falta de espíritu cooperativista

El escaso espíritu cooperativista que subraya la Estrategia de Desa-rrollo Agrario parece corresponderse con la doble dependencia que he-mos señalado antes, planteándose la cuestión de la libre adhesión de losagricultores. Cuando el número de socios es amplio, la dependencia res-pecto de la contribución del Estado en personal, ayuda técnica y finan-ciera contribuye a transferŭ el poder de decisión del Consejo Rector dela cooperativa al agente estatal en ella delegado, que puede compaginarlas funciones de gerente y dŭector, mientras que cuando el número desocios es reducido, éstos suelen pertenecer al mismo cŭculo familiar, yentonces la institución cooperativa es percibida como un instrumento denepotismo para captar las ventajas fmancieras y fiscales ofrecidas por elEstado. Las soluciones que propone la Estrategia se centran en recuperarla credibilidad de las cooperativas considerando dos tipos de medidas:sanear su gestión y acabar con la impunidad de la que se han beneficiado

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con demasiada frecuencia algunos dirigentes y miembros de las coope-rativas. En opinión del Ministerio de Agricultura, la creación de un cli-ma de confianza entre los cooperativistas es un elemento fundamentalque requiere la aplicación de principios de transparencia, responsabili-dad y representatividad, esto es, un pacto de buen gobierno.

Ahora bien, todos estos principios están ya recogidos en el marco ju-rídico de las cooperativas, por lo que, en nuestra opinión, parece ser quese obvian varias cuestiones que han subrayado la sociología de la accióncolectiva, en general (Olson, 1965), y, los estudios campesinos, en par-ticular (Haubert, 1999).

En primer lugar, la divergencia que caracteriza la lógica de la accióncolectiva en función del tamaño del grupo; es un fenómeno que ha sidoanalizado por Olson (1965), quien mostró cómo los pequeños gruposson más eficientes a la hora de conseguir los fines que incentivan la ac-ción colectiva, mientras que los grandes grupos necesitan desarrollar in-centivos selectivos para mantener la movilización de los afiliados.

En segundo lugar, la diferente naturaleza del "capital social" ^n-tendido en el sentido sociológico del término, es decir, como redes deconfianza entre las personas que participan en un proyecto de coopera-ción- de los miembros del grupo que emprende la acción colectiva, di-vergiendo según el tamaño del grupo. En el caso de los pequeños gru-pos, como ocurre en las CLJMA, que exigen un níunero reducido desocios para su constitución (un mínimo de cuatro personas)34, suele ocu-rrir que el capital social de sus miembros se basa en los lazos familiares,por lo que la acción colectiva no proporciona beneficios a la colectivi-dad, sino a un grupo muy reducido de individuos, que aprovechan los in-centivos financieros de la fórmula cooperativista para su promoción sin^que ello contribuya a extender el espíritu cooperativista. En el caso delos grandes grupos, el marco territorial de las cooperativas, como ocurreen las cooperativas lecheras, suele coincidir con el municipio rural, fo-mentando la reproducción de un capital social basado en la comunidad 35y fuertemente mediatizado por las estrategias de los notables.

En tercer lugar, no se debe perder de vista la estratificación social yecónomica existente en el campo marroquí y los límites externos a los

34 EI artículo 12 específica que el número mínimo de socios es de 7.3s EI artículo I1 específica: "Dos o varias cooperativas del mismo tipo que pueden entraren competencia no pueden constituirse en la misma circunscripción territorial salvo dero-gación administrativa..."

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que se enfrentan los campesinos para su reproducción. En las condicio-nes actuales del campo marroquí, solidaridad y reproducción de la domi-nación siguen siendo a menudo las dos caras de un mismo fenómeno.Un reflejo de dicha realidad radica en el hecho de que, en ciertos casos,son los grandes agricultores los que pagan las cuotas de los pequeñosagricultores. Todo ello hace que no sea extraño que se reproduzcan losliderazgos locales en las cúpulas de las cooperativas, al tiempo que éstasse conviertan en un lugar privilegiado para la promoción de individuos yel acceso a la notabilidad 36. El sociólogo marroquí Pascon (1980: 44)afirmó hace años que el campesinado marroquí estaba estructurado y po-seía sus propias organizaciones, que sólo se trataba de reconocerlas y noestorbar su expresión, esto es, dejar que se reuniesen sin la presencia o elcontrol de un tercero. Por ello, y de acuerdo con Boutaout (1979), la par-ticipación de los campesinos en el movimiento cooperativo acaba for-mando parte de una ficción, es décir, una puesta en escena en la que elobservador externo no ve el trabajo que se realiza entre bastidores. Así,dos tipos de lógicas operan de forma simultánea en el cooperativismo:una primera, que se adecua más o menos a las normas que establece elEstado; y, una segunda, que es la que la gente práctica realmente. La pri-mera se deja ver ante el Estado para que esté satisfecho -la constitu-ción de las cooperativas, la convocatoria de las asambleas, la participa-ción en las elecciones, etc. ; pero en realidad estas instituciones son unlugar en el que se produce la segunda, es decir, la de las notabilidades y

las clientelas que sesgan la participación libre y autónoma en el seno delgrnPo s7

Por último, debido al analfabetismo de los pequeños agricultores ma-rroquíes, es obvio que se considere necesario el fomento de las capaci-dades humanas para formar a los socios y cuadros técnicos de las coo-perativas, pero ello tiene que ir acompañado de una alfabetizaciónfuncional y una mayor formación profesional de los socios. Si esto no sehace, se corre el riesgo de que los agricultores y sus cooperativas sigan

36 Ello ha sido señalado de forma recurrente (véanse Mahdi, 1999, y Boutaout, 1979).

" El primer escollo al que se enfrenta el sector cooperativista en general radica en el défi-

cit representativo que les caracteriza. Así, el censo realizado por la ODCO ( 1998) señala

para el sector cooperativista, en general, que las asambleas generales no se celebran de for-

ma regular (eI 40% para el conjunto del sector cooperativista) y que el 63% celebra menos

de cuatro reuniones por año. Estos datos no se refieren sólo al sector agrario, pero estastendencias son ratificadas por el [nforme sobre las Asociaciones Profesionales de la

DEPAP/MADRPM (2000).

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dependiendo de los técnicos y de las élites -muchos de ellos hijos delos notables-, que podrán hablar de balance, inversiones, previsiones,etcétera, reproduciendo la ruptura epistemológica entre los campesinosy estas élites. Desde esta perspectiva se debe entender la expresión "es-pecificidad del mundo rural" como un eufemismo que refleja la descon-

^ fianza en la capacidad de los campesinos por parte de tos poderes públi-cos. Si añadimos a todo esto el desconocimiento aparente o real que setiene de las bases reales de la acción colectiva en la agricultura, llega-mos a una serie de contradicciones que no se plasman tanto en la rupturacon el pasado, como en la reproducción bajo otras fórmulas del interven-cionismo administrativo. Así, se menciona que "ante la dificultad de (lascooperativas para) reclutar estos cuadros (los cuadros técnicos), se pro-pone la posibilidad de repartir el gerente entre varias cooperativas o enlas estructuras de encuadramiento estatal (ORMVA, CMVA y CTA)".Estamos, por tanto, ante la transición de un viejo corporativismo a otrode nuevo cuño marcado por nuevas fórmulas de intervención de laAdministración, esto es, una corporativización desde fuera basada en ladescargá y la representación. La "descarga" se produce mediante el esta-blecimiento de contratos-programas con los respectivos departamentosde agricultura de acuerdo con la actividad principal de la cooperativa,mientras que la "representación" se realiza, de un lado, mediante la inte-gración de las cooperativas en estructuras de segundo grado ^omo lasfederaciones de ámbito territorial local y regional- y, de otro lado, me-diante la articulación dentro de un marco interprofesional que establezcarelaciones orgánicas entre cooperativas, asociaciones sectoriales de pro-ductores y cámaras agrarias.

3. LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS

Las organizaciones profesionales agrarias son denominadas en Ma-rruecos "Asociaciones de Productores Agrarios", término que hace refe=rencia a las formas asociativas utilizadas por los agricultores para articu-lar, defender y representar sus intereses como productores. Se incluyenen esta categoría tanto a las organizaciones de carácter multisectorial,que articulan los intereses generales del conjunto de los agricultores,como a las asociaciones especializadas por productos, que articulan losintereses de los productores de un determinado subsector agrícola o ga-nadero.

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Estas asociaciones de productores agrarios son instituciones de ca-rácter privado que pueden regirse por dos tipos de estatutos: uno, sindi-cal (Dahir del 16 de julio de 1957), y, otro, asociativo (Dahir del 15 denoviembre de 1958). El número de organizaciones (sean sindicatos oasociaciones) censadas por el Ministerio de Agricultura alcanza la cifrade 180, entre las cuales 56 son de ámbito nacional y 124 regional o local ^(MADRPM, 2000b). No obstante, según la Dirección de Empresas Pú-blicas Agrarias y Asociaciones Profesionales (DEPAP) del Ministerio deAgricultura, solamente 14 asociaciones de carácter sectorial, tienen unpapel relevante a nivel nacional'$.

3.1. Génesis e historia del asociacionismo agrario en Marruecos

Al igual que con las cámaras agrarias o las cooperativas, el origen deestas asociaciones de agricultores hay que situarlo en la época del Pro-tectorado, por lo que nos encontramos con otro fenómeno de importa-ción de instituciones desde Francia hacia Marruecos. Las asociacionesagrarias bajo el Protectorado se asemejaban al modelo de sindicalismoboutique que caracterizaba al sindicalismo agrario francés de principiosdel siglo xac, es decir, unas asociaciones que desarrollaban una gran di-versidad de funciones y servicios (por eso, el calificativo de boutique) yque orientaban sus acciones al ámbito local. Eran asociaciones que refle-jaban la especialización regional de la producción colonial, dejando elcampo de la representación horizontal de los intereses agrarios a las cá-maras agrarias. En dicho movimiento esencialmente de origen colonialse integraron posteriormente algunos grandes productores marroquíes,como en el caso del sector de los cítricos cuyos intereses fueron articula-dos dentro del SYGMA (Sindicato General Marroquí de Cítricos) o delsector de la horticultura y los fiutos de primor concentrado en las regio-nes de producción del centro y el litoral atlántico del llamado Marruecosútil: Fez y Mequínez y Garb y Dukkala-Abda (El Bakkouchi y Ezzaoui-ni, 1991: 82 y sg.). Lo que importa resaltar es que estos sectores corres-pondían a las producciones orientadas a las exportaciones hacia lametrópolis.

Desde la Indepéndencia, la historia del desarrollo del asociacionismoestá estrechamente vinculada a la evolución de la política agraria marro-

38 Entrevistas con la DEPAP del MADRPM, en abril de 1999.

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quí, mostrando rasgos diferenciales en función de que las produccionesestuvieran destinadas a la exportación o al mercado intemo. Dicha histo-ria la podemos dividir en cinco fases sucesivas que reflejan las distintasmodalidades de la "corporatización desde fuera" del sector.

a) La marroquización del asociacionismo agrario

En una primera fase, tras la Independencia, surge un primer movi-miento asociativo a raíz de la aprobación de los dahires que regulaban alos sindicatos en 1957 y las libertades públicas en 1958. Este movimien-to era resultado de la marroquización de las antiguas organizaciones deorigen colonial formadas por colonos y grandes agricultores marroquíes,como lo pone de manifiesto la creación de la Asociación de Próduc-tores de Cítricos de Marruecos (ASPAM) en 1958 -que sustituía alSYGMA- y en 1959 del Sindicato de Productores de Arroz y Caña deAzúcar del Garb (SPRCAG) y de la Asociación de Productores de Uvasdé Marruecos (ASPRAM). Estas organizaciones agrupaban a una mino-ría de grandes productores marroquíes y extranjeros involucrados ensectores dirigidos hacia la exportación o a la industria de transforma-ción. Estas organizaciones sectoriales mantendrán un vínculo estrechocon la Unión 1Vlarroquí de Agricultores (LJMA), de estatuto sindical,creada en 1958 a iniciativa de una élite de grandes agricultores marro-quíes, que reproducía el modelo colonial de explotación agraria, perocon pretensión de ostentar el monopolio de la representación horizontalde la agricultura marroquí.

b) El monopolio de la Oficina de Comercio Ezterior (OCE)

La segunda fase se inicia en 1965 coincidiendo con la nacionaliza-ción del comercio exterior y la ulterior creación de la OCE (Oficina deComercio Exterior), decisiones que afectaron a los sectores de productosde primor y de cítricos, principales producciones manroquíes destinadasa la exportación. Dentro del contexto de esta decisión, el rey Hassan IIinstará a que los agricultores se organicen para representar sus interesesy ser los interlocutores ante el monopolio de la OCE. A1 lado de la yamencionada ASPAM, se crearon en el sector de las hortalizas y produc-tos tempranos dos asociaciones: la APPAS (Asociación de Productoresde Productos Tempranos y de Cítricos del Sus) en la región del Sus y laASPRIM (Asociación de Productores de Productos Tempranos de Ma-rruecos), que reunía a los productores del litoral atlántico del centro del

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país. Estas asociaciones se desarrollaron al amparo de la protección pú-blica y mientras duró el monopolio de la OCE de 1966 hasta 1986.

c) La "corporatización desde fuera " como modalidadde la descarga del Estado

La tercera fase que se inició en 1980 introduce la corporatizacióndesde fuera como una modalidad experimental de la futura retirada delEstado en los sectores dedicados al mercado interno. En esta fecha, elORMVA del Garb, en colaboración con los grandes productores de la re-gión, promovió la creación de una asociación en la filiére del azúcar, la

APPSG (Asociación de Productores de Plantas Azucareras del Garb),para representar a los productores en sus relaciones con las plantas detransformación. El origen de la APPSG se relaciona con los problemasque encuentra la integración agroindustrial de carácter público paracumplir sus objetivos. Se trata de buscar una solución, en particular, a ladesconfianza y la conflictividad que marcan a principio y final de cadacampaña la relación entre los productores y las plantas de transforma-ción. Por tanto, entre sus objetivos, radicará el establecimiento de unarelación contractual entre la asociación y la industria que permita elabastecimiento regular de las distintas unidades de transformación, elcontrol compartido de la calidad, la negociación de la remuneración delos agricultores y la distribución de la pulpa de remolacha; así como elcobro del agua. El éxito de esta iniciativa y la perspectiva de una futuraretirada del Estado en la gestión de este sector hicieron que este tipo deestructuración se extendiese a otras zonas y sectores.

La Dirección General de Ganadería fomentará la reforma y contrac-tualización de las relaciones con asociaciones de ganaderos dedicadas a

la mejora genética y el seguimiento veterinario de la cabaña. Así, pro-moverá la creación en 1980 de la ANOC (Asociación Nacional de Pro-ductores de Ovino y Caprino) -sobre la herencia-de la AEROPESAMcreada en 1967-, que será reconocida como asociación de utilidad pú-blica en 1988. En 1991, se creará en el sector bovino, la ANEB (Asocia-ción Nacional de Ganaderos de Bovinos), sucediendo a la antiguaANEBRP (Asociación Nacional de Ganaderos de Bovinos de Razas

Puras).A lo largo de los años noventa, estas experiencias de corporatización

desde fuera se convierten en la pauta de la descarga en las filiéres ésta-

blecidas como prioritarias por el Ministerio de Agricultura. Así, la Di-

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rección General de Producciones Vegetales promovió la creación en1994 de la ASPOT (Asociación de Productores de Plantas Oleaginosas yTextiles) dentro de su estrategia para desarrollar los cultivos del gŭasoly del algodón. Luego en 1997, se creó, a iniciativa de la Dirección Gene-ral de Ganadería y de las ORMVAs, la ANPVR (Asociación Nacional deProductores de Carne Roja) para reunir en una misma organiza •ión a losproductores de carne roja y los demás actores de dichafiliére (carnicerosal por mayor).

En estos casos, se les otorga el monopolio de la representación, se lesconcede personal funcionario y fmanciación dentro del marco de contra-tos-programas. También se les anima a establecer vínculos de coopera-ción con organizaciones extranjeras tanto públicas como privadas, conel objetivo de inspirarse en aquellas experiencias y recibŭ asistencia téc-nica y financiación.

d) La movilización asociativa como reacción a la liberalizacióndel comercio exterior '

Los cambios de dirección en la política agraria hacia la liberalizacióndel sector van a modificar el marco proteccionista del que se beneficiabaen su doble dimensión nacional e internacional e inducirán la reactiva-ción de antiguas organizaciones y la creación de otras.

En un primer momento, las medidas de liberalización del comercioexterior, que se producen tras el final del monopolio de la OCE en 1986,ŭán acompañadas de dŭectrices que apelaban a una mayor vertebracióndel sector agrario y a una renovación de las cúpulas dirigentes de las or-ganizaciones profesionales. Entre éstas, la ASPAM, no se sentirá con-cernida por ese mensaje, considerando que representa al conjunto delsector de productores de cítricos de forma eficiente tal y como lo evi-dencia, en opinión de sus dirigentes, su trayectoria histórica. Consent ŭá,no obstante, en la ampliación de su cúpula dirigente. En cuanto a laASPRIM y la APPAS decidŭán fusionarse en una sola organización, laASPEM (Asociacióñ de Productores y Exportadores de Hortalizas Tem-pranas de Marruecos), sin que ello afecte, no obstante, la composiciónde sus cúpulas dirigentes.

Este intento fallido de renovación tendrá sus repercusiones en 1993cuando el Rey volverá a apelar a la democratización de las organizacio=nes agrarias para que aumenten su representatividad y eficiencia ante loscambios que se iban a producŭ tras los dos planes de ajuste estructural

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(PAESA) y la creciente liberalización del comercio exterior. Ante el blo-queo de la renovación de su cúpula, la ASPEM sufrirá una escisión porparte de una nueva generación de productores procedentes de la regióndel Sus, que, basándose en el discurso del Monazca, crearán en febrerode 19941a APEFEL (Asociación de Productores Exportadores de Frutasy Hortalizas) 39.

A partir de 1995, las consecuencias de la aplicación de las primerasmedidas de liberalización del comercio internacional afectarán de for-ma diferenciada a los distintos sectores agrarios, y, por consiguiente, alas distintas asociaciones. Por ejemplo, las primeras importaciones deplátanos procedentes de América Latina amenazaron directamente a unsector joven, como éste del plátano, que se había desarrollado al ampa-^ro de la protección del Estado (incentivos financieros y aranceles), in-citando a los productores a reactivar una asociación, la APROBA(Asociación de Productores de Plátano), prácticamente inactiva desdesu creación en 1988.

e) La "Declaración Común ": un ensayo para resolverlos desórdenes de la liberalización

A lo largo de 1996, unas importaciones de cereales que siguieron a laliberalización de la filiére provocaron la caída de los precios y moviliza-ron a las asociaciones de productores. Tras el discurso del Trono del 3 demarzo de 1997, en el que el Rey hace mención a su interés por los cam-pesinos que no dejazá que se conviertan "en víctimas de una mundializa-ción y unas convenciones ejecutadas de forma quizás precipitadas" seproducirá una primera tentativa para.,institucionalizaz una concertaciónentre el Estado y los representantes del sector que consensue a nivel na-cional los principios, objetivos y mecanismos de la política agraria. Losprincipios de dicho consenso fueron recogidos en la "Declazación Co-mún" firmada por los Ministerios de Interior, Finanzas, Comercio Exte-rior y Agricultura y las Organizaciones Profesionales Agrarias en la ciu-dad de Kenitra el 17 de mayo de 1997.

La "Declaración Común" ha sido ante todo una declazación de inten-ción que permitió visualizar la construcción de un consenso sobre la de-finición, las reglas y la aplicación de la política agraria. Este ensayo paraestablecer un marco nacional de ŭoncertación neocorporativista no será

79 Entrevistas con la APEFEL en julio de 2001.

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institucionalizado, siendo aplazado por las contiendas electorales que sesuccedieron a lo largo de 1997. No obstante, dicho acontecimiento for-ma parte del itinerario de la reforma que conduce a la elaboración de laEstrategia de Desarrollo Agrario, puesto que, de una parte, refleja las di-ficultades a las que se enfrentan los cambios en las políticas agraria ycomercial; y, de otra, la Estrategia recoge el contenido de la Decla-ración.

El breve recorrido histórico, que acabamos de presentar en este apar-tado, confirma para Marruecos la tesis planteada sobre la "corporatiza-ción desde fuera" del sector agrario y evidenciada por Moyano (1984)en otros casos empíricos, como el español o el de varios países latinoa-mericanos. La mayor parte de las asociaciones agrarias han sido induci-das desde arriba y dentro del marco de la política agraria: bien directa-mente desde el propio Ministerio de Agricultura en la etapa de fuerteintervencionismo (como fueron los casos de la APPAS y la ASPRIM),bien en la etapa liberal para prevenir o responder a la reacción del sectorante las medidas de retirada del Estado de ciertas funciones ligadas alproceso productivo o a la comercialización (como fueron los casos de laAPPSG, la ASPOT y la ANPVR).

Dentro del panorama asociativo pueden distinguirse dos tipos deprocesos: el primero consiste en la reactivación y reorientación de anti-guas organizaciones (como el caso de la ANEB), y, el segundo, en lacreación desde arriba de organizaciones sectoriales para fines muy con-cretos (como la ANPVR, para articular la filiére de carne roja). En am-bos casos se pueden comprobar los efectos de la retirada del Estado, queconfia al propio sector agrario algunas de sus antiguas funciones. Labúsqueda de soluciones privadas a problemas públicos lleva a establecerun diseño de inspiración neocorporativista para regular las relacionesentre los distintos departamentos del Ministerio de Agricultura y las aso-ciaciones de productores, al tiempo que el escaso impulso del sectorpara desarrollar acciones de tipo colectivo conduce a la propia Adminis-tración a tener que implicarse en la vertebración de los intereses agrariose inducir la creación de interlocutores idóneos. Esta mediatización seplasma en la firma de contratos-programa entre el Estado y las organiza-ciones profesionales, defmiéndoles los objetivos, funciones y activida-des, así como parte de la dotación en recursos financieros y humanos. Eldilema que se plantea para las organizaciones profesionales agrarias ma-rroquíes radica en el hecho de que sus reivindicaciones de autonomía secontradicen con sus constantes solicitudes de ayuda pública. En función

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de la intensidad de la ayuda se planteará tarde o temprano la cuestión dela viabilidad de unas asociaciones a las que se les reprocha con creces suescasa representatividad y fun ŭionalidad para legitimar sus demandas.Asimismo, no se debe subestimar el hecho de que se les exige desde laAdministración agraria un cierto grado de responsabilidad, que puedellegar a cuestionar la reconducción de los contratos-programas y, por lotanto, hacer peligrar su principal fuente de financiación.

3.2. Los límites de la vertebración del sector

El papel que la Estrategia confiere a las Asociaciones de ProductoresAgrarios se enfrenta a tres tipos de dificultades, a saber: la escasa verte-bración asociativa del sector en sus dimensiones representativa, sectorialy territorial; la inadaptación del marco jurídico que rige estas asociacio-nes y que restringe tanto su creación como su desarrollo o capacidad deacción; y los límites en recursos humanos y financieros.

3.2.1. La cuestión de la representatividad

Uno de los principales problemas señalado por el Ministerio de Agri-cultura es la percépción de un déficit de representatividad de las asocia-ciones de productores agrarios, que se comprueba en el bajo nivel de afi-liación, la concentración de los socios en el seno del grupo de las élitesagrarias con un perfil de empresario y a su presencia en pocas zonas yproducciones.

a) El monopolio de la representación

Incluso en los sectores donde estas organizaciones son activas y sebenefician de una cierta autonomía (como la ASPAM en el de los cítri-cos, la APEFEL en el de las frutas y hortalizas o la ANOC en la ganade-ría), se reproducen ciertos rasgos neocorporativistas con distinto gradode intensidad. Así, se observa en ellas una tendencia al monopolio repre-sentativo, es decir, a la hegemonía exclusiva de una sola organización encada sector o subsector a la que se le aconseja desconcentrarse mediantela creación de secciones locales. Dicha tendencia responde al proyectode la Administración agraria marroquí de favorecer la creación de es-tructuras interprofesionales en cada filiére. Esto explica, por ejemplo,que en el sector de la ganadería existan tres organizaciones, cada una de

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ellas integrada en su correspondiente filiére y con distintás misiones: laANOC y la ANEB, para la mejora genética y la producción de leche delos sectores ovino-caprino y bovino, respectivamente, y la ANPVR, parala producción de came roja. El único caso que se sale de esta regla gene-ral es la existencia de dos asociaciones en el sector de los productos deprimor: la ASPEM y la APEFEL. Ya hemos mencionado que esta últimaes el resultado de una disidencia interna de la primera; disidencia vincu-lada a problemas de tipo regional, generacional y vocación profesional.El hecho de que la APEFEL concentre a una élite de productores de unamisma región (el Sus-masa), que ha demostrado un alto grado de auto-nomía, capacidad y funcionalidad, hace que esta organización aparezcacomo un modelo para la administración que contrasta con el declive dela ASPEM caracterizado por la gerontocracia, el analfabetismo y la iner-cia 40. .

b) La democratización interna

Un rasgo común a la mayor parte de las asociaciones es la monopoli-zación de los puestos de responsabilidad por las mismas personas duran-te años. En muchos casos se han convertido en el coto privado de susdirigentes, generalmente grandes agricultores que con frecuencia semantienen incluso al margen del funcionamiento democrático y del con-trol legal de sus actividades.

La escasa renovación de las cúpulas dirigentes, el desconocimientodel número de socios activos por los poderes públicos y la participaciónde los grandes productores -no siempre los más modemos, pero sí losque están mejor integrados en los círculos políticos y administrativos-,son percibidos como problemas por la Administración, olvidándose deque la cuestión de la representatividad no es el problema más importanteen este tipo de organizaciones (Olson, 1965).

c) La escasa capacidad técnica y el poder de los funcionarios

En general, las organizaciones se caracterizan por el bajo nivel deformación de su personal técnico y administrativo y de sus dirigentes(muchos de ellos incluso analfabetos), que suelen encontrar serias difi-

40 Véanse la Revista de la ASPEM, Le Primeuriste, que nos informa de la composición de

su cúpula así como de sus actividades. Entrevistas con la APEFEL (julio de 2001) y la

ASPEM (abril 1999 y julio de 2001).

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cultades paza elaboraz planes estratégicos de desarrollo sectorial ". Elloexplica la ausencia de incentivos selectivos para la adhesión de la granmasa de agricultores que, a menudo, ignoran la existencia de este tipo deinstituciones, y contribuye a justificaz una mayor injerencia de la Admi-nistración. La retirada del Estado se traduce en pérdida de capacidad ex-perta, de ahí la necesidad de fomeritar la capacidad técnica de las organi-zaciones profesionales. La solución preconizada radica en la puesta a sudisposición, de forma transitoria y con un pliego de óondiciones, de fun-cionarios del Ministerio de Agricultura y, en el caso de los sectores de laexportación, de cuadros del Ministerio de Comercio Exterior. Estas fór-mulas de partenariado dentro del mazco de contratos-programas refuerzala tendenciá a que las actividades asociativaŭ dependan del personal téc-nico puesto a disposición por los distintos ministerios.

^ La relevancia de este último aspecto contribuye a que la legitimidady objetivos de las asociaciones de productores agrarios se determinen enfunción de criterios que proceden de la Administración, poniendo demanifieŭto que el protagonismo del staff técnico se incrementa con ladependencia administrativa, lo que ratifica la lógica de la descarga me-diante la fórmula neocorporativista.

3.2.2. La inadaptación^de los textos jurídicos

La mayor parte de estas organizaciones tienen estatuto asociativo yse rigen por el Dahir n° 1-58-376, de 15 de noviembre de 1958, sobrelas libertades públicas, modificado por el Dahir n.° 1-73-283, que, desde1973, impuso el requisito de realizar una "declaración previa" para reci-bir su habilitación 42. Se le reprocha a dicho marco jurídico el hecho deno estar adaptado a los actuales objetivos de estas asociaciones y a laconcepción del papel que le asigna la Administración en el nuevo esce-nario. Este reproche no se refiere a las funciones de representación y de-fensa de intereses que desarrollan, sino a las tareas de promoción del co-rrespondiente subsector y, en particular, a la posibilidad de que puedandesazrollaz actividades de carácter económico y comercial (MADREF,1999: 107 y sg.).

°' Entrevista en el Ministerio de Agricultura, abril de 1999.4z Este marco jurídico ha sido modificado el 17 de octubre de 2002 por la Ley 75-00 queincorpora como novedad destacable la posibilidad de recibir fondos de carácter privadocomo contraparte de un servicio prestado.

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Una alternativa al estatuto asociativo es el estatuto sindical, regido,como se ha señalado, por el Dahir n.° 1-57-119, de 16 de julio de 1957,al que las asociaciones podrían acogerse como vía altennativa a aquél.En el estatuto sindical, las asociaciones agrarias tienen por objetivo ladefensa de los intereses materiales y morales de sus afiliados. Este mar-co jurídico es poco utilizado por los agricultores a la hora de crear aso-ciaciones y, cuando se ha utilizado (como es el caso de la UMA o de laAPEFEL), la identidad sindical suele ser difuminada por sus dirigentesen un intento por marcar diferencias respecto tanto de los sindicatosobreros, a los que vinculan con la lucha de clases, una ideología ésta aje-na a la corporativista y/o empresarial que predomina entre aquéllos,como de la realidad social, política y económica marroquí en relacióncon la del sindicalismo agrario europeo.

Para poner orden en ese marasmo jurídico, se propone refonnar elordenamiento legal alrededor de tres tipos de estatutos:

a) uno, para las asociaciones cuyo objetivo exclusivo es la repre-sentación y defensa de intereses;

b) otro, para las organizaciones cuyo objetivo es la prestación deservicios económicos, comerciales y técnicos a sus asociados; y

c) un tercero, para regular a las asociaciones interprofesionales en-cargadas de promover la concertación entre los representantesde las distintas profesiones que forman una filiére.

Este enfoque, fundamentado en la diferenciación funcional de las ac-tividades asociativas, presenta ciertas dudas en cuanto a su viabilidad.Así, basándonos en la experiencia europea y en las enseñanzas de la so-ciología de la acción colectiva, cabe decir que estos tres tipos se corres-ponden con tres funciones que suelen realizar al mismo tiempo el aso-ciacionismo agrario en Marruecos, por lo que las funciones atribuidas alsegundo tipo (prestación de servicios) son a menudo incentivos selec-tivos que utilizan las de los otros dos. Además, el segundo tipo puedeasimilarse a la institución cooperativa, por lo que no resuelve la cuestiónde la disociación entre organizaciones profesionales y cooperativas. Encuanto a la interprofesión, sólo puede emerger de la vertebración previadel sector productor y del conjunto de la filiére, por lo que, a la vista dela situación actual, parece prematuro plantear su necesidad.

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3.2.3. Los medios financieros y humanos

El dinamismo del asociacionismo agrario marroquí está estrecha-mente vinculado a la disponibilidad de medios tanto financieros comohumanos por parte de las distintas organizaciones. Fuera de algunas aso-ciaciones que representan a los sectores más dinámicos de la agricultura,la mayor parte de ellas conocen dificultades a la hora de financiar susactividades.

En ciertos casos, la financiación proviene de la cuota anual de losafiliados y del cobro de algún canon por servicios prestados, un canonque, en algunos casos, es obligatorio y se efectúa en el momento de abo-nársele al productor el precio por la entrega del producto al almacén, a laplanta de acondicionamiento o de transformación o por el servicio reali-zado (sanitario, veterinario, fitosanitario, etc.). El problema se planteacuando este canon se cobra a todos los productores, sean o no miembrosde la asociación. Por ello, muchas asociaciones, que no siempre llevanun registro actualizado de los afiliados ni consiguen cobrarles las cuotas,pretenden representar al conjunto del sector. Ahora bien, a menudo elagricultor, sobre todo cuando es titular de una pequeña explotación, aunpagando el canon o cuota obligatoria no tiene conciencia de estar afilia-do, ya que no participa en las actividades de la asociación, bien por des-conocimiento de que existe, bien por no ser incitado a la participación obien por recelo y desconfianza. A eso se añade el hecho de que muchosagricultores ni siquiera saben que abonan ciertas cantidades a las asocia-ciones cuando entregan sus productos a la industria 43.

Dentro del sector de la exportación, la ASPAM y la ASPEM se benefi-ciaron durante años de este tipo de ingresos, que tenían asegurado graciasal monopolio de la OCE, que les remitía el canon cobrado y les reconocíacomo únicos interlocutores. Con la liberalización del comercio exterior en1986, se mŭltiplicaron los grupos exportadores y no todos aceptaron re-caudar el canon, por lo que una de las reivindicaciones de estas organiza-ciones ha sido el que se les reconozca el derecho a cobrarlo.

Para hacer frente al problema de la financiación, se elaboró en 1999un proyecto de decreto que instituye una tasa parafiscal sobre los pro-ductos agrarios en beneficio de las asociaciones y las cámaras agrarias..Este proyecto prevé que el producto de la tasa parafiscal sea transferido

43 Véase el estudio de Amar (1998) sobre la Asociación de Productores de Plantas Azu-careras de la Muluya.

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directa y mensualmente a estas dos instituciones con una distribucióndel 70% y el 30%, respectivamente. Para beneficiarse de esa financia-ción, las asociaciones deben reunir una serie de requisitos relativos a surepresentatividad y a su funcionamiento, a saber: representar al menos al5% de los productores de su sector y a120% de la producción correspon-diente; presentar una gestión conforme a sus estatutos, y que sus presu-puestos los apruebe el Ministerio de Agricultura. El reparto de los ingre-sos obtenidos por el conjunto de las asociaciones agrarias se haría segúnsus niveles de representatividad, medidos por la audiencia electoral enelecciones a las cámaras agrarias, cuya refonma prevé la creación de uncolegio para que las organizaciones profesionales puedan elegir a susvocales. Este proyecto de decreto se enfrentó a la oposición de ciertosdepartamentos ministeriales que argumentan que este tipo de financia-ción pública entra en contradicción con la vigente política de desfiscali-zación del sector agrario, por lo que, sin cambiar esa política, no se po-drían crear nuevas tasas parafiscales ^".

La debilidad de los medios humanos y materiales de las organizacio-nes profesionales agrarias son, según el Ministerio de Agricultura, con-secuencia de los problemas de financiación, lo que explicaría en últimainstancia las dificultades que encuentran para realizar las funciones quese espera de ellas, y la necesidad de que continúen recibiendo ayudaspúblicas.

3.2.4. EI mimetismo con las experiencias europeas

El último aspecto de la reforma que queremos mencionar es el apoyoa la cooperación internacional promoviendo la celebración de encuen-tros en Francia (en 1996) o Andalucía (en 1998). Así, dentro del marcode la cooperación entre Francia y Marruecos, se celebró en la ciudadfrancesa de Blois los 6 y 7 de mayo de 1996, un seminario sobre asocia-cionismo agrario 45, en el que participaron cuadros del Ministerio deAgricultura, de las cámaras agrarias y de algunas asociaciones, como laASPAM o la ASPOT. El primer objetivo era conocer la experiencia fran-cesa de modernización agraria, caracterizada por el protagonismo de lasorganizaciones profesionales en la gestión del sector en concertación

aa Entrevista en el Ministerio de Agricultura, julio de 2001.as Entrevista con el responsable de la cooperación y las cuestiones agrarias en la Embaja-

da de Francia en Rabat, abril de 2001.

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con los poderes públicos; el segundo objetivo era promocionar la coope-ración con Marruecos en materia de articulación entre las institucionesprofesionales; y el tercero obtener financiación para desarrollar accionesde partenariado, aspecto éste que se plasmó en la constitución del Fondode Apoyo a las Organizaciones Profesionales financiado por la AgenciaFrancesa de Desarrollo y del que se benefició por ejemplo la ASPOT 46.

El Ministerio de Agricultura reitera que las organizaciones profesio-nales están llamadas a jugar un papel importante en materia de reestruc-turación de las filiéres de producción. Hemos visto que las medidas con-templadas en la Estrategia de Desarrollo Agrario para potenciar elmovimiento asociativo son propias de un diseño neocorporativista indu-cido desde fuera: fomento de asociaciones sectoriales; apoyo a las aso-ciaciones a través de contratos-programas; y monopolio de la i•epresen-tación en una determinada fzliére o producción. Todo ello se enmarcadentro de una política agraria más preocupada por la reestructuración delas filiéres y los mercados, lo que refuerza la tendencia a la sectorializa-ción de la representación de los intereses. También, se prevé establecerunos cauces de interlocución y una división funcional del trabajo entreorganizaciones profesionales agrarias y cámaras. No obstante, aun cuan-do responden a una dinámica de acción colectiva surgida desde abajo, esdecir, desde los agricultores, las organizaciones profesionales concier-nen a una minoría de ellos que pertenece a los círculos reducidos de lasélites de productores, por lo que se plantean serias dudas sobre su facti-bilidad como motor del desarrollo del conjunto del sector.

4. CONCLUSIONES

Hemos visto que en el marco de la Estrategia de Desarrollo Agrariose le asigna un papel importante a los tres tipos de instituciones que he-mos analizado (cámaras agrarias, cooperativas y organizaciones profe-sionales). Para que sean funcionales la reforma establece las pautas para

46 La cuestión de la captación de fondos internacionales para financiar las actividades delas organizaciones profesionales es un tema de suma importancia. Así, la dirección de laANPVR se ha visto cuestionada por la Dirección General de Ganadería por haber sido in-capaz de aprovechar la oportunidad de una financiación de su Plan de acción por parte dela cooperación norteamericana. Entrevista con la Dirección General de Ganadería en juliode 2001.

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la formación de un sistema de representación e intermediación neo-corporativista. Este sistema descansa en tres pilares: el fomento de lasorganizaciones profesionales; la puesta en marcha de sistemas de fi-nanciación de éstas mediante la firma de contratos-programas, el esta-blecimiento de incentivos fiscales y la trasferencia de tasas parafiscales;y el diálogo continuo entre las partes -el Estado y el sector organizado.

Ciertos límiteŭ deben ser tomados en cuenta:

- En primer lugar, la inhibición del Estado no es la consecuenciadel desarrollo y madurez del sector agrario marroquí. Se puedepensar que el relevo del Estado por el sector privado no será tansimple como lo plantean los informes ministeriales. De hecho, elproblema no es únicamente la retirada del Estado, sino las moda-lidades del apoyo al sector agrario para desarrollarlo y convertirloen un sector competitivo a nivel internacional. De ahí que la cor-poratización desde fuera se convierta en la fórmula de la descargapara asegurar que las organizaciones profesionales ocupen el lu-gar dejado vacante por el Estado, tanto en las actividades produc-tivas como en las comerciales.

- En segundo lugar, se plantea el problema de la redefinición de lasasociaciones profesionales para que sean funcionales para la polí-tica agraria dentro del diseño neocorporativista que se intenta es-tablecer. Para ello, es preciso una definición diferenciada y com-plementaria de las funciones, objetivos y actividades de los trestipos de instituciones, a saber: cámaras agrarias, cooperativas yorganizaciones profesionales. Dicha diferenciación se enfrenta alhecho de que estas últimas comparten con las cámaras agrarias lafunción de representación y promoción, pero pueden dedicarsetambién, al igual que las cooperativas, a actividades de caráctercomércial y de abastecimiento en insumos mediante la creaciónde sociedades privadas vinculadas a ellas orgánicamente.

- En tercer lugar, todo el mundo preconiza el asociacionismo y, enparticular, los organismos financieros internacionales. El Estadoha comprendido que la fmanciación de su política y el cumpli-miento de sus objetivos pasan por apoyar la creación y consolida-ción de organizaciones profesionales en las que el Estado puedaapoyarse, convirtiéndose así la corporatización desde fuera enuna de las modalidades del "buen gobierno". No obstante, el Esta-do se retira del sector agrario, al tiempo que se reintroduce en él

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mediante, por ejemplo, la creación de organizaciones, la puesta asu disposición de funcionarios, la financiación y el establecimien-to de los programas de actividades.

Estas instituciones, diseñadas para un cierto tipo de agricultura y unacierta concepción del agricultor, son también cauces para la promociónde determinados modelos de agricultor. Así, la vertebración del sectoragrario propone una estrategia de acción colectiva dirigida hacia el mer-cado y la integración en la competición internacional para que un deter-minado tipo de agricultores (esto es, los que tienen o pueden adquirir unperfil empresarial) negocie su modernización dentro de los límites mar-cados en el diseño neocorporativista. El vacío creado por el Estado pue-de beneficiar sobre todo a los agricultores previamente organizados (esdecir, a los grandes agricultores) y conducir a unas situaciones de mono-polio dentro de cada filiére controladas por grupos económicos con me-dios suficientes y relaciones privilegiadas con la Administración. Esmás, los rasgos monopolistas del modelo de vertebración pueden tenercomo efecto perverso la obstaculización a la emergencia de nuevas diná-micas asociativas. Para ese gran número de explotaciones agrarias queactúan en los límites de la supervivencia, la vertebración del sector agra-rio en organizaciones profesionales es algo que no les concierne. En de-finitiva, dicho proyecto ignora una segunda tendencia, que Haubert(1997) observa en otros contextos, y que se caracteriza por la moviliza-ción de los campesinos que a través de sus acciones colectivas compagi-nan la reivindicación de sus derechos tanto de productor como de ciu-dadano. Este tipo de acción colectiva se orienta hacia el Estado y elsistema político, centrándose en la participación en los procesos de de-mocratización para influir en las orientaciones de la política económicay social y así evitar que el Estado deje que sean los campesinos los quesóporten los costes y riesgos de su retirada de la agricultura.

Tras el análisis de la política agraria desde la Independencia y los su-cesivos procesos de reformas que ha conocido, se Ilega a la conclusiónde que este último intento plasmado en la Estrategia de Desarrollo Agra-rio representa un documento políticamente correcto que introduce unaserie de innovaciones, pero que no supone una ruptura con el períodoanterior. De hecho, hemos evidenciado que las referencias neocorporati-vistas que lo impregnan fueron introducidas desde principios de los añosochenta. Una cuestión queda abierta: ^en qué medida este diseño consi-dera el hecho de que el sector agrario marroquí tiene una historia propia

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tanto en sus relaciones internas como extemas (con el Estado y los de-más actores que intervienen en el sector)? A esta pregunta trataremos deaportar una respuesta en la siguiente y última parte de este libro,mediante el análisis de dos organizaciones: una, de vocación multisec-torial (la UMA), y otra, sectorial (la ANOC, en el de ganaderos deovino-caprino).

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