En los últimos 15 años en Puebla se expidieron decretos expropiatorios en los que el “interés

público” pretendió y en muchos casos logró transformar tierras ejidales y de pequeños

propietarios en terrenos para la instalación y ampliación de empresas extranjeras, y el desarrollo

de plazas comerciales, exclusivos conjuntos residenciales, universidades privadas y grandes

vialidades.

Algunos casos ilustrativos: la expropiación de tierra de los ejidos de San Bernardino Tlaxcalancingo,

Santiago Momoxpan, San Andrés Cholula, Trinidad Chuatenco y de los avecindados de la colonia

Ampliación Concepción Guadalupe se destinaron, además de la especulación, para la construcción

de la Vía Atlixcáyotl y el corredor universitario, comercial y residencial Angelópolis-La Vista.

Y no es para menos. Las expropiaciones de la tierra tuvieron como constante el despojo y el

conflicto: los decretos expropiatorios entran en vigor sin haber sido concertados con la población

directamente afectada, siendo los campesinos los últimos en enterarse de que en sus tierras se

establecerían, por ejemplo, una “reserva territorial para el reordenamiento de la ciudad de

Puebla”; en muchos de los casos, la población fue forzada a vender y las indemnizaciones recibidas

estuvieron por abajo del valor real de sus terrenos. Las movilizaciones, los amparos, las denuncias

interpuestas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las cartas solicitando la

intervención de la presidencia de la República no fueron suficientes para detener las

expropiaciones. El “interés público” por el desarrollo urbanoindustrial prevaleció sobre el interés

de seguir siendo ejidatario, pequeño propietario o avecindado.

Desde 1995, las tierras ejidales cercanas y colindantes a la zona de Ángelopolis, están ya bajo el

Procede. Así lo señalan las denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR)

contra el mandatario Mario Marín Torres, tres ex gobernadores y funcionarios estatales y

federales.

Campesinos demandaron a Mario Marín, Bartlett, Piña Olaya y Morales Flores a Ex funcionarios

estatales y federales con un acto imposible de ser ignorado. La prensa nacional y local documentó

como más de 400 ejidatarios en manifestación cerraron el martes 6 de marzo la lateral de la

avenida Reforma, frente a la sede de la Procuraduría Federal de la República (PGR) donde

acudieron para interponer una denuncia penal contra quienes acusan de haber falsificado

documentos en la década pasada con el fin de despojarlos de 200 hectáreas de terreno, con el

pretexto de que serían usadas para fines públicos, aunque al final fueron para la construcción de la

exclusiva zona residencial La Vista Country Club.

Al tiempo que más de mil hectáreas eran expropiadas para crear las reservas territoriales

Atlixcáyotl y Quetzalcóatl, las tierras ejidales aledañas eran codiciadas por especuladores, los

cuales seguramente contaban con información sobre los planes que el gobierno tenía guardado

para esta zona, hoy la zona de Angelópolis.

La percepción de los ejidatarios sobre esta situación era de perder lo menos que se pudiera, y en

su opinión, cuando el gobierno quiere algo lo obtiene por la "buena o por la mala". En este caso,

ante la constante presión de agentes externos quienes les decían que si no vendían de todos

modos el gobierno les quitaría estas tierras, muchos decidieron vender, aunque fuera a precios

bajos.

Aprovechando la reforma al Artículo 27 constitucional, el gobierno de Puebla logró que dentro del

programa del PROCEDE, los ejidatarios firmaran la aceptación del dominio pleno para así poder

vender sus tierras. Muchos de estos ejidatarios sí recibieron el pago por sus tierras, con un precio

alrededor de los 20 pesos el metro cuadrado.

Más de la mitad de la expansión de las ciudades mexicanas ha tenido lugar en estas tierras de

forma que actualmente en la periferia urbana a nivel nacional existen tres millones de hectáreas

ejidales consideradas por el gobierno federal como disponibles para la urbanización y por ende

sujetas a intentos de expropiación o especulación.

El Programa de Desarrollo Urbano de Piña Olaya y de Bartlett evidenció los intereses estatales de

utilizar todas las leyes posibles para liberar las tierras ejidales e incorporarlas al mercado comercial

de tierras y de inversión privada. Esta nueva función del ejido ocasionó, un fenómeno de

especulación en las tierras alrededor de las reservas territoriales, incluyendo el ejido de

Tonantzintla. Entre 1960 y 1985 el gobierno de Puebla expropió 10,885.082 m2 de suelo ejidal por

las que pagó $4.44 (nuevos) pesos en promedio por metro cuadrado. Asimismo, más de la mitad

de las nuevas superficies urbanas construidas hasta 1990 se situaron sobre zonas de protección

agrícola y ecológica.

"Esta ocupación se ha logrado a base de violar y manipular ciertos programas estatales, con la

cooperación de los gobiernos municipales, y a costa del malbaratamiento de las tierras y el

deterioro en las condiciones de los habitantes de las zonas rurales y semirurales del estado", se lee

en el capitulo V.

Según el documento de AGA, Expediente 272.2/4685 Expropiación, 272.2/4685. Secretaría de la

Reforma Agraria, Archivo Central. Expropiación ejidal. Año de 1994. Asunto: Local, 1987, f. 10, el

18 de junio de 1987 por decreto del gobernador del estado de Puebla, Mariano Piña Olaya, y con

anuencia del presidente Carlos Salinas se solicitaba por causa de utilidad pública la superficie de 7-

57-43 hectáreas de terrenos ejidales del poblado de Santa María Tonantzintla, destinadas a la

construcción de una parte de la super-carretera de Puebla-Atlixco (RAN, Coordinación Agraria

Num. 482, Expropiación de terrenos ejidales, 1990 y 1987, f. 1 y 4).

Para construir dicha carretera se debían expropiar los ejidos de San Andrés Cholula, Cacalotepec y

Tlaxcalancingo, del municipio de San Andrés Cholula; el de Santa Martha Hidalgo del municipio de

Santa Isabel Cholula; y Santa Ana Acozautla de Santa Clara Ocoyucan.

A la fecha, ejidatarios de Tonantzintla dicen contar con un peritaje en el cual se confirma que

Marín Torres, en su calidad de secretario de Gobernación, dio por válida una asamblea ilegal de

ejidatarios mediante la cual las autoridades locales les lograron arrebatar los terrenos.

El abogado Rubén Morales, representante legal de los ejidatarios de la reserva territorial de

Atlixcayotl, informó que además de Marín Torres -quien al momento de los hechos se

desempeñaba como subsecretario de Gobierno y después como secretario de Gobierno de la

entidad- la querella implica a los ex gobernadores de Puebla Manuel Bartlett Díaz, Mariano Piña

Olaya y Melquiades Morales Flores.

Declaró también que en 1993 el gobierno federal dio una participación presupuestal en efectivo al

gobierno poblano por 6 mil 700 millones de pesos "Autoridades hicieron mil promesas y nunca

cumplieron.

Agregó que en 1993 los ejidatarios fueron despojados de sus pertenencias "con lujo de violencia"

por agentes de la policía del estado, "argumentándonos que sacarnos del terreno era orden del

gobernador y del secretario y subsecretario de Gobernación".

En el decreto por medio del cual el gobierno estatal expropió mil 81 hectáreas a cientos de

campesinos cholultecas bajo el argumento de “causa de utilidad pública”, y que dio origen a la

Reserva Territorial Atlixcáyotl–Quetzalcóalt no se menciona en ninguna parte que esa extensión

de terreno se le daría uso comercial alguno; sin embargo, hoy, más de un centenar de empresas y

fraccionamientos comerciales están asentados en mil 50 hectáreas, restando sólo 30 de áreas

verdes.

De acuerdo un análisis de los documentos que crearon el Programa Subregional de Desarrollo

Urbano de los municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés y San Pedro Cholula, se han hecho

cuatro modificaciones a este programa las cuales dieron paso a las instalación de cadenas

comerciales, fraccionamientos de lujo, hospitales exclusivos e instituciones de educación privada.

Todos esos cambios fueron promovidos por el gobierno del estado y fueron avalados por la

Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con excepción del cuarto, que fue iniciado por la

administración de Mario Marín Torres y hasta ahora rechazado por la dependencia federal, pues

están en riesgo las últimas 30 hectáreas de áreas verdes, de las más de 100 que alguna vez

existieron.

La primera modificación se realizó el 19 de noviembre de 1997, durante el gobierno de Manuel

Bartlett Díaz. El cambio consistió en incrementar la densidad del uso habitacional de la reserva. Se

hizo la primera “descentralización comercial”, que no estaba prevista originalmente; se decidió

incluir a los sectores privado y social a invertir y se dieron una serie de estímulos fiscales para

fomentar el crecimiento económico de la zona.

La segunda modificación –también llamada actualización–, se efectuó el 18 de diciembre de 1998,

también durante el gobierno de Manuel Barttlet. Ahí se agregaron nuevas superficies a la reserva,

en total 200 hectáreas más. Se hicieron modificaciones para vialidades; se buscó que el

ordenamiento territorial y ecológico se realizara de manera sustentable.

También se reforzaron las facilidades fiscales y administrativas para la instalación de comercios,

viviendas y servicios, así como también se dieron más apoyos para incluir otras áreas comerciales.

La Sedesol dio su visto bueno e incluyo el planteamiento del Programa de Desarrollo Regional

Angelópolis.

La tercera modificación fue el 14 de junio del año 2000, ya en el gobierno de Melquiades Morales

Flores. Para entonces ya el 80 por ciento de la superficie de la reserva estaba completamente

urbanizada, por lo que se hizo una nueva petición a la Sedesol federal para que autorizara la

creación de nuevos espacios comerciales.

Con la tercera modificación se elevó la plusvalía de la zona y los predios comenzaron a

comercializarse en dólares, no en pesos mexicanos, hasta alcanzar el costo actual que oscila entre

350 y 500 dólares por metro cuadrado.

La riqueza comercial de la zona agudizó el conflicto entre los municipios de Puebla y San Andrés

Cholula, que había iniciado cinco años atrás durante el gobierno panista de Gabriel Hinojosa

Rivero, quien entonces reclamó para la capital del estado la poderosa zona comercial.

La aparición de Angelópolis, Palmas Plaza, la Torre Milenio, más de 10 agencias automotrices, el

Hospital Ángeles, Plaza Masaryk, Valle Fantástico, Sport City y decenas de comercios más, llevaron

al agotamiento de más de 60 hectáreas del Parque Metropolitano.

Nombre del alumno

Teresita de Jesus Torres Velasco

ID 129297

Nombre del Profesor

Doctor Moises Romero Beristain

Trabajo

Caso Angelopolis

Materia

Administrativo II

Fecha

4 Marzo 2009