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Nuestros asuntillos más pintorescos �

CASO GESCARTERA

LAS NOTICIAS OCTUBRE 2001

Del 1 al 31 de Octubre 2001

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INDICE

EL PP Y EL GOBIERNO ESPERAN QUE EL EX SECRETARIO DE LA CNMV AVALE SU VERSIÓN SOBRE

GESCARTERA. ALONSO UREBA ASEGURA TENER DOCUMENTOS QUE PRUEBAN QUE NO SE HABLÓ DE

INTERVENCIÓN EN 1999. 1 de Octubre 2001

UREBA : DE LA COMISIÓN DE VALORES A TELEFÓNICA. 1 de Octubre 2001

LA AGENDA DE GIMÉNEZ-REYNA PRUEBA QUE EN 1999 ESPERABA LA INTERVENCIÓN. LAS ANOTACIONES

PERSONALES DE LA HERMANA DEL EX SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA REFLEJAN FIELMENTE LA

INTERVENCIÓN FRUSTRADA DE Gescartera. 1 de Octubre 2001

LA GUARDIA CIVIL PUSO 320 MILLONES EL DÍA QUE LA ARMADA RECUPERÓ 300

EL DINERO INVERTIDO EN GESCARTERA PROCEDÍA DE LA VENTA DE UN CUARTEL. 1 de Octubre 2001

LAS RESPONSABILIDADES POLÍTICAS 'HAN LLEGADO A SU LÍMITE', SEGÚN EL MINISTRO DE HACIENDA. 1 de

Octubre 2001

LA CNMV REBAJÓ UNA SANCIÓN 'MUY GRAVE' A GESCARTERA POR UN SIMPLE 'CAMBIO DE ACTITUD' .LA

COLABORACIÓN DE CAMACHO PERMITIÓ NO PUBLICAR LA MULTA Y FACILITÓ LA ENTRADA DE LA

ONCE.1.10.01

EL SUPERVISOR DE LA CNMV ADMITE QUE EN ABRIL DE 1999 SE PROPUSO LA INTERVENCIÓN. BOTELLA

RECONOCE QUE UN CERTIFICADO FALSO SALVÓ A GESCARTERA. 1.10.01

EL DOCUMENTO FALSO QUE TAPÓ UN 'AGUJERO' DE 4.000 MILLONES. 1.10.01

EL ECÓNOMO DEL ARZOBISPADO DE VALLADOLID FUE CONDENADO POR VENDER FINCAS DE UNA

HERENCIA. LA AUDIENCIA DA LA RAZÓN A LA MUJER QUE DEMANDÓ AL ECÓNOMO PERALTA, VINCULADO A

Gescartera. 1.10

DOCUMENTOS DE LA CNMV INDICAN QUE EL EX SECRETARIO FRENÓ LA INVESTIGACIÓN A GESCARTERA.

ALONSO UREBA DESAUTORIZÓ PETICIONES DE INFORMACIÓN A CLIENTES, ENTRE ELLOS EL ARZOBISPO

DE VALLADOLID.3.10.01

ECÓNOMO DE VALLADOLID: LA JUEZ REQUIERE LOS LIBROS DE CUENTAS DE 1996 A 2000.3.10.10

LAS INVERSIONES DE LA ARMADA : EL TENIENTE TESORERO TENÍA UNA INVERSIÓN PERSONAL EN

GESCARTERA.3.01.10

LAS INVERSIONES DE CETARSA.3.01.10

LAS INVERSIONES DE MERCASA. 3.10.01

GESCARTERA ENVIÓ AL EX SECRETARIO DE LA CNMV UN BORRADOR DE RESPUESTA A ESPALDAS DE LA

INSPECCIÓN. 4.10.01

LA FRAGILIDAD DE LAS 'PRUEBAS IRREFUTABLES'.4.10.01

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LOS PRINCIPALES IMPUTADOS EN EL 'CASO GESCARTERA' SE DECLARAN LA GUERRA MUTUAMENTE.EL

ABOGADO DE CAMACHO SOMETE A UN INTERROGATORIO INQUISITORIAL AL APODERADO RUIZ DE LA

SERNA.4.10.01

FRAGA FELICITA A MOREY POR GESCARTERA.4.10.01

EL ARZOBISPADO DE VALLADOLID ADEUDA DESDE 1998 CUATRO MESES DE SALARIOS A 79 PROFESORES

DE RELIGIÓN.4.10.01

LA IGLESIA ALEGA QUE LA CONDENA AL ECÓNOMO FUE CIVIL Y NO PENAL.4.10.01

LA POLICÍA SE LLEVA UN ORDENADOR Y UNA CAJA DE DOCUMENTACIÓN EN VARIOS REGISTROS A UN

SOCIO DE CAMACHO. 5.10.01

RAMALLO Y ALONSO ENCARGAN AL MISMO PERITO LA PRUEBA CALIGRÁFICA . 5.10.01

EL EX SECRETARIO DE HACIENDA SE CONTRADICE EN SU DECLARACIÓN JUDICIAL

GIMÉNEZ-REYNA ADMITE QUE TRATÓ CON CAMACHO LA VENTA DE SEFISUR. 5.10.01

LA INSPECCIÓN INFORMÓ A PILAR VALIENTE DE LA GRAVE SITUACIÓN DE GESCARTERA EN FEBRERO DE

1999. LA EX PRESIDENTA DE LA CNMV DECLARÓ AL CONGRESO QUE SÓLO CONOCIÓ EL PROBLEMA A

PARTIR DE ABRIL. 5.10.01

EL DIRECTOR DEL HSBC OCULTÓ AL CONGRESO UN PRÉSTAMO A UNA EMPRESA DE RATO. MUINMO

CERRÓ 1999 CON UNAS DEUDAS DE 545 MILLONES Y UNAS PÉRDIDAS DE 129 MILLONES. 6.10.01

RATO: 'NUNCA HABLÉ CON DIRECTIVOS DEL HSBC SOBRE ESTA CUESTIÓN'. 6.10.01

AZNAR : " EL MEJOR MINISTRO " . 6.10.01

EL DIRECTOR GENERAL DEL HSBC OCULTÓ ANTE EL CONGRESO EL CRÉDITO A LA EMPRESA DE RATO.

JAIME GALOBART NEGÓ QUE MIEMBROS DEL GOBIERNO O SUS FAMILIARES TUVIESEN PRÉSTAMOS DEL

BANCO. 6.10.01

CAMACHO ENVIÓ REGALOS DE LOEWE A MIEMBROS DE LA CNMV Y AL SECRETARIO DE HACIENDA.

ENRIQUE GIMÉNEZ-REYNA RECIBIÓ DOS MALETAS VALORADAS EN TOTAL EN 245.000 PESETAS

EL PSOE PIDE QUE SE INVESTIGUE SI ALGUIEN RETUVO LA CARTA DE GALOBART

EL FISCAL SOLICITA QUE DECLAREN COMO TESTIGOS DOS DIRECTIVOS DE LA CAIXA Y EL APODERADO DE

AMERINVEST

RATO ASEGURA QUE CUENTA CON EL APOYO DE AZNAR FRENTE A LA PRESIÓN PARA QUE DIMITA. EL

VICEPRESIDENTE COMENTA QUE ' SABE ASESTAR GOLPES EN POLÍTICA , PERO TAMBIÉN RECIBIRLOS '

LA OPOSICIÓN PRETENDE QUE RATO EXPLIQUE SU CRÉDITO CON EL HSBC

EL PSOE PREGUNTA POR QUÉ ARENAS DISPONE DE 'INFORMACIÓN PRIVILEGIADA'

EL ARZOBISPADO DE VALLADOLID ESPECULABA A CORTO PLAZO EN SU CUENTA DE Gescartera. EL

ECÓNOMO INGRESABA ENTRE 15 Y 55 MILLONES CADA POCOS DÍAS, AUNQUE LO NEGÓ EN EL CONGRESO

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HACIENDA PARÓ UNA INSPECCIÓN A GESCARTERA 20 DÍAS DESPUÉS DE ABRIRLA

LA INVESTIGACIÓN FISCAL A LA SOCIEDAD DE CAMACHO QUEDÓ INCONCLUSA EN ABRIL DE 1998. 9 . 10 .01

EL BANCO DE ESPAÑA ACREDITA QUE GESCARTERA NUNCA SUMÓ MÁS DE 3.000 MILLONES EN SUS

CUENTAS BANCARIAS. 9 . 10 .01

EL EMPRESARIO ACUSADO DE LAVAR DINERO NEGRO DEJA LA SOCIEDAD. 9 . 10 .01

EL MINISTRO DE HACIENDA REVELA 'INDICIOS' QUE LIGAN EL DINERO NEGRO DE GESCARTERA CON EL

PSOE. 9 . 10 .01

HACIENDA ADMITE QUE APARCÓ CUATRO INSPECCIONES A GESCARTERA "POR POSIBLE INEFICACIA". LA

AGENCIA TRIBUTARIA AFIRMA QUE NO HUBO 'CONDUCTAS CONCERTADAS' PARA FAVORECER A

CAMACHO.10.10.01

RAMALLO FIRMÓ RESOLUCIONES EN LA CNMV SOBRE 11 EMPRESAS CON LAS QUE LUEGO TRABAJÓ. EL

ORGANISMO REGULADOR REMITE A ADMINISTRACIONES PÚBLICAS UNA LISTA CON LAS COINCIDENCIAS.

10.10.01

LA COMISIÓN DESCUBRE QUE RAMALLO RECIBIÓ DE CAMACHO 11 REGALOS DE HERMÉS VALORADOS EN

1.119.000 PESETAS. 10.10.01

EL PSOE ACUSA A RATO POR VULNERAR LA LEY CON SUS EMISORAS DE RADIO . 10.10.01

EL CORONEL GIMÉNEZ-REYNA NIEGA QUE INFORMARA SOBRE DINERO NEGRO A CAMACHO. HERMOSÍN

DICE QUE SUGIRIÓ PERO NO ACONSEJÓ A SAES INVERTIR EN Gescartera. 10.10.01

EL CONSEJERO SUPERVISOR AFIRMA QUE SE PLANTEÓ LA INTERVENCIÓN DE GESCARTERA Y OTROS DOS

LO NIEGAN. JOSÉ MANUEL BARBERÁN SEÑALA QUE RAMALLO DEFENDIÓ A CAMACHO EN EL CONSEJO DE

LA CNMV.11.10.01

RATO PRUEBA CON UN CERTIFICADO QUE NO INTERVINO EN EL CRÉDITO A Muinmo. 11.10.01

LA COMISIÓN INDAGA POR QUÉ LA AGENCIA TRIBUTARIA DETUVO LA INSPECCIÓN FISCAL.11.10.01

RAMALLO DEVUELVE 1,6 MILLONES DE LOS REGALOS Y ADMITE QUE SU HIJA ES SOCIA DE CAMACHO. EL

EX DIPUTADO DEL PP COMUNICA AL CONGRESO QUE YA HA INGRESADO EL DINERO EN EL JUZGADO.

11.10.01

EL GOBIERNO DE EXTREMADURA RETIRA LAS AYUDAS A MANOS UNIDAS. 11.10.01

LA CNMV NO PIDIÓ INFORMACIÓN A LA CAIXA ANTES DE LA INTERVENCIÓN. 11.10.01

EL PP PROMOVERÁ UNA 'PROFUNDA REFORMA' DE LA CNMV TRAS EL 'CASO GESCARTERA' .EL GOBIERNO

QUIERE IMPONER LÍMITES A LAS INVERSIONES DE LAS INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO.12.10.01

CALDERA EXIGE QUE RATO 'DÉ LA CARA POR EL INCREÍBLE' CRÉDITO DEL HSBC A SU FAMILIA.12.10.01.0

HISTORIA DE UNA FOTO.12.10.01

EL ASESOR FISCAL DE LA AGENCIA ENDOSÓ PÉRDIDAS A UN CURA DE CUENCA.12.10.01

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CAMACHO SUGIERE A LA JUEZ QUE SIGA LA PISTA A LOS TALONES DE LA CAIXA.12.10.01

UN BUFETE DE JERSEY PROPORCIONÓ TESTAFERROS A CAMACHO PARA APODERAR SUS SOCIEDADES

OPACAS. LOS CONTRATOS LOS FIRMÓ EN LONDRES ANTE RUIZ DE LA SERNA Y DOS ABOGADOS

ESPAÑOLES .14.10.01

RATO DICE QUE COMPARECERÁ ANTE LA COMISIÓN GESCARTERA CUANTAS VECES SEA NECESARIO.

14.10.01

EL PSOE ASEGURA QUE LA TRAMA DEL ESCÁNDALO SE DEBIÓ A UNA 'CONSPIRACIÓN'

ARENAS INSISTE EN QUE EL PP ES 'ABSOLUTAMENTE INCOMPATIBLE' CON LA CORRUPCIÓN. 14.10.01

EL BANCO CENTRAL DE LUXEMBURGO ALERTÓ A LA CNMV SOBRE GESCARTERA EN ENERO DE 1999. LA

ENTIDAD FINANCIERA CUESTIONÓ LA OPERACIÓN QUE SALVÓ A LA EMPRESA DE CAMACHO DE SER

INTERVENIDA.15.10.01

EL PSOE PEDIRÁ LA PRÓRROGA DE LA COMISIÓN HASTA RECIBIR EL INFORME DEL DINERO NEGRO .

15.10.01

MARDONES ABOGA POR REFORMAR LA LEY DE LA CNMV. 15.10.01

BANESTO COMPRÓ EN 1999 ACCIONES DE TRES EMPRESAS DE LA FAMILIA RATO. 15.10.01

LA CNMV NO ACLARÓ LAS DUDAS QUE LE PLANTEÓ EL BANCO DE LUXEMBURGO SOBRE GESCARTERA.

VALIENTE LE DIJO A RATO QUE 'NO CONSTA' QUE RESPONDIERAN SOBRE LA 'HONORABILIDAD' DE LA

AGENCIA.16.01.00

ALONSO IMPUSO A LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN LA DENOMINACIÓN DE 'BORRADOR'. 16.01.00

GIMÉNEZ-REYNA CONFUNDIÓ ANTE LA JUEZ EL MOTIVO DE SU VIAJE A LONDRES DEL AÑO 2000. 16.01.00

ZAPATERO CUESTIONA QUE EL CARGO DE RATO SEA COMPATIBLE CON SUS NEGOCIOS PRIVADOS. IU

PIDE QUE EL PARLAMENTO ANALICE LOS CRÉDITOS A EMPRESAS DEL VICEPRESIDENTE . 16.01.00

EL JEFE DE LA CNMV QUE PROPUSO EL ASCENSO AFIRMA QUE GESCARTERA INCUMPLIÓ SUS

REQUISITOS. SU SUCESOR DICE QUE PECÓ DE 'EXCESO DE CELO' AL RECLAMAR QUE CAMACHO

CUMPLIESE TODAS LAS CONDICIONES.17.10.01

EL GOBIERNO ESTIMA COMPATIBLE LA RELACIÓN DE RAMALLO CON GESCARTERA

EL PSOE CALIFICA DE "VERGONZOSA E INCONCEBIBLE" LA RESOLUCIÓN DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS. 17.10.01

EL SUPREMO CALIFICA EL OFICIO DE NOTARIO DE PÚBLICO Y PRIVADO . 17.10.01

ANTICORRUPCIÓN PIDE AL JUEZ QUE INVESTIGUE SI LOS REGALOS A RAMALLO SON UN COHECHO.

REMITIDO AL JUEZ EL ESCRITO EN EL QUE ADMITE REGALOS POR TRES MILLONES. 18.10.01

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FUNCIONARIOS DE HACIENDA CRITICAN LA AUDITORÍA SOBRE LAS INSPECCIONES FRUSTRADAS A

GESCARTERA. EL GOBIERNO REVELA QUE ASESORES 2000 COBRÓ UNOS 200 MILLONES DE EMPRESAS

PÚBLICAS. 18.10.01

UN ASESOR FISCAL DE CAMACHO ADMITE QUE EMITIÓ CHEQUES SIN FONDOS PORQUE EL DUEÑO DE

GESCARTERA SE LO PIDIÓ . 18.10.01

EL MARIDO DE LA ALCALDESA DE CÁDIZ RECONOCE QUE ES APODERADO DE UNA AGENCIA DE VIAJES DE

LA FAMILIA RATO. 18.10.01

LA CNMV BORRÓ LOS CORREOS ELECTRÓNICOS DEL INSPECTOR QUE DESCUBRIÓ EL FRAUDE DE

GESCARTERA. 19.10.01

LA GENERALITAT VALENCIANA OBTUVO DEL HSBC EL CRÉDITO MÁS BLANDO DE LOS 11 QUE AVALÓ PARA

TERRA MÍTICA. EL BANCO QUE COLABORÓ CON GESCARTERA PRESTÓ 6.655 MILLONES A LA SOCIEDAD

PARQUE TEMÁTICO. 19.10.01

PILAR GIMÉNEZ-REYNA DETALLÓ A LA JUEZ CÓMO MEDIÓ SU HERMANO A FAVOR DE GESCARTERA.

'ENRIQUE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE UNA PARTE DEL CONSEJO [DE LA CNMV] SE ENTERA Y OTRA

NO'. 20.10.01

PILAR GIMÉNEZ-REYNA CONFIRMA LA REUNIÓN DE SU HERMANO Y RAMALLO PARA HABLAR DE

GESCARTERA. LA JUEZ PIDIÓ A LA IMPUTADA QUE 'TRADUJERA' SU AGENDA Y ÉSTA RATIFICÓ TODAS LAS

IMPLICACIONES.21.10.01

PILAR GIMÉNEZ-REYNA REVELA CÓMO GESCARTERA FICHÓ A RAMALLO.22.10.01

EL EX DIPUTADO DEL PP FIRMÓ PODERES A MOREY PARA TODO EL GRUPO DE CAMACHO.22.10.01

RATO REFORMARÁ LA CNMV EN LA LEY FINANCIERA PARA EVITAR CASOS COMO EL DE Gescartera.

ECONOMÍA INCORPORARÁ A LA NUEVA NORMA LAS PROPUESTAS QUE APRUEBE LA COMISIÓN DE

INVESTIGACIÓN.23.10.01

LA JUEZ PALACIOS VE INDICIOS DE COHECHO EN LOS REGALOS RECIBIDOS POR RAMALLO

EL PP QUIERE QUE RATO Y MONTORO CIERREN EL LUNES LAS DECLARACIONES ANTE LA COMISIÓN

EL PP IMPONE UN TRATO PRIVILEGIADO A MONTORO Y RATO EN LA COMISIÓN QUE INVESTIGA

GESCARTERA. LOS MINISTROS EVITARÁN LA FÓRMULA DE INTERROGATORIO UTILIZADA PARA EL RESTO

DE COMPARECIENTES.24.10.01

EL COMITÉ DE DISCIPLINA DEL PP CITA A RAMALLO POR SU RELACIÓN CON Gescartera.24.10.01

CARUANA PIDE QUE PARTE DE SU COMPARECENCIA SEA A PUERTA CERRADA

EL PP SE ENFRENTA A TODA LA OPOSICIÓN PARA DAR VENTAJAS EN LA COMISIÓN A RATO Y MONTORO.

LOS DIPUTADOS QUE INVESTIGAN EL 'CASO GESCARTERA' DECIDIRÁN EL MARTES SI COMPARECE

ALGUIEN MÁS.25.10.01

LOS DUEÑOS DE LA EMPRESA DE COMUNICACIÓN A LA QUE CAMACHO Y EL PP ACUSAN DE BLANQUEO

COMPARECEN HOY.25.10.01

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UN TESTIGO DECLARA QUE CAMACHO ERA PROPIETARIO DE UN 'HOLDING' EN BELICE.25.10.01

UN COLABORADOR DEL VICEPRESIDENTE FUE A REUNIONES SOBRE Gescartera.25.10.01

MOREY INFORMA A FRAGA.25.10.01

HACIENDA OCULTA AL CONGRESO UN ACTA LEVANTADA A UN ESTAFADO DE GESCARTERA POR 156

MILLONES. 26.10.01

EL HSBC TIENE 138 CUENTAS OPACAS EN ESPAÑA POR VALOR DE 11.292 MILLONES.27.10.01

EL GOBERNADOR ASEGURA QUE NO PUEDE INVESTIGAR EL CRÉDITO DE LA EMPRESA DE RATO.27.10.01

FOLGADO AFIRMA QUE EL ASCENSO DE GESCARTERA FACILITÓ QUE FUESE INTERVENIDA.27.10.01

LA JUEZ PALACIOS DEBE DECIDIR SI CITA A DECLARAR A PILAR VALIENTE Y LUIS RAMALLO.27.10.01

EL EX APODERADO DE GESCARTERA DICE QUE EL HSBC PREPARÓ LAS INVERSIONES FALSAS. RUIZ DE LA

SERNA ASEGURA QUE EL DOCUMENTO DE MARTIN INVESTMENT SE LO ENVIÓ SALVADOR PASTOR.28.10.01

EL HSBC TIENE 17.000 MILLONES EN CRÉDITOS A AUTONOMÍAS Y EMPRESAS PÚBLICAS.28.10.01

EL PSOE ACUSA AL GOBIERNO DE CERRAR LA COMISIÓN SOBRE GESCARTERA PARA NO INVESTIGAR EL

DINERO NEGRO .RATO Y MONTORO RECIBIRÁN HOY UN TRATO ESPECIAL EN SU COMPARECENCIA EN EL

CONGRESO.29.10.01

UNA INSPECCIÓN DE LA CNMV DESCUBRIÓ EN MAYO DE 1999 LAS CUENTAS CIFRADAS SUIZAS EN EL HSBC

.EL BANCO OCULTÓ AL ORGANISMO SUPERVISOR LA IDENTIDAD DE 30 PARTÍCIPES EN UN FONDO DE

INVERSIÓN.29.10.01

HACIENDA ADMITE QUE GIMÉNEZ-REYNA CAMBIÓ LA POSICIÓN DEL GOBIERNO SOBRE LOTERÍAS EN

FAVOR DE LA ONCE.29.10.01

RATO CREE YA DEPURADA TODA LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA POR Gescartera.

EL VICEPRESIDENTE NIEGA QUE LOS BANCOS HAYAN DADO TRATO DE FAVOR A SUS EMPRESAS. 30.10.01

EL MINISTRO ANUNCIA 12 MEDIDAS PARA AUMENTAR EL CONTROL DE LA CNMV.30.10.01

EL GOBIERNO ADMITE QUE LAS CUENTAS CIFRADAS DEL HSBC SON ILEGALES Y ANUNCIA UNA

INVESTIGACIÓN. EL VICEPRESIDENTE ECONÓMICO CORRIGE EN EL CONGRESO AL GOBERNADOR DEL

BANCO DE ESPAÑA.30.10.01

AZNAR VATICINA QUE RATO 'VA A TENER MUCHA MÁS VIDA POLÍTICA QUE LOS QUE LE ATACAN' .30.10.01

EL PSOE ADVIERTE A AZNAR DE QUE UNE SU DESTINO AL DEL VICEPRESIDENTE AL DEFENDERLE.30.10.01

LA OPOSICIÓN CULPA A MONTORO DE LA INEFICACIA DE SU DEPARTAMENTO ANTE LA ESTAFA DE

GESCARTERA. EL TITULAR DE HACIENDA REVELA QUE 180 CLIENTES DE LA AGENCIA DE VALORES DEBEN

AL FISCO 3.500 MILLONES.30.10.01

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EL MINISTRO SE ATRINCHERA. RODRIGO RATO RESPONDE UNO A UNO A LOS PORTAVOCES, MIENTRAS MONTORO LES CONTESTA EN BLOQUE.30.10.01

EL PP ECHA EL CIERRE A LA INVESTIGACIÓN SOBRE Gescartera.31.10.01

EL PSOE AFIRMA QUE MONTORO Y RATO SEGUIRÁN LOS PASOS DE VALIENTE Y GIMÉNEZ-REYNA.31.10.01

RATO EXIGIÓ INVESTIGAR LAS CUENTAS CIFRADAS DEL HSBC HORAS ANTES DE COMPARECER EN EL

CONGRESO. EL BANCO DE ESPAÑA SOSTIENE QUE NO PUEDE AVERIGUAR LOS CLIENTES PROPIETARIOS

DE LOS DEPÓSITOS.31.10.01

TELEFÓNICA CONTRATÓ AL HSBC PARA UNA VENTA DE ACCIONES EN NOVIEMBRE DE 2000. LA FILIAL DEL BANCO BRITÁNICO GANÓ EN LA OPERACIÓN AL MENOS 92 MILLONES.31.10.01

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EL PP Y EL GOBIERNO ESPERAN QUE EL EX SECRETARIO DE LA CNMV AVALE SU VERSIÓN SOBRE GESCARTERA. ALONSO UREBA ASEGURA TENER DOCUMENTOS QUE PRUEBAN QUE NO SE HABLÓ DE INTERVENCIÓN EN 1999. 1 de Octubre 2001

El Gobierno y el PP confían en que Antonio Alonso Ureba, ex secretario del consejo de la

Comisión Nacional del Mercado de Valores, avale la versión oficial del caso Gescartera y

aporte 'documentos incuestionables' que respalden la versión de Pilar Valiente sobre por qué

no se intervino la sociedad de Antonio Camacho en 1999. El PP ya ha esgrimido las actas del

consejo del 16 de abril de 1999 como la única verdad demostrada e intenta probar que nadie

propuso intervenir la sociedad de Antonio Camacho, en contra de lo que han dicho Juan

Fernández-Armesto, entonces presidente de la CNMV, y David Vives, el ex director de

Supervisión que descubrió que en Gescartera faltaba dinero y había certificados falsos.

Antonio Alonso Ureba remitió el pasado jueves una carta a la comisión Gescartera en la que

anunciaba una querella contra David Vives, decía tener documentos que demuestran que el ex

director de Supervisión de la CNMV mintió en esa comisión y pedía comparecer en ella. La

avalancha de papeles que llega a diario a la comisión no impidió que esa carta se abriera paso

y fuera distribuida inmediatamente por el portavoz del PP, Vicente Martínez Pujalte.

El PP, que no había incluido inicialmente a Alonso en su lista de comparecientes, urgió a la

comisión para llamarle. Irá el miércoles. El PP y el Gobierno dicen saber que los documentos

que aportará Alonso serán "incuestionables". La oposición reclamó sin éxito que los entregue

48 horas antes de su comparecencia.

Pero el primer papel de Alonso ya ha llegado a la comisión. Son dos "propuestas de acuerdo"

grapadas al acta del consejo del 16 de abril de 1999 y remitidas como parte de la

documentación aportada por la CNMV. Valiente dijo el jueves que recuerda que fueron

debatidas ese día. Fernández-Armesto aseguró el viernes no haberlos visto en su vida y

desconocer cómo podían haber llegado hasta allí. Después concluyó que, "por lógica", podrían

ser un esquema que hubiera "meditado" la noche anterior Alonso.

Esas propuestas de acuerdos casan además con el orden del día y el acta de aquella reunión.

Alonso redactó ambas a posteriori y recogió en acta, como es habitual, los acuerdos

alcanzados. Al acta se suman esas dos propuestas de acuerdo, apócrifas para Fernández-

Armesto.Armesto y Vives declararon que no se llevaron "ni un papel" de la CNMV. El PP y el

Gobierno confían en que los documentos de Alonso demuestren que nadie habló de

intervención aquel 16 de abril.

Este propósito choca con la respuesta que todos -Vives, Fernández-Armesto, Valiente y

Ramallo- han dado: sí se habló de intervenir Gescartera en el consejo del 16 de abril de 1999.

El PP requirió en la comisión a Fernández-Armesto para que dijera si hubo una propuesta

"formal" y éste explicó hasta la extenuación que cuando vio que era imposible consensuar esa

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medida intentó un acuerdo que no excluía una posterior intervención. La oposición reclamó a

Valiente y Ramallo que dijeran si se habló de intervención; ambos admitieron finalmente que sí,

pero sin "propuesta formal". Lo que está en juego es saber si la CNMV pudo abortar el fiasco

de Gescartera cuando el agujero detectado era de 4.500 millones de pesetas, en vez de los

18.000 a que los que luego llegó.

Fernández-Armesto aseguró que "la responsabilidad" por no haber intervenido "es de todos".

Valiente, en cambio, se presentó como "la bestia negra" de Gescartera. El pasado 13 de junio,

otro consejo extraordinario de la CNMV acordó la intervención de Gescartera por "la

imposibilidad de conocer la situación económico-financiera en que se encuentra la sociedad", y

porque se habían detectado certificados falsos. Es decir, por dos hechos ya detectados en abril

de 1999. Además, en ese consejo de la CNMV sólo una persona, Pilar Valiente, sabía que dos

años y medio antes ya se había discutido la intervención por el descuadre de cuentas de

Gescartera y los certificados falsos. Los demás eran consejeros nuevos, y se enfrentaban a

una denuncia de Caja Madrid por un tampón falso y a la huida en desbandada de los

principales clientes de Gescartera, empezando por la ONCE.

DE LA COMISIÓN DE VALORES A TELEFÓNICA. 1 de Octubre 2001

Antonio Alonso Ureba, 42 años, es desde febrero secretario del consejo de Telefónica. Saltó

allí desde la CNMV. Y eso que Telefónica parece uno de los desencadenantes no declarados

de la salida de la CNMV de Fernández-Armesto y Ramallo. Alonso aparece citado en el diario

de Pilar Giménez-Reyna. En la CNMV era un hombre cercano a Pilar Valiente. Cuando fue

nombrada presidenta hizo que ocupara el despacho tradicionalmente reservado al

vicepresidente. Fichó a un primo de éste, Juan Carlos Basallote. Nombró jefe de su gabinete a

quien había sido número dos de Alonso. Y eligió como secretarias a dos colaboradoras de

éste. Alonso estuvo cinco horas en el despacho de Valiente el día antes de que ella

compareciera ante el Congreso el pasado 2 de agosto.

LA AGENDA DE GIMÉNEZ-REYNA PRUEBA QUE EN 1999 ESPERABA LA INTERVENCIÓN. LAS ANOTACIONES PERSONALES DE LA HERMANA DEL EX SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA REFLEJAN FIELMENTE LA INTERVENCIÓN FRUSTRADA DE Gescartera. 1 de Octubre 2001

Los supervisores de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) descubrieron el

agujero de Gescartera a principios de 1999. Los inspectores registraron las cuentas de la

sociedad y concluyeron que faltaban 4.518 millones de pesetas. De un solo cliente, el

Arzobispado de Valladolid, que desde 1996 entregaba cheques quincenales de entre 15 y 20

millones de pesetas para que Gescartera se los invirtiera, habían desaparecido más de 1.000

millones. En marzo de 1999, los supervisores decidieron visitar el Arzobispado e investigar a

fondo. Para tapar el agujero, el dueño de Gescartera, Antonio Camacho, viajó unos días

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después a Valladolid con un cheque de 1.105 millones. Aquel episodio llevó a los supervisores

de la CNMV a proponer a sus jefes la intervención de la sociedad. Pero tres de los seis

consejeros de la CNMV se opusieron a la medida.

El secretario del consejo, Antonio Alonso Ureba, expuso los inconvenientes jurídicos de

proceder a la intervención y propuso una solución 'imaginativa' que fue aprobada por consenso

y que consta en las actas de la reunión.

De los primeros meses de 1999 dejan constancia un informe oficial de la dirección de

Supervisión de la CNMV y la agenda personal de Pilar Giménez-Reyna, entonces

vicepresidenta de Gescartera. En ambos documentos, las fechas clave y los hechos más

relevantes de este escándalo muestran una extraordinaria coincidencia. En la comisión

parlamentaria de investigación, la ex presidenta de la CNMV, Pilar Valiente, y el ex secretario

de estado de Hacienda Enrique Giménez-Reyna sugirieron que las anotaciones de la

presidenta de Gescartera podían ser falsas. Para ser una agenda supuestamente falsa su

parecido a la realidad de la CNMV es muy alto. Hasta el punto de que, en días clave, los

comentarios son idénticos, salvo que Pilar Giménez-Reyna acompaña el relato con

expresiones como 'Confío en Dios plenamente', '¡Tarde horribilis!'...

Hay ocasiones, incluso, en las que la capacidad de predecir el futuro de Pilar Giménez-Reyna

es casi milagrosa. Si el 19 de febrero le preocupa un 'requerimiento de la CNMV (amenaza de

intervención)', el 23 de marzo canta victoria: '¡Fin de la CNMV! Llamada de P. Valiente'. Y al día

siguiente ya sabe que el consejo de la Comisión de Valores no es unánime, que hay dos

'bandos'.

El relato de las visitas que la CNMV hizo al ecónomo del Arzobispado de Valladolid, Enrique

Peralta, tiene el detalle de quien posee información directa. El 30 de marzo relata que los

inspectores de la CNMV se reúnen con representantes de Gescartera y con el ecónomo. En

esa reunión, la CNMV no ve despejadas las 'serias dudas existentes sobre su saldo de

efectivo'. Pilar Giménez-Reyna escribe: 'Antonio llega de la CNMV pesimista'. Pero ella supo

algo más: 'Alberto Alonso está reunido con el presidente . Empezamos a limpiar'. Este

conocimiento de reuniones al más alto nivel en la CNMV va más allá de lo que puede

esperarse de la vicepresidenta de una sociedad de cartera, que ese mismo día apostilla: 'Se

desestima la intervención, según S. Ibarra'. ¿Quién es S. Ibarra? Jesús Ibarra era director de

inspección y 'S. Ibarra' podría ser señor Ibarra.

Tres días antes del consejo extraordinario del 16 de abril, Pilar Giménez-Reyna relata un

encuentro con Enrique (Giménez-Reyna), ella y Antonio Camacho antes de que el director

general de Tributos se vaya 'a Bruselas'. Le dicen que el jueves (15) Luis Ramallo le irá a visitar

al Ministerio. El 14, 'Enrique vuelve de Bruselas y pide toda la documentación'. El 15, Pilar

Giménez Reyna da cuenta de la reunión en el Ministerio de Hacienda de su hermano con

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Ramallo y el jefe de gabinete de éste, José María Ramírez. Escribe que en la CNMV no hay

'noticias'.

Y el día 16, la clave: 'Expediente contra todo el consejo . Bloquean cuentas CLIENTES

GESCARTERA. Se hará desglose por cliente'. Ése fue el acuerdo del enfrentado consejo de

aquel día en el que Vives y Armesto defendieron sin éxito la intervención. También Giménez-

Reyna supo que había una 'reunión urgente del consejo de la CNMV'.

Armesto dijo el viernes en el Congreso que el 15 de abril por la tarde avisó por teléfono a los

dos consejeros externos y que, 'por lógica', tuvo que comunicárselo al resto verbalmente. Pero

el vicepresidente Ramallo no estaba. Había ido a ver a Enrique Giménez-Reyna. Su hermana

Pilar escribe: '¡Reunión urgente del consejo de la CNMV aprovechando la ausencia del vicep. y

de los demás consejeros. sólo estaba P. Valiente que avisa rápidamente'. Pilar Valiente dijo el

jueves en el Congreso que a ella la convocaron a ese consejo extraordinario el mismo día 16

cuando llegó a la CNMV.

LA GUARDIA CIVIL PUSO 320 MILLONES EL DÍA QUE LA ARMADA RECUPERÓ 300 EL DINERO INVERTIDO EN GESCARTERA PROCEDÍA DE LA VENTA DE UN CUARTEL. 1 de Octubre 2001

El 21 de mayo de este año, el mismo día en que la Armada recuperó -'por ventura', según

expresión del ministro Federico Trillo-Figueroa- los 300 millones de pesetas que reclamaba

desde principios de año a Gescartera, la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil decidió

invertir en la empresa de Antonio Camacho 320 millones de pesetas. Eran parte de los 1.868

millones obtenidos por la venta del cuartel del instituto armado en el barrio del Antiguo en San

Sebastián. La asociación ya tenía otros 100 millones en Gescartera.

La Armada recuperó sus 300 millones de pesetas con la ayuda de otros 320 millones de la

asociación de huérfanos del Instituto Armado. Así consta en la documentación que acaba de

recibir la comisión Gescartera. También consta el viaje, gratis total, que el coronel José

Giménez-Reyna y un grupo de oficiales de la Guardia Civil, de los que no se detalla el nombre,

realizó a París para ver la final de la Copa de Europa entre el Real Madrid y el Valencia el 24

de mayo del año pasado.

La diferencia es que, mientras la información sobre la venta del cuartel del barrio del Antiguo y

el desglose de inversiones financieras que se hicieron con esa operación está detallada, el

informe sobre aquel viaje a París ha sido catalogado de 'Secreto', pese a que, según los

diputados que han podido leerlo, recoge poco más que las noticias que se han publicado sobre

ese viaje y la citación para que el pasado día 24 de septiembre el coronel Giménez-Reyna

prestase declaración ante sus superiores. Esa declaración no se ha incluido, con el argumento

de que era urgente remitir la información al Parlamento. Los representantes de la oposición van

a reclamar el próximo jueves al presidente de la comisión, Luis Mardones, que recabe la

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declaración de Giménez-Reyna y que pregunte por qué esta información está catalogada de

secreta. Temen que sea así para que la comisión Gescartera no pueda llamar a declarar al

hermano del ex secretario de Estado de Hacienda. Y sospechan también que en el listado de

agraciados por aquel viaje estén algunos de los altos mandos de la Guardia Civil que

decidieron dedicar 320 millones a Gescartera el 21 de mayo de este año.

El acta de la junta económica de la Asociación Pro-Huérfanos, celebrada el pasado 21 de

mayo, recoge cómo se decidió invertir el dinero conseguido gracias a la venta del cuartel de la

Guardia Civil en la avenida de Zumalacárregui de San Sebastián.

Esa reunión estuvo presidida por el general Antonio Blanes, presidente de la Asociación Pro-

Huérfanos, y actuó de vicepresidente el general Antonio Espinosa Suárez. Asistieron como

vocales los coroneles Pedro Salgado Molero, Jorge Marín Lacasa, Serafín Alcázar Paramio y

Lorenzo García Ibáñez de Garayo. El secretario fue el capitán Ángel Rodríguez García-Leal. La

documentación que el Gobierno ha remitido a la comisión parlamentaria que investiga a

Gescartera refleja las millonarias propiedades e inversiones de la Asociación Pro-Huérfanos.

Como propietaria del cuartel del Antiguo, rescindió el contrato de arrendamiento que tenía con

la Dirección General del Cuerpo, y sacó a concurso su venta. Se presentaron ocho ofertas y la

que ofrecía un mejor precio fue la de Viviendas de Guipúzcoa, que pujó con 1.611 millones de

pesetas, más IVA (257,7 millones).

La Asociación adjudicó el 9 de febrero el inmueble al mejor postor, Viviendas de Guipúzcoa. En

la actualidad, el edificio del cuartel ya ha sido derruido y en su lugar van a ser construidas

viviendas de lujo, muy cerca de la playa de Ondarreta, en uno de los más enclaves más caros

de la ciudad. El 12 de febrero, el coronel Jorge Marín Lacasa comunicó a Viviendas de

Guipúzcoa que había ganado el concurso. El contrato de compra-venta fue firmado el 1 de

marzo por el general Blanes, por parte del instituto armado, e Ignacio Aguirre en representación

de Viviendas de Guipúzcoa.

Hasta ahí, todo documentado y legal. Como también fue legal la decisión del pasado 21 de

mayo de invertir 320 millones en Gescartera 'con una rentabilidad posible del 6,25%'. No está

documentada, en cambio, la entrega del dinero a Gescartera ni qué tipo de producto financiero

creyó comprar la Asociación Pro-Huérfanos.

Llama la atención que el dinero dedicado a Gescartera fuese trasvasado primero a una cuenta

corriente del Banco Atlántico. Los 420 millones que los huérfanos tenían en Gescartera

superan el 10% de sus inversiones en valores de renta fija y variable

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LAS RESPONSABILIDADES POLÍTICAS 'HAN LLEGADO A SU LÍMITE', SEGÚN EL MINISTRO DE HACIENDA. 1 de Octubre 2001

El Gobierno y el PP se esfuerzan en restar trascendencia al caso Gescartera, aduciendo que

'no es más que una estafa', y en dar por depuradas todas las responsabilidades políticas, para

descartar así que tenga que alcanzar a ministros. 'Entiendo que [las responsabilidades

políticas] claramente han llegado a su límite. Pero para eso está la comisión de investigación',

defendió el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en una entrevista en La Razón. El ministro

de la Presidencia, Juan José Lucas, defendió asimismo, en declaraciones a Europa Press que,

'si se toman las medidas oportunas para corregir, en cuanto se conoce, una situación

incorrecta; esto es, aceptar la dimisión, como un acto de coherencia y responsabilidad,

entonces la responsabilidad política no existe'.

Montoro sostuvo en otra entrevista, en La Vanguardia: 'Sería absurdo dimitir. Sería una

contradicción, pues se trata de una estafa [la de Gescartera] que siempre puede darse'. Una

tesis idéntica a la que esgrimió en Sevilla el secretario general del PP, Javier Arenas, quien

dijo, en una convención de los populares andaluces, que a cualquier Gobierno 'le puede surgir

una descomunal estafa'. Pero lo importante, subrayó Arenas, es que la sociedad compruebe

'cómo reaccionaban otros y cómo lo hace el PP. Nosotros somos incompatibles con la

corrupción'

LA CNMV REBAJÓ UNA SANCIÓN 'MUY GRAVE' A GESCARTERA POR UN SIMPLE 'CAMBIO DE ACTITUD' .LA COLABORACIÓN DE CAMACHO PERMITIÓ NO PUBLICAR LA MULTA Y FACILITÓ LA ENTRADA DE LA ONCE.1.10.01

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tomó el año pasado una decisión

crítica: rebajar una propuesta inicial de sanción 'muy grave' a Gescartera y dejarla simplemente

en 'grave', lo que en última instancia permitió no hacer pública la multa, facilitó la entrada de la

ONCE y con ello el ascenso de la sociedad de Antonio Camacho a agencia de valores. Y el

argumento básico para ello, según consta en un informe del organismo regulador fue un simple

'cambio de actitud' de Antonio Camacho a partir de julio de 1999.

La propuesta de los inspectores María Teresa de Miguel y Lucrecia Mosquera afirma lo

siguiente: 'La infracción muy grave consistente en obstruir la actuación inspectora de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no puede entenderse cometida o consumada como consecuencia del cambio de actitud experimentado por la entidad y por sus responsables'. Tras este razonamiento, los inspectores proponen que esta falta se

califique como 'grave', lo que permitió al consejo de la CNMV celebrado el 13 de julio del año

pasado no hacer pública la sanción. La ley obliga a publicar las sanciones 'muy graves', pero

permite no hacerlo en las 'graves'.

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Sin embargo, antes de llegar a esta conclusión, el informe, con fecha de 11 de mayo de 2000,

da por probados todos los hechos por los que se le abrió expediente a Gescartera el 6 de abril

de 1999 por presunta falta muy grave: 'Los hechos constitutivos de los cargos imputados en el

presente procedimiento y que se relacionan en el capítulo de Hechos Probados de esta

propuesta de resolución han quedado debidamente acreditados', se razona en un apartado

anterior, en una incongruencia más de las que salpican este caso.

El cambio de actitud de Antonio Camacho tiene fecha: el 15 de julio de 1999, cuando David

Vives, entonces director general de Supervisión, pide ser relevado del caso tras los múltiples

obstáculos que encuentra para seguir adelante con la investigación, según ha declarado en el

Congreso durante la comisión de investigación. El nuevo equipo ad hoc que asume la

inspección está dirigido por Antonio Botella, quien compareció en el Congreso como director

general de Supervisión de la CNMV.

En varias reuniones semanales en la CNMV, David Vives advirtió a Botella y a los nuevos

responsables del caso Gescartera de sus dudas sobre este 'cambio de actitud' de Camacho,

pese a lo cual éste dio por buenos, pocos meses después (en noviembre de 1999),

documentos bancarios falsos de La Caixa que taparon un agujero de 4.000 millones de

pesetas. Vives también advirtió de que cambiar la fecha sobre la que se estaban centrando las

investigaciones (30 de noviembre de 1998), era 'un error grave' que permitiría a Gescartera

escapar y que equivalía a poner a cero todas las actuaciones de su departamento.

Curiosamente, esta advertencia toma cuerpo en el informe final sobre las sanciones a

Gescartera. En dos ocasiones, este texto confirma que 'a fecha de 30 de noviembre de 1998',

el punto en que centró Vives sus investigaciones, Gescartera viene a 'carecer de la contabilidad

y registros legales exigidos o llevarlos con vicios o irregularidades esenciales que impiden

conocer su situación financiera y patrimonial, conducta tipificada como muy grave'.

Sin embargo, con la nueva fecha de corte, en la jerga de la CNMV, decidida por Antonio Botella

en contra de las recomendaciones de David Vives, Gescartera sí puede acreditar lo que se le

exige (aunque con documentos falsos), lo que de nuevo conlleva una rebaja de la sanción de

'muy grave' a una de 'grave'.

Aún así, el consejo de la CNMV podía haber dado publicidad a la sanción, pues la ley permite

hacerlo en el caso de las sanciones de carácter 'grave'. Sin embargo, no se hizo, debido a la

oposición de tres consejeros (Pilar Valiente, el vicepresidente Luis Ramallo, y José María

Roldán), los mismos que se opusieron a intervenir Gescartera en 1999, según el testimonio que

dieron ante la comisión de investigación del Congreso el ex presidente del organismo Juan

Fernández-Armesto y el propio David Vives.

La fecha de este informe final es el 11 de mayo de 2000, y su resolución definitiva se produjo

en el consejo del 13 de julio de ese año, en el que se le impuso a la agencia Gescartera y a sus

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responsables una sanción total de 10 millones de pesetas. Además, se decidió no hacer

pública la sanción y se autorizó su ascenso a agencia de valores, bajo ciertas condiciones que

debía cumplir la ONCE y que finalmente nunca se cumplieron

EL SUPERVISOR DE LA CNMV ADMITE QUE EN ABRIL DE 1999 SE PROPUSO LA INTERVENCIÓN. BOTELLA RECONOCE QUE UN CERTIFICADO FALSO SALVÓ A GESCARTERA. 1.10.01

Antonio Botella, actual director de Supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de

Valores, se presenta como otra víctima de los engaños de Antonio Camacho, el dueño de

Gescartera. Admitió que dio por bueno un certificado falso de La Caixa de noviembre de 1999

que localizaba el dinero de Gescartera en tres cheques de la sociedad HARI-2000 por casi

4.000 millones. Botella admitió que en el consejo del 16 de abril de 1999 se propuso la

intervención. Con esta declaración desmiente la versión de la ex presidenta de la CNMV, Pilar

Valiente.

Botella admitió ante los diputados que no pidió comprobación de los certificados pese a que

sabía que se 'había propuesto la intervención' de Gescartera con anterioridad. Botella se hizo

cargo de la investigación de Gescartera en la segunda quincena de julio de 1999 y ya conocía

el intento de intervención de Gescartera, frustrado por el consejo de la CNMV. A una pregunta

del diputado del PNV Pedro Azpiazu, respondió que sí 'sabía que se había propuesto la

intervención'. Acto seguido intentó dar marcha atrás y apostilló: 'No sé si se habló o no. Sabía

que había un consejo extraordinario y que era para adoptar medidas'.

Entre agosto y septiembre de 1999, Botella se ocupó de saber si los 4.500 millones de

'descuadre' de Gescartera se iban a destinar a una Sivac (un fondo de inversión) de

Luxemburgo. Antes del 23 de septiembre, fecha límite para suscribir la Sicav, el HSBC (Hong

Kong and Shangai Banking Corporation) les comunica que no habría tal Sicav.

Botella explicó que tuvo una discusión 'muy fuerte' con Camacho para que aportara

documentación de dónde estaba el dinero. En noviembre recibió un certificado que acreditaba

que el dinero se había ingresado en una oficina de La Caixa en Majadahonda mediante tres

cheques de una empresa, Hari 2000, que suman 4.000 millones.

Botella nunca preguntó ni investigó si este certificado era falso, según admitió . Después, la

CNMV pidió a Gescartera que desglosara esos 4.000 millones entre los distintos clientes. Y,

curiosamente, al depositante de los 4.000 millones -Hari 2000- sólo le correspondía en ese

reparto 9,9 millones. Los diputados le preguntaron si eso no le llamó la atención. Respondió

que no tenía por qué mirar cuál era el desglose por clientes.

Ese hallazgo del dinero y su desglose por clientes sirvió a Botella para hacer un informe en el

que daba por solucionados los problemas de Gescartera. Después fue transformada en

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agencia de valores y, en mayo de este año, la CNMV volvió a pedir información a La Caixa por

dónde estaban los famosos 4.000 millones. Y el certificado del 25 de mayo, según Botella,

despertó las alarmas que desembocaron en la intervención.

EL DOCUMENTO FALSO QUE TAPÓ UN 'AGUJERO' DE 4.000 MILLONES. 1.10.01

Un certificado de una sucursal de La Caixa en Majadahonda (Madrid) acreditaba en noviembre

de 1999 la existencia de los 4.000 millones que la CNMV buscaba en las cuentas de

Gescartera. Los supervisores de la CNMV no sospecharon del certificado ni investigaron su

autenticidad. Un año y medio después, en mayo de 2001, los mismos supervisores que no

sospecharon del certificado investigaron su autenticidad y, al descubrir que era falso,

promovieron la intervención de Gescartera.

EL ECÓNOMO DEL ARZOBISPADO DE VALLADOLID FUE CONDENADO POR VENDER FINCAS DE UNA HERENCIA. LA AUDIENCIA DA LA RAZÓN A LA MUJER QUE DEMANDÓ AL ECÓNOMO PERALTA, VINCULADO A Gescartera. 1.10.01

La Audiencia Provincial de Valladolid ha confirmado la sentencia del juez de primera instancia

de aquella ciudad que el 31 de mayo de 2000 condenó al Arzobispado de Valladolid a que

restituyera un piso y cinco fincas rústicas pretendidamente adquiridas mediante la venta de un

legado que la sentencia anula. Los jueces ordenan la cancelación de la inscripción registral de

dichas fincas y dan la razón a los demandantes, al declarar subsistente el legado de un piso de

Concepción Méndez Carlón a "su fiel sirvienta", Felisa García de la Roza, que demandó al

ecónomo Enrique Peralta, relacionado con Gescartera.

Según recoge la sentencia ahora confirmada, Méndez Carlon, nacida en 1907 y fallecida en

1995, a los 88 años, otorgó el 31 de marzo de 1993 su último testamento ante un notario que

apreció su capacidad para testar.

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En la primera cláusula de ese testamento lega a García de la Roza un piso de su propiedad y

diversos títulos de valores. En la cláusula segunda lega a la Residencia de Ancianos de

Cisneros (Palencia) todas las fincas rústicas propiedad de la testadora en ese término. Y en la

cláusula tercera instituye heredera a la Diócesis de Valladolid del "remanente de todos sus

bienes, derechos y acciones".

Ante el mismo notario otorgó un poder general a favor del "reverendo don Enrique Peralta

Álvarez", en presencia de éste, quien venía con anterioridad encargándose de hecho de la

administración de los bienes de Méndez.

La sentencia relata que Peralta, haciendo uso del poder otorgado, vendió a Eleuterio Gatón

Terradillos cinco fincas rústicas de Cisneros, por un importe superior a los 20 millones de

pesetas, si bien tanto el apoderado como el comprador reconocieron que el precio real fue de

33 millones, de los que 13 millones se ingresaron en la Fundación Canónica del Arzobispado.

Igualmente, Peralta donó al arzobispado de Valladolid, mediante escritura otorgada en 1995, la

vivienda legada por Méndez Carlon a su sirvienta.

A la vista de estos hechos, Felisa García de la Roza, en su calidad de legataria, demandó a

Peralta y pidió al juzgado que declarara nula la donación de la vivienda, "utilizando

abusivamente un poder que no le facultaba para efectuar ese acto". Igualmente, la fundación

beneficiaria de las fincas legadas, Nuestra Señora de los Dolores, demandó a Peralta y al

comprador de las mismas.

Acumuladas todas las demandas, el juez de Valladolid dio la razón a García de la Roza y a la

fundación y condenó al Arzobispado "a la restitución de los inmuebles objeto de donación y

compraventa" o a pagar su equivalente pecuniario, sin perjuicio de las acciones que

"correspondan frente al apoderado que actúa abusivamente".

El juez de primera instancia, Ángel González, condena también al ecónomo Enrique Peralta a

indemnizar a la demandante Felisa García en la cantidad de 29.169 pesetas de gastos e

impone las costas al arzobispado y al ecónomo.

Por su parte, la Audiencia de Valladolid, al confirmar íntegramente el fallo, razona que Méndez

Carlon desconocía el uso que Peralta hizo "completamente a sus espaldas, aprovechando

abusivamente las facultades que le habían sido conferidas". "No parece consecuente que el

poder concedido a Peralta tuviera por finalidad que el apoderado procediese a la venta de las

fincas que en ese mismo día y, según voluntad de la testadora, habían sido legadas a una

fundación", añade la sentencia.

El ecónomo Enrique Peralta, tuvo que atender a los supervisores de la Comisión Nacional del

Mercado de Valores (CNMV) cuando se presentaron en el Arzobispado de Valladolid a pedir

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cuentas de más de 1.000 millones de pesetas de su propiedad desaparecidos por la gestión de

Gescartera.

El entonces director general de Supervisión en la CNMV, David Vives, señaló en el Congreso

que el ecónomo había colaborado con Gescartera para obstaculizar la investigación. La

colaboración consistía en firmas cartas dirigidas a la CNMV en las que afirmaba estar conforme

con la administración de los fondos eclesiásticos.

Pasada la medianoche, durante su declaración en la comisión de investigación y a preguntas

del socialista Juan Fernando López Aguilar y de Felipe Alcaraz (IU) acerca de si alguna vez

había sido condenado, el ecónomo lo negó. Y negó también haber sido multado. Con gesto de

desconcierto, y entre risas incluso de los diputados del PP, aseguró no recordar la multa. "No la

he pagado", dijo. "Usted sabe que mentir es pecado; si usted ha sido pillado en una mentira, en

que queda el resto de su testimonio", concluyó Alcaraz

DOCUMENTOS DE LA CNMV INDICAN QUE EL EX SECRETARIO FRENÓ LA INVESTIGACIÓN A GESCARTERA. ALONSO UREBA DESAUTORIZÓ PETICIONES DE INFORMACIÓN A CLIENTES, ENTRE ELLOS EL ARZOBISPO DE VALLADOLID.3.10.01

Después del frustrado intento de intervenir Gescartera el 16 de abril de 1999, los inspectores

de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se encontraron con un muro a la hora

de recabar más información sobre la sociedad de Antonio Camacho, donde sospechaban que

faltaban 4.500 millones de pesetas. El principal impedimento fue Antonio Alonso Ureba,

entonces secretario del consejo de la CNMV y hombre de confianza de Pilar Valiente, que frenó

diversos requerimientos de los inspectores para lograr más información de clientes. Al pie de

uno de esos documentos, una carta fechada el 20 de abril de 1999 en la que el entonces

director de Supervisión, David Vives, solicita al Arzobispado de Valladolid que aclare

afirmaciones suyas anteriores que aparecen como incongruentes, Alonso Ureba estampa de su

puño y letra: 'No conforme'.

Vives trataba de averiguar por qué el ecónomo del arzobispado había dado, dos semanas

antes, su conformidad a tres saldos sucesivos y contradictorios en Gescartera (30 millones de

pesetas; 30 millones de pesetas más 650 millones en acciones de Telefónica, y finalmente,

más de 1.100 millones en total). Para ello preparó un requerimiento que, antes de ser enviado,

tenía que recibir el visto bueno de los servicios jurídicos de la CNMV, dirigidos por Antonio

Alonso Ureba. Pese a que el requerimiento no es de una especial complicación jurídica,

Antonio Alonso Ureba negó su conformidad, reflejada al pie del escrito.

En su comparecencia de la semana pasada ante la comisión del Parlamento que investiga el

escándalo de Gescartera, la agencia de valores de la que han desaparecido 18.000 millones de

pesetas, Vives explicó que a partir del 16 de abril de 1999 ya no pudo seguir investigando el

caso con 'libertad', y que sufrió 'obstáculos' y trabas de todo tipo desde dentro del organismo

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regulador. Vives apuntó directamente a Antonio Alonso Ureba. Éste abandonó la CNMV a

principios de este año para pasar a ser secretario del consejo de administración de Telefónica,

cargo que desempeña en la actualidad. La denegación del permiso para averiguar más datos

sobre la actuación del Arzobispado de Valladolid no fue la única intervención de Alonso Ureba

en este sentido. Con fecha 3 de junio de 1999, la dirección de Supervisión de la CNMV había

preparado otras 10 misivas a otros tantos clientes para tratar de profundizar en la jungla de

mentiras y documentos falsos en que se había convertido el caso Gescartera. Entre ellos se

encontraban las monjas cistercienses, las Escuelas Cristianas, el Arzobispado de Burgos y la

Orden de San Agustín. De nuevo, Antonio Alonso Ureba negó su beneplácito, según un

memorando interno de la CNMV en el que se puede leer: 'Según AU [Alonso Ureba], no se

deben enviar estas cartas. Debemos esperar y ver qué se hace'. Esta nota interna, de junio de

1999, va firmada por 'LP', iniciales que corresponden a Luis Peigneux, subdirector de

Supervisión del organismo y mano derecha de David Vives en aquella época.

Este giro se produjo a raíz del consejo extraordinario de la CNMV del 16 de abril de 1999, en el

que, según la versión ofrecida en el Parlamento por Fernández-Armesto y Vives, se propuso la

intervención de Gescartera. Según este relato de los hechos, los consejeros Pilar Valiente y

José María Roldán y el vicepresidente Luis Ramallo se opusieron a la intervención, posición a

la que se sumó Antonio Alonso Ureba como secretario del consejo.

Mientras negaba su visto bueno a estos requerimientos, Alonso Ureba le explicaba a David

Vives lo siguiente, según un correo electrónico entre ambos fechado el 21 de mayo: 'Querido

David: ya sabes que no tengo que dar visto bueno a ningún papel que haga un compañero. (...)

Ya sabes que sólo me mueve ayudaros y me parecía que estáis en un callejón sin salida del

que cualquiera puede salir escaldado. Siento mucho si lo entiendes de otra manera, te

equivocarías'

ECÓNOMO DE VALLADOLID: LA JUEZ REQUIERE LOS LIBROS DE CUENTAS DE 1996 A 2000.3.10.10

La juez Teresa Palacios requiere a Enrique Peralta, ecónomo del Arzobispado de Valladolid,

para que entregue todos los libros y la contabilidad del Arzobispado correspondiente a los

ejercicios de 1996 a 2000, así como las declaraciones fiscales de cualquier índole relativa a

esas fechas. El testigo no acertó a explicar por qué una institución de la Iglesia, como el

Arzobispado de Valladolid, invirtió más de mil millones en una sociedad como Gescartera, de la

que, según dijo, sólo conocía a dos personas, Javier Valenzuela y Enrique García Tejerina,

directivos de Gescartera en Castilla y León. Además, Peralta aseguró que no recordaba si la

inversión había sido en renta fija o en renta variable. La documentación que obra en el juzgado

indica que la inversión fue en renta variable, mientras que él defendió anteriormente que la

inversión se realizó en renta fija. Más adelante, el ecónomo declaró que retiró la inversión, de

común acuerdo con el arzobispo, por el seguimiento que la CNMV estaba haciendo a

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Gescartera. Agregó que el cheque de la desinversión, por importe superior a mil millones, se lo

entregó Antonio Camacho en persona. La juez Palacios no creyó al ecónomo y por ello le

requirió para que presente cuanto antes los libros mayor y diario, así como todos los apuntes

contables de que disponga respecto a los ejercicios comprendidos entre 1996 y 2000. Peralta,

entonces, ofreció presentar el libro de bancos, 'donde suelo llevar las anotaciones contables'.

La magistrada, visiblemente molesta no le dejó seguir. 'No, todos los libros, que los peritos ya

delimitarán los que son más transcendentes al hacer su informe pericial. Además, aporte las

declaraciones fiscales de toda índole correspondiente a esos ejercicios, como IRPF, Impuesto

de Sociedades, transacciones patrimoniales que se hayan producido...'.

LAS INVERSIONES DE LA ARMADA : EL TENIENTE TESORERO TENÍA UNA INVERSIÓN PERSONAL EN GESCARTERA.3.01.10

El tesorero del Servicio de Seguridad Social de la Armada (SSA), teniente Francisco Chana, no

sólo decidió invertir el dinero de las cuotas sociales de ese cuerpo en Gescartera, sino que

tenía su propio contrato de inversión en la empresa de Antonio Camacho. En el expediente

disciplinario que le ha abierto la Armada admite que invirtió 12 millones de pesetas suyas en

Gescartera. ¿De dónde las sacó?, le preguntaron sus superiores. De un premio de lotería que

ganaron sus padres. Sacó el dinero a tiempo.

El almirante general Francisco José Torrente Sánchez, jefe del Estado Mayor de la Armada, no

mencionó, durante su comparecencia ante la Comisión Gescartera, este presunto premio de

lotería con el que fue agraciado el teniente Chana, ni que dedicara ese dinero a Gescartera, ni

que hubiera recuperado el dinero a tiempo. Esta información está catalogada como 'Secreta'

entre la documentación que la Armada ha remitido al Congreso.

El jefe de la Armada sí subrayó que los cargos expedientados confiaron a Gescartera una

'discrecionalidad excesiva' para gestionar sus inversiones. Un ejemplo: Primero argumentaron

que Gescartera ofrecía una mejor rentabilidad que el resto del mercado. Pero, como contestó

Torrente al diputado del PNV Pedro Azpiazu, la primera inversión, realizada en julio de 1999,

fue de 20 millones, y tenía pactada una rentabilidad del 7%; pero 15 días después se hizo otra,

de 225 millones, que sólo rentaba el 4,25%. Y el consejo directivo de la Armada sin enterarse.

El argumento del teniente Chana, y del comandante Torán y los coroneles Redecilla y Portal,

fue que Gescartera ofrecía mejores intereses que nadie. Y así, relató el almirante Torrente,

pasaron de colocar en distintos bancos los 300 millones de pesetas mensuales que

aproximadamente recaudan en la Armada por cuotas de la Seguridad Social a dedicarlo todo a

Gescartera. Han salido escaldados. El almirante Torrente anunció que hasta que culmine el

'proceso de extinción' de la SSA para integrarse en el sistema general de Seguridad Social no

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se va a invertir ni una peseta. Está todo en una cuenta remunerada abierta en la sucursal del

BBVA que hay en el cuartel.

El dinero no va a salir ya más del cuartel, pero, según el relato de Torrente, cuando lo hizo no

fue ni por información privilegiada ni por presiones de ningún tipo. Una de las preguntas, del

diputado del Grupo Mixto Joan Puigcercós, puso un nombre encima de la mesa: ¿No influyó

Fernando Marín, jurídico de la Armada y marido de Pilar Valiente?. 'No, hasta donde yo sé',

respondió el almirante. 'Lo que ha sucedido se explica porque hubo quien se tomó atribuciones

que no le correspondían'.

LAS INVERSIONES DE CETARSA.3.01.10

La empresa pública Cetarsa dirigida por un ex diputado del PP -Isidoro Hernández-Sito utilizó

en 1997 para realizar inversiones en Bolsa -superiores a los mil millones - a la sociedad Link

Securities. Se da la circunstancia de que el dueño de Gescartera, Antonio Camacho, tuvo una

participación del 12% en Link Securities. El director general de esta sociedad, Rufino Gallego,

posee cerca del dos por ciento de Gescartera. Además, el apoderado de la agencia de valores

ahora investigada, José María Ruiz de la Serna, declaró ante la juez Teresa Palacios que

Camacho pudo utilizar Link Securities para sacar el dinero de España, junto al banco HSBC.

La comparecencia del presidente de la Compañía Española de Tabaco en Rama (Cetarsa),

Isidoro Hernández-Sito, ante la comisión de investigación y los últimos informes del Tribunal de

Cuentas llegados a la Cámara ayudan a ello.

Según la documentación que ha enviado el Tribunal de Cuentas a la comisión de investigación

no le consta que desde la «Administración Pública y entidades integrantes del sector público»

haya habido contratos con Link Securities. De esta forma, se habría vulnerado la obligación

legal de comunicar a esta órgano fiscalizador todas las inversiones superiores a los 100

millones de pesetas. Por su parte, Hernández-Sito alegó desconocer si Cetarsa comunicó al

Tribunal de Cuentas la inversión que hizo a través de la compañía participada por Camacho.

LAS INVERSIONES DE MERCASA. 3.10.01 Miguel Ramírez González, Presidente de MERCASA y ex Diputado del PP

ha reconoció en una carta dirigida al Ministerio de Agricultura que Mercasa eligió a Link

Securities para comprar un elevado paquete de acciones de empresas azucareras porque

cobraba menos porcentaje de comisión. La empresa que preside el ex diputado pagó por este

trabajo más de 16 millones de pesetas.

GESCARTERA ENVIÓ AL EX SECRETARIO DE LA CNMV UN BORRADOR DE RESPUESTA A ESPALDAS DE LA INSPECCIÓN. 4.10.01 La comisión parlamentaria conoció un fax que prueba la 'connivencia' entre la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y los responsables de la agencia. Se trata de un

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borrador de respuesta a un requerimiento previo y fue enviado al ex secretario del organismo, Antonio Alonso Ureba, a espaldas de los inspectores. Alonso Ureba, que comparecía en el Congreso de los Diputados, afirmó que ignoraba por qué se lo habían enviado a él.

Alonso Ureba, de 42 años, comparecía en el Congreso tras haber afirmado la semana pasada

que disponía de 'pruebas irrefutables' contra las acusaciones de David Vives, antiguo director

de Supervisión, y el hombre que descubrió el fraude de Gescartera en 1999. Vives declaró que

Alonso Ureba había dificultado la inspección a Gescartera desde su puesto de director de los

servicios jurídicos de la CNMV.

En el fax, recibido por Alonso Ureba el 4 de mayo de 1999 a las 12.27 horas, y enviado por

José María Ruiz de la Serna, el segundo de a bordo de Gescartera, su carátula reza: 'Querida

Berta [Velasco, secretaria de Alonso Ureba], adjunto de remito borrador de nuestra

contestación, así como el requerimiento de referencia. Te ruego me disculpes las molestias

ocasionadas, así como también te ruego que se las transmitas a Antonio. Un abrazo'.

La segunda página del fax contiene efectivamente un borrador de respuesta a un requerimiento

previo de los inspectores. El borrador, de Antonio Camacho, dueño de Gescartera, no va

firmado, lo que prueba que no era la respuesta oficial. La tercera página es el requerimiento de

información original, enviado a Camacho por David Vives. La documentación de que dispone el

Congreso prueba que Vives recibió la respuesta oficial, debidamente firmada, y que coincide

perfectamente con el borrador, ese mismo día por la tarde.

Según Alonso Ureba : 'Yo recibo ese fax como otra mucha documentación que se recibe en la

Secretaría del Consejo, y se la remito al responsable de Supervisión, el señor Vives'.

LA FRAGILIDAD DE LAS 'PRUEBAS IRREFUTABLES'.4.10.01

La expectación que había despertado la comparecencia urgente de Antonio Alonso Ureba,

quien anunció el jueves pasado que tenía 'pruebas irrefutables' que demostraban que David

Vives, ex director de Supervisión de la CNMV, mintió en el Congreso, por lo que anunciaba una

querella contra él, quedaron frustradas . Las pruebas se limitaron a una serie de fotocopias

sobre faxes, de los que faltaba la parte más relevante, correos electrónicos en los que la

imagen de los interlocutores resulta perjudicada pero no está tan claro a quién benefician, y un

dictamen pericial caligráfico para intentar demostrar que Juan Fernández Armesto escribió la

palabra 'nuevos' y las anotaciones 'Pto 1' y 'Pto 2' en dos papeles que el ex presidente de la

CNMV aseguró no haber visto.

Alonso puso especial énfasis en subrayar que no tuvo relación de especial amistad con la ex

presidenta de la CNMV, Pilar Valiente. En ese contexto comentó cómo fue fichado por el

presidente de Telefónica, César Alierta, para convertirse en el secretario de su consejo. Dijo

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que se fue a su casa dos meses y medio, y que recibió cuatro ofertas: de Airtel, de un gran

banco, y de dos bufetes de abogados. Y mientras meditaba le llamó Alierta, al que no conocía

'de nada', y le ofreció ser secretario del consejo. Los diputados de la oposición le preguntaron

qué hay que hacer para tener tanta suerte. Replicó que él sólo es un prestigioso jurista aunque

'no sea abogado del Estado'

LOS PRINCIPALES IMPUTADOS EN EL 'CASO GESCARTERA' SE DECLARAN LA GUERRA MUTUAMENTE. EL ABOGADO DE CAMACHO SOMETE A UN INTERROGATORIO INQUISITORIAL AL APODERADO RUIZ DE LA SERNA.4.10.01

El abogado de Camacho, José Lozano, acosó a preguntas a Ruiz de la Serna hasta la

extenuación sobre diversos aspectos de la gestión de Gescartera, los desfases patrimoniales o

el destino de los fondos desaparecidos. Al final, el apoderado se negó a seguir contestando a

sus preguntas.

Ruiz de la Serna dijo que había solicitado la comparecencia para aclarar algunos conceptos

que a su modo de ver no habían quedado claros en su primera declaración y para colaborar

con la justicia. Los letrados de la acusación apreciaron el jueves pasado un cambio en la

oscurantista actitud inicial de Ruiz de la Serna y atribuyeron su colaboración con la juez a un

intento de evitar un cambio en su situación personal, ya que la juez Teresa Palacios no había

decretado su ingreso en prisión, atendiendo únicamente a que padece una enfermedad que

requiere tratamiento diario. Sin embargo, en la actualidad ese tratamiento está en fase de

revisión, y Ruiz de la Serna podría ir a prisión si los forenses dictaminasen que los cuidados

que requiere su dolencia son compatibles con el internamiento en un centro penitenciario. La

actitud de colaboración fue apreciada por todos, juez y fiscal incluidos. Ruiz de la Serna

explicaba mecánicas operativas y hacía suposiciones de cómo el propietario de la agencia de

valores, Antonio Camacho, habría podido sacar de España el dinero de los clientes. La

colaboración, en cualquier caso, fue acogida con matizaciones, puesto que la actitud del

imputado fue, en todo momento, autoexculpatoria. Camacho le había acusado de ser el

responsable del día a día y de autorizar las inversiones, desinversiones y movimientos de

dinero en las cuentas de Gescartera, pero, durante toda la comparecencia, Ruiz de la Serna

culpó a Camacho de ser el único propietario y, por ello, el único que mandaba. Acusó a su ex

jefe de utilizar la estructura de Gescartera para hacer negocios personales y explicó que era

Camacho quien gestionaba inversiones y cuentas de clientes especiales que no figuraban en el

listado oficial de clientes de la agencia de valores.

Durante 10 horas, en tres sesiones, Ruiz de la Serna se defendió de las acusaciones de

Camacho y a su vez vertió sobre éste toda la responsabilidad y las sospechas de prácticas

ilegales. Pero después tuvo que aguantar el chaparrón durante cuatro horas, que fueron las

utilizadas por el abogado de Camacho, José Lozano, para interrogarle. Éste, exhibiendo

documentos proporcionados por su cliente, sometió a Ruiz de la Serna a una sesión

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inquisitorial, en la que el apoderado de Gescartera se cerró en banda y contestó con evasivas y

sin concretar los datos que se le requerían. Lozano le preguntó por un documento fechado el

14 de marzo de 2001, que Ruiz de la Serna reconoció como perteneciente a Gescartera, que

ponía de manifiesto las dificultades de tesorería que atravesaba la entidad en esa fecha,

puesto que disponían en cuentas de 65.537 euros (casi 11 millones de pesetas) y tenían un

saldo reclamado de 15.675.975 euros (2.608 millones de pesetas). Pero Ruiz de la Serna no

supo explicarlo. Tampoco supo explicar por qué a fecha de la intervención el saldo de Roberto

Santos era de 1.100 millones, cuando el 14 de marzo se le adeudaban 311 millones. Santos

manifestó ha declarado que la única inversión realizada en Gescartera corresponde a valores

por valor de 120 millones de pesetas a través de Asesores 2000 y La Fábrica de la

Comunicación. De la Serna reconoció, sin embargo, que a Santos le pagaron en ocasiones un

41,5 % de TAE y que después de la intervención, Gescartera siguió recibiendo dinero de

clientes.

El imputado tampoco dio explicación al desfase patrimonial de 5.500 millones que se ha

producido en Gescartera desde 1999. 'Tendría que tener acceso a datos para ver la

enajenación de activos y el destino que se le han dado', dijo. El abogado de Ruiz de la Serna,

Juan Molins, declaró que Lozano había puesto el ventilador para esparcir a otros imputados las

responsabilidades que a su entender sólo corresponden a su cliente. Prueba del asedio al que

Ruiz de la Serna fue sometido, fue el comentario de Federico Iglesias, abogado de las

Filipenses: 'Si esto sigue así, el dinero lo va a tener Osama [Bin Laden]'.

FRAGA FELICITA A MOREY POR GESCARTERA.4.10.01

El presidente gallego, Manuel Fraga, envió un saluda en abril de 2001 al cantante Jaime Morey

que incluía una felicitación por su nombramiento como presidente de Gescartera.Dos meses

después, Gescartera fue intervenida

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EL ARZOBISPADO DE VALLADOLID ADEUDA DESDE 1998 CUATRO MESES DE SALARIOS A 79 PROFESORES DE RELIGIÓN.4.10.01

Se sienten robados, pero no saben por quién. Y tienen tanto miedo a represalias que ni

siquiera han llevado a los tribunales al Arzobispado de Valladolid, como aconsejó un juez a los

20 profesores de religión que reclamaron en 1999 sus salarios al Ministerio de Educación en un

juzgado de lo social en Valladolid. El resto, hasta 79 docentes de Primaria en colegios públicos

de esa provincia, ni se han movilizado por lo que CC OO califica como una 'apropiación

indebida' de 50 millones de pesetas en salarios transferidos por el Estado a la diócesis para

pagar las nóminas del primer cuatrimestre del curso 1998-1999.

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LA IGLESIA ALEGA QUE LA CONDENA AL ECÓNOMO FUE CIVIL Y NO PENAL.4.10.01

El Arzobispado de Valladolid matiza en un comunicado que su ecónomo, Enrique Peralta, ha

sido condenado en sede 'civil y no penal, una diferencia muy importante a la hora de su

valoración'. La precisión se debe a las declaraciones de Peralta en el caso Gescartera y a que

'cuando algún diputado de la comisión de investigación preguntó a don Enrique sobre si alguna

vez había tenido problemas con la Justicia, éste contestara que no, pues obviamente nunca ha

sido condenado en sede penal por haber cometido delito alguno'

LA POLICÍA SE LLEVA UN ORDENADOR Y UNA CAJA DE DOCUMENTACIÓN EN VARIOS REGISTROS A UN SOCIO DE CAMACHO. 5.10.01

La juez Teresa Palacios ordena el registro de la empresa C G Comercialización y Cartera SL,

cuyo administrador único es Juan Ignacio Casanova Machimbarrena, amigo íntimo del

propietario de Gescartera, Antonio Camacho, y del que la policía sospecha que pudo ocultar

varias cajas con los documentos comprometedores de Gescartera. Camacho habría sacado

estos papeles de la sede de la agencia de valores, en una operación de limpieza, antes de

ingresar en prisión. Con la misma finalidad fue registrado su domicilio, y también el de sus

padres, en una urbanización en las afueras de Madrid. El equipo judicial se ha incautado de un

ordenador personal y de abundante documentación. Casanova no es un desconocido para la

investigación, puesto que ya fue detenido hace tres meses por intentar falsificar un sello de

caucho de Caja Madrid, con el que presumiblemente pretendía falsificar documentos para ser

utilizados en beneficio de Gescartera. Casanova encargó a una imprenta un tampón con el

sello de Caja Madrid, pero ante la posibilidad de que se tratase de un fraude, la imprenta se

puso en contacto con la entidad de ahorro, que denunció los hechos el 2 de junio, es decir, 12

días antes de la intervención de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en

Gescartera.

RAMALLO Y ALONSO ENCARGAN AL MISMO PERITO LA PRUEBA CALIGRÁFICA . 5.10.01

Una de las 'pruebas incuestionables' que Antonio Alonso Ureba presentó en la Comisión

Gescartera fue un 'dictamen pericial'. Pretendía demostrar que Juan Fernández Armesto, ex

presidente de la CNMV, era el autor de dos anotaciones a mano sobre decisiones adoptadas

por el consejo.El perito caligráfico que realizó ese trabajo para Alonso es Rafael Martín Ramos,

quien tiene su despacho en la Las Rozas (Madrid). Martín Ramos fue también el perito

contratado por Luis Ramallo para demostrar que una de las anotaciones de la célebre agenda

de Pilar Giménez-Reyna no se refiere a él, a 'Luis', sino a 'Dios'. La frase es 'Confío en Dios

plenamente' y no, según Ramallo, 'Confío en Luis plenamente'. Gracias a Gescartera, el perito

Martín Ramos ha elaborado, en el plazo de una semana, un informe pericial sobre manuscritos

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para Ramallo y otro para Alonso. El de Ramallo está fechado el 21 de septiembre y el de

Alonso el 28.

EL EX SECRETARIO DE HACIENDA SE CONTRADICE EN SU DECLARACIÓN JUDICIAL GIMÉNEZ-REYNA ADMITE QUE TRATÓ CON CAMACHO LA VENTA DE SEFISUR. 5.10.01

El ex secretario de Estado de Hacienda Enrique Giménez-Reyna se contradijo en su

declaración como imputado ante la juez Teresa Palacios, que investiga el caso de la

desaparición de unos 18.000 millones de pesetas en la agencia de valores Gescartera.

Giménez-Reyna negó inicialmente que hubiera hablado de negocios con Antonio Camacho,

pero admitió luego que en agosto de 1995 negociaron la venta de Sefisur, un chiringuito

financiero del que Giménez-Reyna fue consejero y accionista y que tuvo que cerrar. Enrique

Giménez-Reyna mantuvo ante la juez Teresa Palacios una versión casi idéntica a la que

sostuvo ante la comisión del Congreso que investiga el caso Gescartera. En esencia, dijo que

nunca hizo gestiones para beneficiar a Gescartera, aunque a petición de su hermana Pilar,

presidenta de la sociedad y actualmente en prisión, arregló una comida de presentación con

Pilar Valiente. Nunca supo tampoco de la existencia de dinero negro en Gescartera, ni de que

atravesase por dificultades graves. Admitió que alguna vez preguntó a Pilar Valiente como iba

el expediente de Gescartera, pero que ella le contestó que no llevaba la inspección, por lo que

no le aportó datos. El imputado se siente un perjudicado más, ya que ha perdido un millón y

medio de su inversión personal en Gescartera. Además, los cuatro hermanos han perdido unos

20 millones que tenían invertidos y que procedían de la venta de un piso por herencia de su

padre. Giménez-Reyna agregó que no es amigo del propietario de Gescartera, Antonio

Camacho, con el que fue poniendo distancia a lo largo de toda la declaración, pero reconoció

que tuvo algún contacto con él a través de su hermana. El aplomo del ex secretario de Estado

de Hacienda se resquebrajó cuando el abogado de Camacho, José Lozano, le interrogó. Le

preguntó que cómo afirmaba que no conocía a Antonio Camacho en 1995, si precisamente en

agosto de ese año intentó venderle Sefisur y viajó con él en avión a Málaga con ese fin.

Servicios Financieros del Sur (Sefisur) fue un chiringuito financiero del que Giménez-Reyna fue

consejero y accionista y que está siendo investigado por el juez Baltasar Garzón por presuntos

delitos de estafa o apropiación indebida. En abril de 1996 fue sancionada por la CNMV por falta

muy grave. Él ex secretario de Estado negó inicialmente que hubiera viajado con Camacho a

Málaga y precisó que no fue él, sino Camacho quien mostró interés por Sefisur. Pero el

abogado le abrumó a datos, proporcionados por Camacho, y le recordó que el interés de

vender era de Giménez-Reyna porque Sefisur estaba siendo investigada por la CNMV, que

viajaron en asientos contiguos y hasta que Giménez-Reyna llevaba un traje de color beige. El

imputado admitió finalmente que preparó una reunión con los socios y que es posible que él

asistiera

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LA INSPECCIÓN INFORMÓ A PILAR VALIENTE DE LA GRAVE SITUACIÓN DE GESCARTERA EN FEBRERO DE 1999. LA EX PRESIDENTA DE LA CNMV DECLARÓ AL CONGRESO QUE SÓLO CONOCIÓ EL PROBLEMA A PARTIR DE ABRIL. 5.10.01

Los inspectores informaron a Pilar Valiente, ex presidenta de la Comisión Nacional del Mercado

de Valores (CNMV), de la gravedad del caso Gescartera al menos desde el 3 de febrero de

1999, dos meses antes de que se debatiese en un consejo extraordinario si se intervenía o no

la sociedad. Así lo prueba un correo electrónico cruzado entre miembros de la CNMV. Valiente

declaró que lo único que conocía sobre Gescartera antes de ser presidenta era lo que se

contaba en los consejos del organismo, ya que ella no era consejera responsable de

inspección o supervisión.

Durante la comparecencia de Pilar Valiente ante la comisión de investigación se le preguntó si

'conocía lo que los técnicos de la Comisión pensaban y escribían y decían sobre lo que estaba

pasando en Gescartera'. La respuesta de la ex presidenta de la CNMV fue inequívoca: 'No; yo

reitero, señoría, y le agradezco la aclaración y puntualización, que sólo conocía lo que los

técnicos de la Comisión contaban en los cinco consejos en los que tuve ocasión de tratar el

tema Gescartera'. Valiente se refiere a los cinco consejos en que se trató de Gescartera antes

de que ella asumiera la presidencia, y en los que participó como consejera. El primero de estos

cinco consejos fue el 6 de abril de 1999 (los siguientes cuatro se celebraron el 16 de ese

mismo mes, el 17 de junio de 1999, el 12 de enero de 2000 y el 13 de julio de ese mismo año).

Sin embargo, un correo electrónico cruzado entre altos cargos de la CNMV prueba que, al

menos desde el 3 de febrero, dos meses antes del primer consejo, Valiente fue informada con

detalle de la actuación de los inspectores en Gescartera. Ese día, David Vives, entonces

director general de Supervisión, envió un correo a José María Roldán, remitiéndole un resumen

de lo que su equipo había encontrado en Gescartera tras iniciar una inspección en diciembre

de 1998. En el texto, tras detallar los problemas de la sociedad de Antonio Camacho, se

explicaba que existían dos posibilidades. Primera: 'Que los saldos de efectivo informados por

Gescartera pueden diferir de los reales (a efectos de dar apariencia de cumplimiento a las

observaciones efectuadas por la CNMV en la visita anterior)'. Y segunda, más grave, y la que al

final se probaría como correcta: 'Que exista un desfase patrimonial significativo'.

Vives envió copia de este correo a Luis Ramallo, vicepresidente de la CNMV; Pilar Valiente,

entonces consejera, y José María Ramírez, jefe de gabinete de Ramallo. La inclusión de

Ramírez se explica, probablemente, porque, según declaró Vives en el Congreso, 'Ramallo no

abría nunca su ordenador', por lo que, para que estuviese informado, se enviaba copia a su jefe

de gabinete.Al resumen de sus técnicos, Vives añadió: 'Para vuestra información. Estamos en

ello'. La situación le pareció lo suficientemente alarmante al consejero Roldán, que respondió a

Vives: 'Por lo que entiendo, puede ser un tema de dinero negro, ¿no es así? ¿O también

pensáis que pueden faltar patrimonios, David? Mantennos informados. Por cierto, que este

caso es nuevo, ¿no?'.

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WWW.AZNAR.NET. Ven y Cuéntalo 30

Roldán, primer jefe de gabinete del vicepresidente Rodrigo Rato, fue uno de los consejeros,

junto a Ramallo y Valiente, que se opusieron posteriormente, en el consejo extraordinario del

16 de abril de ese año, a intervenir Gescartera, según diversos testimonios ante el Congreso.

Hoy es un alto cargo del Banco de España. A este requerimiento de Roldán, Vives respondió

de nuevo a todo el grupo, en el que se incluyó esta vez al presidente de la CNMV, Juan

Fernández-Armesto, lo siguiente: ' El riesgo es mucho más por lo segundo [que falte dinero]

que por lo primero [existencia de dinero negro] (...) En cualquier caso, han salido ya sendos

requerimientos (a Bankinter y a Gescartera) y tendremos la respuesta en breve plazo'.

En su intervención ante el Congreso, Valiente, que recibió copia de estos correos electrónicos,

afirmó que como consejera de Mercados Primarios, y no de Supervisión o Inspección, sólo tuvo

conocimiento del tema Gescartera por lo que se contaba en los consejos de la CNMV, el

primero de los cuales sobre esta sociedad fue el 6 de abril. La comisión del Parlamento que

investiga el caso Gescartera está disponiendo de un instrumento del que carecieron los

diputados en escándalos anteriores: el correo electrónico.

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EL DIRECTOR DEL HSBC OCULTÓ AL CONGRESO UN PRÉSTAMO A UNA EMPRESA DE RATO. MUINMO CERRÓ 1999 CON UNAS DEUDAS DE 545 MILLONES Y UNAS PÉRDIDAS DE 129 MILLONES. 6.10.01

Muinmo, la sociedad del vicepresidente Rodrigo Rato y de sus dos hermanos, Ramón y María

de los Ángeles, que posee siete emisoras de radio, tiene menos de dos años para devolver el

crédito que le otorgó el HSBC en diciembre de 2000 por 525 millones de pesetas. El año

pasado, la empresa sólo generó 130 millones, según su director general, Miguel Ángel

Montero. Muinmo tiene que devolver, con los intereses, casi 600 millones en dos años cuando

en ese tiempo sólo ingresaría algo más de 200. La única garantía para la devolución, según

Montero, son los activos de la empresa: 700 millones en 1999, y una deuda de 545 millones.

El crédito lo otorgó el HSBC España, el banco cuya colaboración con Gescartera para la

creación de una sociedad de inversión colectiva en Luxemburgo, nunca consumada, salvó a la

agencia de Antonio Camacho de ser intervenida por la Comisión Nacional del Mercado de

Valores en abril de 1999. La matriz del banco, en Londres, declinó opinar sobre esta operación

financiera y se remitió a los dirigentes del banco en Madrid. Éstos también rechazaron explicar

los pormenores del crédito amparándose en la confidencialidad de los datos de sus clientes.

El contrato del préstamo lo firmó José de la Rosa Alemany, administrador de Muinmo y cuñado

del vicepresidente Rodrigo Rato. La operación fue registrada ante el notario de Madrid López

Garayo. El director general de Muinmo, Miguel Ángel Montero, explicó que el crédito tenía

como objetivo cubrir 'inversiones destinadas en su mayoría al sector de la radio, aunque no

sólo'. Muinmo, según Montero, también tiene intereses en el sector servicios, la informática, los

viajes y el negocio inmobiliario. Según Montero, con la rentabilidad obtenida por las inversiones

del crédito, sería posible devolver el dinero al HSBC. Además, como todo préstamo, señala

Montero, 'se puede renegociar al vencimiento'.

Los activos de Muinmo descansan en la propiedad de siete emisoras de radio en Madrid y

Baleares. Un año antes de que el HSBC le concediera el crédito, Muinmo reflejaba en sus

cuentas unas pérdidas de 129 millones de pesetas con un endeudamiento a corto y largo plazo

de 545 millones. Las deudas superaban largamente los fondos propios declarados ese año:

180 millones.

La empresa registró pérdidas de siete millones en 1996 y ganó 12 y 10 millones en 1997 y

1998, respectivamente. Al cierre del ejercicio de 1999, la firma debía amortizar los siguientes

créditos: uno de 25 millones concedido en 1998 que debía pagar antes de febrero de 2000; uno

de 100 millones de Ibercaja que debía devolver antes de diciembre de 2001 y que le fue

otorgado en 1998; otro de 3, 4 millones que le fue concedido en 1999 por Caja de Ahorros de

Baleares y uno de 1,4 millones otorgado en 1998.

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El registro de la sociedad valoraba en 77 millones de pesetas las concesiones administrativas

de cuatro de sus siete emisoras de radio en Getafe (Madrid), Palma de Mallorca, Inca y

Manacor. acreedores a corto plazo se habían multiplicado por tres entre 1998 y 1999: habían

pasado de 131 millones a 401 millones. A largo plazo debía 143 millones. Y los apenas 10

millones de beneficios de 1998 se convirtieron en 129 millones de pérdidas en 1999.

Entre las operaciones financieras de Muinmo en 1999 figura la compra de 263.000 acciones de

Viajes Ibermar (propiedad de la familia Rato) por un importe de 394 millones. El capital social

de Muinmo en 1999 era de sólo cinco millones, el mismo que registró en 1992, dividido en

1.000 participaciones, que recayeron en un 100% en Rueda de Emisoras Rato, de la que el

ministro de Economía poseía un tercio y el resto se lo repartían sus hermanos.

Apenas tres meses después de conseguir el crédito de 525 millones del HSBC, la sociedad

Rueda de Emisoras, propietaria del 100% de las acciones de Muinmo, se disolvió y transmitió

su patrimonio a Muinmo el 31 de marzo de 2001. La Rueda de Emisoras Rato vendió en 1990

a la ONCE 63 de las 68 emisoras que poseía en toda España por 5.400 millones.

RATO: 'NUNCA HABLÉ CON DIRECTIVOS DEL HSBC SOBRE ESTA CUESTIÓN'. 6.10.01

El vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato, aseguró en la COPE que no tiene

" nada que ocultar ". " En diciembre, cuando yo no había oído hablar ni de Gescartera ni de

este banco, las personas que gerencian esta sociedad, porque hace más de diez años que no

estoy ni en el consejo de administración ni en la gerencia, contratan una operación financiera

en condiciones de mercado y la hacen como se hacen miles de operaciones de éstas. Cuando

este banco salió relacionado con esta cuestión, ya sabía que esta noticia iba a salir, pero no

tengo nada que ocultar ni nada que corregir. Es un crédito comercial a una empresa comercial

que lleva muchos años funcionando, que tiene unos beneficios normales, que invierte y en la

que mis hermanos y yo somos accionistas".

Rato añadió que cuando Muinmo pidió el crédito, en diciembre de 2000, se lo dijeron al poco

tiempo. "Pero no tengo criterio porque no entro en la gestión. Yo no he gestionado nada ni he

hablado nunca en mi vida con ningún directivo del HSBC sobre esta cuestión. No voy a negar

que en algún momento me comentaron que habían conseguido un crédito y que había sido

negociado con ese banco. Me lo comentaron porque soy accionista y me comentan las cosas

que son importantes para la sociedad, pero yo no he gestionado ni nada de nada".

También se refirió a sus relaciones con José María Aznar: "Sabe desde que me conoce que vengo de una familia que tiene actividades económicas y está en el tráfico mercantil. Nunca se lo he ocultado. No sólo no me siento avergonzado, sino que me siento orgulloso. Yo me he dedicado a eso antes de dedicarme a la política y me dedicaré a eso si puedo cuando deje de dedicarme a la política ".

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AZNAR : " EL MEJOR MINISTRO " . 6.10.01

El presidente del Gobierno arropaba horas después a su vicepresidente segundo con una

expresa referencia a él en un mitin electoral en Vigo (Pontevedra). Aznar aseveró que los

éxitos económicos que registra España no son casuales y que "las políticas tienen sus

ejecutores " .

El presidente concretó sus loas: "Tenemos la suerte en el Gobierno de España de que está una

persona de la que me siento especialmente orgulloso, que es el mejor ministro de Economía de

la historia de España y que lo ha hecho y lo seguirá haciendo muy bien".

El jefe del Ejecutivo demostró la importancia que está adquiriendo políticamente el caso

Gescartera cuando apuntó: "Ahora a Rodrigo y a algunos otros les quieren tocar las narices

con algunos asuntos, pero yo os tengo que decir que estamos en buenas manos y que a

nosotros la oposición no nos da lecciones de transparencia ni de honradez". Y terminó así el

capítulo de respaldo inquebrantable a su número tres: "Tengo motivos para pasear con la cabeza muy alta y orgulloso de mis colaboradores y de ese ministro de Economía al cual se debe ese impulso económico del país".

EL DIRECTOR GENERAL DEL HSBC OCULTÓ ANTE EL CONGRESO EL CRÉDITO A LA EMPRESA DE RATO. JAIME GALOBART NEGÓ QUE MIEMBROS DEL GOBIERNO O SUS FAMILIARES TUVIESEN PRÉSTAMOS DEL BANCO. 6.10.01

Jaime Galobart fue rotundo ante los diputados. "Lo niego". Dos palabras con las que el director

general del Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), la entidad británica

salpicada por el escándalo de Gescartera, desmintió el pasado 24 de septiembre que

miembros del Gobierno o sus familiares tuviesen alguna "facilidad crediticia" con este banco,

uno de los mayores del mundo. Galobart comparecía ante la comisión parlamentaria que

investiga el caso Gescartera por las estrechas relaciones de todo tipo entre su banco y la

agencia de Antonio Camacho.

El diario de sesiones del pasado 24 de septiembre no deja lugar a dudas, ni a otras

interpretaciones. Acababa de empezar la sesión, a las 16.05, y tras un breve debate por una

cuestión de orden, tomó la palabra María Teresa Costa. La diputada socialista formuló varios

interrogantes a Galobart y luego le preguntó directamente: "¿Podría informar a esta Cámara de

si tiene conocimiento de que, a través del banco que usted dirige en España o a través de

cualquier otro de su grupo, tengan concedidos, directa o indirectamente, facilidades crediticias

a algún miembro del actual Gobierno o de sus familiares? ".

La respuesta de Galobart fue: "Lo niego. No tenemos ninguna facilidad concedida a ningún

miembro del Gobierno o sus familiares". Ni siquiera recurrió a la vía de escape de otros

comparecientes, que han alegado no recordar lo que se les preguntaba. En otras preguntas,

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Galobart recurrió, por ejemplo, a otras alternativas, como afirmar que no le constaba y prometer

a los diputados que les contestaría por escrito, tras consultar con los archivos de su banco.

Pero en esta cuestión fue rotundo: "Lo niego". La legislación contempla responsabilidades

penales (hasta un año de cárcel) por no decir la verdad ante una comisión de investigación del

Parlamento.

Pese a ese desmentido rotundo, el director general del HSBC en España, en una carta enviada

este miércoles al Congreso, y sin que mediase ningún otro requerimiento, afirma: "Se ha

podido comprobar que el 4 de diciembre de 2000 se otorgó un préstamo por importe de 3,1

millones de euros a la sociedad Muinmo SL, en la que, según los datos facilitados, figuran

como accionistas las siguientes personas: don Rodrigo Rato, don Ramón Rato, doña María de

los Ángeles Rato".

El escrito llegó al Congreso de forma extraña el miércoles 3 de octubre. Un día antes, Galobart

había enviado a la Cámara un documento de varias páginas en las que ofrecía la información

que había quedado pendiente en su comparecencia. Pero ahí no figuraba el crédito a la

empresa de Rato, que llegó en solitario un día después.

Galobart también afirmó en el Congreso que no le constaba que el HSBC hubiese financiado

viajes y estancias de Rodrigo Rato, José María Aznar y su esposa, Ana Botella, a Londres. Una

nota del banco negó un día después estas circunstancias.

Tras este giro radical en las manifestaciones de Galobart ante el Congreso, el PSOE ha

solicitado al HSBC que envíe a la comisión de investigación toda la documentación sobre el

crédito a la empresa de Rato, incluyendo "los planes o previsiones especiales de amortización,

los avales y garantías constituidos para su concesión y todos los pagos realizados hasta el

momento".

El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, evitó echar más leña al fuego,

pero tampoco desaprovechó la ocasión para señalar que al vicepresidente Rodrigo Rato "se le

acumulan las explicaciones a dar en el Congreso", a propósito del crédito de 525 millones de

pesetas a una empresa de su familia y de la que él es accionista, informa desde Lugo .

En la primera jornada de la campaña electoral gallega, el líder del PSOE declaró que Rato vive

una "situación delicada" y, por tanto, hay que tomar sus expresiones "con relatividad y, si me

apura", agregó, "con comprensión".

Zapatero eludió pedir la dimisión de Rato e insistió en que las responsabilidades políticas se

verán al final de la comisión de investigación del caso Gescartera. No obstante, Rodríguez

Zapatero indicó que los últimos acontecimientos "no dejan en buen lugar" a Rato

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CAMACHO ENVIÓ REGALOS DE LOEWE A MIEMBROS DE LA CNMV Y AL SECRETARIO DE HACIENDA. ENRIQUE GIMÉNEZ-REYNA RECIBIÓ DOS MALETAS VALORADAS EN TOTAL EN 245.000 PESETAS

El dueño de Gescartera, Antonio Camacho, se gastó cientos de miles de pesetas en las

Navidades del año pasado y del anterior en enviar regalos de la marca de lujo Loewe a

personas que eran o habían sido miembros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores

(CNMV), y al entonces secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez Reyna. Este último

recibió en 1999 una maleta valorada en 126.000 pesetas, y al año siguiente, un trolley que

costaba 119.000 pesetas, según los registros de Loewe. Luis Ramallo, vicepresidente del

organismo regulador hasta octubre de 2000, recibió el mismo regalo.

Los regalos más caros enviados por Camacho el año pasado fueron sendas maletas, valoradas

cada una en 194.500 pesetas, a José Manuel Pichel, presidente de la Fundación ONCE y

consejero delegado de Gescartera, y a Pilar Valiente, que por aquel entonces ya era presidenta

de la CNMV. Valiente reconoció que había aceptado un bolso o un pañuelo ( no lo recordaba con precisión ) de Pilar Giménez-Reyna, presidenta de Gescartera, a título personal. Pero

afirmó haber devuelto un maletín enviado por Camacho. En los registros de Loewe, sin

embargo, no consta que la maleta de 194.500 pesetas enviada por Camacho en las Navidades

del año pasado, fuese devuelta.

El siguiente beneficiado por la generosidad navideña de Camacho es Enrique Giménez-Reyna,

hermano de la presidenta de Gescartera. Giménez-Reyna recibió en 1999, cuando todavía era

director general de Tributos, una maleta de 126.000 pesetas. Al año siguiente, ya como

secretario de Estado de Hacienda, completó el juego con un trolley ( maleta con ruedas) de

119.000 pesetas.

Exactamente ese regalo (un trolley) fue el que recibió Luis Ramallo en 2000. Además de las

dádivas de Loewe, Ramallo había recibido también de Camacho un reloj valorado en más de

dos millones de pesetas, que el ex diputado del PP afirma que compensó con un cuadro de

similar valor. En 1999, Loewe envió el regalo más caro, un abrigo de 260.000 pesetas, pero en

las listas no figura su destinatario.

El dueño de Gescartera , de donde ya faltaban muchos miles de millones de pesetas, incluyó

en su lista de Loewe a varios funcionarios de la CNMV, cuyo código ético prohíbe aceptar

regalos de las sociedades y agencias que deben vigilar. En 1999 figuraban en esa lista al

menos Ramiro Martínez Pardo (una maleta de 126.000 pesetas) y Juan Munguira ( un porta

trajes de 99.000 pesetas).

Al año siguiente figuraron Pilar Valiente (maleta de 194.500 pesetas), Juan Munguira (bolsa de

viaje de 89.000). Otras personas también recibieron regalos, aunque habían abandonado la

comisión semanas o pocos meses antes: Ramallo, José María Ramírez (ex jefe de gabinete de

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Ramallo en la CNMV, una agenda de mesa de 42.000 pesetas), o de nuevo Ramiro Martínez

Pardo (esta vez una cartera de finanzas de 99.000 pesetas).

Fuera del organismo regulador y del Gobierno, los registros de Loewe muestran que los

principales receptores de regalos de Camacho fueron empleados de la propia Gescartera y del

HSBC, el banco relacionado con esta agencia de valores.

Del banco británico se vio beneficiado su director en España, Jaime Galobart, con unos

gemelos de 12.500, y alguno de sus subordinados, como Rafael Ronda (un juego de mus,

32.000 pesetas) y Jesús Pantoja (cartera de comité, 42.000 pesetas). Resulta sorprendente

que el director general recibiese un regalo de precio inferior al de sus subordinados, lo que

quizá se explica porque los gemelos enviados formasen parte de un presente más caro

comprado en otro establecimiento.

Además de en Loewe, Camacho gastó 144 millones de pesetas a lo largo de varios años en la

Joyería Suárez, de Madrid, donde adquirió anillos y relojes, en algunos casos por valor de

hasta cinco millones de pesetas.

La lista de Loewe es amplia e incluye a Rafael de Lorenzo, vicepresidente de la ONCE, dimitido

tras el escándalo Gescartera (un trolley de 119.000 pesetas en 2000); Roberto Santos, socio

de Asesores 2000 (una carpeta de escritorio de 72.000 pesetas); Francisco José Bauzá, del

despacho de abogados Alonso y Bauzá (una bolsa de viaje de 89.000 pesetas); José Nevado,

de La Fábrica de Comunicación (cartera de 42.000 pesetas en 1999, y agenda de mesa del

mismo valor en 2000).

EL PSOE PIDE QUE SE INVESTIGUE SI ALGUIEN RETUVO LA CARTA DE GALOBART

La carta de Jaime Galobart en la que reconoce que su banco, el HSBC, tiene concedido un

crédito de 525 millones de pesetas a una empresa del vicepresidente Rodrigo Rato sufrió un

tortuoso camino tras llegar al Congreso. El documento tiene fecha de entrada del 3 de octubre,

miércoles. Pero algunos grupos parlamentarios tuvieron acceso al documento sólo el vierrnes

5, según denunció el PSOE, tras haber sido publicado por un medio de comunicación. Los

socialistas han solicitado una investigación para saber si, dentro del Congreso, "ha habido

orden, y de quién, para que no fuera distribuido el documento de referencia nada más ser

recibido en la Cámara". El Grupo Socialista sostiene, en el escrito que presentó a la mesa de

la comisión de investigación sobre Gescartera, que sus diputados requirieron a lo largo del

miércoles y del jueves la documentación que hubiese llegado al Congreso sobre este tema. La

última petición se efectuó a las 20.30 del jueves, media hora después de cerrar el registro de la

Cámara.

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Entre lo que se le entregó no figuraba la misiva del HSBC, pese a que la carta tiene sello de

entrada del 3 de octubre, miércoles. Al menos otros dos grupos parlamentarios, los de

Izquierda Unida (IU) y Convergència i Unió, también la recibieron, al igual que el PSOE.

De forma sorprendente, el PP afirma que sus diputados solicitaron esa documentación en

concreto, y la obtuvieron, el jueves por la mañana. El portavoz de este partido en la comisión

Gescartera, Vicente Martínez Pujalte, recalcó que el PP se interesó por el documento, lo

solicitó y lo obtuvo, por lo que dijo no entender las quejas socialistas.

Martínez Pujalte no explicó, sin embargo, cómo conocían la existencia del documento, y su

llegada a la Cámara, puesto que para obtenerlo preguntaron directamente por él.

El presidente de la Comisión Gescartera, el diputado de Coalición Canaria Luis Mardones,

exculpó a los servicios de la Cámara del retraso en la distribución de la carta del HSBC.

Mardones declaró que éste y "otros documentos" llegaron el día 3 "a última hora" de la tarde, y

que se pusieron a disposición de los grupos parlamentarios al día siguiente por la tarde. El

presidente se extrañó por las quejas de los socialistas. "Si quieren abrir una investigación, que

busquen las causas y que lo hagan", indicó

EL FISCAL SOLICITA QUE DECLAREN COMO TESTIGOS DOS DIRECTIVOS DE LA CAIXA Y EL APODERADO DE AMERINVEST

El teniente fiscal anticorrupción, Luis López Sanz, encargado del caso Gescartera, ha solicitado

a la juez Teresa Palacios que cite a declarar a dos directivos de una entidad bancaria con la

que operaba Antonio Camacho -el propietario de la agencia de valores- y el apoderado de la

empresa Amerinvest, a través de la cual Gescartera compró varias sociedades instrumentales

domiciliadas en paraísos fiscales. La magistrada Teresa Palacios se pronunciará el próximo

lunes sobre esta petición.

El fiscal quiere que declaren Miguel Prat y Alfonso Castro, director y subdirector de la sucursal

de La Caixa en Majadahonda (Madrid), en la que figuraba una de las principales cuentas con

las que operaba Gescartera para devolver las desinversiones a los clientes y en la que

Camacho también tenía una cuenta personal.

Un certificado por importe de 4.342 millones presentado por Gescartera a la CNMV para

acreditar donde estaba la liquidez de los clientes de la agencia de valores, que resultó ser

falso, fue supuestamente emitido por esta sucursal. La entidad ya fue registrada en el mes de

agosto en busca de documentos sobre Gescartera y sus directivos declararon entonces ante la

policía. Ahora deben ratificar aquella declaración.

López Sanz ha pedido también que declare José Francisco Jiménez Criado, administrador

único de Amerinvest SP SL, la empresa que vendió entre febrero y mayo de este año cinco

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sociedades instrumentales o de estantería a Gescartera (3), Antonio Camacho y José María

Ruiz de la Serna. Entre ellas está Martin Investment, que fue utilizada para presentar otro

certificado falso a la CNMV sobre supuestos depósitos de valores de clientes de Gescartera

que resultaron inexistentes.

Camacho, en su primera declaración, hablaba de Martin Investment como si no fuese suya y

precisaba que las inversiones estaban en esa sociedad, aunque desconocía cómo sus

empleados remitían allí el dinero para que se invirtiera en la compra de títulos. De la Serna

aclaró que la sociedad era de Camacho y que allí no había nada.

Por otro lado, el fiscal ha informado favorablemente para que el proceso abierto contra Juan

Ignacio Casanova Machimbarrena, por el intento de falsificar un tampón de Caja Madrid, se

instruya en la Audiencia Nacional dentro del caso Gescartera. El juez de instrucción de Madrid

que tramitó las diligencias previas se inhibió a mediados de septiembre en favor de Teresa

Palacios, que preguntó al fiscal si debía incorporarlas a la causa de Gescartera

RATO ASEGURA QUE CUENTA CON EL APOYO DE AZNAR FRENTE A LA PRESIÓN PARA QUE DIMITA. EL VICEPRESIDENTE COMENTA QUE ' SABE ASESTAR GOLPES EN POLÍTICA , PERO TAMBIÉN RECIBIRLOS '

El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, se siente 'muy seguro y cómodo en el Gobierno', y también 'completamente respaldado', tanto por el presidente Aznar

como por el secretario general del PP, Javier Arenas. Así lo manifestó un portavoz de Rato,

saliendo al paso de los problemas que atribulan al vicepresidente: la responsabilidad política en

el escándalo de Gescartera, el préstamo concedido por uno de los bancos que operaba con la

agencia de valores de Antonio Camacho a una empresa de su familia y el plante de los

socialistas en la negociación para renovar 36 cargos institucionales tras acusarles de 'chantaje'

para colocar a 'los amigos' de Rodríguez Zapatero.

Rato está 'muy tranquilo', añadió su portavoz, 'porque de la misma forma que sabe asestar golpes en política sabe también recibirlos'. Es su reflexión en unos días que reconoce como

'muy duros', pero que 'los aguanta con temple' porque veinte años de vida pública le han

convertirdo en 'un fajador resistente a las adversidades'.

Oportunidades para poner a prueba el temperamento que le atribuyen sus allegados no le han

faltado al vicepresidente en las últimas semanas. De los documentos y testimonios sobre el

comportamiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) durante la crisis de

Gescartera, a Rato le afecta directamente el nombramiento de Enrique Giménez-Reyna como

director general de la Agencia Tributaria cuando éste había afrontado ya problemas con la

CNMV como socio y administrador de la agencia de valores andaluza Sefisur, sancionada en

1996 por haber emitido obligaciones hipotecarias sin autorización ni conocimiento de la CNMV.

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También es responsable del nombramiento de los directivos del organismo regulador y de la

actuación de su dimitida presidenta, Pilar Valiente, en la vigilancia de las actividades de

Gescartera, que han acabado en un fiasco de 18.000 millones de pesetas. Sobre ambas

cuestiones comenta el portavoz de Rato: 'El vicepresidente reconoce que no es un señor que

pasaba por allí. Tiene claro que debe asumir las responsabilidades que le atribuya el

Parlamento'.

Respecto a la sombra de un presunto delito de prevaricación que planea sobre los

responsables de la CNMV, llamados a declarar esta semana por la juez que instruye el caso

Gescartera, el vicepresidente se muestra 'igualmente dispuesto a asumir la responsabilidad'

que los tribunales asignen a los supervisores que él nombró. 'He tratado de responder al perfil

profesional exigido para tales nombramientos. Es evidente que alguno ha fallado y por eso ha

dimitido', comentó.

A pesar de las 'constantes demostraciones de apoyo', que, según su portavoz, asegura recibir

Rato en las últimas semanas, el vicepresidente 'se quedó completamente tranquilo' cuando

Aznar no le preguntó sobre la persona que había elegido para sustituir a Valiente al frente de la

CNMV. 'El Consejo de Ministros aprobó por unanimidad el nombramiento de Blas Calzada'. Este hecho ha sido interpretado por Rato como 'prueba de que goza de la máxima confianza' del presidente. También comentó que Gescartera 'no le aleja' de la sucesión de Aznar porque 'nunca ha estado en esa batalla'. En el supuesto de que el PP o

el propio Aznar se lo propusiera, Rato respondió a través del portavoz: 'Hasta ahora nadie me

lo ha pedido'

LA OPOSICIÓN PRETENDE QUE RATO EXPLIQUE SU CRÉDITO CON EL HSBC EL PSOE PREGUNTA POR QUÉ ARENAS DISPONE DE 'INFORMACIÓN PRIVILEGIADA'

La oposición pretende la comparecencia urgente de Rodrigo Rato y de Javier Arenas en la

Comisión Gescartera. A Rato le reclama que explique el crédito que la empresa Muinmo, de la

que es accionista, tiene en el HSBC, y por qué él y el banco lo habían ocultado hasta ahora.

También pedirá la comparecencia de Javier Arenas, quien amenazó con un 'vuelco' en el caso

Gescartera cuando se sepa de quiénes lavaban dinero negro a través de la agencia de valores.

Jesús Caldera le respondió que la 'lavadora' estaba en manos de los Giménez-Reyna.

El secretario general del PP, Javier Arenas, anunció "un vuelco importante" en la investigación

del caso Gescartera y anticipó que esta misma semana se confirmará que la agencia de

valores propiedad de Antonio Camacho era "una lavandería de dinero negro" y "no un caso de

corrupción política". Arenas aseguró que, con estas declaraciones, no pretendía hacer "ningún

tipo de imputación", pero dio por buenas unas declaraciones de José María Ruiz de la Serna,

imputado en el caso y sujeto a medidas cautelares. En ellas, Ruiz de la Serna cuantifica el

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dinero negro y dice haber oído que Antonio Camacho decía que parte era de José Luis Corcuera, ex ministro del Interior socialista.

El PSOE, a través de su portavoz parlamentario, Jesús Caldera, anunció que pedirá la

comparecencia de Arenas en la Comisión Gescartera para que explique en qué se basan sus

insinuaciones. Caldera opina que Arenas sólo puede anunciar que esta semana se sabrá que

Gescartera era "una lavandería de dinero negro" y que eso supondrá "un vuelco" en este

escándalo porque "tiene información privilegiada de la investigación abierta por la Agencia

Tributaria". Y anunció que los socialistas reclamarán de inmediato a Arenas que "explique

quién le ha facilitado esa información privilegiada antes de que llegue a la Comisión

Gescartera".

El PSOE teme que el PP reciba con antelación el informe de la Agencia Tributaria, de la misma

forma que también tuvo acceso con antelación, la semana pasada, a la carta del HSBC en la

que este banco británico, con el que presuntamente operaba Gescartera en paraísos fiscales,

informaba del crédito de 525 millones de pesetas concedido a la empresa Muinmo, de la que el

vicepresidente segundo y ministro de Economía es accionista.

El crédito del HSBC a la familia Rato fue comentado por buena parte de los dirigentes políticos.

Si Javier Arenas lo calificó de "normal", el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares,

estimó que es un motivo suficiente para que Rato presente la dimisión. En el PSOE, Alfonso

Guerra ironizó: "A Rato le queda menos de un rato", y se felicitó de que los populares "sean

incompatibles con la corrupción", para preguntarse irónicamente "qué pasaría si no llegasen a

serlo".

Caldera mantiene que si se demuestra, como dice Arenas, que Gescartera ha sido una

lavadora de dinero negro, la "corrupción" del Gobierno del PP quedaría patente, pues la

empresa de Antonio Camacho "era también la empresa del tándem Giménez-Reyna, donde el

ex secretario de Estado de Hacienda [Enrique Giménez-Reyna], cuando menos, no vigiló como

debía los negocios de la sociedad que presidía su hermana [Pilar]". Según Caldera, "el

Gobierno es el primer y último responsable de que haya existido una lavadora de dinero negro

premiada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que no sólo no la desmanteló a

tiempo, sino que la ascendió de categoría al tiempo que rebajaba y ocultaba sus sanciones".

Una lavadora, añade, "consentida o conocida" por el entonces secretario de Estado de

Hacienda. Por eso, para el portavoz socialista "no se sostiene" que Rato diga ahora que

Gescartera engañó "sistemáticamente" a la Administración y que el único responsable es

Camacho.

El líder socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, le preguntó a Rato qué cargo tenía Camacho

para "ser el responsable político" de Gescartera. El PSOE subraya que la responsabilidad

penal es de quienes se llevaron el dinero y de los que miraron hacia otro lado, pero la

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responsabilidad política es de aquellos que, por acción u omisión, permitieron que Gescartera

siguiera funcionando pese a que los inspectores habían detectado irregularidades ya en 1999.

"Tomamos nota" de que el presidente José María Aznar "ha puesto la mano en el fuego" por

Rato, advirtió anoche Rodríguez Zapatero durante un mitin en Vilagarcía de Arousa

(Pontevedra).

EL ARZOBISPADO DE VALLADOLID ESPECULABA A CORTO PLAZO EN SU CUENTA DE Gescartera. EL ECÓNOMO INGRESABA ENTRE 15 Y 55 MILLONES CADA POCOS DÍAS, AUNQUE LO NEGÓ EN EL CONGRESO

'Yo creo que invertir en Bolsa no es especulación', aseguró el ecónomo del Arzobispado de

Valladolid, Enrique Peralta, en su comparecencia del pasado lunes ante la comisión

parlamentaria que investiga la estafa de Gescartera. Argumentó que las empresas que cotizan

en Bolsa crean empleo. Lo que no dijo es que el dinero que él fue depositando en Gescartera

desde agosto de 1996, en ocasiones cada pocos días y por importes de entre 15 y 55 millones

de pesetas, se dedicaba a la compra-venta de acciones en Bolsa en un mismo día o,

excepcionalmente, en pocos días. El Arzobispado colocó en Gescartera un total de 1.113

millones de pesetas y sacó, en distintos plazos, 1.255,4 millones. Ganó 142,4 millones en

menos de tres años.

Enrique Peralta dijo en el Congreso que la inversión del Arzobispado de Valladolid en

Gescartera fue en renta fija y con una rentabilidad del 10%, 'inferior a la del mercado'. Después

apostilló que él invierte en Bolsa todo lo que puede y en lo que le ofrece 'en cada momento

más posibilidades' También aseguró que la primera entrega de dinero que hizo a la sociedad

de Antonio Camacho fue de 15 millones de pesetas y que no es cierto que realizara ingresos

millonarios cada 15, 20 o 25 días. Y remachó que tenía información trimestral de sus

inversiones en Gescartera y que siempre estuvo perfectamente conforme con ella.

Pues según esa información, tal y como ha llegado a la comisión parlamentaria de

investigación del escándalo de Gescartera, la inversión del Arzobispado fue, en su práctica

totalidad, en renta variable y en operaciones de compra-venta a muy corto plazo, casi siempre

un día. La primera entrega, además, no fue de 15 millones de pesetas sino de 100 millones. Y

los ingresos sí se produjeron, como muestra el cuadro, cada pocos días, aunque todo esto lo

negara el ecónomo.

En noviembre y diciembre de 1996, Peralta hizo cinco ingresos de entre 20 y 50 millones. El 2

de enero de 1997, realizó dos entregas, una de 25 millones de pesetas y otra de 35 millones.

Cinco días después ingresó otros 50 millones de pesetas. Las aportaciones se espacian en su

frecuencia hasta el otoño de ese año, pero en los dos meses que van desde el 30 de

septiembre al 24 de noviembre, Enrique Peralta ingresa en Gescartera 230 millones en cinco

cuotas. Otro detalle curioso es que mientras los ingresos, con dos excepciones -el 3 de enero

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de 1998 y el 22 de enero de 1999-, reflejan cifras redondas en millones de pesetas, las

retiradas de fondos llegan al detalle de la peseta. ¿ De dónde vienen esos sistemáticos

ingresos millonarios? Ésta fue una pregunta recurrente de los diputados al ecónomo, antes

incluso de tener la prueba documental, aportada por la CNMV, que llegó posteriormente a la

Comisión Gescartera. Peralta contestó que procedían de 'letras del Tesoro, principalmente'.

'¿ A ese nivel y con ese escalonamiento?', preguntó Felipe Alcaraz, de IU. 'Posiblemente sí,

porque ordinariamente yo busco el escalonamiento', replicó Peralta, quien subrayó que 'de

ninguna manera' se trataba de dinero 'procedente de la aportación del Estado'. Fuentes de

distintos grupos de la oposición calificaron de 'imposible' e 'increíble' que el Arzobispado de

Valladolid contara con tantísimas letras del Tesoro como para liquidar en tan pocos días esas

cantidades millonarias.

Además, sería posible que todos esos ingresos, retiradas de dinero, así como las operaciones

de compraventa de acciones, fueran absolutamente falsas. Por ejemplo, el ecónomo Peralta

dijo que 'creía' que en esas fechas todas las operaciones se hacían a través de Bankinter, pero

en la documentación que ha llegado al Congreso los gastos de custodia están apuntadas a la

empresa Link Securities. Pero el ecónomo del Arzobispado de Valladolid se esforzó durante

toda su comparecencia en dar credibilidad a la información que le daba Gescartera y a criticar

'la encerrona' a la que, a su juicio, le sometió la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

HACIENDA PARÓ UNA INSPECCIÓN A GESCARTERA 20 DÍAS DESPUÉS DE ABRIRLA LA INVESTIGACIÓN FISCAL A LA SOCIEDAD DE CAMACHO QUEDÓ INCONCLUSA EN ABRIL DE 1998. 9 . 10 .01

La Agencia Tributaria abrió una inspección fiscal a Gescartera en marzo de 1998 que,

inopinadamente, quedó interrumpida entre 15 y 20 días después, en abril del mismo año, sin

que los inspectores adoptasen ninguna medida, según informaron fuentes de la investigación.

La inspección afectó a la sociedad en sí, además de a las personas que canalizaban

inversiones a través de ella. Apenas dos semanas después de iniciados los trabajos los

inspectores abandonaron la tarea sin tomar medidas. Tras descubrirse el escándalo financiero

el pasado verano, la Agencia Tributaria retomó la inspección de esos años.

Los investigadores se muestran asombrados de que en poco más de dos semanas la Agencia

Tributaria abriese una investigación y ésta quedase interrumpida, sin que los inspectores

decidiesen hacer nada. Las sospechas se orientan a que alguien la paró.

La documentación se encuentra entre los miles de documentos remitidos al juzgado por la

Agencia hace algunas semanas, después de que la juez central de instrucción Teresa Palacios

estimase una petición de la Fiscalía Anticorrupción para que Hacienda enviase los

antecedentes que tuviese de Gescartera.

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La inspección de la Agencia Tributaria de abril de 1998 llegó en un momento de expansión de

Gescartera. Ese año, los fondos gestionados de clientes, según la auditoría entregada a la

CNMV, se elevaron a 8.449 millones, lo que suponía más del doble de los fondos gestionados

un año antes (3.117 millones de pesetas).

En aquellas fechas, abril de 1998, estaba al frente de la Agencia Tributaria José Aurelio García

Martín, que había sido el sustituto de Jesús Bermejo en julio de 1997 tras el escándalo

originado por la acusación hecha por el Gobierno del PP contra el PSOE de haber "perdonado"

200.000 millones a "sus amigos". Junto a Bermejo dejó el cargo de Jefa de Inspección

(segunda de la Agencia), Pilar Valiente. Bermejo y Valiente nunca pudieron demostrar aquella

acusación a pesar de que acudieron juntos por la noche en busca de documentos a las oficinas

de la Inspección. Tras ser destituidos, quedaron vinculados a Hacienda: Bermejo como director

general del Instituto de Estudios Fiscales y Valiente como jefa de la Unidad Central de

Coordinación en Materia de Delitos contra la Hacienda Pública, cargo que ocupó hasta que fue

nombrada consejera de la CNMV en noviembre de 1998.

La Agencia Tributaria depende de la Secretaría de Estado de Hacienda, vinculada entonces al

Ministerio de Economía, que ocupaba Rodrigo Rato, y ahora al de Hacienda. El secretario de

Estado en 1998 era Juan Costa. De él dependía también la Dirección General de Tributos, que

durante el primer Gobierno del PP ocupó Enrique Giménez-Reyna, el ex secretario de Estado

de Hacienda que dimitió por su relación con el escándalo de Gescartera

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EL BANCO DE ESPAÑA ACREDITA QUE GESCARTERA NUNCA SUMÓ MÁS DE 3.000 MILLONES EN SUS CUENTAS BANCARIAS. 9 . 10 .01

La investigación del Banco de España para seguir el rastro al dinero gestionado por Gescartera

sólo ha logrado acreditar, en el momento de mayor volumen de fondos de la empresa de

Antonio Camacho, en 1999, que todas sus cuentas no sumaban más de 3.500 millones de

pesetas. Además, sólo en cuentas de los clientes de Gescartera, esa suma refleja 2.747

millones, es decir, menos de la sexta parte de los 18.000 millones supuestamente

desaparecidos. Los restantes 757 millones estaban en cuentas que el Banco de España califica

como de las personas físicas y jurídicas del colectivo Gescartera y ese dinero también podía

ser de clientes o de cuentas omnibus (conjuntas) de Gescartera.

El informe del Banco de España llegó a la Comisión Gescartera con el sello de confidencial y

los diputados comisionados pudieron ojearlo pero no sacar copia de él.

Lo primero que deja claro el informe es que las cuentas de Gescartera reflejan mucho menos

dinero del que, aparentemente, allí habían depositado sus clientes. La segunda conclusión es

que Gescartera se movía de un banco a otro cada vez que las entidades le solicitaban datos.

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La tercera es que si hay dinero en entidades de crédito de paraísos fiscales, ello queda fuera

de la capacidad de supervisión del Banco de España. Y la cuarta, y no menos grave, es que

desde 1999 el escaso dinero y cartera de valores de la empresa de Camacho acabó de

esfumarse hasta quedar, el día de la intervención, el 14 de junio de este año, prácticamente en

nada.

Los bancos con los que, en uno u otro momento, operó Gescartera son el HSBC, Bankinter,

Deutsche Bank, Caja Madrid y La Caixa. Lo que sigue es un resumen de ese análisis del

Banco de España recogido de una rápida lectura por parte de algunos comisionados.

- HSBC. El HSBC es el único banco que ha acompañado a Gescartera en toda su trayectoria.

Al ser un banco británico depende del Banco central británico. En el HSBC, después de la

intervención, siguen vivas 26 cuentas que tienen como cliente a Grand Tibidabo. Antonio

Camacho tuvo en el HSBC un crédito personal, que pasó de 20 millones en 1992 a 750

millones. Camacho lo más que usó fueron 426 millones.

- La Caixa. El informe del Banco de España relata que Gescartera intentó, en 1999, traspasar

toda su actividad a La Caixa. Esta entidad dijo que no. Gescartera sólo utilizó allí dos cuentas.

En una se ingresaban por transferencia las liquidaciones bursátiles realizadas y en la otra las

retiradas de dinero y transferencias. La Caixa comunicó al Banco de España que la CNMV sólo

le pidió que validara un certificado de Gescartera el 14 de junio, día de la intervención. Y

esperó al 18 de julio para preguntarles por la validez de los certificados, también falsos pero

que la CNMV dio por buenos, de finales de 1999. Otro dato destacable son dos millonarias

retiradas de efectivo. En abril de 1997, Francisco Javier Sierra de la Flor (imputado) retiró 912

millones. Y en junio de 2001, al filo de la intervención, José María Ruiz de la Serna (imputado)

sacó 479 millones.

- Bankinter. Gescartera operó con esta entidad desde mayo de 1996 a mayo de 1999.

Rompieron en esa fecha porque, a requerimiento del entonces supervisor de la CNMV, David

Vives, Bankinter solicitó a Gescartera que individualizara las cuentas omnibus y ésta se negó.

Bankinter también relata la información pedida por Vives sobre 11 clientes de Gescartera que

tenían, a finales de 1998, 1.268 millones allí depositados. Bankinter respondió que sólo cuatro

tenían cuentas individuales y que transmitió a la CNMV el 15 de febrero de 1999 esas

irregularidades. Fueron recogidas por Vives, pero el consejo de la CNMV no las vio suficientes

como para intervenir.

- Deutsche Bank. Esta entidad recibe en bloque el dinero que Gescartera tenía en Bankinter.

Allí se abren 1.050 cuentas en marzo de 1999, pero, a partir de octubre de ese mismo año,

Gescartera decide repartir el juego. El Banco de España ha seguido la pista a 6.133 millones

que salieron, en total, de Deutsche Bank y fueron a parar a Caja Madrid (455 millones), La

Caixa (2.584 millones), Bankinter (433 millones), la sociedad de valores Benito y Monjardín

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(BM), a traves de su cuenta en el Deutsche Bank (1.960 millones); BSCH (300 millones) y

Bancoval (399 millones). La ínfima cartera de valores también fue trasladada.

- Caja Madrid. Su papel fue, a partir de 1999, de principal depositario de la escasa cartera de

valores de los clientes. En efectivo sólo consta un apunte, de este año, y es en números rojos.

EL EMPRESARIO ACUSADO DE LAVAR DINERO NEGRO DEJA LA SOCIEDAD. 9 . 10 .01

El periodista Roberto Santos, máximo responsable de la empresa Asesores 2000, a la que el

PP acusa de lavar dinero negro a través de Gescartera, emitió un comunicado en el que

anunció el abandono de sus responsabilidades en la sociedad para dedicarse a la defensa de

su persona. Santos considera 'falsa y cruel' la implicación del ex ministro del Interior José Luis

Corcuera en una operación de dinero negro a través de Asesores 2000. 'Se trata de una

campaña que sólo persigue fines políticos partidistas en lugar de esforzarse en descubrir a los

auténticos responsables y el paradero de los fondos estafados a más de 2.000 ahorradores'.

Santos sostiene que su empresa es una 'damnificada más' por la gestión de la agencia de

valores y cree que se ha puesto en duda su 'honorabilidad y profesionalidad'. Según declaró el

apoderado de Gescartera, José María Ruiz de la Serna, la agencia llegó a conceder a Santos

rentabilidades de hasta el 41% por sus inversiones

EL MINISTRO DE HACIENDA REVELA 'INDICIOS' QUE LIGAN EL DINERO NEGRO DE GESCARTERA CON EL PSOE. 9 . 10 .01

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, abandonó los monosílabos con los que se ha

defendido hasta ahora por las implicaciones políticas del caso Gescartera y lanzó graves

acusaciones para relacionar al PSOE con el dinero negro que, supuestamente, administró

Gescartera. Montoro aludió a las investigaciones sin terminar que ha encargado sobre la

agencia de valores, también en la Agencia Tributaria, para concluir que existen ya 'más que

indicios' de que el lavado de dinero negro de Gescartera está ligado a 'personas y entidades'

del entorno del PSOE y no del PP. Los socialistas replicaron que si Gescartera era una

lavadora de dinero negro, como mantiene el PP, 'la responsabilidad segura es del Gobierno'

pues no sólo la dejó funcionar pese a los informes que aconsejaban intervenirla, sino que 'la

ascendió y premió'. Montoro, según Antonio Cuevas, portavoz del PSOE en la Comisión

Gescartera, 'está desautorizado para hablar hasta que encuentre el dinero de Gescartera'. El

PSOE reclamó a Montoro y a Javier Arenas el informe de la Agencia Tributaria y subrayó que

'lanzar insidias basándose en un supuesto conocimiento previo de ese informe sólo muestra

que el Gobierno y el PP presumen de información privilegiada'.

Esta respuesta del PSOE se produjo después de que el ministro de Hacienda apuntara que, en

función de las investigaciones del departamento que dirige, existían indicios para ligar a los

socialistas con Gescartera. Montoro, seguramente incitado por la revelación publicada por la

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revista Interviu de que una prima de su esposa, Lourdes Gutiérrez Duro-Franco, invirtió dos

millones de pesetas en Gescartera, que retiró en 1999 antes de la intervención, endureció su

réplica a los socialistas.

Montoro reveló primero que había tenido noticia de la relación de su familiar con Gescartera en

la noche del domingo e intentó desmarcarse de esa prima hermana de su mujer. Aseguró que

hasta el pasado julio -cuando comenzó el escándalo de Gescartera- hacía al menos 15 años

que no hablaba con ella.

Pero lo que quería Montoro era identificar a Gescartera como lavadora de dinero negro con el

PSOE. Y lo hizo abiertamente, mucho más que los más agresivos dirigentes del PP lo han

hecho en los últimos días. El ministro de Hacienda y máximo responsable de la Agencia

Tributaria señaló que había remitido al Congreso de los Diputados información de distintas

investigaciones iniciadas en su departamento, y de las auditorías de las empresas públicas que

invirtieron dinero en Gescartera, que ponen de manifiesto que 'personas estrechamente

familiares, y no ya el entorno sino de la realidad del PSOE, aparecen como inductoras de esas

inversiones'. El ministro añadió después que ninguna de esas investigaciones están terminadas

pero sí profundizó en una operación de 1996 de la empresa pública Saes -participada

ampliamente por la SEPI- que invirtió 450 millones de pesetas en Gescartera. Montoro culpó de

esta operación a Antonio Hermosín, 'cuñado del diputado socialista Luis Yáñez, hermano de la

consejera socialista de la Junta de Andalucía'. Montoro, para restar trascendencia a sus

manifestaciones, comentó que ya había apuntado esas imputaciones el miércoles de la

semana pasada tras una pregunta de un diputado socialista en la sesión de control. Pero

entonces no fue ni de lejos tan explícito. El ministro de Hacienda, como hizo también ayer el

secretario general del PP, Javier Arenas, reclamó prudencia y tranquilidad al PSOE al exigir

responsabilidades en este caso. Montoro subrayó en esa línea que de sus investigaciones ha

podido deducir ya que hay 'más que indicios suficientes' para intuir que tras la lavandería de

Gescartera 'hay personas y entidades que no tienen nada que ver con el PP sino con el

entorno del PSOE' y con 'empresas nacidas al calor de la administración socialista'. Los

socialistas le reclamaron que facilite esa información al Congreso 'afecte a quien afecte' y que

después la traslade a los tribunales. Cuevas aseguró incluso que el fraude de Gescartera

habría sido 'imposible sin la connivencia de los responsables políticos de la Administración', y

puso al mismo nivel al responsable de la Hacienda Pública, Cristóbal Montoro, y al

vicepresidente económico, Rodrigo Rato. A los ataques de Montoro, el PSOE respondió: 'Ya se

ha demostrado que Gescartera es un caso claro de corrupción política' y que sus responsables

son 'Rato y Montoro'. 'El primero porque sabía lo que pasaba en la CNMV, sabía que desde

ella se tapaba a Gescartera y, pese a ello, permitió que se la ascendiera de categoría. Eso sí,

hizo que la orden ministerial la firmara José Folgado'. Y Montoro por no perseguir con éxito el

dinero negro

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El PSOE esgrimió con indignación el informe de Price Waterhouse en el que se ha basado

Cristóbal Montoro para acusar a Antonio Hermosín (hermano de Carmen Hermosín, consejera

de la Junta de Andalucía) de ser el responsable de que la empresa pública SAES invirtiera en

Gescartera. Los socialistas destacaron que en la página ocho sólo dice que 'a mediados de

1996 uno de los vocales representantes del accionista Thomson sugirió la conveniencia de

mejorar los rendimientos de los excedentes de tesorería de SAES y comentó la posibilidad de

hacerlo a través de Gescartera'. Según el PSOE, Hermosín era uno de esos vocales, pero no el

único. El informe continúa: 'El consejo debatió el asunto y aceptó la sugerencia dejando en

manos del director general la concreción de dicha posibilidad'. Después hay una relación de

personas que se encargaron de la relación con Gescartera entre las que no está Hermosín.

HACIENDA ADMITE QUE APARCÓ CUATRO INSPECCIONES A GESCARTERA "POR POSIBLE INEFICACIA". LA AGENCIA TRIBUTARIA AFIRMA QUE NO HUBO 'CONDUCTAS CONCERTADAS' PARA FAVORECER A CAMACHO.10.10.01

Hacienda abandonó cuatro inspecciones a Gescartera y a sus socios mayoritarios en 1998 por

'posible ineficacia'. La Agencia Tributaria no 'ha constatado' que esas cuatro inspecciones

decayeran debido a 'conductas concertadas tendentes a favorecer' a Gescartera y a sus

principales accionistas. Su director, Salvador Ruiz Gallup, aseguró que pueden darse

'explicaciones alternativas variadas' a estas 'circunstancias significativas': Admitió alguna

'posible ineficacia', quizá una 'mínima ineficiencia', o una 'priorización del trabajo no óptima'. Y

concluyó que nadie es responsable de ello.

El director general de la Agencia Tributaria, Salvador Ruiz, aseguró que la auditoria interna

realizada para investigar si Hacienda permitió algún trato de favor a Gescartera o a su entorno

ha concluido favorablemente. 'Hemos investigado todo y no hemos constatado irregularidades',

aseguró Ruiz, pues 'todos dicen no haber recibido instrucciones de hacer o de no hacer'. Esta

conclusión exculpatoria se extenderá también, añadió, a la investigación realizada sobre

Enrique Giménez-Reyna. Hacienda 'no ha detectado' al investigar a Giménez-Reyna

'actuaciones fuera de los parámetros normales de la Agencia Tributaria'.

Nadie hizo nada fuera de los 'parámetros normales', todos dicen 'no haber recibido

instrucciones' que pudieran favorecer a Gescartera, pero el hecho cierto, que Ruiz envolvió

ayer en una maraña de cifras y expresiones intrincadas, es que en 1998 la Agencia Tributaria

aparcó o dejó caer cuatro inspecciones sobre 'otros tantos' contribuyentes del núcleo de

Gescartera. Ese núcleo, que la Agencia califica como 'nivel 1' está formado por Gescartera, las

empresas de ese grupo y los dos socios mayoritarios, es decir, Antonio Camacho y, hasta su

fallecimiento, su padre, José.

En esas cuatro inspecciones se produjeron 'circunstancias significativas'. Según el intrincado

lenguaje de Ruiz, 'se dan circunstancias significativas' cuando se ha 'podido' producir 'un

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perjuicio, económico o no, para los intereses generales que debe proteger la Agencia

Tributaria'. Es decir, cuando Hacienda no ha cumplido fielmente con su tarea.

Ruiz intentó minimizar la importancia 'estadística' de esas cuatro inspecciones, todas de 1998,

en la vida de Gescartera. Para ello las envolvió en un total de '536 actuaciones de todas las

áreas funcionales de la Agencia sobre un censo de 124 contribuyentes'. Esos 124

contribuyentes incluyen a clientes, socios y hasta empleados de Gescartera y las 536

actuaciones suman todo, es decir, no sólo las 20 inspecciones abiertas a este grupo sino

también cuándo se les han cobrado los impuestos o se les ha remitido alguna gestión tributaria.

Pero en el núcleo de Gescartera, durante toda la vida del grupo de empresas de Camacho,

Hacienda sólo abrió 11 inspecciones. Y, de ellas, hay cuatro en 1998 que resultan, por

'variados' motivos, fallidas. La explicación de las cuatro que ayer ofreció Ruiz y transmitió al

Parlamento es tan embrollada como todo lo anterior. En síntesis, ésta fue su explicación:

Hay dos 'actuaciones' (inspecciones) de la Agencia que decayeron porque 'no se produjo la

reasignación de los expedientes a otros actuarios' (inspectores) cuando éstos 'no pudieron

finalizarlos' o porque 'cambiaron de trabajo' o porque soportaban una gran 'carga de trabajo'.

Es decir, dos inspecciones al núcleo de Gescartera quedaron en el cajón porque o bien los

inspectores encargados cambiaron de ocupación o tenían demasiadas tareas asignadas. En

uno de estos casos, el fraude que dejó de investigar Hacienda 'ha prescrito'. En el otro, 'no

llegó a notificarse el inicio de las actuaciones inspectoras'.

El tercer caso, la Agencia 'ha constatado' ahora que no actuó en 1998 'a pesar de disponer de

información significativa sobre parámetros de relevancia fiscal del contribuyente'. ¿Por qué, si

la información era 'significativa' y relevante, no hizo nada? La explicación ofrecida por la

Agencia Tributaria es que el jefe de la 'dependencia' que se encontró estos datos creyó 'que se

trataba de una empresa domiciliada en Madrid'.

La explicación de por qué también se cerró en falso la cuarta inspección es algo menos

confusa: 'Se procedió a la incoación de actas previas de comprobado y conforme sin haberse

investigado toda la información relevante obrante en el expediente'. Es decir, se dio carpetazo

a la inspección sin mirar todos los datos.

Eso sí, la Agencia Tributaria ha realizado 'una investigación exhaustiva de los expedientes' y ha

concluido que 'no se infieren indicios suficientes que motiven la iniciación de procedimientos

que pudieran dar lugar a la exigencia de responsabilidades disciplinarias'. Y Ruiz añadió:

'Cuanto menos penales'. Es decir, 'nadie' en Hacienda hizo 'nada' que le haga responsable de

estos cuatro olvidos

La Comisión Gescartera recibió el informe de la Agencia Tributaria que concluye que actuó con

Gescartera 'dentro de los parámetros normales', que no 'se han constatado conductas

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concertadas' para favorecer a la empresa de Antonio Camacho y que 'no hay indicios

suficientes' para abrirle a 'nadie' expediente disciplinario. Ahora bien, la Agencia Tributaria no

va a remitir al Congreso el informe completo de la auditoría interna que sí ha remitido, 'en pieza

secreta separada', a la Audiencia Nacional. No lo hará porque ello 'vulneraría el artículo 113 de

la Ley General Tributaria, que exige a la Hacienda Pública el deber de confidencialidad

respecto a los datos que afectan a los contribuyentes'. Para argumentar esta negativa,

Hacienda también ha remitido a los diputados un informe de 21 páginas elaborado por el

Servicio Jurídico sobre 'la confidencialidad de los datos tributarios' y las comisiones de

investigación.

La Comisión Gescartera tampoco recibirá ' los resultados de la investigación en relación con la

posibilidad de que haya fraude fiscal'. El director de la Agencia Tributaria, Salvador Ruiz,

advirtió de que la búsqueda del dinero negro ' llevará tiempo', ya que es un trabajo complejo y

arduo. Por ello, no podrá estar terminado 'antes de enero del próximo año'. Ruiz restó

importancia a que con ese plazo, la investigación del dinero negro quede fuera de la

investigación parlamentaria de Gescartera, pues estima que lo importante es que ésta continúe

en la Audiencia Nacional.

El director de la Agencia subrayó además que, en todo caso, los parlamentarios no podrían

recibir esa información sobre el dinero negro ni aún cuando estuviese concluida a tiempo. No

podrían por el deber de confidencialidad que Hacienda tiene sobre 'contribuyentes concretos'.

A la pregunta de cómo valora, con esa filosofía de preservar ante todo la confidencialidad

fiscal, las declaraciones del ministro de Hacienda, que ya ha apuntado conocer quiénes y de

qué partido son los dueños de ese dinero negro, el director de la Agencia respondió que él ni

comenta ni valora las declaraciones de su ministro.

RAMALLO FIRMÓ RESOLUCIONES EN LA CNMV SOBRE 11 EMPRESAS CON LAS QUE LUEGO TRABAJÓ.EL ORGANISMO REGULADOR REMITE A ADMINISTRACIONES PÚBLICAS UNA LISTA CON LAS COINCIDENCIAS. 10.10.01

La investigación del Ministerio de Administraciones Públicas avanza para establecer si Luis

Ramallo, ex diputado del PP y ex vicepresidente de la CNMV, vulneró la ley de

incompatibilidades al actuar como notario para sociedades de bolsa tras abandonar el

organismo regulador. Un escrito de la CNMV acredita que 11 empresas para las que trabajó

Ramallo como notario fueron antes objeto de resoluciones como vicepresidente de la CNMV.

En su lista, la CNMV omite la resolución más relevante: la conversión de Gescartera Dinero en

agencia de valores por el consejo de 13 de julio de 2000.

El Ministerio de Administraciones Públicas posee ya cinco informes para evaluar si Ramallo

incumplió las normas de incompatibilidades al actuar como notario para sociedades que fueron

objeto de resoluciones suyas como vicepresidente de la CNMV o de Consejos de la ese

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organismo en los que participó. De esos cinco informes, según Posada, no se concluye

supuestamente ninguna incompatibilidad. La Ley de Incompatibilidades exige que 'durante los

dos años siguientes a la fecha de su cese los altos cargos no podrán realizar actividades

privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio

de su cargo'. Uno de los informes manejados por Administraciones Públicas es una inspección

realizada por el colegio notarial de Madrid a la notaría de Luis Ramallo el pasado septiembre.

Entre otros extremos, se comprobaron 'todos y cada uno de los instrumentos públicos

otorgados por sociedades con el grupo Gescartera'. El informe del colegio notarial sólo ha

hallado una anomalía: que encareció sus gestiones hasta el primer trimestre de 2001. Ramallo

'no hacía constar al pie del documento matriz, con la firma del notario, el importe de los

derechos devengados, sino que se utilizó el sistema de unir las facturas a las matrices y

protocolizarlas con éstas, con el consiguiente encarecimiento del documento'.

Los inspectores notariales acreditaron también la existencia en el despacho de Ramallo de 'un

cierto número de instrumentos de notable importe otorgados por entidades financieras,

crediticias y de inversión'. Sin contar las numerosas actuaciones sobre Gescartera, citan en su

listado un total de 17 operaciones notariales que incluyen a sociedades inversoras como Link,

Avalmadrid, Plus Ultra, Bipop-Carire, Investor o Ahorro y Titulación. El informe señala 'los

amplísimos poderes' de gestión y disposición otorgados en febrero de 2001 al propietario de

Gescartera, Antonio Camacho, quien no podía figurar en el consejo de la sociedad porque al

estar sancionado hubiera supuesto un impedimento a su conversión en agencia de valores.

El informe también resalta la intervención de Ramallo en una escritura celebrada al día

siguiente de la intervención de Gescartera por la que se sustituye a Camacho como

administrador único de su sociedad patrimonial Dacna y Colombo. Un informe de la CNMV,

firmado por su nuevo presidente, Blas Calzada, cierra el círculo y demuestra que al menos 11

de las sociedades que han sido clientes de Ramallo como notario fueron antes objeto de

resoluciones suyas como vicepresidente de la CNMV: Agaba Inversiones (proyecto al

Ministerio de de Economía de autorización de proyecto de constitución), Invercova I (propuesta

a Economía de modificación de reglamento de gestión), Invercova I (propuesta a Economía de

modificación del reglamento), Baring Iberia (propuesta a Economía de modificación del

reglamento), Afina Gestión (inscripción en el registro), Hiscapital (inscripción de modificación de

estatutos y no oposición a la adquisición del 100% de la agencia de valores), Link Securities

(no oposición a la adquisición del 2,5% de la agencia de valores), Ahorro Corporación

(inscripción de estatutos, actividades y capital), Benito y Monjardín (inscripción de estatutos y

no oposición a la adquisición del 100% de la sociedad de valores), Warburg Securities

(inscripción de actividades y estatutos), y UBS gestión (inscripción en el registro y no oposición

a la adquisición del 99,9% de la sociedad gestora). El escrito de la CNMV detalla un segundo

bloque de actuaciones de Ramallo: las derivadas de su participación en consejos de la CNMV.

Este apartado cita varios acuerdos sobre inversoras que también fueron posteriormente

clientes de su notaría: UBS, Afina, Gesplusultra, Hiscapital, Benito y Monjardín. En este bloque

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aparece la única referencia de la CNMV sobre Ramallo y Gescartera: los expedientes

sancionadores a sus gestores, Camacho y José María Ruiz de la Serna, en abril y julio de

2000. De una propuesta de sanción muy grave se redujo a sólo grave.

El informe de la CNMV omite la resolución del consejo de de julio de 2000, donde participó

Ramallo, que aprobó el expediente para elevar a agencia de valores a Gescartera. La CNMV

explicó ayer a este periódico que la omisión obedece a que ya en agosto informó a

Administraciones Públicas del papel de Ramallo sobre Gescartera, y que ahora no se le

preguntó por ella. La CNMV señala otras doce coincidencias entre sociedades de bolsa y

clientes notariales de Ramallo, pero aclara que sobre dichas inversoras 'no constan

resoluciones' del ex vicepresidente.

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LA COMISIÓN DESCUBRE QUE RAMALLO RECIBIÓ DE CAMACHO 11 REGALOS DE HERMÉS VALORADOS EN 1.119.000 PESETAS. 10.10.01

La comisión de investigación del caso Gescartera descubrió que el ex diputado del PP Luis

Ramallo, ex vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, recibió del

propietario de esa agencia, Antonio Camacho, imputado y encarcelado por este escándalo

financiero, un total de 11 regalos de la prestigiosa firma de lujo Hermés por un importe global

de 1.119.000 pesetas. Uno de esos presentes, un reloj de señora enviado al céntrico domicilio

en Madrid del ex veterano parlamentario, costó 267.000 pesetas. Otro reloj, en este caso para

caballero, estaba cifrado en 220.000 pesetas. Camacho adquirió para regalar a Ramallo dos

billeteros de caballero por valor cada uno de 183.000 pesetas, y siete pañuelos de seda twill a

38.000 pesetas la unidad.

Hermés remitió al Congreso de los Diputados un desglose detallado de los 396 artículos que

Camacho compró en su elitista tienda en la calle Serrano de Madrid por un montante total de

39.667.150 pesetas. El documento enviado por Hermés, sin embargo, sólo precisa la identidad

como receptores de esos artículos a Luis Ramallo y a otras dos personas, Marcos Quevedo y

Antonio Pérez, a los que se entregó sendas corbatas de seda twill de 16.500 pesetas la unidad

en domicilios de Gescartera.

El documento de Hermés especifica a continuación cinco folios con todo tipo de regalos y

compras en esa tienda, muchos de claro uso personal del propio Camacho. En ese escrito se

precisan adquisiciones de calzoncillos boxer, camisas, corbatas, perfumes, bufandas, gemelos,

jerseys, cazadoras, trajes, chaquetas, polos, guantes, abrigos, zapatos, zapatillas, botas,

botines, pañuelos, billeteros, carteras, marcos de fotos, cinturones, parcas, portadocumentos,

portafolios, cojines, cajas de puros, aceite para sillas de montar, silla de montar oxer (410.000

pesetas), fusta, mantas, bolsos de viajes, neceser. En ese listado, hay un chaquetón de

caballero de 483.000 pesetas, bolsos y relojes de casi medio millón, un jersey de señora de un

millón de pesetas, dos maletines de documentos de 1.115.000 pesetas cada uno, y una

chaqueta de caballero de 680.000. Ramallo admitió en el Congreso que había recibido de

Camacho "cuatro pañuelos, dos bolsitos y un reloj".

Pero el Congreso también dispone de un listado de los regalos que, por valor de 140 millones

de pesetas, adquirió el dueño de Gescartera en la madrileña joyería Suárez, en el que sólo se

describe el objeto, la fecha y el importe, pero no los agraciados. Estos presentes eran

entregados en persona a Antonio Camacho, a un chofer que él enviaba o en las oficinas del

propietario de la agencia de valores. Asimismo, el pasado viernes se conoció, durante la

declaración del ex secretario de Estado Enrique Giménez-Reyna en la comisión parlamentaria,

que Camacho envió, en las pasadas Navidades, regalos de la firma Loewe a miembros de la

Comisión Nacional del Mercado de Valores y al propio Giménez-Reyna. En total, el dueño de

Gescartera se gastó casi tres millones de pesetas en estos regalos. El ex secretario de Estado

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recibió dos maletas valoradas en total en 245.000 pesetas. Luis Ramallo también recibió una

maleta de 119.000 pesetas

EL PSOE ACUSA A RATO POR VULNERAR LA LEY CON SUS EMISORAS DE RADIO . 10.10.01

La sociedad Muinmo, propiedad a partes iguales del vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato

y de sus dos hermanos, recibió contratos del Gobierno balear de 1999 a 2001 (con ejecutivos

del PP y del PSOE) por valor de 30 millones. Muinmo controla en el archipiélago balear cinco

emisoras: Palma, Inca, Manacor, Alcudia y Alaior. Esa publicidad institucional fue otorgada por

cuatro consejerías: Bienestar Social, Presidencia, Educación y Ciencia y Agricultura.

El PSOE denunció que estos contratos suponen una vulneración de dos normas que afectarían

a Rato por su condición de ministro y diputado. Los socialistas recuerdan el artículo 2.2 de la

Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos para destacar la ilegalidad que supuestamente

comete Rato: 'Los titulares de altos cargos no podrán tener por sí o junto con su cónyuge e

hijos independientes y personas tuteladas, participaciones superiores a un 10% en empresas

que tengan conciertos o contratos, de cualquier naturaleza, con el sector público estatal,

autonómico o local. Los altos cargos que al ser nombrados poseyeran tal participación tendrían

que desprenderse de ella en un mes, y si adquirieran tal paquete accionarial por sucesión

durante su mandato, deberían venderlas en un plazo de tres meses'.

A partir de tales premisas legales y ante el hecho de que la declaración de actividades de Rato

como diputado no incluye ninguna referencia a Muinmo, el PSOE entiende que se 'ha

producido una clara vulneración de las normas de incompatibilidad, sin que la Comisión del

Estatuto, que debe velar y aprobar sobre la compatibilidad de las actividades privadas, haya

podido pronunciarse al respecto, ya que no fue informada sobre ello'.

La socialista María Teresa Fernández de Vega anunció que pedirá explicaciones al

vicepresidente económico por estos hechos que consideró 'extraordinariamente graves, ya que

tienen la apariencia de una clara conculcación de las normas sobre incompatibilidad'. Los

socialistas, por otro lado, investigan los pormenores del crédito de 525 millones que concedió

en diciembre de 2000 a Muinmo el HSBC, uno de los bancos más activos del entramado de

Gescartera. Jesús Caldera, portavoz del PSOE, ha manifestado su sospecha de que tal crédito

fue rubricado personalmente por el propio vicepresidente.

El vicepresidente, Rodrigo Rato, avanzó con cierto malestar, tras participar en un acto del PP

sobre los presupuestos, que no tiene ninguna disposición a facilitar ni explicar en la comisión

del Congreso los datos del crédito del HSBC a la empresa Muinmo, que considera familiar,

totalmente legal y acorde al mercado y ajeno a este caso. El PP suscribió más tarde esa misma

opinión cuando su portavoz en esa comisión, Vicente Martínez Pujalte, consideró que el

estudio detallado de ese crédito no es el objeto de la comisión.

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EL CORONEL GIMÉNEZ-REYNA NIEGA QUE INFORMARA SOBRE DINERO NEGRO A CAMACHO. HERMOSÍN DICE QUE SUGIRIÓ PERO NO ACONSEJÓ A SAES INVERTIR EN Gescartera. 10.10.01

El coronel de la Guardia Civil José Giménez-Reyna negó en la Comisión Gescartera haber

facilitado a la agencia de valores o a su dueño, Antonio Camacho, información alguna de

investigaciones sobre trasiego de dinero negro llevadas a cabo por el instituto armado. Sí

reconoció que fue el presidente de la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil, el general

Antonio Blanes, quien le pidió el número de teléfono de su hermana Pilar para invertir en

Gescartera parte del dinero de la venta de un cuartel de San Sebastián.

El interrogatorio a José Giménez-Reyna se centró en gran parte en conocer detalles sobre cuál

fue su trabajo al frente de la Unidad Central Operativa (UCO) -que dirigió hasta febrero de

2000, cuando pasó a la jefatura de la Secretaría de Personal- y si desde ese puesto tuvo

acceso a datos confidenciales de investigaciones sobre dinero negro. El coronel negó en todo

momento haber tenido acceso a los ficheros confidenciales sobre blanqueo de dinero y mucho

menos haber informado de ello a Camacho o a su hermana Pilar. "En el tiempo en que yo he

estado [en la UCO] no hemos tenido nunca información de chiringuitos financieros", dijo poco

antes de sentenciar: "Yo no conocía ninguna operación de blanqueo de capital en la unidad".

En la información facilitada al Congreso por la Dirección General de la Guardia Civil figura que

su Policía Judicial investigó entre los años 1997 y 1999 un total de 13 casos de blanqueo de

dinero, de los que tres están aún sin resolver. Pero en ninguno intervino la UCO, según fuentes

del instituto. El coronel agregó que no tenía acceso a las bases de datos Operfis y Basefis y

que ni siquiera tenía clave informática para echarles un vistazo. Los diputados Ángel Martínez

Sanjuán, del PSOE, y Felipe Alcaraz, de IU, resaltaron la "casualidad" de que el crecimiento de

Gescartera se produjera entre 1997 y 2000, cuando el coronel estuvo en la Policía Judicial; su

hermano Enrique, en Hacienda; y su hermana Pilar, como alta directiva de la sociedad.

El coronel aseguró que en ningún momento sugirió a los responsables de la Asociación de

Huérfanos de la Guardia Civil invertir en Gescartera. Fue, dijo, el presidente de la asociación, el

general Antonio Blanes, quien se dirigió a él para pedirle el teléfono de su hermana Pilar para

ver la posibilidad de invertir en la agencia parte de los 1.611 millones obtenidos por la venta del

cuartel de la calle de Zumalacárregui, en San Sebastián.

Esta versión fue corroborada poco después por Santiago López Valdivielso, director general de

la Guardia Civil, quien dijo que Blanes le confesó que fue él quien pidió al coronel el contacto

con Pilar Giménez-Reyna para finalmente invertir en Gescartera 420 millones. Blanes y la

familia Giménez-Reyna se conocen desde hace más de 20 años. López Valdivielso aseguró

que ha decidido mantener al frente de la Asociación al general Blanes, entre otros motivos

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porque hasta el asunto de Gescartera su gestión había sido "altamente satisfactoria". Más tarde

negó haber recibido presión alguna para situar al coronel Giménez-Reyna al frente de los

servicios antiterroristas.

Por la tarde, el ex director general de la Sociedad Anónima de Electrónica Submarina (SAES),

Jesús García Blanco, confirmó que fue Antonio Hermosín, en su calidad de consejero

representante del accionista del grupo Thales (antes Thomson), quien recomendó en 1996 que

SAES invirtiera en Gescartera. Hermosín, director en España del Grupo Thales y hermano de

la consejera andaluza de Justicia, Carmen Hermosín, admitió tras este testimonio que en un

consejo de SAES sugirió la posibilidad de invertir en Gescartera, pero negó que recomendase

o decidiese hacerlo. Hermosín, quien se definió como una víctima de la estafa, ya que él invirtió

dinero, contestó con un encogimiento de hombros y una sonrisa a la pregunta de si creía que

se le habría llamado a comparecer en el Congreso si su hermana no fuera quien es.

El presidente de la Mutualidad de Previsión Social de la Policía (Mupol), Rafael de los Reyes

Román, declaró que Aníbal Sardón, el comercial de Gescartera que captó la inversión de este

organismo, presumía de que la presidenta de la agencia era hermana del entonces secretario

de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna.

José Giménez-Reyna aseguró que fue su cuñado Ángel Malpartida quien le invitó a la final de

la Copa de Europa en París en mayo de 2000, a la que fueron 14 personas -entre ellas varios

guardias más y dos policías- en un avión privado por gentileza de Antonio Camacho. Sin

embargo, de ese bimotor blanco y azul, cuyo propietario sería el empresario iraní Matsup

Sandi, no hay rastro. Pese a que el coronel y otros de los viajeros han insistido en que

partieron de la zona de vuelos privados de Barajas la noche del 23 de mayo de 2000, AENA

envió un comunicado al Congreso en el que dice que ningún avión privado salió esa noche de

sus instalaciones. Sí salieron tres de Torrejón, pero por la tarde. Del bimotor, ni rastro�

EL CONSEJERO SUPERVISOR AFIRMA QUE SE PLANTEÓ LA INTERVENCIÓN DE GESCARTERA Y OTROS DOS LO NIEGAN. JOSÉ MANUEL BARBERÁN SEÑALA QUE RAMALLO DEFENDIÓ A CAMACHO EN EL CONSEJO DE LA CNMV.11.10.01

José Manuel Barberán, antiguo consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores

(CNMV), aporta detalles fundamentales para comprender la 'campaña' organizada en el

organismo regulador que permitió a Gescartera escapar de la tenaza de los inspectores en

1999. En su comparecencia ante la comisión de investigación del Parlamento, Barberán,

militante del PP, afirmó que el vicepresidente del organismo, Luis Ramallo, hizo de altavoz de

las quejas de Gescartera y que el ex secretario del consejo, Antonio Alonso, sugirió reemplazar

a los inspectores que habían destapado el fraude.

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Ramallo protagonizó una escena inaudita en el transcurso de uno de los consejos de la CNMV,

según explicó Barberán . Camacho había enviado una carta quejándose del trato que estaba

recibiendo de los inspectores, que trataban de acorralarle convencidos de que faltaban 4.500

millones. Con esa carta en la mano, Ramallo espetó en un consejo, según Barberán: '¿Qué

pasa, que estáis haciendo esto o que no estáis haciendo esto?'. 'Es una carta muy dura',

recordó Barberán. 'Pero lo que es todavía más insólito no es que se mande esa carta, sino que,

dentro del Consejo, haya quien se haga eco de la misma y lo plantee ariscamente'.

Todo esto sucedía en el primer semestre de 1999, después de que un consejo extraordinario

de la CNMV, el 16 de abril de ese año, no lograse acordar la intervención de Gescartera,

básicamente por la oposición de tres consejeros (Pilar Valiente, José María Roldán y Luis

Ramallo), frente al ánimo interventor del presidente Juan Fernández-Armesto y el propio

Barberán, que era consejero responsable de Supervisión.

Barberán describió con las siguientes palabras el papel de Alonso Ureba, entonces secretario

del consejo, en esa trama: 'Dijo que podría ser que nos viéramos con una demanda de Bankinter porque han perdido un cliente por nuestra culpa; que también Gescartera ha perdido un cliente importante como el Arzobispado ; que es que esto tiene muchos problemas; que por qué no cambiábamos de equipo'.

Posteriormente, compareció ante los diputados José María Roldán, también antiguo consejero

de la CNMV, y hoy director general en el Banco de España. Roldán negó la versión de

Barberán, y afirmó que, según las actas y el orden del día, en aquella reunión nadie propuso la

intervención. Roldán, que fue jefe de gabinete de Rodrigo Rato, también negó un incidente que,

según Barberán, se produjo en una reunión informal del consejo de la CNMV. Allí, Roldán dio

un golpe en la mesa cuando Vives propuso enviar el caso Gescartera al fiscal. 'Yo no doy

puñetazos en la mesa', negó Roldán, 'no recuerdo para nada esa situación'.

Miguel Martín, ex subgobernador del Banco de España y ex consejero de la CNMV, respaldó la

tesis de Roldán y mantuvo que en el consejo del 16 de abril 'no hubo propuesta formal de

intervención y, por tanto, no se intervino'. Tras un análisis de los hechos, Martín concluyó que

no hubo esa propuesta formal de intervención, aunque sí se habló de esa posibilidad como

medida futura a adoptar con Gescartera. Aseguró que si la convocatoria del consejo hubiese

mencionado la intervención habría convenido que estuviese presente el director general del

Tesoro, toda vez que cualquier intervención debe ser comunicada al Ministerio de Economía y

es recurrible también de forma inmediata.

Respecto a su posición a favor o en contra de la intervención, aseguró que incluso en el caso

AVA, él no era partidario de intervenir sino de obligar a esa agencia a suspender pagos, pues

considera que ésa es una forma mejor para desentrañar la situación de la empresa.

'Gescartera se intervino en junio y aún no sabemos qué hay ahí dentro', argumentó. Después,

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cuando analizó el informe Vives, concluyó que le faltaba 'la calificación de los hechos', es decir,

que no decía si 'faltaba dinero'

RATO PRUEBA CON UN CERTIFICADO QUE NO INTERVINO EN EL CRÉDITO A Muinmo. 11.10.01

El vicepresidente económico del Gobierno, Rodrigo Rato, remite al Congreso un certificado

firmado por el notario José Luis López de Garayo y Gallardo, que acredita que no intervino en

el crédito de 525 millones que el HSBC España concedió a la empresa Muinmo, en la que

participa con el 33% de las acciones. El certificado que aportó Rato hace constar que los

firmantes del crédito fueron Jesús Apraiz Egaña, como representante del HSBC, y José de la

Rosa Alemany, en nombre de Muinmo. 'Asimismo manifiesto que Rodrigo Rato Figaredo no

intervino en la operación referida ni estuvo presente en la misma', escribe el notario.

La mesa de la comisión de investigación del escándalo Gescartera rechazó ayer con los votos

de PP y CiU la solicitud de documentación a Rato sobre el crédito a Muinmo. En la misma

reunión se decidió la comparecencia del ex director de la Agencia Tributaria Ignacio Ruiz

Jarabo para que explique las razones de que se abandonaran cuatro inspecciones fiscales a

Gescartera y sus socios en 1999.

LA COMISIÓN INDAGA POR QUÉ LA AGENCIA TRIBUTARIA DETUVO LA INSPECCIÓN FISCAL. 11.10.01

La comisión de investigación sobre Gescartera ha solicitado al Gobierno que explique las

causas por las que se interrumpió la inspección fiscal a la sociedad de valores abierta por la

Agencia Tributaria en marzo de 1998 y quién dio la orden de pararla. En un escrito dirigido a la

presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, la comisión le comunica su acuerdo de solicitar

al Gobierno 'toda la documentación que obre en poder de la Agencia Tributaria sobre la

inspección fiscal abierta a Gescartera en marzo de 1998, con manifestación expresa de quién

dio la orden de que la investigación se interrumpiera y de las causas que se adujeron para ello'.

La comisión también requiere a la Agencia Tributaria, en otro escrito, para que entregue la

documentación solicitada con anterioridad por el Congreso de los Diputados sobre Gescartera

y que todavía no ha sido remitida. Al Ministerio de Hacienda le ha solicitado también la

'información de carácter fiscal relacionada con Gescartera'. El presidente de la comisión de

investigación, Luis Mardones, ha dado trámite también a la solicitud para que la Joyería Suárez

detalle la marca y número de serie de todos los relojes adquiridos por Antonio Camacho, dueño

de Gescartera.

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RAMALLO DEVUELVE 1,6 MILLONES DE LOS REGALOS Y ADMITE QUE SU HIJA ES SOCIA DE CAMACHO. EL EX DIPUTADO DEL PP COMUNICA AL CONGRESO QUE YA HA INGRESADO EL DINERO EN EL JUZGADO. 11.10.01

La hija de Luis Ramallo, ex vicepresidente de la CNMV, es socia de una empresa de Antonio

Camacho, el dueño de Gescartera. El punto de conexión se sitúa en la firma Mandraque Restauración, creada en octubre de 2000. de la que María Ramallo Bardají adquirió un 5%.

Dos meses después, compró un 20% de su capital la sociedad Inversiones Colombo, de la que

era accionista Antonio Camacho. Ramallo asegura ahora que ni su hija ni él conocían tal

hecho. Tras hacerse pública la última lista de regalos que recibió de Camacho, el ex diputado

del PP optó por devolver al juzgado 1,6 millones de pesetas.

El ex presidente de la CNMV entregó un escrito en el Congreso en el que da respuesta a las

preguntas que le formuló el pasado 29 de septiembre el diputado Felipe Alcaraz, de IU. Este

parlamentario le preguntó si tenía alguna relación societaria con el dueño de Gescartera,

Antonio Camacho. Ese día Ramallo no recordaba ninguna participación de tales

características. Ni de él -'Luis Ramallo no tiene ninguna relación societaria con el señor

Camacho'- ni de su familia -'Con el señor Camacho, que yo sepa, no. Y que mi familia sepa,

tampoco'-.

Sin embargo, el pasado martes, Ramallo vio la luz: 'Una vez terminada mi declaración en el

Congreso, realicé todo tipo de averiguaciones al haber quedado extrañado por la aparente

seguridad de Alcaraz. En el día de ayer (9 de octubre) recibí de la administración de la

sociedad Mandraque Restauración las escrituras que adjunto. Según puede comprobarse, mi

hija María Ramallo Bardají, suscribió un 5% de las participaciones sociales en el momento de

la constitución de la compañía. Sin ella saberlo y en virtud de su renuncia a su derecho de

adquisición preferente realizada en el mismo momento de la constitución de la sociedad, la

sociedad Inversiones Colombo, adquirió un 20% de la compañía'. El escrito de Ramallo, a partir

de aquí, entona una explicación exculpatoria: 'Aunque no haya nada ilícito en esta situación, lo

cierto es que la misma era desconocida tanto para mí como para toda mi familia, porque mi hija

ni siquiera acudió a ninguna junta de socios ni tuvo conocimiento por ningún otro medio de la

entrada de esta última sociedad, que pudiera estar vinculada a Antonio Camacho o a

Gescartera'.

La documentación aportada por el propio Ramallo para acreditar que su hija no supo nada de

la entrada en diciembre de 2000 de Inversiones Colombo es una mera hoja no protocolizada ni

validada por ningún notario en la que se dice lo siguiente: 'Yo, María Ramallo Bardaji, en mi

condición de socia de Mandraque Restauración, constituida en el día de hoy ante el notario de

Madrid Antonio Fernández Golfín, una vez conocido la intención de Golden Vending, SA de

vender hasta 9.899 participaciones de la sociedad constituida a terceras personas físicas o

jurídicas, acepto dicha venta y renuncio a los derechos preferentes que según la ley me

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corresponden sobre dichas participaciones'. Curiosamente, según la propia escritura de

constitución, en aquellas fechas Golden Vending sólo tenía 2.479 acciones por lo que era dificíl

prever que fuera a vender 9.899 acciones. De hecho, en la escritura que aporta Ramallo, se ve

que Golden Vending había aumentado en diciembre de 2000 sus acciones hasta 620, aun muy

lejos de la cantidad vaticinada por su hija dos meses antes, el mismo día en que se gestaba la

empresa. La firma Golden Vending está vinculada al iraní Masud Zandí, que supuestamente

prestó el avión en el que Camacho trasladó a trece personas con cargo a Gescartera a la final

de la Copa de Europa en París en mayo de 2000.

En Inversiones Colombo han sido administradores tres personas actualmente investigadas en

relación con Gescartera: Antonio Camacho, Roberto Santos y Javier Sierra de la Flor. Este

último cerró formalmente en nombre de Inversiones Colombo la compra en diciembre de 2000

del paquete accionarial de Golden Vending por un precio de poco más de un millón de pesetas.

Por otro lado, Ramallo ingresó 1,6 millones de pesetas en el juzgado en concepto de

devolución de los regalos que le hizo Camacho y que, según ha conocido tras los datos

aportados por Hermés, Joyería Suárez y Loewe a la comisión de investigación, ascendían a

más de tres millones. Como quiera que Ramallo ya había enviado un cuadro a Camacho por

valor de 1,6 millones, devuelve el resto al juzgado ya que 'los importes de todos esos artículos

han podido ser satisfechos con cargo a los patrimonios de los diversos perjudicados por el caso

Gescartera'. Y aclara Ramallo: 'El pago incluye todos los artículos, incluso los recibidos como

regalo, pero ahora veo que todo pudo ser pagado en último término con el dinero de los

perjudicados por este asunto, y por ello entiendo que es mi obligación abonar la totalidad de los

importes'.

EL GOBIERNO DE EXTREMADURA RETIRA LAS AYUDAS A MANOS UNIDAS. 11.10.01

El obispo de Sigüenza-Guadalajara y presidente de la Comisión Episcopal de Medios de

Comunicación Social, José Sánchez, hace el primer recuento de los efectos colaterales que el

escándalo Gescartera está provocando en las finanzas católicas. Sánchez admitió, en una

cena con informadores de la Unión Católica de Periodistas, que en septiembre organismos

eclesiales como el Domund y Manos Unidas han dejado de percibir mucho dinero en relación

con el mismo periodo de años anteriores.

En referencia a una comunidad autónoma, sin descartar que fuera la de Extremadura, Sánchez

aseguró que se acababa de retirar una subvención de 30 millones de pesetas a la ONG Manos

Unidas. Un portavoz de la Junta de Extremadura aclaró ayer, a requerimiento de EL PAÍS, que

a finales de agosto el Consejo de Cooperación de Extremadura incluyó a Manos Unidas entre

sus propuestas de subvención, pero que el Gobierno de la Junta, reunido el 11 de septiembre,

decidió destinar esa cantidad -35 millones- a ayudas directas para Centroamérica.

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Considerada la primera ONG del catolicismo español para proyectos de cooperación, Manos

Unidas cuenta con un presupuesto anual de casi 7.500 millones de pesetas, de los que 1.500

millones proceden de subvenciones públicas. Su presidenta es Ana Álvarez de Lara, que

accedió al cargo en julio de 2000 después de una tormentosa asamblea, para la que la

Conferencia Episcopal vetó a varios candidatos y cambió los estatutos para evitar que el

personal contratado por la ONG pudiera acceder a sus órganos de gobierno, entre otras

medidas. La nueva presidenta recibió el apoyo de 24 delegaciones provinciales, la abstención

de 31, la inasistencia de ocho y la dimisión de 11 delegados. Pero el asunto que más ha

dañado la imagen de Manos Unidas ha sido su inversión en Gescartera, donde perdió al menos

50 millones. Los actuales responsables de la ONG culparon al anterior equipo de esas

inversiones. [Entre los 2.500 millones que varios organismos de la Iglesia católica invirtieron en

esa agencia se encuentra también dinero del Domund.] El obispo Sánchez declaró que, vista

la evolución de los hechos, la reacción de la Iglesia llegó tarde y tenía que haberse producido a

finales de julio [cuando empezaron a aparecer las primeras noticias sobre la inversion de

algunas entidades eclesiales en la citada agencia de valores]. Él mismo aconsejó no reaccionar

ante las primeras noticias que les implicaban, dijo. La Iglesia no puede mantener el dinero

debajo de un ladrillo y debe invertirlo, añadió el obispo Sánchez

LA CNMV NO PIDIÓ INFORMACIÓN A LA CAIXA ANTES DE LA INTERVENCIÓN. 11.10.01

'Ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ni la Delegación de Hacienda

requirieron a La Caixa datos de las cuentas de Gescartera o de Antonio Camacho antes de la

intervención de la agencia de valores, el pasado mes de junio'. Así lo declaró Miguel Prats Oria,

director de la sucursal de La Caixa en Majadahonda, Madrid, donde Camacho y Gescartera

tenían sus principales cuentas, ante la juez Teresa Palacios, que investiga la desaparición de al

menos 18.000 millones de Gescartera.

Prats manifestó que sólo el 14 de junio la CNMV les requirió para que informasen sobre un

certificado de 4.342 millones de pesetas presuntamente emitido por la entidad de ahorro como

garantía de que el dinero de los clientes de Gescartera se encontraba allí depositado. El

directivo bancario aseguró que La Caixa informó a la comisión que el certificado era falso, tanto

por la relación de ingresos que figuraba en el mismo como por la firma, y que por ese hecho

presentaron una denuncia ante la Guardia Civil.

Miguel Prats, que declaró en calidad de testigo, dijo que Gescartera fue bien hasta abril de este

año, cuando empezaron a llegar cheques sin fondos. Al principio, Camacho le dijo que eran

inversiones que los clientes reclamaban anticipadamente, pero que no podía deshacer la

posición sin perder valor. El banco devolvió los cheques. Precisó que Gescartera y Antonio

Camacho, a título personal, tenían cuentas abiertas en la sucursal y que la cuenta particular de

Camacho, apenas tenía movimiento, salvo porque recibía los cargos de la tarjeta de crédito

American Express, a veces de 10 millones de pesetas mensuales, y que en esas ocasiones

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para suplir esos cargos, se ordenaban transferencias desde la cuenta de Gescartera. Prats

añadió que los tres apoderados, Antonio Camacho, José María Ruiz de la Serna y Javier Sierra

de la Flor, podían disponer de los fondos de la cuenta de Gescartera, y que en una ocasión

intentaron abrir cuentas individuales de cada cliente de la agencia de valores, ya que la

sociedad administraba unos 9.000 millones, pero que la asesoría jurídica de La Caixa no

autorizó la apertura de cuentas individualizadas. El testigo afirmó que la cuenta de Gescartera

era la de tesorería de la entidad y que por ello tenía muchísimos movimientos, aunque su saldo

medio era de unos 40 millones de pesetas

EL PP PROMOVERÁ UNA 'PROFUNDA REFORMA' DE LA CNMV TRAS EL 'CASO GESCARTERA' .EL GOBIERNO QUIERE IMPONER LÍMITES A LAS INVERSIONES DE LAS INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO.12.10.01

El Partido Popular pretende que la principal conclusión de la Comisión Gescartera sea una

'profunda' reforma de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y de sus

mecanismos de supervisión de las entidades financieras. El PP considera ahora 'indiscutible'

que la CNMV 'lo ha hecho mal en toda la vida de Gescartera', por lo que cree imprescindible

reforzar tanto los 'mecanismos de supervisión' como los 'requisitos' que las entidades

financieras deben cumplir para operar en Bolsa. La implicación de la ONCE y de diversas

instituciones religiosas en el escándalo de Gescartera ha llevado al PP a proponer al Gobierno

que ponga límites a las inversiones que pueden hacer las instituciones sin fines de lucro.

'La CNMV lo hizo mal el 16 de abril de 1999, antes de ese día y todos los días que vinieron

después hasta la intervención, el 14 de junio de este año'. Esta frase de Vicente Martínez

Pujalte, portavoz del PP en la Comisión Gescartera, resume ahora el diagnóstico del partido del

Gobierno y, según se apilan los diarios de sesiones, recoge también la principal conclusión de

CiU. El análisis de PSOE e IU es mucho más duro y apunta a la connivencia política del PP.

La necesidad de acometer una 'revisión de arriba abajo' de la CNMV es absolutamente

compartida por el Gobierno, según fuentes cercanas al vicepresidente segundo y ministro de

Economía, Rodrigo Rato, muy descontento tanto con el funcionamiento del organismo como

con la práctica totalidad de los consejeros que él mismo nombró.

El escándalo de Gescartera ha dejado al descubierto las graves discrepancias y las luchas

intestinas de poder dentro de la CNMV. Conscientes del error, el PP y el Gobierno apuestan

ahora por dar a la institución 'un perfil más técnico y profesional' que tiene como primera

muestra el nombramiento de Blas Calzada como sustituto de Pilar Valiente. Admitir este fallo es

un apreciable paso adelante respecto a las primeras declaraciones, en agosto en Menorca, del

presidente del Gobierno, José María Aznar.

Ni el PP ni el Gobierno, sin embargo, comparten con la oposición la conveniencia de que los

cargos de la CNMV estén sujetos al control parlamentario. Discrepan, asimismo, de la

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propuesta defendida por el ex presidente, Juan Fernández Armesto, para que la cúpula de la

CNMV tenga un perfil similar al del Banco de España, es decir, que su presidente tuviera cierto

peso en el nombramiento del vicepresidente y de los consejeros. De momento, el PP y el

Gobierno ven mejor que siga funcionado como un órgano colegiado.

Una de las características del funcionamiento de la CNMV que menos ha gustado al PP en la

investigación de Gescartera es la 'heterodoxia' con la que se afrontaban los problemas.

Armesto defendió esa cualidad como método para adaptarse mejor a un mercado que cambia

muy rápidamente.

El grupo mayoritario, sin embargo, entiende que esa heterodoxia explica, por ejemplo, que

quien fuera secretario del consejo de la CNMV, Antonio Alonso Ureba, recibiera información de

Gescartera, una sociedad bajo investigación, antes incluso que el departamento de

Supervisión. La oposición entiende más bien que esa información 'externa' responde al

'puenteo' que Alonso sometía a los responsables de Supervisión en la etapa de David Vives.

La heterodoxia explicaría, para el PP, la fallida convocatoria del consejo extraordinario del 16

de abril de 1999. Los populares tienen claro que ese día 'no hubo una propuesta formal de

intervención' aunque sólo sea porque faltó un 'procedimiento' reglado.

Pero lo más grave, para el partido del Gobierno, es que la única solución que encontró

finalmente la CNMV para Gescartera, el pasado junio, fue la intervención. El PP ha constatado

que en Gescartera y en las otras doce intervenciones anteriores de la CNMV (menos Banesto y

por causas muy particulares) la intervención final supuso de hecho el cierre de la empresa, con

el quebranto que ello significa. El PP quiere que un elemento clave de su reforma sea

precisamente un 'reforzamiento' de los mecanismos de supervisión para que los inspectores de

la CNMV puedan 'enderezar' a las empresas de servicios de inversión antes de recurrir a la

intervención.

Este mayor control empezaría por elevar 'el listón' de las exigencias para que estas empresas

puedan operar en los mercados financieros españoles. Continuaría con un 'reforzamiento' de la

supervisión in situ, lo que significa que el PP quiere ampliar la capacidad de los inspectores

para averiguar, desde dentro de la empresa, sus fallos. Y concluiría con un sistema de

funcionamiento de la CNMV más reglado y sujeto a procedimientos administrativos similares al

resto de la Administración.

Un ministro del actual Gobierno subrayó, en esa línea, que la mayoría de sus actuaciones

cuentan con informes y avales del abogado del Estado. Algo que no sucede en la CNMV.

Como colofón a esta reforma, el PP ve necesario introducir algún mecanismo de auditoría

interna en la CNMV como el que existe en la Agencia Tributaria. Esas auditorías, a juicio del

grupo mayoritario, permitirían delimitar responsabilidades si, como en Gescartera, el estallido

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final del escándalo muestra que durante al menos dos años y medio la luz roja no se encendió

o fue, según expresión de CiU, 'aflojada' por alguien.

Junto a la 'profunda reforma' de la CNMV, el PP ha instado al Gobierno a revisar con detalle en

qué pueden invertir y en qué no las instituciones sin fines de lucro, sobre todo aquellas que

reciben dinero público. Esta reforma tiene, en principio, más posibilidades de consenso que la

de la CNMV, aunque sólo sea por el escándalo del cheque de 1.100 millones del Arzobispado

de Valladolid y el espectáculo que su ecónomo Enrique Peralta dio en el Congreso.

Además de buscar la fórmula para controlar mejor en qué invierten las instituciones sin fines de

lucro, el PP pretende que el Ejecutivo refuerce el control directo sobre la ONCE a través del

patronato en el que están presentes tres ministerios: Trabajo y Asuntos Sociales, Interior y

Hacienda

CALDERA EXIGE QUE RATO 'DÉ LA CARA POR EL INCREÍBLE' CRÉDITO DEL HSBC A SU FAMILIA.12.10.01.0

El PSOE acusa al PP de no atreverse a aplicar a Luis Ramallo el código ético del partido por

mentir y ocultar datos y relaciones con Gescartera. Los socialistas alegan que el PP teme que

este ex vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 'tire de la

manta'. El portavoz parlamentario socialista, Jesús Caldera, concluyó así que este caso de

corrupción y de 'mafia' está sirviendo para 'quitar la máscara del PP' porque el propio José

María Aznar y su partido usaron durante muchos años a Ramallo como la 'imagen pública de la

limpieza y la transparencia'. Caldera anunció, en ese sentido, que volverá a reclamar la

comparecencia de Ramallo en la comisión de investigación de Gescartera en el Congreso y

exigirán una investigación de la Agencia Tributaria, tras recordar que el ex veterano

parlamentario confirmó en su anterior presencia en esa comisión que no tenía que hacer

declaración de patrimonio. Caldera aprovechó para denunciar la actitud escapista del

vicepresidente económico, Rodrigo Rato, por negarse a explicar en el Congreso los

pormenores del crédito de 525 millones de pesetas que su familia solicitó en diciembre de 2000

al HSBC, uno de los bancos que más operó con Gescartera.

Rato sostiene que el crédito a su empresa Muinmo se concedió en condiciones de mercado.

Caldera rechazó esa visión. Consideró más que sospechoso que la familia Rato optase para

esa operación por un banco extranjero ajeno al control del Banco de España y calificó de

'increíble' y 'extraño' que el HSBC concediese esa cantidad a una empresa con un capital social

de cinco millones para que lo devolviese en tres años. Caldera demandó a Rato que no se

oculte y 'dé la cara' en el Congreso para aclarar esas circunstancias.

El PSOE no sólo requerirá de nuevo la presencia de Ramallo en la comisión de Gescartera.

También cuestiona el comportamiento de Rato en este caso. El portavoz de IU en la Cámara

baja y en la comisión, Felipe Alcaraz, subrayó que las mentiras de Ramallo ante la comisión

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están tipificadas como delito en el artículo 502 del Código Penal con condenas de entre seis

meses y un año. Ramallo aseguró ante la comisión que no tenía constancia de ninguna

relación suya o de su familia con Gescartera y su propietario, Antonio Camacho, algo que él

mismo tuvo que rectificar el miércoles porque su hija es socia de Camacho en una empresa.

El PP, pese a todas estas evidencias, aseguró que todavía no considera oportuno abrir siquiera

un expediente informativo a Ramallo para corroborar si su actuación ha sido acorde al código

ético del partido, del que tanto se presumió en el anterior congreso. El portavoz oficial del PP,

Rafael Hernando, consideró que todavía no hay motivo para dudar de la buena fe de Ramallo y

dio por buena la tesis del ex diputado sobre que él mismo desconocía la relación empresarial

de su hija con Camacho

HISTORIA DE UNA FOTO.12.10.01

Ahí están Antonio Camacho (primero por la derecha) y sus 13 invitados a la final de la Copa de

Europa de 2000 en París, junto al avión que salió un día antes de Madrid. Hay tres versiones

de la foto, supuestamente tomada en Orly: una con una cara tachada, otra con todas las de la

fila trasera borradas y ésta, limpiada con acetona. Les dejaron fumar en el bimotor, cedido por

el iraní Matsup Sandi.

EL ASESOR FISCAL DE LA AGENCIA ENDOSÓ PÉRDIDAS A UN CURA DE CUENCA.12.10.01

Como asesor fiscal de Gescartera, Agustín Fernández Ameneiro confeccionó la declaración de

la renta de Teodoro Bonilla, un cura de Cuenca, al que atribuyó pérdidas de decenas de

millones de pesetas siguiendo órdenes expresas de Antonio Camacho, el dueño de la agencia

de valores. Ameneiro explicó a los diputados que investigan el caso que 'un sacerdote no tiene

porqué tener voto de pobreza', razón suficiente, en su opinión, para no extrañarse del encargo

de su jefe.

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Los diputados que investigan el caso Gescartera se estrellaron contra un muro durante el

interrogatorio al que sometieron a Ameneiro. Al igual que con el citado cura de Cuenca, el

asesor fiscal de Gescartera nunca sintió curiosidad por el funcionamiento de la agencia, según

declaró, por lo que ignoraba todo lo que le preguntaron sus señorías. Nunca supo que

existiesen clientes especiales, ni dinero negro, ni cuentas en el exterior, ni movimientos

extraños en Gescartera, ni 'depósitos estructurados', todo ello ante la exasperación manifiesta

de los diputados.

Más allá de asesorar fiscalmente a algunos clientes de Gescartera, Ameneiro realizó una vez la

declaración de la renta de la presidenta de la sociedad, Pilar Giménez-Reyna. Ameneiro

declaró que las pérdidas que le atribuyó a Bonilla, 'por orden de Camacho', fueron muy

inferiores a los 2.000 millones que se le atribuyen, y que sólo rondaron los 80 millones. En

coherencia con su falta de curiosidad sobre Gescartera, el compareciente aseguró que este

encargo no le hizo sospechar de nada.

Ameneiro era también depositario de varias cuentas especiales, que en total pudieron sumar

casi 2.000 millones, según un listado al que dio su conformidad y que fue presentado por la

diputada de CiU Mercè Pigem. En este listado, aparecen nombres y cantidades asignadas a

distintas cuentas, entre las que aparecen Stock Selection y Euroinvestment (UK), las dos

sociedades del paraíso fiscal de Jersey que Camacho utilizó para atraer clientes interesados en

una cierta opacidad fiscal. Ameneiro dijo que los intereses de esas cuentas eran del 12% o del

13% anual.

En ese listado aparece Rafael Jover, antiguo cónsul de España en Washington y actual

embajador en Jamaica, quien en total tenía depositados al menos 131 millones de pesetas. La

suma de todas las cantidades en que aparece Stock Selection o su predecesor,

Euroinvestment, como titular, arroja un total de unos 550 millones.

Otras cuentas de las que Ameneiro era 'depositario' incluyen a la Asociación Pro-Huérfanos de

la Guardia Civil (420 millones) o la Fundación ONCE (680 millones).

CAMACHO SUGIERE A LA JUEZ QUE SIGA LA PISTA A LOS TALONES DE LA CAIXA.12.10.01

Antonio Camacho, propietario de Gescartera, cree que el juzgado que investiga el escándalo

de esta agencia de valores podría identificar a los clientes especiales que invertían dinero

negro si siguiese la pista de los talones de La Caixa. En declaraciones remitidas por escrito a la

Cadena SER desde la prisión de Soto del Real, Camacho asegura que es absolutamente falso

que él haya dicho en alguna ocasión, delante de responsables de Gescartera, que el ex

ministro del Interior socialista José Luis Corcuera había invertido también en la agencia de

valores. Camacho replica con esta afirmación a José María Ruiz de la Serna, ex apoderado de

la sociedad, quien afirmó que Camacho se había jactado, ante varias personas, de que

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Corcuera estaba entre sus clientes. Según el propietario de Gescartera, la afirmación de Ruiz

de la Serna es una aberración y puede ser fruto de las necesidades económicas que padece.

En el mismo escrito, Camacho no aporta la identidad de los clientes especiales que invertían

dinero negro en Gescartera a través, presuntamente, del responsable de Asesores 2000,

Roberto Santos. Pero sugiere que la juez podría conocer esas identidades si siguiese la pista

de los talones expedidos contra la cuenta de la agencia de valores en La Caixa

UN BUFETE DE JERSEY PROPORCIONÓ TESTAFERROS A CAMACHO PARA APODERAR SUS SOCIEDADES OPACAS. LOS CONTRATOS LOS FIRMÓ EN LONDRES ANTE RUIZ DE LA SERNA Y DOS ABOGADOS ESPAÑOLES .14.10.01

Antonio Camacho, propietario de Gescartera, otorgó poderes de sus sociedades en el exterior

a testaferros proporcionados por el despacho de abogados Krills de Jersey, paraíso fiscal en el

canal de la Mancha. La reunión con los letrados británicos tuvo lugar en julio de 1998 en el

hotel St. James de Londres y en la misma estuvieron presentes José María Ruiz de la Serna,

director de la agencia, y dos abogados de Barcelona que asesoraban a Camacho en temas

mercantiles. Ruiz ha confirmado la reunión. Los letrados se acogen al secreto profesional.

Salvador Bartolomé, el abogado de Barcelona que presuntamente asistió a Camacho en esa

reunión, declina contestar a la pregunta de si el citado despacho de Jersey actúa como

corresponsal de su bufete y se niega a comentar su presunta presencia en el viaje a Londres

'porque me lo impide el secreto profesional'. 'He consultado al Colegio de Abogados. Lo siento,

no puedo decir nada sobre el caso Gescartera', añade.

Bartolomé prestó declaración el pasado 1 de agosto ante la Audiencia Nacional y reconoció

que asesoraba a Camacho desde 1992 en temas mercantiles y societarios por una cantidad fija

de 900.000 pesetas anuales. Dijo que le creó un grupo de sociedades en Barcelona, pero negó

que Camacho le pidiera la constitución de sociedades en el extranjero o en paraísos fiscales,

aunque sí reconoció que le solicitó información sobre la normativa europea en esta materia.

La reunión en Londres contradice abiertamente la declaración judicial de este letrado ante la

juez Teresa Palacios, que instruye la desaparición de los 18.000 millones de pesetas que

administraba Gescartera a más de 2.000 clientes públicos y privados. Un dinero que Camacho

colocaba fuera de España 'porque rendía más'.

En julio de 1998, Antonio Camacho viajó desde Madrid a Londres acompañado de José María

Ruiz de la Serna, el ex técnico de la CNMV que había fichado como director general de su

compañía. Se alojaron en el hotel St. James, en el centro de la capital londinense, y allí

aguardaron la llegada de Salvador Bartolomé y de otro miembro de su despacho, C. S.

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Según relata Ruiz de la Serna, imputado en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional, el

objeto del viaje no era otro que mantener una entrevista con representantes del bufete de

abogados Krills de Jersey, una isla de 85.000 habitantes a 40 minutos de avión desde Londres

y a tiro de piedra de las costas francesas de Normandía. Un paraíso fiscal de 116 kilómetros

cuadrados donde Camacho había creado años antes la sociedad fantasma Stock Selection, sin

ninguna actividad ni inversiones y sólo para utilizarla como señuelo hacia determinados

clientes.

Camacho, los dos abogados catalanes y Ruiz se reunieron con el enviado del bufete de Jersey

en la cafetería del hotel, y el propietario de Gescartera firmó un documento de reconocimiento

de firma de un fiduciario en una de sus sociedades en el exterior, según afirma Ruiz, que

asegura desconocer de qué sociedad se trataba. Otras fuentes apuntan a la sociedad Milriged

Ltd., que aparece anotada en el diario de Pilar Giménez- Reyna, la presidenta de Gescartera y

hermana del ex secretario de Estado de Hacienda, imputado en la causa.

Ruiz añade que en su presencia se otorgaron poderes a testaferros proporcionados por el

citado despacho, que colaboraba como corresponsal del bufete en Barcelona de Salvador

Bartolomé. 'Pensé que era un asunto particular de Camacho. Que se trataba de una de sus

sociedades privadas. Al despedirse, el representante de Krills me dio una tarjeta que conservo',

asegura el ex director general de Gescartera.

Tras la reunión, Camacho se trasladó a la sede del HSBC en Londres, un banco británico con

el que trabajaba Gescartera y en el que tenía abiertas tres cuentas corrientes que según Jaime

Galobart, su principal directivo en España, movieron 250 millones en seis años. Allí, Camacho

mantenía contactos con dos directivos: Fernando Grasi, hoy destinado en Montevideo

(Uruguay), una plaza financiera de actividad trepidante, y un ejecutivo apellidado Rusell. Grasi

había coincidido a su paso por el banco con Salvador Pastor, directivo del HSBC en Madrid y

amigo del dueño de Gescartera.

Ruiz asegura que Bartolomé regresó a Barcelona y el otro letrado fue a cenar con ellos a un

restaurante típico. Según su relato, hicieron noche en el hotel y volvieron a España al día

siguiente tras hacer unas compras. Camacho adquirió unos zapatos y el apoderado y director

de Gescartera compró juguetes para sus hijos.

Este viaje no fue el único de Camacho a la capital londinense. A partir de julio de 1998, hizo al

menos otros dos trayectos en compañía de directivos de Gescartera. Él no hablaba ni una

palabra de inglés y situaba siempre a sus enigmáticos 'asesores externos' en el entorno del

HSBC, considerado como el segundo banco del mundo.

En otra ocasión, Camacho viajó a (Dublín) Irlanda para interesarse por las facilidades

financieras que ofrece ese país, un territorio tan opaco como los tradicionales paraísos fiscales

bajo jurisdicción británica.

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Antonio Camacho voló también a Ginebra (Suiza) el pasado mes de marzo. Se alojó en un

hotel situado frente al lago Leman, en compañía de otra persona, y allí recibió la visita de un

letrado suizo. Ruiz de la Serna cree que el dueño de Gescartera acudió a la ciudad suiza para

firmar otro apoderamiento. Pero en aquella ocasión asegura no haber estado presente.

En las oficinas de Gescartera en Madrid se recibieron varios faxes del EFG Bank, una entidad

bancaria especializada en gestión de patrimonios, según señalan sus empleados. El juzgado

ha enviado una comisión rogatoria a Suiza para preguntar si el dueño de Gescartera oculta allí

su botín.

El pasado mes de julio, cuando Antonio Camacho fue conducido a prisión, el dueño de

Gescartera envió un mensaje a José María Ruiz de la Serna, apoderado y ex director de

Gescartera: 'Habla con Salvador Bartolomé y con Salvador Pastor y te encargas con ellos de

traer el dinero'. Ruiz asegura haber recibido este encargo de su patrón y señala que se puso en

comunicación con ambos para transmitirles el mensaje. Según su versión, telefoneó primero a

Pastor, directivo del banco HSBC en Madrid, y éste le respondió que no sabía nada del dinero

de Camacho ni de sus sociedades fuera de España. Con el segundo, abogado y asesor

mercantil de Camacho desde 1992, se entrevistó el 18 de julio en Madrid y recibió una

respuesta similar. Bartolomé ha declinado confirmar o desmentir este encuentro acogiéndose al

secreto profesional de abogado. Pastor dice no saber nada de Gescartera que vaya más allá

de la operativa bursátil que este banco británico prestaba a la agencia. Mientras, Camacho

sigue en prisión sin confesar dónde escondió el dinero

RATO DICE QUE COMPARECERÁ ANTE LA COMISIÓN GESCARTERA CUANTAS VECES SEA NECESARIO. 14.10.01

El Ministro de Economía, Rodrigo Rato, afirma que se someterá al Parlamento 'con mucho

gusto y cuantas veces sea necesario' sobre el escándalo de Gescartera, y añadió que,

además, está obligado a ello. Así lo manifestó durante su visita al Parque Tecnológico de

Galicia, y en respuesta a las declaraciones realizadas recientemente por los dirigentes de

Izquierda Unida (IU) que calificaron de caso Rato el referido a Gescartera.

El ministro de Economía explicó que 'Izquierda Unida es testigo de que me he sometido al

Parlamento otras muchas veces' y matizó que aunque en cuanto a las iniciativas de esta fuerza

política 'no voy a hacer ninguna definición, ellos deben plantearlas en la base que crean

conveniente', informa Efe.

Rato dijo también 'dentro de tres meses, España sabrá más del tema Gescartera de lo que

hemos sabido nunca de la cadena de escándalos de la época socialista'. El ministro restó

importancia a las críticas de Felipe González al Gobierno [acusó a Aznar de 'no dar la talla' y

dijo que a él le acusaron de corrupción y con Gescartera 'se están llevando hasta el cepillo de

las iglesias'], y aseguró que el ex presidente 'no se encuentra en el mejor momento para

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realizar ese tipo de afirmaciones, teniendo en cuenta que se está desarrollando el juicio de los

fondos reservados'

EL PSOE ASEGURA QUE LA TRAMA DEL ESCÁNDALO SE DEBIÓ A UNA 'CONSPIRACIÓN'

El portavoz del PSOE en la comisión de investigación de Gescartera, Juan Fernando López

Aguilar, ha asegurado que la trama financiera de esta agencia de valores se debió a una

'conspiración' política, y no sólo a la 'defectuosa legislación' de la Comisión Nacional del

Mercado de Valores (CNMV).

López Aguilar declaró a Efe que por lo conocido hasta ahora en el seno de la comisión

parlamentaria, el papel de la CNMV en el caso Gescartera 'ha sido consecuencia de

comportamientos perpetrados por personas con nombres y apellidos, encuadrados en la

disciplina' del ministro de Economía, Rodrigo Rato, y que 'obedecían a intereses políticos de

enorme relevancia para el Gobierno'.

En su opinión, las decisiones adoptadas por el órgano supervisor respondieron a 'cacicadas',

'enfrentamientos personales' y 'ambiciones' y compusieron 'una madeja en la que todos los

hilos conducen a Rato'. Para López Aguilar, 'hubo una CNMV antes de 1996' y 'otra' tras la

llegada del PP al poder ese año, que 'degradó' a este organismo y lo convirtió en 'una olla

conspirativa, de tensiones políticas, de personas que obedecían intereses e instrucciones de

naturaleza política' y que 'confundieron lo público con lo privado'

ARENAS INSISTE EN QUE EL PP ES 'ABSOLUTAMENTE INCOMPATIBLE' CON LA CORRUPCIÓN. 14.10.01

El PP sigue sin darse por aludido en el caso Gescartera. El escándalo financiero irrumpió en la

campaña gallega cuando el ex presidente del Gobierno Felipe González afirmó en Viveiro

(Lugo) que los populares 'se están llevando hasta lo cepillos de las iglesias'. El secretario

general del PP, Javier Arenas, tuvo la ocasión de replicar a González en la misma localidad y

recurrió al latiguillo que ya había puesto en circulación José María Aznar. 'El PP', proclamó

Arenas, 'es absolutamente incompatible con cualquier corrupción'. Ante la dureza de las

acusaciones de González y la ocasión que le brindaba la coincidencia de ambos en la

campaña gallega, Arenas no se salió del guión para replicar al ex presidente. El caso

Gescartera no es equiparable a los escándalos de la época del PSOE, ya que 'los tiempos de

la corrupción del señor González están enterrados y bien enterrados'. 'No aceptamos de él ni

una sola lección de ética y de honradez, porque vaya ejemplo que nos dio', sentenció Arenas

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EL BANCO CENTRAL DE LUXEMBURGO ALERTÓ A LA CNMV SOBRE GESCARTERA EN ENERO DE 1999. LA ENTIDAD FINANCIERA CUESTIONÓ LA OPERACIÓN QUE SALVÓ A LA EMPRESA DE CAMACHO DE SER INTERVENIDA.15.10.01

El 17 de junio de 1999, el consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dio

por bueno un certificado del HSBC (Hong Kong and Shangai Bank Corporation) que

garantizaba la creación de una sociedad de inversión en capital variable, Gescartera

Internacional, en Luxemburgo. Esa certificación sirvió para neutralizar la sospecha de que

existía un descuadre de 4.500 millones en Gescartera y evitó su intervención en 1999. Meses

antes, en enero, el Banco Central de Luxemburgo había alertado a la CNMV sobre la

'idoneidad' de que Gescartera fuese copromotora de dicha sociedad de inversión.

Seis meses antes de que el certificado del HSBC fuera utilizado en el citado consejo de la

CNMV para neutralizar las sospechas del equipo de supervisión que investigaba Gescartera,

bajo el mando de David Vives, sobre el paradero de 4.500 millones de pesetas, el organismo

supervisor había recibido señales de alarma del propio Banco Central de Luxemburgo.

Así se desprende de una carta que José María Ruiz de la Serna, como responsable de

Gescartera, envió al director general del HSBC Investment, Salvador Pastor, en la que admitía

haber recibido de la CNMV una 'solicitud de información motivada por escrito del Banco Central

de Luxemburgo sobre la idoneidad de que Gescartera Dinero figure como copromotor de la

Sicav [sociedad de inversión en capital variable]'.

Ruiz de la Serna mostraba su indignación en la carta ante la petición de información de la

CNMV: 'No somos comercializadores ni distribuidores de acciones de la Sicav: tampoco

figuramos ni como administradores ni gestores de los patrimonios una vez concluido el proceso

de constitución y puesta en marcha de la Sicav'.

Alarmado por la solicitud del Banco Central de Luxemburgo, el responsable de Gescartera

urgía al director del HSBC a solventar el problema: 'Te ruego que, a la mayor brevedad posible,

si no puede ser hoy tiene que ser mañana por la mañana, te pongas en contacto con la CNMV

y aclares los términos de nuestro compromiso con la Sicav'. El escrito de De la Serna

consideraba tan inquietante la actitud de las autoridades bancarias de Luxemburgo que

amenazaba con entablar las 'pertinentes acciones judiciales si tal caso fuera necesario', por

entender que violaba la 'legislación española'.

El 2 de agosto de 1999, en carta a Gescartera, el HSBC ratificó que tal conversación con la

CNMV se produjo: 'Les confirmamos que nuestra entidad, de manera oficial, no ha comunicado

la existencia de Gescartera Internacional Sicav a la CNMV, toda vez que nunca fue requerido

para ello'. No obstante, a principios de 1999, Salvador Pastor, director general de esta entidad,

mantuvo una conversación telefónica con Sonia Martínez, de la CNMV, donde se comentaron

aspectos generales relativos a la sicav en cuestión'. La sociedad de inversión fue finalmente

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registrada en marzo de 1999, aunque Antonio Camacho, propietario de Gescartera, sólo

esgrimió su existencia días antes del consejo del 16 de abril de 1999 para evitar la intervención

de su sociedad justificando el supuesto destino de más de 4.000 millones de pesetas.

La CNMV, pese a la requisitoria del Banco Central de Luxemburgo de enero de 1999, sólo pidió

oficialmente información al HSBC el 24 de agosto de ese año, cuando el jefe de vigilancia de

mercados de la CNMV, Antonio Botella, requirió por escrito detalles de la operación para una

investigación 'rutinaria' sobre la Sicav.

En la carta, la CNMV preguntaba al HSBC lo que no preguntó en junio, cuando dio el visto

bueno a su certificado: el saldo de la cuenta para comprar acciones de la Sicav. El banco

respondió un día despues: el saldo en la cuenta para comprar acciones de la Sicav apenas

había variado: 154 millones en junio y 163 millones a fines de agosto. Muy lejos de los casi

5.000 millones proyectados.

Esta respuesta destapaba la trampa del certificado del HSBC del 10 de junio de 1999, que sólo

indicaba que se había recibido la lista de suscriptores (854 titulares), pero no registraba ni una

sola peseta ingresada para comprar las acciones. El 2 de agosto se usaba aún el mismo

artificio en un escrito de HSBC a Gescartera: 'Se han recibido solicitudes de suscripción de

acciones por un importe de casi 5.000 millones'.

De la correspondencia de Gescartera Dinero se infiere una segunda trampa: el Banco Central

de Luxemburgo puso pegas a que esta sociedad comercializase acciones de Gescartera

Internacional. Pese a la rotundidad de Ruiz de la Serna ('no somos comercializadores ni

distribuidores de acciones de la Sicav'), una misiva de la sociedad de Camacho al HSBC, de 2

de agosto, recordaba que algunos de sus clientes 'han realizado inversiones ordenadas' por

Gescartera. En una carta de septiembre al HSBC, tras naufragar el proyecto, Gescartera llegó

a pedir una indemnización por daños y perjuicios

EL PSOE PEDIRÁ LA PRÓRROGA DE LA COMISIÓN HASTA RECIBIR EL INFORME DEL DINERO NEGRO . 15.10.01

El PSOE ha decidido pedir la prórroga de la comisión de investigación del caso Gescartera,

cuyo plazo se fijó inicialmente en dos meses, para garantizar que se recibe el informe del

Ministerio de Hacienda relativo al lavado de dinero negro, al considerarlo esencial para la

investigación, según adelantó el portavoz del PSOE en el Congreso, Jesús Caldera.

El portavoz socialista señaló que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, 'se ha columpiado

muy cerca del delito' cuando afirmó que Gescartera era una 'lavadora de dinero negro en la que

había determinados personajes'. Caldera cuestionó cómo podía saber el ministro quiénes eran

las personas que 'lo lavaban' cuando la ley que regula la Agencia Tributaria y las inspecciones

fiscales prohíbe a ningún cargo político conocer la situación personal de los investigados.

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Caldera lamentó que Montoro, 'después de lanzar la piedra y esconder la mano y haber

acusado sin ninguna prueba', argumente ahora que la investigación 'es muy compleja', que la

Agencia Tributaria tardará más de tres meses en finalizarla 'y que la comisión no va a poder

conocer su informe' sobre el dinero negro. 'Queremos conocer el informe y que se envíe a la

juez y a la comisión', enfatizó. Ante esta dilación, señaló que la solución que va a plantear el

PSOE es la prórroga de la comisión, y recordó que el acuerdo de constitución de la comisión

fijaba esa posibilidad. Por otro lado, la Mesa del Congreso ha rechazado la petición de David

Vives, ex supervisor de la CNMV que aconsejó intervenir Gescartera, para ser autorizado a

acceder a los archivos de la CNMV.

MARDONES ABOGA POR REFORMAR LA LEY DE LA CNMV. 15.10.01

El presidente de la Comisión Gescartera, Luis Mardones, dice que propondrá la reforma de la

ley de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que este órgano sea el

garante de todo el sistema financiero y bursátil.

Según informó la emisora Catalunya Informació, Mardones afirmó que la renovación de esta ley

es necesaria. 'No olvidemos que estamos hablando de la entidad, junto al Banco de España,

más importante que existe para el control, la transparencia y las garantías del mercado

financiero y bursátil español'. Mardones señaló que este órgano ha de ser 'intachable en su

conducta'.

BANESTO COMPRÓ EN 1999 ACCIONES DE TRES EMPRESAS DE LA FAMILIA RATO. 15.10.01 Banesto adquirió en 1999 participaciones de tres empresas de la familia Rato: Aguas de

Fuensanta, Cartera del Norte y Grupo Alimentario de Exclusivas. Las tres sociedades,

relacionadas entre sí, fueron las únicas compras de Banesto ajenas a su grupo corporativo. El

precio de la operación se desconoce, porque la dirección del banco negó a principios de este

año esa información a un accionista, con el argumento de no 'perjudicar los intereses del

banco'.

Banesto compró el 16 de marzo de 1999 el 45,3% de Aguas de Fuensanta (donde figuran

como accionista María Ángeles Alarco, esposa de Rodrigo Rato, y el cuñado del

vicepresidente, José de la Rosa Alemany); el 40,53% del Grupo Alimentario de Exclusivas (la

familia Rato controlaba en 1999 el 38% de la sociedad); y el 36,10% de Cartera del Norte

(participada por empresas de la familia Rato). Las tres empresas tienen participaciones

cruzadas y se complementan entre sí en la producción y comercialización de bebidas.

La situación económica de Aguas de Fuensanta -empresa dedicada a la comercialización y

envasado de aguas minerales- era mala cuando Banesto entró en su accionariado. En 1997

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ganó 21 millones, un año después los beneficios sumaron 20,3 millones y en 1999 el resultado

final arrojó unas pérdidas de 46,8 millones de pesetas.

Las deudas en 1999 de la empresa, que a su vez controlaba otras tres sociedades del mismo

sector, superaban los 1.800 millones de pesetas, una cantidad muy por encima de los fondos

propios reconocidos (1.106 millones). Tras la entrada de Banesto en marzo de 1999, el consejo

de administración de la empresa decidió ampliar el capital en 150 millones de pesetas en

diciembre.

Para comercializar bebidas y tabaco, los Rato participan en la empresa Grupo Alimentario de

Exclusivas, otra de las sociedades en cuyo accionariado entró Banesto en 1999. Ese año,

consiguió unas ganancias de 157.000 pesetas; el anterior ganó sólo 7.000 pesetas y en 1997

perdió 600.000 pesetas. Con unos fondos reconocidos de 26 millones de pesetas, afrontaba en

1999 unas deudas de 248 millones. La entrada de Banesto también permitió una ampliación de

capital de 30 millones.

Para inversiones mobiliarias, los Rato tenían Cartera del Norte, en la que Banesto compró el

36,1% de las acciones. Esta empresa ha perdido dinero en los tres últimos ejercicios: 33.000

pesetas en 1998, 44.000 en 1999 y 686.000 en 2000. Un año antes de que Banesto entrase en

su accionariado, la empresa debía 106 millones de pesetas frente a unos fondos propios de

tres millones. La empresa se fortaleció en 1999 tras la incorporación de Banesto: los fondos

propios crecieron hasta los 111 millones y las deudas descendieron a 7,5 millones. En las

cuentas de Banesto de 1999 y 2000 se hacen salvedades importantes sobre la adquisición de

acciones en las tres empresas de la familia Rato.

En el caso de Aguas de Fuensanta, Banesto aclaraba: 'Los administradores han considerado

conveniente omitir el importe registrado en el libro del banco para estas participaciones por

entender, al encontrarse parte de ellas en reestructuración y/o venta que la divulgación de esta

información podría perjudicar al banco'.

Un accionista preguntó a principios de este año por los detalles de la operación sobre Aguas de

Fuensanta y el secretario del Consejo de Banesto le contestó que la ley amparaba a la entidad

bancaria para no informar sobre ese asunto ya que el interesado sólo poseía 65 acciones del

banco, un porcentaje insuficiente para que su pregunta obligara a la entidad a responder.

LA CNMV NO ACLARÓ LAS DUDAS QUE LE PLANTEÓ EL BANCO DE LUXEMBURGO SOBRE GESCARTERA. VALIENTE LE DIJO A RATO QUE 'NO CONSTA' QUE RESPONDIERAN SOBRE LA 'HONORABILIDAD' DE LA AGENCIA.16.01.00

El Banco Central de Luxemburgo remitió, el 5 de enero de 1999, una carta a la Comisión

Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la que le solicitaba información sobre la

'honorabilidad e idoneidad' de Gescartera y sus administradores. La máxima autoridad

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monetaria de Luxemburgo solicitó esta información 'en relación' al proyecto que Gescartera

tenía de constituir una Sicav (una sociedad de inversión en capital variable) con el banco HSBC

en ese país europeo. 'No consta' que la CNMV respondiera a esta carta, según el informe que

Pilar Valiente, ex vicepresidenta de la CNMV, remitió a Rodrigo Rato.

Pilar Valiente, ya como ex presidenta de la CNMV, aseguró el 27 de septiembre en la Comisión

Gescartera que el 17 de junio de 1999 José Manuel Barberán esgrimió ante el consejo un

documento tranquilizador sobre dónde estaba el dinero de los clientes de Gescartera. Según

esa documentación, el dinero de las 'cuentas afectas a gestión' que los inspectores de la

CNMV no lograban encontrar se destinaba a la creación de una Sicav en Luxemburgo con el

HSBC (Hong Kong and Shangai Banking Corporation). Barberán dijo después, también ante la

Comisión Gescartera, que esa documentación no había pasado por los conductos habituales, y

que a él se la entregó personalmente Antonio Alonso Ureba, director de los servicios jurídicos.

Sea como fuere, esa documentación fue considerada una buena noticia y una novedad por

todos los consejeros que han prestado ya declaración ante la Comisión Gescartera. Esa

novedad, de la que participó Pilar Valiente, pasa por alto que ésta, aún como presidenta de la

CNMV, remitió el pasado 13 de agosto un informe al ministro de Economía, Rodrigo Rato, en el

que le comunicaba que la CNMV supo de esa voluntad de Gescartera de constituir una Sicav

en Luxemburgo al menos desde el 5 de enero de ese año. En esa fecha, la CNMV recibió un

requerimiento por escrito del Banco Central de Luxemburgo interesándose por la honorabilidad

e idoneidad tanto de Gescartera como de sus administradores. Según la información que

Valiente transmitió a Rato, 'no consta que se haya contestado por escrito' a ese requerimiento

de la máxima autoridad monetaria de Luxemburgo. La Sicav no llegó nunca a constituirse. El

20 de septiembre, dos días antes de que concluyera el plazo de suscripción, el HSBC anunció

que no habría tal Sicav. La CNMV siguió buscando el dinero de Gescartera e incluso creyó

encontrarlo, en diciembre de aquel año, en unos certificados falsos de La Caixa.

ALONSO IMPUSO A LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN LA DENOMINACIÓN DE 'BORRADOR'. 16.10.01

La Asesoría Jurídica de la CNMV, cuando estaba dirigida por Antonio Alonso Ureba, impuso la

denominación 'Documento de trabajo. Borrador provisional sujeto a revisión' a todos los

informes de Supervisión, según consta en un correo electrónico . Fue una decisión tomada

tras el caso AVA -la agencia de valores que dejó un agujero de 15.000 millones- para evitar dar

'rango oficial' y definitivo a unas investigaciones que podían verse posteriormente superadas

por nuevos descubrimientos.

El informe sobre Gescartera elaborado por el equipo que dirigía David Vives y que éste expuso

en el consejo extraordinario de la CNMV el 16 de abril de 1999 llevaba, como era obligatorio,

esa denominación de arranque. La instrucción que Supervisión había recibido de Alonso era

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evitar el encabezamiento 'informe de supervisión' porque 'ello implica darles un rango oficial'.

Además, según esas mismas instrucciones de Alonso, era 'importante' evitar 'juicio de valor

alguno' en esos documentos. El propio Antonio Alonso Ureba, así como Pilar Valiente, José

María Roldán, Luis Ramallo y Miguel Martín -consejeros de la CNMV- destacaron ese

encabezamiento del Informe Vives -'Borrador sujeto a cambios'- como argumento

incuestionable de que ni siquiera el director de Supervisión tenía claro qué había que hacer con

Gescartera. Alonso, Valiente, Ramallo y Roldán subrayaron además que la cualidad de

'borrador sujeto a cambios' y la ausencia de calificativos contundentes llevaba a concluir que el

trabajo estaba aún sin terminar.

Por otra parte, la presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, ha remitido un escrito a la

CNMV en el que solicita a este organismo que facilite a Vives la información que necesite sobre

Gescartera.

GIMÉNEZ-REYNA CONFUNDIÓ ANTE LA JUEZ EL MOTIVO DE SU VIAJE A LONDRES DEL AÑO 2000. 16.10.01

Enrique Giménez-Reyna, ex secretario de Estado de Hacienda e imputado en el caso

Gescartera, justificó el pasado 4 de octubre ante la juez Teresa Palacios que en el dietario de

su hermana, Pilar Giménez-Reyna, apareciese un viaje suyo a Londres, el martes 15 de

febrero de 2000, porque fue 'a dar una conferencia con Price Waterhouse sobre la zona

especial de Canarias'. El ex secretario de Estado añadió que no recordaba la fecha y que

'desconoce el motivo' por el que ese viaje 'está anotado en la agenda' de su hermana.

Los socialistas canarios, tras conocer esta declaración de Giménez-Reyna en la Audiencia

Nacional, repasaron todas las intervenciones de altos cargos de la Administración en el Reino

Unido sobre su comunidad autónoma y concluyeron que no tienen la más mínima constancia

de que el anterior secretario de Estado pronunciara una conferencia en Londres sobre nada

relacionado con Canarias.

Un portavoz oficial de Price Waterhouse aseguró que la única conferencia que Giménez-Reyna

pronunció en Londres con el patrocinio de su empresa versó sobre 'las ventajas fiscales para

las entidades de la tenencia de valores extranjeros'. El mismo portavoz añadió que desconocía

si, en el curso de su conferencia, Giménez- Reyna hizo o no alguna mención a Canarias. Price

Waterhouse tiene fechada esa conferencia en febrero del pasado año; Enrique Giménez-Reyna

dijo no recordar la fecha, y su hermana Pilar apuntó que fue el martes día 15 de febrero

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ZAPATERO CUESTIONA QUE EL CARGO DE RATO SEA COMPATIBLE CON SUS NEGOCIOS PRIVADOS. IU PIDE QUE EL PARLAMENTO ANALICE LOS CRÉDITOS A EMPRESAS DEL VICEPRESIDENTE .161001

Los máximos dirigentes de PSOE e IU, José Luis Rodríguez Zapatero y Gaspar Llamazares,

respectivamente, tienen un diagnóstico común ante el hecho de que sociedades del

vicepresidente económico, Rodrigo Rato, reciban inyecciones financieras de la banca mediante

créditos, como hizo el HSBC con la sociedad Muinmo, o compra de paquetes accionariales,

como hizo Banesto con tres empresas de los Rato. Ambos cuestionan que sea compatible el

cargo de Rato con la 'intensa actividad' de sus sociedades privadas.

Los Grupos Parlamentarios de PSOE e Izquierda Unida estudian la vía parlamentaria para

esclarecer si el vicepresidente puede simultanear su actividad política con sus intereses

empresariales privados. 'Muchos españoles se preguntan, y yo también, hasta qué punto

puede haber un vicepresidente del Gobierno con tan intensa actividad empresarial. Dejo ahí la

pregunta', señaló ayer Zapatero, 'sin prejuzgar nada'. 'Creemos que puede haber colusión entre

la dedicación política y tanta actividad empresarial. De momento, mostramos nuestra inquietud

ante esa situación', declaró Zapatero tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal de su

partido. Durante todo el fin de semana, el dirigente socialista se mostró muy crítico en sus

intervenciones en la campaña electoral gallega tanto con Rato como con el titular de Hacienda,

Cristóbal Montoro. A ambos les pidió que por 'decencia democrática' asumieran su

responsabilidad. Zapatero eludió precisar si iba a pedir la dimisión de Rato y Montoro.

Pospuso la decisión al fin de los trabajos de la comisión parlamentaria. Parece seguro que el

PP dirigirá las conclusiones hacia la reforma de la ley que regula la CNMV. Zapatero señala

que la ley 'no tiene nada que ver con lo que ha pasado', y comprende que 'el PP busque ese

carril'. Tanto PSOE como IU estudian si el camino para estudiar este caso es la Comisión de

Gescartera o la del Estatuto, que estudia las incompatibilidades de los diputados. Ambos

grupos, en principio, parecen querer aprovechar la Comisión Gescartera, si bien en palabras de

Felipe Alcaraz, diputado de IU presente en dicha comisión, se están encontrando con una

'muralla del PP para impedir que se llegue a Rato'. Alcaraz se queja de que los populares, con

el apoyo de CiU, 'han tumbado' sus tres preguntas a Rato en el seno de la Comisión

Gescartera. En ellas, IU solicitaba la 'relación de personas de la familia de Rato y de los

miembros de los consejos de administración de empresas familiares que han pasado a ocupar

puestos de responsabilidad en empresas públicas privatizadas desde 1996'.

Izquierda Unida también requería el volumen de créditos recibidos por las empresas del

vicepresidente segundo y sus familiares, relación de las entidades prestatarias, fecha de su

concesión y cancelación y su nivel de morosidad. Por último, la coalición se preguntaba por

'empresas de Rato que han sido adquiridas, al parecer por varios cientos de millones, por la

banca española'. 'La doctrina es común entre PSOE e IU sobre la incompatibilidad entre tal

actividad política y empresarial de Rato, pero Llamazares va más lejos. No cree que Rato deba

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detallar sólo 'los créditos y participaciones' de la banca en sus empresas. 'Tiene que explicar

además los raros vínculos familiares y políticos creados al calor del proceso de privatizaciones

de empresas públicas. En definitiva, este es el caldo de cultivo de la mezcla entre lo público y

lo privado y está en el trasfondo de la corrupción política', destaca Llamazares.El dirigente de

Izquierda Unida señaló como un ejemplo de dicha corrupción la estafa de Gescartera. Anunció

que su grupo intentará que tales relaciones del entramado empresarial de Rato con el sistema

financiero se estudien en el seno de la comisión parlamentaria de investigación de Gescartera,

pero aseguró que si el Partido Popular planteara impedimentos, trasladará el asunto a la

Comisión del Estatuto del Diputado para que se detallen y actualicen todos las actividades e

intereses privados del vicepresidente.Llamazares expresó su voluntad de acudir a cualquier

otro mecanismo de control parlamentario para despejar todas las sospechas de tal mezcolanza

entre lo público y lo privado que a su juicio se dan en la actividad del vicepresidente

económico.

EL JEFE DE LA CNMV QUE PROPUSO EL ASCENSO AFIRMA QUE GESCARTERA INCUMPLIÓ SUS REQUISITOS. SU SUCESOR DICE QUE PECÓ DE 'EXCESO DE CELO' AL RECLAMAR QUE CAMACHO CUMPLIESE TODAS LAS CONDICIONES.17.10.01

La Comisión Gescartera pasa la página sobre si se debía o no haber intervenido la empresa

de Antonio Camacho en abril de 1999 y entró de lleno en los motivos para ascenderla de

categoría, lo que se aprobó en julio de 2000 y se materializó en febrero pasado. Ramiro

Martínez-Pardo, el ex director de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que

redactó la 'propuesta de resolución' para autorizar la conversión de Gescartera en agencia de

valores, aseguró que no se debería haber formalizado finalmente porque no cumplía las

condiciones impuestas por la propia CNMV.

Horas antes, su sucesor en el cargo de director general de Entidades, Juan Carlos Basallote

Ureba -primo de Antonio Alonso Ureba, ex secretario del consejo de la CNMV, que fue fichado

personalmente por Pilar Valiente nada más acceder a la presidencia de ese organismo- justificó

ante la Comisión Gescartera como 'un exceso de celo' que el 31 de enero de este año

amenazara a Camacho con suspender la transformación por no cumplir las condiciones

exigidas por la CNMV. Dos semanas después, el 12 de febrero, y tras una reunión con

Camacho y otra con Valiente, Basallote lo vio todo perfectamente claro y cumplido e inscribió a

Gescartera como agencia de valores.

Martínez-Pardo -quien dejó la CNMV el 14 de septiembre de 2000, poco antes de que Valiente

asumiera la presidencia- recordó que Gescartera había intentado en 1993 y 1997 su ascenso a

agencia de valores. En ambos casos desistió porque sabía que la respuesta no podía ser otra

que negativa. Volvió a pedirlo en 1999, en medio de la inspección que inició David Vives y

concluyó, a la baja, Antonio Botella. Y justificó su informe favorable al ascenso porque tenía el

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WWW.AZNAR.NET. Ven y Cuéntalo 79

visto bueno de Supervisión (de Botella) y porque incorporó al expediente de transformación

unas exigencias muy explícitas de entrada de la ONCE en el capital y la gestión.

Entre esas exigencias destacan tres: la entrada de la ONCE con el 10% en la nueva agencia

de valores; al tiempo, entrada de la ONCE, con el 25%, en la sociedad holding (matriz), y salida

de la gestión de Antonio Camacho y José María Ruiz de la Serna.

Esas tres condiciones no se cumplieron. Su sucesor en el cargo, Basallote Ureba tuvo

probablemente esa opinión en un primer momento pues remitió a Gescartera, con copia a

Camacho, una durísima carta en la que le decía que no cumplía los requisitos para la

transformación, le daba un mes para 'subsanar' esos fallos y le comunicaba que, de momento,

su solicitud quedaba 'en suspenso'.

Basallote explicó que esa carta suya fue 'un exceso de celo', que después se dio cuenta de que

sólo debía exigir la entrada de la ONCE, con un 10%, en el capital de la nueva agencia de

valores y nada más, porque eso es lo único que pide la orden ministerial firmada el 1 de

septiembre por el secretario de Estado de Economía José Folgado, en representación del

ministro Rodrigo Rato. 'Para inscribirla me apoyé en la orden ministerial, que es lo que tengo

que hacer', aseguró Basallote. El resto de las condiciones, añadió, las dejó para después.

En ese cambio de opinión de Basallote medió una reunión con Camacho y otra con Valiente,

pero el director de Entidades negó que alguno le hiciera ver la luz sino que él sólo reclamó algo

'a futuro' y que el letrado que tenía asignado le explicó que sólo podían exigir, como dice la

orden ministerial, la entrada del 10% de la ONCE en la agencia.

A interpretar lo que dice esa orden se dedicó el resto de la jornada en la Comisión Gescartera.

Hasta ahora, sólo se había destacado su último párrafo, que condiciona 'la autorización de

transformación' a que 'se perfeccione la entrada en el capital de la nueva sociedad, con un 10%

del mismo, de la Fundación ONCE'. Todos los grupos, excepto el PP, resaltaron otro párrafo

previo, con una redacción algo compleja, que autoriza el ascenso de Gescartera a agencia de

valores 'bajo el supuesto del estricto cumplimiento de las declaraciones sobre los requisitos

exigidos' en la propuesta de la CNMV.

El undécimo de los 26 redactados por Martínez-Pardo, exige, 'al tiempo, la entrada de la

Fundación ONCE con el 10% en la agencia y con el 25% en la empresa matriz'.

Martínez-Pardo aseguró después que la 'orden ministerial, tal como está redactada, puede

inducir a confusión', pero que él 'no se habría confundido' y habría entendido que exige cumplir

todos y cada uno de los requisitos que puso la CNMV, si bien para él dicha orden recalca

especialmente que debe entrar la ONCE con el 10% de marras.

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El PP, como hasta ahora el Gobierno y la CNMV, defendió que lo único que exige

explícitamente la orden ministerial es esa participación del 10% de la ONCE en la agencia y

que el resto era tan sólo una expresión de voluntad a futuro

EL GOBIERNO ESTIMA COMPATIBLE LA RELACIÓN DE RAMALLO CON GESCARTERA EL PSOE CALIFICA DE "VERGONZOSA E INCONCEBIBLE" LA RESOLUCIÓN DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.17.10.01

La Dirección General de Inspección del Ministerio de Administraciones Públicas resuelve que el

ex vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Luis Ramallo no

vulneró la Ley de Incompatibilidades en su actividad como notario tras abandonar su cargo en

la Comisión. El informe del Gobierno cita un documento de la Dirección General de Registros y

del Notariado en el que se argumenta que "la de notario es una actividad pública y no privada".

Ramallo firmó resoluciones en la CNMV sobre 12 sociedades, entre ellas Gescartera, con las

que luego trabajó como notario.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores acreditó en un informe que Ramallo había

tomado decisiones como vicepresidente que afectaban a 12 sociedades con las que, cuando

dejó el organismo regulador y montó la notaría, trabajó intensamente.

La Ley de Incompatibilidades señala que "durante los dos años siguientes a la fecha de su

cese los altos cargos no podrán realizar actividades privadas relacionadas con expedientes

sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio de su cargo ni celebrar contratos de

asistencia técnica, de servicios o similares con las administraciones públicas".

Sin embargo, la Dirección General de Inspección de Administraciones Públicas señala, en sus

conclusiones enviadas a la Comisión de Investigación del Congreso sobre la posible

incompatibilidad de Ramallo, que "no se aprecian evidencias que permitan inferir el

incumplimiento de los preceptos de la Ley de Incompatibilidades de los altos cargos de la

Administración del Estado".

El principal argumento del informe de Administraciones Públicas para exculpar a Ramallo es

que la actividad de notario "se considera una actividad pública y no privada". "Como funcionario

público ejerció una actividad de fedatario público que, como tal, le obliga a intervenir en

aquellos documentos que le presenten los ciudadanos", dice el informe que se basa en la Ley

Orgánica del Notariado de 1862.

El informe también recoge una aportación del Colegio Notarial de Madrid que recuerda una

sentencia del Tribunal Supremo de 2001: "El notario no es un simple profesional del derecho.

Es también una persona que ejerce funciones públicas". El informe precisa que no ha

enjuiciado, "por carecer de competencias para ello", las actuaciones de Ramallo que "no se

circunscriben a los preceptos de Ley de Incompatibilidades" o a "hechos nuevos". El informe

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WWW.AZNAR.NET. Ven y Cuéntalo 81

abre una cautela al preguntarse si Ramallo pudiera no haber ejercido su función notarial con

"independencia e imparcialidad" dado el conocimiento que pudo tener de Gescartera cuando

ocupó la Vicepresidencia de la CNMV. Señala que este análisis no corresponde a la Inspección

sino al Ministerio de Justicia, que a su vez lo remite a la Comisión de Investigación y a la

instrucción judicial.

El socialista Ángel Martínez Sanjuán señaló que la resolución es "vergonzosa" porque "no se

ha visto tamaña vulneración de la Ley de Incompatibilidades" ya que Ramallo "medió en temas

de Gescartera como vicepresidente de la CNMV y como notario

EL SUPREMO CALIFICA EL OFICIO DE NOTARIO DE PÚBLICO Y PRIVADO .17.10.01

El artículo 2.4 de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos, aprobada en 1995, establece:

'Durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, los altos cargos no podrán realizar

actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en

el ejercicio de su cargo'.

El informe recabado por Administraciones Públicas a la Comisión Nacional del Mercado de

Valores prueba que Ramallo realizó actividades relacionadas con Gescartera, una agencia de

valores sobre las que tomó decisiones como vicepresidente del organismo regulador. Pero las

actividades de Ramallo como notario son públicas y no privadas, según entiende la Inspección

del Ministerio de Administraciones Públicas, lo que le salva de incumplir la Ley.

El Colegio Notarial de Madrid, al que el Ministerio pidió un informe, esgrime dos recientes

sentencias del Tribunal Supremo, de 22 de enero de 2001 y de 7 de junio de 2001, en las que

se afirma: 'No cabe considerar el ejercicio de la función notarial como una actividad

empresarial. El notario no es un simple profesional del derecho, es también una persona que

ejerce funciones públicas'. La sentencia del 22 de enero se refiere a un recurso de casación

interpuesto por un notario al que sancionó el ministerio de Justicia por competencia desleal. El

fallo admite que los notarios realizan 'un oficio público -la llamada función certificante y

autorizante- y un oficio privado -la que es propia de un profesional del derecho llamado a

prestar tareas de pericia legal, de consejo o adecuación-'. El Colegio notarial argumenta que

para que Luis Ramallo hubiera incurrido en incompatibilidad debería haber actuado con

subjetividad y parcialidad al documentar como notario las operaciones de Gescartera.

ANTICORRUPCIÓN PIDE AL JUEZ QUE INVESTIGUE SI LOS REGALOS A RAMALLO SON UN COHECHO. REMITIDO AL JUEZ EL ESCRITO EN EL QUE ADMITE REGALOS POR TRES MILLONES. 18.10.01

La Fiscalía Anticorrupción ha remitido a los Juzgados de Madrid el escrito en el que el ex

diputado del PP Luis Ramallo admite haber recibido regalos de Antonio Camacho por más de

3,1 millones de pesetas, para que se investigue si de la recepción de esos presentes puede

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WWW.AZNAR.NET. Ven y Cuéntalo 82

deducirse un delito de cohecho. Ramallo no especifica las fechas en que recibió los regalos,

por lo que Anticorrupción cree que debe investigarse si éstos se corresponden con actuaciones

concretas de su etapa de vicepresidente de la CNMV o con su actividad como notario.

El pasado día 10, Ramallo ingresó 1,6 millones de pesetas en la cuenta de consignaciones que

los juzgados de la Audiencia Nacional tienen en una entidad bancaria, en concepto de

devolución de los regalos que le hizo Antonio Camacho. El montante de los regalos, según los

datos aportados por Hermés, Joyería Suárez y Loewe a la comisión parlamentaria de

investigación de Gescartera, ascendía a 3.113.000 pesetas.

El ex diputado popular sólo ingresó 1,6 millones con el pretexto de que él, a su vez, había

enviado a Camacho, como compensación, un cuadro del pintor José Vega Osorio por valor de

1,4 millones. Ramallo adjuntó a su escrito una carta del pintor con la que pretende demostrar

que el valor de la obra era en realidad de 1,8 millones, pero, por razones de amistad, se la

rebajaba a la citada cantidad de 1,4 millones, al tiempo que le ofrecía facilidades para pagarle.

En su escrito a la Audiencia, el ex diputado popular se ofreció a hacerse cargo del cuadro de

Vega Osorio, abonando su importe en metálico. Sin embargo, hasta la fecha, el cuadro no ha

sido encontrado entre los bienes incautados a Camacho.

El escrito de Ramallo fue examinado por el teniente fiscal Anticorrupción, Luis López Sanz,

encargado del caso Gescartera, quien, de acuerdo con el fiscal jefe Carlos Jiménez Villarejo,

decidió remitirlo a los juzgados de Madrid para que el juez de instrucción investigue si los

hechos, en su caso, pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho.

Según fuentes de la investigación, Anticorrupción entiende que al no tener constancia de las

fechas en que Ramallo recibió los presentes, procede que un juzgado de instrucción de Madrid

investigue si pudo corresponderse con su etapa de vicepresidente de la Comisión Nacional del

Mercado de Valores, (CNMV), o con determinadas actuaciones suyas como notario,

relacionadas con Gescartera. La remisión del escrito a los juzgados de Madrid se debe a que la

Audiencia Nacional no es competente para investigar ese delito.

El delito de cohecho lo comete la autoridad o funcionario público, que, en provecho propio o de

un tercero, solicite o reciba una dádiva o presente por realizar u omitir una acción que

constituya delito, en cuyo caso las penas son de dos a seis años de prisión. Si el presente se

recibe por ejecutar un acto injusto que no sea delito, la pena a imponer oscila entre uno y

cuatro años. Si el regalo recibido tiene por objeto que la autoridad o funcionario publico se

abstenga de un acto que debiera practicar en el ejercicio de su cargo, la pena es de una multa

del tanto al duplo del valor del regalo.

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La Comisión Nacional del Mercado de Valores acreditó en un informe que Ramallo había

tomado decisiones como vicepresidente que afectaban a 12 sociedades con las que, cuando

dejó el organismo regulador y montó la notaría, trabajó intensamente.

Anteayer, Ramallo fue exculpado en un informe del Ministerio de Administraciones Públicas

porque su actividad de notario 'se considera una actividad pública y no privada'. Según la Ley

de Incompatibilidades, 'durante los dos años siguientes a la fecha de su cese los altos cargos

no podrán realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan

dictado resolución en el ejercicio de su cargo'.

Sin embargo, esa consideración de 'actividad pública' que ha servido para eximirle de

incompatibilidad por tener como clientes de su notaría a sociedades sobre las que tomó

decisiones, puede volverse ahora contra él en el plano penal, y hacerle incurrir en delito de

cohecho si, como 'autoridad o funcionario público', se establece alguna vinculación entre los 3,3

millones de pesetas en regalos recibidos de Camacho y sus decisiones o 'actividades públicas'

sobre Gescartera

FUNCIONARIOS DE HACIENDA CRITICAN LA AUDITORÍA SOBRE LAS INSPECCIONES FRUSTRADAS A GESCARTERA. EL GOBIERNO REVELA QUE ASESORES 2000 COBRÓ UNOS 200 MILLONES DE EMPRESAS PÚBLICAS.18.10.01

La Agencia Tributaria y el posible trato de favor al entorno de Gescartera, los contratos de

empresas públicas con Asesores 2000 (la empresa de Roberto Santos que invirtió en

Gescartera) sobre todo durante la etapa socialista, la relación entre la Guardia Civil y la familia

Giménez-Reyna y el nulo control a las inversiones de los Huérfanos del instituto armado fueron

motivo de debate en la comisión que investiga el escándalo financiero. Fuera de la comisión,

asociaciones de funcionarios de Hacienda criticaron la auditoría de la Agencia Tributaria sobre

las cuatro inspecciones frustradas a Gescartera.

Los funcionarios calificaron de "poco creíble e inadmisible" las excusas dadas para explicar los

motivos de que quedaran en el cajón cuatro inspecciones tributarias al núcleo de Gescartera.

La Agencia, a través de un comunicado, minimizó las críticas como propias de funcionarios

descontentos porque no son ascendidos. Ayer estaba citado en el Congreso el anterior director

de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz Jarabo. Éste, tras abundar en la tesis de que los

funcionarios críticos no eran más que un grupo de descontentos, aprovechó una pregunta del

PP para refrescar algunos datos sobre la empresa de Roberto Santos, a la que el Gobierno

relaciona con Gescartera y el "lavado de dinero negro". Pero también aseguró Ruiz Jarabo que

Pilar Valiente, ex presidenta de la CNMV, y Carmen Fernández Rozado -inspectora jefe de

Hacienda de la Comunidad de Madrid cuando en 1998 se abrieron y cerraron expedientes de

Gescartera- "eran amigas" e integrantes del mismo cuerpo de funcionarios. Fernández Rozado

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fue nombrada consejera de la Comisión Nacional de la Energía, nombramiento que deprende

del Ministerio de Economía.

Asesores 2000 (empresa participada por Roberto Santos, José Antonio Sánchez, José Nevado

y Jesús Carrillo) cobró 195,6 millones de pesetas entre 1989 y 1997 de diversas sociedades

pertenecientes al grupo público SEPI (o sus denominaciones anteriores, INI o Teneo). Estos

contratos no tienen nada que ver con Gescartera, y la única relación es que Santos ha sido

acusado por Antonio Camacho, el dueño de la agencia, de proporcionarle clientes con dinero

negro. Sánchez abandonó temporalmente Asesores 2000 para trabajar en Telefónica bajo el

mando de Juan Villalonga, antes de volver con Santos a la sociedad.

Jarabo explicó que, según sus investigaciones en la SEPI, algunos de esos cobros tienen difícil

explicación. En Babcock Wilcox, por ejemplo, Asesores 2000 cobró 54,7 millones, sin que se

hayan localizado facturas. En los archivos de la empresa figuran tres informes elaborados por

Asesores 2000. Uno de ellos se titula Panorama político y perspectivas económicas para 1997,

con fecha de febrero de 1997, ya bajo el Gobierno del PP. Otros cobros a Trasmediterránea o

la matriz del grupo público (INI/Teneo/Sepi) se justifican por "asesoramiento y gestión de

comunicación", y son anteriores al triunfo del PP.

Horas antes, el general de la Guardia Civil Antonio Blanes había revelado que Enrique

Giménez-Reyna le facilitó una entrevista el año pasado con Ruiz Jarabo, entonces director de

la Agencia Tributaria y le acompañó a ella, como "amigo". Blanes acudía a la Agencia Tributaria

con el objetivo de "regularizar la situación" del Colegio de Huérfanos de la Benemérita, que

llevaba años sin presentar declaración del impuesto sobre sociedades. Blanes contó que ese

día le "atendieron estupendamente", pero desligó ese trato de la posterior inversión en

Gescartera.

Aquella inversión en la empresa de Camacho, de 100 millones el 16 de febrero de este año y

de otros 320 millones el 22 de mayo, fue, según Blanes, responsabilidad suya. La hizo porque

conocía a Pilar Giménez-Reyna, como al resto de la familia, y quería mejorar la rentabilidad de

las inversiones de los Huérfanos. Blanes dijo que ofreció su dimisión al director de la Guardia

Civil, Santiago López Valdivielso.

Los diputados discutieron durante casi dos horas las comparecencias de la próxima semana.

Vendrán, entre otros, el secretario de Estado de Economía, José Folgado; el Gobernador del

Banco de España, Jaime Caruana; la directora del Tesoro, Gloria Hernández, y el jefe de

gabinete de Rodrigo Rato, Jaime Pérez Renovales

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UN ASESOR FISCAL DE CAMACHO ADMITE QUE EMITIÓ CHEQUES SIN FONDOS PORQUE EL DUEÑO DE GESCARTERA SE LO PIDIÓ .18.10.01

La comisión parlamentaria que investiga el caso Gescartera esclareció un detalle clave en el

mecanismo que permitió a Antonio Camacho engañar a la Comisión Nacional del Mercado de

Valores (CNMV) en 1999, haciéndole creer que tenía, en una cuenta de La Caixa en

Majadahonda (Madrid), 4.000 millones de pesetas que nunca existieron. El dueño de

Gescartera basó su montaje en la existencia de tres cheques (reales) de una sociedad llamada

Hari 2000, por 3.980 millones, que permitieron a la caja emitir un certificado (real) que, junto

con otros (falsos), lograron el milagro. Julio Rodríguez, dueño de Hari 2000, declaró , ante el

pasmo de los diputados, que él emitió esos cheques, sin tener fondos, porque Camacho se lo

pidió.

Con este engaño, Camacho tapó ante la CNMV el agujero de 4.500 millones de pesetas

descubierto por la inspección en abril de 1999. Para ello, convenció a Rodríguez, cuya asesoría

fiscal (Hari 2000) dependía casi enteramente del negocio que le proporcionaba Antonio

Camacho, de que era el hombre elegido para montar una Sicav (un fondo de inversión) en

Luxemburgo. A continuación le entregó tres cheques por 3.980 millones, le pidió que no los

ingresase todavía, y para asegurarse de que no hiciera mal uso, le solicitó a cambio otros tres,

por el mismo importe, con los que consumó la estafa.

Conseguidos los cheques, Camacho le comunicó a Rodríguez que la Sicav no se iba a

constituir, que podía romper los cheques originales, y que él haría lo mismo con los que había

recibido como garantía, cosa que nunca hizo. Rodríguez afirmó que él ignoraba esta trama,

cuya puerilidad provocó la irritación de los diputados, que le recordaron que se enfrenta a

responsabilidades penales si miente ante la comisión parlamentaria. Mercè Pigem, diputada de

CiU y usualmente instalada en la moderación, perdió la paciencia y le espetó a Rodríguez: "Su

declaración no me merece credibilidad". En esa línea, el dueño de Hari 2000 contestó a los

diputados mayormente con un galimatías y aseguró que su trabajo se limitaba a ayudar a

algunos clientes y empresas de Camacho a pasar inspecciones fiscales, por lo que recibía una

iguala de 1,1 millones de pesetas al mes

EL MARIDO DE LA ALCALDESA DE CÁDIZ RECONOCE QUE ES APODERADO DE UNA AGENCIA DE VIAJES DE LA FAMILIA RATO. 18.10.01

Santiago Cobo, marido de la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, reconoció que es, desde

mayo de 2000, apoderado de la empresa Viajes Ibermar, propiedad de la familia del

vicepresidente económico del Gobierno, Rodrigo Rato.

Tanto el PSOE, como IU y el Partido Andalucista solicitaron a Martínez que aclare estas

relaciones empresariales de su marido con Rato, un día después de que el secretario federal

de Política Municipal del PSOE, Álvaro Cuesta, afirmase que Martínez es 'la testaferro política

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de Rato y de algo más (...) de determinados intereses económicos'. Martínez negó

tajantemente que fuera testaferro de nadie y anunció una querella contra el dirigente socialista.

Cobo reconoció que es el apoderado de Viajes Ibermar una hora y media después de que

afirmase que lo había sido 'hace un año aproximadamente'. Hora y media más tarde, en

declaraciones a la Cadena SER, Cobo rectificó: 'De la revisión de la documentación tras la

última conversación, le puedo decir que, salvo que haya una comunicación que yo no tengo, el

poder está vigente, aunque no haya intervenido posteriormente en nada'. Con todo, matizó:

'Soy un apoderado excepcional, no habitual, y que no participo en la vida diaria de la empresa'.

El marido de Martínez no desveló el tipo de operación empresarial en la que figuró como

apoderado 'para no citar a terceros'. Se limitó a afirmar que fue 'un negocio mercantil entre

empresas' en la que no hubo ninguna operación bursátil ni participación de instituciones

públicas.Por otra parte, Cobo afirmó que mantuvo relaciones comerciales con la agencia en

virtud de su condición de empresario hotelero y de amigo de Rato 'desde hace muchísimos

años'. Negó también cualquier relación con Gescartera. 'Bajo ningún concepto, tengo, ni he

tenido, y espero que Dios no me dé oportunidad de tener que ver con semejante historia',

espetó. Viajes Ibermar es una empresa que tiene su sede social en la misma dirección que

Muinmo, la sociedad de la familia Rato a la que el HSBC, el banco con el que operaba

Gescartera, otorgó un préstamo de 525 millones de pesetas. Cobo dijo que ignora si Viajes

Ibermar ha participado de ese crédito.Por su parte, el presidente andaluz, el socialista Manuel

Chaves, pidió que 'se aclare si hay o no una relación empresarial entre la familia de la señora

Martínez y la familia del señor Rato' y si el crédito del HSBC 'benefició o favoreció esas

relaciones empresariales'

LA CNMV BORRÓ LOS CORREOS ELECTRÓNICOS DEL INSPECTOR QUE DESCUBRIÓ EL FRAUDE DE GESCARTERA. 19.10.01

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha borrado un archivo que contenía los

correos electrónicos de David Vives, el director general de Supervisión del organismo regulador

que en 1999 descubrió graves irregularidades en Gescartera. Así se desprende de una carta

dirigida a Salvador Meca, secretario general de la CNMV, en la que Vives afirma: 'Sé además,

ya que usted mismo me lo comunicó el pasado día 9 de octubre, que los archivos electrónicos

conteniendo mi correspondencia por e-mail han sido borrados'.

La carta fue recibida tanto en el organismo regulador como en el Congreso de los Diputados.

En ella, Vives responde a la misiva que Blas Calzada, el nuevo presidente de la institución,

había enviado al Congreso, accediendo a la petición del ex director general de Supervisión de

consultar documentación de la CNMV para poder aportar las pruebas que le solicitaba la

comisión que investiga en el Parlamento el caso Gescartera.

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La comisión requirió a Vives pruebas documentales de sus afirmaciones ante los diputados, ya

que otro testigo, Antonio Alonso Ureba, ex secretario del Consejo de la CNMV, declaró que el

antiguo director de Supervisión había mentido. Vives reveló ante los diputados que en el

consejo extraordinario del 16 de abril de 1999 él propuso intervenir Gescartera y que, con

posterioridad a esa fecha, Alonso Ureba puso numerosas trabas a sus investigaciones.

En la carta, Vives resalta que Blas Calzada sólo le permite acceder a cierta documentación

(que ya ha sido enviada al Congreso), pero no a otros documentos que él considera

imprescindibles, entre los que se encuentran sus correos electrónicos. Otros funcionarios de la

CNMV recibieron, en el momento de dejar su puesto en el organismo, un CD-ROM con todos

sus e-mails, algo que no sucedió en su caso. Como director de Supervisión, Vives descubrió un

agujero de 4.500 millones de pesetas en Gescartera en 1999. Tras sufrir numerosas trabas

dentro de la CNMV, según declaró en el Congreso, abandonó el caso a petición propia en julio

de ese año. Al año siguiente dejó la CNMV. El origen de estas cartas es la petición de amparo

que Vives había realizado a los diputados para poder acceder a la documentación que necesita

de la CNMV para su defensa. Pero ante las dificultades encontradas, el antiguo inspector

'renuncia formalmente' a ella y anuncia que recurrirá a otras instancias.

LA GENERALITAT VALENCIANA OBTUVO DEL HSBC EL CRÉDITO MÁS BLANDO DE LOS 11 QUE AVALÓ PARA TERRA MÍTICA. EL BANCO QUE COLABORÓ CON GESCARTERA PRESTÓ 6.655 MILLONES A LA SOCIEDAD PARQUE TEMÁTICO. 19.10.01

La Sociedad Parque Temático de Alicante, SA (SPTA), de la que la Generalitat es accionista

único, obtuvo del HSBC -el banco británico que evitó en parte la intervención de Gescartera en

1999- el préstamo a más bajo interés de los 11 que mantiene activos con diez entidades

financieras. El HSBC prestó a la SPTA 6.655 millones de pesetas con interés euribor. Los otros

diez créditos que avaló la Generalitat se estipularon en condiciones menos ventajosas para la

sociedad pública encargada de desarrollar las infraestructuras de Terra Mítica y de la Ciudad

de la Luz. Dos bancos extranjeros, el HSBC y el DGZ Dekabank, prestaron a la SPTA casi la

mitad de los 29.522 millones de pesetas que la sociedad pública debe a las entidades de

crédito a largo plazo. A pesar de que el DGZ Dekabank prestó más dinero -7.300 millones de

pesetas- a la SPTA que el HSBC -6.665 millones-, el primero logró cobrar los intereses al

euribor más el 0,003%, mientras el banco británico que habitualmente trabajaba y avalaba a la

sociedad de valores Gescartera dejó el dinero a un interés más bajo, sólo el euribor. Las dos

grandes cajas valencianas, Bancaixa y CAM, concedieron a la SPTA tres créditos -dos

Bancaixa y uno la CAM- por importe total de 5.961 millones de pesetas y con intereses que

oscilan entre el mibor más 0,75% y el euribor más el 0,2%.

Además de que el crédito del HSBC es el más blando de todos los concedidos a largo plazo a

la sociedad de la Generalitat, también es el que antes se liquidará, a finales de 2008. La SPTA

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estará endeudada con el DGZ Dekabank hasta julio del año 2012 y pagará el último

vencimiento a Bancaixa y la CAM en 2009.

PILAR GIMÉNEZ-REYNA DETALLÓ A LA JUEZ CÓMO MEDIÓ SU HERMANO A FAVOR DE GESCARTERA. 'ENRIQUE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE UNA PARTE DEL CONSEJO [DE LA CNMV] SE ENTERA Y OTRA NO'. 20.10.01

Pilar Giménez-Reyna, imputada en el caso Gescartera y en prisión desde el pasado 18 de

septiembre, declaró ante la juez Teresa Palacios cómo pidió ayuda a su hermano Enrique para

hacer frente a la inspección que la CNMV abrió en diciembre de 1998; aseguró que su

'hermano llega a la conclusión de que hay una parte del consejo que se entera de lo que está

pasando y otra parte del consejo que no lo sabe'; que él le dijo que 'las cosas eran muy graves'

pero que ella no se preocupara. Después contó cómo también Pilar Valiente acudió en ayuda

de Gescartera.

Pilar Giménez-Reyna confirmó punto por punto ante la juez Teresa Palacios las anotaciones de

su agenda y confesó tanto la mediación de su hermano Enrique como la de Pilar Valiente en el

rescate de Gescartera.

'Yo a mi hermano recurro porque estoy preocupada', contestó Pilar Giménez-Reyna a la juez,

según consta textualmente en su declaración del pasado 18 de septiembre .Palacios le había

preguntado cuándo y por qué pidió ayuda a Enrique Giménez-Reyna. 'En el último expediente

ése del 98 (...) Empezaron en el 98 y se terminó en el... de hecho el año 2000', relata Pilar. 'Yo

decido un día hablar con mi hermano, digo: está pasando esto y a mí me gustaría tener...'.

La juez le interrumpió: '¿Esto, qué es?' Y ella le cuenta que la CNMV ha iniciado una

inspección a Gescartera, que en esas fechas dirigía David Vives. 'Y entonces mi hermano llega

a una conclusión, según se informa, de que hay una parte del consejo que se entera de lo que

está pasando y otra parte del consejo que no lo sabe'. Pilar añade que su hermano 'iba a

hablar con...' pero no llega a decir con quién, y subraya que 'él no estaba bien enterado a

través del señor [Juan] Fernández Armesto, porque allí se llevaban las cosas desde dos

puntos'. La imputada sigue: 'Llega un momento en que me dice que las cosas eran muy

graves'. Pero también le dijo: 'Tú no te preocupes porque esto no es nada (...) Yo me ocupo de

todo'.

Ese 'todo', según la declaración de Pilar Giménez-Reyna, se resumía como sigue: 'Había una

parte del consejo, como le he dicho, que no atendía a razones, que no conocían las realidades,

que el señor [David] Vives, y el señor [Juan] Fernández Armesto y el señor [José Manuel]

Barberán eran, palabras textuales: 'las tres personas que siempre salían sus nombres' e iban

en contra totalmente de ellos, y que el resto del consejo [de la CNMV] o se enteraba de lo que

pasaba y que ellos eran los que llevaban todo'.

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La juez le pregunta después 'qué significa 'Pilar Valiente da un revés a D. Vives', uno de los

apuntes más conocidos de su agenda. Ella intenta esquivar la pregunta interesándose por si D.

significa Daniel o David. La instructora le dice que eso 'es lo de menos' y, tras una serie de

respuestas incongruentes, dice 'Enrique me llama'. La juez intenta que no vuelva a escabullirse:

'Bien. Punto. Y dice: 'Nos pide que aguantemos'. ¿Quién se lo pide? ¿Quién le llama?'. Ella

intenta de nuevo escurrirse con respuestas inconexas, pero la juez insiste y la imputada

confiesa: 'En este caso no sé si Enrique o Pilar Valiente'.

La magistrada sigue: 'Y ¿qué tienen que aguantar?'. '¿Qué?', responde ella. '¿Qué tienen que

aguantar ustedes?', insiste Palacios. Por fin declara: 'Que aguantemos la inspección, que

aguantemos la supervisión, que hay que salir adelante bien'.

La juez aprovecha ese momento para pedirle que aclare otro apunte de su agenda: 'No dar

nombres, cheques portador. No somos la A.T.' La imputada responde: 'Nos pide que

aguantemos, que no, no dar los nombres de cheques al portador, que no somos la Agencia

Tributaria'. Palacios se interesa por quién les da esas instrucciones. Tras intentar escabullirse,

acaba: 'Pues no le puedo decir en este momento si Enrique o Pilar Valiente'.

En ese momento interviene el fiscal para recordar a la imputada que, durante toda su

declaración anterior, había mantenido que no conoció a Pilar Valiente hasta el otoño del

pasado año y que estos apuntes de su agenda corresponden a la primavera de 1999. 'Usted

acaba de decir que con Pilar Valiente no había hablado', le recuerda el fiscal. 'Yo no, yo no, no.

No he hablado', dice ella. 'Entonces no se lo pudo decir Pilar Valiente', inquiere el fiscal.

'Tendría que ser Enrique', concluye la imputada.

La mediación de Pilar Valiente y Enrique Giménez-Reyna vuelve a aparecer en mayo de 2000,

poco antes de que la CNMV decidiera rebajar la sanción, de muy grave a grave, a Gescartera.

El fiscal acababa de recordar a la imputada que el 10 de marzo fue al funeral por el padre de

Pilar Valiente. 'Sí, sí. Y no la conocía. Y además no estuve con ella siquiera', respondió Pilar

Giménez-Reyna. El fiscal continúa: 'Aquí vuelve a aparecer otra referencia de su hermano (...)

el 10 de mayo de 2000 (...) Enrique dice que aceptar y alegar. Pilar Valiente no sabía nada de

la Audiencia Nacional por lo contrario ... por lo...'. Ella se lo explica: 'Por lo contencioso'. El

fiscal hace como que no se entera y ella se lo aclara: 'Mi hermano, en su interés de esto, me

dice que aceptemos como sea'. El fiscal le pregunta: '¿Aceptar y alegar?'. Pilar responde: 'Que

se acepte lo que nos pongan (...) y que si no recurrir a la Audiencia Nacional por lo

contencioso'. Eso ocurría el 10 de mayo, cuando el expediente a Gescartera todavía

contemplaba una sanción muy grave. Pero el día 11 esa sanción pasó a ser sólo grave, quizá

para que no fuera necesario recurrir 'por lo contencioso'.

Pilar Giménez-Reyna le contó también a la juez que su hermano y Antonio Camacho se

conocen desde 1995, que fue ella quien pidió a Enrique Giménez-Reyna que concertara una

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comida entre Pilar Valiente y Antonio Camacho, y que en esa comida, la recién nombrada

presidenta de la CNMV mostró mucho interés por la ONCE.

La imputada también declaró que, pese a la salida de Camacho del consejo de Gescartera,

estaba claro que él era el dueño. 'Pienso que en la Comisión tenían que saber que Camacho

era la persona que lo llevaba todo. Digo yo, se me ocurre, si yo lo sabía, ¿Cómo no lo iban a

saber?'

PILAR GIMÉNEZ-REYNA CONFIRMA LA REUNIÓN DE SU HERMANO Y RAMALLO PARA HABLAR DE GESCARTERA. LA JUEZ PIDIÓ A LA IMPUTADA QUE 'TRADUJERA' SU AGENDA Y ÉSTA RATIFICÓ TODAS LAS IMPLICACIONES.21.10.01

Luis Ramallo se reunió el 15 de abril de 1999, cuando era vicepresidente de la CNMV, con

Enrique Giménez-Reyna, que era director general de Tributos, a instancias de Pilar Giménez-

Reyna, entonces vicepresidenta de Gescartera, aparentemente para buscar una salida a la

inspección abierta por la CNMV a la empresa de Antonio Camacho. Esa reunión y su

motivación fueron confirmadas por Pilar Giménez-Reyna a la juez el día antes de que la

magistrada ordenara su ingreso en prisión. Esta declaración aporta nuevos elementos sobre la

posible implicación de la CNMV y de Hacienda.

La pretensión de que la agenda de Pilar Giménez-Reyna podía haber sido manipulada, como

mantuvo Pilar Valiente poco antes de presentar su dimisión como presidenta de la CNMV, o

que contenía figuraciones de una mujer con escasa preparación, como intentó defender

Enrique Giménez-Reyna en su comparecencia ante la Comisión Gescartera, chocan

frontalmente con la declaración judicial de la imputada la víspera de su ingreso en prisión. La

transcripción de esa declaración ocupa casi 300 folios, se prolongó hasta las 18.50 del pasado

18 de septiembre y en ella Pilar Giménez-Reyna intentó reiteradamente aparecer como alguien

que no se enteraba de nada en Gescartera. Los documentos que el fiscal y la juez instructora

fueron mostrándola a lo largo del día rebajaron, muy poco a poco, su resistencia hasta que

confirmó mucho más de lo que hasta ahora se sospechaba.

REUNIÓN CON ENRIQUE : ¿QUIÉN ES LUIS R.?

Las preguntas más interesantes de la juez y el fiscal y las respuestas más difíciles de arrancar

a Pilar Giménez-Reyna son las que se refieren a su diario. La imputada hace lo imposible para

no entender a la juez cuando le pregunta por el apunte del 13 de abril de 1999 en el que ella

anota: 'Luis R. le va a visitar el jueves con alguien más'. La juez le pregunta quién es Luis R., a

quién iba a visitar y para qué. Lo que sigue es un extracto de ese diálogo:

Juez. (...) ¿Quién es Luis R?

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Pilar Giménez-Reyna. (...) Yo sé que Luis (...) Me acuerdo que Luis Ramallo le va a visitar [a

Enrique] el jueves [15 de abril, víspera del consejo extraordinario para intentar la invervención]

(...) Yo le pedí a mi hermano [Enrique] en diferentes ocasiones, que aquí lo habrá podido usted

ver, que me pusiese al tanto, que por lo visto parecía... Antonio Camacho decía que la tenían

tomada con él, que era una cuestión de una cejación contra él, y que yo quería saber

exactamente qué ocurría, que me informara. Y la información que me dice en mano es que va

a ver si consigue que por lo menos que sepan toda la información que le están pasando. Pero

sí dice que le va a pegar toda la información a D. Luis Ramallo para que se enterara, porque

por lo visto parece ser que cuando él preguntaba no sabían nada.

Tanto Ramallo como Enrique Giménez-Reyna aseguraron, en su declaración en el Congreso,

que la reunión que mantuvieron el 15 de abril en el Ministerio de Hacienda no fue, en ningún

caso, para hablar de Gescartera. Ambos dijeron que Ramallo acudió al despacho de Giménez-

Reyna como acompañante de su jefe de gabinete, José María Ramírez, porque éste estaba

pensando en dejar la CNMV y fue a preguntar al director de Tributos si sabía de algún puesto

en el Ministerio. Ramírez trabaja ahora en una empresa privada que ha encargado a Ramallo

algunos encargos como notario.

AVISA RÁPIDAMENTE : REUNIÓN DE LA CNMV

Antes de interesarse por quién es Luis R., la juez le pregunta por el pasaje más célebre de la

agenda de Pilar Giménez-Reyna.

Juez. En el mismo día 16 se anota en la agenda de usted lo que sigue del año 99: 'Reunión

urgente del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, aprovechando la

ausencia del vicepresidente y de los demás consejeros. Sólo estaba P. Valiente. Que avise

rápidamente'. ¿Qué significa esto?

Aquí la imputada casi logra zafarse con el argumento de que 'eso' lo tiene 'muy lejos'. Sólo

contesta:

P. G.-R. Que avise rápidamente, me imagino que escribía yo que avise rápidamente a los

demás, a Antonio Camacho y José María Ruiz de la Serna, a uno u otro.

MARI, LO SIENTO : LAS COSAS, MUY MAL

La juez instructora pidió insistentemente a la imputada que 'tradujera' el significado de su

agenda. El apunte del 8 de abril: 'Hablo con Enrique a las 11 de la noche'. Lo traduce a la

perfección.

P. G.-R. La situación es que yo deduzco aquí, tengo que remitirme siempre a ese año, en ese

momento hablo con Enrique, a las once de la noche, y mi hermano Enrique me dice que... que

tenemos las cosas muy mal, que hasta donde él sabe que tenemos las cosas muy mal, que

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llame a Antonio [Camacho] y que se lo diga. Horrible. Yo pongo aquí 'horrible' tal y como me lo

transmiten, horrible.

Juez. ¿Y usted, por sí misma, qué sabe de esa situación horrible, no por lo que le cuente su

hermano, usted como presidenta o como vicepresidenta?

P. G.-R. (...) Pues por mí misma lo que compruebo es un embrollo grandísimo, que Antonio

Camacho no me aclara, y que yo tengo que recurrir a que me lo cuente una persona que puede

ser directamente de la fuente, que me lo cuente con claridad.

Juez. ¿Y qué le cuentan?

P. G.-R. Y me fío más de lo que me cuente mi hermano, y me dice mi hermano... Esto que

luego pasa, porque si aquí está al día siguiente... Y me cuenta eso: 'Mari, lo siento muchísimo.

Díselo a Antonio porque las cosas las tenéis muy mal'.

Juez. Pero, ¿qué significa o en qué se traduce 'lo tenéis muy mal'?

P. G.-R. Pues que nos van a mandar a la fiscalía. Que como siga así... que no siga dando, que

no siga aportando lo que la Comisión le pide que le van a mandar a la fiscalía. Que se lo diga.

Juez. ¿Se lo dijo usted?

P. G.-R. Sí que se lo dije.

En esta misma respuesta, y después de una amplia queja porque ni Antonio Camacho ni José

María Ruiz de la Serna la 'informaban', 'atendían' o 'hablaban con claridad', la imputada cita de

nuevo a Ramallo. Dice que ella quería que 'D. Luis Ramallo conociese toda la documentación

que nosotros habíamos aportado ya a la Comisión y... que parece ser que no... que no la

conocía el resto de los consejeros'

PILAR GIMÉNEZ-REYNA REVELA CÓMO GESCARTERA FICHÓ A RAMALLO.22.10.01 Gescartera decidió cambiar de notario y encargar esos trabajos a Luis Ramallo 'en septiembre

u octubre' de 2000, es decir, antes incluso de que el ex vicepresidente de la CNMV hubiera

dejado ese cargo y pudiera acogerse, por una ley que se aprobó precisamente en octubre del

pasado año, a la fusión de los cuerpos de corredores de comercio (al que Ramallo pertenecía)

con el de notarios. Así lo confirmó Pilar Giménez-Reyna, ex presidenta de Gescartera, en su

última declaración judicial. Allí contó también la relación de su hermano Enrique, ex secretario

de Estado de Hacienda, con Antonio Alonso Ureba, exsecretario del Consejo de la CNMV y

ahora secretario de Telefónica.

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Fiscal. Aquí hay otra nota, parece que es: Notarías el 23, 24 de octubre de 2000. Notaría Luis

Ramallo. Luego un teléfono. Me imagino que será la notaría del señor Ramallo.

Pilar Giménez-Reyna. Ése fue el día que a mí me comentaron. ¿Fue en septiembre, no?, en

octubre. A mí me comentaron que se trabajaba ya con esa notaría por si en algún momento

hace falta. Yo fui a la legalización de mi firma a principios de 2000 justamente para poder firmar

la auditoría.

Fiscal. El señor Ramallo acababa de dejar el puesto [de vicepresidente] en la Comisión

Nacional en esas fechas.

P. G.-R. A mí me lo dijo Antonio Camacho, que iba a trabajar con...

Después, ya en 2001, ella fue a la notaría de Ramallo 'a legitimar' su firma 'por encargo de

Salvador Alcaraz', otro imputado en la causa.

La mayor preocupación que se trasluce en el interrogatorio sobre la colaboración de la notaría

de Luis Ramallo con Gescartera se refiere a los poderes otorgados tanto a Antonio Camacho

como a José María Ruiz de la Serna. Ambos habían sido sancionados por la CNMV y el

proyecto de transformación de Gescartera que fue aprobado por el Comité Consultivo de la

Comisión, que presidía Luis Ramallo, exigía la salida de ambos de la dirección de Gescartera.

Sin embargo, poco después de que ambos presenten su dimisión de esos cargos directivos

'por razones personales', acuden a la notaría de Ramallo para que les firme los plenos poderes

de ambos sobre todas las empresas de Gescartera.

Uno de los abogados fue el más incisivo en este asunto.

Letrado. Señora Giménez-Reyna, ¿vio usted el texto de la sanción de la Comisión Nacional

que ordenaba que los señores Camacho y Ruiz de la Serna no ostentaran cargos en la

compañía Gescartera.

P. G.-R. No señor. (...) Me lo dijeron ellos una vez que ha pasado, no enseguida, me lo dijeron

ya, pues ya le digo a usted, por ahí por septiembre.

Letrado. ¿Puede usted darme una explicación, siendo usted ya la presidenta de la compañía,

de por qué el 5 de febrero de 2001 el señor Ruiz de la Serna comparece en la notaría del señor

D. Luis Ramallo y otorga plenos poderes en Gescartera Dinero a Antonio Camacho.

P. G.-R. No lo sé. No lo sé.

Letrado. Un señor que [a] usted le ha presentado el cese, el señor Ruiz de la Serna, (...) ha ido

a D. Luis Ramallo para darle poderes al señor Camacho, plenos en la compañía.

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El letrado no entiende nada. Pero, inmediatamente, le pregunta por las dos comidas con Pilar

Valiente, entonces presidenta de la CNMV.

Letrado. Usted qué explicación tiene para que la presidenta de la Comisión Nacional, que ha

ordenado una sanción que dos personas no pertenezcan a ningún consejo, o una sociedad, les

cite para comer en la Comisión Nacional y les aleccione a ellos sobre el funcionamiento y

control de Gescartera, cuando se supone que allí no deben estar.

P. G.-R. Me he está usted pidiendo a mí una subjetividad. Yo no le voy a decir lo que puedo

pensar de la señora...

El letrado insiste con esas comidas y el papel allí del ex secretario de Hacienda.

Letrado. En las dos comidas, ¿qué intervención tiene su hermano, D. Enrique Giménez-

Reyna?

P. G.-R. Pues mi hermano más bien habla particularmente con Antonio Alonso, y hablan,

hablan de sus cosas de lo que es la política y todo eso, y nosostros hablamos más bien de lo

que era ya puramente el proyecto, y conoce, y tal y cual, y a José María [Ruiz de la Serna le

dicen:] 'Se te echa de menos en la Comisión, sabes que has dejado muy buen recuerdo, y esto

y esto'

EL EX DIPUTADO DEL PP FIRMÓ PODERES A MOREY PARA TODO EL GRUPO DE CAMACHO.22.10.01

Jaime García Morey, ex asesor (sin sueldo) del presidente de la Comunidad Valenciana,

Eduardo Zaplana, e imputado en el caso Gescartera, declaró en la comisión parlamentaria de

investigación que él había sido pillado en este escándalo financiero simplemente 'por ser el

padre de la novia'. Su hija Laura era la novia de Antonio Camacho. Lo que Morey no dijo es

que tenía plenos poderes sobre todas las empresas del Grupo Gescartera y que esos poderes

los había firmado ante el notario Luis Ramallo, ex diputado del PP y ex vicepresidente de la

CNMV en la etapa en la que Gescartera fue inspeccionada, sancionada y elevada de categoría.

Luis Ramallo no sólo acompañó a Jaime García Morey en una visita al Banco Inversión, del

Grupo Hipovereinsbank, para buscar un posible comprador para el grupo Gescartera sino que

dio fe, como notario, a los poderes de Jaime García Morey sobre todas las empresas del grupo

Gescartera.

Ramallo compareció ante la Comisión Gescartera después que Jaime García Morey e hizo gala

de saber lo que habían declarado las personas citadas antes que él. Sin embargo, no llamó la

atención de los diputados por el hecho de que Jaime García Morey, además de ser el padre de

la novia y quien cobraba un mayor sueldo en la agencia de valores de Antonio Camacho, fuera

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apoderado de Gescartera Dinero AV, apoderado de Gescartera Gestión SGIIC, apoderado de

Gescartera Pensiones, apoderado de Gescartera Red Comercial, y apoderado de Gescartera

Holding. Quizá así se explique que cobrara el triple que la presidenta de la sociedad, Pilar

Giménez-Reyna, mientras que como asesor de Zaplana dijo que 'no cobraba ni una peseta'.

García Morey definió en la Comisión Gescartera, y en respuesta al diputado del PSOE Juan

Fernando López Aguilar, su función en Gescartera: 'El cometido era de relaciones públicas. Un

hombre puramente promocional, un hombre de imagen para Gescartera Holding, que no tiene

nada que ver con Gescartera Dinero'. Y luego contestó al diputado de IU Felipe Alcaraz: 'Me

halaga muchísimo que me dé la categoría que me está dando, pero yo no tengo ningún tipo de

poder [en Gescartera], de ninguna clase'. Jaime García Morey sólo era el apoderado de todas

las empresas del grupo Gescartera

RATO REFORMARÁ LA CNMV EN LA LEY FINANCIERA PARA EVITAR CASOS COMO EL DE GESCARTERA. ECONOMÍA INCORPORARÁ A LA NUEVA NORMA LAS PROPUESTAS QUE APRUEBE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN.23.10.01

El Gobierno ha decidido incluir en el proyecto de Ley Financiera la reforma de la Comisión

Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para evitar futuras Gescarteras. La Ley Financiera es

un proyecto "escoba" que modificará las leyes que regulan el mercado de valores, el Banco de

España, las entidades de crédito y las sociedades de capital riesgo. En ese proyecto omnibus

se incorporará la reforma de la CNMV. El vicepresidente económico, Rodrigo Rato, estudia

avanzar tras el Consejo de Ministros, las grandes líneas de esa norma, que incorporará en su

trámite parlamentario las propuestas que apruebe la Comisión Gescartera. La clave será

reforzar los mecanismos de supervisión de la CNMV.

El Ejecutivo lleva más de un año preparando la Ley Financiera. Su objetivo es incorporar en

una norma única todas las reformas de las diferentes leyes que regulan el sistema financiero:

bancario y de valores. El escándalo de Gescartera, agencia de valores de la que han

desaparecido 18.000 millones de pesetas, ha desatado la necesidad de incorporar también la

reforma de la CNMV.

El Gobierno barajó aprobar primero, hace pocas semanas, la Ley Financiera tal y como la tenía

ya redactada y añadir después un nuevo proyecto para la reforma de la CNMV. El Grupo

Parlamentario Popular defendió la conveniencia de que la reforma de la CNMV estuviera

incorporada en esa norma, pues ése será su elemento estrella. Esto se hará, en principio y

según fuentes del PP, con el siguiente esquema: el Consejo de Ministros aprobará este mismo

viernes la ley que incorporará las grandes líneas de la reforma de la CNMV. Pero el detalle de

esas modificaciones quedará abierto para poder incorporar en el trámite parlamentario las

conclusiones de la comisión de investigación del caso Gescartera.

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El Gobierno pretende, además, al aprobar la ley como un texto especialmente abierto a las

enmiendas parlamentarias, que ésa sea la vía para negociarla con los demás grupos

parlamentarios y, en concreto, con el PSOE. El principal grupo de la oposición sólo mantuvo

una reunión, hace ya un año, con el secretario de Estado de Economía, José Folgado, para

negociar la posibilidad de consensuar esta norma. En esas fechas, el Ejecutivo se planteaba

incorporar a la Ley Financiera una modificación en la normativa sobre cajas de ahorro que las

autorizaría a emitir unas participaciones (cuotas) que no cotizarían en Bolsa.

La nueva ley también incorporará la regulación definitiva del Fondo de Garantía de Inversiones.

Este fondo, creado por decreto a principios de agosto para compensar a los inversores

estafados por Gescartera, prevé una indemnización de hasta 3,3 millones de pesetas por

inversor. El fondo ha sido muy contestado por los bancos y las empresas de servicios de

inversión porque el Ejecutivo pretende que tenga carácter retroactivo.

El PP y el área económica del Gobierno cree que la reforma de la CNMV debe poner el acento

en el sistema de supervisión de las entidades. Para "reforzar" esa supervisión los inspectores

de la Comisión de Valores tendrán más capacidad para entrar en las empresas supervisadas y

exigir, desde dentro, toda la documentación que necesiten. Se implantarán procedimientos

"más reglados" que harán imposible, por ejemplo, que la documentación sobre las empresas

inspeccionadas llegue a la CNMV por ningún camino distinto al departamento de Supervisión.

Además, será necesario que las actuaciones de la Comisión de Valores estén avaladas por

informes de un abogado del Estado.

Los requisitos que deberán cumplir las empresas de servicios de inversión para obtener la

autorización para operar en el mercado se endurecerán. El hecho de que Gescartera lograra

burlar las inspecciones de la CNMV cuando era sociedad de cartera (el escalón más bajo

dentro de las entidades autorizadas y supervisadas por la Comisión) y fuera descubierta

finalmente cuando sólo llevaba tres meses como agencia de valores (el segundo escalón) ha

llevado al Gobierno a concluir que deben endurecerse los requisitos para entrar en el mercado.

Ese endurecimiento sólo tendrá como límite la legislación de las principales plazas financieras

europeas.

LA JUEZ PALACIOS VE INDICIOS DE COHECHO EN LOS REGALOS RECIBIDOS POR RAMALLO

La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha apreciado la posible existencia de indicios

de delito en la actuación del ex diputado del PP Luis Ramallo al haber recibido regalos del

dueño de Gescartera, Antonio Camacho, por un importe de más de 3,1 millones de pesetas.

Por ello, y a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción, ha remitido a los juzgados de Madrid el

escrito presentado por el propio Ramallo en el que admitía haber recibido los obsequios,

aunque no especificaba las fechas de su recepción.

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WWW.AZNAR.NET. Ven y Cuéntalo 97

Dada la importante cuantía de los regalos y que Ramallo ha ejercido como vicepresidente de la

CNMV y también como notario de Gescartera, la magistrada considera que debe investigarse

la comisión de un posible delito de cohecho (soborno), figura penal que no entra dentro de las

que son competencia de la Audiencia Nacional, por lo que ha remitido el escrito a los Juzgados

de Instrucción de Madrid, para que se investigue por el magistrado que por turno le

corresponda.

En el supuesto de que la investigación del caso Gescartera condujera a una vinculación de

Ramallo con la estafa que se investiga en la Audiencia Nacional, el proceso por el presunto

cohecho sería reclamado de nuevo por Teresa Palacios, ya que se trataría de un delito conexo,

pero esa vinculación, caso de existir, por el momento no se ha demostrado, según fuentes de

la investigación.

El pasado 10 de octubre, Luis Ramallo ingresó 1,6 millones de pesetas en la cuenta de

consignaciones de los juzgados de la Audiencia Nacional. El ex diputado del PP explicó que

este ingreso obedecía a la devolución del importe de los regalos con los que le obsequió

Camacho.

Sin embargo, de acuerdo con los datos remitidos por Hermés, Loewe y la joyería Suárez a la

comisión de investigación de Gescartera en el Parlamento, el importe total de los obsequios fue

de 3.113.000 pesetas.

Ramallo explicó también que únicamente devolvía 1,6 millones porque él, a su vez, había

regalado a Camacho un cuadro del pintor José Vega Osorio, valorado 1,4 millones. El ex

parlamentario del PP aportaba una carta del pintor en la que señalaba que el valor de la obra

era de 1,8 millones, pero que por razones de amistad rebajaba el precio a 1,4 millones y le

ofrecía facilidades de pago.

Ramallo aseguró en su escrito a la Audiencia Nacional que estaba dispuesto a quedarse con el

cuadro y abonar su importe.

EL PP QUIERE QUE RATO Y MONTORO CIERREN EL LUNES LAS DECLARACIONES ANTE LA COMISIÓN

El Partido Popular pretende concluir el próximo lunes día 29 las comparecencias en la comisión

de investigación del caso Gescartera. Ese día quiere que la Comisión dedique la mañana a la

comparecencia de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, y la tarde a la intervención de

Rodrigo Rato, vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía. Ambas tendrán un formato

algo distinto al habitual ya que, por ejemplo, no habrá límite de tiempo para las explicaciones

de los ministros y el PP espera que las preguntas de los grupos se planteen en bloques.

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En su voluntad de concluir el lunes, el PP cuenta con el respaldo de CiU, que considera que

después de Rato y Montoro 'ya no quedan comparecencias importantes'.

El PP comunicará a la Comisión su voluntad de concluir el 29. Argumentará que ésta va a ser

la comisión de investigación a la que han acudido mayor número de comparecientes y retará a

la oposición a que plantee quiénes 'más importantes' que los ministros de Economía y

Hacienda faltan aún por prestar declaración.

El Grupo Popular cuenta con el respaldo de CiU y, probablemente, de Coalición Canaria, cuyo

diputado, Luis Mardones, preside la Comisión. El portavoz de CiU, Jordi Jané, asegura que con

las comparecencias de esta semana, que incluyen al gobernador del Banco de España, Jaime

Caruana, al secretario de Estado de Economía, José Folgado, a la directora general del

Tesoro, Gloria Hernández, y al director de la Agencia Tributaria, Salvador Ruiz Gallud, y con

las de los dos ministros, previstas para el lunes, quedan cubiertas las solicitudes de su grupo.

Jané añade que pedir una segunda ronda para que vuelva a la Comisión, por ejemplo, Luis

Ramallo o Enrique Giménez-Reyna, después de que la declaración judicial de Pilar Giménez-

Reyna haya mostrado que ambos pudieron mentir, tiene 'poco sentido' cuando está abierta la

investigación judicial. Para este grupo, le corresponde a la juez investigar las posibles

falsedades de sus declaraciones. El PSOE, IU, PNV y el Grupo Mixto, en cambio, creen que el

PP quiere dar el 'cerrojazo' a la Comisión Gescartera para frenar el deterioro político de Rato y

Montoro. El portavoz socialista en la comisión, Antonio Cuevas, considera 'inadmisible que el

PP aplique el rodillo para cerrar una comisión que nunca quiso y a la que se vio abocado por la

magnitud del escándalo y sus implicaciones en el Gobierno'. Para Cuevas, también es 'inaudito'

que se 'negocie un formato especial para las comparecencias de los ministros'

EL PP IMPONE UN TRATO PRIVILEGIADO A MONTORO Y RATO EN LA COMISIÓN QUE INVESTIGA GESCARTERA. LOS MINISTROS EVITARÁN LA FÓRMULA DE INTERROGATORIO UTILIZADA PARA EL RESTO DE COMPARECIENTES.24.10.01

El vicepresidente y ministro de Economía, Rodrigo Rato, y el ministro de Hacienda, Cristóbal

Montoro, no tendrán que afrontar los interrogatorios a los que han sido sometidos, hasta hoy,

todos los comparecientes en la Comisión Gescartera. Así lo impondrá el PP, con el respaldo de

CiU, en la reunión para ordenar los trabajos que mantendrá la comisión. El PP argumenta, con

el Reglamento del Congreso en la mano, que las explicaciones del Gobierno están reguladas

en los artículos 202 y 203 y no hay motivo para que sea diferente en esta comisión.

'Un político de la talla de Rodrigo Rato, que está acostumbrado a fajarse bien desde hace

muchos años en el Parlamento, no necesita ayudas externas'. Ésta es la opinión del presidente

de la Comisión Gescartera, Luis Mardones, de Coalición Canaria. Pero esta opinión no coincide

en absoluto con la posición que hoy expondrá el Partido Popular al resto de los comisionados.

Mientras Mardones argumenta que en esta comisión se han sometido al sistema de pregunta y

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respuesta hasta dos militares de alta graduación (el general Antonio Blanes y el almirante José

Torrente) con mucha menos experiencia política que los ministros, el PP se ha atrincherado en

el Reglamento para defender que los miembros del Gobierno han sido citados 'en su calidad de

tales' y, por tanto, sus comparcencias deben seguir el sistema regulado.

El PSOE e IU han convertido este 'trato de favor' en su principal denuncia sobre el

funcionamiento de una comisión de investigación que ya toca a su fin. El socialista Antonio

Cuevas recuerda que se ha 'consensuado' un método de trabajo y que cambiarlo ahora sólo

puede ser interpretado como un 'atentado contra la igualdad de oportunidades, contra la

democracia y contra el Reglamento de la Cámara'.

Que los ministros no tengan límite de tiempo para su exposición mientras que sí esté limitado el

que pueden utilizar los comisionados y, sobre todo, que se vulnere el sistema de pregunta-

respuesta ha recibido una durísima contestación por parte de los partidos de la oposición. Es

una posibilidad que, desde hace una semana había avanzado, con la crítica incorporada, el

diputado de IU Felipe Alcaraz. Y ha acertado de lleno.

La oposición también censura la decisión ya avanzada por el PP de que Rato y Montoro

pongan, el próximo lunes día 29, el broche final a la Comisión Gescartera.

Los precedentes de esta caso son dos. Rodrigo Rato compareció con el modelo habitual de las

comisiones, de preguntas y respuestas en bloque, ante la comisión de investigación de la

supuesta amnistía fiscal de 200.000 millones a los 'amiguetes del PSOE' que nunca se

demostró. En la subcomisión que investigó el fraude del lino, Loyola de Palacio, ya ex ministra

de Agricultura, se sometió a los interrogatorios de pregunta-respuesta que también han tenido

que superar los comparecientes de la comisión sobre Gescartera.

CiU se sumará a la tesis del PP. Su diputado comisionado, Jordi Jané, es muy crítico no tanto

con el sistema de pregunta-respuesta que se ha seguido en esta comisión como con el trato

que algunos diputados han dispensado a determinados comparecientes. Precisamente para

evitar ese trato, el PP va a anunciar que una de sus conclusiones de esta comisión sea,

precisamente, la regulación de las comisiones de investigación

EL COMITÉ DE DISCIPLINA DEL PP CITA A RAMALLO POR SU RELACIÓN CON Gescartera.24.10.01

Luis Ramallo, notario, militante del PP, ex diputado nacional y ex vicepresidente de la Comisión

Nacional del Mercado de Valores (CNMV), va a ser citado en los próximos días a declarar ante

el comité de disciplina de su partido (denominado comité de derechos y garantías) para que

explique sus relaciones con Gescartera. El comité, presidido por José Manuel Romay Beccaría,

escuchará las explicaciones de Ramallo y decidirá si ha incumplido el código ético del PP. La

dirección popular mantiene que si esas explicaciones no son convincentes es posible, incluso,

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la expulsión de Ramallo. El código ético del PP obliga a los cargos públicos de ese partido a 'no

dedicarse, por sí ni por persona interpuesta, a actividad de gestión o mediación' que tenga 'la

más mínima relación' con su cargo. La CNMV acreditó en un informe que Ramallo había

tomado decisiones como vicepresidente que afectaban a 12 sociedades con las que, cuando

dejó el organismo regulador y montó la notaría, trabajó intensamente.

El secretario general del PP, Javier Arenas, mantuvo varias conversaciones con Luis Ramallo a

principios de agosto, nada más estallar el escándalo de Gescartera. En ese momento, la

dirección del PP interpretó que las explicaciones del ex diputado eran suficientes y que su

veteranía como cargo público hacían 'impensable' un comportamiento irregular. Y, desde ese

momento, todos los cargos del PP respaldaron la honorabilidad de Ramallo.

La evolución del escándalo y el goteo de nuevos datos que apuntan a una posible actuación

irregular de Ramallo han llevado a esta decisión. Según la explicación oficial, fue el propio

Ramallo quien, a finales de la semana pasada, telefoneó a Javier Arenas y pidió dar

explicaciones.En esa conversación, Arenas hizo ver al ex diputado que en agosto no le

comentó la mayor parte de las informaciones que se van acumulando sobre su posible

implicación en Gescartera. Por ejemplo, en las explicaciones ofrecidas en verano, Ramallo no

dijo nada de los regalos de Antonio Camacho, ni de que su hija participe en una empresa del

dueño de Gescartera, ni de su visita al despacho de Enrique Giménez-Reyna el 15 de abril de

1999, ni de su mediación, acompañado por Jaime García Morey, para buscar un comprador a

Gescartera, ni de que, entre sus trabajos como notario, haya firmado poderes a Camacho y

José María Ruiz de la Sena, pese a que sabía que la CNMV les había sancionado durante su

mandato, ni que Gescartera ya tuviera decidido que él iba a ser su notario antes incluso de que

fuera aprobada la ley que elevaba el cuerpo de corredores a la categoría de notaría...

Ramallo pidió dar explicaciones de todo esto al partido. Y él y Arenas concluyeron, según

fuentes de la dirección del PP, que la mejor solución es que esas explicaciones se ofrezcan al

comité de derechos y garantías. Será Romay quien decida la fecha para citarle.

El anuncio de este examen a Ramallo se ha producido antes del final de la comisión

parlamentaria de investigación, pese a que el PP, hasta ahora, mantenía que antes de pedir

ningún tipo de responsabilidades era necesario esperar a su conclusión. La velocidad a la que

se desarrollan los acontecimientos en la Audiencia Nacional ha sido clave para este acelerón.

El examen del comité de disciplina se circunscribe únicamente al posible incumplimiento del

código de ética del PP como cargo público. A esta investigación se une la que puede abrirle el

colegio de notarios y a la que corresponde al Gobierno. El Ministerio de Administraciones

Públicas cerró la investigación hace una semana con la conclusión de que Ramallo no vulneró

la Ley de Incompatibilidades en su actividad como notario tras abandonar su cargo en la CNMV

ya que se trataba de una actividad pública

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CARUANA PIDE QUE PARTE DE SU COMPARECENCIA SEA A PUERTA CERRADA

El actual gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, ha solicitado comparecer a puerta

cerrada ante la comisión parlamentaria que investiga el caso Gescartera. En una carta enviada

al Congeso, Caruana, considera que es posible que durante los interrogatorios 'se aborden

cuestiones relacionadas con el informe confidencial remitido por el Banco de España a la

Cámara' en relación con el escándalo.

Además, el gobernador estima que pueden surgir 'otras cuestiones relacionadas con

información o documentación de carácter igualmente reservado por imperativo legal (...) y, en

especial, por referirse a entidades de crédito determinadas'. El presidente de la comisión

Gescartera, el diputado de Coalición Canaria Luis Mardones, explicó que trasladará a los

grupos parlamentarios esta petición, junto con otra en el mismo sentido de José Luis López

Combarros, presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).El

presidente del ICAC solicita que su comparecencia sea a puerta cerrada porque el expediente

sancionador abierto a Deloitte and Touche por la auditoría a Gescartera todavía está en trámite

y, por tanto, los documentos que lo integran son de carácter restringido

Jaime Caruana comparece en su doble vertiente de actual gobernador del Banco de España y

antiguo miembro del consejo de la Comsión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Como gobernador, es responsable del informe que el Banco de España ha enviado a la

Comisión Gescartera, en el que se detalla las relaciones de las que ha quedado constancia

oficial entre la agencia de valores de Antonio Camacho y los distintos bancos y entidades

financieras con los que trabajó.

Pero Caruana también fue consejero nato de la CNMV durante un periodo clave en el

escándalo Gescartera, debido a su cargo de director general del Tesoro, y asistió como tal a

diversas reuniones en las que se trató el tema. Curiosamente, Caruana estuvo ausente del más

polémico de esos consejos, el del 16 de abril de 1999, en el que se discutió la posibilidad de

intervenir Gescartera.

La urgencia de la convocatoria (se avisó el día antes por la tarde) le impidió asistir por tener

una cita cerrada con anterioridad, según declaró en el Congreso el entonces presidente de la

CNMV, Juan Fernández-Armesto

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EL PP SE ENFRENTA A TODA LA OPOSICIÓN PARA DAR VENTAJAS EN LA COMISIÓN A RATO Y MONTORO. LOS DIPUTADOS QUE INVESTIGAN EL 'CASO GESCARTERA' DECIDIRÁN EL MARTES SI COMPARECE ALGUIEN MÁS.25.10.01

Tres horas de agria discusión y una votación en la que el PP impuso su mayoría absoluta

fueron necesarias para decidir cuál será el formato con el que comparecerán los ministros en la

comisión sobre el escándalo financiero de Gescartera. CiU decidió no participar en el debate y

abstenerse. El PP esgrimió el Reglamento del Congreso y la experiencia de otras comisiones

de investigación como argumento incontestable. Enfrente, el PSOE y el resto de grupos de la

oposición enarbolaron el Reglamento y lo que se ha hecho hasta ahora en la comisión de

investigación como evidencia irrefutable.

Al final del debate, decidió la mayoría absoluta del PP. Los ministros Rodrigo Rato y Cristóbal

Montoro comparecerán el próximo lunes como en cualquier otra comisión parlamentaria y no se

someterán al esquema de pregunta-respuesta, sino que obligarán a cada diputado a hacer sus

preguntas en bloque para responderlas todas juntas y no una a una. La discusión fue, según

los asistentes, extremadamente tensa y desagradable. El PSOE, según su diputado Juan

Fernando López Aguilar, hizo constar su "protesta formal, con fundamento político y jurídico,

por este inadmisible trato de favor a los ministros" de Economía y de Hacienda, Rodrigo Rato y

Cristóbal Montoro, respectivamente. El argumento político es que "para protegerles" se pasa

por alto el principio de igualdad. "Para la derecha siempre ha habido clases", avanzó por la

mañana el portavoz del PSOE, Jesús Caldera.

El argumento jurídico es que las comisiones de investigación están reguladas por el artículo 52

del Reglamento y no por el 202 y 203, como mantiene el PP. El punto 2 de ese artículo 52 dice

que "las comisiones de investigación elaborarán un plan de trabajo". Socialistas, IU, PNV y

Grupo Mixto interpretan que el método que se ha seguido para el interrogatorio es la pieza

clave de ese "plan de trabajo" y que cambiarlo ahora es un "quebranto inaceptable".

Felipe Alcaraz, de IU, defiende que la explicación es estrictamente política: "El PP ha decidido

guillotinar la comisión y el cambio de formato sólo pretende minimizar nuevos riesgos y dejar

claro que Rato no es objeto de esta investigación por Gescartera".

El diputado de CiU Jordi Jané, en la misma línea que el presidente de la comisión, Luis

Mardones, no cree que Rato necesite "ayudas externas" para afrontar una comparecencia

parlamentaria. Por su experiencia en el Congreso, Jané sabe que el vicepresidente "se crece

en el cuerpo a cuerpo", por lo que no ve cuál es la "necesidad" que ha tenido el PP de cambiar

las normas seguidas hasta ahora y asumir las duras críticas que ha levantado.

Bien es cierto que el formato decidido para los miembros del Gobierno se aplicará también al

ministro Montoro, al secretario de Estado de Economía, José Folgado, y al gobernador del

Banco de España, Jaime Caruana, menos acostumbrados al debate parlamentario. Caruana,

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además, no es miembro del Gobierno. Los diputados del PP Andrés Ayala y Rafael Cámara

enarbolaron la literalidad de los artículos 202 y 203 del Reglamento para demostrar que está

reglado el método por el que los miembros del Gobierno deben dar explicaciones en las

comisiones, sean o no de investigación.

Ese método consiste en que el miembro del Gobierno (ministros y secretarios de Estado) hace

una primera exposición; cada grupo le plantea las preguntas que considera oportunas; les

contesta, uno a uno, el ministro; los diputados de tienen derecho a réplica, y les vuelve a

contestar el ministro. Con este sistema, el ministro puede obviar alguna de las preguntas,

ofrecer explicaciones que no se le hayan pedido y no tiene límite de tiempo.

La bronca entre el PP y el PSOE no se limitó al "trato de favor" a los ministros. Socialistas, IU,

PNV y Grupo Mixto presentaron una propuesta para ampliar "hasta el 31 de diciembre" los

trabajos de la Comisión Gescartera. Con esta táctica lograron frenar, de momento, la

pretensión del PP de concluir el lunes, con las comparecencias de Rato y Montoro, las

citaciones en la comisión. PP y CiU rechazaron que la ampliación llegue hasta fin de año, pero,

a cambio, decidieron que el martes se debatirá qué trabajos y qué nuevos comparecientes

deben acudir al Congreso. El PSOE teme que el PP, "para salvar la cara", pretenda ampliar en

un par de semanas las comparecencias y citar a personas sin relevancia política para

"devaluar" la comisión

LOS DUEÑOS DE LA EMPRESA DE COMUNICACIÓN A LA QUE CAMACHO Y EL PP ACUSAN DE BLANQUEO COMPARECEN HOY.25.10.01

Los periodistas Roberto Santos y José Nevado, accionistas del grupo de comunicación

Asesores 2000, comparecerán ante la comisión que investiga el caso Gescartera. El grupo

Asesores 2000, fundado en 1998 por el propio Santos con el también periodista José Antonio

Sánchez y el estadounidense Andrew Hardesty, fue relacionado con el caso Gescartera por el

presidente de la agencia de valores, Antonio Camacho. Ante la juez Teresa Palacios, Camacho

aludió a varios de los responsables de Asesores 2000, entre ellos Roberto Santos y Jesús

Carrillo, como "comerciales" que, sin estar en plantilla de Gescartera, recibían comisiones por

llevar dinero negro de clientes especiales a la agencia. Dando por cierta la acusación, el PP

amplió el espacio de la sospecha y relacionó con el presunto blanqueo a otro periodista, José

Nevado, accionista de La Fábrica de Comunicación, otra de las empresas del grupo Asesores.

Nevado, miembro del consejo de RTVE a propuesta del PSOE, fue jefe de comunicación de la

Junta de Andalucía que preside Manuel Chaves.

Santos y Nevado niegan que hayan llevado dinero negro a Gescartera y creen que los ataques

que han recibido desde el PP y desde algunos medios se deben a su relación con el PSOE.

Asesores 2000 y La Fábrica de Comunicación sí han tenido relaciones con Gescartera como

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cliente (depositaron títulos por valor cercano a 100 millones de pesetas). Santos, además,

participó en Inversiones Colombo con Camacho.

El Mundo, que en sus informaciones ha destacado la relación de Asesores 2000 y Gescartera,

también ha estado ligado desde su fundación con el grupo de comunicación y sus propietarios.

De hecho, éstos participaron en su fundación y organizaron eventos como el primer aniversario

del diario.

Asesores 2000 participó en el lanzamiento del diario El Mundo en 1989 y suscribió acciones de

Unidad Editorial (Unedisa), empresa propietaria del citado periódico. La empresa de Santos y

José Antonio Sánchez llegó a tener 5.900 acciones de Unedisa tras varias ampliaciones de

capital. Esta relación terminó cuando en 1999 Unedisa vendió sus títulos a Recoletos

Compañía Editorial en la operación en que esta empresa adquirió el 30% del capital de la

editora de El Mundo.

Además, uno de los columnistas de El Mundo, Jesús Cacho, también ha tenido relación con

Asesores 2000. Cacho es, a través de Titania, SL, editor del portal El Confidencial.com, en el

que Santos y José Antonio Sánchez tienen intereses a través de NCA y Grinta.

[Por otro lado, el testigo José Francisco Jiménez Criado, declaró ayer ante la juez Palacios que

Antonio Camacho era propietario de Astra Corporation, un holding con sede en el paraíso fiscal

de Belice].

UN TESTIGO DECLARA QUE CAMACHO ERA PROPIETARIO DE UN 'HOLDING' EN BELICE.25.10.01

José Francisco Jiménez Criado, administrador único de Amerinvest SP, SL, la empresa que

vendió entre febrero y mayo de este año cinco sociedades instrumentales a Gescartera,

declaró ayer ante la juez Teresa Palacios que Antonio Camacho era el propietario, director y

tenía el control absoluto de Astra Corporation, una sociedad anónima con acciones al portador,

domicilio social en el paraíso fiscal de Belice (América central) y estructura de holding, ya que

es propietaria de las sociedades L. C. Murrels y Martin Investment.

Jiménez Criado aseguró que él constituyó cinco sociedades, que vendió a Gescartera y

Camacho, a través de José María Ruiz de la Serna. Martin Investment fue utilizada para

presentar un certificado falso a la CNMV sobre supuestos depósitos de valores de clientes de

Gescartera que resultaron inexistentes.

Camacho, en su primera declaración, hablaba de Martin Investment como si no fuese suya y

precisaba que las inversiones estaban en esa sociedad. De la Serna aclaró que la sociedad era

de Camacho y que allí no había nada.

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WWW.AZNAR.NET. Ven y Cuéntalo 105

También declaró José Alfonso Castro, subdirector de la sucursal de La Caixa en Majadahonda

(Madrid), quien dijo que era falso otro certificado presentado por Gescartera a la CNMV.

UN COLABORADOR DEL VICEPRESIDENTE FUE A REUNIONES SOBRE Gescartera.25.10.01

Jaime Pérez Renovales, director de gabinete del vicepresidente Rodrigo Rato, aseguró en la

Comisión Gescartera que sólo participó en dos reuniones con directivos de la empresa de

Antonio Camacho, y ambas ocurrieron durante la etapa en la que el director de Supervisión de

la Comisión Nacional del Mercado de Valores era David Vives. Pérez Renovales fue

subdirector de los servicios jurídicos de la CNMV y formó parte del equipo de Supervisión que

investigó a Gescartera.

El socialista Juan Fernando López Aguilar le refrescó la memoria para decirle que,

probablemente, esas dos reuniones fueron, precisamente, las que mantuvo la CNMV con

Gescartera y el ecónomo del Arzobispado de Valladolid, Enrique Peralta. Renovales lo admitió

y señaló que los inspectores de la CNMV vieron que 'no era posible obtener la información que

se quería de Gescartera'. Y que 'tampoco el cliente' se mostraba dispuesto a colaborar. López

Aguilar le preguntó si esa falta de colaboración no le resultó sospechosa. Pérez Renovales

contestó que lo que los inspectores buscaban era un 'desbalance y eso es una apreciación

económica'

MOREY INFORMA A FRAGA

El cantante Jaime Morey comunicó a Manuel Fraga que había sido nombrado presidente del

grupo Gescartera. La comisión que investiga a esa sociedad supo ayer que Renfe contrató en

tres ocasiones a una empresa de Morey por 10 millones.

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HACIENDA OCULTA AL CONGRESO UN ACTA LEVANTADA A UN ESTAFADO DE GESCARTERA POR 156 MILLONES. 26.10.01

Hacienda levantó este año un acta a un contribuyente relacionado con el caso Gescartera por

valor de 156 millones de pesetas, sin enviar el caso a la fiscalía, en contra de lo que resulta

preceptivo por lo elevado del importe, y sin incluir el incidente en el informe remitido al

Parlamento. La diputada socialista Maite Costa esgrimió los documentos en los que fundó esta

acusación ante el director de la Agencia Tributaria, Salvador Ruiz Gallud, y le acusó de

'presunto delito de prevaricación' por estos hechos.

El contribuyente afectado se llama Carlos Ortín Barrón, y la Agencia Tributaria le abrió una

inspección en mayo de 1999 porque, supuestamente, había gozado de un incremento

patrimonial derivado de unas inversiones en Gescartera de las que no había dado cuenta al

fisco. Ortín Barrón es un empresario de Palma de Mallora citado por el dueño de Gescartera,

Antonio Camacho, como uno de los comerciales que le aportaba 'clientes especiales', esto es,

con dinero negro deseoso de ocultarse al fisco.

Hasta aquí, la inspección, referida a la declaración de la renta de Ortín de 1995, 1996 y 1997

resulta normal, dentro de los parámetros del caso. Pero las supuestas irregularidades

comienzan inmediatamente después, según la diputada socialista.

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Para empezar, el expediente se resuelve dos años después, ya que la liquidación se realiza el

31 de julio de este año, 2001, tras haber estallado el caso Gescartera. Y segundo, la Agencia

Tributaria no envía este expediente a la fiscalía, pese a que la deuda asciende a 156 millones

de pesetas (119,7 millones de cuota más 36,8 de intereses de demora), lo que resulta obligado

para importes superiores a 15 millones de pesetas, según explicó en la Comisión Gescartera la

diputada socialista.

Maite Costa también se quejó de que el informe sobre el caso Gescartera que ha elaborado la

Agencia Tributaria, y remitido luego al Parlamento, no recoja este incidente entre las 536

actuaciones que Hacienda ha tenido con la agencia de valores, sus clientes o con personas

relacionadas de alguna manera. Para demostrar esta grave acusación, trató de que Ruiz

Gallud detallase en qué provincias se habían producido estas actuaciones, con la intención de

que quedase claro que Palma de Mallorca no estaba incluida. El director de la Agencia se negó

a contestar de forma reiterada, al menos en cuatro ocasiones, pese a la insistencia de la

diputada y la intervención del presidente de la comisión, Luis Mardones. 'No es una información

relevante', dijo Ruiz Gallud.

El responsable de la Agencia Tributaria, por lo demás, se atuvo al informe enviado a la

comisión (cuestionado por incompleto por el PSOE) para demostrar que no se ha cometido

irregularidad alguna en relación con la agencia de valores de Antonio Camacho. Todas las

actuaciones se realizaron correctamente, incluso cuando se archivaron o no llegaron a

despegar, sostuvo. Es más, Ruiz Gallud afirmó que la Agencia Tributaria ganó dinero cuando

tomó la decisión de no investigar a fondo el entramado de Gescartera, visto el bajo nivel de

riesgo fiscal que presentaba la agencia, en su opinión, y consideradas otras circunstancias

atenuantes. 'Fue positivo para la Hacienda pública el dedicar recursos a otros temas', adujo. El

diputado del PNV Pedro Azpiazu protestó vehementemente esta afirmación.

Por otra parte, David Vives, el director de Supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de

Valores (CNMV) que descubrió el fraude de Gescartera en 1999, presentó una carta en el

Congreso en la que acusa al organismo regulador de discriminarle y colocarle en una situación

de indefensión. Vives, a quien los diputados pidieron pruebas documentales de sus

afirmaciones ante la comisión, solicitó amparo al Congreso para que la CNMV le dejase

acceder a varios documentos, entre ellos sus propios correos electrónicos, petición a la que el

organismo ha prestado oídos sordos. Por ello, Vives ha recurrido de nuevo al amparo del

Congreso

EL HSBC TIENE 138 CUENTAS OPACAS EN ESPAÑA POR VALOR DE 11.292 MILLONES.27.10.01 El banco británico Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) mantiene en España

138 cuentas opacas con un saldo global de 11.292 millones de pesetas. Así lo reveló el

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gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, en una sesión secreta en la Comisión

Gescartera. El gobernador, según varios diputados presentes, calificó estas cuentas, cuyos

titulares últimos resultan desconocidos para las autoridades españolas, de 'actuaciones

pintorescas, curiosas y preocupantes'. Caruana afirmó que el HSBC sostiene que estas

cuentas no tienen nada que ver con Gescartera.

Después de estas declaraciones en principio secretas, la comparecencia de Caruana prosiguió

en sesión abierta. En ese momento, tras la vuelta de los periodistas a la sala, el diputado

socialista Antonio Cuevas hizo público el dato arropándose en la fórmula de preguntar al

gobernador por las 138 cuentas cifradas del HSBC 'cuyo titular es un banco suizo'.

Cuevas le espetó: 'No es sólo que el HSBC haya concedido un crédito millonario al ministro de

Economía, es que ese ministro está consintiendo una situación de paraíso fiscal en España',

dijo. El diputado de IU Felipe Alcaraz recomendó a Caruana que controle a bancos como el

HSBC en España, ya que el ministro de Economía, Rodrigo Rato, al tener una empresa familiar

un crédito con esa entidad de 525 millones, 'no está en la mejor condición para ser neutral'.

Caruana replicó que 'es erróneo que haya paraísos fiscales en el centro de Madrid'. 'Ése es un

diagnóstico equivocado', dijo el gobernador.

La divulgación de ese dato 'secreto' fue inmediatamente protestada por los diputados del PP y

desató una catarata de ruedas de prensa, más o menos clandestinas, en los pasillos del

Congreso cercanos a la sala en la que se celebra la Comisión Gescartera.

Las versiones de los diputados sobre lo que dijo el gobernador a puerta cerrada coinciden

básicamente: el HSBC mantiene en España 138 cuentas cifradas distintas cuyo titular es una

filial suiza de ese banco, el Hong Kong Republic Bank. Esas cuentas son un 'mecanismo' que

utilizan inversores anónimos, 'no para sacar dinero de España, sino para invertir aquí'. En

principio, ese dinero proviene de la filial suiza del HSBC, que es la que conoce la identidad

última de los titulares de las cuentas.

Eso sí, Caruana admitió, según algunos diputados, que esas cuentas son 'fiscalmente opacas',

pero dijo no contar con 'medidas legales para solucionar esa operativa'. Sobre esas cuentas

cifradas, la autoridad monetaria española sabe que tienen un titular en Suiza, 'difícil de atacar',

y sólo puede vigilar que 'funcionan correctamente en sus operaciones de ingresos y pagos'.

El HSBC, siguió Caruana, le ha dicho al Banco de España que esas 138 cuentas no son de

Gescartera. Pero también le ha dicho que la empresa de Antonio Camacho sí tiene dos

cuentas abiertas en 1995 en el HSBC de Londres. Y éstas, a su vez, tienen relación con la filial

suiza (el Republic Bank), que es titular de las cuentas cifradas en España. De las dos cuentas

en Londres, a nombre, al parecer, de Stock Selection, Caruana dijo que no podía saber la

cantidad depositada. El pasado 24 de septiembre, el director general del HSBC en España,

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Jaime Galobart, aseguró en el Congreso que esas cuentas están bloqueadas y tienen un saldo

de nueve millones y 813.000 pesetas, respectivamente.

El gobernador, según los diputados consultados, sí dejó claro que al Banco de España no le

gustan esas operaciones. Pero que es una situación 'difícilmente atacable porque cumple con

la legalidad' y porque 'existe en todos los países'.

Un portavoz del HSBC aseguró que las 138 cuentas mencionadas por el gobernador Caruana

son perfectamente legales. De todas formas, el banco británico, visto el malestar de las

autoridades españolas, ha comenzado a reducir esta operativa y a cerrar algunas de estas

cuentas en los últimos tiempos, según fuentes del sector financiero.

Respecto a Gescartera, el gobernador aseguró que la máxima cantidad de dinero que han

encontrado corresponde a 1999 y asciende, tan sólo, a 3.500 millones de pesetas. Cuando los

diputados le preguntaron dónde podía estar el dinero, respondió que cualquiera puede hacer

una transacción y que ésta no se puede seguir si no está controlada en España. Añadió que

parte del dinero que reclaman los clientes de Gescartera, además, puede corresponder a lo

que ellos creen que han ganado con las elevadas rentabilidades que les ofrecía la empresa de

Camacho.

Y sobre la investigación a los bancos que operaban con Gescartera, Caruana dijo que dos de

ellos (La Caixa y Bankinter, según un diputado) emitieron certificados que no debían haber

emitido, y un tercero (Deutsche Bank) abrió cuentas a clientes con procedimientos claramente

irregulares

EL GOBERNADOR ASEGURA QUE NO PUEDE INVESTIGAR EL CRÉDITO DE LA EMPRESA DE RATO.27.10.01

Jaime Caruana creó una expectativa que quedó finalmente en nada respecto a la información

que podía facilitar del crédito concedido por HSBC a la empresa Muinmo, en la que participa el

ministro de Economía y vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato. En la primera parte de su

intervención, a puerta abierta, contestó a los diputados que le preguntaron por ese crédito que

esa información era reservada y, por tanto, la facilitaría en sesión secreta. Y en sesión secreta,

según los diputados consultados, dijo que no podía decirles nada porque la autoridad

monetaria española no tiene forma de saber nada sobre un crédito concedido por un banco

extranjero.

La explicación de Caruana, según los diputados consultados, fue que la inspección que el

Banco de España puede hacer de las entidades bancarias se limita a que cumplan normas de

interés general sobre transparencia de operaciones y previsión de blanqueo de capitales. Sí

deben informar sobre sus balances. Por todo ello, Caruana, ya a puerta cerrada, les dijo a los

diputados que ni hay ni ha habido ni podrá haber en el futuro un informe del Banco de España

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sobre el crédito de 525 millones de pesetas concedido por el HSBC a Muinmo, la empresa de

los hermanos Rato.

El diputado socialista Antonio Cuevas concluyó que esta imposibilidad de que el Banco de

España investigue el crédito de Rato deja 'clara' la 'conexión' entre el ministro, Gescartera y el

HSBC: 'Economía concede un trato de favor a Gescartera y no ataja que el HSBC actúe en

España como en un paraíso fiscal a cambio de lograr un crédito en condiciones muy ventajosas

de ese banco', dijo Cuevas. El diputado del Partido Popular Vicente Marínez Pujalte le repondió

que eso son sólo 'lucubraciones sin sentido' de Cuevas.

FOLGADO AFIRMA QUE EL ASCENSO DE GESCARTERA FACILITÓ QUE FUESE INTERVENIDA.27.10.01

José Folgado compareció como secretario de Estado de Economía ante la comisión

parlamentaria que investiga el caso Gescartera, y sostuvo que su ascenso a agencia de

valores, firmado de su puño y letra el 1 de septiembre del año pasado, permitió un mejor

control de Antonio Camacho y los suyos, lo que en última instancia llevó a la intervención este

año, cuando ya faltaban 18.000 millones de pesetas.

La comparecencia de Folgado se desarrolló bajo el nuevo formato impuesto por el PP en la

comisión de investigación, por el que se elimina el interrogatorio pregunta-respuesta al que se

sometieron todos los testigos anteriores. Cambiadas las reglas, el secretario de Estado leyó un

discurso sobre el perfecto funcionamiento, en su opinión, de los mercados financieros

españoles, y luego, tras escuchar todas las preguntas de todos los portavoces, contestó a lo

que le pareció más adecuado.

El único papel conocido que Folgado ha jugado en el escándalo de Gescartera fue firmar, por

delegación del vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, la orden

ministerial que ascendió a la sociedad de Camacho al rango de agencia de valores, previa

aprobación del expediente por parte del consejo de la Comisión Nacional del Mercado de

Valores (CNMV).

Este ascenso no fue un premio, interpretó Folgado, sino que sujetaba a Gescartera a los

mecanismos de control de una agencia de valores, 'que son mucho más estrictos', explicó el

secretario de Estado.

Folgado se sumó así a la teoría de que el ascenso de Gescartera, lejos de un premio, fue un

castigo que acabó en la intervención, en la línea de lo que había declarado la semana pasada

Miguel Martín, ex subgobernador del Banco de España, y la que el jueves por la noche sostuvo

Gloria Hernández, directora general del Tesoro. Ambos son o fueron consejeros de la CNMV

en función de sus cargos.

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Los diputados del PSOE, Izquierda Unida y PNV, generalmente más escépticos a las

explicaciones del Gobierno, protestaron esta teoría y afirmaron que desde las filas del Ejecutivo

y de las instituciones se ha ayudado a Gescartera. Sin ir más lejos, la legislación permitía a

Folgado denegar el ascenso de Gescartera por varios motivos, pese a lo cual se prefirió dar por

bueno el expediente de la CNMV y autorizar la transformación. El secretario de Estado negó

estas insinuaciones y que desde las instituciones se hubiera ayudado a Gescartera. 'Todo lo

contrario', enfatizó.

LA JUEZ PALACIOS DEBE DECIDIR SI CITA A DECLARAR A PILAR VALIENTE Y LUIS RAMALLO.27.10.01

La juez Teresa Palacios deberá decidir la semana próxima si cita a declarar a los ex

presidentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Pilar Valiente y Juan

Fernández-Armesto, así como al ex diputado del PP y ex vicepresidente del citado organismo,

Luis Ramallo, según informaron fuentes jurídicas.

Agustín Tornos, abogado de la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, ha solicitado

formalmente a la magistrada que cite en calidad de testigos a los ex altos cargos de la CNMV

mencionados, así como los ex consejeros José María Roldán y Miguel Martín.

También reclama que se cite al ex director general de Supervisión del órgano de control David

Vives, quien descubrió el agujero de Gescartera y propuso por primera vez su intervención.

Además de los cargos públicos, el letrado propone la declaración como testigo de Masud

Zandy -empresario iraní amigo del propietario de Gescartera, Antonio Camacho, y que tiene

una relación societaria con una hija de Ramallo-, de Gumersindo Gutiérrez, socio de la auditora

Deloitte & Touche, y de Jaime Galobart y Salvador Pastor, directivos del banco británico Hong

Kong and Shangai Bank Corporation. El abogado solicita también que el HSBC aporte diversa

documentación y que se realice una prueba pericial sobre las inversiones bursátiles de Pilar

Giménez-Reyna y su familia.Por otro lado, el ecónomo del arzobispado de Valladolid, Enrique

Peralta, ha remitido ya al juzgado los libros de cuentas y las declaraciones del impuesto de

sociedades correspondientes a los años 1997 a 1999. También ha llegado al juzgado un

informe del Banco de España sobre las relaciones de los bancos con Gescartera.

EL EX APODERADO DE GESCARTERA DICE QUE EL HSBC PREPARÓ LAS INVERSIONES FALSAS. RUIZ DE LA SERNA ASEGURA QUE EL DOCUMENTO DE MARTIN INVESTMENT SE LO ENVIÓ SALVADOR PASTOR.28.10.01

El señuelo de la sociedad Martin Investment fue uno de los últimos trucos del prestidigitador

Antonio Camacho, dueño de Gescartera, para engañar a la Comisión Nacional del Mercado de

Valores (CNMV) una vez que la empresa había sido intervenida, el pasado mes de junio. En el

documento, escrito en inglés y con varias faltas de ortografía, se recogía un desglose de la

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cartera en acciones de la compañía, todas del mercado norteamericano y por un monto total de

14.000 millones de pesetas. Pero resultó ser otro fiasco.

Ruiz de la Serna, ex director general y apoderado de Gescartera -imputado en el caso y que ha

eludido la prisión por una grave enfermedad-, asegura ahora a EL PAÍS que Camacho le

anunció la llegada de un documento que supuestamente había elaborado Salvador Pastor,

responsable del Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Investment Bank (HSBC), el

gigantesco banco británico que actuaba como intermediario en las operaciones bursátiles de la

agencia. 'Me dijo que Pastor estaba preparando el documento con las inversiones de

Gescartera. Que no me preocupara porque todo se solucionaría'. Según su relato, al día

siguiente preguntó a José Sanz, chófer de Camacho, si tenía algo para él de parte de Pastor y

éste le entregó el sobre en el que venían detalladas las falsas inversiones de Gescartera.

De la Serna lo relata así: 'Pregunté al chófer si tenía un sobre de Pastor para mí. Fue al coche,

un Audi, recogió el sobre y me dijo que lo traía de Torre Picasso, del HSBC, de parte de

Pastor'. El apoderado señala que se trataba de un sobre de color gris y que en su interior había

dos folios, uno de presentación y otro con la relación de supuestas acciones norteamericanas

propiedad de Gescartera. Los dos sin firmar.

'Parecía una distribución de una cartera de valores tipo y por sectores de las que acostumbran

a aconsejar bancos como el HSBC', señala el ex director de Gescartera y ex técnico de la

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este periódico no ha conseguido la

versión del chófer, un antiguo taxista empleado en Gescartera, que supuestamente entregó los

folios

Ruiz reconoce que no habló con Pastor de este asunto y que fue él mismo [Ruiz] quien

transcribió en su ordenador de Gescartera los dos folios que enviaron a la CNMV, añadiéndole

el encabezamiento de Martin Investment, una sociedad norteamericana que había comprado

meses antes en Madrid y de la que era apoderado. Ruiz de la Serna dice que devolvió a otro

chófer diferente los dos folios originales para que se los diera a Camacho.

Salvador Pastor, amigo de Camacho y directivo del HSBC, niega haber participado en la

elaboración de este documento: 'Rotundamente no. La primera vez que supe sobre dicho

documento fue a través de la prensa, al igual que sobre la sociedad Martin Investment. Es más,

nunca he entregado ningún documento a Ruiz de la Serna, al margen de la correspondencia

oficial'.

Camacho envió el documento por fax a los interventores de la CNMV y les espetó: 'Sobre este

desglose de cartera, ¿qué queréis que vendamos?'. Carlos Sánchez, interventor, respondió

que no daban orden de vender nada y pidió pruebas de que las inversiones existían. Camacho

prometió que pronto llegarían los certificados de depósito. Pero todo era una patraña.

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WWW.AZNAR.NET. Ven y Cuéntalo 113

El pasado mes de junio, Ruiz entregó el documento de Martin Investment a los comerciales de

Gescartera para que lo exhibieran a los clientes que preguntaban por el destino de su dinero.

Con este falso papel, Aníbal Sardón, que captaba recursos para Gescartera, y Antonio

Camacho tranquilizaron a la Mutualidad de la Policía cuando ésta intentó recuperar su

inversión de 1.500 millones, ya con la agencia estaba intervenida.

Antes de elaborar el falso documento, se redactó otro, también a nombre de Martin Investment,

en el que se decía que transferencias por 71,6 millones de dólares se harían líquidas en una

cuenta del Banco Zaragozano. Este documento, que también entregaron a la CNMV, fue

elaborado por Camacho, según asegura ahora José María Ruiz

Cuando Camacho ingresó en prisión, el dueño de Gescartera envió un mensaje a Ruiz: 'Habla

con Pastor y te encargas de traer el dinero'. Ruiz telefoneó a Pastor. Éste reconoce que se

produjo la llamada: 'Me resultó totalmente desconcertante, ya que es imposible que alguien

pudiera plantearse semejante hipótesis'.

Sobre las sociedades de Camacho en el extranjero, Pastor, que colocó a su hermana en

Gescartera, dice que 'nunca' supo de ellas, y asegura que no viajó con él a ningún paraíso

fiscal, ni le asesoró para invertir fuera. 'No obstante, hace años coincidí con él [Camacho] en un

vuelo de regreso a Londres, como he coincidido con otras personas'.

El directivo del HSBC añade que su relación con Gescartera ha sido 'escrupulosamente

correcta y profesional . 'Todas las afirmaciones que tienden a involucrarme en actuaciones

irregulares son falsas', añade en sus primeras declaraciones desde que estalló el escándalo.

Según ha revelado Jaime Caruana, gobernador del Banco de España, el HSBC tiene 138

cuentas opacas en España por valor de 11.292 millones de pesetas

EL HSBC TIENE 17.000 MILLONES EN CRÉDITOS A AUTONOMÍAS Y EMPRESAS PÚBLICAS.28.10.01

El banco británico Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) respondió al

reiterado requerimiento de la Comisión Gescartera para que informase de los créditos que ha

concedido a comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas públicas. El HSBC dijo hace

una semana que no podía facilitar esa información. Ayer lo hizo.

Remitió un cuadro de los créditos de la filial española del HSBC y una carta en la que informa

de otro crédito adicional, concedido por una filial alemana de ese banco (el HSBC Trinkaus &

Burkhard) a la Sociedad Parque Temático de Alicante, de la que la Generalitat Valenciana es

accionista único. Si en conjunto y desde 1991, las administraciones y empresas públicas tienen

créditos con el HSBC por un importe de 103 millones de euros (17.137 millones de pesetas), el

mayor (40 millones de euros) y más sofisticado es el concedido a la empresa pública promotora

de Terra Mítica.

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WWW.AZNAR.NET. Ven y Cuéntalo 114

Según la información remitida por el HSBC al Congreso, su filial en Dusseldorf concurrió a un

'concurso público el 20 de octubre de 2000 convocado por el Instituto Valenciano de Finanzas'.

Y ganó la colocación de una forma especial de deuda privada, denominada 'préstamo

Schuldscheindarlehen', por importe de 40 millones de euros (6.655 millones de pesetas) a 'un

plazo de ocho años', y un 'tipo de interés efectivo del Euribor más 0,03%'. El beneficiario de ese

préstamo es la 'Sociedad Parque Temático de Alicante con la garantía de la Generalitat de

Valencia'. El préstamo, al tener la forma de deuda privada que no cotiza en bolsa, fue después

recolocado 'en su totalidad a inversores institucionales alemanes'.

Fuentes cercanas a la Generalitat, que preside Eduardo Zaplana, aseguraron que el HSBC

ganó ese préstamo en una subasta a la que concurrieron 12 bancos internacionales; que es el

crédito más barato que tiene la sociedad pública encargada de desarrollar Terra Mítica y la

Ciudad de la Imagen en Alicante y que computa como deuda pública para la Generalitat.

Los restantes créditos con autonomías y empresas públicas son, en su mayoría, sindicados, es

decir, el HSBC es sólo uno de los bancos que participan en ellos. En conjunto, y según la

información del HSBC, distintos organismos de la Generalitat de Cataluña contrataron entre

1992 y 1994 créditos por importe de 53 millones de euros con el HSBC (de los que 6,6 millones

son sindicados); la Junta de Andalucía tiene un crédito sindicado de dos millones de euros en

el que participa el HSBC; el Ayuntamiento de Madrid, otro, también sindicado, de un millón de

euros; la agencia Efe, uno sindicado de tres millones de euros, y la empresa Babcock Wilcox,

uno no-sindicado de cuatro millones de euros

EL PSOE ACUSA AL GOBIERNO DE CERRAR LA COMISIÓN SOBRE GESCARTERA PARA NO INVESTIGAR EL DINERO NEGRO .RATO Y MONTORO RECIBIRÁN HOY UN TRATO ESPECIAL EN SU COMPARECENCIA EN EL CONGRESO.29.10.01

El PSOE acusará a los ministros de Economía y de Hacienda, Rodrigo Rato y Cristóbal

Montoro, de haber dado la orden de cerrar la Comisión Gescartera para 'abortar' la

investigación sobre el dinero negro. Los socialistas creen que la clave está en las cuentas

cifradas del HSBC y en los 'sospechosos olvidos' de la Agencia Tributaria. El PSOE le dirá a

Montoro que 'deje de esconderse tras el crédito de Rato' y le preguntará por qué Antonio

Camacho, dueño de la agencia de valores, presumía de conocerle. IU recordará la definición

de responsabilidad política que enarboló Aznar en la oposición.

El PSOE coincide plenamente con la tesis defendida por el secretario general del PP, Javier

Arenas, de que Gescartera era una 'lavadora de dinero negro'. Pero discrepa en su diagnóstico

de por qué funcionaba esa lavadora. Aún más, para los socialistas, el cierre apresurado que el

PP ha exigido para la Comisión Gescartera se explica, precisamente, porque la investigación

empieza a arrojar luz sobre esa lavadora. Y para facilitar el trabajo a los dos máximos

responsables políticos, les cita hoy 'en formato reducido'.

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El primer foco es la Agencia Tributaria. Para los socialistas, Hacienda y su ministro son los

principales responsables de que la Agencia 'olvidara en un cajón' cuatro inspecciones al 'núcleo

de Gescartera' y no trasladara a la fiscalía un acta abierta a un cliente de la empresa de

Camacho por importe nada menos que de 156 millones de pesetas.

Por la mañana, los socialistas exigirán a Montoro que explique cómo es posible que estas

actuaciones 'entren dentro de los parámetros de la normalidad' de la Agencia Tributaria. De

paso, felicitarán al ministro por ser el primero, de cualquier Gobierno democrático de cualquier

signo político, que está seguro de que seguirá en el cargo dentro de un año. Y se interesarán

por una anécdota: ¿cómo es posible que Antonio Camacho presumiera de conocer al ministro,

tal y como dijo en el Congreso el imputado José María Ruiz de la Serna?

Para los socialistas, Montoro se ha 'escondido detrás de Rato' para eludir su responsabilidad

en Gescartera. 'Estuvo escondido en agosto y sólo salió para defender a Enrique Giménez-

Reyna como funcionario ejemplar, y ahora se esconde del desastroso funcionamiento de la

Agencia Tributaria y presume de que tiene garantizado el puesto de ministro', aseguran.

Pese a ello, en el PSOE admiten que el foco más deslumbrante está puesto sobre el

vicepresidente y ministro de Economía, Rodrigo Rato. Y ese foco, añaden, también explica el

cerrojazo que el Ejecutivo quiere echar a la comisión para no investigar el dinero negro. Para el

PSOE, las cuentas cifradas del Hong Kong and Shangai Banking Corporation (HSBC) existen

para dar cobertura al dinero negro, no sólo de Gescartera, y para 'permitir un paraíso fiscal en

el centro de Madrid'.

Desde IU, Felipe Alcaraz resume así la capacidad de maniobra del vicepresidente: 'Mal puede

vigilar Rato al HSBC cuando le debe dinero'. Además de recordar el crédito de 525 millones

concedido a la empresa de Rato por el HSBC, IU centrará sus críticas en el 'aberrante

funcionamiento' de la CNMV y en la 'sorprendente pasividad' de Hacienda en la lucha contra el

dinero negro. Y, acto seguido, recordará a Rato y Montoro cuál era la definición de

responsabilidad política que enarbolaba Aznar en la oposición y les pedirá que se la apliquen

UNA INSPECCIÓN DE LA CNMV DESCUBRIÓ EN MAYO DE 1999 LAS CUENTAS CIFRADAS SUIZAS EN EL HSBC .EL BANCO OCULTÓ AL ORGANISMO SUPERVISOR LA IDENTIDAD DE 30 PARTÍCIPES EN UN FONDO DE INVERSIÓN.29.10.01

La existencia de cuentas cifradas a nombre del British Bank of Middle East en Ginebra (Suiza)

en el HSBC de Madrid fue descubierta en mayo de 1999 en una inspección rutinaria de la

CNMV sobre un fondo de inversión de dicho banco. El organismo regulador encontró que se

vulneraba la norma sobre transparencia por la ocultación de la identidad de al menos 30 de los

partícipes en el fondo de inversión. Posteriormente, el Banco de España prosiguió la

investigación abierta por la CNMV. El gobernador del Banco de España, Jaime Caruana,

admitió el viernes en el Congreso, que la autoridad monetaria sólo ha averiguado desde

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entonces que en total existen 138 cuentas secretas por un monto de 11.292 millones de

pesetas.

La mayoría de los clientes que se ocultan en las cuentas cifradas no son extranjeros, sino

españoles que desde sus cuentas en Suiza abrieron otras secretas en Madrid, y, en algunos

casos, han invertido en bolsa, según fuentes relacionadas con el manejo de estas cuentas.

En mayo de 1999, tres inspectores de la CNMV (Luis Martín, Maria del Mar Rubio y Mario

Marchiandi), pertenecientes al área de supervisión que dirigía David Vives -el Jefe de

Supervisión que destapó el fraude de Gescartera en abril de 1999 y propuso la intervención de

la agencia de valores- sometieron a una inspección rutinaria a la gestora de fondos del HSBC,

denominada HSBC Fund Management España. Para su trabajo, pidieron un dato elemental en

toda comprobación de esa índole: el listado de clientes. El presidente de la gestora, Antonio

Pontones, se la facilitó. Para sorpresa de los inspectores, Pontones entregó un listado que

incluía una treintena de clientes que como única identificación tenían un número de cuenta del

British Bank of Middle East (BBME) en su oficina de Ginebra (Suiza). No había más nombre

que BBME1, BBME2, etcétera.

Clientes secretos. Los inspectores reclamaron a Pontones que identificara a tales clientes secretos. El presidente de la gestora elevó la cuestión al entonces subdirector general del banco, Jaime Galobart, y al jefe de la banca privada, Jesús Pantoja. Ambos le indicaron que era una operativa legal, que suponían que eran inversores extranjeros que utilizaban dicho banco y que su identificación no estaba a su alcance.

Pontones trasladó dicha respuesta a los inspectores de la CNMV, y apuntó que sólo el área de

comercialización del banco, encargada de captar clientes, podía conocer la identidad de los

clientes secretos. La inspección de la CNMV duró tres meses.

Al concluirla, a primeros de septiembre, los inspectores enviaron por carta la conclusión de la

auditoría en la que, entre otras deficiencias, se apuntaba la existencia de las cuentas cifradas.

El escrito reclamaba, nuevamente, la identificación de las cuentas cifradas tanto a la dirección

del banco como al presidente de la gestora. Pontones reiteró por carta que estaba fuera de su

alcance dicha información. Tampoco hubo respuesta satisfactoria de la dirección.

De 26 a 135 millones. Según personas relacionadas con el fondo de invesión del HSBC, la llegada de clientes secretos se produjo ante la endeblez del volumen de dinero que manejaba el fondo de inversión. Los responsables de la gestora, que pasó de 26 millones de fondos en 1995 a 135 millones en 1996, nunca tuvieron a su alcance la identidad de los clientes secretos, ya que la gestora se limitaba a comprar acciones para esos fondos y a administrarlos. Los movimientos de las cuentas cifradas, tanto en su flujo hacia Suiza como en posibles transferencias a cuentas en España, sólo podían ser conocidos por el área de banca privada y la dirección del banco.

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El banco despidió al presidente de la gestora, Antonio Pontones, en octubre de 2000 y le

sustituyó por Mikel Unanue.

Francisco José Bauza, socio de Alberto Alonso Ureba, hermano del ex secretario de la CNMV,

Antonio Alonso Ureba, es consejero desde la creación del fondo

HACIENDA ADMITE QUE GIMÉNEZ-REYNA CAMBIÓ LA POSICIÓN DEL GOBIERNO SOBRE LOTERÍAS EN FAVOR DE LA ONCE.29.10.01

El informe exculpatorio que el Ministerio de Hacienda ha remitido a la Comisión que investiga el

escándalo financiero de Gescartera sobre las actuaciones de Enrique Giménez-Reyna, ex

secretario de Estado de Hacienda, respecto a la empresa que presidía su hermana Pilar, no

sólo concluye que 'no se ha constatado la existencia de anomalías o irregularidades que se

hubieran traducido de forma directa en un daño para los intereses de la Hacienda Pública'.

También admite que el Gobierno cambió de opinión sobre la puesta en marcha de nuevas

loterías con la llegada de Giménez-Reyna a la secretaría de Estado. El punto IV.1.2. del

informe, pese a su intrincada redacción, deja claras tres cosas:

- Tras la toma de posesión de Enrique Giménez-Reyna, el representante del Ministerio de

Hacienda en el Protectorado de la ONCE dejó de ser el director general de Loterías y Apuestas

del Estado (LAE), Luis Pérez-Aguas, y pasó a ser un hombre a las órdenes del ex secretario de

Estado. Giménez-Reyna encargó, primero 'verbalmente' y después con el nombramiento como

vocal del Consejo del Protectorado, al secretario general de Política Fiscal, Antonio Beteta, que

fuera el nuevo hombre de Hacienda en la ONCE.

- Beteta, según Hacienda, niega haber recibido 'ninguna indicación' de Giménez-Reyna. Pero

mientras el director de LAE (antes ONLAE) defendía la puesta en marcha de la lotería

instantánea y rechazaba 'toda expansión de la ONCE que pueda ir en detrimento de los

ingresos del Estado', la decisión del Gobierno sobre este asunto fue exactamente en el sentido

opuesto.

- El informe acepta que 'con la incorporación del secretario general de Política Fiscal en el

Consejo del Protectorado prevalece la opinión de permitir a la ONCE que desarrolle sus juegos,

dentro del marco del acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de marzo de 1999' y argumenta

que se hizo 'con el fin de no tener que recurrir a subvencionar a la ONCE'.

El director de LAE, tal como ratifica el informe de Hacienda, consideraba que ese acuerdo 'no

ampara suficientemente a la ONCE'. Aún más, el propio Giménez-Reyna, en su comparecencia

en la Comisión Gescartera, recordó que el Gobierno aprobó 'en 1998' la puesta en marcha de

la 'lotería instantánea', el Rasca y gana, a la que él 'siempre se negó'. El ex secretario de

Estado argumentó su rechazo porque 'no es bueno para España que en cada esquina haya un

vendedor de boletos de rompe y rasga, y porque si el Estado ponía en marcha este juego,

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inmediatamente la ONCE lo iba a poner'. El primer argumento poco tiene que ver con el

mandato que tiene Hacienda de recaudar ingresos para el Estado y el segundo ignora que esa

lotería está aprobada sólo para LAE y no para la ONCE.

El informe de Hacienda no recuerda que LAE compró un edificio en Madrid para poner en

marcha el Rasca y gana, que el proyecto está parado y que los técnicos que deben prepararlo

recibieron, tras la dimisión de Giménez-Reyna, la orden de 'tenerlo todo listo' por si hubiera

contraorden

RATO CREE YA DEPURADA TODA LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA POR Gescartera. EL VICEPRESIDENTE NIEGA QUE LOS BANCOS HAYAN DADO TRATO DE FAVOR A SUS EMPRESAS. 30.10.01

El crédito de 525 millones de pesetas que el banco británico HSBC concedió a una empresa de

la familia de Rodrigo Rato protagonizó la comparecencia del vicepresidente segundo y ministro

de Economía ante la comisión que investiga el caso Gescartera. Rato afirmó con solemnidad

ante los diputados que el préstamo de esta entidad, con fuertes vínculos con Gescartera, es

perfectamente normal, y que las empresas en las que él participa no han recibido trato de favor

ni de éste ni de otros bancos. El socialista Juan Fernando López Aguilar consideró que ese

crédito alimenta las "sospechas" de la "conexión" de Rato con Gescartera.

Consciente del daño político que puede ocasionarle el crédito del HSBC, el vicepresidente

quiso ser tajante en este frente. Por una parte, afirmó que dispone de dos documentos que

prueban que la empresa familiar en cuestión -Muinmo, SL, que tiene unas deudas de 545

millones y genera unos recursos anuales de 130- está al corriente de sus obligaciones de pago,

y que él, personalmente, no estuvo presente en la constitución del préstamo.

Luego se dirigió al portavoz socialista. "Sobre los préstamos quiero decirle una cosa, señor

López Aguilar: no encontrará usted un solo caso de un solo préstamo concedido a mí

personalmente o a empresas de las que yo haya participado que haya sido provisionado por el

banco o que se haya pagado con un interés que no fuera el de mercado. Ni un solo caso". Con

provisionado quiso decir Rato que él hubiese dejado de pagar el crédito, lo que hubiese

obligado a la entidad financiera a provisionar los fondos.

Más allá de los quebraderos de cabeza que le ha proporcionado el crédito del HSBC, Rato

consideró ante la Comisión Gescartera que el Gobierno ya ha asumido todas las

responsabilidades en este escándalo, en contra de lo que opinó toda la oposición de izquierdas

y el PNV. Lo hizo en su día, dijo Rato, al reconocer la falta de idoneidad de Pilar Valiente y de

Enrique Giménez-Reyna para seguir al frente de sus cargos en la presidencia de la CNMV y en

la Secretaría de Estado de Hacienda, respectivamente. "Se trata de una importantísima

asunción de responsabilidades", dijo el ministro en una sesión que resultó tensa por momentos,

y en la que amenazó al portavoz socialista con acudir a los tribunales.

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El incidente se produjo tras la primera intervención de Juan Fernando López Aguilar. El

portavoz del PSOE hizo una descripción del escándalo, en el que han desaparecido 18.000

millones de pesetas y que ha puesto de relieve el descontrol, cuando no la negligencia, de

organismos como la CNMV y la Agencia Tributaria. "Esa trama pintoresca de protagonistas de

una película resulta que tenía operadores detrás de las cámaras que eran funcionarios

públicos", dijo el portavoz socialista, "y altos cargos designados por el Gobierno con criterios de

confianza política, bajo su responsabilidad, señor vicepresidente". López Aguilar cifró en 14 los

funcionarios nombrados por Rato que han fracasado "estrepitosamente" en el control a

Gescartera.

De la Agencia Tributaria, por ejemplo, López Aguilar preguntó a Rato cómo era posible "que en

el ministerio no se conociera que se estaba obstaculizando la tramitación de expedientes"

relacionados con Gescartera. Aquí, el vicepresidente se lanzó dialécticamente sobre López

Aguilar.

Afirmó que no iba a tolerar que el diputado socialista sostuviese que toda la CNMV, la

Dirección General del Tesoro, la Secretaría de Estado de Economía y la Agencia Tributaria

habían prevaricado para que el HSBC le concediese el crédito de 525 millones del que disfruta

su empresa familiar. "Su señoría no me puede acusar impunemente de cometer delitos; eso no

es posible, yo no puedo consentirlo", señaló Rato. " Si usted se ratifica, yo tendré que actuar penalmente". En su turno, López Aguilar reprochó a Rato "el punto amenazador" de su

intervención, aseguró que las "imputaciones" de que habló el vicepresidente para traer a

colación los tribunales "no habían existido nunca" y que las responsabilidades que le exigía

eran "políticas". Pero Rato sostuvo que "las responsabilidades políticas se agotan en Pilar

Valiente y Enrique Giménez-Reyna".

Ya en los pasillos, López Aguilar insistía en que Rato no había despejado la "sospecha" sobre

el crédito del HSBC; un crédito que, dijo, tiene un "aval que está en el extranjero".

Según fuentes cercanas al HSBC citadas por la Cadena SER, la empresa Muinmo recibió el

crédito del HSBC de Madrid después de que la matriz del banco en Londres diera, por primera

vez en su historia, garantías internas y asumiera el riesgo. En su comparecencia, Rato

argumentó que es práctica normal que las entidades financieras se reasignen los riesgos.

EL MINISTRO ANUNCIA 12 MEDIDAS PARA AUMENTAR EL CONTROL DE LA CNMV.30.10.01

El vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato, aprovechó su comparecencia ante la

comisión de investigación sobre el caso Gescartera para anunciar que el Ministerio de

Economía está estudiando 12 medidas dirigidas a reforzar el control de la Comisión Nacional

del Mercado de Valores. Son las siguientes:

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WWW.AZNAR.NET. Ven y Cuéntalo 120

-Establecer un sistema que controle periódicamente la calidad de los procedimientos y métodos

de trabajo de los órganos de supervisión de los mercados financieros.

-Reforzar la homogeneidad de los métodos y procedimientos de supervisión de los tres

supervisores: (Banco de España, Dirección general de Seguros y Comisión del Mercado de

Valores.

-Que el Consejo de la CNMV se dote de un reglamento interno que regule aspectos como la

estructura orgánica de la Comisión, la distribución interna de competencias, los procedimientos

para tramitar expedientes, el acceso de personal y el régimen de de incompatibilidades'.

-Reforzar las obligaciones de las firmas de auditoría en relación con las entidades financieras

sometidas a supervisión.

-Permitir a los supervisores el acceso a los papeles de trabajo de las firmas auditoras.

-Extender determinados requisitos de los administradores de entidades financieras a sus

apoderados generales.

-Revisar el régimen de publicidad de las sanciones.

-Fijar criterios para garantizar la solvencia de las inversiones financieras del sector público.

-Establecer criterios de conducta respecto a las inversiones financieras que puedan realizar

entidades sin ánimo de lucro e instituciones de carácter asistencial.

-Prohibir el mantenimiento de depósitos en efectivo remunerados por las empresas de servicios

de inversión.

-Restringir la existencia de depósitos no remunerados de empresas de servicios de inversión

con l finalidad de liquidar operaciones.

-Reforzar la información relativa a los supuestos en los que la gestora y el depositario de los

valores de instituciones de inversión colectiva pertenezcan al mismo grupo

EL GOBIERNO ADMITE QUE LAS CUENTAS CIFRADAS DEL HSBC SON ILEGALES Y ANUNCIA UNA INVESTIGACIÓN. EL VICEPRESIDENTE ECONÓMICO CORRIGE EN EL CONGRESO AL GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA.30.10.01

El Gobierno ha ordenado depurar responsabilidades por la existencia en España de cuentas

opacas o cifradas, cuyos titulares últimos resultan desconocidos para las autoridades, del tipo

que mantiene en su sucursal en Madrid el banco británico Hong Kong and Shanghai Banking

Corporation (HSBC). El gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, reveló el viernes en

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la Comisión Gescartera que el HSBC mantiene 138 cuentas de este tipo en España, con un

saldo de casi 12.000 millones. El vicepresidente Rodrigo Rato dijo en la misma comisión que

estas cuentas son ilegales.

Rodrigo Rato, en su intervención inicial ante los diputados y sin que mediase pregunta expresa,

fue taxativo y realizó una declaración que supone un revés público para el gobernador del

Banco de España, Jaime Caruana. 'Esta misma mañana', dijo el ministro de Economía y

vicepresidente económico, 'he dado instrucciones al servicio ejecutivo de la comisión de

prevención del blanqueo de capitales y al Banco de España para que investiguen si existen en

nuestro país cuentas numeradas en entidades de crédito e informen de las que se hayan

podido detectar a fin de que se depuren las responsabilidades que procedan, habida cuenta de

que estas cuentas están prohibidas en la legislación española'.

En su comparecencia del viernes, Caruana había revelado ante los diputados, a puerta

cerrada, que el Banco de España había detectado 138 cuentas cifradas, esto es, sin que se

conociesen sus titulares últimos, abiertas en la sucursal de Madrid del HSBC por otra filial del

mismo banco, esta vez en Suiza. Se trata mayormente de españoles que mantienen una

cuenta en el banco Republic (filial del HSBC) en Suiza, que a su vez abre cuentas en Madrid

que resultan opacas para las autoridades españolas. Caruana aseguró que HSBC niega que

estas cuentas tengan que ver con Gescartera, pero que él no lo puede comprobar. El saldo

global de estas cuentas cifradas suma unos 12.000 millones.

La declaración de Caruana desató una tormenta política. El PSOE acusó al Banco de España

de tolerar 'un paraíso fiscal en el centro de Madrid'. Y el diputado de IU Felipe Alcaraz declaró

que 'mal puede Rato vigilar al HSBC cuando le debe dinero'.

El HSBC, además de haber concedido un crédito de 525 millones de pesetas a una empresa

de la familia Rato, ha mantenido estrechas relaciones con Gescartera, lo que le ha situado en

el centro de la polémica. Un portavoz del banco británico aseguró el viernes que estas cuentas

cifradas en España son perfectamente legales.

Una inspección rutinaria de la CNMV en 1999, consideró que el HSBC incurría en anomalías al

tener cuentas cifradas en su fondo de inversión. Y así lo hizo constar en su informe. Rato

también lo considera así, y la declaración de ante la comisión Gescartera pone en un apuro a

Caruana, que antes de ser gobernador del Banco de España fue director general del Tesoro, a

las órdenes del ministro de Economía. Como las declaraciones del gobernador fueron a puerta

cerrada, sólo se pueden reconstruir según los testimonios de los diputados presentes. Pero de

ellos no se deduce que Caruana pensase que estas cuentas son ilegales. El gobernador

simplemente expresó su malestar por estas actuaciones del HSBC, que tildó de 'pintorescas,

curiosas y preocupantes', pero no ilegales

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AZNAR VATICINA QUE RATO 'VA A TENER MUCHA MÁS VIDA POLÍTICA QUE LOS QUE LE ATACAN' .30.10.01

El presidente del Gobierno, José María Aznar, respaldó de manera clara al vicepresidente

segundo, Rodrigo Rato, y aseguró que "va a tener más salud política y mucha más vida política

por delante que los que se dedican a atacarle". Aznar dio este apoyo explícito a su

vicepresidente económico en la rueda de prensa que ofreció en La Moncloa junto al presidente

de Bolivia, Jorge Quiroga. En ese momento, Rato comparecía ante la comisión del caso

Gescartera en el Congreso y respondía a la petición de responsabilidades políticas por parte de

los partidos de la oposición.

Aznar dijo de Rato que "está muy airoso antes y después de la comparecencia en la comisión

de investigación". "¿Y la comparecencia? La comparecencia habrá ido muy bien", se respondió

en un tono entre festivo y autosuficiente. "La posición del vicepresidente [en el caso

Gescartera] es nítida y clara y no necesita ningún respaldo".

El presidente del Gobierno respondió, con esta declaración de apoyo, a la decisión que ha

adoptado de respaldar a Rato ante la "cacería" de la oposición a su vicepresidente económico

al hilo del caso Gescartera y su patrimonio personal. Aznar está intentando sensibilizar y aunar

a toda la cúpula del Gobierno y del PP en torno a Rato.

El mismo sábado Aznar cenó con Rato, Jaime Mayor y sus esposas, como una reafirmación

más de esa estrategia. Hace dos semanas el vicepresidente primero, Mariano Rajoy; el

secretario general del PP, Javier Arenas; y el vicesecretario general del partido, Jaime Mayor,

junto con Aznar decidieron un respaldo sin fisuras a Rato porque, con los ataques que le dirige,

el PSOE trata de "fijar la agenda política del Gobierno", según fuentes próximas a los reunidos.

"Y eso no se puede permitir

EL PSOE ADVIERTE A AZNAR DE QUE UNE SU DESTINO AL DEL VICEPRESIDENTE AL DEFENDERLE.30.10.01

La dirección socialista decide seguir adelante con sus críticas acérrimas al vicepresidente

segundo del Gobierno, Rodrigo Rato, por el caso Gescartera. Tras la reunión de la Ejecutiva

Federal del PSOE, el secretario de Organización, José Blanco, hizo una advertencia al

presidente del Gobierno: 'José María Aznar está uniendo su destino a Rodrigo Rato al

defenderle'. Blanco afirmó que el 'sentido ético de Aznar voló por los aires cuando decidió

respaldar al vicepresidente'. Este dirigente socialista ironizó sobre las actividades que el

vicepresidente debería emprender de inmediato, y dejar la política. 'El señor Rato debería irse a

la CEOE, porque allí le están esperando muchos empresarios para que les explique la fórmula

de obtener créditos en condiciones ventajosas'. Estas apreciaciones las realizó Blanco un par

de horas antes de que el vicepresidente compareciera en el Congreso.

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Los socialistas dieron muestras de que tratarán de alargar este asunto en el Parlamento

aunque la comisión de investigación termine sus trabajos. 'No se puede dar un carpetazo a la

comisión de investigación, porque hay muchos asuntos sin resolver', dijo José Blanco, que

pasó a enumerar las incógnitas fundamentales: '¿Dónde está el dinero negro? ¿Cuál es la

relación del HSBC con Gescartera? ¿Hasta dónde llega la complicidad de la Agencia

Tributaria, la CNMV y el Banco de España con Gescartera? ¿Cuál es la relación del HSBC con

los negocios de Rato?'. Las preguntas se convirtieron, a continuación, en afirmaciones: 'Hay

una dudosa compatibilidad en el señor Rato por su cargo de vicepresidente y sus negocios'

LA OPOSICIÓN CULPA A MONTORO DE LA INEFICACIA DE SU DEPARTAMENTO ANTE LA ESTAFA DE GESCARTERA. EL TITULAR DE HACIENDA REVELA QUE 180 CLIENTES DE LA AGENCIA DE VALORES DEBEN AL FISCO 3.500 MILLONES.30.10.01

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, defendió que él ya ha asumido toda su

responsabilidad política al aceptar o promover la dimisión de Enrique Giménez-Reyna como

secretario de Estado de Hacienda. Montoro añadió que 'no hubo trato de favor' de su

departamento a la agencia de valores Gescartera. La oposición, a excepción de CiU, mantuvo

lo contrario: la responsabilidad política reside, precisamente, en el nombramiento de Giménez-

Reyna y, además, sí hubo trato de favor, pues, en caso contrario, la estafa de Gescartera no se

habría producido.

Montoro anunció que, desde que estalló el escándalo, Hacienda ha puesto en marcha un plan

de inspección que ya ha generado 'una deuda aproximada (con Hacienda) de 3.500 millones

de pesetas'. El ministro quiso ponerse a la cabeza de la búsqueda del dinero negro de

Gescartera y, en su primera intervención, anunció que ya ha inspeccionado a '65 personas

físicas o jurídicas del entorno de Gescartera'. Además, de los '1.850 inversores que,

aproximadamente, pueden haber utilizado en estos años los servicios de Gescartera, 180 han

sufrido ya diversas actuaciones de control de la Agencia Tributaria'. Entre unas inspecciones y

otras, Montoro cuantificó en 3.500 millones la 'deuda aproximada' generada. Y añadió que ese

trabajo de inspección 'seguirá dando sus frutos en las próximas semanas y meses'.

Después de escuchar en bloque a todas las preguntas de la oposición, Montoro dejó

numerosos interrogantes sin contestar y sacó su conclusión particular: 'No hubo trato de favor'

a Gescartera en Hacienda. Y eso que la diputada socialista, Maite Costa, le había preguntado

específicamente por varios expedientes de fraude fiscal en los que Hacienda no ha actuado

con toda diligencia.

El PSOE enarboló los siguientes expedientes fiscales para argumentar estos 'fallos' de

Hacienda: los cuatro reconocidos en la auditoría interna de la Agencia Tributaria (AT); el acta

con un expediente por 120 millones que el PSOE esgrimió la semana pasada en la

comparecencia del director de la AT, Salvador Ruiz Gallud, y Costa incorporó un expediente

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tributario de la Mutua de la Policía (uno de los principales clientes de Gescartera) que se

resolvió 'un año y medio después a favor del contribuyente'. Se da la circunstancia de que

Enrique Giménez-Reyna, en su comparecencia ante la Comisión Gescartera, admitió una

entrevista con los responsables de la Mutualidad de Policía que le preguntaron, precisamente,

por ese expediente. Giménez-Reyna, lógicamente, negó entonces cualquier trato de favor ni

cualquier cambalache con ese contribuyente.

Montoro rechazó hablar de esos expedientes concretos por el deber de 'confidencialidad'. 'Y no

me vale eso de que los expedientes los ha sacado la señora Costa de la Audiencia Nacional',

añadió para advertir a la diputada socialista que estaba incumpliendo la ley.

El ministro dedicó buena parte de su intervención a justificar la siguiente tesis sobre

nombramientos: 'Las personas son idóneas hasta que dejan de serlo'. Y así, Giménez-Reyna lo

fue hasta el 27 de julio pasado.

La diputada socialista Costa le espetó: 'Está obligado a explicar a los españoles por qué

nombró y mantiene a personas con las que, en algunos casos, se han producido situaciones

contrarias a la ley, incurriendo en terrenos que la fiscalía juzgará si son o no de prevaricación'

EL MINISTRO SE ATRINCHERA. RODRIGO RATO RESPONDE UNO A UNO A LOS PORTAVOCES, MIENTRAS MONTORO LES CONTESTA EN BLOQUE.30.10.01

Ya lo advirtió la semana pasada el presidente de la Comisión Gescartera, Luis Mardones, de

Coalición Canaria, y lo reiteró después el diputado comisionado Jordi Jané, de CiU: 'A Rodrigo

Rato no le hace falta ningún formato especial ni ninguna ayuda de su grupo para responder en

el Parlamento. Se basta y se sobra'. Con este argumento, CC y CiU evitaron participar en el

bronco debate que el pasado jueves mantuvieron el Partido Popular y el PSOE por la decisión

del PP de hacer más fácil a ministros y secretarios de Estado su paso por la comisión de

investigación. Se abstuvieron entonces y dijeron que no entendían por qué el PP asumía el

coste político de ese cambio de formato a última hora para proteger a 'los miembros del

Gobierno'. El viernes se acogieron a él el gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, y

el secretario de Estado de Economía, José Folgado, quien según afirmó el ministro de

Hacienda, Cristóbal Montoro, tampoco es miembro del Gobierno.

El formato especial sí le sirvió a Montoro para zafarse de la mayor parte de las preguntas de la

oposición. Las agrupó como consideró oportuno, por temas, y sólo admitió, al final de su

intervención, que la diputada socialista Maite Costa le remita por escrito las que crea no

respondidas.

A Rato, el formato especial le sirvió para saltárselo a la torera. Es cierto que el portavoz de

cada grupo formuló todas las preguntas en bloque, pero, acto seguido, Rato pidió la palabra

para contestar uno a uno a los diputados.

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En su primera respuesta al socialista Juan Fernando López Aguilar hizo gala de toda su

habilidad parlamentaria y trucos dialécticos para pretender que el diputado del PSOE le había

acusado de cometer delitos de prevaricación, y para reprocharle que se haya 'montado una

película', según la cual el objetivo final era que Muinmo, empresa de la familia Rato, se

beneficiase de un crédito del HSBC.

Rato se permitió incluso mofarse de la juventud del portavoz socialista: 'A ciertas edades hay

que saber lo que se dice. Se puede ser una nueva generación de la política pero ya se ha

salido del colegio'. Y concluyó que 'es obvio' que las críticas de la oposición hacia él son sólo

'una cacería personal'. Dijo que esto está tan claro que 'todos nos hemos dado cuenta'.

Estas frases de Rato contaron con el aplauso y el coro de una treintena de diputados del PP

que, encabezados por el portavoz parlamentario del Grupo Popular, Luis de Grandes,

abarrotaron la sala que ha ocupado en estos dos meses la Comisión Gescartera.

Los más entusiastas corearon referencias críticas a José Luis Corcuera, José Barrionuevo y

Luis Roldán para acompañar la intervención de López Aguilar. Y éste, durante casi una hora y

sin leer ni un papel, se fajó con sistemática pero educada dureza con el ministro de Economía.

Rato escuchó, apuntó, vio que la pieza a batir no era mínima y se creció en su primera

respuesta.

El coro del PP rebajó su ímpetu cuando acabó el debate de Rato y Lopez Aguilar, y cuando De

grandes abandonó la sala fue disminuyendo también la presencia de parlamentarios populares.

No se produjo nada parecido por la mañana. Montoro leyó su primera intervención, y recriminó

a la diputada socialista que leyera la suya. No hubo más de 4 o 5 diputados del PP que se

sumaran a los comisionados

EL PP ECHA EL CIERRE A LA INVESTIGACIÓN SOBRE Gescartera.31.10.01

El PP impone su mayoría absoluta y echa el cierre, con la protesta de la oposición, a la

Comisión Gescartera. Pese a la abstención de CiU y de Coalición Canaria y el voto en contra

de los restantes grupos, el PP sentenció que, tras las comparecencias de los ministros de

Economía, Rodrigo Rato, y de Hacienda, Cristóbal Montoro, había quedado 'evidenciado' que

el Gobierno no se vio afectado por la 'monumental estafa' de Gescartera y, por tanto, sólo resta

que cada grupo elabore sus conclusiones. Les dio de plazo hasta el próximo miércoles a las

nueve de la mañana.

El cerrojazo a la Comisión Gescartera se escenificó en tres frentes: el Grupo Parlamentario

Popular, el PP y el Gobierno. El Grupo Popular lo anunció oficialmente al resto de los grupos

en una reunión a las 9.30 de la mañana. Pero antes de eso, y en las tertulias de diferentes

emisoras de radio y televisión, el portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, y el secretario general

del PP, Javier Arenas, sentenciaban que el PSOE no había logrado aportar 'ninguna prueba'

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que implique al Gobierno, acusaban al primer partido de la oposición de haber realizado

'ataques desmesurados y sin ninguna prueba' al ministro de Economía y profetizaban que esos

'comportamientos inmaduros' no darán rédito alguno al nuevo líder socialista, José Luis

Rodríguez Zapatero.

El método utilizado para dar carpetazo a la Comisión -con la más estricta aplicación del rodillo

parlamentario de la mayoría absoluta- es interpretado por los socialistas como la demostración

de que 'la investigación parlamentaria empezaba a dar sus frutos y el Gobierno ha decidido que

no quiere que se sepa ni una palabra más'.

El portavoz del PSOE en la comisión, Antonio Cuevas, mantiene que el Gobierno no está

dispuesto 'a presenciar el espectáculo' de que la Agencia Tributaria y el Banco de España sean

examinados como lo ha sido la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Y cree

que, de ser investigados, 'mostrarían fallos similares a los detectados en el organismo

supervisor de los mercados, que han transcendido a la opinión pública gracias a la comisión'.

En concreto, los socialistas creen que 'el Gobierno teme que se conozcan las irregularidades y

el trato de favor' en las actuaciones de la Agencia Tributaria. Y, en menor medida, también

opinan que el Banco de España ha quedado 'contaminado' por la 'utilización partidista de las

instituciones que practica el Gobierno'. Con esta tesis explican el cerrojazo del PP.

La decisión impuesta por los populares no sólo cierra la posibilidad de nuevas comparecencias

de personas relacionadas con el caso, sino también el acceso de los diputados a la

documentación que han reclamado desde el arranque de la investigación parlamentaria y que,

por la renuencia de las instituciones o el rechazo directo del PP, no ha llegado a la comisión.

Pese al cerrojazo, el PSOE está convencido de que 'Gescartera, como el cartero, llamará dos

veces a las puertas del Gobierno'. Ya lo ha hecho la primera, y el primer grupo de la oposición

espera vuelva a hacerlo cuando avance el sumario que instruye la juez de la Audiencia

Nacional Teresa Palacios.

En todo caso, este grupo pretende mantener el foco de atención sobre el 'mayor escándalo

político financiero del PP'.

Hoy mismo, en el pleno de control al Gobierno, los socialistas dedicarán nada menos que ocho

preguntas al vicepresidente Rodrigo Rato. Con este interrogatorio en cascada, el PSOE quiere

contrarrestar el formato de la sesión de control, en la que siempre el representante del

Gobierno tiene la última palabra.

El próximo miércoles, que no hay pleno, el trabajo sobre Gescartera se concentrará en elaborar

y discutir las conclusiones de la comisión de investigación.

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Dichas conclusiones descartarán la 'responsabilidad política' del Gobierno por el mal

funcionamiento de la CNMV y de la Agencia Tributaria, que facilitó la comisión de la estafa.

Para el socialista Juan Fernando López Aguilar, la responsabilidad es evidente no sólo por los

nombramientos de los altos cargos implicados, sino por el 'inexplicable hecho' de que 'no viera'

lo que estaba ocurriendo.

A cambio, las conclusiones del PP irán, fundamentalmente, en la dirección 'positiva' ya

avanzada de poner en marcha medidas legislativas que 'refuercen' las posibilidades de control

de la CNMV. La mayor las anunció el propio Rato en su comparecencia del lunes ante la

comisión y serán incorporadas en el proyecto de Ley Financiera.

Entre ellas figuran la revisión del régimen de publicidad de las sanciones o el reforzamiento de

las obligaciones de las firmas de auditoría. Además. se fijarán criterios de solvencia de las

inversiones financieras del sector público y se limitarán las inversiones que pueden hacer las

instituciones sin fines de lucro.

Estas últimas medidas señalan directamente a algunos de los principales clientes de Antonio

Camacho: la Iglesia, la ONCE, el Instituto de la Seguridad Social de la Armada o las empresas

públicas Cetarsa y SAES

EL PSOE AFIRMA QUE MONTORO Y RATO SEGUIRÁN LOS PASOS DE VALIENTE Y GIMÉNEZ-REYNA.31.10.01

El PSOE pronostica que los ministros de Economía, Rodrigo Rato, y de Hacienda, Cristóbal

Montoro, seguirán en breve los pasos que ya dieron la ex presidenta de la Comisión Nacional

del Mercado de Valores (CNMV), Pilar Valiente, y el ex secretario de Estado de Hacienda

Enrique Giménez-Reyna. El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, aseguró en los

pasillos del Congreso que el presidente del Gobierno, José María Aznar, y el secretario general

del PP, Javier Arenas, 'en muy poco tiempo, harán con Rato y Montoro lo que hicieron con Pilar

Valiente y Enrique Giménez-Reyna'. Blanco recordó que la primera reacción del PP y el

Gobierno con los dos altos cargos caídos con el 'escándalo Gescartera' fue arroparles y salir

'en bloque' en su defensa. 'Y ya sabemos dónde están hoy'. Por eso, según Blanco, 'eso mismo

va a suceder con Montoro y Rato'. El secretario de Organización socialista acusó además a

Rato de ir de víctima: 'No vaya de víctima, porque las únicas víctimas en Gescartera son los

estafados'.

En Izquierda Unida también ven probable y, en todo caso, deseable, que Rato y Montoro sigan

los pasos de Valiente y Giménez-Reyna. El diputado comisionado de IU, Felipe Alcaraz, y el

coordinador de ese grupo, Gaspar Llamazares, aseguraron en conferencia de prensa que 'el

Gobierno está tocado y algunos de sus ministros chamuscados'. Llamazares también criticó

que Rato y el PP se quejen de una 'cacería contra el vicepresidente' económico por parte de

los partidos de izquierda. 'Las cacerías las hacían ellos cuando estaban en la oposición y

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entones le llamaban, simplemente, hacer oposición'. Según el diagnóstico de IU, 'varios

ministros y, en especial Rato, están muy tocados y, aunque mantengan su responsabilidad en

el Gobierno, han pasado ya a la situación de reserva'.

Desde el Grupo Mixto, Joan Puigcercos destacó que aunque Rato y Montoro no sean

'culpables' de Gescartera son 'sin duda responsables por los desastrosos nombramientos en la

CNMV y Hacienda'

RATO EXIGIÓ INVESTIGAR LAS CUENTAS CIFRADAS DEL HSBC HORAS ANTES DE COMPARECER EN EL CONGRESO. EL BANCO DE ESPAÑA SOSTIENE QUE NO PUEDE AVERIGUAR LOS CLIENTES PROPIETARIOS DE LOS DEPÓSITOS.31.10.01

El ministro de Economía, Rodrigo Rato, remitió el mismo lunes al Banco de España una carta

en la que le exige que investigue las 138 cuentas cifradas que tiene el HSBC según reveló el

viernes el gobernador Jaime Caruana. Rato pretendió así presentarse en el Congreso con un

anuncio que alejara las sospechas de que él beneficiaba al banco británico tras el crédito de

525 millones que esa entidad concedió a Muinmo, una empresa de la que el vicepresidente es

accionista. Ayer, a cambio, Rato minimizó esa reclamación con el argumento de que, hasta

donde sabe, esas cuentas no son secretas y, por tanto, son legales.

Rodrigo Rato dirigió el pasado lunes, unas horas antes de comparecer ante los diputados, un

escrito al Banco de España para que la institución investigue las cuentas cifradas del HSBC y

las actuaciones practicadas "en caso de haberse descubierto" esos depósitos secretos. Ese

requerimiento no ha sentado nada bien en la autoridad monetaria, muy celosa de su

autonomía. Según el documento al gobernador, Jaime Caruana, el vicepresidente solicita

"información acerca de si en las inspecciones practicadas por el Banco de España se han

detectado este tipo de cuentas".

Caruana conocía la existencia de estas 138 cuentas en el HSBC porque el Banco de España

pidió a todos los bancos relacionados con Gescartera que investigaran las cuentas que

pudieran haber tenido relación con la agencia de valores. HSBC envió documentación a

Caruana en la que se decía que tenía abiertas 138 cuentas con un mismo titular: la filial suiza

del HSBC y un número como acompañamiento. Y que no se trataba de una cuenta única. El

saldo global de esas cuentas es de 11.292 millones de pesetas que, según el HSBC, no tienen

relación con Gescartera.

El Ministerio de Economía basa su reclamación en un posible incumplimiento de la ley contra el

blanqueo de capitales, una norma europea trasladada por ley a España y desarrollada en un

real decreto de 1993. Según la ley española, cuando el banco tiene "indicios" de que el titular

de la cuenta no es su beneficiario último, tiene que comunicar a las autoridades que hay un

posible incumplimiento de la ley. Esta norma podría, en principio, aplicarse a las cuentas

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cifradas toda vez que el Banco de España sospecha que la filial suiza no es el beneficiario

último.

El problema es que el Banco de España no puede pedir la titularidad final de estas cuentas

porque están abiertas en Suiza, país que protege por ley el secreto bancario. La única manera

de conocer los nombres de estos titulares sería que un juez, en el caso de que encontrara

indicios de delito, pidiera a las entidad suiza, el Republic Bank, los nombres de los beneficiarios

reales.

El Banco de España, además, ya tuvo conocimiento de la existencia de estas cuentas en 1999,

cuando la CNMV abrió una inspección rutinaria a la gestora de fondos de inversión de

Gescartera. La gestora tenía en el HSBC hasta 33 cuentas cifradas a nombre de la sucursal

suiza. Cuando la CNMV preguntó por la identidad de los clientes que se escondían detrás de

las siglas de la sucursal suiza, no le dieron la información, por lo que decidió comunicar su

descubrimiento al Banco de España.

El vicepresidente anunció el lunes en la Comisión Gescartera que había ordenado a la

Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y al Banco de España, que preside

Folgado, que investigasen si existen en España "cuentas numeradas" en entidades financieras.

Rato indicó que con esta orden pretende que "se depuren las responsabilidades que procedan

habida cuenta de que estas cuentas están prohibidas en España".

La polémica se originó por las declaraciones de Caruana el viernes en el Congreso, realizadas

a puerta cerrada por expreso deseo del gobernador. Caruana reconoció que las cuentas son

"fiscalmente opacas", pero que "funcionan correctamente en sus operaciones de ingresos y

pagos". El gobernador explicó que HSBC siempre declara la entrada y salida de los capitales

para cumplir la norma referente a la balanza de pagos de España. El máximo responsable del

Banco de España aclaró que no le gustan estas operaciones, pero que son "difícilmente

atacables porque cumple con la legalidad" y porque "existen en todos los países".

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TELEFÓNICA CONTRATÓ AL HSBC PARA UNA VENTA DE ACCIONES EN NOVIEMBRE DE 2000. LA FILIAL DEL BANCO BRITÁNICO GANÓ EN LA OPERACIÓN AL MENOS 92 MILLONES.31.10.01

Telefónica, a través de su filial Telefónica Publicidad e Información, contrató al banco HSBC

para una oferta pública de venta de acciones (OPV) en noviembre de 2000. En las dos

anteriores ofertas de venta de acciones de la compañía, presidida desde julio de 2000 por

César Alierta, ambas registradas en 1999, no se utilizó al que está considerado como tercer

banco mundial. El HSBC cobró al menos 92,5 millones de pesetas en concepto de comisiones

por la codirección y aseguramiento de 2.571.429 acciones de Telefónica Móviles.

La intervención del HSBC en la OPV de Telefónica Móviles no se produjo en el mercado

español sino en el extranjero ('tramo institucional internacional'), donde el banco tiene una

mayor proyección. Cuando una compañía pretende efectuar una colocación de acciones,

necesita que alguna entidad financiera dirija la colocación, siendo responsable dicha entidad

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del correcto y legal funcionamiento del procedimiento. A cambio de dicha responsabilidad,

percibe una comisión por parte de la entidad emisora, en este caso Telefónica Móviles.

El HSBC es, además, entidad aseguradora. Es decir, se hace responsable de la colocación de

un determinado número de acciones de la emisión y, por dicho concepto, percibe unas

retribuciones que son compatibles con las que pudiera percibir como codirectora. El HSBC

figura en la codirección con entidades a las que ha recurrido habitualmente Telefónica para

este tipo de operaciones, como el BBVA, Goldman Sachs o Invercaixa.

En concreto, se le otorgó el aseguramiento de 2.571.429 acciones, lo que significaba un 2,9%

del total y un monto de ingresos por comisión de 557.743 euros, es decir, unos 92,5 millones

de pesetas.

En la OPV de junio de 1999 de Telefónica Publicidad e Información, HSBC no intervino ni en el

tramo español ni en el internacional. En el extranjero figuraban entidades como JP Morgan,

Deustche Bank, BBVA o Invercaixa. Telefónica tampoco recurrió a esta entidad en octubre de

1999 para la oferta pública de suscripción y admisión a bolsa de su filial Terra. En el tramo

internacional de esta operación figuraban nuevamente entidades como Goldman Sachs, JP

Morgan o BBVA o Invercaixa. La fallida salida a bolsa este año de Telefónica Media impide

conocer si el estreno de HSBC con Telefónica en materia de ofertas de venta de acciones,

registrado en noviembre de 2000, tendrá continuidad.

El HSBC, dirigido en España por Jaime Galobart, es un banco que en abril de 1999 salvó a

Gescartera de ser intervenida mediante un certificado que aseguraba que se había creado una

sociedad de inversión en Luxemburgo que, al final, resultó un fiasco.

El fichaje del HSBC por Telefónica se produjo unas semanas antes de que el banco

concediese un crédito de 525 millones de pesetas a una sociedad (Muinmo) participada por el

vicepresidente Rodrigo Rato. El banco hizo una reasignación del riesgo del crédito a su central

en Londres