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✓ San Martín de la Vega c/ Pintor Rafael Botí, 11 bis ☎ 91 894 67 47✓ Torrejón de Ardoz Avda. Constitución, 72 ☎ 91 656 44 44✓ Tres Cantos c/ Comercio, 31 y 33 ☎ 91 804 50 79✓ Valdemoro Plaza del Romano, 5 ☎ 91 895 05 47✓ Villalba c/ Pardo de Santallana, 44 ☎ 91 849 35 27 / 32 96

Federaciones RegionalesLope de Vega, 38. MADRID* La extensión corresponde a lasúltimas cuatro cifras✓ Servicios Privados ☎ 91 536 51 69✓ Agroalimentaria ☎ 91 536 51 50✓ Comercio, Hostelería, Turismo y Juego (FECOHT) ☎ 91 536 52 68✓ Construcción, Madera y Afines (FECOMA) ☎ 91 536 53 83 / 86✓ Enseñanza ☎ 91 536 87 91✓ Industria ☎ 91 536 52 58✓ Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (FITEQA) ☎ 91 536 53 88✓ Pensionistas y Jubilados ☎ 91 536 52 87✓ Sanidad ☎ 91 536 51 85✓ Servicios Financieros y Administrativos (COMFIA) ☎ 91 536 51 63✓ Servicios a la Ciudadanía (FSC) ☎ 91 536 53 34 / 87 89

sedes de comisiones obreras de madrid

“Organizar a los trabajadores, aumentar la afiliación, luchar por la libertad sindical y el derecho de huelga.

Combatir el paro, la desigualdad y la pobreza””

18 de diciembre de 2014

cuadernos de información sindical“Organizar a los trabajadores, aumentar la afiliación, luchar por la libertad sindical y el

derecho de huelga. Combatir el paro, la desigualdad y la pobreza”

Informe del Consejo Regional de CCOO de Madrid de 18 de diciembre de 2014

Diciembre 2014

EditaCCOO de Madrid. Secretaría Generalwww.ccoomadrid.es

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Informe del Consejo Regional de CCOO de Madrid de 18 de diciembre de 2014

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Índice

• El primer objetivo marcado en el Consejo de junio: organizar a los trabajadores, elegir delegados y afiliar (pág. 5)

• La libertad sindical y el derecho de huelga amenazados en España y en el mundo (pág. 9)

• Contexto económico y social en que termina el año 2015. Máximo protagonismo del paro, la desigualad y la pobreza (pág. 9)

• Desciende el paro, crece la precariedad y la parcialidad, se cronifica el paro de larga duración y crecen las personas sin ningún tipo de prestación o ayuda (pág. 10)

• La defensa del empleo de calidad en la empresa, la negociación colectiva y la batalla contra la reforma laboral en todos los frentes: sindical, político y judicial (pág. 12)

• Las prioridades para 2015. Fiscalidad, salarios y renta mínima garantizada. Movilizaciones, ILP y exigencia a Gobiernos y candidatos en año electoral (pág. 14)

• Ni planes de reactivación ni políticas de cambio del sistema productivo. Sólo anuncio de operaciones de vuelta a la especulación (pág. 16)

• La lucha contra las políticas de austeridad siempre la hemos situado, además de en el plano regional y estatal, en el europeo (pág. 17)

• Las consecuencias de la desigualdad: la violencia de género, el refuerzo de la cultura machista, misógina y homófoba, la ley del aborto o la reforma educativa (pág. 19)

• La crisis política. La corrupción y el cuestionamiento de las instituciones. El agotamiento de las políticas ultraliberales y del modelo económico, social y político en el que se sustentan. El cambio político anunciado (pág. 20)

• La “Ley Mordaza” entra en el Senado sin enmiendas y con un total rechazo político, social y sindical (pág. 21)

• El movimiento sindical ante el cambio. El programa sindical (pág. 23)

• La defensa del modelo social. Contra las políticas de austeridad y los recortes y privatizaciones de los servicios públicos (pág. 23)

• Conflictos generalizados en los servicios públicos por el empleo y contra las privatizaciones (pág. 25)

• 29N. La participación ha sido positiva, mucho más dudosa su incidencia. El sectarismo de los convocantes impide la unidad (pág. 27)

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• Se frenan los recortes en los Presupuestos de 2015, pero se consolidan los aplicados al empleo y los servicios públicos. Nuevos regalos fiscales a las rentas altas (pág. 28)

• Mejorar la formación sindical y la comunicación y ser más más eficientes en la gestión de los recursos (pág. 34)

• 38 Aniversario del atentado fascista de Atocha. Los premios de la Fundación Abogados de Atocha (pág. 38)

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“Organizar a los trabajadores, aumentar la afiliación, luchar por la libertad sindical y el derecho de huelga y combatir el paro, la desigualdad y la pobreza”

INFORME AL CONSEJO REGIONAL DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2014

En el Consejo Regional de junio presentamos el último Informe General. Y no podemos por menos que señalar que buena parte de los análisis, valoraciones y propuestas que en el Informe al mismo se recogían, siguen teniendo todo su valor.

El 2 de diciembre celebramos el Consejo Extraordinario, donde se abordó el debate sobre las tarjetas negras y las recomendaciones de la Comisión Ejecutiva Confederal, aprobándose sendas propuestas de Código de Conducta y de Protocolo de Participación Institucional para aportar al debate confederal que se sustanció en el Consejo Confederal de los días 10 y 11 de junio.

Por tanto, procede en este Informe recoger los acuerdos alcanzados en el Consejo Confede-ral y establecer en el ámbito regional el proceso de participación impulsado por el mismo. En el citado Consejo Confederal se aprobó el documento “Medidas para reforzar la transparencia en nuestras actuaciones y los controles sobre las mismas”. Recoge las medidas propuestas por nuestro Consejo, pero va mucho más allá en aspectos relacionados con los órganos de dirección y materias de calado estatutario.

Por otra parte, dada la necesidad de un mayor nivel de participación y de implicación de las estructuras y la afiliación, se ha fijado un plazo de debate hasta febrero, momento en que se volverá a convocar un Consejo Confederal ampliado para aprobarlo y presentarlo públicamente, tal y como se comprometió ante los medios de comunicación el 24 de octubre.

En el ámbito regional, corresponde organizar este debate y empezar a aplicar aquellas medidas que entran dentro del Protocolo de Participación Institucional. Se convocará una reunión con nuestros representantes institucionales, se impulsará la evaluación, caso a caso, del funciona-miento y la aplicación de las nuevas medidas.

El primer objetivo marcado en el Consejo de junio: organizar a los trabajadores, elegir delegados y afiliar

Ganamos las elecciones sindicales, pero descendemos en términos relativos; desciende UGT y crecen los minoritarios y los corporativos

Empezamos felicitando el éxito en las elecciones sindicales a las compañeras y compañe-ros del sector de Grandes Almacenes, en el sector del Ahorro, muy especialmente a la Sec-ción Sindical de Bankia, a las compañeras y compañeros de la Enseñanza no Universitaria y de las Universidades Públicas madrileñas. En el peor contexto político y sindical para el sindicalismo de clase, se ha ganado y, aunque sufrimos un desgaste inevitable, consoli-damos las mayorías en un mar de candidaturas sindicales, hasta 11 en algún sector. Así,

cuadernos de información sindical

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corresponde felicitar a los compañeros y compañeras de un gran número de empresas que quiero simbolizar en Bimbo y en Jhon Deere; el primero por el 13-0 y los segundos porque las han tenido que ganar dos veces, al tener que repetirse.

No obstante, estas buenas noticias no son suficientes para hacer una valoración positiva de lo que va del proceso. A fecha de la realización de este informe, los datos arrojan los siguientes resultados electorales:

2014RLT

2010 RLT Diferenciales

CCOO 15.386 17.657 -2.271UGT 12.484 14.235 -1.751USO 1.583 1.356 +227INDPTES 1.299 1.581 -282CGT 1.289 1.152 +137CSIF 1.113 1.023 +90OTROS 5.568 5.282 +286TOTAL 38.722 42.286 -3.564

En términos comparativos de las elecciones sindicales del año 2010, cuyas actas son ahora objeto de renovación, CCOO, con 17.657 representantes frente a los 14.235 de UGT, poseía un diferencial de 3.422 representantes. A 10 de diciembre de 2014 alcanzó los 2.902, es decir, 520 representantes menos en comparación con el diferencial de los procesos de 2010.

Al contrario que CCOO y UGT -y las candidaturas independientes-, el resto de sindicatos o grupos de trabajadores incrementan su representación en las empresas. Este incremento principalmente se centra en USO, con 227 representantes más, CGT con 137 y CSIF con 90 más. El denominado “otros” aumenta en 286 representantes.

Como tal, estos datos son comparativos entre dos procesos electorales en los que unos han de renovar a los otros. Bien es cierto que quedan por incorporar muchos resultados electorales de procesos realizados, pero todavía no registrados por la Oficina Pública de Registro. Entre ellos, los señalados anteriormente, que en cierta

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“Organizar a los trabajadores, aumentar la afiliación, luchar por la libertad sindical y el derecho de huelga y combatir el paro, la desigualdad y la pobreza”

medida harán incrementar nuestra representación, pero sin llegar, en ningún caso, a los datos del proceso de 2010.

En multitud de ocasiones hemos debatido entre el comparativo y la tendencia repre-sentativa. En comparación con el resto de organizaciones, CCOO sigue siendo la primera fuerza sindical en la Comunidad de Madrid; en términos representativos, CCOO, al igual que UGT, pierden fuerza y representación en las empresas de nuestra Comunidad, siendo significativo que otros sindicatos sí aumentan sus representantes.

Debemos detenernos y evaluar nuestros propios resultados, sin comparativos con el resto. Siempre argumentamos que “como somos los que más tenemos, somos los que más perde-mos”. Eso es cierto, pero no puede ser complaciente para no obviar los resultados.

La tendencia ni a corto, medio, o largo plazo es esperanzadora. Las elecciones celebradas hace cuatro años englobaban un total de 9.561 centros de trabajo, y a día de hoy no llegan a 8.376 los centros en los que se eligen representantes de los trabajadores.

Tenemos margen de trabajo. Según datos Sistema Informático Confederal (SIC), existen cerca de 36.000 empresas en las que la acción sindical no llega. Cierto es que es muy difícil acometer un profundo trabajo sindical en empresas pequeñas donde prima el de-recho a mantener el puesto de trabajo ante la convocatoria o el “atractivo” del sindicato para los trabajadores. A ello hay que añadir que, según el mapa de secciones sindicales, a día de hoy -está en proceso-, contamos con 249 secciones sindicales constituidas con más de 25 afiliaciones.

Tenemos que acometer un cambio en la atención y extensión del sindicato en los centros de trabajo. Nuevos métodos empresariales deben llevar parejos nuevos métodos sindica-les. Analizar el tejido y la concentración empresarial puede suponer un impulso para un mejor método de atención colectiva a estos trabajadores.

Al sindicato se le exige presencia en las empresas, y esto necesita sindicalistas de cer-canía en los centros. Cada empresa debe tener un sindicalista de CCOO que le atienda. Nuestros equipos de atención y extensión electoral son escasos, y llegan donde llegan, y llegan como llegan.

No llegamos al 100 por cien de los centros de la Comunidad de Madrid, ni con repre-sentación y menos aún sin ella. Es necesario y urgente afrontar, ahora más que nunca, unos equipos de sindicalistas que en pleno proceso álgido de elecciones barran Madrid haciendo presente a CCOO en todas las empresas. Pero todos tenemos que trabajar, no solo los equipos de elecciones, también nuestros propios órganos de dirección, desde las


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comisiones ejecutivas (territoriales y federales), pasando por el personal sindical, el perso-nal laboral, llegando a nuestra representación, es decir, a movilizar a nuestros comités de empresa, delegados y delegadas de personal, nuestras secciones sindicales, y todo aquel o aquella persona que extienda nuestro sindicato por el mayor número posible de empresas, porque si CCOO está en la calle, CCOO volverá a ser el mejor referente para los trabajado-res y trabajadoras. Todo esto significa impulsar y organizar la colaboración interfederal y territorial.

En estos momentos nos jugamos el 55 por ciento de nuestra representación en los cen-tros de trabajo. Nuestro periodo álgido ya se ha iniciado y vamos lentamente renovando los procesos electorales. No es el mismo panorama que hace cuatro años, pero debemos intentar renovar y votar en todas las empresas antes de finalizar el año 2015, fecha en que CCOO se juega la representación a efectos de cómputo.

Con el fin de impulsar la consecución de estos objetivos se pondrá en marcha un Plan Extraordinario de Elecciones Sindicales y afiliación 2015, dotado con una partida presu-puestaria extraordinaria cargada sobre las reservas. El plan y el alcance de la inversión se acordarán después del correspondiente estudio y elaboración de la propuesta de forma consensuada con las estructuras.

En afiliación, se frena la caída neta solo porque disminuyen las bajas, ya que estamos estancados en el número de altas.

En noviembre de 2013 la organización había tenido 7.702 altas, 18.406 bajas y 2.236 recuperaciones de bajas, lo que suponía la pérdida de 8.831, el 5,8%. En noviembre de 2014 las altas son 7.677(-0,32%), 14.440 bajas (-21,5%), recuperaciones de bajas 2.354 (5,3%). Supone una caída neta de 4.455 afiliaciones, el 3,1%. Se ha reducido la pérdida de afiliación en un 2,7%.

A fecha de noviembre de 2014 las gestiones realizadas en impagados han crecido un 62% y los resultados de las gestiones positivas un 35%. Lo que ha supuesto recuperar 1.503 afiliaciones más que en 2013.

La Oficina para la Afiliación (OPA+Uniones Comarcales) recibió 6.145 devoluciones de no-viembre de 2013 a abril de 2014 para las que realizó 19.744 gestiones. De mayo a noviem-bre de 2014 las devoluciones recibidas fueron 12.326 y las gestiones realizadas 13.832. Se ha pasado de efectuar 3,21 gestiones por devolución en el primer período a 1,1 gestión por devolución en el segundo período. En el caso de las Federaciones Regionales, entre noviembre de 2013 y noviembre de 2014 fueron 13.565 las devoluciones recibidas y 7.968 gestiones realizadas, lo que supuso 1,7 gestiones por devolución.

“Organizar a los trabajadores, aumentar la afiliación, luchar por la libertad sindical y el derecho de huelga. Combatir el paro, la desigualdad y la pobreza”

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Las cuotas son el elemento clave de nuestra financiación. En el presupuesto 2015 se da una puntual información de los ingresos por este concepto. En este informe nos centra-remos en la evolución de las cuotas militante y reducida. La primera supone el 0,39% del total, 540 afiliaciones. La segunda el 0,77%, 1.075 afiliaciones. La cuota militante no consigue paliar la cuota superreducida.

Llama la atención que la cuota militante supone entre las ejecutivas de las CCOO de Madrid el 50.83% de sus miembros. Entre los integrantes del Consejo Regional, el 62.36%. Se tiene que impulsar la extensión de esta cuota y aplicarla con rigor, según los criterios confederales.

La libertad sindical y el derecho de huelga amenazados en España y en el mundo

Se ha seguido realizando la campaña contra la persecución del derecho de huelga, que está suponiendo el procesamiento de 300 sindicalistas en España. En nuestra región son 17 las personas con la instrucción en marcha, señalamos los 8 de Airbus, por la brutalidad de las penas de prisión solicitadas por el fiscal, 66 años en total. La campaña ha contado con movilizaciones, como las concentraciones de julio en Callao, todos los 29 de mes en Airbus, así como con actos y jornadas con el mundo de la judicatura. El objetivo es la eli-minación del artículo 315.3 del Código Penal y el rechazo del delito de coacciones de los piquetes, que tan solo se sustentan en los “testimonios de veracidad” de los policías. Se ha comprometido todo el arco parlamentario a su enmienda, si bien las últimas noticias nos dicen que el PP ha incumplido su palabra en los trámites del Congreso en la reforma del Código Penal, ahora está en el Senado.

Por otra parte, la campaña a nivel local, regional, nacional e internacional está haciendo me-lla. Además del cambio de la ley, en la Vista de Conformidad del 10 de diciembre en Getafe, la posición de fiscalía y juez han cambiado. Sigue sin satisfacernos porque no vamos a asumir ninguna conciliación que suponga asumir un delito que no se ha cometido. Se ha fijado para el día 11 de febrero una vista a la que tendremos que acudir nuevamente, y el 18 de febrero participaremos en la convocatoria de la CSI de una jornada de acción mundial por el derecho de huelga y de libertad sindical.

Contexto económico y social en que termina el año 2014. Máximo protagonismo del paro, la desigualad y la pobreza

Termina 2014 con todos los efectos perversos de los recortes y las contrarreformas ultra-liberales en su máximo apogeo. En nuestro país, las desigualdades se han disparado y la pobreza alcanza unos niveles desconocidos desde hace décadas.


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Estas desigualdades que crecen en un doble sentido, las rentas del capital no dejan de au-mentar a costa del descenso de las rentas del trabajo y lo mismo ocurre entre los salarios: los altos crecen incluso en la crisis y los bajos descienden hasta provocar la aparición de los asalariados pobres. Está demostrado que estos fenómenos son la consecuencia del modelo de desarrollo capitalista impuesto por el ultraliberalismo que hegemoniza la política mundial desde los años 80 del siglo pasado y que la crisis ha contribuido a exacerbar. Además, con el agravante de descubrir que el poder financiero y empresarial ha sido capaz de poner a los go-biernos de las democracias occidentales como en el caso español, al servicio de sus intereses.

Este fenómeno se visualiza en que tres capitalistas en España tengan una fortuna equi-valente al patrimonio de 9 millones de trabajadores. O que un consejero ejecutivo de una empresa del IBEX tenga un salario 100 veces superior al salario medio español.

La consecuencia más sangrante de todo esto es la pobreza. En la Comunidad de Madrid, 1.300.000 personas están por debajo del umbral de pobreza, casi medio millón en la po-breza severa. La cifra de 240.000 menores de 16 años en riesgo de pobreza confirma que la crisis está castigando fuertemente a las familias y refuerza lo que denuncian nuestros maestros de la enseñanza pública, que hay escolares infraalimentados los cuales la única comida que hacen en condiciones es la de la escuela. La negación permanente por los gobiernos del PP de este hecho, y de las medidas para paliarlo, son toda una demostración de a quién sirven.

Este correlato que se alimenta del fracaso de las políticas de austeridad, los recortes y las contrarreformas, y dibuja una sociedad claramente fragmentada y unos cambios de corte estructural de muy difícil reconversión, como venimos denunciando desde CCOO. Sin embargo, los gobiernos nacional y regional, anuncian a bombo y platillo el fin de la crisis, basándolo en el mejor comportamiento coyuntural de la evolución del PIB y la ligera me-jora de un consumo interno que sigue estando por los suelos. Ni siquiera estas supuestas albricias económicas les animan a hacer políticas para las personas.

Desciende el paro, crece la precariedad y la parcialidad, se cronifica el paro de larga duración y crecen las personas sin ningún tipo de prestación o ayuda

En el Consejo de junio presentábamos los datos de evolución del empleo en los últimos seis años. En éste, merece la pena señalar los últimos conocidos. La cifra del paro alcanza a 583.000 personas, lo que supone una reducción de cerca de 68.000 respecto al año pasado. Esto es así porque se intensifican dos factores que agravan la situación. Uno, las personas que se desaniman al no encontrar empleo dejan de estar en las listas del paro, o las casi


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50.000 personas que se han ido a otros países a buscar trabajo, fundamentalmente jóvenes con alta cualificación. Otro, se sustituye el empleo fijo y de calidad por empleo precario y parcial -de cada 10 contratos, solo 1,5 es fijo-, a la par que crecen las fórmulas sumergidas como las horas extraordinarias, mal o no retribuidas ni declaradas. Se mantiene el incre-mento espectacular de los contratos precarios de horas y días (52 por ciento) y parciales (47 por ciento).

Pero el paro incorpora una variante extremadamente grave, la cronificación del paro. Casi 400.000 trabajadores y trabajadoras sufren el paro de larga duración, aumentando en los de mayor edad, y otros tantos no tienen ninguna prestación ni ayuda. Y esto sig-nifica, según nuestros cálculos, que 120.000 familias están al borde del precipicio, de la exclusión social, o han caído en ella.

Abordar esta situación con un Plan de Empleo que respondiera a orientar, formar y sacar del desempleo a los parados de larga duración, sin cualificación, con cargas familiares y sin ningún tipo de prestación ni ayuda ha sido un objetivo central de CCOO. Se lo exigimos al Sr. González y nos respondió con un programa que apenas va a alcanzar a 4.500 personas afectadas en dos años, que tendrán una colocación por seis meses percibiendo el salario mínimo del convenio respectivo y con un porcentaje de formación. Lo hemos saludado, aunque considerado insuficiente, a la vez, que denunciábamos sindical y jurídicamente que se ha gastado el dinero de políticas activas y de parte de la formación en bonificaciones al empresariado o en aventuras como la Colaboración Social que ya hemos analizado en otros consejos. A su vez, hemos exigido la reactivación de la Renta Mínima de Inserción que, siendo la única herramienta de lucha contra la pobreza y la exclusión social en la Co-munidad de Madrid, está instalada en la “autocomplacencia”, incapaz de afrontar los retos de una sociedad cada vez más empobrecida y desigual.

El trabajo de CCOO de Madrid en la denuncia de este programa está teniendo sus frutos. De las más de 40 denuncias presentadas, los Juzgados de lo Social nos están dando la razón, considerando el despido improcedente, por estar realizando actividades propias y con carácter permanente en las corporaciones locales.

Los Puntos de Información para Personas Desempleadas están siendo un buen instru-mento para la atención y vinculación con las personas sin empleo, que el sindicato se ha marcado como prioridad. Un servicio que nos permite acompañarles en la búsqueda de empleo, de alternativas laborales y formativas y en el asesoramiento sobre el derecho a prestaciones por desempleo y sociales. Desde su puesta en marcha, más de 200 personas han sido atendidas y asesoradas.


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El acuerdo alcanzado sobre el “Programa de ayudas a Parados de larga duración con cargas familiares” con la patronal y el gobierno, aprobado por el Consejo Confederal, debe ser un buen instrumento para luchar contra esa cronificación. Supone una ayuda de 426€ durante seis meses para cerca de 450.000 parados de larga duración, más de 1 año, con cargas familiares y sin prestación. Y, además, establece los compromisos de orientación, formación y posibilidades de contratación, así como el impulso al papel de los Servicio Público de Empleo. Que esto sea así debe ser una de nuestras tareas en el ámbito regional. Y en este sentido, hemos exigido la convocatoria de la Mesa de Empleo para la aplicación del acuerdo y la ampliación del número de beneficiarios y de las cuantías en el ámbito regional, reorientando las actuales partidas que están demostrando su fracaso.

La defensa del empleo de calidad en la empresa, la negociación colectiva y la batalla contra la reforma laboral en todos los frentes: sindical, político y judicial

Con las nuevas mimbres de la contratación, el cesto de la Seguridad Social se resiente porque, a pesar de haber más contratos, son de muy mala calidad, por lo que sus aporta-ciones en cotizaciones sociales son mucho menores. Con ello han justificado el recorte en las pensiones y ya vuelven a intensificar la ofensiva permanente contra la solvencia del sistema público de pensiones los intereses de siempre.

Son los efectos de la reforma laboral que, como decíamos en el Consejo anterior, tam-bién han sido devastadores para el empleo y para los trabajadores en activo, que han empeorado de forma notable sus condiciones laborales. Desde 2008, en la Comunidad de Madrid los salarios han perdido de media un 2,5 % de su poder adquisitivo. La incidencia ha sido mucho mayor en las pequeñas empresas y en ciertos sectores como enseñanza 4,7%, sanidad 4,8%, o el sector de hostelería, con una devaluación del 9,4%. Aproximada-mente, 250.000 trabajadores están por debajo del umbral de pobreza.

Reitero en este informe datos conocidos por toda la organización porque de los mismos se derivan nuestras líneas de acción en el presente y su necesario impulso en el año próximo. Y porque han sido el origen de la gran conflictividad laboral en los sectores y en las empre-sas. La batalla por los convenios, por el empleo y por el mantenimiento de las condiciones laborales ha sido y es permanente.

Hemos protagonizado conflictos en el sector de hostelería y restauración y hoteles con un gran protagonismo de la quiebra del Grupo Arturo-Cantoblanco, presidido por el presiden-te de la CEIM. Conflictos en las empresas concesionarias de los servicios públicos, como las de limpieza, sometidas a fuertes recortes del presupuesto y ávidas de mantener el margen


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de beneficio empresarial. Conflictos en las empresas industriales por la imposición de EREs y recortes abusivos de plantilla. Y conflictos en las administraciones públicas ligados al mantenimiento de plantillas y contra las privatizaciones en los servicios públicos, tanto del Estado como regionales, y en los municipios.

Conflictos que han forzado el acuerdo en algunos casos han continuado por la vía judi-cial habiendo tenido sentencias favorables, o siguen sin cerrarse. Quiero destacar que la batalla judicial que estamos dando a la reforma laboral empieza a tener sus resultados positivos con sentencias favorables: las últimas, la anulación del ERE de Transportes Buitrago y la sentencia anulando el ERE de Coca-Cola y el más reciente auto de eje-cución de sentencia. La sentencia demostró las prácticas de esquirolaje empresarial contra el derecho de huelga y, en consecuencia, hemos interpuesto una querella contra la presidenta de Coca-Cola Iberian Partners y su consejero delegado.

Es el conflicto en Coca-Cola el crisol donde se ponen de manifiesto las prácticas más ras-treras de una gran multinacional y, a la vez, la gran lucha de los trabajadores y trabaja-doras y una notable actuación de las CCOO. Después de la movilización en la empresa, con una huelga indefinida desde finales de enero, los despidos, once meses de campamento, la concitación de todo el apoyo social -no sólo en las movilizaciones, también en el boicot al consumo- y político, con resoluciones unánimes de Parlamentos regionales y Plenos muni-cipales, la respuesta empresarial ha sido inamovible. La sentencia y auto de la Audiencia, que obliga a readmitir en su centro de trabajo de Fuenlabrada, o a abonar los salarios en sus casas mientras se resuelve en el Supremo, ha sido contestada por la empresa con el envío de cartas de readmisión en centros de la empresa fuera de Madrid y emplazando a su incorporación el 9 de enero.

Es un desprecio a la justicia española que solo pretende alargar los procedimientos con malas artes procesales. Tendrá, sin duda, la respuesta judicial que estamos exigiendo y, además, la debe tener con la movilización sindical y social. Todas las estructuras de CCOO afectadas hemos acordado convocar una Manifestación en Madrid el mismo día 9 de enero y seguir exigiendo a la empresa el cumplimiento de la sentencia y, a continuación, la apertura de un proceso de negociación. Además de los empleos, está en juego la continui-dad de la actividad en la planta de Fuenlabrada.

En salud laboral estamos asistiendo a un repunte de la siniestralidad en estos últi-mos meses De enero a octubre se han notificado 64.011 accidentes, un 2,30% más que en el mismo periodo de 2013. Pero lo más preocupante es el incremento de los accidentes graves en el puesto de trabajo, que han aumentado un 3,14%, pasando de


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191 en 2013, a 197 en lo que va de año. Hasta el momento llevamos 60 trabajadores fallecidos.

Se aprecian los recortes en prevención de riesgos y los efectos de la reforma laboral en cuanto a la contratación.

Por otro lado, ya han sido aprobadas en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid las partidas presupuestarias para el desarrollo de nuestras actividades en el Marco del IV Plan Director. Es por ello que confiamos en tener los medios necesarios (técnicos) para seguir trabajando a lo largo de 2015 en todas nuestras Federaciones y Comarcas desde los primeros meses del año, dando servicio a nuestros delegados, afiliados y a todos los trabajadores y trabajadoras de la Comunidad de Madrid.

El asesoramiento y nuestras actuaciones en salud laboral son piezas clave de la acción sin-dical. Así lo hemos comprobado en nuestra actuación en la gestión de la crisis del Ébola y nuestra capacidad de respuesta en todos los accidentes que se producen en la Comunidad, para resarcir a las víctimas, depurar responsabilidad y hacer la necesaria prevención para que no se repitan por las mismas causas.

Todos estos elementos conforman una realidad laboral a la que debemos responder. Con este objetivo se propone valorar la confluencia de conflictos en una movilización prevista en marzo en defensa de la negociación colectiva en el sector privado y en el público, del empleo, de los convenios y de los salarios, así como por el cambio de nuestro sistema productivo.

Las prioridades para 2015. Fiscalidad, salarios y renta mínima garantizada. Movilizacio-nes, ILP y exigencia a gobiernos y candidatos en año electoral

Esta realidad de paro, desigualdad, pobreza y conflicto social tiene una de sus causas en los recortes. Sus consecuencias son la destrucción del empleo público, la reducción de los salarios de los empleados públicos y de quienes trabajan en las empresas que tienen las concesiones de los servicios externalizados o privatizados, así como la reducción del gasto social, que tiene la función compensadora y reequilibradora en el reparto de la riqueza nacional.

Una expresión de la pérdida de este papel es la aparición de niveles de pobreza in-soportables, sin respuesta por parte de los poderes públicos. Por esto, a nivel estatal CCOO estamos reivindicando y proponiendo una Renta Mínima garantizada, y en el ámbito regional un Plan de Emergencia Social. No ha habido respuestas y esto nos


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va a exigir en 2015 intensificar la movilización, buscando la máxima unidad sindi-cal, social y política y dar la batalla por esta Renta Mínima estatal.

Esto va íntimamente ligado a la política fiscal que, en el apartado de presupuestos, se analizará. Un instrumento determinante para que se haya disparado la desigual-dad ha sido la eliminación de los instrumentos que hacían que -como se recoge en la Constitución española- pague más quien más tiene. Hemos pasado de impuestos de sucesiones que, por ejemplo, en EEUU en los años 50 del siglo pasado llegaron a gravar con un impuesto del 90% a las herencias, a la ausencia del mismo.

El presidente de Gobierno regional se ufana porque ha regalado 60M€ a los here-deros de la Duquesa de Alba, con una fortuna de 2.200M€. Tan sólo han tributado con 6M€. O que las grandes multinacionales como Apple, Google, etc., tributen can-tidades simbólicas, o que las grandes compañías españolas paguen la mitad que las pequeñas y sean las que más contribuyen a la elusión y el fraude fiscal. O que, sencillamente, las grandes fortunas y rentas apenas paguen porque todas las reba-jas fiscales de los gobiernos van dirigidas a que así sea. En la Comunidad de Madrid se les perdonan 600 M€, al no cobrar el Impuesto de Patrimonio. La injusticia fiscal es la fuente principal de la desigualdad en España y la justificación de todos los recortes. Cambiar la política fiscal se convierte en uno de los principales objeti-vos del movimiento sindical.

El papel de la reforma laboral ha sido determinante en el ámbito de la empresa. Su reversión sigue siendo un objetivo central del movimiento sindical y, en el plano in-mediato, corregir sus efectos: el debilitamiento de la negociación colectiva, la defensa de los convenios y, sobre todo, el recorte de los salarios. Por lo tanto, en las nego-ciaciones de los convenios, tanto en sector privado como en el área de lo Público y, especialmente, en el incremento del SMI, la batalla de los salarios debe ser otro de los objetivos durante próximo periodo.

El papel de un sindicato de clase y sociopolítico como CCOO es determinante en el reparto de la riqueza. Actuamos en la empresa disputando al capital el reparto de la riqueza que generamos con nuestro trabajo, y en la sociedad con los instrumentos del estado de Bienestar, disputando el reparto de la renta nacional. Por ello, sobre estos tres pilares, fiscalidad, salarios y Renta Mínima, el Consejo confederal ha aprobado lanzar una ofensiva de movilización y de negociación, tanto con los gobiernos como con las pa-tronales, concitando el máximo apoyo social y político. En CCOO de Madrid pondremos en marcha el plan de trabajo pertinente de forma coordinada con todas las estructuras.


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Ni planes de reactivación ni políticas de cambio del sistema productivo. Sólo anuncio de operaciones de vuelta a la especulación

Decíamos en junio que la caída de los dos proyectos, Juegos Olímpicos 2020 y Eurovegas, en los que los gobiernos regional y municipal soportaban las expectativas de crecimiento económico, no se han visto correspondidas con alternativas. Los gobiernos regional y local no tenían planes alternativos. Siguen sin tenerlos, buscan nuevos inversores para seguir apos-tando por el ladrillo: operación Canalejas, Plaza de España y, últimamente, inversiones chinas para una supuesta operación en Campamento.

Y, como la presión sobre la necesidad de un cambio de modelo productivo y la necesidad de políticas industriales no deja de crecer -gracias, entre otros, al impulso de nuestro sin-dicato- el gobierno regional ha puesto en marcha los Planes Activa Henares y Sur y una escasa dotación de 7M€ en los presupuestos. Además, la operación habitual de ingeniería contable de créditos millonarios que no son más que humo para enmascarar que la prio-ridad del Gobierno regional no son las inversiones en nuestro tejido productivo sino los regalos fiscales a su clientela.

Las propuestas sectoriales que se han elaborado y presentado en política industrial o de recuperación del sector de la construcción sobre otras bases, así como el trabajo por la Reactivación del Corredor del Henares analizados en otros consejos, ahora se están con-tinuando con Planes de Desarrollo Económico en las Comarcas, que pretenden situarnos con propuestas concretas en el debate electoral que viene. Se persigue generar actividad económica y empleo, y sentar las bases para un modelo productivo diferente y concreto en la Comunidad de Madrid. En este sentido, podemos hablar ya de un Plan para la Sierra de Guadarrama en fase de redacción final y un Plan de Desarrollo Económico para Parla terminado y presentado. En este caso, se ha realizado por su lamentable realidad econó-mica, social y política, ya que el modelo a trabajar es comarcal, no municipio a municipio. Asimismo se ha empezado a trabajar una propuesta para las Comarcas Norte y Oeste, así como el Sur, abordándose también la realidad del sureste de la ciudad de Madrid. Por otra parte, se está interviniendo en todos los foros y ámbitos de participación con el objetivo de extensión de la reivindicación y de las propuestas.

Igualmente, hay abierto un espacio de diálogo con la CEIM, con una aproximación en las propuestas, y, producto del mismo es la exigencia conjunta de sindicatos y patronal al Gobierno regional de la apertura de una Mesa de Diálogo Social para abordar el desarrollo de nuestro sistema productivo, los planes Activa y las propuesta de los agentes sociales.


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Un Diálogo social que en la Comunidad de Madrid sigue limitándose al Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales. La realidad de sus interlocutores les imposibilita para la interlocución.

El Presidente del Gobierno regional, cuestionado por su propio partido y en estado de an-siedad por la incertidumbre de su candidatura. El Presidente de la CEIM, cuestionado por todos y arrastrando a la crisis a la Patronal. Su implicación en las tarjetas negras, sumado a la crisis de su empresa, ha forzado su dimisión en diferido hasta después de haber ga-rantizado el apoyo a Rosell para la presidencia de la CEOE. Y la Unión Regional de UGT en crisis, no sólo por el cambio del Secretario General, al haber estado José Ricardo Martínez también implicado en las tarjetas negras, sino por la deuda y la limitación de recursos y competencias al territorio decididas en el último Congreso.

La lucha contra las políticas de austeridad siempre la hemos situado, además de en el plano regional y estatal, en el europeo

El cambio de Gobierno en la UE, de correlación de fuerzas con el incremento de los euroes-cépticos, y la crisis política en muchos países, con el empuje del populismo, además de los conflictos sociales están presionando para el cambio de austeridad por crecimiento. Pero no se termina de avanzar. El Plan de Inversiones de Juncker, según nuestro Secretario Ge-neral y Presidente de la CES, Ignacio Fernández Toxo, es humo, no termina de concretarse con un mínimo de credibilidad.

Y en la UE sigue la presión sindical dirigida por la CES contra los recortes y las reformas regresivas. El objetivo de la Troika es Italia y Francia, donde intentan aplicarles las mis-mas recetas que en España y los conflictos no se han hecho esperar. En octubre fue en Francia la huelga general y el 12D en Italia, con un gran seguimiento, convocada por la CGIL y la UIL contra el proyecto de Ley de Empleo (reforma laboral) de Renzi. Nos sen-timos reflejados en las palabras de Susanna Camusso, secretaria General de la CGIL: “La emergencia que tiene este país se llama trabajo. Hace falta crear políticas para que haya trabajo, pero no puede tratarse de un trabajo cualquiera, sin derechos ni profesionali-dad”. Lo mismo sucede en Bélgica, los tres sindicatos belgas han ido a la huelga general el 15D contra los recortes del gobierno social liberal, y en Grecia, donde ha tenido lugar la segunda huelga general en el año.

Desde CCOO de Madrid hemos contribuido a la acción sindical internacional impulsan-do el trabajo sindical unitario con los sindicatos de las regiones capitales de Europa. Participamos en el VI Congreso de la UIL di Roma e del Lazio, celebrado en Roma del


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2 al 4 de julio, y en la mesa redonda que, en el marco del congreso, abordó la temática europea. En la misma participaron también representantes de la DGB, la CFDT, la EKA y de la CES, para tratar la situación económica y social en las diferentes regiones capitales y el necesario cambio en las políticas nacionales y europeas. También la CGT Paris Ille de France nos invitó a su Conferencia regional, que tuvo lugar en octubre, donde pudi-mos, una vez más, estrechar lazos e intercambiar impresiones con sindicalistas de otras regiones capitales de Europa.

En septiembre participamos en Vilnius en la XIV Conferencia de la ECTUN (European Capitals Trade Unions Network, Red de Sindicatos de las Capitales Europeas) en la que, además de cuestiones organizativas de la propia conferencia, se acordaron los temas de interés para el debate futuro. Los veinticuatro sindicatos participantes en esta ocasión se comprometieron a reforzar la red y mejorar la coordinación para promover la solidaridad entre los trabajadores y trabajadoras de las regiones capitales de Europa. De la conferencia salieron líneas y propues-tas de trabajo que se irán desarrollando en los próximos años, tanto por la red al completo como por algunos de los integrantes de la misma.

Se ha participado en Ginebra en la Conferencia Internacional Beijing+20 y en los seminarios sobre liderazgo de las mujeres en Londres, Roma y Madrid, así como el módulo impartido en la Universidad Rey Juan Carlos, que ha sido solicitado también por la UNI Global Union, confederación que agrupa a más de 960 sindicatos de los cinco continentes y del que forma parte CCOO, desde varias federaciones.

En el mes de octubre participamos en la convocatoria en Madrid de la manifestación contra el TTIP (Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión), un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea cuyas negociaciones se han carac-terizado por la falta de transparencia e información a la ciudadanía y sus organizaciones. El sindicalismo europeo y el estadounidense han reclamado la transparencia en las negocia-ciones y la priorización del interés público sobre los intereses de los inversores privados. Desde la Confederación se ha reclamado, también, la paralización de las negociaciones y la apertura de un proceso de participación por el impacto que la liberalización y la desregu-lación contempladas por el Tratado pueden tener sobre los derechos sociales y laborales, sobre el empleo y los servicios públicos. Deberemos seguir participando y promoviendo acciones contra las propuestas regresivas de este acuerdo pero siendo conscientes de la dificultad de movilizar sobre este asunto que se sigue viendo como muy lejano en la sociedad española.


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Las consecuencias de la desigualdad: la violencia de género, el refuerzo de la cultura machista, misógina y homófoba, la ley del aborto o la reforma educativa

Amparados en la crisis, los gobiernos actuales aplican recortes brutales y reformas salvajes, como la laboral, que están abriendo nuevos espacios a la discriminación, a la desigualdad y a la homofobia; que están haciendo la vida más difícil y más desgraciada a las personas.

Se ha demostrado la fortaleza del movimiento organizado de mujeres, del que forman parte las mujeres de CCOO y que ha sido apoyado por toda la organización, con las movilizaciones contra el proyecto de ley de interrupción del embarazo, impulsado por el gobierno del Partido Popular. Su pretensión de ejercer una enorme violencia sobre las mujeres, impidiendo que ejercieran su derecho a decidir sobre si ser madres o no, se ha transformado en una derrota del Proyecto de ley y en la dimisión del Ministro Gallardón. Para ello ha hecho falta un ex-traordinario proceso de movilización, solidaridad y sensibilización social, tanto en la esfera nacional como la internacional. Como el que tenemos que seguir realizando para acabar con la brecha salarial. En este sentido, la Confederación está iniciando una campaña que se debe-rá concretar en nuestra Comunidad.

El 25 de noviembre nos hemos movilizado contra la violencia de género. La dimensión de ésta sigue creciendo, en una sociedad que no es capaz de atajarla, regida por gobiernos cuyas políticas siguen considerando a las mujeres como ciudadanas de segunda, a veces de forma intencionada y otras inconsciente, pero siempre sin calibrar las consecuencias de no destinar suficientes medios humanos y económicos a su erradicación.

Es cierto que la sensibilización social va aumentando, pero de forma muy lenta, y en estos momentos constatamos un parámetro muy preocupante. Se trata del aumento de la vio-lencia de género en la adolescencia, tanto en chicos que la ejercen como en chicas que la sufren. Muchas veces confundiendo los roles machistas con el amor, que se disfraza de celos, control de móviles, vestimenta, amistades, e incluso con violencia física.

En este año van 56 mujeres asesinadas y esta sociedad tiene que reaccionar. Y la reacción más necesaria es la protección y la atención a las mujeres víctimas, así como el trabajo de sensibilización y de transformación de la cultura machista que los provoca. Hemos impulsado la acción sindical en este campo con la formación a nuestros representantes sindicales y la publicación de guías para la atención en la empresa. Hemos exigido al Gobierno un cambio radical en las partidas presupuestarias y en las políticas educativas. Reivindicamos la inten-sificación de la coeducación y la enseñanza en valores, que están siendo desmontadas con la LOMCE, así como la puesta en marcha de un programa específico para adolescentes.


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CCOO está comprometida contra la discriminación de las personas LGTB en el ámbito laboral. Y en el reconocimiento legal y su libre ejercicio, sin cortapisas ni barreras, de sus derechos civiles, de la igualdad efectiva en el empleo y en la sociedad, y vamos a intensi-ficar este compromiso.

Hemos participado, como todos los años, en la Manifestación del Orgullo en julio, y hemos firmado un convenio con la Fundación Triángulo que nos hará ser más efectivos en nuestra lucha por la igualdad. En el mismo nos comprometemos a contribuir a esa igualdad efec-tiva que todavía no se ha alcanzado, a trabajar por aulas libres de lgtbfobia en el ámbito educativo y en la prevención del VIH y la garantía de acceso universal a la Sanidad pública. Al reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual e identidad de género en las relaciones laborales y en la negociación colectiva de los convenios y de los acuerdos de empresa. También a la sensibilización y formación como herramienta contra el rechazo de la socie-dad. Y en el trabajo en la política cultural, una de sus manifestaciones fue el acuerdo de convertir el Auditorio Marcelino Camacho en la sede oficial del festival de cine gay, lésbico y trans (LESGAI CINEMAD) que se celebró en noviembre.

La crisis política. La corrupción y el cuestionamiento de las instituciones. El agotamiento de las políticas ultraliberales y del modelo económico, social y político en el que se sus-tentan. El cambio político anunciado

Valorábamos en el Consejo de junio la crisis institucional y la evolución política con el desgaste de los partidos tradicionales y la emergencia de otros nuevos, como Podemos, ya consolidado, según las encuestas. Nuevos escándalos se han producido, quizás el más emblemático sea la operación “Púnica”, que ha destapado una trama de corrupción entre empresarios y respon-sables políticos de ayuntamientos y de la propia administración regional de la Comunidad de Madrid. Esta operación se suma a otras ya denunciadas como “la Gürtel”, consecuencia de la for-ma de entender la política de los sistemas ultraliberales, impulsados, entre otros, por Esperanza Aguirre cuando llegó al Gobierno regional, basada en el enriquecimiento individual y rápido, aún a costa de prácticas ilícitas y corruptas.

Una vez pinchada la burbuja inmobiliaria, algunos empresarios entendieron que el filón del enriquecimiento rápido estaba en los servicios, obras e inversiones públicas. Sin duda, una gran responsabilidad del éxito de estas tramas de corrupción, que han parasitado las Administraciones públicas, la tienen los sucesivos Gobiernos regionales del Partido Po-pular en Madrid, que no solo han vilipendiado y desacreditado a organizaciones sociales, políticas y sindicales que denunciamos estas prácticas, sino que han laminado los órganos


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de participación y control institucionales, por ejemplo el Consejo Económico Social, donde se denunciaban.

Es necesario resaltar que los seis alcaldes detenidos dirigían algunos de los ayuntamientos con más dificultades económicas de España. En concreto, Valdemoro, Parla, Casarrubuelos, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle aparecen en el listado del Ministerio de Hacien-da y Administraciones Públicas por incumplir en el año 2013 los objetivos de estabilidad presupuestaria exigidos. Y el supuesto jefe de la trama resultó ser el Secretario General del PP regional en el tiempo en que ocurrieron los hechos delictivos. El fuerte impacto que la crisis ha tenido en las condiciones de vida de los vecinos y vecinas de las ciudades citadas supone un agravante moral sobre el comportamiento imputado a los detenidos.

Ante esta realidad tenemos que afirmar que existe una relación directa entre la situación de crisis y deuda en las Administraciones públicas y la opacidad interesada de los pro-cesos de privatización y/o externalización de servicios y la corrupción. Frente a quienes puedan aprovechar para arremeter contra la utilidad de la democracia en las instituciones públicas, y más concretamente en los Ayuntamientos, afirmamos que el fracaso ha sido del modelo neoliberal y no del carácter intrínsecamente corrupto de las corporaciones locales.

Una vez más, los grandes perjudicados son los ciudadanos y las ciudadanas, que sufren los recortes en servicios públicos esenciales, mientras los corruptos se llevan el dinero público a manos llenas, y los trabajadores y las trabajadoras del sector público, que han perdido casi un 25 por ciento de poder adquisitivo desde 2010 y donde, solo en la Comunidad de Madrid, se han destruido más de 30.000 puestos de trabajo desde el inicio de la crisis.

CCOO de Madrid ha exigido responsabilidades al PP y la dimisión de su presidenta, Esperanza Aguirre. Ha instado a la Justicia para que actúe con la máxima rapidez y contundencia para erra-dicar la corrupción de la política madrileña, y a los responsables políticos para que asuman sus responsabilidades y tomen decisiones contundentes para erradicar la corrupción de la política como único camino para que la ciudadanía, hastiada de la actual situación, vuelva a confiar en sus representantes en las instituciones públicas.

La “Ley Mordaza” entra en el Senado sin enmiendas y con un total rechazo político, social y sindical

El Gobierno central, con la aprobación de la Ley Orgánica de protección de la Seguridad Ciudadana, ha propiciado un nuevo recorte, en este caso de derechos y libertades. La llama-da “Ley Mordaza” es un nuevo intento de limitar los derechos de reunión y manifestación, de libertad sindical, de huelga e incluso de expresión.


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La conocida como Ley Mordaza limita el ejercicio del derecho a la huelga, incluso las re-uniones de carácter sindical que se pudieran celebrar en instalaciones relacionadas con la energía, comunicación, suministros, telecomunicaciones, etc., calificándolas como in-fracciones muy graves con sanciones de entre 30.001 y 600.000 euros. Será sancionable, con multas de entre 601 y 30.001 euros, la mera intrusión en este tipo de instalaciones, aunque no afecten a su funcionamiento, lo que posibilitará que se sancione el acceso de representantes sindicales o la permanencia de trabajadores huelguistas en el propio centro de trabajo.

Se configuran como sancionables la perturbación de la tranquilidad ciudadana, las concen-traciones de trabajadores que pudieran realizarse en la vía pública, incluso en las inmedia-ciones de las empresa. Las “ocupaciones” de cualquier inmueble en contra de la voluntad de su propietario se convierten en una cuestión de orden público, y por tanto sancionable, aunque sea utilizada como expresión de los conflictos laborales. También será utilizado para sancionar a quienes se opongan a los desahucios.

En este afán del Gobierno de limitar las movilizaciones y las protestas se introducen sancio-nes por cualquier acto de obstrucción en el desarrollo de las funciones de cualquier emplea-do público, lo que incluye el trabajo informativo de los piquetes para trasladarles los obje-tivos y reivindicaciones de la huelga. También será sancionable el deslucimiento de bienes, como sanción administrativa de hasta 600 euros, lo que incluye la colocación de una mera pegatina, aunque no haya denuncia del propietario.

Supone una nueva agresión del Gobierno contra los inmigrantes al capacitar a las fuerzas de seguridad para rechazarlos cuando salten las vallas de Ceuta y Melilla, es decir, la norma legalizará las “devoluciones en caliente”, algo expresamente prohibido hasta la fecha, que incluso entra en contradicción con el derecho comunitario.

Una Ley pensada para, en un contexto de crisis económica, de injusticias sociales, incre-mento de la pobreza y una tasa de desempleo inasumible, reprimir y amordazar las pro-testas ciudadanas, para criminalizar el derecho de huelga y recortar la libertad sindical. En definitiva, una Ley contra la ciudadanía, contra sus derechos y libertades.

Además, atenta contra la libertad de expresión, al prohibir grabar actuaciones de las Fuer-zas y cuerpos de Seguridad y compartirlas en las redes sociales. Esto es, se reprime pero en silencio y en la absoluta impunidad.

El Partido Popular la aprobó, en solitario, en el Congreso de los Diputados y, si en el Se-nado no hay enmiendas, entrará en vigor. Desde CCOO seguiremos denunciando al PP por


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incumplir el compromiso de enmendarla y emplazaremos al resto de grupos parlamentarios a modificarla o derogarla en la próxima legislatura, en caso de conseguirse una nueva mayoría.

El movimiento sindical ante el cambio. El programa sindical

El próximo año es año electoral, con elecciones municipales y autonómicas en mayo, y generales en noviembre. Hemos comprometido con UGT la elaboración de un programa sindical que sirva para emplazar a las candidaturas que se presenten a comprometerse con el cambio de políticas que exige el movimiento sindical. Estamos ante un escenario muy dinámico, cambiante y de una gran incertidumbre sobre el futuro gobierno de la región y los municipios.

La defensa del modelo social. Contra las políticas de austeridad y los recortes y privati-zaciones de los servicios públicos

El conflicto en educación ha seguido contra los recortes y la aplicación LOMCE

El inicio del curso educativo ha vuelto a ser caótico, como consecuencia de los recortes y de la improvisación permanente de la Consejería de Educación. A ello hay que añadir la aplicación de la LOMCE que se pone en marcha este curso en los cursos impares de prima-ria y en la FP Básica, conviviendo en los centros con la anterior normativa y sin disponibili-dad de recursos extra para hacer la adaptación. Para denunciarlo se convocaron dos nuevas manifestaciones, una el 23 de octubre, que tuvo sus réplicas en todo el Estado, y otra el 20 de noviembre, esta última acompañando los paros convocados por nuestra Federación de Enseñanza en los centros educativos de la región.

Estos recortes han repercutido, también, en la oferta educativa, con la supresión de aulas y grupos, como ocurrió en el centro educativo Arcipreste de Hita de Fuenlabrada, que motivó más de cuatro meses de encierro y otro tipo de movilizaciones que contaron, todas ellas, con el apoyo de CCOO.

A finales de septiembre, coincidiendo con la Noche de los Investigadores, nos movilizamos por la ciencia junto a la comunidad científica, la marea roja, estudiantes y trabajadores del sector y el 17 de octubre nos concentramos junto al colectivo Carta por la Ciencia recla-mando, en ambos casos, una apuesta real por la I+D+i.

Los centros de investigación (ubicados muchos de ellos en Madrid), y las universidades públicas están sufriendo las consecuencias de las políticas de recorte y las restricciones presupuestarias, lo que se traduce en abandono de líneas de investigación, el desmantela-


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miento de centros y, fundamentalmente, pérdida de empleo y condiciones laborales. Hace meses fue el CNIO (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas) el que se enfrentó a un ERE y ahora es en el CSIC, donde miles de trabajadores temporales corren el riesgo de quedar en el paro como consecuencia de la reforma de la bolsa de empleo. Con estos cambios el organismo pretende eludir la legislación, al evitar la aplicación del artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, expulsando de la bolsa a quienes hayan encadenado contratos hasta el límite que permite la ley.

En vez de apostar por la estabilidad en el empleo se apuesta por más temporalidad y pre-cariedad. Con este panorama, son miles los científicos jóvenes que están emigrando, lo que supone una pérdida de talento y de oportunidades para la región.

En sanidad, continuidad de las manifestaciones de la Marea Blanca y emergencia sani-taria por el virus del Ébola.

Hemos continuado la movilización contra las privatizaciones, ahora con la fórmula de las derivaciones de pacientes al sector privado y reivindicando más empleo público y la esta-bilización del eventual existente. Continúa con la Marea Blanca los terceros domingos de cada mes, a pesar de la menor participación.

Pero, sin duda, el hecho sobresaliente en este periodo ha sido la emergencia sanitaria provocada por el contagio del virus del Ébola. En la misma se han puesto al descubierto los efectos perversos de los recortes, las privatizaciones y la incapacidad de los respon-sables sanitarios del Ministerio y de la Consejería.

Los primeros, con el desmantelamiento iniciado del hospital Carlos III. Deprisa y co-rriendo se tuvo que volver a montar. Los segundos, porque la subcontratación se ha demostrado un desastre cuando se trata de un servicio en el que está la vida en juego. Múltiples sectores y empresas afectadas y la descoordinación, el desconocimiento de protocolos, la falta de formación como norma. Y todo ello con la vida de los trabajadores y de la ciudadanía en juego.

Y, la tercera evidencia, la improvisación y la irresponsabilidad de los gobernantes que no tomaron las medidas de prevención necesarias, a pesar de que los Comités de Salud La-boral venían exigiendo desde meses, antes de la llegada del primer infectado, medidas de información y formación y la participación de los Comités de Salud Laboral. Una cadena de despropósitos y errores, a pesar de que el virus es uno de los agentes biológicos más mortíferos, nivel 4.


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Ante esta situación, constituimos una comisión de crisis con los responsables de Salud Laboral de todas las federaciones afectadas, denunciamos públicamente la gravedad de la situación, exigimos la dimisión de la Ministra y el Consejero y reclamamos un nuevo equipo en el Estado con profesionales sanitarios solventes para hacer frente a la crisis y terminar con la alarma y el temor de la ciudadanía y de los trabajadores afectados. Exigimos que se estableciera una coordinación empresarial para abordar y hacer más efectiva la preven-ción, tal como prevé el art. 24 de la Ley de Prevención. Se ha avanzado, pero hoy todavía no está completado. Reclamamos la actuación de control de la Inspección de Trabajo.

Pusimos en marcha la coordinación de los Delegados de Prevención de CCOO en todos los sectores y empresas, con los del resto de sindicatos y, para facilitar el trabajo, elaboramos y distribuimos unos CRITERIOS DE ACTUACIÓN para delegados y delegadas. Impulsamos también la convocatoria de los Comités de Seguridad y Salud Laboral de todas las empre-sas afectadas, como marca la ley.

Se había incumplido la Ley 31 de 1995 y atentado contra los derechos de los trabajadores recogidos en el Real Decreto 664/1997. Por ello, exigimos a la Fiscalía de Siniestralidad que investigase los hechos, ya que se había expuesto a los trabajadores a un riesgo, como señala la Ley de Prevención y, además, había daño en el caso de la compañera Teresa Romero.

Se ha superado esta crisis con éxito, gracias a los trabajadores y trabajadoras del sector sanitario y otros sectores afectados, a los que este Consejo debe felicitar, así como a las compañeras y compañeros responsables de Salud Laboral de CCOO de las federaciones y empresas implicadas. Y saludar la dimisión de la Ministra y el cese del Consejero. La próxima crisis encontrará a esta región con casi todos los deberes hechos o en vías de hacerse.

Seguimos exigiendo al Gobierno una rectificación, restaurando e incrementando la capacidad del hospital Carlos III para enfermedades infecciosas de máximo riesgo, como el Ébola. Según datos de su evolución en África, aunque están vergonzosamente silenciados, la crisis no está resuelta. Hemos arreglado nuestro problema, pero se está mirando para otro lado. Y cabe seguir reclamando una acción potente de solidaridad y cooperación, a pesar de que ni los gobiernos nacional ni regional la están implementando, a tenor de las ridículas cifras del presupuesto.

Conflictos generalizados en los servicios públicos por el empleo y contra las privatizaciones

Hemos participado en movilizaciones contra los recortes en los servicios sociales en el ámbito laboral y en la sociedad en alianza con las organizaciones sociales en la Marea naranja. En la defensa de la justicia contra las tasas, la privatización de los registros y el recorte en los juzgados


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de paz, que continuaremos con la colaboración en la recogida de firmas de la ILP. En apoyo de las movilizaciones de Correos contra la privatización del servicio y la defensa de las condiciones laborales. Y, de igual forma, con los compañeros y compañeras de prisiones o de la Casa de la Moneda, donde también llegan los intentos de privatización. Igualmente con Telemadrid y TVE.

Se ha apoyado la campaña en defensa de los servicios públicos: “Lo público es tuyo, sálvalo”. Se celebró la Asamblea estatal de la Función Pública y la concentración ante el Parlamento, con una fuerte participación de toda la organización madrileña, y se han realizado actos en las comarcas de difusión de esta campaña y de defensa de los servi-cios públicos madrileños.

Han continuado conflictos como el de Alcorcón y los ligados a los recortes en los servicios externalizados. Un caso especial es la situación de la Limpieza Viaria y Jardinería de la ciudad de Madrid. Después del conflicto de hace un año, que salvó los puestos de trabajo, la aplicación del ERTE ha llevado al servicio a una situación insostenible, pérdidas salariales de quienes trabajan y una reducción de horas efectivas equivalentes a 2.600 puestos de trabajo. La consecuencia ha sido una ciudad más sucia que nunca y la tragedia de la caída de ramas y árboles por el recorte en la plantilla encargada de ello. Ante esta realidad, hemos exigido el fin del ERTE y la intervención del Gobierno local para garantizar que se cumplen las condiciones de la concesión y, en caso contrario, denunciar el contrato. Igualmente, hemos reivindicado la remunicipalización de los servicios municipales, man-teniendo el empleo y los derechos de quienes trabajan. Nuevamente nos encontramos con otro conflicto similar en la jardinería de Madrid-Río.

Surge una necesidad de actuación inmediata sobre los Pliegos de condiciones en todas las Administraciones, porque el modelo de subastas impuesto está siendo una bomba de relojería que explota sobre la calidad de los servicios y sobre el empleo y las condiciones salariales y laborales de quienes trabajan en ellos. Con este fin, emplazaremos al Gobierno regional, a la Federación Madrileña de Municipios y a los Ayuntamientos a reunirse para tratar esta cuestión.

Es preciso seguir impulsando y apoyando a los trabajadores y trabajadoras de las empresas y sectores afectados y, al mismo tiempo, reforzar la campaña de “Lo público,” en un contexto sociopolítico y de cambio tan sensible.

Y una de las batallas más fuerte contra la privatización debe ser la del agua. Contra la propuesta presupuestaria de sacar a Bolsa el Canal de Isabel II y la exigencia del carácter público y de la mejora de la calidad de todo el ciclo integral del agua.


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29N. La participación ha sido positiva, mucho más dudosa su incidencia. El sectarismo de los convocantes impide la unidad

El 29 de noviembre convocamos y participamos en las Marchas de la Dignidad. En esta ocasión, eran descentralizadas en los ámbitos autonómicos. Con este motivo, las Con-federaciones de CCOO y UGT convocaron manifestaciones y las vincularon a la máxima confluencia social en cada sitio. Esto permitió que en cada territorio se adoptaran las fórmulas que fueran posibles.

Y esto era así porque nos enfrentábamos a unos convocantes que, al mismo tiempo que nos recriminaban que no convocásemos, como ocurrió el 22M, nos denunciaban por in-tentar instrumentalizar las marchas si convocábamos. Con mayor o menor virulencia nos intentaban expulsar cuando aparecíamos como organización. Hemos hecho todos los es-fuerzos inimaginables, tanto CCOO como otras organizaciones sociales, como las de la Cumbre Social, o políticas, como IU, para acordar los términos de las movilizaciones. Todo ha sido infructuoso. La realidad es la que nos hemos encontrado en Madrid, donde los poseedores de la convocatoria han hecho imposible la confluencia y han demostrado que algunas convocatorias están dominadas por opciones sindicales minoritarias y exafiliados resentidos con nuestra organización. En definitiva, para algunos, el argumento de la con-vergencia social es mero discurso, en un contexto de clara inmadurez demostrada.

A pesar de ello, pusimos la proa con toda firmeza hacia el 29-M por la Dignidad y los De-rechos, llamamos a la asistencia a las marchas y a la manifestación unitariamente con UGT y la Cumbre Social, con identidad propia, hicimos campaña pública y defendimos nuestra posición pública en la sociedad y en la movilización. Lo positivo de las marchas fue lo que arrastró CCOO. Lo mismo sucedió con la manifestación, que tuvo una buena asistencia, salvando con ello los malos resultados cosechados en todo el Estado.

En esta ocasión no hemos tenido la exuberante campaña mediática de marzo sino el nin-guneo más miserable. Tampoco la participación de las formaciones políticas, celosas unas de manchar sus expectativas electorales, o en sus batallas internas otras. Por todo ello, los resultados en cuanto a participación han sido positivos, pero mucho más dudosos en cuanto a incidencia social y política en el contexto actual.

En el próximo periodo deberemos seguir participando en las convocatorias sociales, ana-lizando el carácter y la viabilidad de cada una, sin olvidar a qué intereses responde en un año de elecciones sindicales y políticas. Y reforzar el perfil propio, con las múltiples inicia-tivas propuestas en este informe.


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Se frenan los recortes en los Presupuestos de 2015, pero se consolidan los aplicados al empleo y los servicios públicos. Nuevos regalos fiscales a las rentas altas

Los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2015 están dotados con 17.409 mi-llones de euros, lo que supone un incremento del 1,93% respecto a 2014. Por tanto, serán unos presupuestos que en ningún caso aportan recursos para acabar con la des-igualdad, el desempleo y el empobrecimiento general que han sufrido los madrileños y las madrileñas durante esta legislatura. Este Presupuesto todavía es inferior en 220 M€ al del ejercicio 2008.

Son los primeros presupuestos que se elaboran tras la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y el Gobierno regional la ha aprovechado para hacer unos presupuestos más confusos y en los que ha desaparecido toda referencia a objetivos, indicadores, etc., limitándose en las memorias de las consejerías a la aportación de datos meramente informativos.

No hay dinero para las personas, pero el Gobierno sigue incidiendo año tras año en la apli-cación de políticas fiscales injustas que benefician a las 330.000 personas con más renta y patrimonio, en torno al 10% de los contribuyentes de la Comunidad de Madrid. En 2015 continúa la consolidación de las rebajas fiscales iniciadas en el año 2003 y que, según los da-tos de la propia Consejería de Economía y Hacienda, en estos últimos 12 años alcanzarían ya la cifra de 30.000 millones de euros. En el año 2015, el Gobierno regional estima que dejará de ingresar 2.547 millones de euros, imprescindibles, en nuestra opinión, para afrontar las consecuencias de la crisis a través de políticas que impulsen la dinamización de la economía productiva, reactiven el consumo y garanticen los servicios públicos básicos.

Los ingresos no financieros estimados para el año 2015 alcanzan los 16.040 millones de euros, lo que supone un aumento del 5,8%, 886 millones de euros sobre el año 2014, que compensan, en parte, la caída de ese año sobre el 2013, correspondiente a 604 millones de euros. El aumento se debe principalmente a las transferencias estatales de IRPF e IVA, que mejoran en 468 millones de euros, pese a las liquidaciones negativas del año 2013, y otros 420 millones de euros de mejora en Impuestos Propios como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados o el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Se confía, de nuevo, en una recuperación del mercado inmobiliario, estimando, de forma escasamente realista: un incremento de 300 millones de euros, un 43%, en la recaudación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que grava sobre todo la compra y venta de vivienda de segunda mano.


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El Gobierno vuelve a apostar, como en los años 2013 y 2014, por la venta de patrimonio y activos públicos, en esta ocasión 684 millones de euros, aunque, como en años anteriores, una vez liquidado el presupuesto, esta estimación no se cumplirá, ni de lejos, por la coyun-tura del sector inmobiliario.

Por último, y siguiendo esta política de despatrimonialización de los activos públicos, se anuncia un nuevo intento de privatizar el Canal de Isabel II a través de la emisión de bonos, para conseguir ingresos a través de su venta al sector privado.

En el presupuesto de gasto no financiero del año 2015 se contempla un incremento en relación a 2014 en las consejerías más ligadas a los servicios públicos básicos: Sanidad un 4,4 por ciento, Educación un 2,6, por ciento Servicios Sociales un 6 por ciento y Trans-portes un 2,2 por ciento. No obstante, conviene recordar que estos incrementos se realizan después de una legislatura donde los recortes han sido constantes y, por tanto, las cifras presupuestadas para cada una de las Consejerías aún quedan lejos de los presupuestos de los años 2009 y 2010.

El presupuesto sanitario aumenta en un 4,4 por ciento, es decir 308 millones de euros, hasta los 7.292 millones de euros, el mayor de la historia. Pero es un aumento ficticio puesto que la Consejería de Sanidad ha tenido que volver a presupuestar los seis hos-pitales que pretendía privatizar y que, parcialmente, excluyó del pasado presupuesto.

El resto del aumento presupuestario se destina a engordar a IDC, puesta en funcionamien-to del hospital de Collado Villalba, incremento de 50 millones de euros, y 102,5 millones de euros para la Fundación Jiménez Díaz, 52,85 por ciento sobre el año 2014, sin que se justifique el motivo de este elevadísimo crecimiento. En resumen, dinero para IDC, conge-lación para los centros públicos.

El gasto farmacéutico sube un 8,9 por ciento, pasando de 949 a 1.033 millones de euros, pese al “repago” farmacéutico impuesto por el Gobierno central. En el apartado de inversio-nes, por segundo año consecutivo se anuncia la apertura de los Centros de Salud de Arro-yomolinos y Alpedrete. Esperemos que, siendo 2015 un año electoral, por fin se produzca la apertura de ambos centros.

La Consejería de Educación, Juventud y Deporte incrementa su presupuesto en un 2,6 por ciento es decir, 111,5 millones de euros, quedando fijado en 4.338, millones. Como sucede con el resto de consejerías, el Gobierno regional apuesta nítidamente por po-tenciar el sector privado. Así, a la escuela privada/concentrada se destinarán 1.010,11 millones de euros, lo que supone un incremento del 14,33 por ciento respecto al 2013,


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mientras que el presupuesto para la escuela pública pasará de 1.570 millones de euros a 1.710 millones, lo que supone un incremento del 8,9 por ciento. Como agravante tenemos que señalar que la escuela pública tiene 100.000 alumnos/as más que la concentrada.

Por otra parte, no varían, por tercer año consecutivo, los importes de 25 millones de euros para la educación compensatoria y de ayuda a la integración, cuyo objetivo es favorecer la inclusión de los alumnos con mayores necesidades socioeconómicas en el proceso educa-tivo, consolidándose, por tanto, la caída de alumnos atendidos en estos servicios desde el año 2012, que estimamos en 3.000 entre Primaria y Secundaria.

El presupuesto de Universidades aumenta 15,4 millones de euros, en su mayoría para hacer frente al cuarto de paga extraordinaria. No compensan los 43,6 millones de euros recortados en el año 2014 sobre el año 2013, mientras se consolida el incremento de tasas universitarias, que han aumentado un 68 por ciento desde el año 2012.

En resumen, se consolidan los recortes en la Escuela Pública, a favor de los centros concer-tados, se consolida el incremento de las tasas a la enseñanza no obligatoria (Educación 0-3 años, FP superior y Universidad) y, aunque se aumentan levemente las becas, no se alcan-zan los niveles anteriores a la crisis. Con esta política educativa se incide en la dificultad de acceso de la población con menos recursos, aumentando con ello la exclusión social e impidiendo el derecho a la igualdad de oportunidades.

El Gobierno regional destinará 1.384,5 millones de euros a la Consejería de Asuntos So-ciales, un aumento del 6%, es decir, 81 millones de euros más que en 2014. Por primera vez durante la crisis se supera el que hasta ahora había sido el presupuesto más alto en Servicios Sociales, el del año 2012, con 1.352 millones de euros.

Una vez más, el mayor incremento presupuestario se produce en las partidas relacionadas con la prestación de servicios con medios ajenos.

El incremento de los fondos dedicados a la lucha contra la exclusión social, 9 millones de euros, es decir, un 10 por ciento más hasta alcanzar los 93,7 millones, de nuevo nos parecen absolutamente insuficientes, para atender las necesidades crecientes de la población ma-drileña. Con esta financiación se pretende alcanzar a 23.000 familias, objetivo en sí mismo escandaloso, cuando las familias en clara emergencia social se sitúan en las 120.000, como se ha comentado anteriormente.

La partida de Coordinación de la Dependencia alcanza los 255 millones de euros, un aumento de 40 millones de euros, de los cuales 1 millón de euros más hasta los 98,5


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millones de euros son para las Corporaciones locales, destinados al sostenimiento de la Red Básica de Servicios Sociales de Atención Primaria y no específicamente para la atención a la dependencia, y 39 millones de euros más hasta los 122,5 millones de euros, son para prestaciones económicas en el ámbito familiar (cuidados en el entorno y cheques servicio). Esta “inyección” económica en este tipo de prestaciones pone de relieve cuál es el modelo por el que apuesta este Gobierno regional. Por otra parte, en 2015 se dará por finalizado el calendario de implantación de la Ley de Dependencia, con la incorporación de las personas dependientes con grado I. Este hecho sitúa al Gobierno del PP ante un desafío difícil de materializar con el presupuesto destinado, tan insufi-ciente para dar cobertura a las más de 40.000 personas que, con derecho reconocido, deberán incorporarse al Sistema.

Aproximadamente, el 50 por ciento de las personas son actualmente atendidas, tras 8 años de desarrollo de la Ley.

Tenemos que resaltar, de nuevo, el preocupante tratamiento a la inmigración en este pre-supuesto. El programa, teóricamente, se incrementa un 10 por ciento, 500.000 euros, res-pecto al presupuesto previsto del 2014. Pero si consideramos la evolución desde 2012, el recorte es dramático, alcanzado el 64,5 por ciento durante esta legislatura.

Lo que fue una política “estrella” para el PP adjudicándole, incluso, Consejería propia, es hoy un espacio residual que demuestra la instrumentalización política y partidista de la realidad migratoria por parte del Gobierno regional. Este golpe a las políticas de inte-gración agrava el fenómeno de la invisibilización de la población inmigrante, con graves consecuencias para la normalización de la convivencia.

En este ejercicio, después de años de recortes, el presupuesto previsto para las acciones contra la violencia de género y para las políticas de Igualdad de Oportunidades se con-gela en los 21,5 millones de euros. Con esta congelación, la disminución de los últimos seis años sería de más del 60 por ciento.

Una vez más, desde CCOO Madrid afirmamos que con estos presupuestos será imposible poner en marcha políticas para la prevención de la violencia de género, tanto en materia de coeducación, sensibilización, mejora en la asistencia jurídica, etc., imposibilitando, además, la participación de los agentes sociales en esta materia.

Es impresentable e inaceptable socialmente la nula sensibilidad del Gobierno regional en esta materia, mientras las cifras de asesinatos de mujeres y denuncias por violencia de género continúan aumentado en nuestra Región.


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Definitivamente, para el Gobierno regional han dejado de existir las políticas de cooperación al desarrollo y a la ayuda humanitaria. Se destina realmente a la política de cooperación al desa-rrollo y ayuda humanitaria apenas un 0,002 por ciento del Presupuesto.

El presupuesto de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura aumenta en relación al año 2013 en 49 millones de euros, alcanzando los 437 millones de euros. El turismo ve incrementado su presupuesto en 4,2 millones de euros, hasta los 13 millones de euros, algo que veníamos reclamando desde CCOO de Madrid, al considerarlo un eje esencial para la recuperación econó-mica de la Región. Aún así, creemos necesario continuar apostando por el sector a través de la colaboración de las diferentes Administraciones públicas.

El presupuesto para formación para el empleo e inserción laboral experimenta un incre-mento de 2 millones de euros, hasta los 216,3 millones de euros, todavía muy lejos de los 445 millones de euros presupuestados en 2012, absolutamente insuficientes con las cifras de desempleo existentes. Según la EPA del tercer trimestre de 2014, las personas desempleadas de la Región alcanzan las 583.600 y el desempleo contabilizado aumenta en 5.107 personas en octubre de 2014. Especial significación en cuanto a la reducción del presupuesto son las partidas destinadas a la formación: 11 millones de euros menos que el año anterior.

Los Presupuestos de 2015, un año más, incrementan las transferencias de partidas de las accio-nes de políticas de empleo y formación destinadas a los trabajadores y trabajadoras hacia los empresarios. Debemos incidir en que CCOO de Madrid, pese a las declaraciones oportunistas del Presidente regional, no ha acordado ningún plan de empleo con el Gobierno regional.

A pesar de que el presupuesto para transporte y vivienda crece un 2,2 por ciento, es decir 30 millones de euros, hasta alcanzar los 1.440 millones de euros, la aportación al Consor-cio Regional de Transporte se mantiene en niveles del año 2014: 878,79 millones de euros. Recordemos que en ese ejercicio descendió un 12 por ciento, sobre 2013, manteniendo la tendencia de años anteriores.

En el ámbito de la movilidad, nos encontramos con unos presupuestos regionales conge-lados, tanto en tarifas como en inversiones, lo que entendemos que viene a consolidar los recortes incorporados al presupuesto en años anteriores. Los riesgos y problemas del sis-tema público de transporte siguen siendo los mismos que en años anteriores: un deterioro que sumado a la coyuntura económica hace disminuir el número de viajeros y con esto los ingresos por tarifas. Un descenso en los ingresos que es posteriormente utilizado para acometer recortes que profundizan en el deterioro, y vuelta a empezar en lo que llamamos “el círculo vicioso del transporte público en la Comunidad de Madrid”.


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Para la ampliación, renovación y mantenimiento de carreteras se destinan 85 millones de euros, tan solo 6 millones más que en 2013. Tampoco se incrementa el presupuesto para el mantenimiento y construcción de infraestructuras ferroviarias/metro, manteniéndose los mismos proyectos que en 2014, con el consiguiente incumplimiento. También se man-tiene el gasto para financiar el coste de los peajes en sombra, M45 principalmente, en 111 millones de euros.

A través del IVIMA se destinarán 17,6 millones de euros a la finalización de viviendas sociales, ya anunciadas en el presupuesto de 2014.

La Consejería de Medio Ambiente anuncia un Plan de Empleo Verde para crear 50.000 empleos en 4 años, proyecto poco creíble y con tinte electoralista.

La Consejería de Economía y Hacienda propone la convocatoria de un nuevo programa de ayudas, dotado con 7 millones de euros, con el objeto de apoyar a las pymes del Co-rredor del Henares y el Sur Metropolitano que vayan a realizar inversiones en activos materiales e inmateriales relacionadas con la creación de un nuevo establecimiento, la ampliación de la capacidad de un establecimiento existente, la diversificación de la producción de un establecimiento en productos que anteriormente no se producían en el mismo o una transformación fundamental del proceso global de producción de un establecimiento existente.

Por último, se anuncia la devolución del 25 por ciento de la paga extra de diciembre de 2012 a los empleados públicos, ocultando, como el Gobierno central, que ha sido producto de sentencias judiciales ganadas, entre otros, por CCOO.

El Gobierno Regional sigue elevando el endeudamiento de la Comunidad de Madrid: 1.367 millones de euros en 2015 que, unidos a las amortizaciones, 3.032 millones de euros, llevará a las arcas públicas a un desembolso de 4.399 millones para el pago de deuda pública. A esto debemos sumarle los correspondientes intereses, 970 millones de euros en 2015.

La deuda pública de la Comunidad de Madrid ha pasado de 6.800 millones de euros a finales del año 2008 a 25.018 millones de euros en el segundo trimestre de 2014, un aumento de más del 275 por ciento.

La cantidad adeudada es aún inferior a la cifra de regalos fiscales de la que presume el Gobierno regional, casi 30.000 millones de euros. Es decir, los grandes patrimonios y las mayores rentas de la Comunidad de Madrid, dejan de pagar impuestos, para que el resto


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de ciudadanos lo asuman a través del endeudamiento, que posteriormente se utiliza como coartada y justificación de las políticas de recortes cuyo fin último es la destrucción del Estado de bienestar.

Un año más, en un ejercicio dudosamente democrático, el Gobierno de la Región utiliza la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para legislar, evitando el debate parlamentario y la participación de la ciudadanía, de tal forma que se modificarán once leyes, entre ellas la LOSCAM, la Ley de Juego, la de Protección de los Consumidores, la de la Función Pública, etc. También se modifica la Ley Reguladora del Consejo Consultivo para que este órgano asuma las funciones que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, otorga al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Mejorar la formación sindical y la comunicación y ser más eficientes en la gestión de los recursos

La Escuela de Verano ha contado con buena participación y un alto grado de satisfacción de los asistentes.

En el apartado de formación sindical, esta última parte del año tuvo lugar la Escuela Sin-dical de CCOO Madrid con el título “No es la crisis, es el cambio del modelo social” que, como sabéis, se ha concebido como un espacio no sólo formativo sino también de reflexión y debate. En ella han participado un total de 263 delegados y delegadas de todas las fede-raciones y comarcas. Desde CCOO Madrid creemos que el desarrollo y la participación en la misma fueron un éxito y además así lo han valorado los participantes que respondieron a la evaluación on-line que se realizó.

Queremos ofrecer también un primer balance sobre la actividad de la secretaría de forma-ción sindical, ahora que finaliza el año en el que CCOO Madrid adquirió el compromiso de intentar impulsar una formación sindical autónoma, tanto en su financiación como en su impartición. En marzo la Comisión Ejecutiva aprobó el plan de formación sindical estra-tégico para el mandato y los objetivos concretos para el año 2014. Nos comprometíamos en el año 2014 a comenzar y consolidar los cursos básicos de formación sindical para delegados y delegadas, nuestro objetivo era realizar 72 acciones formativas y formar a 1.000 cuadros sindicales. Una vez cerrado el plan formativo del 2014 nuestro balance es que hemos realizado 63 acciones formativas y formado a un total de 844 sindicalistas (sólo se contabilizan los participantes que terminan la formación completa), lo que supone una consecución de objetivos al 85 por ciento.


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Desde CCOO Madrid creemos que este primer año de la puesta en marcha de una forma-ción sindical propia arroja unos datos positivos, y unos buenos resultados, tanto cuanti-tativos como cualitativos, si atendemos a los resultados de las encuestas de satisfacción de los alumnos que participan en las acciones formativas. Resultados que en cualquier caso deben animarnos a seguir mejorando. Desde la secretaría de formación sindical se está elaborando un informe de análisis exhaustivo de la actividad de este año que estará disponible para las todas las organizaciones a finales de enero de 2015, así como el Plan de Actuación para el próximo año.

Hemos acogido en Madrid la Escuela Confederal de Juventud el mes de octubre, en la que han participado medio centenar de delegados y delegadas jóvenes de todo el Estado. En esta oca-sión, el espacio de encuentro y formación de cuadros jóvenes del sindicato contó con la expe-riencia de varios de los compañeros del Proceso 1.001 e incluyó en su programación una visita a Airbus con el fin de visibilizar la criminalización de la acción sindical y mostrar el apoyo de los jóvenes a los 8 compañeros encausados por su participación en la Huelga General del 29S.

Con el inicio del nuevo curso hemos iniciado los talleres en centros de estudio dirigidos a estudiantes de Formación Profesional y Secundaria. En lo que va de curso ya se han impar-tido 37 talleres y están planificados otros tantos de aquí a junio.

Cambios en los instrumentos de comunicación para mejorar su gestión y optimizar los recursos.

Es una constante otorgar a la comunicación un papel cada vez más relevante en la acción del sindicato. Visibilizar el sindicato es importante; hacerlo bien, fundamental. Por ello, es una necesidad revisar periódicamente los instrumentos de comunicación que utilizamos, valorar la mejora en su gestión y, junto a ello, también tenemos la necesidad de considerar y optimizar los recursos que dedicamos.

En la actualidad tenemos tres situaciones que animan a repensar y estudiar un nuevo modelo en la comunicación del sindicato.

Por un lado, el aumento considerable de los afiliados de los que se dispone correo elec-trónico y, por otro, la iniciativa confederal, que ya está en fase de implantación, para reor-ganizar las aplicaciones web del sindicato. Y por último, la necesidad de reducir costes y optimizar los recursos del sindicato.

Los últimos datos reflejan que el sindicato tiene registrado el correo electrónico del 51,68 por ciento de las personas afiliadas, oscilando del 69,48 en algunas federaciones


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al 29,28 por ciento en otras. En cualquier caso, se disponen de 73.255 correos electró-nicos registrados.

Con independencia del trabajo específico dirigido a los medios de comunicación y las campañas concretas, los instrumentos de los que se disponen son básicamente dos: la edición de Madrid Sindical en papel, dirigida exclusivamente a las personas afiliadas, y la información a través de la web y de las distintas ediciones digitales.

Madrid Sindical edita 10 números al año con una tirada de 145 mil ejemplares. El número de páginas ha pasado de 24 a 28 para compensar la reducción de suplementos de las federaciones y aumentar las páginas dedicadas a su acción sindical.

Los recursos económicos que se dedican a Madrid Sindical representan una parte muy consi-derable en el conjunto de lo destinado a Comunicación.

En la web, además de la publicación específica de la información general, se alojan cuatro soportes en los que se desarrollan los contenidos: Agenda, Noticias Destacadas, MS Digital semanal y Cuestiones.

• En el nuevo horizonte de un servicio de comunicación cabe pensar que se debe priorizar el desarrollo tecnológico, se debe avanzar en la presencia multimedia como elemen-to de comunicación y, especialmente, hay que considerar una transferencia de recursos destinados a los afiliados con los que se pueden tener comunicación digital en favor de soportes, en papel y digital, que incentiven la nueva afiliación y la extensión de la repre-sentación sindical. Para definir el horizonte de la reestructuración de canales y recursos se deben dar pasos en la siguiente dirección:

• Un ejemplar al año en papel para todos los afiliados coincidiendo con el inicio del curso, finales de septiembre, y que recoja la posición política del sindicato, así como las conclu-siones de la Escuela de Verano de CCOO de Madrid. Esta edición se hará con un nuevo formato y cabecera.

• Dos ejemplares al año, enero y mayo, para las personas afiliadas de las que no se tenga controlado el correo electrónico, lo que viene a suponer, en coste, aproximadamente un ejemplar actual. El resto de la afiliación la recibirá por correo electrónico.

• La edición de 500 mil ejemplares, en una o dos ediciones, dedicada a la promoción de la afiliación y la representación sindical, con una distribución física favorecien-do la presencia personal en ella. También se pueden recoger temas monográficos


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en los que el sindicato pretenda hacer mayor hincapié de su posición de cara a la opinión pública.

• Dedicar el coste de un ejemplar actual al desarrollo tecnológico para complementar las pla-taformas web y para la elaboración de contenidos multimedia, de una manera sistematizada y con presencia constante en la web.

• Fuerte desarrollo de newsletter bien pensados y desarrollados para los afiliados, secciones sindicales y delegados y delegadas en primer lugar, pero también para los trabajadores en general mediante listas de distribución.

Con esta propuesta, y con la reorganización de los ingresos por publicidad en los nuevos sopor-tes, se reduce el coste de 10 ejemplares al año de Madrid Sindical en papel a la tercera parte.

Buena evolución del Plan de Optimización, reducimos el déficit en más de 1 M€ en 2015

En el punto siguiente, que aborda el Balance auditado de 2013 y la propuesta de Presupuesto para 2015, se tratará con más profundidad la evolución de las finanzas desde que aprobamos, en abril, el Plan de Optimización.

En este Informe cabe resaltar algunos aspectos. El primero es que el Plan está cumpliendo sus objetivos, ordenando, sistematizando y reduciendo el gasto. Tal es así, que se presupuesta una reducción de gasto de 1,7M€. Y esto es gracias a la cultura de buena austeridad que se está asumiendo por todas las personas que trabajamos en la Unión de Madrid, tanto sindicalistas como trabajadores de convenio. Se ha podido avanzar en la reducción de los gastos corrientes y de personal, como se puede observar en el Informe presentado por el Grupo de Trabajo del Plan de Optimización, con unos efectos que tendrán todo su potencial en el año próximo.

En el capítulo de Ingresos se ha podido avanzar menos, aunque ya se han reducido en casi 700.000 €. En este sentido, hay que reconocer que no se ha podido cerrar el apartado de Gastos Comunes. Por los mismos motivos, tampoco podemos presentar en este final de año, como esta-ba programado, la propuesta de modelo de Asesoría única. Retrasos que deberemos solven-tar en el primer trimestre del año próximo.

Con todo ello, hoy presentamos un presupuesto para 2015 que ha reducido el déficit en más de 1M€ sobre lo presupuestado en 2014. El objetivo sigue siendo presentar un presupuesto equilibrado sin déficit en 2017. Atendiendo a las propuestas que han ido surgiendo de las distintas estructuras, proponemos plantear el objetivo de darnos más


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plazo, hasta 2018, para alcanzar el objetivo de que los gastos de personal no superen el 70% de los ingresos por cuotas, como recomienda la Confederación.

38 Aniversario del atentado fascista de Atocha. Los premios de la Fundación Abogados de Atocha

El 24 de enero, sábado, conmemoraremos el 38 Aniversario de la masacre de Atocha. La Fundación Abogados de Atocha entregará sus premios, que el Patronato ya ha decidido por unanimidad.

El Premio Abogados de Atocha 2015 será a la jueza argentina Mª Servini de Cubría, por una vida dedicada a la justicia en Argentina y a la justicia universal, así como por la causa abierta contra los crímenes y torturas de la dictadura franquista. Algunos de los encausados tienen una relación con los cuatro abogados y el sindicalista asesinados en la noche del 24 de enero de 1977, como por ejemplo Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño.

Y el Reconocimiento Abogados de Atocha 2015 a los Actores y Actrices de la huelga de 1975, la Fundación reconocería al colectivo de actores y actrices que, en defensa de sus derechos laborales y sociales (descanso semanal, una función única diaria, mejoras salariales, etc.), prota-gonizaron hace cuarenta años aquella primera huelga al franquismo, aún con Franco vivo, del 4 al 12 de febrero de 1975.

Se ha renovado el patronato de la Fundación Madrid Paz y Solidaridad. Una fundación que se mantiene sin subvenciones, tan solo con el 0,7% de las organizaciones y con los recursos huma-nos aportados por la Unión. Somos vocales en la Federación de ONGs de Madrid.

No puede terminar este Informe sin reiterar el recuerdo, reconocimiento y afecto de todas las CCOO de Madrid con la compañera, fallecida recientemente, Elvira Sánchez Llopis. Formó parte de las Comisiones ejecutivas de la FREM y de La Unión de Madrid y fue patrona y directora de las Fundaciones Sindical de Estudios, Abogados de Atocha y de la Fundación 1º de Mayo. Una gran sindicalista, profesora y una gran luchadora por la igualdad.

Asimismo, recordar, reconocer y manifestar todo el afecto de las CCOO de Madrid al compañero, fa-llecido hace dos semanas, Enrique Fossul. Acababa de promover su cambio como Secretario General de la FSC, por motivos de salud, con una brillante gestión que dio como resultado la elección del compañero Javier Jiménez, con un amplio consenso. Todo nuestro ánimo y apoyo a los compañeros de la FSC y al compañero Javier, al que deseamos todo el éxito en su mandato.

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✓ San Martín de la Vega c/ Pintor Rafael Botí, 11 bis ☎ 91 894 67 47✓ Torrejón de Ardoz Avda. Constitución, 72 ☎ 91 656 44 44✓ Tres Cantos c/ Comercio, 31 y 33 ☎ 91 804 50 79✓ Valdemoro Plaza del Romano, 5 ☎ 91 895 05 47✓ Villalba c/ Pardo de Santallana, 44 ☎ 91 849 35 27 / 32 96

Federaciones RegionalesLope de Vega, 38. MADRID* La extensión corresponde a lasúltimas cuatro cifras✓ Servicios Privados ☎ 91 536 51 69✓ Agroalimentaria ☎ 91 536 51 50✓ Comercio, Hostelería, Turismo y Juego (FECOHT) ☎ 91 536 52 68✓ Construcción, Madera y Afines (FECOMA) ☎ 91 536 53 83 / 86✓ Enseñanza ☎ 91 536 87 91✓ Industria ☎ 91 536 52 58✓ Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (FITEQA) ☎ 91 536 53 88✓ Pensionistas y Jubilados ☎ 91 536 52 87✓ Sanidad ☎ 91 536 51 85✓ Servicios Financieros y Administrativos (COMFIA) ☎ 91 536 51 63✓ Servicios a la Ciudadanía (FSC) ☎ 91 536 53 34 / 87 89

sedes de comisiones obreras de madrid

“Organizar a los trabajadores, aumentar la afiliación, luchar por la libertad sindical y el derecho de huelga.

Combatir el paro, la desigualdad y la pobreza””

18 de diciembre de 2014

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