PUBLICACION DEL CENTRO POR LA JUSTICIA Y EL DERECHO INTERNACIONALEDITORIAL

2009, N 32

La prctica de la desaparicin forzada ha marcado la historia reciente del he-misferio americano, extendindose como fenmeno sistemtico y generalizado en muchos pases de la regin.

Ya la Organizacin de Estados Americanos OEA en 1983, calific la desaparicin forzada como afrenta a la conciencia del hemisferio y crimen de lesa humanidad. Desde el primer caso contencioso resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1988, la jurisprudencia del sistema interamericano en esta materia ha sido pionera en el derecho internacional, estableciendo estndares sobre las obli-gaciones especficas de los Estados para prevenir, investigar y sancionar las des-apariciones, asi como lineamientos para su reparacin integral.

Con la adopcin en 1994 de la Convencin Interamericana sobre Desaparicin Forzada de Personas, los Estados de la OEA consa-graron, por primera vez en el derecho inter-nacional, este delito con carcter autnomo en un documento vinculante. Este paso fue seguido doce aos ms tarde por la comuni-dad internacional, con la adopcin en 2006 en Naciones Unidas, de la Convencin In-ternacional para la Proteccin de todas las Personas contra la Desaparicin Forzada.

A pesar de estos avances, los Estados tienen an un largo camino por recorrer, no slo para investigar y sancionar a los autores, cmplices y encubridores de este delito, sino tambin para esclarecer el paradero de las miles de vctimas cuyo destino an se des-conoce, y prevenir eficazmente esta prctica, que todava subsiste. Ello requiere que los

Estados ratifiquen y cumplan cabalmente las obligaciones derivadas de los tratados en la materia, adoptando legislacin e implemen-tando polticas pblicas y otras medidas ade-cuadas para erradicar el delito de la desapa-ricin forzada.

Un primer deber de los Estados pasa por la ratificacin de la Convencin Interame-ricana Chile y Brasil, firmaron pero no ra-tificaron, y otros como Hait, El Salvador, Repblica Dominicana, Canad, y Estados Unidos an no han firmado ni ratificado. Asimismo, se debe alcanzar una plena ra-tificacin de la reciente Convencin apro-bada en Naciones Unidas, dado que cubre aspectos jurdicos importantes que no estn incluidos en la Convencin Interamerica-na, por ejemplo los derechos de las perso-nas que denuncien casos de desapariciones forzadas. A nivel americano slo la han ratificado Argentina, Mxico, Honduras, Bolivia, Cuba, Uruguay y Ecuador.

Un gran nmero de Estados todava no ha cumplido con la obligacin, contenida en ambas Convenciones, de tipificar adecua-damente el delito de desaparicin forzada en sus cdigos penales. En otros casos, existe tipificacin pero no refleja los es-tndares internacionales en la materia. Esta falencia ha llevado a que en ocasio-nes se investiguen y procesen desaparicio-nes forzadas como delitos de secuestro, homicidio, lesiones, tortura u otras figuras recogidas en los cdigos penales naciona-les. La incorrecta aplicacin de los tipos ha tenido fatales consecuencias en los procesos, desde que se declare la prescrip-cin del delito, a que se absuelva a los res-ponsables por falta de pruebas aplicando

un estndar desproporcionado, sin tener en cuenta la naturaleza de la desaparicin, caracterizada precisamente tanto por ser un delito continuado como por la falta de informacin sobre las circunstancias en que desapareci la vctima. Los Estados tienen la obligacin de tipificarlo tenien-do en cuenta los elementos que contienen ambas Convenciones internacionales es-pecficas en la materia.

De acuerdo a dichos tratados, el tipo de desaparicin forzada incorporado en las leyes nacionales, debera contener los siguientes elementos: a) el sujeto activo del delito, definido como personas o grupos de personas que acten con la autorizacin, apoyo o aquiescencia del Estado; b) el arresto, detencin, secuestro o cualquier otra forma de privacin de libertad; y c) la negativa de reconocer la detencin y revelar la suerte o el paradero de la persona detenida. Es importante tambin que se reconozca su naturaleza de delito continuado que permanece mientras no se esclarezca el paradero de la vctima.

Pese a algunos avances, la completa erra-dicacin de esta prctica exige un mayor esfuerzo de los Estados, que se debe refle-jar en la ratificacin sin reservas de ambas Convenciones especficas en la materia, y la adopcin de medidas legislativas y de otro tipo encaminadas a cumplir cabalmen-te con todas las disposiciones de dichos tratados, incluyendo la remocin de cual-quier obstculo de hecho o de derecho que impida una debida investigacin y sancin de los responsables. Desafortunadamente, lejos de haberse superado, algunos Estados de la regin todava favorecen la aplicacin de dichas eximentes.

La desaparicin forzada de personas en el Sistema Interamericano de Proteccin de los Derechos Humanos

G A C E T A

TEMAS DE DERECHOS HUMANOS

La Convencin Internacional para la Proteccin de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas -adoptada por unanimidad por la Asamblea General de la Organizacin de las Naciones Unidas en diciembre de 2006- consagra, por primera vez de manera autnoma, el derecho de las vctimas a saber la verdad sobre las circunstancias en que ocurri la desaparicin, los resultados de la investigacin, y la suerte de la persona desaparecida. Asimismo, exige a los Estados adoptar las medidas apropiadas para la bsqueda, localizacin y liberacin de la persona desaparecida y, en caso de fallecimiento, la exhumacin, identificacin y restitucin de sus restos.

El continente americano ya contaba con otro instrumento inter-nacional especfico en la materia, y aunque el texto de la Con-vencin Interamericana sobre Desaparicin Forzada no recoge de manera especfica esta obligacin, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido -en reiterada jurispruden-cia- que el deber de investigar en casos de desaparicin forzada incluye realizar todas las acciones necesarias para determinar el destino de la vctima mientras se mantenga la incertidumbre sobre su paradero.

A pesar de ello, esta obligacin ha sido masivamente incumplida por los Estados, en parte porque stos se han limitado a la reali-zacin de diligencias practicadas dentro de los procesos penales internos abiertos contra los responsables de los hechos. Si bien dichos procesos pueden, y deberan estar encaminados a dilu-cidar la verdad de lo ocurrido a las vctimas, en la prctica rara vez cumplen ese propsito. Los plazos de la justicia y los de la necesidad de saber son generalmente distintos, y el proceso penal tiende a utilizar las evidencias forenses como pruebas, y no como elementos destinados de manera ms amplia a la localizacin de la vctima o la identificacin y restitucin de sus restos.

Ello se evidencia en casos emblemticos que llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los cuales, a pesar de la existencia de una sentencia condenatoria contra los responsables, sigue sin conocerse el paradero de las personas desaparecidas. Estas situaciones perpetan el sufrimiento de

los familiares de las vctimas, que lejos de verse plenamente reparados, estn impedidos de cerrar el ciclo de duelo ante la falta de restos mortales y, en su caso, el entierro digno de acuerdo a las costumbres religiosas y culturales.

Ante esta situacin, los Estados deben garantizar el derecho a saber de las vctimas, mediante el diseo e implementacin de polticas pblicas destinadas a la ubicacin e identificacin de los/as desaparecidos/as. Se debe afrontar esta obligacin de ma-nera multidisciplinar, ms all de las diligencias legales que sean necesarias llevar adelante, aplicando protocolos y prcticas pro-fesionales para la recoleccin y sistematizacin de informacin esencial biolgica y social de la persona desaparecida y la re-cuperacin de informacin ante mortem disponible para apoyar una bsqueda eficaz; mediante la recoleccin de material gen-tico que permita la realizacin de pruebas de ADN; la creacin de bancos genticos y bases de datos sobre el total de personas desaparecidas en una situacin concreta; y la realizacin de todas las dems diligencias necesarias para satisfacer plenamente el de-recho a la verdad. Estos pasos, que deben ser implementados ne-cesariamente en coordinacin con los familiares de las vctimas, siguiendo protocolos establecidos en la materia, y con la asis-tencia de las numerosas organizaciones de la sociedad civil del continente que cuentan con la especializacin cientifica necesaria en el campo de la antropologa forense, son fundamentales para lograr la reparacin integral en casos de desaparicin forzada.

El Derecho a la Verdad y Reparacin Integral: La Necesidad de un Nuevo Enfoque para la Identificacin y Ubicacin de las

Personas Vctimas de Desaparicin Forzada

Desde su primera decisin en el Caso Velasquez Rodriguez hasta hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha resuel-to numerosos casos individuales que denunciaban prcticas estatales de desaparicin forzada de personas. A traves de los mismos ha desarrollado estndares de proteccin para las vctimas y sus familiares, construyendo una importante jurisprudencia, algunos de cuyos puntos principales se exponen a continuacin.

La Desaparicin Forzada: delito autnomo, pluriofensivo y continuado

Desde sus primeros casos, la Corte IDH ha considerado la desapari-cin forzada como delito autnomo, con carcter permanente, y con elementos mltiples interconectados, estableciendo que la desaparicin forzada de personas no slo produce una privacin arbitraria de la liber-tad, sino viola la integridad y la seguridad personal y pone en peligro la propia vida del detenido, colocndolo en un estado de completa in-defensin y acarreando otros delitos conexos (Corte IDH, Caso Gmez Palomino, prr. 92).

Por ello, la Corte IDH ha requerido que la desaparicin forzada no se analice de manera aislada, dividida y fragmentarizada, sino como un con-junto de los hechos que se presentan en el caso en consideracin, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal al interpretar la Convencin Americana y la Convencin Interamericana sobre Desaparicin Forzada de Personas (Corte IDH, Caso Heliodoro Portugal, prr. 112).

Por su carcter continuado, la Corte IDH ha considerado que an en aque-llos casos en que el delito se cometi antes que el Estado hubiera ratifi-cado la Convencin Americana de Derechos Humanos o la Convencin Interamericana sobre Desaparicin Forzada, la Corte tiene competencia para conocer del caso si los actos de la desaparicin forzada continan o permanecen ms all de la fecha de entrada en vigor de los tratados (Corte IDH, Caso Radilla Pacheco, prrs. 24 y 31).

Prevencin de la Desaparicin Forzada

La Corte ha establecido que la privacin de libertad en centros legal-mente reconocidos y la existencia de registros de detenidos, constituyen salvaguardias fundamentales, inter alia, contra la desaparicin forzada (Corte IDH, Caso Anzualdo Castro, prr. 63)

En casos de privacin de libertad seguida de desaparicin, el hbeas cor-pus presenta, dentro de las garantas judiciales indispensables, el medio

idneo para garantizar la vida de la persona y proteger su integridad per-sonal (Ibid, prr. 72)

Responsabilidad del Estado en casos de Desaparicin Forzada

La naturaleza del delito de desaparicin forzada, se caracteriza por tener lugar de manera clandestina y por la falta de informacin, lo que conlleva gran dificultad probatoria para las vctimas. En aplicacin de la inversin de la carga de la prueba, la Corte IDH ha establecido que, si se demuestra la existencia de una prctica de desaparicin forzada impulsada o tolera-da por el Estado y es posible vincular dicha prctica con el caso inividual -ya sea por prueba circunstancial o indirecta, o ambas, o por inferencias lgicas pertinentes- entonces la desaparicin concreta se considera de-mostrada (Corte IDH, Caso Bmaca Velsquez, prr. 130).

En casos en los que el Estado ha argumentado la falta de pruebas respecto a su responsabilidad, el Tribunal estableci que el Estado, en cumpli-miento de buena fe de sus obligaciones internacionales, proporcione la informacin necesaria, pues es l quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio, y que cualquier intento de poner la carga de la prueba en las vctimas o sus familia-res se aparta de la obligacin del Estado sealada en el artculo 2 de la Convencin Americana y en los artculos I b) y II de la Convencin Interamericana sobre Desaparicin Forzada (Corte IDH, Caso Gmez Palomino, prr. 106).

En cuanto al nivel de prueba requerido a las vctimas, la Corte ha sea-lado que la prueba circunstancial, indicios y presunciones, resultan de especial importancia, ya que la desaparicin forzada se caracteriza por procurar la supresin de todo elemento que permita comprobar el secues-tro, el paradero y la suerte de las vctimas (Corte IDH, Caso Anzualdo Castro, prr. 38).

La Desaparicin Forzada viola el derecho a la personalidad jurdica de las vctimas

A pesar de que la Corte IDH haba reiterado en su jurisprudencia constan-te que la desaparicin forzada no vulneraba especficamente el derecho de la vctima a su personalidad jurdica, en un caso reciente la Corte deci-di reconsiderar su posicin anterior, estableciendo que la desaparicin forzada puede conllevar una violacin especfica del referido derecho: ms all de que la persona desaparecida no pueda continuar gozando y ejerciendo otros, y eventualmente todos, los derechos de los cuales tam

Jurisprudencia y Doctrina

bin es titular, su desaparicin busca no slo una de las ms graves formas de sustraccin de una persona de todo mbito del ordenamiento jurdico, sino tambin negar su existencia misma y dejarla en una suer-te de limbo o situacin de indeterminacin jurdica ante la sociedad, el Estado e inclusive la comunidad internacional (Corte IDH, Caso Anzualdo Castro, prr. 90).

La Corte entendi que la desaparicin forzada, deja a la vctima en una situacin de indeterminacin jurdica que le imposibilita, obstaculiza o anula la posibilidad de ser titular o ejercer en forma efectiva sus dere-chos en general, siendo sta una de las ms graves formas de incumpli-miento de las obligaciones estatales de respetar y garantizar los derechos humanos (Ibid, prr. 101).

La prohibicin de la Desaparicin Forzada y el deber de investigar y sancionar han alcanzado carcter de ius cogens

Ante la particular gravedad de estos delitos y la naturaleza de los dere-chos lesionados, la Corte fue pionera al establecer que la prohibicin de la desaparicin forzada de personas y el correlativo deber de investigar-las y sancionar a sus responsables, han alcanzado carcter de jus cogens (Corte IDH, Caso Goibur y otros, prr. 84).

Los Estados tienen la obligacin de investigar, ejercer la accin penal correspondiente, juzgar y sancionar a todas las personas que realicen conductas constitutivas de desaparicin forzada (Corte IDH, Caso G-mez Palomino, prr. 100).

La Desaparicin Forzada como crimen de lesa humanidad

Desde el caso Goibur y otros, la Corte ha considerado que la prctica sistemtica de desaparicin forzada constituye un crimen de lesa huma-nidad. En el caso La Cantuta, sobre la desaparicin de nueve estudian-tes y un profesor en Per durante el gobierno de Alberto Fujimori, la Corte insisti en que la prctica sistemtica de desaparicin supone el desconocimiento del deber de organizar el aparato del Estado para ga-rantizar los derechos reconocidos en la Convencin, lo cual reproduce las condiciones de impunidad para que este tipo de hechos vuelvan a repetirse, y consider que la responsabilidad internacional del Es-tado se ve agravada cuando la desaparicin forma parte de un patrn sistemtico o prctica aplicada o tolerada por el Estado, por ser un de-lito contra la humanidad que implica un craso abandono de los princi-

pios esenciales en que se fundamenta el sistema interamericano (Corte IDH, Caso La Cantuta, prr. 115).

En casos en que la desaparicin forzada constituye un crimen de lesa humanidad, el Tribunal ha establecido que la necesidad de erradicar la impunidad se presenta como un deber de cooperacin interestatal, que genera obligaciones erga omnes frente a todos los Estados para no dejar en la impunidad el delito, o bien juzgando en su propia jurisdiccin, o colaborando con otros Estados, por ejemplo mediante la cooperacin en materia de extradicin de los presuntos responsables (Corte IDH, Caso La Cantuta, prr. 160).

Obligacin de ubicar a las vctimas de Desaparicin Forzada

La Corte IDH ha establecido en casos sobre desaparicin forzada que los familiares tienen el derecho a conocer dnde se encuentran los restos de su ser querido, y ha establecido que ello representa una justa expecta-tiva que el Estado debe satisfacer con los medios a su alcance. Tambin ha considerado que la entrega de los restos mortales constituye un acto de reparacin en s mismo porque conduce a dignificar a las vctimas, hacer honor al valor de su memoria, y permitir a los familiares dar una adecuada sepultura a sus seres queridos (Corte IDH, Caso Humberto Snchez, prr. 187).

Por ello, slo en casos en los que se hayan esclarecido todas las circuns-tancias, incluyendo el paradero de la vctima o sus restos mortales, el Estado habr proporcionado a las vctimas un recurso efectivo y habr cumplido con su obligacin general de investigar y sancionar, permi-tiendo a los familiares de la vctima conocer la verdad (Corte ICH, Caso Trujillo Oroza, Reparaciones, prr. 109). El Tribunal ha advertido que la privacin continua de la verdad por parte de los Estados constituye una forma de trato cruel, inhumano y degradante para los familiares cerca-nos (Corte IDH, Caso Trujillo Oroza, Reparaciones, prr. 115 y 116).

Obligacin de tipificar adecuadamente el delito de Desaparicin Forzada

La Corte IDH ha insistido desde su decisn en el caso Gmez Palomino, que los Estados tienen el deber de tipificar el delito de desaparicin for-zada, considerando el artculo II de la Convencin Interamericana sobre la Desaparicin Forzada de Personas, donde se encuentran los elemen-tos que debe contener el tipo penal en el ordenamiento jurdico interno (Corte IDH, Caso Gmez Palomino, prr. 96).

Jurisprudencia y Doctrina

NUEVOs INtEgRaNtEs cOmIsIN y cORtE IDH

En la XXXIX Asamblea General de la OEA, llevada a cabo en junio de 2009 en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras, se

renovaron las composiciones de la Comi-sin y la Corte Interamericana.

Los 34 cancilleres de los Estados miem-bros eligieron a los nuevos representantes de los rganos de proteccin de derechos humanos del sistema interamericano.

Los comisionados Vctor Abramovich, de Argentina; Paolo Carozza, de Estados Uni-dos; y Clare Roberts, de Antigua y Barbu-da terminan su mandato en diciembre de 2009. En su lugar asumirn sus funciones en la Comisin a partir del 1 de enero de 2010 Rodrigo Escobar Gil, de Colombia; Jos de Jess Orozco Henrquez, de Mxi-co; y Dinah Shelton, de Estados Unidos.

Por otra parte el comisionado Florentn Melendez present su renuncia a la CIDH a

partir del 30 de diciembre de 2009, por ha-ber sido designado magistrado de la Corte Suprema de Justicia de su pas. En su reem-plazo el Consejo Permanente de la OEA de acuerdo con el artculo 11 del Estatuto de la Comisin Interamericana- design a Mara

Silvia Guilln, salvadorea, para completar

su mandato hasta diciembre de 2011.

El 1 de enero de 2010 tambin comenza-rn su mandato como los nuevos jueces de

la Corte: Alberto Prez Prez, de Uruguay y Eduardo Vio Grossi, de Chile. Asimis-mo, fueron renovados en sus cargos Diego Garca Sayn, de Per y Manuel Ventura

Robles, de Costa Rica. La jueza Cecilia Medina Quiroga, de Chile y Sergio Gar-cia Ramrez, de Mxico concluyeron sus

mandatos.

Nueva PubLicaciN De ceJiL: sUmaRIOs DE JURIsPRUDENcIa: IgUaLDaD y NO DIscRImINacIN

CEJIL inaugur su serie Herramientas para la Proteccin de los Derechos Hu-manos que consta de Sumarios de Juris-prudencia organizados a partir de distin-tos ejes temticos.

A travs de esta iniciativa se pone a dispo-sicin de defensores y defensoras de de-rechos humanos informacin fundamental sobre estndares de jurisprudencia na-cional e internacional, apuntando de este modo a facilitar su acceso, utilizacin y aprovechamiento.

El primer volumen publicado se ocupa de principios de Igualdad y No Discri-minacin. En ste se presenta una selec-cin de partes textuales de decisiones de la Comisin y la Corte Interamericana de Derechos Humanos -Informes de Fondo, Sentencias y Opiniones Consultivas- que

recorren un amplio abanico de casos de discriminacin y desigualdad en el conti-nente que motivaron algn tipo de respues-

ta por parte del sistema interamericano de proteccin de los derechos humanos. Se

encuentra prevista la publicacin para el prximo ao de un segundo volumen de-dicado a la violencia de gnero.

OPiNiN cONsuLtiva sObre eL artcuLO 55 De La cONveNciN americaNa

En setiembre de 2009, la Corte Interame-ricana de Derechos Humanos emiti la Opinin Consultiva 20/09 sobre el art-culo 55 de la Convencin Americana de Derechos Humanos.

Impulsada por Argentina, el pedido de Opinin Consultiva consultaba a la Corte respecto de si la posibilidad de designa-cin de un juez ad hoc debera limitarse a casos de denuncias interestatales, y si el magistrado o magistrada del Estado denun-ciado deba excusarse de participar en la sustanciacin y decisin de las denuncias individuales contra su Estado; a travs de estas consultas puntuales se impulsaba la interpretacin de los artculos 55.3 y 55.1 de la Convencin, respectivamente.

La Corte concluy que la designacin de jueces ad hoc est limitada a los casos contenciosos originados en comunica-ciones interestatales, y que los jueces y juezas nacionales del Estado demandado no deben participar del conocimiento de casos contenciosos originados en el marco del trmite de peticiones individuales.

NOticias DeL sistema iNteramericaNO

El trabajo de CEJIL durante el ao 2009 fue posible gracias al generoso aporte de las siguientes agencias: HIVOS, Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, Dan Church Aid, Fondo de Contribuciones Vo-luntarias de las Naciones Unidas para las Vctimas de la Tortura, Fondo de Desarro-llo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) - Regional Brasil y Cono Sur, The Ford Foundation, The John Merck Fund, The John d. and Catherine Mac Ar-thur Foundation, Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de Dinamarca, Natio-nal Endowment for Democracy, Foundation to Promote Open Society (FOSI), Misere-or, The Sigrid Rausing Trust, W.K. Kellog Foundation, The Oak Philanthropy, Diako-nia, The Moriah Fund, Save the Children Suecia y donantes individuales y privados que desean mantenerse en el anonimato.

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PASANTES 2009Jonas-Sbastien Beaudry, Canad, Harvard Law School. Jenny Kirschey, Alemania, Europa-Universitt Viadrina Frankfurt. Ana Mara Vsquez Duplat, Colombia, Universidad Nacional de La Plata. Marisa Viviana Urday Reynoso, Argentina, Universidad Nacional de La Plata. Ekaterina Porras Sivolobova, Mxico, Ritsumeikan - Asia Pacific University. Toms Diego Brockenshire, Canad, Universidad McGill. Erin Cipolla, EUA, Hastings College of the Law - University of California. Chelsea Sharon, EUA, Harvard Law School. Guillermo Tffolo, Argentina, Profesorado Lenguas Vivas. Carla Goretti, Argentina, Profesorado Lenguas Vivas. Nancy Pieiro, Argentina, Profesorado Lenguas Vivas. Fabian Klemme, Alemania, Bucerius Law School. Olga Alinda Spaiser, Alemania, Ludwig-Maximilians-Universitt Munich. Mara del Rosario Arrambide Gonzlez, Mxico, Universidad Nacional de La Plata. Ana Lucia Costa, Portugal, European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation. Camila Lippi, Brasil, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fernanda Medeiros, Brasil, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Joo Rampini, Brasil, Pontifcia Universidade Catlica do Rio de Janeiro. Laura Costa Matos Soares, Brasil, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Luiza Athayde de Arajo, Brasil, Pontifcia Universidade Catlica do Rio de Janeiro. Marta Fernandes y Patallo, Argentina, Universidade Nacional de Rosrio. Moniza Rizzini Ansari, Brasil, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nathalie Leite Gazzaneo, Brasil, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rafael Breves de Toledo, Brasil, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rui Miguel Pereira Matos Costa, Portugal, Universidade do Porto. Sabina Ivanova Galn Aguierre, Mxico, Universidad Nacional Autnoma de Mxico. Svia Cordeiro de Souza, Brasil, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ingrid MaldonadoVargas, Venezuela, Universidad de Sevilla. Auriane DAragon, Francia, Universidad Pars Nanterre. Thomas Rapoport, Francia, Universidad Pars Nanterre. Claudia Valeri Perz, Per, Pontificia Universidad Catlica del Per. Ana Belem Garca Chavarra, Mxico, Universidad Nacional Autnoma de Mxico. Gloria Guadalupe Flores Ruiz, Mxico, Universidad Autnoma de Chiapas. Ivi Silva Simas Oliveira, Brasil, Universidad Nacional de Costa Rica. Diana Trimio Mora, Costa Rica, Universidad de Lund. Luis Fernando Domnguez, Mxico, Universidad de Lleida. Ana Mara Oliveira Fuentes, Chile, Universidad Nacional de Costa Rica. David Augusto Dvila Navarro, Guatemala, Universidad San Carlos de Guatemala. Esteban Madrigal Brenes, Costa Rica, Universidad Escuela Libre de Derecho. Sandra Meja Martnez, Mxico, Universidad Nacional Autnoma de Mxico. Sara Sargeantson, Estados Unidos, Catholic University. Tifany Melndez Suazo, Honduras, Universidad Nacional Autnoma de Honduras. Emilie Faruya, Francia, Instituto de Estudios Polticos de Grenoble. Charlotte Benoit, Francia, Instituto de Estudios Polticos de Lille. Ftima Patricia Mena Baide, Honduras, Universidad Catlica de Honduras y Universidad Nacional de Costa Rica. Ximena Soley Echeverra, Costa Rica, Universidad de Costa Rica. Heather Neun, Canad, University of British Columbia y University of Sussex. Rebeca Ng Feng, Costa Rica, Universidad de Costa Rica. Ana Laura Mndez Araya, Costa Rica, Universidad de Costa Rica. Alejandro Bes Garralaga, Espaa, George Mason University. Ophelia Claude, Francia, LLM American University. Jaime Alexander Zubieta, Colombia, Universidad la Gran Colombia. Adolfo Echavarra, Argentino, Universidad Nacional de Crdoba. Neha Sheth, EUA, Harvard Law School. Felipe Franco, Colombia, Pontificia Universidad Javeriana. Laura J. Arriaza, EUA, Washington College of Law (AU). Amanda Wiss, EUA, Brooklyn Law School. Emily Schultz, EUA, University of Redlands. Sara Ramey, EUA, Washington College of Law (AU). Josefina Garrido, Argentina, Universidad Nacional de Tucumn. Candelaria Aroz, Argentina, Universidad Nacional de Tucumn. Dosia Caldern, Mxico, LLM Notre Dame. Natalia Contreras, Colombia, Universidad de los Andes. Azucena Mallory, Mxico, Escuela Libre de Derecho. Alexandre Sankievicz, Brasil, LLM American University.