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Chapingo

PVEM impulsa ley de protección

a grandes corporativos

trasnacionales y criminaliza a

campesinos y agricultores:

UACh

Gerardo Noriega Altamirano, profesor –

investigador de la Universidad Autónoma

Chapingo, condenó y rechazó la

iniciativa de Ley promovida por el Partido

Verde Ecologista que criminaliza la

producción alimentaria de los pequeños

agricultores y campesinos y busca

proteger a los corporativos

internacionales con un mercado de 8.2

millones de hectáreas de agricultura

convencional.

En entrevista a medios advirtió que está

iniciativa de ley, que estará en análisis

en el Senado de la República, persigue y

criminalizar a campesinos, indígenas y

pequeños agricultores por el hecho de

elaborar sus propios fertilizantes y

minerales que mejoran la calidad de su

tierra y alimentos.

Sostuvo que de pasar dicha ley se prevé

una alza en el precio de los alimentos ya

que todos los insumos tendrán que ser

adquiridos a los grandes consorcios, los

cuales tabulan sus precios en dólares.

Por ello, el profesor – investigador de la

Universidad Autónoma Chapingo,

Gerardo Noriega Altamirano, llamó a

defender la producción nacional de

alimentos a través de una política de

Estado para el desarrollo sustentable de

los suelos de México.

El especialista de la UACh acusó al

Partido Verde Ecologista de ser el

defensor de la organización Protección

de Cultivos, Ciencia y Tecnología

(PROCCYT) integrada por medio

centenar de empresas como: Bayer,

Monsanto, Dupont, Singenta, Basf, entre

otras.

“Esto es un llamado a todos aquellos que

vienen desarrollando prácticas

sustentables para incrementar la

fertilidad del suelo, atender la nutrición

de los cultivos y transitar hacia la

autosuficiencia y seguridad alimentaria”,

dijo

Además, insistió “es una advertencia a

los consumidores, que una medida como

la impulsada por el Partido Verde

Ecologista es la antesala para el

incremento de los costos de producción

de los productos agroalimentarios, en

consecuencia, es el alza a los precios de

los alimentos”.

Sostuvo que la iniciativa de Ley olvida

los problemas de los agricultores de

México, del patrimonio suelo, la

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seguridad alimentaria, la pobreza y el

desarrollo.

La iniciativa presentada por los

Diputados Federales del PVEM impulsa

un artículo a la Ley General de Salud,

que sería el 465 BIS, donde defiende a

los corporativos de insumos como los

plaguicidas, expuso Gerardo Noriega

Altamirano, investigador de la UACH, en

entrevista.

Denunció que está propuesta establece,

en el Artículo 465 Bis, la criminalización

al pequeño agricultor al advertir que “al

que elabore, introduzca, transporte,

distribuya, almacene, posea, deseche o

en general realice actos con plaguicidas

o nutrientes vegetales ilegales o

falsificados, física o químicamente, se le

impondrá de uno a ocho años de prisión

y multa equivalente de cien a dos mil la

Unidad de Medida y Actualización”.

Entonces, explicó el especialista, está

claro que el campesino que elabore, por

ejemplo, un mejorador de suelos, que

puede ser una composta o una mezcla

de minerales, puede estar realizando una

actividad en contra de la Ley, que de

ninguna manera es lo mismo que ese

insumo carezca de documentación.

Eso significa que los agricultores

mexicanos solo deberán utilizar insumos

agrícolas de patente y por tanto se

espera un incremento a los costos de

producción.

Otro caso que se verá afectado con esta

iniciativa de Ley es la agricultura

orgánica pues en México se realiza en

584,093 hectáreas.

Ese será otro mercado cautivo para los

corporativos internacionales.

En la producción orgánica las 1800

operaciones orgánicas de unas 700

organizaciones de productores

orgánicos, producen sus insumos,

carecen de patentes o registros, si bien

es cierto que cuentan con un proceso de

acreditación según la normatividad

orgánica, el hecho de elaborar sus

insumos los encajonará en una situación

en contra de la Ley, eso significa ilegal.

Aseguró que en México ésta iniciativa,

de convertirse en ley, impactará en la

agricultura mexicana; en las 728,654 ha

plantadas con café, con un rendimiento

medio de 4.56 quintales por hectárea.

Asimismo en 1.46 millones de hectáreas

sembradas con frijol, con un rendimiento

medio de 680 kilos/ha.

Pero además en 6.0 millones de

hectáreas cultivadas con maíz, con un

rendimiento medio de 2.08 toneladas/ha.

Lo anterior porque los corporativos

internacionales aseguran un mercado de

8.2 millones de hectáreas en la

agricultura convencional y por tanto los

consumidores conocerán del incremento

de los precios de los alimentos en poco

tiempo, sentenció.

Entonces es evidente que el Partido

Verde Ecologista busca privilegiar a los

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corporativos internacionales como

proveedores nacionales de insumos

agrícolas; no es interés restaurar la

fertilidad del suelo.

Hizo ver el especialista, que en México

existen 139,997,632 ha, equivalentes al

70% de los suelos mexicanos poseen

niveles de muy bajos a medios de

materia orgánica, requieren mejoradores

de suelos, entonces la iniciativa del

Partido Verde Ecologista debería estar

dirigida a establecer un Programa en la

materia.

Asimismo, debería, el PVEM, abrir el

marco jurídico para fortalecer a la

industria nacional para elaborar insumos

para restaurar y mantener la

productividad, además de dar facilidades

para que los campesinos mexicanos

elaboren sus insumos.

Más aún México tiene un patrimonio

territorial de 196.43 millones de

hectáreas, de ellas en el 76% (149.28

millones de ha) ocurre el fenómeno de

remoción de la capa superior del suelo;

en el 17% del territorio sucede la

degradación química de suelos;

degradación de suelos significa pérdida

de fertilidad, de materia orgánica,

incremento en el área improductiva.

El suelo es vital para la producción de

alimentos, agua, medicamentos,

conservación de la biodiversidad,

regulación climática, vivienda y otros

satisfactores.

La degradación de suelos se traduce en

pobreza, salud, desnutrición, inseguridad

alimentaria, migración, en síntesis,

atenta contra los derechos humanos.

Esta adición a la Ley General de Salud

se traduce en una criminalización del

pequeño productor, de campesinos

hombres y mujeres, de comunidades

indígenas, de cooperativas

agropecuarias, de sociedades de

producción rural, de los pequeños y

medianos empresarios del campo

mexicano que practican una agricultura

libre de agro tóxicos y venenos agrícolas,

produciendo sus propios abonos y

biofertilizantes.

Por lo tanto una medida privatizadora del

campo mexicano y la prohibición del

derecho a una alimentación sanan de

todo el pueblo de México, libre de

venenos y agroquímicos es una

aberración

Agricultura

Más de 30 por ciento de

repatriados se reincorpora a

actividades rurales

El Centro de Estudios para el Desarrollo

Rural Sustentable y la Soberanía

Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara

de Diputados informó que 30.8 por ciento

de los ciudadanos de origen mexicano

repatriados por Estados Unidos se

asientan en localidades de menos de dos

mil 500 habitantes y se reincorporan a

actividades rurales.

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Por ello, en la investigación “Política de

atención a migrantes mexicanos de

retorno de Estados Unidos de América”

destacó que el gobierno federal tiene el

reto de extender la cobertura de los

programas productivos, educativos y de

salud para atender a la población en

retorno.

Señaló que 7.5 por ciento se asienta en

comunidades de entre dos mil 500 y 14

mil 999 pobladores, también vinculadas

al campo; 16 por ciento regresó a

localidades de entre 15 mil y 99 mil

habitantes; 35.7 a lugares con 100 mil o

más, donde se sitúan polos de desarrollo

con oportunidades laborales, como son

las entidades fronterizas, el Estado de

México y la Ciudad de México.

De acuerdo con el análisis, una de las

características que distingue a estos

flujos migratorios es que se encuentran

en edades productivas, lo que implica

que las acciones de gobierno deben

considerar apoyos para su reinserción

laboral.

El Centro de Estudios de la Cámara baja

resaltó que la Población

Económicamente Activa (PEA) ocupada

está prácticamente terciarizada, pues

33.6 por ciento se concentra en los

servicios; en menor proporción en

comercio con 16.4, y en agricultura 20.1

por ciento.

Los migrantes de retorno que se ocupan

en servicios y agricultura en mayor

medida, representan 40.5 por ciento; en

menor proporción se ubican en la

informalidad, mientras que en el

ambulantaje, tres por ciento, y en

servicio doméstico, uno por ciento,

indicó.

En el estudio se analizan también las

políticas de deportación de Estados

Unidos, sus efectos y relación con los

programas desarrollados por el gobierno

de México, para atender a los

repatriados, cuyo destino sería su

reinserción en la sociedad, con énfasis

en la actividad productiva en el medio

rural.

Refirió que las principales entidades con

población migrante en 2010 fueron

Zacatecas, Michoacán, Guanajuato,

Nayarit, estados con un Índice Absoluto

de Intensidad Migratoria (IAIM) muy alto;

Guerrero, San Luis Potosí, Durango,

Hidalgo, Oaxaca, Morelos,

Aguascalientes, Colima y Jalisco, con

nivel alto.

Según el Marco Censal Agropecuario

2016, del Instituto Nacional de

Estadística y Geografía (Inegi), hay 9.3

millones de terrenos rurales con carácter

ejidal, comunal, colonias y privados, que

ocupan un área de 190.3 millones de

hectáreas.

Las entidades con mayor número de

zonas agrarias, en relación con el total

nacional, son Veracruz, Estado de

México, Chiapas, Puebla, Hidalgo,

Michoacán, Oaxaca, Guerrero, San Luis

Potosí y Guanajuato, en las que se ubica

65.5 por ciento de las tierras rurales.

Exigen campesinos entrega de

apoyos para ciclo agrícola

Unos 200 campesinos de diversos

municipios del estado y que son parte del

Movimiento Social por la Tierra, la

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Central Independiente de Obreros

Agrícolas y Campesinos, la Coalición de

Organizaciones Democráticas Urbanas

(Coduc) y Campesinas y la Unión

Nacional de Trabajadores Agrícolas se

manifestaron en las instalaciones de la

Secretaría de Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

(Sagarpa), para exigir la entrega de

apoyos.

En entrevista, el secretario general de la

Coduc, Alejandro Martínez, señaló que

esto es una medida de presión para que

la dependencia realice los pagos de

incentivos para la siembra, pues la

temporada de siembra ya comenzó y

tienen cerca de dos mil hectáreas del

Programa de Apoyo para Productores de

Maíz y Frijol, y no se puede esperar más

para trabajar, además de que el

fertilizante es muy necesario para

comenzar a sembrar.

Mencionó que además de ese programa,

también esperan la liberación de folios

de los programas de Estímulos a la

Producción, Campo en tus manos y

Proyectos Productivos, que tienen que

ver con animales de traspatio, ganado

ovino, bovino y porcino, entre otros.

“Creo que han incumplido con los

acuerdos para liberar el recurso de

diversos programas y de Proyectos

Productivos, por eso estamos aquí y

también iremos a Sedesol, como una

medida de presión para que la

dependencia haga los pagos”, explicó.

Refirió que con esto pretenden recordar

a las autoridades los acuerdos hechos y

que los folios para acceder a los

programas ya están listos, pero a la

fecha no han recibido el recurso, a

diferencia de otras agrupaciones, con el

argumento de que se encuentran en

veda electoral.

Política

La gratuidad resulta insuficiente para garantizar la educación, sostiene Coneval

La gratuidad no es suficiente para garantizar el acceso a la educación. Se debe buscar que toda la población pueda solventar costos extras, como transporte, comidas y actividades adicionales a las curriculares, señala el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el contexto del debate sobre la reforma educativa y la celebración del Día del Maestro.

Tan sólo en 2016, alrededor de un millón de niños y adolescentes que viven en hogares con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo no asistieron a la escuela, se indica en una síntesis del Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2018, divulgada ayer. El documento refiere que la condición económica determina las diferencias para acceder a la educación.

Baja rezago educativo

El rezago educativo disminuyó de 2008 a 2016, al pasar de 21.9 por ciento del total de la población a 17.4, es decir, hace dos años aún había 21.3 millones de mexicanos con esa carencia. Persisten dificultades económicas y condiciones que generan diferencias en las oportunidades de educación de la población, afirma el Coneval.

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En relación con el gasto público destinado a este derecho social, señala que en 2016 el gobierno federal otorgaba 4.3 por ciento del PIB. De ese monto, 56.4 por ciento se destinó educación básica, seguida del nivel superior, con 23.2 por ciento; a media superior, 12.3, y 8.1 por ciento a otros rubros.

La combinación de infraestructura insuficiente junto con las condiciones de desventaja económica de los estudiantes, agrega, tendrá efectos negativos en el aprovechamiento escolar. Por ejemplo, había 1.3 millones de niños a los que tomaba mucho tiempo el traslado a la escuela, lo cual es un riesgo para abandonarla.

El documento señala también que los niveles de educación de la población indígena son menores: 50.3 por ciento contaba, como máximo, primaria completa en 2016, condición que en sí misma se convierte en obstáculo para acceder a mejores oportunidades laborales.

En ese año se observó que había 444 mil niños indígenas con rezago educativo y 544 mil que no asistían a la escuela. En relación con los espacios educativos, en el ciclo escolar 2014-2015 más de 21 por ciento de los grupos de alumnos de cuarto a sexto de primaria carecían de mobiliario para sentarse y de materiales para escribir.

El Coneval identificó que los materiales didácticos son escasos en los salones de clases de las primarias y casi inexistentes para la atención a alumnos con alguna discapacidad o de lengua indígena. Del total, 15 por ciento recibían clases en construcciones sin materiales duraderos, 70 por ciento no tenía servicios básicos y 20 carecía de mobiliario elemental.

Menciona asimismo que se debe explorar si el deterioro de la calidad de la educación media y superior, el desfase

entre la oferta y la demanda de competencias profesionales, la falta de valoración de las competencias adquiridas o la ausencia de empleos de buena calidad pueden explicar el desempleo, el subempleo, los bajos salarios y la escasa participación de los jóvenes con mayores niveles educativos en el mercado laboral.

Ante enojo de solicitantes de becas, Conacyt ofrece regularizar atención

Las manifestaciones de protesta e inconformidad de los estudiantes de posgrado que desde febrero anterior han solicitado una beca al Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (Conacyt), arreciará en los próximos días, debido el retraso del organismo para responder las solicitudes de los postulantes.

Ante esta creciente inconformidad, Miguel Adolfo Guajardo Mendoza, director adjunto de Planeación y Evaluación del Conacyt, aseguró que antes de que concluya esta semanase regularizará el proceso para dar respuesta a las más de 30 mil solicitudes presentadas en tres meses.

El funcionario explicó que el retraso se debe a una migración de plataforma tecnológica que hizo el organismo para atender todas las solicitudes, y en cuyo proceso han surgido contratiempos no previstos, los cuales se están resolviendo.

Sin embargo, la inconformidad de miles de postulantes crece. Integrantes de la Asamblea Nacional de Estudiantes de Posgrado (ANEP) anunciaron una serie de acciones de protesta durante la próxima semana en instituciones de educación superior, entre ellas la

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Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De inicio, este martes 15 se prevé la conformación de un contingente de la ANEP con todas las asambleas interuniversitarias, con movilizaciones en las unidades Xochimilco e Iztapalapa de la UAM, los días 16 y 17, y una en la Unidad de Posgrado de la UNAM, el día 18. Esta primera etapa de movilizaciones concluiría el martes 22, con una marcha del Parque de la Bombilla al Conacyt, en avenida Insurgentes.

Este clima de inconformidad, generado esencialmente por el retraso del organismo, ha provocado que varias instituciones de educación superior se hayan desmarcado del problema.

Por ejemplo, la rectoría general de la UAM, en su página web, emitió un mensaje a la comunidad, mediante el cual informa que la institución “ha realizado todas las gestiones necesarias y la entrega de la lista de programas de posgrado y número de becarios que ingresaron en el trimestre 18-1 para las postulaciones por apoyos nacionales a la Dirección de Becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

El Conacyt informó que logró estabilizar la nueva plataforma de postulación de becas nacionales y en el trascurso de la próxima semana enviará a los aspirantes las notificaciones para que obtengan su cuenta bancaria, señala el mensaje de la UAM.

Estudiantes de posgrado señalaron que viven un momento de incertidumbre, pues iniciaron el semestre en febrero y no saben si serán aceptados, pues al actual retraso en el proceso se suma que en los años recientes se ha registrado una disminución en el número de becas que se otorga. El monto asciende a 13 mil 770 pesos.

En entrevista, Guajardo Mendoza, directivo del Conacyt, reconoció que esta situación se dio por la transición del sistema antiguo a uno nuevo, que es el Modelo de información integral Conacyt (MIIC), que como todo cambio de modelo informático no está exento de riesgos que no se pueden anticipar en su puesta en marcha.

Esto ya se está atendiendo, tenemos ya resueltas 7 mil solicitudes de formalización de becas y esperamos que en el transcurso de esta semana se resuelva por completo la transición de plataformas, dijo. Esta cifra representa apenas 20 por ciento del total de solicitudes.

Además, aclaró que este retraso no implicó dejar de entregar la beca a quienes ya contaban con una; tampoco que vaya a haber retraso de pagos para quienes tengan una nueva; todo va continuar con los tiempos normales, insistió.

Resolver al menos 8 problemas, reto en el sistema educativo nacional: INEE

En el sistema educativo nacional hay varios problemas que deben ser resueltos, a fin de que la formación académica se convierta en el detonante del desarrollo de las personas y del país. Hay que darle a la educación un nuevo impulso, señaló Sylvia Schmelkes, consejera del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

En el documento Educación para la democracia y el desarrollo de México, elaborado por la Junta de Gobierno del INEE, que se presentó ayer, los consejeros plantean las siguientes situaciones en el sistema:

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El desafío de las transiciones demográfica y educativa; es decir, la reducción de la demanda y matrícula en el sistema básico frente el incremento en la formación media superior y superior; la atención deficiente que reciben los grupos vulnerables, que no son pocos, sino la mitad de la población que vive en condiciones de pobreza.

Asimismo, las carencias en infraestructura y materiales educativos, formación inicial deficiente para algunos docentes, debilidades en las instituciones de formación de los maestros, insuficiencia en los programas de educación continua para los profesores, falta de mecanismos conducentes que permitan a los padres de familia vincularse con las escuelas y una precaria cultura de la evaluación en la que no se reconoce que ésta trae beneficios y permite seguir mejorando.

Al presentar el documento, Schmelkes subrayó que estos problemas deben seguir siendo parte de las discusiones públicas a fin de que la educación sea la herramienta más poderosa con la que cuenta el país para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes

Asegurar cobertura, entre los principios a cumplir

El análisis del instituto de evaluación también incluye principios que debe cumplir el sistema para su mejoramiento y pertinencia, entre ellos, asegurar la cobertura universal en los distintos niveles de educación obligatoria; calidad, para cumplir con el mandato constitucional y que todos los alumnos, sin importar su lugar o condición socioecómica alcancen el máximo logro de aprendizaje; permanencia, propiciar que no haya deserción y los estudiantes avancen en sus grados de manera regular hasta concluir su formación obligatoria.

Otros son: fortalecer las escuelas, dotarlas de más facultades de decisión y trabajo constructivo y colaborativo; equidad e inclusión en los servicios, con planteles dignos para todos, con independencia de su origen, condiciones económicas, sociales, residenciales y procedencias; apoyo a la formación profesional de los docentes y valorarlos socialmente al reconocer pública y ampliamente su profesión.

Mineras hacen con México lo que expresamente les prohiben en EU y Canadá: informe trinacional

México omite el reporte de decenas de

sustancias contaminantes producidas por

la industria minera, a diferencia de

Canadá y Estados Unidos. En 2013, por

ejemplo, el sector minero informó a las

autoridades mexicanas que únicamente

emitió ocho tóxicos al medio ambiente,

mientras tanto EU declaró 59 y Canadá

un total de 63, reveló la Comisión para la

Cooperación Ambiental (CCA) en su

informe “En balance: emisiones y

transferencias de contaminantes en

América del Norte”.

El reporte de 162 páginas, compila datos

oficiales de cada una de las tres

naciones hasta el 2013 y destaca que

Estados Unidos y Canadá abarcan un

número mucho más elevado de

contaminantes que los registrados en

México, debido a la permisividad o

tolerancia excesiva de las autoridades

del país con las compañías mineras,

tanto las nacionales como las

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extranjeras, especialmente con las de

origen canadiense.

El estudio se basó en el Registro de

Emisiones y Transferencia de

Contaminantes (RETC), para el territorio

nacional; en el Inventario Nacional de

Emisiones de Contaminantes (NPRI), en

el caso de Canadá y en el Inventario de

Emisiones Tóxicas (TRI) para Estados

Unidos.

Las características de los registros de

emisiones y transferencias de

contaminantes de América del Norte

varían de país a país.

–El RECT de México, que no es

actualizado desde 2015, considera 104

contaminantes y toma en cuenta las

minas de minerales metálicos (sólo

beneficio); caleras y cementeras; todos

los establecimientos que emiten

contaminantes a aguas de jurisdicción

federal; además de actividades con

manejo de residuos peligrosos.

–El NPRI de Canadá estima tres veces

más contaminantes que la República

Mexicana, con lo que suma 346 en total,

además considera la totalidad de las

instalaciones y actividades mineras,

salvo explotaciones de superficie y

canteras con producción inferior a 500

mil toneladas.

–El TRI de Estados Unidos valora seis

veces más que México, es decir, 675

contaminantes. Por si fuera poco, tiene

en cuenta minas de carbón; minas de

minerales metálicos (excepto las de

mineral ferruginoso y de uranio); además

de minas de minerales no metálicos (sólo

beneficio).

En 2013, las minas inventariaron

emisiones y transferencias de 79

sustancias y únicamente 15 de ellas

coinciden en las plataformas de los tres

países. Además, sólo siete de los 25

contaminantes con más registros del

sector causantes de más de 99 por

ciento de las emisiones y transferencias

de las minas concordaron en América del

Norte: plomo, arsénico, níquel, cromo,

cadmio, cianuros y mercurio.

“En Canadá y Estados Unidos es

obligatorio —no así en México—

presentar registros de zinc, manganeso y

cobre (y sus respectivos compuestos),

todos ellos comúnmente emitidos o

transferidos por minas de minerales

metálicos. El fósforo total sólo se declara

en Canadá, en tanto que el bario se

declara sólo en Estados Unidos”, se lee.

Ante este panorama, el doctor Rodolfo

García Zamora, académico de la

Universidad Autónoma de Zacatecas

(UAZ), aseguró que el Gobierno de

México es “totalmente omiso” a las

graves consecuencias de contaminación

de la tierra, el agua y el aire que provoca

la minería.

NORMATIVIDADES MANIPULADAS

Las principales leyes federales que

regulan la contaminación generada por el

sector minero en Canadá, de acuerdo

con el informe, son cinco: las leyes

canadienses de Evaluación Ambiental y

la de Protección Ambiental, la Ley de

Pesca, la Ley del Transporte de Bienes

Peligrosos y la Ley de Seguridad y

Control Nuclear.

En Estados Unidos son siete las leyes

federales que regulan la contaminación

generada por el sector minero: las leyes

Nacional sobre Política Ambiental, la de

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Aire Limpio, la de Agua Limpia, sobre

Conservación y Recuperación de

Recursos, de Control de Sustancias

Tóxicas, Integral de Respuesta,

Compensación y Responsabilidad

Ambientales, y de Control de la Minería

de Superficie y Recuperación.

En el caso de México, el análisis incluye

cuatro principales leyes federales que

regulan la contaminación generada por el

sector minero: Ley Minera, Ley General

del Equilibrio Ecológico y la Protección al

Ambiente (LGEEPA), Ley General para

la Prevención y Gestión Integral de los

Residuos, además de la Ley de Aguas

Nacionales. Asimismo, cuenta con seis

Normas Oficiales Mexicanas (NOM)

relativas a dicho sector.

En ese sentido, el doctor García Zamora

consideró que en territorio nacional las

normativas en términos ambientales “son

buenas” sólo en la redacción pero,

recriminó, “casi nunca se cumplen” o son

“manipuladas” al servicio de las

corporaciones.

El especialista recordó que durante el

Gobierno de Carlos Salinas de Gortari,

en el Artículo Sexto de la Ley Minera,

dicha actividad extractiva comenzó a ser

considerada como preponderante sobre

cualquier otra.

En el mismo tenor, el maestro Eduardo

Torres Alonso, miembro del Seminario

Universitario de Estudios sobre

Sociedad, Instituciones y Recursos de la

Universidad Nacional Autónoma de

México (UNAM), expuso que la

normatividad en México es más laxa que

en el resto de América del Norte y eso lo

convierte en un país “atractivo” para la

inversión extranjera. Para muestra, dijo,

un botón: De 290 mineras en México,

211 son de capital canadiense.

La falta de registro acarrea

consecuencias importantes, afirmó. Entre

ellas, no existen elementos para

comparar al país con México y Estados

Unidos. Además, se reducen las

posibilidades de elaborar políticas con

amplio espectro, que contemplen el

medio ambiente y la salud pública, por

ejemplo.

“Hay un visión economicista de la

actividad, en donde no se considera el

elemento humano vinculado a la calidad

de vida de las poblaciones cercanas a

las industrias mineras y a la calidad del

medio ambiente “, dijo en entrevista

para SinEmbargo.

Al respecto, el académico de la UAZ

destacó: “Es mayor la impunidad con que

operan las grandes mineras en México, a

diferencia de cómo están operando en

los otros países donde hay mayor grado

de exigencia, de vigilancia y de

cumplimiento por parte de las

dependencias gubernamentales. Nuestro

país es atractivo porque ha regalado el

territorio. Hay impunidad total para

destruir, depredar, llevarse la riqueza, sin

ninguna sanción y ninguna exigencia”.

Las consecuencias, dijo, se notan en los

más de 800 conflictos socioambientales,

resultado del funcionamiento de la

megaminería, especialmente la que es a

cielo abierto. También en problemáticas

serias de salud en las comunidades en

donde se ejecuta la actividad.

“No hay lugar donde se realice la

actividad sin que existan graves

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problemas de salud comunitaria a lo

largo y ancho del país. Eso es resultado

de la impunidad con la que operan las

grandes corporaciones”, agregó.

Por lo anterior, el académico Torres

Alonso sugirió a las autoridades

mexicanas ampliar el catálogo de

elementos por reportar, de cien pasar a

los más de 300 con que cuenta Canadá

y después fijar metas más ambiciosas

con miras a igualar a los 675 criterios

que reporta Estados Unidos. Asimismo,

planteó la urgencia de contar con este

tipo de documentos en lapsos de tiempo

menores, pues el informe recién

presentado contiene datos de hace un

lustro.

“Los datos que arroja este informe son

de hace cinco años, así que esta

administración ya no puede hacer nada.

El próximo informe tampoco va a ser

inmediato, lo que hace que la próxima

administración se enfrente a lo mismo”,

manifestó.

Editorial

Bancos: confianza en riesgo

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Columnas

Astillero

Julio Hernández

A diferencia de otras elecciones presidenciales recientes, el flujo de las encuestas de opinión ha sido generalmente aceptado, hasta ahora, por todos los sometidos a esos ejercicios numéricos. El impugnador histórico de tales procesos demoscópicos, Andrés Manuel López Obrador, no ha hablado de cuchareo ni de otras formas de adulteración, lo cual habría ido contra sus intereses, pues se ha mantenido como delantero en la competencia, con márgenes de distancia notablemente altos en relación con su principal perseguidor.

Ricardo Anaya Cortés y José Antonio Meade, casi siempre colocados respectivamente en el segundo y el tercer lugar de esas encuestas, tampoco las han desacreditado y, de una manera que parece extrañamente civilizada, en el fragor de una batalla electoral muy pesada, han asumido sin chistar la supremacía del tabasqueño en esas estimaciones que en otras circunstancias podrían haber sido señaladas por el panista o el cuasipriísta como tramposas, mal hechas o puestas al servicio de quien las ordena.

El imperio de las presuntas encuestas (presuntas, en función de que no hay ningún sistema de verificación social de que realmente se realizan y que los datos consignados son reales) ha consolidado en la percepción colectiva la imagen de un López Obrador arrollador, imbatible. ¿Por qué el sistema ha permitido que las empresas de demoscopía hayan realizado hasta ahora una serie de presuntos estudios en los

que invariablemente aparece López Obrador como puntero casi inalcanzable? En el manual del cinismo del sistema bien consignado está que, en política, siempre será barato todo aquello que se pueda comprar con dinero. Y a ese sistemale habría resultado muy barato orquestar desde hace meses una operación fraudulenta en el terreno de las encuestas, para dar paso a embestidas mayores contra el nativo de Macuspana.

En ese escenario, antaño impensado, de respetabilidad de las encuestas de opinión, han comenzado a generarse cambios. El panista inmobiliario, Ricardo Anaya, se va moviendo al alza, aún en términos modestos en comparación con la gran ventaja que conserva el ex priísta, ex perredista y ahora máximo jefe de Morena. Meade se mantiene en un lejano tercer lugar, explicablemente incapaz de emerger, pues el peso negativo de Enrique Peña Nieto y del PRI lo hunden.

Pero la suma de los activos demoscópicos de Anaya y Meade suelen equivaler al monto total de López Obrador. Nunca podrá darse una transferencia automática y neta de las tendencias electorales de dos personajes que acaban fundiéndose en una sola candidatura pero, en el papel, y conforme a algunas de las encuestas realizadas recientemente, el panista y el cuasipriísta, unidos, empatarían al morenista.

Si a ese licuado prianista se añadieran los exiguos números de Margarita Zavala (la realidad acabó colocando en su lugar político al calderonismo, con todo y proyecto conyugal), y los todavía menores del grotesco Jaime Rodríguez Calderón, la candidatura única del sistema, la que apelara al voto útil contra el lopezobradorismo, tendría mayor probabilidad de votos en favor que el actual rey de las plazas públicas. A una

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voltereta así, mucho ayudaría el juego de cifras que aportan las citadas firmas encuestadoras, hasta ahora validadas por la propia Morena, en cuanto le han favorecido.

Son varias las explicaciones técnicas extraoficiales respecto de las fallas bancarias relacionadas con el suministro, disponibilidad y manejo de fondos monetarios. El dato más preocupante se relaciona con el saqueo de entre 300 y 400 millones de pesos en abril, mediante un ataque cibernético que un banco ha reconocido y los demás no aceptan ni niegan. Además, se han reportado molestas trabas y largas tardanzas de usuarios de servicios bancarios para mover su dinero.

Aun cuando los primeros indicios apuntan hacia hackers interesados en la sustracción de dinero, ese tipo de problemas abonan el terreno de las especulaciones y las preocupaciones relacionadas con el difícil momento que vive el país en el terreno interno y en sus negociaciones internacionales y, desde luego, aunque no haya un solo asidero demostrado en ese sentido, con la circunstancia electoral.

El secretario de la defensa nacional, general Salvador Cienfuegos, ha dicho que toda transición democrática debe tener como objetivo supremo el progreso y el bienestar del pueblo de México. Sus palabras son irreprochables, imposible estar en contra de ellas, si se analizan con un sentido político general, histórico, más allá de las circunstancias de un momento específico.

Pero, en la coyuntura actual, las palabras del jefe operativo de las fuerzas armadas pueden tener más connotaciones de las que parecería en una primera lectura. En particular, si la luz que sobre ellas se arroje es la de la incomodidad acrecentada de una parte de la élite castrense respecto a Andrés Manuel

López Obrador, el personaje que podría encabezar una alternancia de partidos y, eventualmente, una transición política.

Decir lo obvio, que una transición de ese tipo debería ser para bien, deja de ser una simple obviedad cuando las palabras se leen a la luz de los conflictos y querellas actuales. Más complicado resulta el escenario discursivo si el mencionado jefe militar defiende con especial denuedo la funcionalidad de la base aérea de Santa Lucía, a donde ese candidato de posible transición, AMLO, pretende trasladar el proyecto aeronáutico internacional hasta ahora desarrollado en Texcoco. En realidad, el general secretario le haría mucho bien a las instituciones, y al proceso electoral en curso, si sus discursos fueran cuidadosamente ajenos a interpretaciones coyunturales.

Y, mientras Nestora Salgado ha denunciado amenazas en su contra, en el contexto de su campaña por una senaduría a nombre de Morena, ¡hasta mañana, lamentando el fallecimiento de la doctora María Elena Meneses, especialista en medios de comunicación y comunicación digital, profesora de varias generaciones, analista honesta y bien fundamentada!

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Cultura

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Ciencias

El eclipse lunar más largo del siglo tendrá lugar el 27 de julio y durará 1 hora 43 minutos

El eclipse lunar más largo del siglo XXI

tendrá lugar el 27 de julio de 2018,

cuando la sombra de la Tierra cubrirá

completamente el satélite durante 1 hora

y 43 minutos. Además de ser eclipsada,

la Luna también se volverá roja al reflejar

los rayos del sol, creando una vista

realmente espectacular, informa IFL

Science.

En el último siglo, solo cuatro eclipses

lunares duraron 100 o más minutos: uno

el 15 de junio de 2011, que duró 100

minutos; otro el 16 de julio de 2000, que

duró 107 minutos; uno en julio de 1982,

que duró 107 minutos y otro en julio de

1935, que duró 101 minutos, de acuerdo

con Space.com. Debido a que estos

eventos tuvieron lugar en el siglo XX, el

eclipse de julio será el eclipse lunar de

mayor duración del presente siglo.

Desafortunadamente, no todos podrán

presenciar el fenómeno, y los que

tuvieron menos suerte son los residentes

de Norteamérica y Sudamérica. El

eclipse será más visible en África, Medio

Oriente, India, Australia y algunas zonas

de Europa.

¿CÓMO OCURRE?

Un eclipse lunar total se produce cuando

la Luna pasa a través de la sombra de la

Tierra, conocida como la umbra. Esto

ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna

están alineados. Es como un eclipse

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solar total, pero esta vez es nuestro

planeta el que eclipsa al Sol, y ya que la

Tierra es mucho más grande que la

Luna, esta queda envuelta en su sombra.

Durante un eclipse lunar total, la Luna no

solo se oscurece. En realidad se vuelve

roja por la luz solar refractada de la

superficie de la Tierra. Es similar a

cuando aparecen amaneceres y

atardeceres rojos en nuestro cielo.

Este eclipse lunar en particular es

especialmente largo porque la Luna

pasará a través del centro de la umbra,

lo que significa que estará en la sombra

durante un período de tiempo más largo.

Cuando la Luna pasa solo por el lado de

la umbra, el eclipse es más corto.

La posición de la Tierra en su órbita

también desempeña un papel

importante. Según señala Earthsky, este

27 de julio la Tierra estará en su punto

más alejado del Sol, conocido como su

apogeo, lo que significa que arroja una

sombra más grande. Y en la misma

fecha, la Luna estará en su punto más

distante en su órbita mensual alrededor

de la Tierra, conocida como apogeo

lunar. La combinación de estos raros

eventos espaciales nos permitirá

observar este inusual fenómeno