Clase Nº11- Las Disputas Sociopolíticas Por Los Bienes Comunes de La Naturaleza- Características,...

8/15/2019 Clase Nº11- Las Disputas Sociopolíticas Por Los Bienes Comunes de La Naturaleza- Características, Significación y …

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Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales PLED-CCC1

Curso: La Coyuntura Geopolitica en América Latina

Clase Nº11: Las disputas sociopolíticas por los bienes comunes de la

naturaleza: Características, significación y desafíos en la construcción

de Nuestra América(Segunda parte)

Seoane, José - Taddei, Emilio – Algranati, Clara “Las disputas sociopolíticas por

los bienes comunes de la naturaleza: Características, significación y desafíos en la

construcción de Nuestra América (Segunda parte)’’ [CLASE]. En: Curso virtual

“América Latina y el Caribe en la geopolítica imperial” (Programa Latinoamericano de

Educación a Distancia, Centro Cultural de la Cooperación, Buenos Aires, Julio

2014).

®De los autores

Todos los derechos reservados.

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Edición electrónica para Campus Virtual CCC: PABLO DECARO

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Las disputas sociopolíticas por los bienes comunesde la naturaleza: Características, significación y

desafíos en la construcción

de Nuestra América.(Segunda parte)

José Seoane, Emilio Taddei y Clara Algranati

GEAL – Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe

Hola a todas y a todos: a continuación, la segunda parte de la clase sobre los

movimientos sociales y su impacto sobre el tablero geopolítico latinoamericano a

cargo de los colegas José Seoane, Emilio Taddei y Clara Algranati. ¡Buen trabajo!

Atilio B. Boron _____________


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¡Hola! Concluimos nuestra anterior clase refiriendo brevemente a la identificación de

tres proyectos que delinearon entre 2005 y 2009 las salidas a la crisis de legitimidad

del neoliberalismo que tiñó con particular intensidad el mapa sociopolítico de

América Latina desde finales del siglo XX. Señalamos que la explotación y

exportación de bines comunes de la naturaleza constituye un elemento en común

entre estos proyectos, si bien evocamos la existencia de diferencias y matices en las

políticas públicas estatales que los mismos promueven en relación a esta

problemática. Iniciamos entonces esta segunda parte explicitando algunos de los

aspectos distintivos de estos proyectos tanto en relación a las hegemonías

sociopolíticas que cada uno de ellos expresa como así también a las fuerzas sociales

y programáticas que se despliegan en torno a los conflictos por los bienes comunes

de la naturaleza.

1.

El neoliberalismo armado y las reformas neoliberales de tercera

generación.

En el transcurso del lustro que siguió a la derrota y desarticulación del proyecto

imperial del ALCA ocurrida en la ya célebre Cumbre de las Américas realizada en laciudad de Mar del Plata, Argentina, en 2005, la elección o reelección de gobiernos de

signo neoliberal marcó la vida político-institucional de algunos países

latinoamericanos. México, Perú, Colombia, Chile, entre otros, son ejemplos

emblemáticos de estas experiencias. En estos casos la respuesta al nuevo ciclo

económico abierto en la región a partir de 2003 se expresó en una profundización

del rumbo neoliberal impulsadas por gobiernos que asumieron un perfil

crecientemente autoritario. La negociación de TLCs con EEUU o la profundizaciónde acuerdos ya existentes (como el caso de México con el NAFTA, por sus siglas en

inglés) fue el signo distintivo de este camino. Un proyecto que buscó asentarse en el

anudamiento del vínculo estratégico de los intereses comerciales y políticos de los

sectores dominantes de estos países con los intereses de distintas fracciones de la

poderosa burguesía estadounidense, en particular de aquellas vinculadas a los


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llamados “recursos estratégicos”. De esta manera, la promoción de cláusulas que

apuntaron a consagrar garantías de un nuevo ciclo de acumulación de ganancias

extraordinarias para el capital en base a la mercantilización de la vida tuvo una

importancia sustantiva así como promovieron esquemas de seguridad para el

adecuado control de los territorios sujetos a estas lógicas de desposesión.

Dos cuestiones merecen subrayarse en relación con estas experiencias. En primer

lugar estos acuerdos político-económicos buscaron acelerar la privatización de

empresas públicas excluidas del impulso privatizador en los ’90 y profundizar la

mercantilización de bienes naturales en asociación con los intereses de grandes

corporaciones transnacionales. Por otra parte los acuerdos comerciales aprobados

incluyeron en muchos casos cláusulas que obligaron a los socios regionales de

EEUU a adoptar y/o profundizar políticas de seguridad tendientes a garantizar el

ciclo de inversiones privadas transnacionales y a controlar vía la represión y/o

judicialización de los sectores sociales que pudieran resistir la desposesión.

La experiencia peruana es un ejemplo representativo de lo expuesto. La segunda

presidencia de Alan García, iniciada en 2006 y que concluyera en 2011 con altos

índices de rechazo popular, tuvo como signo distintivo de sus políticas públicas lamercantilización y privatización de los bienes comunes y la criminalización de los

movimientos populares. El “decretazo” de 2008 fue una verdadera contrarreforma

constitucional impuesta bajo las facultades legislativas extraordinarias cedidas para

cumplir con los compromisos que suponía dicho acuerdo. El mismo promovió la

mercantilización de los territorios andino-amazónicos en desmedro de los derechos

de las comunidades de los pueblos. En un contexto internacional signado por la

recuperación de los precios internacionales de los minerales la entrada en vigenciaen 2009 del tratado aceleró la adjudicación de nuevas concesiones mineras y

gasífero-petroleras a empresas multinacionales para su exploración y explotación.

Perú se perfiló como uno de los países más atractivos para la inversión en nuevas

explotaciones mineras, ubicándose en el segundo lugar en los receptores de

inversión, después de México. En forma paralela un sinnúmero de protestas y


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conflictos contra la mercantilización de los territorios recorrieron la geografía del

país y se registró un fuerte aumento de las disputas socio-ambientales como

resultado de las resistencias de movimientos campesinos e indígenas, en particular

de la CONACAMI. Según un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo, 48% de

los conflictos sociales registrados a finales de agosto de 2009 correspondieron a

contenciosos socio-ambientales; y 68% de este porcentaje está asociado a conflictos

respecto de la actividad minera, los que, en la mayoría de los casos, refieren a

disputas contra la usurpación empresaria de tierras comunales (Defensoría del

Pueblo, 2009). La llamada “Masacre de Bagua” de junio de 2009 es sin duda el caso

más trágico, aunque no único, de los efectos de las políticas represivas asociadas a

la promoción del extractivismo. La firma de un decreto presidencial a favor de

grandes empresas transnacionales petroleras y mineras en territorio amazónico

desencadenó la resistencia de organizaciones indígenas de aguarunas y huambishas

que bloquearon la ruta para resistir el desalojo de sus tierras concesionadas al

capital privado. La brutal represión policial ordenada por el presidente peruano que

cobró la vida de 18 campesinos, provocó cerca de 30 desaparecidos y originó

acciones de solidaridad con las víctimas a nivel nacional, aún permanece impune.

La trágica experiencia de Bagua indica la dimensión de la acción represiva estatal en

la promoción y profundización del modelo extractivista neoliberal, tendencia que hacontinuado, acentuándose, bajo la presidencia de Ollanta Humala. En la misma

dirección puede evocarse el pedido judicial para lograr la disolución de la Asociación

Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) que promovió el

levantamiento amazónico y cuyo presidente, Alberto Pizango, se vio obligado a

exilarse en Nicaragua.

Colombia es el caso más emblemático de las experiencias de “neoliberalismoarmado” y su articulación con la lógica de mercantilización de los bienes naturales.

Bajo los dos mandatos presidenciales del presidente Álvaro Uribe (2002-2010) este

país fue un “caso testigo” de la penetración de los intereses imperiales de EEUU en

sintonía con los intereses de las clases dominantes colombianas. El “Plan

Colombia”, la política de “seguridad democrática” y la suscripción del TLC

http://es.wikipedia.org/wiki/Aguarunashttp://es.wikipedia.org/wiki/Aguarunashttp://es.wikipedia.org/wiki/Aguarunashttp://es.wikipedia.org/wiki/Aguarunas


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Colombia-EEUU (ya ratificado por el Congreso estadounidense y, por lo tanto,

entrado plenamente en vigor) dieron cobertura legal y represiva a la política de

privatizaciones y de valoración capitalista de los “recursos naturales” al mismo

tiempo que se incrementó la criminalización y represión de los movimientos

populares. El aumento de las concesiones mineras desde 2005, el pillaje de la

biodiversidad por parte de empresas y misiones científicas extranjeras, la

mercantilización del agua y la promoción de cultivos transgénicos en el valle del

Cauca son solo algunos de los ejemplos más emblemáticos de la política uribista en

relación a los bienes comunes naturales. En un contexto particularmente hostil a

toda reivindicación democrática las resistencias de las poblaciones rurales

directamente afectadas han sido sin embargo intensas y en algunos casos han

logrado éxitos provisorios en la paralización de algunos emprendimientos (proyectos

mineros a cielo abierto, represas hidroeléctricas, explotaciones petroleras). La

consulta y expresión democrática de las comunidades (a través de asambleas o

referendum) así como la realización de “mingas” a favor de los “pueblos sin dueños”

y en defensa de la Madre Tierra se destacan entre las estrategias impulsadas por

organizaciones campesinas e indígenas, en particular por el Consejo Regional

Indígena del Cauca (CRIC) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC),

entre otras. El recambio presidencial en 2010 suscitó en algunos sectores socialesmoderadas expectativas de cambio respecto a la política minera. A poco de asumir,

las definiciones del presidente Juan Manuel Santos frustraron rápidamente estas

esperanzas y ratificaron que la explotación de los recursos naturales no renovables

constituye una de las denominadas “locomotoras” de la economía. Esta orientación

se hizo visible en el aumento de las autorizaciones para proyectos de prospección y

de explotación minera que dejará al 56% del territorio de la región del Cauca

sometido a concesiones mineras transnacionales según denunciaron distintasorganizaciones sociales e indígenas y autoridades legislativas de la región. Más de

cuarenta organizaciones sociales y ambientalistas alertaron también contra el

aumento de la militarización y los asesinatos de líderes comunitarios vinculados a la

expansión de proyectos mineros. Recientemente las comunidades campesinas de

Tolima junto con la la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional


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(RECLAME) expresaron su negativa rotunda a la entrada de los proyectos mineros

de la empresa sudafricana AngloGold Ashanti en La Colosa y reclamaron la

suspensión de todas sus actividades a lo largo y ancho del país, hasta tanto no haya

un esclarecimiento sobre las consecuencias sociambientales de este proyecto.

Por otra parte, la fraudulenta elección presidencial en México que en 2006 consagró

a Felipe Calderón como nuevo presidente de ese país dio impulso a un nuevo ciclo

privatizador alineado con los compromisos previstos en los acuerdos comerciales y

de seguridad entre el país azteca y su vecino del norte. Este “nuevo aliento

neoliberal” tomó cuerpo en la ofensiva tendiente a privatizar las empresas públicas

del sector petrolero y energético, en particular Petróleos Mexicanos (Pemex) y “Luz y

Fuerza del Centro”. A principios de 2008 el presidente Calderón envió al parlamento

un conjunto de leyes que postulaba, entre otras cuestiones, la apertura de Pemex a

la inversión privada – nacional y extranjera – en varias áreas estratégicas. Esta

iniciativa fue resistida a través de la constitución del Movimiento Nacional en

Defensa del Petróleo (MNDP) y otros actores que organizaron marchas,

concentraciones y una consulta popular de proyección nacional sobre la reforma

energética que expresó la negativa a la privatización de la empresa pública. Esta

experiencia logró incidir en la aprobación parlamentaria de la ley de reformaenergética, que fue votada con cambios importantes respecto de la propuesta inicial,

aunque dejó planteados vacíos jurídicos que aún ponen en riesgo de privatización la

petrolera estatal, como lo prueban las nuevas regulaciones aprobadas en 2014 por

iniciativa del presidente Peña Nieto y que pusieron fin al monopolio que tenía Pemex

para explotar el petróleo y el gas mexicano, abriendo el negocio a la competencia de

empresas privadas. Por otra parte, ya en 2009 también Calderón disolvió por

decreto la empresa eléctrica “Luz y Fuerza del Centro” dejando cesantes a sus casi44.000 trabajadores. Este nuevo capítulo de la disputa social por la energía entre los

proyectos privatizadores imperiales y los movimientos populares buscó doblegar a

través de la represión y la intimidación laboral al combativo Sindicato Mexicano de

Electricistas (SME). En un contexto económico y social marcado por los profundos

efectos de la crisis económica en Estados Unidos se agudizó la política represiva y de


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militarización social bajo pretexto de la lucha contra el narcotráfico con el resultado

provisorio de una escalofriante cifra de muertes en los últimos cuatro años que ya

referimos. La magnitud de esta cifra resulta elocuente para entender que la mentada

“lucha contra el narcotráfico” se transformó en una verdadera “guerra social contra

los pobres” y sirve para legitimar la represión a toda forma de resistencia social

contra las políticas de ajuste y privatización.

El caso chileno es un ejemplo elocuente de la continuidad histórica de los procesos

de acumulación por desposesión de bienes naturales promovidos por los gobiernos

neoliberales de la región. Desde la apertura del ciclo neoliberal en 1973 a manos de

la sangrienta dictadura pinochetista la mercantilización de la naturaleza constituyó

uno de los pilares de promoción del modelo económico neoliberal y del mentado

“milagro chileno”, aún hoy alabado por el presidente estadounidense Barack Obama.

Esta política afectó particularmente la región sur del país si bien por supuesto

colonizó otros espacios territoriales. En la región austral estuvo asociada desde sus

inicios a la construcción de represas hidroeléctricas, a la deforestación para

consumo de la industria maderera y papelera (y el reemplazo de especies autóctonas

por los llamados “desiertos verdes”, en alusión a bosques para uso industrial) y a la

apropiación privada de tierras en comunidades mapuche. La fuerte expansión ypresión de las empresas forestales y energéticas en estas áreas acrecentó la pérdida

de bosques nativos y el uso intensivo de recursos hídricos toda vez que agudizó en

forma violenta los conflictos territoriales entre las comunidades mapuche y las

corporaciones nacionales y transnacionales. Este proceso estuvo acompañado – tanto

durante la dictadura como bajo los sucesivos gobiernos de la Concertación – por un

tratamiento estatal de la “cuestión mapuche” que combina procesos de cooptación

de líderes comunitarios con una creciente criminalización y represión de lasorganizaciones.

El accionar represivo estatal se incrementó en el último lustro bajo el amparo de las

leyes antiterroristas aprobadas en el marco del TLC entre Chile y EEUU. La

promoción en 2009 del Decreto Ley 701 de Subsidio a las plantaciones forestales


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intensificó las acciones de resistencia y ocupación de tierras promovidas, entre otras

organizaciones, por la Coordinadora Arauco-Malleco. El Estado chileno reaccionó

aumentando la represión, que conllevó la muerte o encarcelamiento de dirigentes

mapuche procesados bajo el cargo de “terroristas”. En el último año el gobierno

empresarial del presidente chileno Sebastián Piñera ha intensificado estas políticas

de gestión privada de los bienes naturales y del territorio chileno, agudizando al

mismo tiempo la represión y estigmatización de la resistencias mapuche y popular.

Esta política, que remite a la imagen de una segunda “Conquista de la Araucanía”,

se conjuga también con una presión recurrente para avanzar en la privatización,

aún no concretada, de la empresa público-estatal de cobre Codelco bajo el

argumento de la “pérdida de eficiencia” de la misma frente a los menores “costos

operativos” del sector privado minero. Resulta llamativo y elocuente que esta

iniciativa privatizadora, que amenaza con poner fin al proceso de nacionalización de

dicha empresa llevado adelante en 1971 por el gobierno de Salvador Allende, se

promueva en coincidencia con el aumento del precio internacional del cobre.

Los procesos de resistencia y luchas contra la depredación y en defensa de la Madre

Tierra también ganaron visibilidad e importancia en los territorios y la geografía

centroamericanos. Estas experiencias emergen en respuesta a la implementación delos planes imperiales para la región (DR-CAFTA, Plan Puebla Panamá rebautizado

Proyecto Mesoamérica, Corredor Biológico Mesoamericano, Programa de Integración

Energética Mesoamericana, entre otros) que promueven políticas de apropiación

privada de la biodiversidad y de los abundantes recursos hídricos, minerales y

forestales de los países del istmo. La entrada en vigencia del TLC entre EEUU,

Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés) en

2006 estimuló la mercantilización de estos bienes bajo la presión de los capitalesprivados transnacionales, en particular estadounidenses. Sin pretensión de

exhaustividad en la referencia a las experiencias de lucha podemos sin embargo

mencionar el incremento de las coordinaciones regionales entre las que se encuentra

la constitución en 2000 del Foro Mesoamericano de los Pueblos que se convirtió en

uno de los espacios más significativos de articulación y coordinación de la acción, el


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debate y la información de los movimientos sociales de la región. Las distintas

campañas y organizaciones mesoamericanas en defensa de la vida y los bienes

comunes (entre las que pueden citarse el Frente de Resistencia en Defensa de los

Recursos Naturales, FRENA, de Guatemala, el Movimiento Mexicano contra las

Represas y por la Defensa de los Ríos, MADPER, de México, la Unión Ecológica

Salvadoreña, UNES, de El Salvador) junto con organizaciones campesinas, indígenas

y sindicales convergieron en la octava edición de dicho Foro realizado en el pueblo

de Minatitlán, en el estado mexicano de Veracruz, en el mes de abril de 2011. La

declaración aprobada por los participantes en el encuentro denuncia el incremento

de la miseria y la violencia para los pueblos de la región como consecuencia de los

grandes megaproyectos y ratifica la lucha contra la militarización y la

criminalización de la protesta en la región. Asimismo realiza una convocatoria a la

lucha por la soberanía alimentaria, la defensa de las semillas nativas y de los

conocimientos tradiciones. El documento subraya la urgencia de defender las tierras

y recursos naturales, enfrentando los proyectos hidroeléctricos, mineros, turísticos,

de ganadería extensiva, plantaciones forestales y de infraestructura al tiempo que

pone de manifiesto la lucha contra el desplazamiento de población por parte de

estos megaproyectos y de los desarrollos urbanos.

En Honduras la Organización Fraternal Negra Hondureña rechazó el emplazamiento

de megaproyectos, represas y ciudades modelos en territorio garífuna y exigió la

realización de consultas democráticas ante este tipo de emprendimientos. Asimismo

exigió el cese de la represión y las violaciones a los derechos humanos frente a las

acciones desarrolladas para oponerse a las políticas estatales de la dictadura de

Porfirio Lobos que promueven la mercantilización de la vida a través de las

iniciativas señaladas. En este país la experiencia del Frente Nacional de ResistenciaPopular (FNRP) contra el gobierno de facto fructificó en la elaboración de propuestas

para la promoción de una nueva Constitución Política de Honduras a través de un

proceso constituyente. Es preciso destacar el conjunto de reivindicaciones presentes

en la plataforma constitucional elaborada por dicho frente que evocan la necesidad

de transformar el rumbo de las políticas públicas sobre los bienes comunes


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naturales. En esta dirección el FNRP ha propuesto consagrar los derechos de la

Madre Tierra, el acceso al agua potable-saneamiento y el medio ambiente saludable

como derechos fundamentales. Se postula también la urgente necesidad de

recuperar la propiedad y administración pública de los recursos naturales,

garantizar el beneficio comunitario y público del manejo de los mismos y establecer

la prohibición de nuevas concesiones a manos privadas. Se señala asimismo el

objetivo de recuperar y redistribuir las tierras con carácter colectivo para las

comunidades campesinas e indígenas que carezcan de ella y establecer un límite al

tamaño de la propiedad agrícola. Por último cabe destacar la importancia asignada

en esta propuesta a la agricultura campesina indígena para garantizar la soberanía

alimentaria del país.

II La experiencia de los gobiernos neo-desarrollistas y las perspectivas de los

proyectos de transformación social: límites, tensiones y conflictos.

Hemos ya referido las diferentes características distintivas que en relación a la

gestión público-estatal asumieron las diferentes experiencias nacionales que

postularon en último decenio la superación del recetario neoliberal de los ’90 en

distintos países de la región. En esta dirección hemos señalado el despuntar deexperiencias que identificamos como neo-desarrollistas como también la emergencia

de un proyecto de transformación social y estatal que cristalizó en una serie de

iniciativas sociales y públicas con perspectiva descolonizadora (condensadas

particularmente en las experiencias de Bolivia y Venezuela). La formulación de este

esquema interpretativo nos obliga a alertar al mismo tiempo respecto del carácter

cambiante y dinámico de estos procesos. Subrayamos entonces la necesidad de

considerarlos, en particular en el caso de Bolivia, Ecuador y Venezuela, desde unaperspectiva dinámica y compleja que de cuenta de las tensiones sociopolíticas y las

reconfiguraciones de las relaciones de fuerza en curso entre las clases y grupos

sociales en el seno de estas sociedades. En relación a ello los efectos de la crisis

capitalista actúan reorientado los rumbos de las políticas públicas estatales y

reconfigurando las tensiones y enfrentamientos entre los sectores dominantes, las


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clases subalternas y los gobiernos. De esta forma los rumbos de cambio y las

perspectivas de democratización social y política se encuentra fuertemente

tensionados y condicionados por las reposición y/o profundización de alternativas

sistémicas impulsadas por los sectores dominantes nacionales como por los

intereses imperiales estadounidenses y europeos. En algunos casos estas tensiones

se expresan en el seno de los propios equipos gubernamentales y, como señalamos,

se manifiestan con claridad en los debates y decisiones políticas respecto de la

gestión de los bienes comunes. Avancemos entonces con la presentación de algunas

de las experiencias más significativas.

El ciclo de recuperación económica regional iniciado en 2003 encontró una de sus

aristas más distintivas, aunque no excluyentes, en la expansión del agronegocio en

los países del cono sur. El sector agrario y el agroindustrial desempeñaron un papel

importante en el incremento de los índices de crecimiento sudamericano que se

situó en un promedio de 5,18% del PIB entre 2004 y 2008 (CEPAL, 2007). El cultivo

de soja transgénica se convirtió en el ícono más emblemático de la “revolución

agraria neoliberal” y de la intensificación del modelo productivista-extractivista

presente en las experiencias de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Este proceso

se consolidó con la expansión de otras actividades asociadas al modelo agrarioneoliberal (plantación de caña y otras especies para la producción de

biocombustibles y expansión de plantaciones forestales para la producción de pasta

de papel); la difusión de la megaminería a cielo abierto y la intensificación de los

procesos de prospección, extracción y procesamiento de los recursos

hidrocarburíferos.

En relación con la consolidación del agronegocio en estos países pueden referirsetres tendencias convergentes que aceleraron su expansión, profundizando la

concentración de la propiedad de la tierra a mano de grandes propietarios: a) la

difusión a escala mundial del “paquete tecnológico transgénico” (semillas

genéticamente modificadas y herbicidas producidos y comercializados por grandes

multinacionales del sector); b) la promoción de por parte de las transnacionales


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semilleras de una política de venta que habilitaba a los productores a diferir el pago

por la compra de las semillas transgénicas y de los herbicidas hasta el momento de

la recolección de la cosecha lo que resultó una oferta muy atractiva y funcionó como

un estímulo más a la difusión de la agricultura transgénica. c) el incremento de los

precios de ciertos commodities agrarios junto con el aumento de la demanda en el

mercado internacional.

La experiencia argentina bajo los sucesivos gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina

Fernández de Kirchner resulta un caso emblemático de las tensiones y

contradicciones provocadas por las políticas de promoción estatal de la lógica

productivista-extractivista en el agro pampeano. Estas tensiones se expresaron con

una intensidad singular en ocasión del lock-out agrario de 2008 promovido por los

grandes y medianos propietarios del sector con el objetivo de rechazar el proyecto de

aumentar las “retenciones” (impuestos a las exportaciones) a las exportaciones

agrícolas impulsado por el gobierno. Un conflicto que atravesó y movilizó a la

sociedad toda y cuyos contendientes principales – en el terreno político y de clases-

deben interpretarse a la luz de la contraposición entre los proyectos

“neodesarrollistas” y del “neoliberalismo armado”. Con posterioridad a la derrota

parlamentaria de la propuesta oficial, la política gubernamental aumentó lagenerosa distribución de subsidios estatales a los productores del sector toda vez

que ensayó una cada vez más fallida política para morigerar los efectos del aumento

de precios, particularmente de los alimentos motivados, en gran parte, por el peso

de los grandes monopolios agrícolas y alimenticios que, ante el incremento

internacional de los precios de estos bienes, prefieren privilegiar la exportación a

obtener -vía inflación- iguales tasas de ganancia en el mercado interno.

Por otro parte, en este contexto marcado por el aumento del precio internacional de

los commodities de origen agrícola, el dinamismo exportador contribuyó también al

incremento de los ingresos fiscales del Estado. Una coyuntura que fue aprovechada

a nivel oficial para promover una activa intervención estatal en la transferencia de

los recursos públicos que, junto a otras iniciativas, dio pie al discurso


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En el caso del sector minero, la significativa expansión de las inversiones

transnacionales en la última década se ha transformado en una de las formas

distintivas del ciclo de acumulación por desposesión en Argentina. Bajo el amparo

de regulaciones legales promulgadas en la década de los ’90 (y en algunos casos

profundizadas recientemente) el desarrollo de emprendimientos mineros no ha

dejado de multiplicarse en los territorios de las provincias cordilleranas y

patagónicas. El impulso gubernamental de esta actividad económica ha encontrado

valiosos aliados en los gobiernos provinciales de Catamarca, Chubut, Jujuy, La

Rioja, Mendoza, Neuquén, Salta, San Juan que promueven inversiones de

corporaciones mineras de origen brasilero, canadiense, chino, estadounidense y

sudafricano, entre otros. En forma concomitante la lucha de las comunidades contra

la minería contaminante y en defensa del agua es una de las experiencias de

resistencia que conquistaron mayor visibilidad y legitimidad en el “ciclo neo-

desarrollista”.

La constitución de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) en 2006 es la

experiencia más emblemática de este proceso de resistencia anti-minera. Esta

“confederación nacional” de asambleas en defensa del ambiente impulsó la sanción

en 2010 de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección de los Glaciares y la Zona Periglaciar que acota la saciedad productiva de las empresas,

estableciendo un límite más extendido para las explotaciones en función de la

preservación de los glaciares. Por otro lado, en 2011 la lucha anti-minera en

Mendoza fructificó en las protestas contra la aprobación legislativa proyectos en el

sector. Dos masivas marcha organizada en febrero de este año por las Asambleas

Mendocinas por el agua pura (AMPAP) y la Coordinadora por el Agua y los Bienes

Comunes lograron bloquear el Proyecto San Jorge y denunciar el emprendimiento dela compañía Vale en dicha provincia. En la misma dirección, la lucha y movilización

de las comunidades mapuches de la provincia de Neuquén resultó decisiva para que

el Superior Tribunal de Justicia de dicha provincia denegara recientemente la

solicitud realizada por el gobierno para autorizar un proyecto minero de capitales

chinos para la extracción de cobre en la zona de Campana Mahuida donde se


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asientan las comunidades indígenas. En muchos casos estas resistencias debieron

enfrentar la acción intimidatoria de las empresas y la represión de las fuerzas

policiales provinciales, características del ciclo minero.

El anuncio de inversiones mineras en Uruguay abrió un debate en ese país respecto

a la profundización a la naturaleza y consecuencias de estas inversiones, en

particular sus secuelas de contaminación ambiental. Los efectos nocivos de la

expansión de bosques artificiales para alimentar las industrias papeleras

transnacionales instaladas en dicho país y la multiplicación de los cultivos de soja

transgénica son referidos por distintas organizaciones y movimientos ambientalistas

como antecedentes negativos del perfil productor extractivista consolidado en los

últimos años de gobiernos frenteamplistas.

La experiencia de Brasil es también un ejemplo elocuente de los procesos de

desposesión en curso de las gestiones neodesarrollistas, en particular en relación

con los bienes naturales, y de la consolidación de esta matriz en la orientación de

las políticas públicas estatales. Estas opciones se combinaron con la promoción

oficial de una política monetaria que mantuvo elevadas tasas de interés que generan

los más altos beneficios en la historia del sector financiero nacional y transnacional.La particularidad de esta política de desarrollo que combina ganacias

extraordinarias del sector financiero y del sector agorexportador y extractivista ha

sido caracterizada por algunos economistas críticos como “modelo liberal-periférico”

(Filgueras, Pinheiro. Philigret, Balanco, 2010). El impulso brindado al agronegocio

estimuló la expansión de la frontera agrícola, limitó el impacto de los modestos

pasos dados a favor de la reforma agraria durante el primer mandato del gobierno

del presidente “Lula” da Silva y consolidó lo que ha sido caracterizado como una“contrarreforma agraria” en favor de los sectores dominantes (de Oliveira, 2010). La

promoción oficial del modelo agrícola neoliberal en desmedro de la agricultura

familiar y la reforma agraria integral impulsada por los movimientos sociales

brasileños (en particular el Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra, MST)

estimuló también la difusión de cultivos transgénicos y de especies destinadas a la


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producción de biocombustible y expandiendo la colonización agraria capitalista en la

región amazónica.

Dos medidas adoptadas en el último lustro convalidan y refuerzan estas tendencias

y condicionan fuertemente los procesos de democratización ligados a la remoción de

la injusta estructura agraria colonial. Nos referimos en primer lugar a la firma en

2007 del tratado brasileño-estadounidense de colaboración binacional para la

promoción de la producción del etanol. Este acuerdo incrementó la superficie de

tierras destinadas al cultivo, entre otros, de la caña, la palma aceitera y el maíz, en

el establecimiento de un sistema de incentivos fiscales y subsidios para la

producción de materias primas para el biodiesel en pequeñas propiedades familiares

de las regiones norte y nordeste y en el significativo aumento de las exportaciones

brasileñas de etanol entre 2004 y 2008. En segundo lugar hay que referir a la

promulgación en 2009 de la Ley de Conversión 09, destinada a regularizar la

situación de los ocupantes de más de 67 millones de hectáreas de tierras estatales

en la Amazonía Legal. Por sus características específicas cuya referencia excede los

límites de lo que podemos hacer en esta clase dicha medida permitió legalizar la

ocupación ilegal de tierras por parte de grandes propietarios y compañías

latifundistas. La profundización de esta política agraria regresiva incrementósignificativamente la violencia agraria y agudizó los procesos de criminalización de

los movimientos de base rural. Los datos divulgados por la Comisión Pastoral de la

Tierra (CPT) sobre los conflictos agrarios en los últimos años reflejan la situación de

extrema violencia perpetrada contra los trabajadores rurales (Comissão Pastoral da

Terra, 2009). También en los dos últimos años recrudecieron las iniciativas

parlamentarias de la llamada “bancada ruralista” y de distintos sectores políticos y

empresariales brasileños tendientes a criminalizar e ilegalizar la acción del MST.

En lo que respecta a la gestión de los recursos energéticos e hidrocarburíferos

brasileños, si bien la misma no pareció alterar sustancialmente los lineamientos ya

presentes en la gestión neoliberal del presidente Fernando Henrique Cardoso (Lessa,

Padula, Santos, 2010), supuso una serie de novedades. El anuncio realizado por el


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gobierno brasileño en 2008 del descubrimiento de enormes reservas petrólíferas en

la plataforma marina continental brasileña (proyecto de explotación conocido como

Pré-sal) y las perspectivas de incremento de los ingresos públicos gracias a la

extracción y comercialización de las mismas parece consolidar, bajo la gestión

presidencial de Dilma Rousseff, la apuesta por un modelo de desarrollo capitalista

fuertemente asociado al dinamismo de las industrias extractivas. En relación a ello

es preciso también valorar como una tendencia del período la expansión regional e

internacional de grandes conglomerados industriales brasileños vinculadas a los

intereses extractivos y del agronegocio (la Vale, primera productora de hierro

mundial1, Petrobras, Odebrecht, Sadia, etc.). Esta experiencia ha sido referida como

la consolidación del carácter “sub-imperialista” del capitalismo brasileño en

relación a Sudamérica y algunos países africanos. La expansión de estas empresas

ha sido fuertemente subsidiada en muchos casos por el propio estado brasileño a

través de la política crediticia al sector privado y público de la economía vehiculizada

por el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES, por sus siglas en portugués). Las

prioridades de préstamo establecidas por este “megabanco” son elocuentes: se

calcula que al menos el 60% de los millonarios préstamos realizados por el BNDES

entre 2003 y 2009 se destinaron a la promoción de un padrón industrial intensivo

en recursos naturales (Tautz, Siston, Lopes Pinto, Badin, 2010). El Programa deAceleración del Crecimiento Económico II (PAC II) lanzado en 2009 condensa

también una parte importante de estos recursos destinados a la promoción de obras

de infraestructura hidroeléctrica, viales, ambientales y de modernización tecnológica

e industrial para “sostener el crecimiento” e incrementar los índices de

productividad económica. La expansión de estas políticas generó denuncias y

acciones contra el despojo, la contaminación y la enajenación de tierras, promovidas

por organizaciones sindicales campesinas, comunidades indígenas y deorganizaciones ambientalistas y eclesiales como el MST, el Movimiento de Afectados

1 En relación a la expansión internacional de la Vale, sus estrategias empresariales y las resistencias sociales que losemprendimientos mineros de esta multinacional generan en África y en América Latina ver Taddei, Emilio, Seoane, José,Algranati, Clara 2011 Minería transnacional y resistencias sociales en África y en América Latina (Río de Janeiro: GEAL-Diálogo de los Pueblos).


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por las Represas (MAB, por sus siglas en portugués), el Movimiento de Afectados por

la Vale, la Comisión Pastoral de la Tierra, entre otras.

Queremos referir por último, en relación a estas experiencias, a una cuestión que

remite a las estrategias de legitimación de las opciones neo-desarrollistas. La misma

se hace visible en la retórica de los gobiernos y en la discursividad de amplios

sectores del campo intelectual, como así también en los espacios de la militancia

social que acompañan dichas experiencias.

El proyecto del “desarrollo” en la región enfatiza la centralidad que tienen el

“crecimiento económico”, las políticas sociales y la creación de empleo para asegurar

la superación de los efectos de la concentración del ingreso impuesta por el

neoliberalismo. Estas metas son privilegiadas para la superación de la aguda

situación social heredada y en términos más general de la situación de

“subdesarrollo”. El aprovechamiento de las ventajas “naturales” comparativas del

capitalismo latinoamericano en la favorable coyuntura internacional es un elemento

central de este enfoque. En la retórica neo-desarrollista, las consideraciones de tipo

ambiental quedan de esta forma subsumidas en la prioridad asignada al

fortalecimiento de un modelo que, como ya señalamos, asume la forma de unainusitada intervención destructiva de las fuerzas del capital sobre la naturaleza. El

“sacrificio” de los bienes naturales y del ambiente en pos de un crecimiento

económico que parece sentar las bases indispensables para el mejoramiento de las

condiciones de vida tiende a primar sobre cualquier otra consideración.

Ciertamente, la capacidad de interpelación social de este enfoque encuentra su

explicación en las devastadoras consecuencias de las políticas neoliberales de los ’90

en términos de empobrecimiento, desempleo y desocupación de millones delatinoamericanas y latinoamericanos. En esta perspectiva, la posibilidad

experimentada por vastas franjas de los sectores populares de un mejoramiento de

las condiciones de vida aún si este es relativo y limitado, no debe subestimarse

desde la defensa cerrada de un “ambientalismo” abstracto. Sin embargo es preciso

subrayar que se trata de una falsa dicotomía: lo “social” y lo “ambiental” no son


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excluyentes. El riesgo de consagrar esta dualidad como una “ley de hierro” del

desarrollo capitalista actual es altísimo. La experiencia en curso demuestra que la

apropiación de los beneficios resultantes de la creciente depredación ambiental está

concentrada en pocas manos. En este sentido el actual ciclo económico de

depredación de bienes naturales no ha modificado la matriz de acumulación

neoliberal, más bien la resignifica y actualiza en una nueva coyuntura histórica

provocando nuevos problemas sociales, ambientales, políticos y culturales que

agudizan las lógicas de desposesión.

Estos señalamientos deben servir para relativizar una visión optimista respecto de

las capacidades del “neo-desarrollismo” para resolver efectivamente la “cuestión

social”, que también ha sabido ganar predicamento entre organizaciones sindicales

del mundo urbano industrial. Es preciso entender que no existe una resolución de la

“cuestión social” escindida de la “cuestión ambiental” en la medida en que ambas

dimensiones son constitutivas de la experiencia secular del actual patrón de poder

mundial. Ambas estuvieron históricamente vinculadas y continúan estándolo hoy

más que nunca. La comprensión de ello es decisiva en la posibilidad de promover

convergencias solidarias entre los llamados mundos “rural” y “urbano” que

interpelen radicalmente el modelo societal de consumo y de producción organizadoen torno a la rentabilidad del capital. La superación de la falsa dicotomía entre “lo

social” y “lo ambiental” no es un ejercicio de especulación intelectual. Su concreción

efectiva se inscribe en la experiencia histórica concreta de las luchas, los debates y

las acciones de los oprimidos y explotados de Nuestra América latina y caribeña. El

“Bien Vivir” formulado desde las experiencias de lucha y resistencia de las

comunidades indígenas andinas es en este sentido una importante contribución al

debate sobre esta dicotomía. Volveremos sobre esta cuestión más adelante.

Si bien estos señalamientos remiten particularmente a las experiencias recientes de

los países del Cono Sur, su consideración resulta importante también para analizar

las experiencias andinas de transformación estatal en Bolivia, Venezuela y

particularmente en Ecuador, donde los procesos de cambio están tensionados por la


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evolución de la coyuntura regional e internacional. Las llamadas experiencias de

construcción del “socialismo del siglo XXI” o “socialismo comunitario” han permitido

avanzar en la construcción de incipientes procesos de descolonización política,

social, económica y cultural. Los intensos procesos de transformación social y

estatal que conocieron Bolivia, Ecuador y Venezuela se inscribieron, con mayor o

menor intensidad según los casos, con procesos de intensa movilización popular y

debate político. En estas dinámicas tuvieron lugar iniciativas de nacionalización y/o

renegociación de contratos en sectores estratégicos que conocieron estos países.

Estas y otras medidas supusieron un mejoramiento y democratización de las

condiciones de vida de amplios sectores sociales toda vez que permitieron un

incremento de la renta estatal que fue reorientada al financiamiento de importantes

políticas sociales de carácter universal. El incipiente andar de estos procesos, que

en los tres casos mencionados permitieron aprobar reformas constitucionales que

consagran en el caso de Bolivia y Ecuador el carácter plurinacional de estos estados,

hubo de enfrentarse sin embargo a partir de 2008 con el cambio de la coyuntura

internacional marcado por el inicio de un nuevo ciclo de la crisis capitalista.

Como ya señalamos, las presiones sistémicas que la crisis actual descarga sobre el

llamado Tercer Mundo se expresan en América Latina en el marco de las estrategiasque pretenden intensificar los procesos de mercantilización de la vida y ejercer un

control militar creciente sobre los territorios nacionales. Estas dinámicas se ciernen

como verdaderas amenazas ante la necesaria profundización de la transformación

revolucionaria en dichos países, tema que hemos tratado en detalle en un texto que

acompaña estas clases: Recolonización, bienes comunes de la naturaleza y

alternativas desde los pueblos. La fallida tentativa de golpe de Estado contra Rafael

Correa en 2010 puso de manifiesto de forma brutal la pretensión de fraccionesdominantes locales y de los centros imperiales de poder de poner límite a cualquier

orientación en esta dirección y de desmontar las conquistas populares obtenidas en

los últimos años. La profundización de algunas políticas públicas en relación a la

gestión de los “recursos naturales” promovidas por el gobierno de la coalición

Alianza País tiende a reforzar sin embargo este modelo extractivo – sin alterar


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sustancialmente el peso del sector privado- y a profundizar así el enfrentamiento

con organizaciones indígenas de dicho país, en particular la CONAIE. De manera

similar a lo ocurrido en el caso de la aprobada ley de minería en 2008 o con la ley de

aguas en 2009, también la política de explotación petrolera supuso – y supone – una

tensión y conflicto reiterado del gobierno con las comunidades originarias y el

movimiento indígena. La prolongación y agudización de este enfrentamiento como

consecuencia de la equívoca posición asumida por la confederación indígena

durante la tentativa destituyente es un obstáculo de riesgosas consecuencias para

las perspectivas de democratización y cambio social en Ecuador.

El ciclo de transformaciones abierto en Bolivia con la elección de Evo Morales en

2005 encuentra dos momentos que por su significación simbólica marcaron el ciclo

de intensas disputas protagonizado por el “bloque popular” en pos de la

transformación social. El 1º de mayo de 2006 el presidente Morales firmó el decreto

de nacionalización que avanzaba respecto de las medidas adoptadas en el último

tramo del gobierno anterior. Este proceso implicó además la recuperación, en 2008,

de la mayoría accionaria estatal en las petroleras “capitalizadas” – privatizadas de

forma parcial – en los noventa (Seoane, Taddei, Algranati, 2010). La derrota en 2008

de la estrategia destituyente callejera impulsada por las élites de la llamada regiónde la Medialuna boliviana tras el abortado levantamiento que culminó en la Masacre

de Pando cerró al menos provisoriamente la situación de “empate catastrófico” entre

las clases y bloques sociales. A partir de ese momento parece haberse abierto un

nuevo período que hubo de estar condicionado por los efectos regionales de la crisis

internacional. Esta situación trasladó al seno de la propia coalición gobernante

algunas de las tensiones y disputas en torno a la orientación de las políticas

públicas como respuesta a la crisis. Conciente de la dimensión ambiental y climáticade la misma y frente a la necesidad de construir una alternativa popular a las

propuesta esgrimidas por las potencias imperiales en relación a la cuestión del

cambio climático el gobierno boliviano y numerosos movimientos sociales de ese país

organizaron, en abril de 2010 en Cochabamba, la Conferencia Mundial de los

Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, para construir


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estrategias e iniciativas “desde abajo” para influir en el curso de las negociaciones de

la Cumbre de Cambio Climático organizada por la ONU. Dicho encuentro, que contó

con una importante participación de movimientos latinoamericanos y de otros

continentes, selló un acuerdo de las organizaciones participantes en la perspectiva

de promover un movimiento internacional contra los responsables de la crisis

climática y por alternativas efectivas frente a la misma que contempla, entre otras

cuestiones, el impulso a referéndums y consultas sobre la cuestión.

La evolución de la situación nacional marcada por los efectos de la crisis en el país

andino llevó sin embargo al presidente Evo Morales a fines de 2010 a anunciar el

aumento de los combustibles debido a la decisión de eliminar los subsidios

estatales. Este incremento fue justificado con el argumento del perjuicio causado

por el contrabando de carburantes a la economía nacional y promovía el aumento

del precio de los combustibles en un 80%. Rápidamente la decisión presidencial se

reveló como altamente antipopular. Las protestas, movilizaciones y bloqueos de ruta

protagonizados por distintas organizaciones sociales e indígenas pusieron de

manifiesto la amplitud del repudio popular y obligaron al presidente boliviano a dar

marcha atrás con la medida. Esta rectificación del rumbo gubernamental exigida por

los propios movimientos comprometidos en el proceso de cambio manifiesta lacapacidad aún existente en las organizaciones populares para incidir en el rumbo de

las decisiones gubernamentales y la respuesta permeable del gobierno a la opinión

popular. Sin embargo el anuncio realizado no permitió revertir, en gran parte, el

incremento de los precios de productos alimenticios y de otros insumos de consumo

popular provocado tras la tentativa del “gasolinazo”. Posteriormente, en enero de

2011 el propio presidente Morales anunció la promoción de una nueva Ley Minera

para Bolivia que pretende dinamizar el proceso de industrialización minera yredefinir al mismo tiempo los porcentajes de las utilidades que las empresas

privadas del sector deberán reinvertir en dicho país. Distintos sectores sindicales y

organizaciones indígenas y campesinas como el Consejo Nacional de Ayllus y

Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), la Confederación de Pueblos Indígenas de

Bolivia (CIDOB), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de


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económico y defiende el reconocimiento de la plurinacionalidad como principios

fundantes de nuevas y necesarias formas de organización política de los territorios

de Nuestra América. Estas y otras cuestiones conforman los nudos problemáticos y

del “Bien Vivir” que es entendido y postulado no como programática ya resuelta sino

como un proceso abierto, diverso y en construcción en la lucha contra la

desmercantilización de la vida.

III. Bienes comunes naturales y proyectos populares: presente y futuro de las

alternativas emancipadoras/descolonizadoras.

Si el ciclo de crecimiento económico desplegado en la región a partir de 2003

acentuó dramáticamente las consecuencias de la acumulación por desposesión de

los bienes naturales, el estallido y evolución de la crisis económica internacional a

partir de fines de 2008 abrió un nuevo escenario que, por lo menos inicialmente, fue

aprovechado con mejor suerte por las fuerzas conservadoras. La amenaza de la

crisis pareció favorecer en algunos casos las opciones más sistémicas, la

profundización de la explotación intensiva de los bienes de la naturaleza creció en

predicamento ante la incertidumbre, el crecimiento de los precios de algunos

commodities (particularmente los alimentos) alimentó la opción exportadora y lafuerza de estas fracciones económicas.

En este contexto, Nuestra América afrontó una ofensiva restauradora promovida por

los poderes imperiales y por las fracciones y fuerzas más retrógradas del bloque

dominante y las élites políticas en el ámbito nacional de la que no era ajeno el

control de estos bienes. En esta dirección, el golpe de estado en Honduras de

mediados de 2009 y el de Paraguay, de Junio de 2012, fueron señales indudablesdel relanzamiento de la iniciativa estadounidense en el continente orientada a

neutralizar y abatir los procesos de cambio en curso y reconquistar el control sobre

un territorio que considera su área de influencia natural; ahora bajo la nueva

legitimidad que ostentaba la presidencia de Obama.


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Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales PLED CCC

Los caminos de la construcción de un proyecto popular de cambio social están

estrechamente vinculados a las alternativas en relación con el uso y gestión de los

bienes comunes de la naturaleza. Y similar cuestión se plantea en el plano

internacional, en la batalla contra los verdaderos responsables del cambio climático

que está modificando, a golpes de catástrofes e inclemencias, la vida en el planeta y

amenazándola con su extinción. Y entonces, la consigna adoptada recientemente por

muchos de los movimientos y organizaciones que se movilizan por una efectiva

respuesta ante la crisis climática se nos vuelve tan propia: “cambiemos el

capitalismo, no el clima”.

Ciertamente, los movimientos sociales y los pueblos de Nuestra América y del

mundo afrontan la magnitud de una crisis que en sus diferentes aspectos

(económico, ambiental, alimentario, energético, de guerra y militarización, etc.) tiene

la profundidad de una crisis civilizatoria. No es sólo el horizonte lejano de las

luchas, sino también y especialmente la interpelación urgente de la coyuntura. Hace

casi cuatro décadas atrás, Eduardo Galeano popularizó la imagen de América Latina

con sus venas abiertas, hoy trágicamente esas venas están siendo sangradas aún

más profusamente, y una “sociedad con fines de lucro” de poderosos y canallas,

locales y extranjeros, se enriquece a sus costillas. Pero en las disputas por losbienes comunes de la naturaleza también se tejen las resistencias, las alternativas y

los sueños de nuestros pueblos. Enarbolan las programáticas y horizontes

emancipatorios surgidos, discutidos, explorados en estas últimas décadas de luchas

y organización de los movimientos sociales y populares, de las clases y grupos

subalternos. Ofician de brújula estratégica frente a los desafíos que se abren hacia

adelante.

Esperamos que las reflexiones que compartimos con todas y todos ustedes sean de

utilidad en la comprensión de las dinámicas que asume el “saqueo” de la naturaleza

en nuestra región y que contribuyan modestamente al debate y a la construcción

colectiva de alternativas descolonizadoras y emancipadoras en Nuestra América. Esa

ha sido nuestra esperanza. Saludos fraternos.

Clase Nº11- Las Disputas Sociopolíticas Por Los Bienes Comunes de La Naturaleza- Características,...

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