Colección Ideas N° 102

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FAMILIAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN CHILE COLECCIÓN IDEAS Jaime Ruiz-Tagle P. Año 11 Nº 102 Enero 2010

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Esta colección recoge los aportes de los distintos equipos, grupos y talleres de la Fundación sobre políticas públicas y propuestas programáticas, desde una perspectiva progresista, que se sustenta en principios de libertad, justicia social, participación ciudadana, respeto a los derechos humanos y una economía que propicie la equidad y sea incluyente.

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FAMILIAS Y POLÍTICASPÚBLICAS EN CHILE

COLECCIÓN IDEAS

Jaime Ruiz-Tagle P.Año 11 Nº 102

Enero 2010

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Resumen ejecutivo

Este informe sobre las familias chilenas y las políticas públicas durante los Gobiernos de la Concertación se estructura bajo dos supuestos explícitos: uno, que hacer de la familia el núcleo básico de la sociedad es una tarea colectiva que supera las posibilidades de los Gobiernos; y dos, que las familias son cada vez más diversas. Además, hay un supuesto no explicitado: que el bienestar de las familias debe ser una preocupación central de las fuerzas políticas progresistas, y no puede ser entregado a las ideologías conservadoras.

La primera parte está centrada en caracterizar la evolución reciente de las diversas formas de familia en Chile. La segunda parte analiza los principales cambios en la legislación familiar, que han sido trascendentales en la última década. La tercera, está dedicada a tipificar las políticas sociales que más han beneficiado a las familias populares, con particular énfasis en la vivienda y en la previsión social.

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ÍNDICE

Introducción 4

A. Evolución reciente de las familias en Chile 5

1. Cambios en las estructuras familiares 5

2. La opinión de los chilenos respecto a las familias 7

B. Cambios en la legislación 8

1. Ley de filiación 8

2. Ley de matrimonio civil 9

3. Ley sobre Violencia Intrafamiliar 10

4. Los Juzgados de Familia 11

5. Ley de Justicia Penal Juvenil 12

C. Políticas sociales 13

1. Vivienda 14

2. Superación de la pobreza y la indigencia. Empleo. Beneficios para las mujeres 15

3. Salud, discapacidad y drogas 17

4. Primera infancia 19

5. Educación 21

6. Previsión social. Beneficios para los Adultos Mayores 22

Conclusión 24

INTRODUCCIÓN

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Existe una convicción ampliamente extendida de que la familia constituye el núcleo básico de la sociedad. Sin embargo, el rol del Gobierno y de las políticas públicas es sólo uno de los elementos necesarios para lograr su estabilidad y desarrollo.

Por otra parte, resulta cada vez más evidente que en Chile existen diversos tipos de familias, aunque la familia nuclear con padres e hijos sea el modelo cultural predominante. Las políticas públicas deben atender a esta diversidad.

Durante el gobierno del presidente Patricio Aylwin, se creó la Comisión Nacional de la Familia, de carácter pluralista, que trabajó durante un año realizando diagnósticos y lineamientos de políticas. Su informe final, que fue publicado por el Servicio Nacional de la Mujer (1), insistió en que el fortalecimiento de la familia es una tarea de toda la sociedad, y no solamente de las políticas públicas:

“Ayudar a la familia para que sea realmente el núcleo básico de la sociedad, como lo señala nuestro texto constitucional, es una tarea que excede con mucho la labor de un gobierno, ya que corresponde a la sociedad en su conjunto y, de principal modo, a las propias familias. Son ellas las protagonistas de su desarrollo y estabilidad, como también lo son de sus dificultades. Las condiciones sociales y culturales, especialmente de los sectores sumidos en la extrema pobreza, influyen en las oportunidades que tienen las familias para construir su propio futuro...

Es fundamental que las familias vean en el Estado una constante preocupación por garantizar de modo efectivo su protección jurídica, conforme al mandato constitucional, y un esfuerzo sostenido por mejorar sus oportunidades de desarrollo y su calidad de vida...”

Además, el documento destacó la diversidad de las familias, que deben ser objeto de las políticas públicas:

“Cada familia tiene valores culturales, tradiciones y formas de vida que es necesario respetar al momento de formular y ejecutar las políticas sociales, evitando la discriminación respecto de aquellas familias que no se ajustan al modelo predominante en la sociedad.”

En una publicación más reciente, el Sernam reiteró la importancia de considerar los diversos tipos de familia: “La aceptación de la existencia de familias diversas implica la necesidad de trabajar en torno a esta diversidad desde los servicios públicos y desde las políticas públicas”2.

Además de esta introducción (que pone el énfasis en las limitaciones de las políticas públicas y en los diversos tipos de familias), este texto consta de tres 1 Informe de la Comisión Nacional de la Familia, Sernam, Santiago, 1994.2 “Familia y Políticas Públicas”, Sernam, Santiago, 2000

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partes. La primera, más general, se refiere a la evolución reciente de las diversas formas de familia en Chile, sobre la base de los últimos estudios disponibles, así como de datos censales y de encuestas. La segunda parte analiza los principales cambios legales de los últimos años relacionados con las familias. La tercera sintetiza las políticas sociales que las benefician, con particular referencia a la vivienda, la salud, la educación, el empleo y la previsión social.

A. Evolución reciente de las familias en Chile

1. Cambios en las estructuras familiares

Existe en nuestro país un consenso generalizado de que la familia es una realidad fundamental e insustituible para el desarrollo de las personas y para su integración social. Ella cumple funciones de reproducción biológica y económica, de socialización, de protección y de comunidad afectiva. En ella se adquieren el lenguaje, las costumbres, las normas y valores.

Pero existe también un consenso bastante generalizado en que la familia es una institución cambiante, según las circunstancias políticas, sociales, culturales y sobre todo económicas.3

Se dice con frecuencia que “la familia está en crisis”. Pero éste ha sido un problema de todos los tiempos. Si bien existe como ideal la familia nuclear típica estable, compuesta por padres e hijos, históricamente se constata que ésta no es predominante y que existen otras formas de familia. La familia nuclear tradicional ha sido el modelo histórico de la sociedad chilena, pero los estudios históricos muestran que durante el siglo XIX la situación de las familias en Chile era desastrosa: los hombres abandonaban a las mujeres en la medida que emigraban de un lugar de trabajo a otro; las mujeres abandonaban a las guaguas que no podían mantener. Incluso a comienzos de la década de 1940, el Padre Hurtado constataba la desarticulación de las familias chilenas, sobre todo entre los más pobres.

Las crisis recientes de la familia están particularmente asociadas al proceso de modernización y sobre todo al incremento de la incorporación de las mujeres al mercado laboral. Esto genera problemas para el cuidado de los niños y ancianos (cada vez más numerosos), en la medida que las instituciones públicas no ofrecen servicios suficientes y de calidad.

Por otra parte, la creciente inestabilidad de los empleos, asociada a la globalización, plantea nuevas exigencias de protección a las familias, sobre todo en la medida en que los desocupados no cuentan con seguro de desempleo. Además, la prolongación de la escolaridad hasta el nivel terciario exige a las familias continuar siendo un apoyo para los jóvenes mucho más allá 3 Ver Valenzuela, Tironi, Scully, “El eslabón perdido. Familia, modernización y bienestar en Chile”, 2006.

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de su mayoría de edad. Dicho en términos más generales, las crisis recientes de las familias provienen significativamente de las nuevas exigencias que les plantean los procesos de modernización.

No cabe duda de que uno de los cambios más notables en las familias “modernas” ha sido la disminución del número de hijos. La tasa de fertilidad bajó de 4,5 niños por mujer a mediados de los ’60 a sólo 1,9 en la actualidad4. En esto han influido las transformaciones económicas, sociales y culturales, junto con la expansión de los nuevos métodos de control de la natalidad.

La disminución del número de hijos y la postergación de la maternidad han facilitado la incorporación de las mujeres al mercado laboral. Esto ha contribuido a la formación de nuevos hogares, mediante la independización de núcleos que antes compartían una misma vivienda.

Las cifras censales muestran la reducción del tamaño de las familias chilenas. El promedio de los integrantes del hogar bajó de 4 personas en 1992 a 3,6 en 20025. Aumentó la proporción de las familias pequeñas; así, por ejemplo, las de dos personas pasaron de 14,4% a 17,6% entre uno y otro Censo. Las mujeres solas y profesionales adquieren cada vez más independencia: residen solas en un 34,6% de los casos.

Los datos censales revelan que el modelo “ideal” de familia nuclear es cada vez menos predominante en Chile. Los hogares formados por ambos padres y sus hijos disminuyeron de 41,6% en 1992 a 38,1% en 2002. En cambio, aumentaron los hogares monoparentales.

La mayor incorporación de las mujeres al mundo laboral va normalmente acompañada de una fuerte carga de trabajo doméstico, donde el compromiso y la participación de los hombres son muy bajos, incluso entre los jóvenes. Esto genera fuertes tensiones, sobre todo cuando a las largas jornadas laborales se agrega mucho tiempo dedicado a la movilización hacia el trabajo, como sucede en las grandes ciudades. La distribución de tareas al interior del hogar es muy desigual: según la Encuesta Adimark – UC, 2008, un 47% de los hombres asegura que no hace nada o casi nada, mientras que el 71% de las mujeres sostiene que hace todo o casi todo.

Además, uno de los cambios más importantes en la sociedad chilena ha sido el aumento proporcional de las jefas de hogar, especialmente entre los indigentes.

4 Ver, “Natalidad”, Libertad y Desarrollo, N° 193, enero de 2009.

5 Ver Gubbins et al., “Familia: innovaciones y desafíos”, en “Cuánto y cómo cambiamos los chilenos”, INE, Santiago, 2003.

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Evolución de la jefatura femenina: 1990 – 2006 (%)

1990 2003 2006

Indigentes 22,4 32,8 44,4Pobres no indigentes 18,8 26,0 34,7No pobres 20,3 25,6 28,8Fuente: Encuestas CASEN

Por otra parte, ha caído el número de matrimonios. En 2008 hubo solamente 57.404, mucho menos que los 74.745 de 1998, según cifras del Registro Civil. La edad promedio de los que se casaron subió de 23 a 28 años entre 1998 y 2008.

La convivencia se ha acentuado en las nuevas generaciones. De los que se casaron, habían convivido previamente un 44% en la categoría de 18 a 24 años y un 38 % en la de 25 a 34, pero sólo un 11% en la de 55 y más. En el caso de los jóvenes de 18 a 24 años, el 60% de las uniones son convivencias (según la Encuesta Adimark – UC, 2008).

Más aun, la convivencia está dejando de aparecer como un estado transitorio de preparación para el matrimonio y comienza a adquirir legitimidad propia, con independencia de que existan o no hijos. La vida en pareja tiende a prescindir de la “institucionalización”, de las normas jurídicas, quedando cada vez más sometida a las opciones de los individuos.

Como consecuencia, sólo uno de cada tres niños nació dentro del matrimonio en 2008. La tendencia a la des-institucionalización se ha acentuado en las últimas décadas: el porcentaje de niños nacidos dentro del matrimonio bajó de 84,1% en 1960, a 65,7% en 1990 y a 35,3%en 2008.

En cuanto a los divorcios, sólo existen cifras relevantes a partir de 2006, ya que la nueva ley de matrimonio civil fue promulgada en noviembre de 2004. Los divorcios aumentaron de 10.113 en 2006 a 22.330 en 2008 (según datos del Registro Civil). Pero el período es todavía demasiado corto para detectar con certeza una tendencia, ya que el incremento de divorcios podría expresar las rupturas matrimoniales acumuladas por largo tiempo.

2. La opinión de los chilenos respecto a las familias A pesar de que la mayoría de la población chilena, un 60% según una encuesta del PNUD, piensa que la familia está en crisis, casi la totalidad sostiene que la familia es muy importante en su vida y le otorga más importancia que a los amigos, al trabajo o a la religión.

Una alta proporción se considera feliz en su relación de pareja: el 80% responde que es feliz (40%) o bastante feliz (40%). La proporción de los que se

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declaran “felices” es mayor entre los casados y en el sector socioeconómico alto (Encuesta Adimark – UC, 2008).

La opinión de los jóvenes es muy categórica: el 95% declara que le gusta la familia que tiene y afirma que lo más importante para ser feliz en la vida es construir una buena familia o formar una buena pareja (según la Encuesta del Instituto Nacional de la Juventud, 2004).

Sin embargo, de los encuestados por Adimark – UC en 2008, un 70% sostuvo que el matrimonio es un compromiso para toda la vida, con un significativo descenso respecto al 77% de 2006. En el caso de los jóvenes de 18 a 24 años, sólo un 64% sostuvo en 2008 que el matrimonio es un compromiso para toda la vida. De manera que, a pesar de que los jóvenes valoran mucho la familia, tienden a relativizar cada vez más el carácter permanente del vínculo matrimonial.

Por otra parte, la aceptación social de la convivencia gana terreno. En 2008 sólo un 38% de los encuestados por Adimark – UC sostuvo:”yo les aconsejaría a mis hijos que no convivan antes de casarse”, frente a un 43% en 2006.

Ni siquiera la llegada de los hijos hace que predomine la opción por el matrimonio: sólo un 42% en 2008 sostuvo que “las parejas que conviven deberían casarse cuando deciden tener hijos”, frente a un 54% en 2006, según la misma fuente. Esta variación de 12 puntos porcentuales en sólo dos años es muy fuerte y parece marcar una tendencia profunda.

Como lo hemos señalado más arriba, la convivencia adquiere cada vez más una legitimidad social propia en la opinión de los chilenos, a pesar de que en 2008 todavía el 79% de los que vivían en pareja estaban casados.

Dicho en otros términos, se tiende a disociar la dupla matrimonio-familia; cada vez gana más terreno la opinión de que una familia puede constituirse a través de una convivencia consensual.

B. Cambios en la legislación sobre la familia

Los avances en el plano jurídico han sido notables en los últimos años. El derecho de familia ha experimentado una transformación profunda. Aquí nos vamos a referir solamente a las disposiciones legales recientes que tienen más influencia en las familias chilenas: la ley de filiación, la de matrimonio civil, la de violencia intrafamiliar, los juzgados de familia y la justicia penal juvenil.

1. Ley de filiación

En octubre de 1999, siendo Presidente de la República Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ministra de Justicia Soledad Alvear, entró en vigencia la Ley de Filiación (N° 19.585) promulgada un año antes. Así se puso fin a una discriminación legal

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vigente en Chile desde 1855, que distinguía entre hijos legítimos, ilegítimos y naturales.

En lo fundamental, se establece la igualdad de todos los niños, cualquiera sea la circunstancia de su nacimiento, de tal modo que no deben ser discriminados. Los nacidos fuera del matrimonio quedan equiparados en materia sucesoria, de alimentos y de patria potestad.

De esta manera se protege a los distintos tipos de familias existentes, a la vez que se estimula la maternidad y la paternidad responsable.

Los Juzgados de Familia son competentes para determinar la filiación. Si la parte demandada no comparece, niega o manifiesta dudas acerca de su paternidad, el juez debe ordenar de inmediato la prueba de ADN, que permite conocer la filiación biológica con una certeza casi plena. La negativa de una de las partes a practicarse el examen hará presumir la paternidad o maternidad.

En síntesis, gracias a esta ley se respetan mejor los derechos de todos los niños a un mayor desarrollo material y espiritual, exigiendo a ambos progenitores un ejercicio responsable de la paternidad.

2. Ley de matrimonio civil

La nueva ley de matrimonio civil (N° 19.947, publicada el 17 de mayo de 2004) sustituyó a la de 1884, que había durado 120 años. En lo que sigue destacaremos algunos puntos importantes en lo que respecta a la protección de la familia.

El artículo 1° establece que: “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El matrimonio es la base principal de la familia”.

El artículo 3° tiende a preservar la vida en común y a proteger a la parte más débil: “Las materias de familia reguladas por esta ley deberán ser resueltas cuidando proteger siempre el interés superior de los hijos y del cónyuge más débil.

Conociendo de estas materias, el juez procurará preservar y recomponer la vida en común de la unión matrimonial válidamente contraída, cuando ésta se vea amenazada, dificultada o quebrantada”.

Por otra parte, se valora la preparación para el matrimonio: en el artículo 10° se señala que el Oficial del Registro Civil “deberá, además, comunicarles (a los que se van a casar) la existencia de cursos de preparación para el matrimonio, si no acreditan que los han realizado”.

El artículo 11° agrega: “Los cursos de preparación para el matrimonio, a que se refiere el artículo anterior, tendrán como objetivo promover la libertad y seriedad del compromiso matrimonial que se debe brindar, particularmente en

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relación con los derechos y deberes que importa el vínculo, con el fin de que las personas que deseen formar una familia conozcan las responsabilidades que asumirán de la forma más conveniente para acometer con éxito las exigencias de la vida en común”. Estos cursos podrán ser dictados por el Servicio de Registro Civil e Identificación, por entidades religiosas con personalidad jurídica de derecho público, por instituciones de educación públicas o privadas con reconocimiento del Estado, o por personas jurídicas sin fines de lucro cuyos estatutos comprendan las actividades de promoción y apoyo familiar”.

Sólo se exige que el contenido de los cursos se ajuste a la Constitución y a la Ley.

El artículo 20° reconoce la importancia de los matrimonios religiosos para la sociedad. Establece que los matrimonios celebrados ante entidades religiosas de derecho público “producirán los mismos efectos que el matrimonio civil, siempre que cumplan con los requisitos contemplados en la ley”. De manera que quienes se casen ante entidades religiosas sólo deberán inscribir su matrimonio en el Registro Civil, sin una nueva celebración.

La ley tiende a regular las relaciones de las partes entre sí y con los hijos en caso de ruptura matrimonial, sea mediante un acuerdo, sea mediante disposiciones del juez. El artículo 55° establece que, para decretar un divorcio, el juez debe exigir un acuerdo que regule en forma completa y suficiente las relaciones mutuas y con respecto a los hijos.

El artículo 61° es más específico, ya que se refiere a la compensación económica en caso de divorcio o nulidad: “Si, como consecuencia de haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común, uno de los cónyuges no pudo desarrollar una actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio, o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería, tendrá derecho a que, cuando se produzca el divorcio o se declare la nulidad del matrimonio, se le compense el menoscabo económico sufrido por esta causa”. Si no hay acuerdo, el juez determinará el monto de la compensación económica.

Pero antes de permitir un divorcio, el juez debe buscar la conciliación entre las partes. El artículo 67° establece que “el juez, durante la audiencia preparatoria, deberá instar a las partes a una conciliación, examinando las condiciones que contribuirán a superar el conflicto de la convivencia conyugal y verificar la disposición de las partes para hacer posible la conservación del vínculo matrimonial”.

Por otra parte, todos y cada uno de los derechos que corresponden a los hijos deben ser resguardados previamente a que se declare el divorcio.

En síntesis, la nueva ley de matrimonio civil promueve la unión conyugal, termina con el fraude de las falsas nulidades (en las que generalmente se argumentaba la incompetencia del Oficial del Registro Civil) y defiende a las

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partes más débiles, sobre todo a los niños, cuando se produce una ruptura insuperable en la relación de pareja.

3. Ley sobre violencia intrafamiliar

Fue publicada en el Diario Oficial el 7 de octubre de 2005. Sus objetivos son: prevenir la violencia intrafamiliar, física o psíquica; proteger a las víctimas; y sancionar a los culpables. Se enfatiza la defensa de las mujeres y los niños. Se incluye también como posibles víctimas a los adultos mayores.

Entre los avances jurídicos logrados pueden destacarse los siguientes: la incorporación de los convivientes y de los progenitores de un hijo común como posibles víctimas de la violencia intrafamiliar; y la implantación de un procedimiento especial, más expedito y con mayores posibilidades de resguardo para las víctimas.

Además de las sanciones establecidas por la ley, el juez puede tomar una o más de las siguientes medidas: a) Obligación de abandonar el hogar. b) Prohibición de acercarse a la víctima (a su domicilio, lugar de trabajo o de estudio). c) Prohibición de tener o portar armas de fuego. d) Asistencia obligatoria a programas terapéuticos o de orientación familiar.

El Sernam es la institución encargada de impulsar, coordinar y evaluar las políticas gubernamentales contra la violencia en las relaciones de familia, así como para tomar todas las medidas para sancionarla y erradicarla.

De hecho, ya a mediados de 2007 existían 31 Casas de Acogida para las víctimas, destinadas a atender consultas médicas o jurídicas, remitir a otras organizaciones, o a prestar auxilio directo a quienes corren riesgo en su vida o integridad física.Por otra parte, a partir de 2008 se implementó el Proyecto Piloto de Atención Inmediata a Víctimas de Delitos en 8 Fiscalías Regionales del país.

En otro plano, no hay duda de que el aumento de los hogares con jefatura femenina en los últimos años responde al hecho de que más mujeres logran independizarse económicamente, y esto les permite, entre otras cosas, evitar los riesgos de la violencia intrafamiliar. Se constituyen así más familias monoparentales, que no responden al ideal tradicional, pero que permiten una vida más sana para la mujer y para los hijos.

Por último, es un hecho que se ha producido un gran avance en la conciencia pública sobre la existencia de este flagelo social, fundado en relaciones de poder económico y físico, así como sobre la necesidad de prevenirlo y sancionarlo adecuadamente.

4. Los Juzgados de Familia

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Los conflictos de familia se diferencian claramente de las controversias de orden patrimonial que conocen los Tribunales Ordinarios. Entre otras cosas, porque las partes en litigio deberán seguir relacionándose en el futuro, por lo que es necesario establecer condiciones que garanticen una relación armónica.

La Ley de Juzgados de Familia (N° 19.968, publicada el 30 de agosto de 2004) estableció la creación de 258 jueces de familia, agrupados en 60 tribunales especiales. En los lugares en que no existe esta judicatura especializada, se adecuaron 77 Juzgados de Letras, con competencia en asuntos de familia. En total, existen hoy en Chile 335 jueces para estas materias; antes de que se iniciara esta nueva judicatura sólo existían 51 jueces de menores.

Uno de los principales objetivos de la ley es tratar integralmente los problemas de la familia, ya que anteriormente algunos temas, como las pensiones alimenticias, se veían en los tribunales de menores, mientras que otros, como la violencia intrafamiliar, se derivaban a los tribunales civiles. A través de este tratamiento integral se consagra el principio de la especialidad de la competencia en materias de familia, lo que está en línea con las tendencias jurídicas más modernas.

Los Juzgados de Familia incluyen un sistema de mediación, especialmente apto para estos conflictos, que ayuda a las partes a resolver sus problemas en forma pacífica y a preservar cierta armonía hacia el futuro. El mediador ayuda a las partes a obtener una solución que surja de ellas mismas, a través de sesiones realizadas fuera del Tribunal, en un ambiente que favorece el entendimiento.

En los casos de pensiones de alimentos, tuición y régimen de visitas, la mediación es obligatoria: el Tribunal deriva las partes a un mediador para que logren un acuerdo que ponga término al conflicto, sin necesidad de llegar a juicio. Los acuerdos alcanzados ante un mediador, si son aprobados por el juez, tienen el mismo valor jurídico que una sentencia. La mediación obligatoria, que en general será gratuita, empezó a regir en junio de 2009 en 10 Regiones y desde diciembre está vigente en todo el país.

Las Secretarías Ministeriales de justicia llevan un registro único de mediadores en cada Región. La ley establece que el Ministerio de Justicia podrá contratar los servicios de mediación necesarios para aquellas personas que no tengan recursos.

Estos juzgados cuentan, además de los jueces, con un Consejo Técnico, un Administrador y una planta de empleados administrativos. El territorio jurisdiccional de cada juzgado es una comuna o agrupación de comunas.

El procedimiento que aplican estos juzgados es oral, concentrado y desformalizado, lo que permite mayor rapidez en la solución de los conflictos. Entre las materias que tratan se pueden destacar las siguientes: filiación, tuición de los hijos, visitas, pensiones alimenticias y violencia intrafamiliar.

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Estos juzgados entraron en funcionamiento del 1 de octubre de 2005. En una primera etapa se vieron sobrepasados, debido a los problemas de puesta en marcha y a la cantidad de problemas acumulados. Se ha llegado a atender 400.000 causas anuales, mucho más que la demanda proyectada.

5. Ley de Justicia Penal Juvenil. Protección para niños y jóvenes. El Sename

Chile ratificó la Convención de los Derechos del Niño en octubre de 1990. Es Ley de la República. Esta Convención estipula que los Estados parte adoptarán todas la medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. Es en este contexto donde debe situarse la ley de Justicia Penal Juvenil.

Esta ley se publicó el 7 de diciembre de 2005, pero entró en vigor un año después.. Son sujetos de ella los niños y adolescentes de 12 a 17 años. Para su aplicación, se diferencia en cuanto al proceso, sanciones y ejecución, entre dos grupos: de 12 a 14 años, y de 15 a 17 años.

El principio rector de esta ley es la protección integral del menor de edad, el respeto a sus derechos, su formación integral y su reinserción en la familia y en la sociedad. Para lograr estos fines, el Estado actúa en asociación con las organizaciones no gubernamentales y con las comunidades.

La aplicación de esta ley, tanto en el proceso como en la ejecución, está a cargo de órganos especializados en materia de menores. Para la primera instancia existen los Juzgados Penales Juveniles; para la segunda instancia, los Tribunales Penales Juveniles.

Todavía ha pasado muy poco tiempo como para evaluar los resultados de esta nueva ley. Pero es claro que ella va en la dirección correcta de las tendencias modernas: entregar una justicia cada vez más especializada y eficiente.

Paralelamente, hay que destacar que en 1990 el Servicio Nacional de Menores (Sename) se propuso realizar profundos cambios al sistema asistencial para niños y jóvenes. Un obstáculo institucional era el sistema de traspaso de recursos a las Instituciones Colaboradoras (DFL 1385). El Régimen de Subvenciones registraba un importante deterioro en sus montos. Por eso, el Sename creó un nuevo sistema de traspaso de recursos a las Instituciones Colaboradoras, denominado “Programa de Apoyo a Menores en Situación Irregular”. Gracias a estos Programas aumentaron notablemente las plazas de la red del Sename, subiendo de 48.238 en 1990, a 86.119 en 2008. Se ha contado con mayores recursos para atender a los niños y adolescentes y para preparar su reinserción en sus hogares.

C. Políticas sociales que benefician a las familias

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La estabilidad, bienestar y progreso de las familias depende de múltiples causas, de distinto tipo. Entre ellas juegan un rol relevante las políticas sociales, que tienden a focalizarse en las familias más pobres, o vulnerables, o de escasos recursos. De hecho, la familia, en cuanto instancia de mediación entre el individuo y la sociedad, es mirada crecientemente como el espacio privilegiado para la implementación de las políticas sociales6.

En esta sección nos referiremos solamente a las siguientes: vivienda, pobreza e indigencia, salud, primera infancia, educación y previsión social.

1. Vivienda

“La vivienda constituye el principal patrimonio para la constitución y desarrollo de la familia. Es el espacio cotidiano para las interacciones entre sus distintos miembros.

Es también importante para el desarrollo de la familia la calidad del entorno inmediato y el equipamiento de que dispone este entorno, que facilita o tiende a obstaculizar el desenvolvimiento de la familia como tal y de sus distintos actores”. (Informe Comisión Nacional de la Familia, 1994).

Gracias a políticas públicas persistentes, de ahorro, subsidio y de créditos, con la cooperación del sector privado, Chile redujo su déficit habitacional a menos de un tercio, en sólo 16 años: de 850 mil familias, aproximadamente, en 1990, a sólo 240 mil en 2006. Se trata de un proceso extraordinariamente exitoso, no sólo a nivel latinoamericano, sino también a nivel mundial.

La propiedad de las viviendas constituye una fuente de seguridad para las familias, sobre todo cuando la componen personas de edad avanzada, en un mundo cada vez más incierto. Pues bien, en esta materia, Chile está en cuarto lugar en el mundo, con 74% (50% ya pagada y 24% pagándose), por encima de países como Alemania y Estados Unidos (60%).

Es importante también destacar que las familias chilenas cuentan en una mayor proporción con servicios básicos en sus viviendas. Las cifras indican que se ha experimentado un gran progreso en los últimos decenios:

Servicios básicos en las viviendas: Chile, 1990 y 2006(hogares urbanos, en %)

1990 2006

Agua potable 95,5 99,8Electricidad (1987) 89,0 99,0

6 Ver, “Familias y Políticas Públicas”, op.cit.

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Alcantarillado 72,1 95,5Fuente: SISS

En el sexenio 2003-2008, el Ministerio de la Vivienda calcula que se crearon 573.874 hogares. Como en ese período se autorizó la construcción de 870.000 viviendas, esto permitió responder a las necesidades de los nuevos hogares, reponer las viviendas que se debían demoler y seguir disminuyendo el déficit habitacional.

Las cifras del INE indican también que ha crecido significativamente el tamaño promedio de las nuevas viviendas, subiendo de 61 m2 en 2002, a 68 m2 en 2008. De hecho, a partir de 2007 se aumentó el mínimo de metros cuadrados de las viviendas sociales, subiendo de 28 a 36; además, deben tener un mínimo de dos dormitorios y ser ampliables a cuatro.

La política de subsidios se ha expandido mucho en los últimos años. De 73.645 como promedio anual en el cuatrienio 1990-93 (con 10,29 millones de UF) se llegó a 105.094 subsidios en 2007 (con 18,17 millones de UF). En la actualidad, 7 de cada 10 viviendas que se construyen en Chile cuentan con subsidios del Estado.

Gracias a la política de subsidios, las familias del primer quintil (el 20% más pobre y vulnerable) para comprar una vivienda sin deuda requieren un ahorro previo de sólo 10 UF ($211.000), y pueden recibir un subsidio de hasta 470 UF ($9.900.000). Las familias vulnerables también pueden adquirir viviendas sin deuda: con un ahorro de 30 UF ($633.000) pueden optar a un subsidio de 300 UF ($6.330.000). En fin, las familias no pobres, pero de bajos ingresos, que compren una vivienda de 600 UF ($12.660.000) reciben un subsidio de 200 UF, equivalente a un tercio del valor total.

Por otra parte, para evitar que las viviendas sociales sean relegadas a varios periféricos o marginales, se inició un subsidio a la localización, que facilita la compra de viviendas en sectores más céntricos y mejor equipados.

Sin embargo, quedan todavía muchos problemas pendientes. Se ha avanzado mucho en dar solución al problema de “los sin casa”, pero persisten déficits que afectan a “los con casa”, como tamaño, aislación, segregación socio espacial, sobre todo a las familias populares. Estas deficiencias y limitaciones deberán ser el foco principal de las políticas de vivienda en los próximos años.

2. Superación de la pobreza y la indigencia. Empleo. Beneficios especiales para las mujeres

Los organismos internacionales reconocen que Chile ha sido el país latinoamericano más exitoso en la reducción de la pobreza, lo que es fundamental para la estabilidad y la calidad de vida de las familias.

Evolución de la pobreza y de la indigencia: 1990-2006(% de personas)

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Indigentes Pobres no Totalindigentes

1990 13,0 25,6 38,62000 5,6 14,6 20,22003 4,7 14,0 18,72006 3,2 10,5 13,7Fuente: Encuestas Casen

Las cifras precedentes se refieren al total de la población. Si se consideran las familias, la pobreza afecta a un porcentaje menor, ya que las familias pobres son de mayor tamaño.

En la superación de la pobreza ha sido fundamental el crecimiento del empleo. Según cifras del INE, entre 1989 y 2008 se crearon 2.518.140 puestos de trabajo adicionales, lo que corresponde a un aumento de 61,1%, muy superior al crecimiento demográfico, estimado en un 29%. De manera que ha aumentado notablemente la proporción de ocupados con respecto a la población nacional.

En el último trienio, 2005-2008, se crearon 471.230 puestos de trabajo adicionales, lo que implica un aumento del 7,6%, muy superior al crecimiento demográfico, estimado en 3%.

En el crecimiento del empleo es necesario destacar el rol de la mujer, cuya tasa de participación laboral subió de 32,5% en 1990 a 43,2% en 2006, según la Encuesta Casen. Las cifras de los Censos confirman esta tendencia, ya que la tasa de crecimiento anual de las mujeres ocupada subió en 3,6%, mientras que en el caso de los hombres aumentó solamente en un 1%. Es conocido que una de las principales vías para superar la pobreza de las familias es la incorporación de un segundo ingreso al hogar.

Según las Encuestas CASEN, las mujeres son las que en mayor medida optan por tele-trabajo, trabajo a domicilio, o en algún lugar anexo a la vivienda Esto facilita la conciliación entre las exigencias del trabajo y las de la familia7.

Sin embargo, el porcentaje de mujeres con trabajo en jornada parcial (que muchas desean para poder ocuparse mejor de los niños pequeños) es relativamente bajo en Chile: 7,5%; muy inferior al de Holanda (71,3%) e incluso España (17,2%) e Italia (17,2%)

Las mujeres trabajadoras tienen derecho a permiso pagado de 6 semanas antes del parto y 12 semanas después del parto. Pero este permiso se puede extender si tienen un hijo menor de un año con enfermedad grave o con discapacidad.

7 N. Abarca y M.M. Errázuriz, “Propuestas para la Conciliación Trabajo y Familia”, en “Propuestas para Chile”, PUC, Santiago, 2007.

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Por otra parte, se dictó una ley que extiende el derecho de las madres trabajadoras a amamantar a sus hijos. Antes, sólo gozaban de facilidades las que tenían derecho a sala cuna; ahora, todas pueden disponer de una hora al día para amamantar a sus niños.

Al promulgar esta ley, que logró apoyo transversal de los diversos sectores políticos, la Presidenta Bachelet sostuvo: “Queremos construir un Chile donde se respeten los derechos de las personas desde el principio de sus vidas, donde las madres puedan trabajar y puedan cuidar a sus hijos... Es una demostración clara de que lo que nos importa, que nuestra gran prioridad es proteger a la familia, proteger a los recién nacidos, proteger a las madres y a sus hijos durante el embarazo, y entregar, además, las herramientas para que niños y niñas tengan sus derechos garantizados”. Se está avanzando desde la satisfacción de las necesidades básicas hacia la garantía de los derechos sociales.

Para la superación de la indigencia o extrema pobreza ha sido muy importante el sistema de protección social llamado “Chile Solidario”. Su objetivo es incorporar las familias a redes sociales y al beneficio efectivo de 53 prestaciones. Ya a fines de 2006, Chile Solidario había incorporado 268.246 familias, 14.623 adultos mayores de 65 años que viven solos y 7.256 personas en situación de calle. Así, este sistema de protección social había beneficiado a casi un millón de personas.

Otras políticas sociales que han favorecido especialmente a las familias más pobres son el Subsidio Único Familiar (SUF) y el Subsidio al Consumo de Agua Potable. Los beneficiarios del SUF, que desde 2006 se entregan sin necesidad de cupos a los niños y adolescentes (hasta los 17 años) que pertenecen al 40% más pobre de la población,llegaron a 1.400.000 en 2008. Las familias que recibieron subsidio por el consumo de agua potable fueron 717 mil a fines de 2007, lo que implica a más de 3 millones de personas.

En un plano más coyuntural, el bono de $40.000 que se entregó en marzo de 2009 para paliar los efectos de la crisis económica llegó a 1.700.000 beneficiarios, pertenecientes a las familias de menores recursos.

3. Salud, discapacidad y drogas

No hay duda de que entre las principales preocupaciones de las familias están los problemas de salud, que afectan la calidad de vida e incluso la estabilidad del hogar. Por eso, en los últimos decenios se ha hecho un gran esfuerzo para aumentar el gasto público en salud, que se multiplicó por cinco, en términos reales, entre 1990 y 2008.

“El sistema de salud público sigue siendo el principal para la población y es especialmente significativo para los más pobres, los niños, las mujeres y los adultos mayores, que son la población de mayor riesgo médico” (Informe Comisión Nacional de la Familia, 1994).

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Los indicadores básicos de salud han mejorado enormemente, siendo de los mejores en el ámbito latinoamericano y acercándose a los de países desarrollados. Así, la esperanza de vida al nacer, que era de 72,7 años en 1985-90, ha subido a 78,5 años en 2005-2010, según cifras del INE. La mortalidad infantil, por 1000 nacidos vivos, bajó de 16 en 1990 a 7,9 en 2005. La mortalidad materna, por cada 100.000 nacidos vivos, bajó de 41 en 1990 a 19,8 en 2005, según cifras del Ministerio de Salud.

Se ha puesto especial énfasis en la inversión en salud primaria, que es la más urgente para las familias populares. Por ejemplo, según el presupuesto para 2009 el gasto publico en salud crecerá un 8,7% real y el gasto en salud primaria en 10,3%, en relación a 2008. Esto permitirá la cobertura de una población de 10,8 millones de personas.

Por otra parte, el presupuesto de 2009 considera recursos por cerca de 33 millones de dólares para cubrir el 100% de las garantías incluidas en las 56 patologías cubiertas por el Plan Auge. Este plan de garantías explícitas en salud, con tiempos máximos de espera, iniciado en 2005, cubre las enfermedades más graves y de mayor costo. Son consideradas “catastróficas”, no sólo por su efecto en la salud, sino también por sus consecuencias desastrosas en la economía del hogar. El Auge ha permitido ya atender a más de cinco millones de casos. El copago máximo es de un 20% del costo total, con un tope; pero los beneficiarios tipo A y B de Fonasa tienen gratuidad completa.

En el ámbito de la salud y la familia, conviene mencionar también las políticas frente a la discapacidad. En 1994, por mandato de la Ley 19.284, se creó el Fondo Nacional de la Discapacidad, FONADIS. Se trata de un servicio público autónomo, relacionado con el Estado a través del Ministerio de Planificación. La misión del FONADIS es promover la inclusión social y el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la integración y ejecución territorial de las políticas públicas. Se estima que el 12% de la población presenta algún grado de discapacidad, así que no se trata de un problema marginal.

En agosto de 2008, Chile ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El artículo 23 se refiere al respeto del hogar y de la familia:

“Los Estados Partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, y lograr que las personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones con las demás, a fin de asegurar que:

a) Se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer matrimonio, a casarse y fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges;

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b) Se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a información, educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados para su edad, y se ofrezcan los medios necesarios que les permitan ejercer esos derechos;

c) Las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás.”

El 3 de diciembre de 2008, Día Nacional de la Discapacidad, la FONADIS enmarcó las celebraciones destinadas a promover la Convención Internacional, bajo el lema “Dignidad y Justicia para Todos”.

Otro nivel importante en la relación salud y familia se refiere al consumo de drogas. El Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE), dependiente del Ministerio del Interior, ha desarrollado desde el año 2003 el Programa “Prevenir en Familia”, para evitar o al menos postergar el consumo de drogas.

El Séptimo Estudio Nacional de Drogas en la Población Escolar, realizado por CONACE entre estudiantes de Octavo Básico a Cuarto Medio, mostró que, en 2007, se mantuvo la tendencia al consumo de drogas: marihuana, 15,7% de la población escolar; cocaína, 2,9%; pasta base de cocaína, 2,5%.

El consumo de marihuana depende poco de los estratos socioeconómicos y registra pocas diferencias entre hombres y mujeres. Pero en lo que respecta a cocaína y pasta base, el consumo en los Colegios Municipales duplica al de los Particulares Pagados, y el consumo masculino prácticamente duplica al femenino. En el caso de la marihuana, se cuadriplica el consumo entre Octavo Básico y Cuarto Medio; en el caso de la cocaína y pasta base, tiende a duplicarse.

Se ha constatado que cuando los padres están altamente involucrados en la educación de sus hijos, con una clara oposición al consumo de drogas, éste disminuye a la mitad o a un tercio. Por eso, la Estrategia Nacional Sobre Drogas asigna un rol central a la familia como agente protector del consumo. El Programa mencionado es una herramienta de apoyo para padres y/o apoderados que estén interesados en abordar el tema de las drogas con sus hijos y familiares. Se propone potenciar el desarrollo de habilidades personales y sociales que permitan evitar el consumo. Promueve estilos de vida saludables y un ambiente familiar protector.

Hasta el momento han pasado por el Programa cerca de 200 mil familias, para lo cual se ha preparado a 20 mil monitores. Se han desplegado redes de trabajo comunitario en más de 100 Comunas, cubriendo a las más densamente pobladas de Chile. Se estima que este Programa ha sido efectivo para limitar el consumo de drogas entre los jóvenes. Sin embargo, el 80% de los beneficiarios del Programa “Prevenir en Familia” son personas con Educación Media Completa o Estudios Superiores y la participación decrece conforme baja el

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nivel de escolaridad, De manera que parece necesario realizar adaptaciones para llegar mejor a los grupos de más riesgo.

4. Primera infancia

Los estudios internacionales han demostrado que la educación y la socialización tempranas son determinantes en el desarrollo de los niños, en la mejoría de sus habilidades y en su rendimiento escolar. Por eso, la protección a la primera infancia ha pasado a convertirse en una política prioritaria del Estado. La Presidenta Bachelet ha sostenido: “El buen desarrollo de nuestros niños pasa por fortalecer los lazos familiares, el apego a sus padres y madres, especialmente en los primeros momentos de la vida”.

Para lograr la estimulación temprana y equilibrar las oportunidades de desarrollo de los niños de menor edad, se creó en 2008 el Sistema de Protección Integral de la Infancia “Chile Crece Contigo”. Se proyecta institucionalizarlo mediante una ley.

El sistema parte de lo realizado en las últimas décadas, durante las cuales la cobertura de la educación preescolar tuvo un enorme incremento, sobre todo en los quintiles más pobres.

Educación preescolar. Tasa de asistencia neta (%)

1990 2006

Total niños de 0 a 5 años 15,9 36,9Niños del 40% más pobre 12,4 32,3Fuente: Encuestas Casen.

Según un estudio de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), con datos de la Casen 2003, el 85% de las instituciones de educación preescolar recibe recursos del Estado.

El nuevo sistema está orientado a los niños menores de 4 años, que son los que tienen menor cobertura.

Cobertura preescolar por edad (%): 2004

Menos de 2 años 4,1

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2 años 18,43 años 25,94 años 51,35 años (Kinder) 92,6 Fuente: Estimación de la UAI, con base en Encuesta Casen.

Como puede observarse, la cobertura a nivel de Kinder era casi universal, pero la de la primera infancia era muy deficiente.

La puerta de entrada al sistema es el control del embarazo de las mujeres en el sistema público de salud. Se asegura la disponibilidad de salas cuna y jardines infantiles para los hijos de madres que trabajan, buscan trabajo o estudian, si pertenecen al 40% de familias de ingresos más bajos.

Sólo existen cifras respecto a la oferta pública de salas cuna para los últimos años. Se ha producido un crecimiento extraordinario.

Oferta pública de salas cuna: 2005-2009

2005 7082006 1.5082007 2.4102008 3.3102009 4.210Fuente: JUNJI

El presupuesto de 2009 contempla recursos por $72.920 millones para la construcción de 900 salas cuna, así como para financiar la operación de las nuevas y de las ya existentes. Las matrículas públicas para niños menores de 2 años subirán enormemente: de 14.400 en 2005 a 85.000 en 2009. Las madres de bajos ingresos que trabajan podrán contar con un horario extendido.

Esta política no sólo beneficia a los niños, sino también a las madres de los sectores populares, que tendrán más facilidades para buscar un empleo. Un segundo ingreso en una familia popular es a menudo una condición necesaria para superar la pobreza y la vulnerabilidad.

5. Educación

Una de las preocupaciones centrales de las familias chilenas es que los niños accedan a niveles de enseñanza cada vez más altos y de mejor calidad. A ello se han orientado las políticas públicas

Gracias a ellas y al desarrollo global del país, la tasa neta de asistencia a la educación básica ha subido significativamente: de 90,4% en 1990 a 92,4% en 2006 (según las Encuestas Casen). En el caso de la asistencia a los establecimientos de educación media, el progreso ha sido proporcionalmente mayor: la tasa neta aumentó de 60,1% a 71,6% en los mismos años. La

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cobertura subió proporcionalmente más en los quintiles más pobres, lo que beneficia especialmente a las familias populares.

Paralelamente, disminuyó en forma significativa la deserción escolar: en la básica, de 2,9% a 1,1% entre 1990 y 2006; en la media, de 19,9% a 6,8% en los mismos años. La menor deserción es particularmente importante en las familias de menores recursos.

En lo que respecta a la educación superior, su cobertura aumentó de 12,8% a 27,4% entre 1990 y 2006. En el 40% más pobre de la población, el incremento fue proporcionalmente mayor, ya que la tasa subió de 5,1% a 17,2%. Esto constituye a la vez una oportunidad y un desafío para los sectores populares, que se han beneficiado especialmente del aumento de los créditos y becas. De hecho, el 70% de los actuales matriculados son la primera generación en la educación superior.

El sistema de subvenciones escolares financia a cerca de 11.000 establecimientos, a los que asiste el 90% de los escolares del país. Existe una Subvención Escolar Preferencial para los alumnos vulnerables, que beneficia a una matrícula de 548.000 niños entre pre kinder y quinto básico.

Por otra parte, como lo destacó la Presidenta Bachelet en su Mensaje del 21 de mayo del 2008, se entregan 2.500.000 raciones alimenticias diarias en las escuelas y colegios, de tal manera que 8 de cada 10 estudiantes de establecimientos municipales reciben alimentación en los colegios. De modo que desde la escuela se colabora activamente con las familias populares para entregar una buena nutrición a los niños.

Conviene remarcar que la ley 19.876 estableció 12 años de enseñanza obligatoria y gratuita, lo que incluye la enseñanza media. En consecuencia, para las nuevas generaciones se abren mayores oportunidades, sobre todo en los sectores populares.

Sin embargo, no hay duda de que el mayor acceso de los sectores de bajos ingresos a la educación media y superior crea mayores tensiones en sus familias, que deben contribuir durante más tiempo a la mantención de jóvenes que retardan su ingreso al mercado del trabajo.

6. Previsión social. Beneficios para los Adultos Mayores

“En el tema de la previsión y seguridad social, el tema más relevante es el de las pensiones o jubilaciones, las que en general son bajas e implican un deterioro en la calidad de vida de las personas de edad avanzada, a lo que se agrega la prolongación de la esperanza de vida... Estos elementos son más relevantes en el caso de las mujeres, debido a que sus ingresos son más bajos que los de los hombres, trabajan menos tiempo y les sobreviven.” (Informe Comisión Nacional de la Familia, 1994).

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Según las proyecciones del INE, la población de 60 años y más, que en 2005 era de 1.814.000, llegará a 2.124.000 en 2010, lo que implica un crecimiento de 17,1% en 5 años, muy superior al crecimiento promedio de la población. De manera que el monto de las pensiones será cada vez más relevante para las familias chilenas. De hecho, la población de Adultos Mayores (de 60 y más años), que era un 9,0% del total en 1990, subirá a un 12,5% en 2010 (también según las proyecciones del INE).

La reforma previsional, que ha sido una de las más importantes realizadas durante la administración de la Presidenta Bachelet, implica grandes beneficios para las familias populares, sobre todo en el caso de los adultos mayores de 65 años y más.

La reforma premia a la maternidad, ya que desde julio de 2009 las madres reciben en sus cuentas individuales un bono por hijo, equivalente a las cotizaciones previsionales (10%) de un sueldo mínimo legal durante 18 meses. En la actualidad, esto corresponde a $297.000

Suponiendo que el hijo nace cuando la madre tiene 30 años y que la rentabilidad real anual es de 5%, cuando ella tenga 65 años el aporte del Estado tendrá un valor de $1.600.000. Esto le permitirá lograr un complemento de pensión equivalente a unos $9.500 mensuales. Si tiene 3 hijos, lo que es frecuente en las familias más pobres, recibirá aproximadamente $28.500 mensuales adicionales (en moneda actual).

Este bono previsional a la maternidad constituye una pequeña compensación por las limitaciones laborales de las mujeres cuando están embarazadas y cuando tienen que dedicarse a la crianza de niños pequeños. Constituye también un aporte de la nación a las familias que tienen más hijos.

Por otra parte, desde julio de 2008 se paga una Pensión Básica Solidaria (PBS) a las personas de 65 años y más que pertenecen al 40% más pobre de la población y que no cuentan con otras pensiones. Se estima que seis de cada diez PBS benefician a mujeres, de manera que esta política universal favorecerá especialmente al sexo femenino. Las “dueñas de casa”, que han dedicado su vida a trabajar en el hogar para sustentar y desarrollar la familia, serán recompensadas por la sociedad.

La PBS tiene un valor de $75.000 desde julio de 2009 y desde septiembre beneficia a las personas que pertenecen al 50% de la población de menores recursos. Así, una pareja de adultos mayores de 65 años, que recibía en 2007 una pensión asistencial de $45.000, puede tener en 2009 un ingreso asegurado de $150.000 mensuales.

Además, existe un Aporte Previsional Solidario (APS) que desde julio de 2008, aumenta los ingresos de las personas de 65 años y más que reciben pensiones inferiores a $70.000. Desde septiembre de 2009 este APS beneficia a las personas que tienen una pensión inferior a $150.000. Luego este tope seguirá subiendo y llegará a $255.000 en 2011.

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Los beneficios de la PBS y del APS, que llegaban en 2008 a las personas del 40% más pobre, se irán extendiendo, hasta alcanzar en 2012 al 60% de la población de menores ingresos. Se estima que los beneficiarios de este sistema solidario serán 800 mil en 2009 y 1.300.000 en 2011.

Estas medidas favorecen directamente a los Adultos Mayores, pero también benefician indirectamente a las familias extendidas a las cuales pertenecen, ya que generalmente en Chile ellos no viven solos.

Ahora bien, los Adultos Mayores cuentan también con beneficios especiales en materia de salud, lo que les permite destinar sus recursos jubilatorios a otros gastos. En efecto, todos los mayores de 60 años que sea beneficiarios del Fondo Nacional de Salud (FONASA) cuentan con atención gratuita (sin copago) en los consultorios y hospitales públicos. Tienen también otros beneficios en esta materia, como entrega de lentes ópticos, audífonos y atención dental, incluyendo prótesis. Incluso existe un subsidio para los familiares que cuidan a personas postradas.

Además, todos los Adultos Mayores de bajos ingresos pueden recibir viviendas nuevas o usadas, en arriendo o en comodato. Si es arriendo, se paga como máximo el 10% de la renta bruta del postulante y su cónyuge, con un máximo de 0,3 UF (aproximadamente $6.300). Si es comodato, no tiene costo.

La Presidenta Bachelet ha sostenido que con la Reforma Previsional se terminará la pobreza en la tercera edad. Si se considera que además de las pensiones solidarias los Adultos Mayores cuentan con protección social en salud y vivienda, no cabe duda de que están dadas las condiciones para que superen la pobreza.

Conclusión

En el diagnóstico sobre la sociedad chilena, constatamos una gran valoración de la familia, a la vez que una aceptación social cada vez más generalizada de la convivencia sin vínculo matrimonial. Se suele sostener que la familia está en crisis, pero estas crisis han estado siempre presentes en la historia de Chile, aunque actualmente tienen nuevas características, ligadas especialmente al proceso de modernización.

Al analizar los principales cambios legales que se han establecido para favorecer a las familias y sobre todo a sus miembros más débiles, observamos

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que se ha producido un cambio radical de la legislación chilena en el último decenio..

Al sintetizar las principales políticas sociales de los últimos años que benefician a las familias, constatamos los enormes avances realizados, especialmente en lo que respecta a las mujeres y a los sectores más pobres y vulnerables.

Es cierto que Chile no cuenta, como otros países, con una entidad expresamente responsable de asegurar el objetivo nacional de proteger y fortalecer a la familia, como podría ser un Ministerio de la Familia8. Sin embargo, existen organismos como el Servicio Nacional de la Mujer, el Servicio Nacional de Menores y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, que se encargan de atender a miembros específicos de las familias.

Más allá de ciertas medidas específicas, las políticas que benefician a las familias son de tipo transversal: cruzan el conjunto de las políticas económicas y sociales. En definitiva, es el desarrollo armónico nacional, en todas sus dimensiones, el que permite la protección y el fortalecimiento de las familias chilenas.

8 Ver, C. Kaluf y M. Maurás, “La Familia y las Políticas Públicas”, Unicef, Bogotá, 1998

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