Posición de la Comisión Nacional Permanente de Reforma Educativa -CNPRE- como integrante del

Consejo Nacional de Educación, ante el anuncio de las autoridades del Ministerio de Educación de

modificar la Formación Docente -carrera de magisterio- a partir del 2013

1. Denunciamos públicamente que la modificación a la carrera de magisterio (formación inicial de docentes)

anunciada por las autoridades del Ministerio de Educación y del Gobierno de la República el día martes 18 del

presente mes, ha sido tomada sin consultar ni coordinar con el Consejo Nacional de Educación,

incumpliendo lo que manda la Ley Nacional de Educación, decreto número 12-91, en sus artículos 10 y 12:

ARTICULO 10. Despacho Ministerial. El Despacho Ministerial está a cargo de un Ministro quien es la máxima

autoridad

del ramo. Acorde a las funciones establecidas en el Artículo 194 de la Constitución Política de la República de

Guatemala,

es responsable en coordinación con el Consejo Nacional de Educación, de establecer las políticas educativas

del país y

garantizar la operatividad de la misma y del sistema educativo en todos los niveles e instancias que lo

conforman.

ARTICULO 12. Consejo Nacional de Educación. Es un órgano multisectorial educativo encargado de conocer,

analizar y

aprobar conjuntamente con el Despacho Ministerial, las principales políticas, estrategias y acciones de la

administración

educativa, tendientes a mantener y mejorar los avances que en materia de educación se hubiesen tomado.

2. Nos parece una falta de ética de las autoridades actuales del Ministerio de Educación haber dicho al

Consejo

Nacional de Educación y de forma pública ante los medios de comunicación social, que presentarían ante el

Consejo la propuesta de cambio a la formación docente luego de revisar los documentos recopilados en las

audiencias del Congreso de la República; y que luego traicionaran su palabra, ya que nunca presentaron

dicha

propuesta ante el Consejo y el pasado martes 18 anunciaron de forma pública una decisión unilateral.

3. Consideramos una grave falta de respeto a todos los integrantes del Consejo Nacional de Educación -CNE-

, la

utilización malintencionada del nombre de dicha entidad por parte de las autoridades del Ministerio de

Educación, para respaldar una decisión que no fue consultada al referir en el documento Estrategia para una

educación de calidad para la niñez y juventud guatemalteca, lo siguiente: “Con estas acciones, se dará una

respuesta efectiva a las políticas, objetivos y estrategias formulados por el Consejo Nacional de Educación,

que establecen la necesidad de profesionalizar a los docentes en servicio a nivel superior y de elevar la

formación inicial docente a nivel universitario.” Cuando la política aprobada por el Consejo Nacional de

Educación literalmente dice:

Política4. RECURSO HUMANO

Fortalecimiento de la formación, evaluación y gestión del recurso humano del Sistema Educativo Nacional.

Objetivos Estratégicos

• Garantizar la formación y actualización idónea del recurso humano para alcanzar un desempeño efectivo.

• Evaluar el desempeño del recurso humano para fines de mejora de la calidad.

• Implementar un sistema de incentivos y prestaciones para el recurso humano, vinculados al desempeño, la

formación y las condiciones.

4. Denunciamos públicamente que la “nueva estrategia” que las autoridades del Ministerio de Educación

intentan imponer con la modificación a la carrera de magisterio, no corresponde a las propuestas presentadas

por las distintas instancias de forma pública; ya que ni la propuesta de la Mesa Técnica de Formación Inicial

Docente elaborada a lo largo de tres años por docentes de las normales, ni las propuestas presentadas por

diferentes sectores -entre ellos los estudiantes normalistas- durante las audiencias realizadas en el Congreso

de la República; planteaban la posibilidad de que el Ministerio de Educación se desentendiera de la formación

de docentes, trasladando por completo la responsabilidad a las universidades. La propuesta que se estaba

discutiendo planteaba que la etapa universitaria se realizaría en las escuelas normales a través de un acuerdo

con la Universidad de San Carlos de Guatemala y con financiamiento del Ministerio de Educación. ¿Acaso no

resulta una burla abrir un proceso de consulta y de recepción de propuestas, para finalmente tomar una

decisión que contradice las propuestas recibidas?

2

¿Qué oportunidades tendrá la población indígena del país para formar docentes en el nivel superior si su

porcentaje de acceso a la universidad es menor al 1%? ¿Cómo se espera garantizar que las universidades

formen docentes bilingües interculturales, según las necesidades de las comunidades indígenas, si ello no les

resulta “lucrativo”?

5. Consideramos de vital importancia la reforma de la formación docente, así como la reforma integral del ciclo

diversificado, pero es irresponsable imponer una modificación de forma improvisada a menos de cuatro

meses del inicio del ciclo escolar 2013; especialmente si se considera que estamos a pocos días de que

culmine el plazo para la aprobación del presupuesto de la nación 2013, que la Sra. Ministra de Educación

reconoció ante la Comisión de Educación del Congreso hace unas semanas que no tenían elaborado un

presupuesto para esta reforma y que no estaban preparados, y que no se tienen contemplados recursos para

impulsar las carreras que de forma irresponsable mencionan los comunicados del Ministerio de Educación del

19 de septiembre en distintos medios de prensa (Bachilleratos en Ciencias y Letras con orientaciones

agroforestal, computación, diseño gráfico, mecánica automotriz, electricidad, textiles, turismo, etc.). ¿Por qué

no se instalan primero esas carreras, especialmente en las regiones más pobres del país, y después se

traslada

la carrera de magisterio a nivel superior? ¿Por qué se niegan a impulsar una reforma progresiva, bien

planificada y con los recursos debidamente asignados?

6. La Reforma Educativa pactada en los Acuerdos de Paz definió mecanismos de participación social que

nada

tienen que ver con el proceder autoritario, improvisado e irresponsable de las actuales autoridades. Es

necesaria la consulta y el diálogo verdadero para definir cambios que realmente beneficien a la sociedad. Los

cambios a la política educativa no pueden ser impuestos, deben ser producto de un proceso serio de

investigación, formulación de propuestas, debate público y consenso social.

7. Sabemos que la mejor preparación de los docentes es necesaria para incrementar la calidad educativa en

las

escuelas primarias; sin embargo, esto no es lo que realmente está en juego en este momento, pues los

docentes que se graduarán con el nuevo modelo, lo harán hasta finales del año 2017 y únicamente algunos

podrán ingresar al sistema educativo público a partir del 2018, para sustituir a los docentes jubilados. Lo que

pareciera estar en juego en este momento, es el interés de reducir los costos al convertir una carrera de tres

años a otra de dos y trasladar la formación docente a las universidades, particularmente a las universidades

privadas, pues es de todos conocido que la Universidad de San Carlos de Guatemala no cuenta con

presupuesto para asumir la formación de docentes de primaria a nivel nacional.

8. Exhortamos a la sociedad en general y a la comunidad educativa, a defender su legítimo derecho a una

educación pública, gratuita y de calidad que permita ejercer la ciudadanía desde las distintas identidades

lingüísticas y culturales.

Guatemala, 21 de septiembre de 2012

Comisión Nacional Permanente de Reforma Educativa -CNPRE