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Revista Pueblos y Fronteras digital Año 2007, número 3 Tierra y Población en el Chiapas Decimonónico http:// www.pueblosyfronteras.unam.mx
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DOI: https://doi.org/10.22201/cimsur.18704115e.2007.3.234
SUJECIÓN LABORAL Y CONFLICTOS JURISDICCIONALES EN UNA
COMUNIDAD MAM DEL ALTIPLANO GUATEMALTECO (1890-1947)
Rosa Torras Conangla
Doctorante en Estudios Mesoamericanos de la UNAM
RESUMEN
La entrada de Guatemala en la economía de agroexportación cafetalera en el siglo XIX
supuso la aplicación de diversos mecanismos de sujeción laboral destinados a movilizar
a los trabajadores —sobre todo indígenas— de las zonas donde residían a aquellas donde
se producía el cultivo. Las fincas de mozos fueron uno de esos mecanismos. El presente
artículo1 explora los efectos de estas políticas en una comunidad mam del altiplano
huehueteco, mismas que provocaron altos índices de conflictividad expresados en
desmembramientos territoriales y conflictos jurisdiccionales.
EL “PROBLEMA DE LA MANO DE OBRA” PARA LA ECONOMÍA
AGROEXPORTADORA
A mediados de 2001, un anciano del caserío El Chorro —aldea Xémal, municipio de
Colotenango, departamento de Huehuetenango, fronterizo con el estado de Chiapas,
México— contaba por qué se veía todavía obligado a trabajar en las fincas cafetaleras. Su
relato constituye un testimonio de la permanencia, en el tiempo largo, del trabajo forzado
en el agro guatemalteco por medio de las denominadas “fincas de mozos”.
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Fui otra vez a la finca, ¿por qué?, por el motivo del agua … [Me] estoy dando cuenta de que como
fue antes, igual está sucediendo ahora, es igual. Volví otra vez. Sí, a mi edad, hasta voy a ir en
estos días, pues tenía mi caña, unas cuantas cuerdas, entonces había un agua de riego de la
comunidad. Pero el nacimiento no es de la comunidad, es de la finca Rosario. Entonces esa finca
está obligando que se vayan; los que están usando esa agua a pura ley se tienen que ir a la finca a
cortar su café. Y si no van a la finca les quitan el agua. Eso es ahora. … Esa finca tiene cafetaleras,
esos son finqueros. Y esa finca Rosario tiene finca aquí arriba. No sé cómo se llama esa finquita
que está arriba. Es el mismo dueño, pero allí no tiene cafetaleras solo gente está allí, pues; siembran
la gente milpa pero el dueño es de Guate [ciudad de Guatemala]. Sí,. es el mismo dueño. La finca
Rosario está en la costa y es el dueño [de la] que está arriba [La Sierra]. La gente puede tener su
milpa. Para mi caña tengo que ir al Rosario, tengo que ir a cortar café y si no voy pues me quitan
el agua, me quedo sin agua. Toda la comunidad tiene este problema. Cuando yo miro que en el
tiempo de fines de octubre de aquí salen unas ocho camionadas de gente. Para las costas, para
cortar café, en esa finca. Sí, todos, los de Xémal, los de Chorro no, porque ellos no usan esa agua.
El agua es para Xémal. Cuando ellos van a la finca les pagan 25 quetzales cada caja de café. No
es gratis, pero si no vas a la finca te quitan el agua. Mi caña está en Xémal y estoy usando esa
agua. Siempre tengo que ir a la finca; ¿por qué razón?, pues, es por el agua. Si no hay agua no hay
cosecha, porque tengo cañas. La finca, pues, es obligado ir a la finca. Si no, el que no va a la finca
le quitan el agua, y si no va toda la comunidad, pues, la finca tiene derecho de vender en otro lugar
y ya la comunidad se queda sin agua.2
Don Juan, un campesino mam que tenía 73 años cuando le entrevisté, describía con
claridad la situación del momento: contaba cómo los pobladores de la aldea Xémal,
ubicada en las faldas de la sierra de los Cuchumatanes, tienen la obligación de ir a cortar
café a la finca El Rosario, en la bocacosta guatemalteca, a una distancia aproximada de
140 kilómetros por carretera. Es la forma de pago por el derecho a utilizar el agua, cuyo
nacimiento se encuentra en la finca La Sierra, situada en Xémal. Ambas fincas son del
mismo propietario. Asimismo, las familias mames que viven y cultivan maíz en la última
pueden hacerlo a cambio de ir a trabajar a El Rosario.
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Esa realidad, vigente hasta la fecha, es una pequeña muestra de las formas de sujeción
laboral tejidas desde antaño, concretamente desde el tiempo en que Guatemala adoptó
como modelo la economía agroexportadora cafetalera, ahondando la marginalización de
muchos pueblos indígenas del altiplano guatemalteco. Pueblos que no vivían en zonas
productoras de café, pero que fueron insertados en ese sistema económico a partir de la
extracción de un recurso indispensable para que funcionara: su fuerza de trabajo.
Fueron bastantes los mecanismos utilizados por el Estado para forzar la movilidad laboral,
pero don Juan alude a uno poco estudiado y mucho más común de lo que puede parecer:
las denominadas fincas de mozos. Sabemos poco de ellas porque no han sido reguladas
en la legislación laboral, por tanto, no aparecen de forma explícita en registros agrarios o
memorias de gobierno. Ello hace que para rastrearlas sea necesario diversificar las fuentes
históricas y acercar el lente al detalle, además, así como en Guatemala cada vez hay más
estudios que develan esa forma de colonato a distancia, queda pendiente saber si también
existieron o existen en países vecinos.
El presente artículo pretende, por lo comentado, analizar desde un enfoque microhistórico
y a partir de las fuentes oral y escrita, cómo afectó a una comunidad mam del altiplano la
inserción de Guatemala en la lógica económica cafetalera, creando mecanismos de
sujeción laboral que posibilitaron la movilización hacia las fincas de la bocacosta y la
costa de la mano de obra ubicada en zonas no productoras de café. Para ello, fue necesario
crear y aplicar un cuerpo de leyes que adecuara la existencia del trabajo forzado, al mismo
tiempo que se impulsaba la expropiación legal e ilegal de tierras comunales en los pueblos
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indígenas, con el fin de hacer cada vez más difícil la sobreviviencia comunitaria y
provocar la expulsión de mano de obra.
La lucha tenaz de los pobladores por el control de sus recursos comunitarios se expresó
en muchas ocasiones a través de conflictos jurisdiccionales, pues la municipalidad era el
ente local que regulaba el trabajo forzado y hacía posible resistirse a la pérdida de tierras
ocasionada por la incursión de los ladinos3 —también extranjeros—, quienes durante el
siglo XIX se expandieron de forma contundente en las zonas indígenas, que habían
conservado su patrimonio durante el periodo colonial.
Ante el creciente problema que enfrentaban los finqueros de cómo volver “disponible”
para las fincas cafetaleras la fuerza laboral que se encontraba lejos de ellas, se profundizó
la búsqueda de trabajadores en las tierras del altiplano y, para esto, se perfeccionó el
sistema coactivo de trabajo, desde mediados del siglo XIX hasta 1947, año en que se
emitió el Código de Trabajo.
A partir de la Revolución liberal de 1871, tres momentos legislativos marcaron ese
proceso: la legislación producida por los liberales a partir de la herencia conservadora —
con algunos ajustes de parte de los gobiernos siguientes— que se cristalizó en el
Reglamento de jornaleros, de 1877, complementado con la Ley contra la vagancia de
1878. Luego, la dictada por el general Jorge Ubico a partir de 1931, en plenos efectos de
la crisis económica mundial, que implicó la abolición en 1934 del peonaje por deudas y
un reacomodo del sistema de trabajo forzado sobre la lógica de la vagancia. Y finalmente,
con la emisión del Código de Trabajo de 1947 por parte del gobierno revolucionario de
Juan José Arévalo, se instaura la obligación del pago de salario a los trabajadores del
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campo y la abolición de los mecanismos de coacción extraeconómica legal. No obstante,
como vemos en el caso descrito por don Juan, las formas de sujeción laboral se
perpetuaron de forma extralegal. En el presente artículo, a pesar de aportarse datos que
dejan constancia de la continuidad hasta la actualidad de muchos de los fenómenos
investigados, me centraré en el periodo en que dichas formas se consolidaron bajo el
impulso estatal (1890-1947).
La ideología liberal fue conformándose alrededor de concebir al indígena como “mozo”,
pues en su trabajo debía recaer el aparato productivo del país. En la “Memoria” de la
Dirección General de Agricultura de 1901 se describían de la siguiente manera las
ventajas del indígena como trabajador:
La mayor parte de los trabajadores que se emplean en la agricultura son indígenas del país. Las
condiciones de éstos para las faenas rudas del campo, no han podido encontrarse ni en la clase
llamada ladina ni en trabajadores traídos de otras partes (polineses, negros y japoneses). El indio
es frugal y sobrio en extremo: se contenta con poco para vivir y en cambio resiste bien el clima de
las costas, trabaja con ardor, y las enfermedades no hallan presa fácil en su constitución vigorosa.
Esto depende del trato que se le dé. El indígena a fuerza de sufrir ha tomado horror al trabajo de
las fincas, pero hallándose en una parte contento hace con gusto su tarea, trabaja doble y pide muy
poca remuneración.4
Reconocida esta realidad por las autoridades gubernamentales, es obvio que tanto las
políticas estatales como la práctica de los finqueros se enfocó en convertir la zona del
altiplano guatemalteco —donde se concentraba la mayoría de la población indígena— en
“semilleros” de mano de obra para las fincas de la bocacosta del país. El hecho de calificar
a esa población de forma ambivalente, les permitía siempre adecuar una justificación para
extraer su fuerza laboral.
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En 1907, Arzú Batres ya denunciaba los desastrosos efectos causados en la población de
estos lugares por el trabajo en las fincas:
Y la experiencia lo confirma; continuamente encontramos en los pueblos altos, viejos decrépitos
de 40 años; se les pregunta qué tienen, de qué sufren, y contestan con su tranquilidad inalterable:
“ya no hay tu fuerza, Tata, se acabó en la finca”. Huyendo de los mandamientos y de las mil
vejaciones que las autoridades locales les hacen sufrir en los pueblos, muchos, muchísimos indios,
se remontan a las montañas prefiriendo las penalidades del aislamiento, la tristeza de la soledad, a
las amarguras de la esclavitud disfrazada; pero no les vale; tras el indio fugitivo que se oculta va
el ladino a denunciar como baldío el monte en que se ampara. Al titular el terreno, queda el indio
en calidad de colono permanente. ... El de Huehuetenango, fronterizo con México, gana, por lo
menos ganaba hasta el año 1904, 18 pesos anuales y la ración, ración que consiste en maíz, frijol
y sal. Pero a cuenta del derecho de sembrar en la finca, paga un impuesto o baldiaje, como allá se
llama, que consiste en trabajar gratis en la preparación del terreno, siembra, deshierbo y
recolección de tapizca o del maíz y frijol de la hacienda ... en cambio, el jornal efectivo del mozo
es de cinco centavos diarios pagaderos por anualidades vencidas; y como durante el año algún
dinero ha necesitado ... resulta que en cada liquidación que se hace, debe algo más y tiene algunas
menos posibilidades de emanciparse legalmente de la tutela del patrón.5
Pero centrémonos en uno de los mecanismos de extracción laboral, fruto de la audacia de
los finqueros bajo la permisividad gubernamental: las fincas de mozos.
LAS FINCAS DE MOZOS: UNA “RESERVA” DE FUERZA LABORAL
EN EL ENGRANAJE AGROEXPORTADOR
Las fincas de mozos se fueron conformando por la práctica de los finqueros de comprar
terrenos no aptos para los cultivos de agroexportación, en los que rentaban parcelas a los
indígenas de la zona a cambio de mano de obra estacional en sus fincas cafetaleras o
cañeras de la vertiente del Pacífico. Una forma de colonato a distancia que no estaba
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recogida en los documentos oficiales; por lo que queda pendiente llevar a cabo un registro
sistemático que nos permita conocer el alcance de esta práctica en todo el país.
Sabíamos de su existencia por estudios de caso como el de David McCreery, quien
encontró fincas de mozos en San Juan Ixcoy (Huehuetenango), propiedad de las fincas
cafetaleras Helvetia (Quetzaltenango) y El Perú (San Marcos)6, donde también eran
habilitados los mames de Colotenango. Otra investigación analizó la relación entre la
finca de mozos Canajal de 69 caballerías (3,105 ha aprox.) proveedora de mozos y la finca
azucarera El Baúl (Escuintla)7; mientras que el trabajo de Lizeth Jiménez8 estudia otra
finca más perteneciente también a El Baúl, llamada Chuacorral y ubicada en Joyabaj
(Quiché). Por su parte, Matilde González analizó las fincas de mozos en San Bartolomé
Jocotenango (Quiché) pertenecientes a la Compañía Holandesa de Comercio C.A.9
Mientras que Mario Tejada menciona aquellas que la familia alemana de cafetaleros
Nottebohn tenía en la cumbre de los Cuchumatanes, concretamente en San Juan Ixcoy.10
El caso que nos ocupa es el de la finca La Sierra en San Rafael Pétzal (Huehuetenango),
llamada “anexo a El Rosario”, por ser finca de mozos de la finca cafetalera El Rosario
ubicada en El Tumbador (San Marcos). San Rafael Pétzal es un municipio que se formó
a partir de la división del municipio de Colotenango en dos; segregación impulsada por
ladinos que habitaban en ese municipio de mayoría mam a finales del siglo XIX,
especialmente por los miembros de la familia Aguirre. Estos ladinos llegaron a asentarse
en esa zona atraídos por los beneficios del estanco de aguardiente, convirtiéndose en
finqueros medios, productores de caña de azúcar.
La Sierra formaba parte de un lote de terreno llamado Tuimaché, declarado exceso en
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189711 cuando se estaban midiendo los ejidos del recién creado municipio de San Rafael
Pétzal. Vecinos mames de Colotenango y Pétzal que poseían ese terreno lo habían
denunciado, a pesar de ello fue declarado baldío para luego ser vendido en subasta
pública. Medía 10 cab 52 mz 7,600 v2 (487 ha y 2 a 36 cta), y fue adquirido por Vicente
Marroquín a razón de 36 pesos por caballería. El presidente José M.ª Reina Barrios se lo
adjudicó en “nombre de la nación”, ordenando al jefe político y demás autoridades que
“con ningún motivo ni pretexto perjudiquen ni permitan se moleste al señor Marroquín ni
a sus sucesores, en la posesión del enunciado terreno en lo que yo por el presente les
amparo”. En enero de 1898 quedó concluida la adjudicación, y en mayo del mismo año
Marroquín vendió la propiedad al coronel Tiburcio Molina.12 Éste, a su vez, la traspasó a
José Mathis en 1919, a quien se la compró en 1925 la alemana Sociedad Buhl y Lange.
Una parte de esa finca, 4 caballerías (181 ha), fue desmembrada y registrada como finca
La Sierra.
Después de haberse disuelto la Sociedad Buhl y Lange a raíz del fallecimiento del socio
Federico Lange —25 de mayo de 1939—, se formó Buhl y Compañía —sociedad
constituida por Enrique Buhl y Alberto Hachmeister—, que pasó a ser la dueña de ésta y
otras fincas de la zona. Al disolverse la sociedad Buhl y Cía en 1942, le fue adjudicada la
finca a Carlota Volheim Muth, viuda de Buhl.
Los datos que existen sobre Enrique Buhl, originario de Hamburgo, indican que llegó a la
capital de Guatemala en 1899, donde trabajó con Federico Gerlach —comerciante alemán
y principal cafetalero del país en esos años— del que se independizó para fundar una
tienda de comestibles. Al quebrar la tienda, se asoció con Federico Lange para crear la ya
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citada empresa, con sucursales en El Tumbador, Pajapita y la cabecera de San Marcos.
Asimismo, se dedicó a la importación de artículos de manufactura alemana, petróleo y
gasolina de México, y vendía productos del país como azúcar y cerveza. En 1910, la
compañía empezó a exportar café de las fincas ubicadas en los municipios El Tumbador,
El Rodeo, San Rafael y Nuevo Progreso; a San Francisco, en Estados Unidos. En 1914,
Buhl construyó un beneficio de café en Pajapita y, a partir de ese momento, se dedicó
exclusivamente al negocio de este producto,13 comprando fincas de café en los mismos
municipios donde antes solo exportaba el grano.14
Por otro lado, el también ciudadano alemán Juan Lüttmann era propietario de la finca
cafetalera Nahuatancillo.15 Cuando esta fue intervenida en 1918 por orden del gobierno
de Manuel Estrada Cabrera una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, pasó a ser su
interventor interino el compatriota Alberto Hachmeister, quien fundara Buhl y Cía junto
a Enrique Buhl.
Paralelamente, Juan Lüttmann y su socio José Mathis compraron la finca cafetalera El
Rosario, en el municipio de El Tumbador, la que siguió los mismos cambios de propietario
que las fincas huehuetecas Tuimaché y La Sierra. Mathis era, además, propietario de dos
fincas urbanas, en el pueblo San Juan Atitán, que vendió sucesivamente a Buhl y Lange
en 1925 y a Buhl y Cía en 1939.16 Estas dos fincas forman parte, al menos desde 1939,
también de la finca El Rosario.
Cuando en 1953 la Comisión Agraria Departamental de Huehuetenango recomendó que
se entregara la finca La Sierra a los mozos —después de haber sido expropiada junto con
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la de Tuimaché17 por haber declarado a Carlota Volheim “enemiga de guerra” durante la
Segunda Guerra Mundial—, se especificaba “que desde hace mucho tiempo, la finca en
cuestión ha sido dada a trabajadores sin pago de arrendamientos, sino por compromisos
de trabajo a fincas que la propietaria posee en la costa sur del país”18.
Es decir, el valor de la finca en San Rafael Pétzal no estaba en lo que producía su suelo,
sino en la mano de obra que albergaba.19 Era una finca de mozos, y para sus propietarios,
primero guatemaltecos y después alemanes, resultaba ser un área de reserva de fuerza de
trabajo para la producción cafetalera.
En 1953 la finca La Sierra fue expropiada y pasó a ser propiedad de la nación cuando fue
denunciada por el Comité Agrario Local de San Rafael Pétzal, en aplicación de la
Reforma Agraria promulgada por el presidente Jacono Árbenz un año antes. El 6 de enero
de 1954 les fue adjudicada a los mozos que trabajaban en ella.20 Según datos del 2.º
Registro de la Propiedad Inmueble21, esta finca la heredó el 3 de abril de 1967 Julio
Montes Taracena —quien era administrador de Carlota Volheim— junto con Adolfo
Frank Klein y Johanna Weingortner. En 1968 Montes compró las partes que eran de estos
dos alemanes y el 19 de mayo de 1978 se la vendió a la entidad Agrícola El Rosario, S.
A. (Agrirosa), quien es la propietaria actual. No fue posible averiguar los nombres de los
titulares de la sociedad anónima, pero según fuentes locales pertenece a la familia
Bonifaci Botrán, dueños de una de las más importantes empresas productoras de alcohol,
así como de fincas de azúcar y de café.22 En 1987 constaba como propietario en un acta
de sesiones de la municipalidad de Colotenango, Jaime Bonifás Prat, miembro de la
misma familia Bonifaci, de origen catalán.23
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Hoy La Sierra, según testimonios locales como el de don Juan, sigue siendo finca de
mozos anexa a El Rosario. Esos mismos testimonios relatan cómo la obligatoriedad de
ser mozos en dicha finca no solo afecta a los que usufructúan sus tierras, sino a todos los
habitantes de la aldea Xémal que necesitan el agua, cuyo manantial se encuentra en esa
misma finca. Consta en el acta municipal de 1987 mencionada, la siguiente petición de
los mozos de la finca:
Que el anterior propietario de la finca La Sierra anexo El Rosario les concedió permiso según
documentos que obran en poder de la comunidad, para hacer uso de un nacimiento de agua
existente en la finca, que en vista de ese permiso efectuaron sus trabajos de agua potable para su
aldea, pero los realizaron en forma empírica ... ahora la comunidad se compone de campesinos
sumamente pobres, razón por la cual no pudieron efectuar su trabajo de agua potable formal ...
pero se cuenta con el problema de que el nuevo dueño de la finca donde está el nacimiento es el
señor Jaime Bonifás Prat; precisamente por eso invitaron a la autoridad para pedir permiso a este
nuevo dueño, a efecto les autorice el nacimiento de agua. Claro está que todos los vecinos se
comprometen a respetar su propiedad, no causando ningún daño. ... Por este mismo acto hacen [los
vecinos] formal propuesta y bajo su responsabilidad que esa agua la utilizarán única y
exclusivamente para sus servicios domésticos y no para otra cosa, asimismo, los propietarios de
los terrenos por donde pasará la tubería al realizarse el proyecto desde este momento dan su
permiso para que pase esta tubería.
El recorrido que acabamos de hacer por los propietarios de la finca La Sierra ilustra la
inserción de zonas periféricas a los núcleos de producción cafetalera del país, fruto del
despojo que ocasionaron altos grados de conflictividad agraria en esas tierras. Veamos a
continuación cómo se legalizó el despojo mencionado para analizar, más adelante, sus
efectos en la dinámica local.
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INCURSIÓN LADINA Y REORDENAMIENTO TERRITORIAL:
CREACIÓN DE UN MUNICIPIO “LADINO”
Xémal era una aldea24 que pertenecía al municipio de Colotenango, pero al ser creado en
1890 el nuevo municipio de San Rafael Pétzal por impulso de los ladinos con mayor poder
económico de la zona, resultó incorporada a este último. El nuevo municipio se originaba
a partir de la segregación de la aldea Pétzal y de la mitad de los terrenos que formaban
parte del municipio de Colotenango. Era una zona propicia para el cultivo de caña de
azúcar, propiedad ya controlada por las familias de ladinos que penetraron en el área
atraídos por el negocio del aguardiente a mediados del siglo XIX, bajo el régimen
conservador. El monopolio cedido por el Estado les benefició ampliamente, en detrimento
de la población mam que habitaba el lugar.
El primer propietario ladino en Pétzal fue Nazario Argueta quien, por adjudicación del
Estado de Los Altos, en 1839 obtuvo 21 caballerías (543 ha 4 a 2,192 cta) en Pétzal
Chiquito.25 Como constata Taracena,26 en pleno desarrollo del regionalismo altense, los
quetzaltecos y sus aliados fueron progresivamente acaparando tierras durante la segunda
mitad del siglo XVIII, acentuándose la tendencia de 1800 a 1820, en el tiempo del
surgimiento del autonomismo de Los Altos. A partir de 1826, la mayoría de beneficiarios
de apropiación de tierras —a través de la figura colonial de la denuncia— fueron después
funcionarios importantes del Estado de Los Altos, en perjuicio de las comunidades
indígenas. Esta expansión se dirigió sobre todo hacia el litoral del Pacífico —
Suchitepéquez y Santo Domingo Retalhuleu—, pero también incluía zonas cálidas de
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Huehuetenango, como la que nos ocupa, que tenían el carácter estratégico de ser punto de
paso hacia el territorio chiapaneco.
Argueta vendió la propiedad a José Ríos, principal estanquero de aguardiente de
Huehuetenango, lo que le permitió a este convertirse en el mayor propietario de
cañaverales de la zona. Ríos, a su vez, emparentó con los Aguirre, quienes llegarían a ser
la familia de mayor peso económico en Pétzal, protagonista del proceso de segregación
del municipio de Colotenango iniciado legalmente en 1884. En la primera solicitud de la
que tenemos constancia, los aldeanos ladinos pedían al jefe político de Huehuetenango
segregarse de Colotenango y erigirse en un municipio independiente, por las siguientes
razones:
El pueblo de Colotenango, en donde nos encontramos sometidos, se halla a dos leguas distante de
Pétzal. Su municipio es de indígenas, ante lo cual los propietarios ladinos de nuestro vecindario
no pueden disfrutar de completa y justa administración de justicia por carecer [los indígenas] del
despejo y conocimiento necesario para ello.27
El secretario de estado de gobernación y justicia apoyó la solicitud, pues consideraba que
“esa aldea se ha ido formando de aglomeración de fincas en aquel lugar”, lo que
confirmaba el peso de la migración ladina altense. Igualmente la avaló el fiscal, quien
recomendaba eregirlo “en municipio independiente, conviniendo tal vez suprimir el de
Colotenango y agregarlo al de Pétzal”28. Por su parte, el jefe político de Huehuetenango
Francisco Fuentes, justificó la petición argumentando lo siguiente:
Aunque la aldea de Pétzal no cuenta aún con el número de habitantes que prescribe el inciso 1.º
artículo 4.º de la ley de Municipalidades, esa Aldea es de bastante importancia, tanto porque la
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mayor parte de sus habitantes corresponde a la clase ladina, como por que es considerablemente
rica en sus producciones agrícolas. La Municipalidad de Colotenango a que Pétzal corresponde
está compuesta de indígenas que ni aún siquiera saben el castellano y esa circunstancia no ha
dejado ni deja de ser un obstáculo respecto de los asuntos públicos i privados de la expresada
Aldea, dando esto lugar muchas veces a que las autoridades superiores tengan que entenderse
directamente con el alcalde auxiliar que allí funje.29
Para entonces, el máximo cargo al que podían aspirar los ladinos de Pétzal era el de alcalde
auxiliar de la aldea, lo que les parecía absolutamente insuficiente. Era obvio que en este
caso, el Estado prefirió favorecer la segregación territorial antes que la instauración de
una alcaldía mixta.30 De hecho, los ladinos petzaleños nunca la solicitaron sino que
prefirieron deshacerse del poder local mam, fuertemente defendido en Colotenango.
En todo el proceso de segregación queda claro que, al amparo de las autoridades políticas
y judiciales y a pesar de que no se llenaban los requisitos para el cumplimiento de la ley,
el movimiento segregacionista prosperó, pues tenía las características que al Estado
liberal guatemalteco le interesaba favorecer: un municipio manejado por ladinos que eran
propietarios particulares y milicianos del régimen, en una zona mayoritariamente mam,
en momentos ya de expansión cafetalera y de plena aplicación del proyecto de
modernización liberal.
De esta manera, el 21 de mayo de 1890, por acuerdo gubernativo se ordenó la segregación,
creando el municipio de San Rafael Pétzal. Dicho acuerdo ordenó dividir el municipio de
Colotenango en dos, lo que implicó reiniciar el proceso de medición para establecer los
límites entre ambos municipios, así como aquéllos entre tierra ejidal y excesos. De las
220 caballerías que medía Colotenango había que deducirle 76 de ejidos para ambos
pueblos, por lo que quedaban 144 de excesos, la mitad para cada pueblo. Tuimaché era
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uno de esos excesos y, como hemos visto, fue vendido en pública subasta siguiendo la
política de privatización liberal, pues “no es conveniente a los intereses generales la
existencia de comunidades”31.
El agrimensor fue el ingeniero Diego Vásquez, quien al tratar de fijar el límite entre los
dos pueblos se encontró con la férrea oposición de los mames de Colotenango, los que
querían que se incluyera en su municipio la aldea Xémal, pues esos terrenos
eran de la propiedad de hijos de Colotenango, que no querían someterse a la jurisdicción de San
Rafael, cuyas autoridades —decían— eran muy tiránicas con los naturales, de quienes exigían
contribuciones y trabajos que los abrumaban, obligándoles a abandonar para siempre sus hogares,
como que en efecto se verán muchos ranchos sin habitantes.32
El Estado apoyaba la causa de los petzaleños, lo que provocó un alto grado de
conflictividad en la zona. Años después, en un memorial fechado en 1933, el alcalde 2.º
de Colotenango, el mam Diego Morales, explicaba que “San Rafael es una finca o aldea,
el litigio obedece a que el señor don Tiburcio Molina, según creemos, sin ningún derecho
vendió nuestras tierras a los propietarios de San Rafael”33.
Para los mames era claro que vivían la ambigüedad —o duplicidad— de si Pétzal era
propiedad privada o una unidad político-administrativa; de si era finca o aldea.
LA RESISTENCIA MAM: CONFLICTO JURISDICCIONAL
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EN TORNO A LA ALDEA XÉMAL
Desde el momento de la segregación, la oposición de los mames de Xémal de pertenecer
a San Rafael Pétzal fue constante, pues acusaban a esos ladinos —que controlaban la
municipalidad recién creada— de querer usurparles las tierras, “con el objeto de ir
agrandando su jurisdicción valiéndose de audacias”34. El siguiente memorial, presentado
en 1896 por los mames de Xémal al presidente de la República, expresa claramente por
qué no querían depender de San Rafael:
La aldea de Pétzal, pueblo de San Rafael, se compone tan solo de una generación de Aguirre que
nunca está en paz ... que por razón de ser indígenas sencillos somos sus víctimas a cada poco tanto
en nuestras personas como en nuestros intereses ... la autoridad de San Rafael que no cesa de
molestarnos con prisiones injustas ... Si alguno de nosotros debe llegar al Juzgado de San Rafael
porque se nos necesita para algo no se nos llama, se manda una escolta que va bien armada y con
fuerza allana nuestras casas y si no estamos en ellas ultrajan a nuestras familias y las amenazan
con las armas ... y todo sin que seamos delincuentes. Muchos vecinos de las aldeas se han
marchado ya temerosos de la indignidad con que se nos trata y su proceder no obedece a otra mira
que la de desesperarnos, para que dejemos nuestras tierras y puedan libremente los señores de San
Rafael dividirse lo que ha sido nuestro humilde patrimonio. Para salvar esos apuros damos por fin
el resultado de que somos esclavos, que por la fuerza debemos trabajar para que sea pueblo San
Rafael por más que su posición topográfica no merezca tan hermoso título pues está situado a la
falda de un cerro que no se presta para ninguna mejoría local. Señor, nuestros servicios concejiles,
impuestos municipales y demás tequios de pagar todo vecino los damos con entera voluntad a
nuestro antiguo por inmediato pueblo de Colotenango; ¿por qué se nos quiere someter por la fuerza
a formar parte de la colectividad de San Rafael, cuando para nosotros es tan odioso por las
innumerables desgracias que nos están originando? Creo encontramos la razón que se tenga para
ello porque si bien somos indígenas ambicionamos vivir en paz y no envueltos en enredos que no
sirven más que para [que] la autoridad nos esquilme. Por estas razones, Señor General Presidente,
pedimos y suplicamos humildemente se nos conceda segregarnos de San Rafael para que nos
incorporemos a nuestro antiguo y primogénito pueblo de Colotenango...35
O sea, por los abusos de autoridad de la familia Aguirre, cuyos miembros les quitaron sus
tierras y los obligaban a trabajar para aquéllos.
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Meses después, la jefatura política de Huehuetenango, a través de su secretario Luciano
Aguirre —hermano del estanquero Víctor Aguirre de Colotenango y otros pueblos
vecinos, e hijo de quien fuera alcalde de Pétzal, Francisco Aguirre Maldonado—,
informaba que los vecinos de Xémal siempre se habían opuesto a ser de San Rafael,
evadiendo la acción de las autoridades del pueblo cuando les exigían hacer trabajo
personal en las obras públicas:
... pues por el contrario se hace más patente su odio contra los ladinos de San Rafael, y de temerse
es que en un momento dado ocurran algunas desgracias, y que llegado el caso los indígenas de este último
pueblo se les unan, por la mala prevención que esa parcialidad mantiene contra los ladinos, lo cual
reconocen sobradamente, sin que la autoridad política y militar pueda darles inmediato auxilio por la
distancia en que se encuentran y porque no hay en una localidad, ni inmediata a ella, oficina telegráfica.36
Cuarenta y tres años pasaron en esa situación de litigio hasta que el 17 de octubre de 1933,
atendiendo la demanda de los mames de Xémal, el general Ubico emitió un acuerdo
gubernativo ordenando que la aldea fuera traspasada a la jurisdicción de Colotenango.37
No obstante, el 27 de agosto de 1934, el alcalde 1.º de San Rafael,
Gerardín Aguirre, manifestó al ministro de Gobernación y Justicia que “esta
Municipalidad y Vecindario, de ninguna manera consentirá voluntariamente que el
síndico otorgue, como lo solicita la Municipalidad de Colotenango, escritura traslativa de
dominio de la superficie de terreno en la cual se asienta la aldea XEMAL”38 y pidió
permiso para hacer una colecta en todo el vecindario destinada a recaudar fondos para
financiar el litigio legal por Xémal, pues no estaban conformes con el acuerdo gubernativo
de 17 de octubre de 1933.
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Cuando el dictador vio la rebeldía local ladina, ordenó anexar a Colotenango no solo la
aldea Xémal sino también el municipio de San Rafael Pétzal, regresándolo a su categoría
original de aldea dependiente de la municipalidad de Colotenango. Era el 11 de diciembre
de 1935. A diferencia del apoyo estatal que habían recibido los ladinos petzaleños en 1890
para controlar la municipalidad separándose de Colotenango y creando un nuevo
municipio, con el presidente Ubico el Estado se les volteó. Era parte de la estrategia
ubiquista de castigo a los ladinos locales que provocaban alta conflictividad en las áreas
rurales; estrategia destinada a incrementar el control estatal en el campo y centralizar su
poder presidencial.
Los ladinos petzaleños nunca aceptaron volver a ser una aldea de Colotenango y
solicitaron una y otra vez recuperar la categoría de municipio. Petición que recibió incluso
el apoyo de los habitantes de Xémal y El Chorro —caserío perteneciente a la aldea
Xémal—, con tal que ellos pudieran quedarse del lado coloteco y ya no tener ninguna
relación político-administrativa con San Rafael Pétzal. Así se expresaban en 1946 los
principales de El Chorro y Xémal acompañados por un “considerable número de
vecinos”, ante la corporación municipal de Colotenango:
[los vecinos de esas aldeas] jamás han deseado pertenecer a aquel lado. Continúan los mismos
expresando que, tanto los vecinos de una y de la otra aldea, ni siquiera han vuelto a pensar en el
“viejo asunto, que de viejo está sancionado”, que es muy posible que los petzaleños no conformes
nunca con haberlos reducido injustamente a aldea, traten de escarbar viejas cuestiones para abrirse
paso para el restablecimiento de su antiguo municipio. “Siguen los exponentes”: que tanto los
vecinos de las aldeas cuestionadas como los vecinos de este municipio en general, verían con sumo
agrado y sin reparar en cosas de antaño, que la fracción de San Rafael Pétzal lograra formar de
nuevo su municipio, ya que franca y categóricamente aquellos se han visto seriamente
perjudicados en sus intereses y en todo lo demás a causa de aquella disposición, la que por otro
lado, tampoco ha sido en beneficio de esta población máximo si ha de tenerse bien protegidos los
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edificios públicos que son de alguna importancia para el lugar y sus propios vecinos pero no
llenarían un objetivo principal para este pueblo, como era el agua potable y algunas otras
atenciones de importancia que hay que presentarle a dicha aldea.39
En 1947, ya bajo el gobierno revolucionario de Juan José Arévalo, cuya base social era
eminentemente ladina, San Rafael Pétzal recuperó su categoría de municipio, quedando
por resolver el traspaso de Xémal a la jurisdicción de Colotenango.
En 1953, en otra sesión municipal en Colotenango, se informó que todavía no había sido
posible concluir el expediente de titulación de la aldea Xémal, iniciado cinco años antes.
Los vecinos atribuían el atraso a la municipalidad de San Rafael Pétzal, controlada por
los ladinos, pues “los vecinos de la aldea se consideran amenazados de ser absorbidos por
San Rafael Pétzal, que se cree con derechos y ya tiene entendido de que de ser así, las
consecuencias serían fatales y lamentables para los incidentes que llegaren a resultar”40.
Por tanto, solicitaron a la municipalidad de Colotenango que asignara un síndico para que
hiciera las gestiones pertinentes ante la Sección de Tierras. Finalmente el 16 de octubre
de ese año fue emitido un acuerdo gubernativo según el cual se aprobaba el expediente de
segregación de la aldea Xémal del municipio de Colotenango que “indebidamente se
encontraba incluido en los títulos ejidales de San Rafael Pétzal”41. Para entonces habían
pasado sesenta y tres años de trámites.
En 1961, el alcalde de Colotenango insistió en la aplicación de los acuerdos gubernativos
emitidos por los presidentes Ubico y Arbenz favorables de la inclusión de Xémal a ese
municipio, elevándose el asunto al Juzgado de 1.ª Instancia Departamental42. Cuatro años
más tarde, la Sala 7.ª de la Corte de Apelaciones en el juicio ejecutivo contra San Rafael
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Pétzal, revocó el punto 2.º de la sentencia dictada por el Juzgado de 1.ª Instancia
Departamental en el que obligaba a la municipalidad de San Rafael Pétzal otorgar
escritura traslativa de dominio de la aldea Xémal en favor de la municipalidad de
Colotenango. Al ser revocada esa sentencia, la municipalidad coloteca volvió a apelar;
pues Xémal es una
aldea que por muchísimos años ha pertenecido a este municipio y sus vecinos aquí prestan su
trabajo personal voluntario, aquí contribuyen con su ornato, se reconocen como legítimos
colotecos y, en fin, por derecho y en derecho los terrenos de dicha aldea deben quedar incluidos
en el título general de este pueblo.43
En el año 2001 don Herculano Molina, ladino coloteco, quien fue secretario de la
municipalidad de su pueblo durante treinta y cinco años y alcalde en una ocasión,
describía así el conflicto añejado entre Xémal y San Rafael Pétzal:
Fíjese que Xémal, según los documentos del municipio de San Rafael, pertenece a San Rafael
Pétzal; no está desmembrada del título de San Rafael. Hay un Acuerdo del tiempo de Arbenz donde
dice que los terrenos de Xémal pasen a la municipalidad de Colotenango, pero la municipalidad
de San Rafael Pétzal tiene que otorgar una escritura de propiedad a la municipalidad de
Colotenango. Una vez intentamos, ya tiene años, y nos fuimos a platicar con el alcalde de San
Rafael, pero se iban a crear conflictos con el pueblo. Los de Xémal son de Colotenango, a ellos no
les hace ser de San Rafael. Hay una guerra entre los dos. Ellos ya se reconocen como colotecos,
Xémal. Les dicen “miren, ustedes, van a pertenecer a San Rafael Pétzal”, pues no. Pero
documentalmente Xémal pertenece a San Rafael. Y no logramos que la municipalidad de San
Rafael Pétzal otorgara su traspaso a la municipalidad de Colo[tenango]. Fuimos a dialogar con el
alcalde; esa vez nos estaba pidiendo el alcalde Q$600.00 de mordida para hacer el traspaso.
Q$600.00 eran miles a principios de los años 60. Intentamos, nos vamos a aventurar y esa fue la
reacción del alcalde. Nosotros no pudimos porque Q$600.00 eran miles y las municipalidades eran
raquíticamente pobres.44
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En resumen, los pobladores mames de Xémal se opusieron insistentemente a la hegemonía
de los ladinos que les quitaron las tierras y los sujetaban laboralmente, centrando la batalla
en lograr su independencia administrativa pues eran ellos los que, además, controlaban el
poder municipal de San Rafael Pétzal. Era su única estrategia posible en un universo en
el que los intereses privados y la práctica pública, expresada a través de la
institucionalidad republicana, se entremezclaban. El caso de los Aguirre permite develar
precisamente la vinculación entre sujeción laboral, propiedad de la tierra, ocupación de
cargos públicos, y ordenamiento territorial. Veamos.
SUJECIÓN LABORAL Y HEGEMONÍA LADINA EN UN MUNDO MAM
Según la memoria de los mames colotecos entrevistados, remontándose a la época de
Ubico, los habilitadores para las fincas de café eran para entonces sobre todo ladinos,
generalmente de los pueblos vecinos. De los 43 nombres de habilitadores que aparecen
registrados en los cuadernos de control de mozos de la municipalidad de Colotenango
para los años de 1943 a 1947, 39 pertenecen con seguridad a personas ladinas —36
hombres y 3 mujeres— mientras que, al leer los apellidos, 4 podrían ser mames.
Entre los primeros se encuentra Gerardín Aguirre, de San Rafael Pétzal, quien en 1934
fue alcalde de ese pueblo y era habilitador de mozos mames en Xémal y El Chorro. El
mismo caso es el de Salomón Villatoro, alcalde de San Rafael Pétzal en 1933 y habilitador
de mozos en San Rafael Pétzal y Xémal. O el de Rafael Ríos, secretario de la
municipalidad de Colotenango en 1933 y habilitador de mozos mames colotecos.45 Sobre
Gerardín Aguirre, un hombre mam de San Rafael Pétzal opinaba que era “el rey del
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pueblo”: los dueños del municipio eran los ladinos, porque antes su pueblo era aldea, pero
que éstos, “dueños de las tierras y de los aguardientes”, lo convirtieron en pueblo.46 Por
su parte, un ladino de Colotenango hablaba así de sus pares petzaleños:
[los ladinos] eran caciques, más bien dicho, caciques. Ellos mandaban pues a las comunidades
esas, como antes la gente indígena era domada, muy domada, para en cuestión de una elección lo
que decía el cabecilla, ahí iban todos, todos. Hoy no, como consecuencia de las escuelas ya la
gente está muy despierta, y ya no hay necesidad de que uno les diga: “mirá, yo voy a hacer esto,
cuando esté en el cargo voy hacer esto otro”. Ellos analizan ya, aunque sean indígenas ya ellos
analizan, ya saben por quién van a votar, ya tienen ellos en su mente. Y como consecuencia de eso
fue que San Rafael y San Gaspar se independizaron. Tenían mucha tierra, pura caña, los
Aguirre también, Romeo Aguirre, Gerardín Aguirre, esos eran los caciques.47
El primer miembro de la familia Aguirre del que hay constancia en Huehuetenango es
Felipe, quien de 1763 a 1804 ocupó los siguientes cargos: maestro en San Juan Ixcoy y
San Mateo Ixtatán, cabo de escuadra y sargento en la Compañía de Huehuetenango,
responsable del cuidado de peste en Jacaltenango, Soloma y Todos Santos, receptor de
alcabalas, juez preventivo, encargado de agricultura y comisionado de Jacaltenango, juez
territorial en Soloma, y apoyo de los celadores de tabaco en la zona.48 Después de todos
estos años de funcionario en los pueblos indígenas del altiplano huehueteco, en
1837 poseía ya casa en la cabecera departamental.
En 1855 su hijo Bernardino Aguirre era propietario de tierras en la aldea Pétzal, donde
cultivaba caña. Serían los hermanos Francisco, José Exequiel, Luis y Jesús —hijos de
Bernardino Aguirre y Simona Maldonado,49 y nietos, por lo tanto, de Felipe Aguirre y
María Trinidad López— quienes protagonizaron la dinámica político-económica de
Pétzal en el periodo señalado, junto con el resto de ladinos emparentados entre sí. Todos
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eran propietarios de tierras en la zona, en las que cultivaban caña de azúcar mediante
mozos mames. Se fueron turnando en los cargos de alcalde auxiliar cuando Pétzal era
aldea y de alcalde municipal cuando lograron crear el municipio de San Rafael Pétzal.
Además, algunos de ellos eran habilitadores de los mames colotecos hacia las fincas
cafetaleras de la bocacosta, pues contaban con la fuerza laboral de aquellos que habían
poseído tierras que ahora eran propiedad de los Aguirre. Algunos datos biográficos más
de los Aguirre permiten entender su empresa familiar.
En 1917 José Exequiel Aguirre Maldonado inscribió en el segundo Registro de la
Propiedad Inmueble tres propiedades urbanas en San Rafael Pétzal y cinco rústicas en el
mismo municipio. En 1906 le había comprado al coronel Tiburcio Alejandro Molina la
parte occidental de la finca Cruz Quemada, declarada exceso junto con Tuimaché cuando
se segregó Pétzal.50 También hay constancia en el segundo Registro de la Propiedad
Inmueble de que poseía lotes de terreno en Xémal, comprados a vecinos mames. Fue
alcalde auxiliar de la aldea Pétzal en 1880 y, posteriormente, alcalde 1.º de San Rafael
Pétzal en 1895 y 1897,51 entonces le correspondió firmar las dos solicitudes de
segregación de Pétzal de 1884 y 1889.
En 1881, Francisco Aguirre Maldonado era alcalde interino de la aldea Pétzal, para luego
serlo oficialmente en 1891 y en 1894,52 cuando se midió el ejido del pueblo. Asimismo,
firmó las solicitudes de segregación de Pétzal en 1884 y 1889. Según el segundo Registro
de la Propiedad Inmueble poseía catorce propiedades urbanas en San Rafael Pétzal y
nueve rústicas en el mismo municipio; de las primeras, ocho fueron hipotecadas entre
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1926 y 1943 a favor de Moesly y Cía, compañía suiza con fincas cafetaleras en la
bocacosta.
La acción de los ladinos locales —como muestra el caso de la familia Aguirre— se centró
en ir utilizando las ventajas que el Estado les facilitaba legal y tácitamente para apropiarse
de los recursos locales de los mames: acceso a los mecanismos de registro de tierras ya
ocupadas, control de la actividad comercial más lucrativa de la zona, acceso a cargos
públicos locales, nexos con cargos político-militares regionales o nacionales. El Estado
impulsó así procesos de expropiación y desarticulación de los patrimonios colectivos de
forma “sutil”, mientras que los ladinos tuvieron la sagacidad suficiente para aprovechar
la legislación vigente y apropiarse del máximo posible de recursos.
Con la articulación de estos territorios a la economía cafetalera, la situación de los
campesinos mames adquirió dimensiones dramáticas a partir de la intervención de
dispositivos estatales dirigidos a la movilización de la fuerza laboral; los que se sumaban
a las contradicciones generadas en etapas anteriores. Esta articulación se realizó a través
de múltiples mecanismos que consolidaron la ruptura de cualquier posibilidad de
autonomía económico-social de estos municipios marginales.
Los ladinos locales se incorporaron al sistema de trabajo forzado a partir de tener acceso
a puestos que les daba el Estado, como autoridades municipales/departamentales y
milicianos, y de integrarse a la iniciativa privada que los empleaba como habilitadores. Y
si bien los grandes finqueros cafetaleros fueron sobre todo extranjeros, cabe mencionar
que los primeros expropiadores de tierras resultaron guatemaltecos, quienes vendieron
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esas tierras a los extranjeros que tenían mayor acceso a créditos y facilidades comerciales,
especialmente aquellos de origen alemán.
CONCLUSIÓN
Las fincas de mozos eran —y aún siguen siendo— una de tantas formas de coacción
extraeconómica que ha marcado la historia de las relaciones laborales en Guatemala.
Como bien afirma David McCreery,53 la dominación de la economía local por un
capitalismo externo a Guatemala, ya fuese con el auge cacaotero de los siglos XVI y XVII
o el de café en el XIX, tuvo el efecto de fortalecer en lugar de debilitar las relaciones
laborales precapitalistas en el campo. La coacción directa se mantuvo durante casi toda la
primera mitad del siglo XX, y cuando en la década revolucionaria 1944-54 se legisló
favorablemente la libertad laboral la coacción ya no era tan necesaria, pues la pérdida
progresiva de los recursos comunitarios que garantizaban su reproducción convirtieron a
las comunidades en dependientes de los jornales de las fincas por necesidad económica.
A pesar de ello, la sujeción laboral persiste, como ocurre entre los habitantes de Xémal:
unos, los mozos de la finca La Sierra, condicionados por la necesidad de tierra; otros, los
pobladores de Xémal, obligados a cambio de tener acceso al agua que pasa cerca de sus
plantíos. La misma lógica liberal de “estrangular” la capacidad de reproducción
comunitaria quitándoles sus medios de producción para convertirlos en mozos
“disponibles” se mantiene.
David McCreery nos ofrece el primer estudio detallado, amplio y analítico sobre la
estructura y modalidades de funcionamiento del sistema de trabajo forzado y sus
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implicaciones para las comunidades indígenas del altiplano guatemalteco. Hasta ese
momento, los estudios realizados se habían centrado más en su análisis desde el Estado,
los finqueros y las zonas de grandes fincas, entre los que destaca la obra de Julio
Castellanos Cambranes. McCreery establece una relación directa entre el proceso de
expropiación de tierras y el trabajo forzado, con lo que abre líneas para multiplicidad de
estudios —y señala la necesidad de hacerlos— que contrarresten las visiones más macro
con perspectivas locales y regionales que esbocen el desigual desarrollo del proyecto
capitalista, creador de desigualdades territoriales.
A ese esfuerzo —y nutriéndose de él— se suman aportes de antropólogos, los que,
viniendo de la tradición norteamericana culturalista más interesada en el estudio de alguna
comunidad indígena, logran ponerlo en relación con la dinámica histórica nacional. Por
ejemplo John Watanabe y Shelton Davis se centran en el análisis de diferentes municipios
de Huehuetenango. Ambos ponen énfasis en la cuestión de la tierra y sus implicaciones
en la cultura y en el poder local.
Los estudios particulares permiten ir constatando que todas las comunidades indígenas
fueron afectadas por las disposiciones estatales, variando la intensidad del impacto sufrido
y el grado o los modos de oposición de cada una de ellas. Esa diversidad queda reflejada
en los estudios sobre localidades indígenas realizados, en los que, dentro del objetivo más
amplio de explicar la dinámica global de un municipio del altiplano, exploran el eje tierra-
trabajo-poder en el periodo liberal. El primer gran esfuerzo fue el del historiador francés
Jean Piel, al que le han seguido, entre otros, los de Matilde
González y Edgar Esquit, historiadores guatemaltecos.
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El presente trabajo pretende coadyuvar a la línea esbozada de documentar la diversidad
local para entender la complejidad de la realidad estatal, pero partiendo de la hipótesis de
la estrecha vinculación existente entre los tipos de acción política en el ámbito municipal
—desde quién ocupa los cargos ediles hasta cuáles son sus límites jurisdiccionales— y el
funcionamiento de un proyecto económico estatal. En ese proyecto, la disputa por los
recursos locales —concretamente la tierra y la fuerza laboral— estaban estrechamente
ligados entre sí, generando una realidad de
polarización y conflicto en todos los ámbitos de la vida del municipio.
Los campesinos del área estudiada acumularon años de experiencia en resistir, y lo
hicieron defendiendo el único espacio al que tenían acceso: su autonomía comunitaria,
que en el caso de Xémal se concretaba en pertenecer a la jurisdicción municipal de
Colotenango. La tenacidad en oponerse durante casi cien años a quedar jurídicamente
ligados a las autoridades municipales petzaleñas que los sojuzgaban laboralmente,
muestra cómo la construcción de la hegemonía ladina en estas zonas no fue un proceso
lineal sino insistentemente contestado y resistido.
BIBLIOGRAFÍA
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Notas
1 Este artículo surge de la tesis de maestría en historia “Conformación de un municipio marginal
guatemalteco: tierra, trabajo y poder en Colotenango (1825-1947)”, Universidad de Costa Rica, 2005; y del
trabajo de investigación realizado en el marco del Área de Estudios de Historia Local de la Asociación para
el Avance de las Ciencias Sociales, en Guatemala. 2 Entrevista I-2001. Nota: Para garantizar la seguridad de los entrevistados los nombres fueron
cambiados por pseudónimos. Todas las entrevistas fueron realizadas en Colotenango, menos la K-2001
(nota 22). 3 Nombre que adquirieron en Guatemala, sobre todo en el agro, las castas coloniales compuestas
sobre todo por mestizos pero también por zambos, mulatos y criollos empobrecidos. 4 Memoria de la Dirección General de Agricultura, 1902, pp. 35-45. Tipografía Nacional, Guatemala. 5 Arzú Batres 1907: 1. 6 McCreery 1983: 740. 7 NACLA 1978. 8 Jiménez 1995. 9 González 2002. 10 Tejada 2002: 137. 11 AGCA. Sección Tierras. Decreto 900. Núm. 8. Paquete 7. Huehuetenango.
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31
12 El coronel Tiburcio A. Molina compró las fincas Cruz Quemada y Tuimaché –ambos terrenos declarados
excesos baldíos- para vender la primera a Luis Aguirre y la segunda a José Mathis. Además de las fincas
mencionadas, poseía otro terreno en San Rafael Pétzal, dos casas en la ciudad de Huehuetenango y en
1901 se le adjudicó, por acuerdo gubernativo, otro terreno en San Miguel Uspantán (El Quiché). Sabemos
que nació en La Antigua, ingresó a la Escuela Politécnica en 1883 egresando como alférez en 1887,
alcanzó el grado de coronel, participando en las campañas de 1885 y de 1890; y a partir de ahí fue
comandante de armas y jefe político de los Departamentos del Quiché, Huehuetenango y Alta Verapaz
hasta ser nombrado en 1910, director general de policía. La República, Guatemala: 3 agosto 1910, p.1,
“El Señor Director General de Policia”; Samayoa Coronado, Francisco, 1964, La Escuela Politécnica a
través de su historia, tomo I, Tipografía, Guatemala, p. 117-118, 129-130, 142, 167, 212. 13 Wagner
1996:140-141. 14 Íbid, p. 278. 15
Íbid, p. 261. 16 RPIQ. Libro 13. Folio 80. Número 878, y Libro 47. Folio 93. Número 7668. Huehuetenango. 17 AGCA. Sección Tierras. Decreto 900. Número 12. Paquete 7. Huehuetenango. 18 AGCA. Sección Tierras. Decreto 900. Número 8. Paquete 7. Huehuetenango. 19 AMC. Libro de Actas de Sesiones de la Municipalidad de Colotenango. Número 12. 18 agosto 1944. 20 AGCA. Sección Tierras. Decreto 900. Número 8. Paquete 7. Huehuetenango. 21 RPIQ. Libro 17. Folio 166. Número 1643. Huehuetenango. 22 Entrevista K-2001; realizada en Chimaltenango 23 AMC. Libro de Actas de Sesiones de la Municipalidad de Colotenango. Números 29-87. 18 diciembre
1987. 24 La estructura político-administrativa de la Guatemala republicana quedó primeramente ordenada en 1825
en departamentos, subdivididos en distritos y éstos, a su vez, en municipios. En 1871, se reordenó el
territorio manteniendo la lógica departamental, subdividida en municipios. Los municipios incluían la
cabecera o pueblo y otras unidades de menor población dependientes de la primera que podían ser aldeas,
caseríos, fincas o parajes. Las aldeas y en muchos casos las fincas contaban con alcalde auxiliar
dependiente del alcalde municipal. Véase, Palma 1998. 25 AGCA. Protocolo Municipal Huehuetenango. Número 180. Años 1860-1865; AGCA. Sección Tierras.
Paquete 20. Expediente 4, p. 73. Huehuetenango. 26 Taracena 1997. 27 AGCA. B. Legajo 1335. Expediente 28708. 28 Ídem. 29 AGCA. B. Legajo 28793. Expediente 1669.
30 Las alcaldías mixtas en pueblos mayoritariamente indígenas empezaron con los primeros liberales; luego
los conservadores (1838-71) establecieron una alcaldía ladina y otra indígena para un mismo pueblo. Los
segundos liberales reestablecieron las alcaldías mixtas, primero en casos especiales con población ladina
numéricamente importante y luego, a partir de 1927, se generalizaron a los pueblos con minoría ladina,
disponiéndose que las municipalidades de poblaciones mayoritariamente indígenas fueran integradas por
un alcalde 1.º y un síndico 1.º ladinos y alfabetas; el resto de la corporación se haría de forma que siempre
quedaran representados por mitad los ladinos y los indígenas “prefiriéndose en la elección a los que
hablen castellano, usen el traje de clase ladina y sepan leer y escribir”. Todo ello “por estar comprobado
con los respectivos datos estadísticos, que los pueblos cuyas municipalidades han venido integrándose
con solo elemento indígena se han estancado en su marcha evolutiva...”, Méndez 1927: 622, y Barrios
2001. 31 AGCA. Sección Tierras. Paquete 20. Expediente 4. Huehuetenango. 32 Ídem.
Revista Pueblos y Fronteras digital Año 2007, número 3 Tierra y Población en el Chiapas Decimonónico http:// www.pueblosyfronteras.unam.mx
32
33 Ídem. 34 Ídem. 35 AGCA. B. Ministerio Gobernación. Legajo 28930. Expediente 2629. 36 Ídem. 37 Acuerdo Gubernativo número 2428. Méndez 1936. 38 AGCA. B. Gobernación (Escribanía de Gobierno). Legajo 30982. Expediente 83. 39 AMC. Libro de Actas de Sesiones de la Municipalidad de Colotenango. Número 5. 14 febrero 1946. 40 AMC. Libro de Actas de Sesiones de la Municipalidad de Colotenango. Número 4. 18 febrero 1953. 41
AMC. Libro de Actas de Sesiones de la Municipalidad de Colotenango. Número 16. 14 diciembre 1953. 42 AMC. Libro de Actas de Sesiones de la Municipalidad de Colotenango. Número 10. 2 junio 1961. 43 AMC. Libro de Actas de Sesiones de la Municipalidad de Colotenango. Número 14. 27 mayo 1965. 44 Entrevista H-2001. 45 Otros habilitadores, ladinos y ladinas, eran: Ángel M.ª y Adrián Herrera, Baudilio y Ernesto Castillo,
Juana A. de Aguirre, María C. de Aguirre, Armando, Augusto y Adolfo Villatoro, Antonio Ríos H.,
Carlos Calderón Aguirre. 46 Entrevista J-2005. 47 Entrevista L-2001. 48 AGCA. Protocolo Municipal de Huehuetenango. Número 176. Años 1837 y 1837-1844. 49 AGCA. Juzgado Primera Instancia. Ramo Criminal. Índice número 126. Huehuetenango: Legajo 12.
Expediente 18; Legajo 19. Expediente 2; Legajo 13. Expediente 42; Legajo 35. Expediente 43; Legajo
37. Expediente 3; Legajo 37. Expediente 4; Legajo 38. Expediente 2. 50 AMC. Remedición de Colotenango. Año 1917. 51 AGCA. Juzgado Primera Instancia. Ramo Criminal. Índice número 126. Huehuetenango: Legajo 19.
Expediente 2; Legajo 35. Expediente 43; Legajo 37. Expediente 3. 52 AGCA. Sección Tierras. Paquete 20. Expediente 4. Huehuetenango. 53 McCreery 2001.