CON PUNTO DE ACUERDO, EL POR EL QUE SE EXHORTA A LA ...

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CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL POR EL QUE SE EXHORTA A LA CONTRALORÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL STC-METRO A PRESENTAR ANTE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN UN INFORME DETALLADO SOBRE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y PENALES PLANTEADOS ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES CONTRA LOS PRESUNTOS RESPONSABLES DE IRREGULARIDADES RELACIONADAS CON EL FINANCIAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 12, Y A SEÑALAR EL ESTADO QUE GUARDAN AQUÉLLOS Y LAS SANCIONES APLICADAS EN SU CASO, SUSCRITA POR LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI Los suscritos, senadores de la república integrantes del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes Consideraciones La Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro representa la obra de infraestructura más importante de la administración del entonces jefe del gobierno, Marcelo Luis Ebrard Casaubón. No obstante, su financiamiento y proceso de construcción estuvieron plagado de irregularidades que la convierten en un símbolo de la corrupción de ese gobierno. Luego de que 11 de las 20 estaciones que forman la Línea 12 dejaran de funcionar, se hizo necesario conocer los motivos de dicha situación a fin de garantizar la seguridad de los usuarios y de sancionar a los responsables de presuntas irregularidades en la construcción del proyecto. Para dicho fin, la Asamblea Legislativa formó la Comisión para la Investigación de la Línea 12 del Metro, que en abril de 2015 presentó el informe de su investigación, donde se detallan no sólo los aspectos técnicos que provocaron el desgate ondulatorio en las vías del Metro sino, también, el incumplimiento de distintas disposiciones jurídicas que se presentaron durante la construcción de la obra, que derivaron en la suspensión del servicio de la Línea 12 en el tramo correspondiente de Tláhuac a Atlalilco. El informe citado explica que el gobierno del Distrito Federal, con el argumento de “racionalización” por problemas presupuestales, acordó con el consorcio ganador la disminución del monto destinado para la obra en 2 mil millones de pesos, que finalmente fue de 17 mil 583 millones de pesos. Entre otras cuestiones, el informe precisa: Las modificaciones de la ingeniería básica, del trazo original con el cambio de las estaciones subterráneas a elevadas, así como de las especificaciones del material rodante, afectaron severamente las condiciones técnicas de operación, la inscripción de las ruedas con las vías en las curvas de radio reducido, todo ello origino? las fallas (...) y la suspensión parcial del servicio. 1 Asimismo, se destaca que además de que la obra fue entregada con 10 meses de atraso, presentó faltantes y pendientes en aspectos menores como relevantes del proyecto que posteriormente fueron cobrados como gastos adicionales sin la comprobación correspondiente. La obra se adjudicó en el esquema de precio alzado: de acuerdo con el artículo 44, fracción segunda, párrafo segundo, de la Ley de Obras del Distrito Federal, este tipo de contratos no puede modificarse en monto o plazo ni estará sujeto a ajustes de costos. Los hechos descritos contravienen claramente dicha norma, pues se modificó el

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CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL POR EL QUE SE EXHORTA A LA CONTRALORÍA DE LA

CIUDAD DE MÉXICO Y AL STC-METRO A PRESENTAR ANTE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL

CONGRESO DE LA UNIÓN UN INFORME DETALLADO SOBRE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y PENALES PLANTEADOS ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES CONTRA LOS PRESUNTOS RESPONSABLES DE IRREGULARIDADES RELACIONADAS CON EL

FINANCIAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 12, Y A SEÑALAR EL ESTADO QUE

GUARDAN AQUÉLLOS Y LAS SANCIONES APLICADAS EN SU CASO, SUSCRITA POR LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Los suscritos, senadores de la república integrantes del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura

del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de

los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con

punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro representa la obra de infraestructura más importante

de la administración del entonces jefe del gobierno, Marcelo Luis Ebrard Casaubón. No obstante, su

financiamiento y proceso de construcción estuvieron plagado de irregularidades que la convierten en un símbolo de

la corrupción de ese gobierno.

Luego de que 11 de las 20 estaciones que forman la Línea 12 dejaran de funcionar, se hizo necesario conocer los

motivos de dicha situación a fin de garantizar la seguridad de los usuarios y de sancionar a los responsables de

presuntas irregularidades en la construcción del proyecto.

Para dicho fin, la Asamblea Legislativa formó la Comisión para la Investigación de la Línea 12 del Metro, que en

abril de 2015 presentó el informe de su investigación, donde se detallan no sólo los aspectos técnicos que

provocaron el desgate ondulatorio en las vías del Metro sino, también, el incumplimiento de distintas disposiciones

jurídicas que se presentaron durante la construcción de la obra, que derivaron en la suspensión del servicio de la

Línea 12 en el tramo correspondiente de Tláhuac a Atlalilco.

El informe citado explica que el gobierno del Distrito Federal, con el argumento de “racionalización” por

problemas presupuestales, acordó con el consorcio ganador la disminución del monto destinado para la obra en 2

mil millones de pesos, que finalmente fue de 17 mil 583 millones de pesos. Entre otras cuestiones, el informe

precisa:

Las modificaciones de la ingeniería básica, del trazo original con el cambio de las estaciones subterráneas a

elevadas, así como de las especificaciones del material rodante, afectaron severamente las condiciones técnicas de

operación, la inscripción de las ruedas con las vías en las curvas de radio reducido, todo ello origino? las fallas (...)

y la suspensión parcial del servicio.1

Asimismo, se destaca que además de que la obra fue entregada con 10 meses de atraso, presentó faltantes y

pendientes en aspectos menores como relevantes del proyecto que posteriormente fueron cobrados como gastos

adicionales sin la comprobación correspondiente.

La obra se adjudicó en el esquema de precio alzado: de acuerdo con el artículo 44, fracción segunda, párrafo

segundo, de la Ley de Obras del Distrito Federal, este tipo de contratos no puede modificarse en monto o plazo ni

estará sujeto a ajustes de costos. Los hechos descritos contravienen claramente dicha norma, pues se modificó el

monto destinado al proyecto. Asimismo, no se entregó en tiempo y forma la obra, además de que se realizaron

nuevos cobros.

De igual forma, se documentan diversas omisiones que podrían haber prevenido el desgaste ondulatorio que se

presentó en las vías de la Línea 12 y que fue determinante para que ésta dejara de funcionar en el tramo Tláhuac-

Atlalilco. Al respecto, la empresa ILF concluyó en su dictamen: “El desgaste ondulatorio excesivo es motivado por

la falta oportuna de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de vías en elementos”.2

Otra de las grandes irregularidades se presentó en el mecanismo para adquirir los trenes que prestarían el servicio

en la Línea 12. La Secretaría de Finanzas realizó mediante el oficio número SFDF/ 0328/ 2009 la autorización

multianual al STC para contratar un proyecto de prestación de servicios (PPS) de trenes para la Línea 12 mediante

el cual se comprometieron parte de sus recursos por un monto de mil 500 millones 152 mil 500 dólares por pagar

en un lapso de 15 años.

Con esto no sólo se comprometieron los recursos del Metro durante 15 años, sino que la deuda se adquirió en

dólares, que ante la fluctuación del tipo de cambio podría poner en riesgo las finanzas de este fundamental medio

de transporte público de la Ciudad de México.

La secretaría argumentó que el esquema de PPS era el más conveniente para realizar el proyecto, pues la Ciudad de

México no contaba con recursos “para comprar de contado los trenes”, por lo que este mecanismo no significaría

mayor presión financiera. Además, con esta figura, la empresa se encargaría del mantenimiento y la actualización

tecnológica durante la duración del contrato, “de tal manera que el Metro siempre tenga trenes como nuevecitos y

al final del contrato el Metro se queda con los trenes”.3

La Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa consideró que el PPS para adquirir trenes de la Línea 12

constituye una “deuda pública contraída a través de la creación de fideicomisos al amparo de esta figura jurídica”.

En un contrasentido a la naturaleza de los PPS, la infraestructura y la prestación de servicios corrieron por parte del

gobierno de la Ciudad de México.

La empresa CAF México, SA de CV; y Provetren, SA de CV, continuaron cobrando costos fijos por servicios pese

a que 11 de las 20 estaciones de la Línea 12 no funcionaron por más de 20 meses. La comisión detectó que se

realizó la totalidad de los pagos correspondientes por los 30 trenes, pese a que éstos no habían sido entregados en

su totalidad. Resalta que los costos se manejaron en dólares.

La Secretaría de Finanzas había estimado que la Línea 12 costaría aproximadamente 22 mil millones de pesos, más

por las distintas anomalías e irregularidades se estima que su costo ascendió 47 mil millones de pesos.4

La Contraloría General del Distrito Federal ha llevado a cabo 12 auditorías, que han derivado en la aplicación de

99 sanciones a 71 personas. De igual forma se ha fincado responsabilidad penal a 27 personas.

Por su parte, el STC realiza las investigaciones 5G, la cual abarca la adquisición de trenes contratación, recepción y

mantenimiento de los trenes; y 24G, que se refiere en el mantenimiento preventivo y correctivo por el STC a la

Línea 12, así como 5 investigaciones para determinar la responsabilidad de servidores y ex servidores públicos.

Para el Grupo Parlamentario del PRI, es fundamental que estos procesos se lleven a cabo conforme al principio de

máxima publicidad y la estricta aplicación del derecho en los procesos administrativos y penales que se hayan

iniciado. Consideramos que en un uso indebido de los recursos públicos no debe haber cabida para la impunidad.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Contraloría de la Ciudad de México y al

Sistema de Transporte Colectivo Metro a presentar ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un

informe detallado sobre los procesos administrativos y penales que ambas instancias han presentado ante las

autoridades correspondientes contra los presuntos responsables de diversas irregularidades relacionadas con el

financiamiento y la construcción de la Línea 12; asimismo, a señalar el estado que guardan los mismos y las

sanciones que, en su caso, se hayan aplicado.

Notas

1 Informe de la Comisión de Investigación de la Línea 12 del Metro (2014), página 112. Disponibilidad:

<https://www.scribd.com/embeds/261998218/content?star

t_page=1&view_mode=scroll&show_recommendations=true> Consultado el 9 de enero de 2017.

2 Ibídem, página 84.

3 “¿Qué mecanismo se usó para contratar los trenes de la Línea 12?”, en YouTube. Recuperado el 9 de enero de

2017.

4 “Línea 12 costará más que el tren México-Querétaro”, en El Financiero, <

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/linea-12-costara-mas-que-el-tre n-mexico-queretaro.html> Consultado el

9 de enero de 2017.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2017.

(Rúbrica)