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1 PROCEDIMIENTO CONVENCIONAL De conformidad con lo que dispone el artículo 1051 del Código de Comercio, el procedimiento mercantil preferente es aquel que libremente convengan las partes. El procedimiento convencional puede ser ante jueces y árbitros. El procedimiento convencional ante jueces para que exista y sea válido debe reunir los siguientes requisitos: Son requisitos de existencia: a) El acuerdo de dos o más voluntades en celebrarlo b) Que se formalice en escritura pública, póliza ante corredor o en convenio que se ratifique ante el juez que conozca del negocio. c) Que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento. Es decir el procedimiento convencional debe contener lo relativo a la demandada, contestación de la demandada , pruebas y alegatos Son requisitos de validez del procedimiento convencional los siguientes: 1) Precisarse el negocio en el que hade observarse el procedimiento convencional. 2) La substanciación que debe observarse pudiendo las partes convenir en excluir algún medio de prueba,
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PROCEDIMIENTO CONVENCIONAL
De conformidad con lo que dispone el artículo 1051 del Código de
Comercio, el procedimiento mercantil preferente es aquel que
libremente convengan las partes. El procedimiento convencional
puede ser ante jueces y árbitros.
El procedimiento convencional ante jueces para que exista y sea
válido debe reunir los siguientes requisitos:
Son requisitos de existencia:
a) El acuerdo de dos o más voluntades en celebrarlo
b) Que se formalice en escritura pública, póliza ante corredor o
en convenio que se ratifique ante el juez que conozca del
negocio.
c) Que se respeten las formalidades esenciales del
procedimiento. Es decir el procedimiento convencional debe
contener lo relativo a la demandada, contestación de la
demandada , pruebas y alegatos
Son requisitos de validez del procedimiento convencional los
siguientes:
1) Precisarse el negocio en el que hade observarse el
procedimiento convencional.
2) La substanciación que debe observarse pudiendo las
partes convenir en excluir algún medio de prueba,
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siempre que no afecten las formalidades esenciales del
procedimiento.
3) Los términos que deberán de seguirse durante el juicio
cuando se modifiquen los que la ley establezca
4) Los recursos legales a que renuncien, siempre que no
afecten las formalidades esenciales del procedimiento.
Pueden las partes renunciar a la interposición de los
recursos ya sea de revocación o de apelación más
nunca pueden renunciar a la apelación de la sentencia
definitiva.
5) El juez que debe de conocer el litigio para el que se
conviene el procedimiento en los casos que conforme a
la ley mercantil pueda prorrogarse la competencia.
6) EL convenio debe de expresar los nombres de los
otorgantes, su capacidad para obligarse, el carácter con
el que contratan sus domicilios y cualquier otro dato que
resulte necesario.
En lo no previsto en el procedimiento convencional se aplica lo
dispuesto en el Código de Comercio.
Es necesario establecer que en principio solo las partes materiales
son las que pueden celebrar el procedimiento convencional, los
demás sujetos que intervienen en el litigio no podrán celebrar
convenio judicial, sino únicamente los apoderados o mandatarios
judiciales con facultades expresas, (apoderados de dominio o para
administrar bienes, o con cláusula especial para celebrar
convenios).
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Los abogados autorizados conforme en los términos del artículo
1069 del Código de Comercio reformado no tiene facultades para
celebrar éste procedimiento, pues el mandato que se contiene en tal
artículo se constriñe únicamente a actos procésales. Los
endosatarios en procuración no tienen facultades para celebrar éste
procedimiento, atendiendo a que el artículo 35 de la Ley general de
Títulos y operaciones de crédito limita al endosatario que presente
el título al cobro o aceptación a que proteste por falta de pago, a
que se ejecute por la vía judicial, para endosarlo en procuración a
su vez, no es un poder para pleitos y cobranzas sino un poder para
cobrar judicial o extrajudicialmente un título cambiario.
Se exige que el procedimiento convencional conste en escritura
pública, póliza ante corredor o se celebre en convenio que se
ratifique judicialmente, porque es demasiado importante el acto
para que pudiera admitirse su prueba en otra forma, y su propia
naturaleza exige de formalidades para que no se dude de su
existencia.
COSTAS
Las costas son las erogaciones que realizan las partes en un
proceso judicial y que están comprendidas dentro de la legislación
aplicable, mismas que serán soportadas por la parte quien las
realiza o por la parte a quien condena el juez a su pago.
En nuestro sistema procesal el fundamento de la condena en
costas se apoya en dos criterios: objetivo y subjetivo.
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El primero se funda en el carácter de vencedor o perdedor que se
tiene en juicio, independientemente de que su conducta haya sido
de buena o mala fe, temerario o no. Las costas representan una
indemnización para la parte que obtuvo sentencia favorable y que
se vio obligada a litigar.
El criterio subjetivo se funda en la temeridad o la mala fe de aquel
que litiga a sabiendas que carece de razón cuya conducta sanciona
la ley obligándole a pagar a su contraria los gastos que le ocasiono
el proceso.
En la actualidad nuestra legislación mercantil sigue un sistema
mixto de condenación en costas, esto es se utiliza tanto el criterio
objetivo, como el subjetivo.
Así el artículo 1084 del Código de Comercio, en primer término
autoriza al juez a que condene en costas cuando a su juicio se
haya procedido con temeridad o mala fe, pues en el primer párrafo
de dicho ordinal se establece: “La condenación en costas se hará
cuando así lo prevenga la ley, o cuando a juicio del juez se haya
procedido con temeridad o mala fe, por lo tanto al juez corresponde
determinar con base en las actuaciones del proceso si la parte que
perdió actuó con temeridad o mala fe. Por lo que su juicio debe de
basarse en actuaciones que demuestren la existencia de la
temeridad, expresando las razones lógicas que le permitan obtener
esa conclusión. La simple presunción o indicio que un litigante actúo
con temeridad o mala fe no es suficiente para imponer una condena
en costas.”
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Por temeridad se entiende cuando una persona litiga a sabiendas
que carece de razón, es decir ejercita una acción u opone una
excepción sin base alguna para hacerlo, bien porque no exista una
disposición legal que le apoye o carezca de cualquier elemento de
prueba que haga demostrable su pretensión.
La mala fe es cuando se realiza cualquier acto jurídico con el
propósito de obtener una ventaja injusta en perjuicio de alguien.
El criterio subjetivo por su naturaleza misma es de difícil aplicación
pues no siempre es posible calificar de temerario al litigante
vencido, con lo cual en la mayor parte de los juicios ordinarios
mercantiles no hay condena en costas.
Asimismo, también se hace condena en costas con base en el
criterio subjetivo, por lo que hace a las fracciones I y II del artículo
en cita cuando dispone dicha condena en contra de aquel que
ninguna prueba rinda para justificar su acción u excepción si se
funda en hechos disputados y cuando presente instrumentos o
documentos falsos o testigos sobornados.
El criterio objetivo en la condena en costas opera a partir de la
fracción III del artículo 1084 del Código Mercantil cuando ordena tal
condena a los vencidos. La fracción III dispone: “El que fuese
condenado en juicio ejecutivo mercantil y el que el lo intente si no
obtiene sentencia favorable. IV. El que fuere condenado por dos
sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva,
sin tomar en cuenta la declaración sobre costas En este caso la
condenación comprenderá las costas de ambas instancias. V.- El
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que intenta acciones o haga valer cualquier tipo de defensas o
excepciones improcedentes e interponga recursos o incidentes de
este tipo a quién no solamente se le condenara respecto de éstas
acciones, defensas , excepciones o recursos improcedentes sino
también de las excepciones procésales.”
DERECHO PROCESAL MERCANTIL
El derecho procesal según el autor Eduardo B. Carlos “Es la
ciencia que estudia el conjunto de normas jurídicas que regulan el
proceso por cuyo medio el estado ejercitando la función
jurisdiccional, asegura, declara y realiza el derecho.”
El derecho procesal mercantil “es la rama del derecho procesal
que se ocupa del estudio del conjunto de normas jurídicas que
regulan el proceso destinado a solucionar los litigios de carácter
mercantil es decir de litigios que derivan de actos que la leyes
definen como mercantiles.”
Los conceptos básicos del derecho procesal son:
1) Jurisdicción
2) Acción
3) Proceso.
La jurisdicción como función estatal que ejercen los órganos
independientes y autónomos para conocer y resolver a través del
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proceso, los litigios que le plantean las partes y en su caso
ejecutarlos.
El proceso como el conjunto de hechos y actos jurídicos a través
del cual los órganos jurisdiccionales resuelven los litigios.
La acción, como el derecho que se confiere a las personas para
promover un proceso ante los órganos jurisdiccionales, a fin de
obtener una resolución sobre una pretensión litigiosa y lograr en su
caso la ejecución forzosa de lo juzgado.
La jurisdicción es una función que desempeña los órganos del
estado, por ende es una función pública, que alude tanto a los
poderes como a los deberes que confiere e impone
respectivamente la jurisdicción. Para que los órganos de estado
puedan realizar la función jurisdiccional deben tener independencia
o por lo menos autonomía funcional. La función jurisdiccional se
desenvuelve a través de dos actividades fundamentales que es la
Cognición que incluye tanto el conocimiento del juzgador acerca
del litigio planteado por las partes, así como la decisión que aquel
emite sobre dicho conflicto a través de la sentencia y eventualmente
la ejecución forzosa de la sentencia en caso de que el condenado
no cumpla.
La finalidad de la función jurisdiccional es la solución de litigios o
controversias mediante la aplicación del derecho.
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La función jurisdiccional tiene elementos subjetivos que son el juez, quien es el titular de la misma, las partes, la actora es decir la
que pretende y la demanda, que es contra quien se pretende.
Por otra parte el elemento objetivo de la función jurisdiccional es el
litigio o conflicto entre partes de trascendencia jurídica, que
generalmente se manifiesta por la pretensión de una de las partes y
la resistencia de otra, sin embargo puede no expresarse la
resistencia cuando el demandado no comparece a manifestar ésta,
sin embargo el juzgador debe cumplir su función de ejercer la
jurisdicción.
El elemento estructural de la función jurisdiccional es el proceso,
pues solamente se desarrolla a través de éste.
El resultado de la función jurisdiccional o en otra forma el ejercicio
de la función jurisdiccional es la sentencia, que es donde se dice el
derecho mediante la aplicación de una norma de carácter general a
un caso concreto, dirimiendo así con fuerza vinculativa para las
partes un conflicto de intereses.
Límites de la función jurisdiccional.
La función jurisdiccional tiene dos clases de límites, el objetivo, que
se determinan por la clase de litigios de los que pueden conocer los
juzgadores de acuerdo a su competencia. Y los subjetivos que
derivan de la situación jurídica que se encuentra una persona
determinada.
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COMPETENCIA
De acuerdo al primer párrafo del artículo 16 constitucional nadie
puede ser molestado en su persona, domicilio, papeles o
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad
competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Esta garantía de legalidad exige por un lado que el acto de molestia
conste en un mandamiento escrito en el que se expongan los
fundamentos legales y los motivos de hecho que sirvieron de base
para ordenarlo, pero además que la autoridad que lo haya dictado
sea competente para hacerlo conforme a la ley.
Al formar parte de la garantía de legalidad la competencia es una
condición que deben satisfacer no solo los juzgadores sino todas
las autoridades, por la misma razón la competencia debe estar
señalada en la ley.
Por lo tanto, la competencia es la suma de facultades que la ley da
al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de
litigios o conflictos.
El juzgador por el solo hecho de serlo es titular
de la función jurisdiccional, pero no puede ejercerla en cualquier
tipo de litigio sino solo en aquellos para los que está facultado por
la ley, es decir en aquellos que es competente.
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La doctrina ha dado diversas definiciones de lo que es la
competencia, pero se citaran solo algunas de ellas.
Para el autor Eduardo Pallares, la competencia “es la porción de
jurisdicción que la ley atribuye a los Órganos jurisdiccionales para
conocer de determinados juicios.”
Para el jurista Cipriano Gómez Lara, la competencia en sentido
lato, “es el ámbito, esfera o campo, dentro del cual un órgano de la
autoridad puede desempeñar válidamente sus atribuciones y
funciones. Y en sentido estricto entiende la competencia como
aquella referida a las autoridades jurisdiccionales y dice que es el
ámbito, esfera o campo dentro del cual un determinado órgano
jurisdiccional puede ejercer válidamente sus funciones.”
La competencia tiene dos dimensiones o puede clasificarse en dos
formas:
1) Objetiva
2) Subjetiva
La competencia objetiva es aquella que se atribuye al Órgano del
estado que desempeña la función jurisdiccional.
En la llamada competencia subjetiva se analiza si el titular del
órgano del estado está legitimado para actuar y también se examina
si tal titular no tiene algún impedimento para intervenir respecto de
cierto caso concreto.
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La competencia objetiva tiene a su vez cuatro criterios de definición
y son materia, grado, territorio y cuantía.
En el Código de Comercio a partir del artículo 1090 hasta el 1121
se regula lo relativo a la competencia en los procedimientos
mercantiles.
Prorroga de competencia.
El derecho objetivo establece cuando un órgano jurisdiccional es
competente para conocer de un negocio, y también el propio
derecho dispone en que caso se puede extender, es decir prorrogar
la competencia a un órgano que originalmente no la tenía. Es decir,
en la prórroga de la competencia se da aptitud o competencia para
conocer de un negocio a un órgano que originalmente carecía de
ella- Esto es se traslada el conocimiento de un juicio mercantil a un
juez que originalmente de acuerdo con la ley carece de él.
En materia procesal mercantil, a partir de las reformas al código de
comercio de 1996, se puede prorrogar competencia, por grado,
materia y territorio, no así respecto de la cuantía. Y antes de dichas
reformas solo se podía prorrogar la competencia por territorio.
Así los artículos 1120 y 1121 del código de Comercio disponen: “La
jurisdicción por razón del territorio y materia son las únicas que se
pueden prorrogar, salvo que correspondan al fuero federal”; y “La
competencia por razón de materia, es prorrogable con el fin de no
dividir la continencia de la causa en aquellos casos en que existan
contratos coaligados o las prestaciones tengan íntima conexión
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entre sí, o por los nexos entre las personas que litiguen, sea por
razón de parentesco, negocios, sociedad o similares, o deriven de
la misma causa de pedir. En consecuencia ningún tribunal podrá
abstenerse de conocer de asuntos alegando falta de competencia
por materia cuando se presente alguno de los casos señalados, que
podrán dar lugar a multiplicidad de litigios con posibles resoluciones
contradictorias.”
También será prorrogable el caso en que, conociendo el tribunal
superior de apelación contra auto o interlocutoria, las partes estén
de acuerdo en que conozca de la cuestión principal. El juicio se
seguirá tramitando conforme a las reglas de su clase,
prosiguiéndose este ante el superior.
COMPETENCIA POR TERRITORIO
El territorio es el ámbito espacial dentro del cual el juzgador puede
ejercer válidamente la función jurisdiccional, este ámbito espacial
recibe diferentes denominaciones partidos judiciales, circuitos,
distritos, etc.
En la competencia por territorio, la aptitud jurídica de conocimiento
de controversias se distribuye entre los diversos juzgadores
mediante el señalamiento de dos elementos:
1) El Juzgador tiene señalada una circunscripción geográfica
perfectamente delimitada.
2) El negocio está vinculado o sujeto a la circunscripción
geográfica determinada.
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El medio o forma por la que se prorroga la competencia en materia
territorial se conoce como pacto de sumisión, el cual puede ser
expreso o tácito. El pacto de sumisión constituye un negocio jurídico
en virtud del cual las partes interesadas manifiestan su voluntad en
forma expresa o tácita, para que un juez determinado sea
competente para conocer de un litigio futuro o presente.
El pacto de sumisión expresa se puede otorgar o formar en forma
preprocesal. El pacto de sumisión tácita únicamente se puede
constituir dentro del juicio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
1094 del Código de Comercio.
El ordinal 1093 del Código mercantil en cita dispone: “Hay sumisión
expresa cuando los interesados renuncian clara y terminantemente
al fuero que la ley les concede y para el caso de controversia,
señalan como tribunales competentes los del domicilio de
cualquiera de las partes, del lugar del cumplimiento de alguna de
las obligaciones contraídas o el de la ubicación de la cosa”.
Del precepto legal trascrito se deduce que para que exista sumisión
expresa deben colmarse los siguientes requisitos:
1) Renuncia clara y terminante al fuero que la ley le concede.
2) Designación de tribunales competentes los cuales serán:
a) Tribunal del domicilio de alguna de las partes.
b) Lugar de cumplimiento de alguna de las obligaciones
contraídas
c) El del lugar de ubicación de la cosa
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La elección del tribunal competente se limita solo a los tres casos
señalados, faltando cualquiera de dichos supuestos no se formaliza
la sumisión expresa y queda expedito el derecho de la parte
demanda para oponer la incompetencia territorial.
Son requisitos de existencia y validez del pacto de sumisión
expresa los siguientes:
1) Declaración bilateral.
2) Declaración escrita.
3) Renuncia clara y terminante del fuero que la ley concede, y la
designación del juez al que se someten. En la práctica el
pacto de sumisión expresa generalmente se incluye en todos
los contratos.
El pacto de sumisión expresa debe constar por escrito, pues no hay
otra forma en la ley para exteriorizar la renuncia al fuero pues
cuando la sumisión no se establece en esa forma no genera acción
ni obligación.
Como requisito de vital existencia del pacto de sumisión expresa es
menester que las partes no dejen duda de la renuncia al domicilio
que conforme a la ley les pudiera corresponder faltando este
requisito no hay sumisión expresa.
Hay sumisión expresa cuando se designen como tribunales
competentes los del domicilio de cualquiera de las partes, los del
lugar del cumplimiento de algunas de las obligaciones contraídas o
el de la ubicación de la cosa. Cuando las partes designen como
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tribunal competente uno que no se encuentre comprendido en los
supuestos anteriores no existe sumisión expresa.
La sumisión tácita tiene lugar por ciertos actos o gestiones de los
litigantes ante un juez incompetente que indican claramente su
voluntad de someter a él un negocio determinado, y la ley establece
que actos o gestiones producen prorrogación tácita.
Así el artículo 1094 del Código de Comercio dispone: Se entiende
sometido tácitamente.
1) El demandante por el hecho de ocurrir al juez entablando su
demanda, no sólo por ejercitar su acción sino también por
contestar a la reconvención que se le oponga.
2) El demandado, por contestar la demanda, o por reconvenir al
actor.
3) El demandado por no interponer dentro del término
correspondiente las excepciones de incompetencia que
pudiera hacer valer dentro de los plazos, estimándose en éste
caso que hay sumisión a la competencia del juez que lo
emplazó.
4) El que habiendo promovido una competencia se desista de
ella;
5) El tercer opositor y el que por cualquier motivo viniere a juicio
en virtud de un incidente.
6) El que sea llamado a juicio para que le para perjuicio la
sentencia, sin que promueva en los plazos correspondientes
cuestión de incompetencia alguna.
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COMPETENCIA POR MATERIA.
La competencia por materia resulta en función de la especialización
de las ramas del derecho está referida a una determinada rama del
derecho. Se basa en el contenido de las normas sustantivas que
regula el litigio o conflicto sometido al proceso. Esta clase de
competencia si es susceptible de prorrogarse de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 1120 y 1121 del Código de Comercio
reformado que respectivamente señalan: “La jurisdicción por razón
de territorio o materia son las únicas que se pueden prorrogar, salvo
que correspondan al fuero federal”, “La competencia por razón de
materia es prorrogable con el fin de no dividir la continencia de la
causa en aquellos casos en que existan contratos coaligados o las
prestaciones tengan intima conexión entre sí o por los nexos entre
las personas que litiguen, sea por razón de parentesco, negocios,
sociedad o similares, o deriven de la misma causa de pedir. En
consecuencia, ningún tribunal podrá abstenerse de conocer asuntos
alegando falta de competencia por materia cuando se presente
alguno de los casos señalados, que podrán dar lugar a multiplicidad
de litigios con posibles resoluciones contradictorias.”
COMPETENCIA POR GRADO.
El ejercicio de la función jurisdiccional no se agota con una sola
instancia, tomando en cuenta que los titulares de los órganos
jurisdiccionales son seres humanos y por lo tanto seres susceptibles
de equivocarse, las leyes procesales regularmente establecen la
posibilidad que la primera decisión sobre el litigio sea sometida a
una revisión, por parte de un juzgador de superior jerarquía, con el
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fin de que determine si dichas decisión fue dictada con apego o no
a derecho y por consiguiente si debe o no confirmarse o
convalidarse, a cada nueva cognición del litigio por un juzgador se
denomina grado o instancia.
La competencia por grado se refiere a la primera y a la segunda
instancia, se encuentra relacionada con el grado de los tribunales.
Esta también es prorrogable a la luz del segundo párrafo del artículo
1121 del Código de Comercio reformado, la que puede darse en el
supuesto en que el tribunal superior este conociendo de apelación
de sentencia interlocutoria o auto y las partes estén de acuerdo en
que dicho tribunal conozca de la cuestión principal. Dicha
conformidad deben hacerla saber por escrito que suscriban los
contendientes.
COMPETENCIA POR CUANTIA. El criterio de la cuantía o valor toma en cuenta el quantum del
negocio, la cantidad en que se debe estimar el valor del litigio, es
decir la cuantía suele medirse por el valor pecuniario.
En ninguno de los artículos del Código de comercio se habla de la
competencia por cuantía, luego en éste caso es necesario aplicar
supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles Federal que
tampoco previene nada al respecto, pero lo anterior no significa que
no pueda utilizarse este criterio de definición de la competencia
porque para ello se atenderá conforme al artículo 104 Constitucional
y los artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial a lo que señala
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el Código de Procedimientos Civiles del Estado. El artículo 26 de la
ley instrumental civil en el estado regula lo relativo a la competencia
por cuantía al disponer: “El valor del negocio se fijara por lo que
reclame el actor. Los réditos, daños y perjuicios no se tomaran en
consideración si se refieren a época posterior a la fecha de
presentación de la demanda.”
El ordinal 23 de la ley citada, establece que los jueces menores
serán competentes para conocer de negocios cuyo valor no excede
del importe que resulte de multiplicar por dos mil el salario mínimo.
De los numerales citados se colige que tratándose de la
competencia por cuantía en materia mercantil, debe de tomarse en
cuenta las normas antes aludidas, es decir será el actor quien
determine cuál es el valor del negocio, por ende, quien establezca a
quien corresponde conocer de un negocio mercantil si a un juez
menor o de partido. Esto es, el valor del negocio incluye no solo la
surte principal sino también los intereses siempre y cuando sean
anteriores a la presentación de la demanda, más no aquellos que se
causen después de presentada la demanda.
No debe de olvidarse que el código de comercio es una ley federal,
por lo que en principio al tenor de lo dispuesto en la fracción I del
artículo 104 constitucional son los tribunales federales quienes son
competentes para conocer de los conflictos que se susciten con
motivo de la aplicación o cumplimiento de tal ley. Sin embargo en
materia mercantil existe la competencia alternativa o concurrente
por disposición expresa de la norma constitucional citada. La que
literalmente señala: “Corresponde a los tribunales de la federación
conocer I.-De todas las controversias del orden civil o criminal que
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se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes
federales o de los tratados internacionales celebrados por el estado
Mexicano. Cuando dichas controversias solo afecten los intereses
de los particulares, podrán conocer también de ellas, a elección del
actor los jueces y tribunales del orden común de los estados y del
distrito federal…”
El artículo 53 de la ley orgánica del poder judicial federal establece:
“Los jueces de distrito civiles federales conocerán: De las
controversias del orden civil que se susciten sobre el cumplimiento
y aplicación de leyes federales y tratados internacionales
celebrados por el estado mexicano. Cuando dichas controversias
solo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas los
jueces y tribunales del orden común de los estados y del distrito
federal.”
De ahí que, cuando un juicio mercantil se tramite ante un tribunal
federal, solo conocerán de este los jueces de distrito, sin importar la
cuantía del negocio.
La competencia por cuantía es de aquellas que la doctrina
considera improrrogables. Y se estima así porque no se puede
trasladar el conocimiento de un litigio a un juez de partido cuando
corresponda a un menor o viceversa.
La competencia es de orden público de tal manera que cuando ante
un juez de partido se presente una demanda cuya cuantía no
exceda del producto que resulte de multiplicar por dos mil el salario
mínimo puede válidamente no admitirla.
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De conformidad con lo previsto en el artículo 1095 del Código de
Comercio la prórroga de competencia solo se puede hacer a un
juez que la tenga del mismo género de la que se prorroga.
REGLAS GENERALES SOBRE LA COMPETENCIA
A partir del artículo 1104 al 1113 del Código de Comercio se
establecen las reglas generales sobre la competencia.
En principio es juez competente sea cual sea la naturaleza del
juicio.
1. El del lugar que el deudor haya designado para ser requerido
judicialmente de pago.
2. El del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de
la obligación.
Cuando se haga la prórroga de la competencia en la forma
indicada, debe siempre hacerse a favor de un tribunal mexicano y
no a favor de un tribunal extranjero, de manera que si el tribunal
competente no se encuentra dentro del territorio nacional se tendrá
por no hecha la prórroga de la competencia. Pues un tribunal
mexicano debe de aplicar las normas del país y de ninguna manera
puede prorrogarse la competencia a un tribunal extranjero.
Tratándose de títulos de crédito debe estarse a las reglas
establecidas en el artículo 176 y de la Ley General de Títulos y
Operaciones de crédito para determinar la competencia. Asimismo
cuando en uno de dichos documentos cambiales se indique más de
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un lugar para el cumplimiento de la obligación, el actor puede
ejercitar su acción en cualquiera de dichos lugares.
Para el supuesto de que no se haya señalado lugar para ser
requerido de pago, ni del cumplimiento de la obligación, es juez
competente el del domicilio del deudor sea cualquiera la acción que
se ejercite. Para determinar lo relativo al domicilio del deudor, es
menester tomar en cuenta lo que dispone el artículo 29 del Código
Civil, el que dice: “El domicilio de las personas físicas es el lugar
donde residen habitualmente, y a falta de éste, el lugar del centro
principal de sus negocios; en ausencia de éstos, el lugar donde
simplemente residan y, en su defecto, el lugar donde se
encontraren. Se presume que una persona reside habitualmente en
un lugar, cuando permanezca en él por más de seis meses.”
Ahora bien, si el demandado tuviere varios domicilios, será a
elección del acreedor el que conozca del juicio. A falta de domicilio
fijo será competente el juez del lugar en el que se celebro el
contrato, siempre que la acción ejercitada sea personal y el de la
ubicación de la cosa si la acción es real.
Es necesario destacar que los tribunales quedan impedidos para
declarar de oficio las cuestiones de competencia y solo pueden
inhibirse del conocimiento de los negocios cuando se trate de
competencias por razón de territorio y materia y lo hagan en el
primer proveído que se dicte respecto de la demanda principal, o
ante la reconvención por lo que hace a la cuantía (artículo 1115 C:
de Comercio)
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Los conflictos de competencia objetiva se resuelven a través de la
inhibitoria y la declinatoria cuyo trámite en forma específica se
encuentra establecido en el Código de Comercio, dicha cuestión se
decide por el tribunal de alzada sin suspender el negocio en lo
principal. Si se declara procedente la cuestión de competencia
promovida, siempre tendrán validez las actuaciones practicadas
ante el tribunal incompetente relativas a la demanda y contestación
de ésta, así como la reconvención y su respectiva contestación si la
hubiera y la contestación a las vistas que se den, dejando a salvo
los derechos de las partes con relación a los recurso pendientes de
resolver.
INHIBITORIA Y DECLINATORIA
Como la competencia es un presupuesto de validez del proceso, el
propio juzgador tiene el deber de verificar en cada litigio que se le
plantee si tiene competencia o no para conocerlo y si se considera
que es incompetente debe negarse o inhibirse a conocer del litigio,
lo que podrá hacerlo solo en el primer proveído que dicte y siempre
que se trate de competencias por razón de territorio y materia, lo
anterior de conformidad a lo previsto en el artículo 1115 del Código
de Comercio.
Con independencia de éste deber del juzgador las partes tienen el
derecho de impugnar, de objetar de cuestionar la competencia de
aquel, lo que pueden hacer mediante las cuestiones de
competencia, que son los medios a través de los cuales las partes
objetan la competencia del juzgador, tradicionalmente estos medios
o vías han sido dos, que es la inhibitoria y la declinatoria.
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Las cuestiones de competencia en ningún caso suspenderán el
trámite del juicio en lo principal. Si no se promueve la cuestión de
competencia dentro del plazo señalado por la ley se perderá el
derecho hacerlo y se le considerara sometido tácitamente a la
competencia del juez que previno en el conocimiento del negocio.
Las cuestiones de competencia no se pueden considerar de oficio.
Sin embargo el juez si podrá inhibirse cuando se trate de
competencia por territorio y materia y los haga en el primer
proveído o tratándose de la cuantía al acordar la reconvención.
La inhibitoria y la declinatoria deben de promoverse dentro del
plazo señalado por la ley para contestar la demanda, más este se
computara a partir del día siguiente del emplazamiento.
La declinatoria es una vía de impugnación directa, ya que se
promueve ante el juzgador que ésta conociendo del litigio,
pidiéndole que se abstenga del conocimiento del mismo y remita el
expediente el Juzgador que se estima competente.
La inhibitoria es una vía de impugnación indirecta, en virtud que se
promueve ante el juzgador que no ésta conociendo del litigio, pero
que se estima competente, pidiéndole que dirija oficio al que está
conociendo del litigio y se estima incompetente, para que se inhiba
y remita al expediente al primero.
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TRAMITE DE LA INHIBITORIA
Si el Juez ante el que se promueve la inhibitoria sostiene la
competencia, girara oficio al juez que se estime incompetente para
que remita testimonio de constancias al tribunal superior y éste a su
vez enviara el original de lo actuado ante él. Recibidos los autos
originales por el superior y el testimonio de constancias, dará vista
a las partes por el término de tres días a las partes para que
aleguen lo que a su derecho convengan y ofrezcan pruebas, si se
ofrecen pruebas y el tribunal las admite señalara fecha para su
desahogo en una audiencia que se celebrara dentro de los 10 días
siguientes en donde se formularan alegatos y se dictara la
correspondiente resolución. Si no se ofrecen pruebas el tribunal
citará para oír resolución la que deba pronunciarse dentro de los 8
días siguientes.
Decidida la competencia el tribunal de alzada se lo comunicara a
los contendientes. Si se declara procedente la inhibitoria tendrá
validez las actuaciones practicadas por el juez relativo a la
demanda, la contestación, reconvención, contestación de
reconvención y visto tanto de la contestación de la demanda como
de la contestación de la reconvención. Se dejaran a salvo los
derechos de las partes en cuanto los recursos pendientes de
resolverse sobre dichos puntos. Se ordenara al juez del
conocimiento que remita los autos al considerado competente para
que éste continúe el asunto y lo resuelva.
TRAMITE DE LA DECLINATORIA.
25
La declinatoria deberá de promoverse dentro del término que señala
la ley para contestar la demanda, misma que se contará a partir del
día siguiente del emplazamiento. La declinatoria se promueve ante
el juez que conoce del negocio y se considera incompetente, la
declinatoria se substanciara ante el tribunal superior en vía
incidental, cuyo trámite es idéntico al de la inhibitoria.
IMPEDIMENTOS, EXCUSA Y REACUSACIÓN
Para que el juez o los magistrado puedan dirigir el proceso con
pleno respeto al principio de la igualdad de las partes y decidir el
litigio con apego al derecho y a la justicia, es preciso que posean en
cada caso, la condición fundamental de la imparcialidad, es decir el
juez o magistrado debe ser ajeno a los intereses de las partes en
conflicto no tener con estas vínculos de parentesco de amistad o de
interés. El interés del juzgador debe ser muy diferente al de las
partes que es resolver imparcialmente el litigio mediante la
aplicación exacta del derecho, para evitar que un juez o magistrado
no tenga esa condición de ajenidad respecto de un litigio, las leyes
procésales suelen regular los impedimentos, la excusa y la
recusación.
Los impedimentos son todos aquellos vínculos y circunstancias que
pueden llegar a afectar la imparcialidad del juzgador, como el
parentesco, la amistad, los vínculos profesionales y societarios.
Los impedimentos consisten en la descripción de situaciones o de
razones que la ley considera como circunstancias de hecho o de
derecho que hacen presumir parcialidad del titular de un órgano
26
jurisdiccional. Esto se refiere a los vínculos que puede tener el juez
con las partes ya por ser enemigo, amigo, familiar, etc, de alguna de
ellas.
Cuando en un litigio determinado se presenta una causa de
impedimento el juez o magistrado tiene el deber de excusarse de
conocer de aquel, manifestando la causa concreta que afecte su
imparcialidad.
Si el juez o magistrado no se excusan a pesar de presentar una
causa de impedimento, la parte afectada podrá hacer valer la
recusación para denunciar y comprobar dicha causa de
impedimento.
En el Código de procedimientos Civiles las causas de impedimento
están contempladas en el artículo 41 que dice: “Fijada la
competencia de un juez, conforme a lo dispuesto por el capítulo
precedente, conocerá del negocio en que se haya fijado si no se
encuentra comprendido en los siguientes casos de impedimento: I.-
Tener interés directo o indirecto en el negocio; II.- Tener dicho
interés su cónyuge, sus parientes consanguíneos, en línea recta,
sin limitación de grados, los colaterales dentro del cuarto y los
afines dentro del segundo; III.- Tener el funcionario de que se trate,
su cónyuge o sus hijos, relación de intimidad con alguno de los
interesados, nacida de algún acto religioso o civil, sancionado o
respetado por la costumbre; IV.- Ser pariente por consanguinidad o
afinidad del abogado o procurador de alguna de las partes, en los
mismos grados a que se refiere la fracción II; V.- Ser, él o alguno de
sus hijos, heredero, legatario, donante, donatario, socio, acreedor,
27
deudor, fiado, fiador, arrendatario, arrendador, principal,
dependiente o comensal habitual de alguna de las partes o
administrador actual de sus bienes; VI.- Haber hecho promesas o
amenazas, o manifestado de otro modo su odio o afecto por alguno
de los litigantes; VII.- Haber asistido a convites que diere o costeare
especialmente para él alguno de los litigantes, después de
comenzado el negocio, o tener mucha familiaridad con alguno de
ellos, o vivir con él, en su compañía, en un mismo domicilio; VIII.-
Admitir él, su cónyuge o alguno de sus hijos, dádivas o servicios de
alguna de las partes, después de empezado el negocio; IX.- Haber
sido abogado o procurador, perito o testigo, en el negocio de que se
trate; X.- Haber, por cualquier motivo, externado, siendo funcionario
judicial, su opinión, antes del fallo; XI.- Haber conocido como juez,
árbitro o asesor; resolviendo algún punto que afecte a la substancia
de la cuestión, en la misma instancia o en alguna otra; XII.- Seguir
él o alguna de las personas de que trata la fracción II, contra alguna
de las partes, un proceso civil, como actor o demandado, o una
causa criminal, como acusador, querellante o denunciante; XIII.-
Haber sido alguna de las partes o sus abogados o patronos,
denunciante, querellante o acusador del funcionario de que se trate
o de alguna de las personas mencionadas en la fracción II; XIV.-
Ser él, o alguna de las personas de que trata la fracción II, contrario
de cualquiera de las partes, en negocio administrativo que afecte
sus derechos; XV.- Seguir él, o alguna de las personas de que trata
la fracción II, algún proceso civil o criminal en que sea juez, Agente
del Ministerio Público, árbitro o arbitrador, alguno de los litigantes;
XVI.- Ser tutor o curador de alguno de los interesados, y XVII.- Estar
en una situación que pueda afectar su imparcialidad en forma
análoga o más grave que las mencionadas.”
28
La excusa. Es la institución procesal que permite al juez,
magistrado o secretario retirarse voluntariamente del conocimiento
del negocio cuando se encuentre en una causa de impedimento.
Por Ley se encuentran obligados a dejar de conocer del negocio de
que se trate.
Cuando un juez, magistrado o secretario se excuse debe señalar
con precisión en cual de las causas de impedimento apoya dicha
excusa, lo que determinara si el impedimento invocado da lugar a
una excusa revocable o irrevocable. Cuando el funcionario judicial
de los mencionados se excuse y la causa de impedimento se
encuentre comprendida en las XVI primeras fracciones del artículo
41 del Código de procedimientos civiles, la excusa no requiere ser
calificada por que la ley la considerar irrevocable.
En relación a la causa de impedimento señalada en la fracción XVII
del articulo citado, la excusa solo será irrevocable si se conforman
con ésta las partes, de no ser así requiere de ser calificada por el
tribunal superior, quien la tramitara en forma incidental, y
determinara si califica esta o no.
No es dable excusarse en los siguientes casos:
1) En las diligencias preparatorias de juicio o en la ejecución.
2) En la cumplimentación de exhortos o despachos.
3) En las diligencias de mera ejecución, entendiéndose por tales
aquellas en las que el tribunal no tenga que resolver cuestión
alguna de fondo.
4) En las diligencias precautorias.
29
5) En los demás casos que no radique jurisdicción ni implique
conocimiento de causa.
La recusación es el procedimiento establecido por la ley a favor de
las partes para que retiren del conocimiento de un negocio a un juez
que se encuentre impedido para conocer de éste.
Las partes pueden recusar al funcionario judicial (juez, magistrado,
secretario), cuando se encuentre inmerso en una de las causas de
impedimento. En caso de litisconsorcio, solo el representante
común puede recusar.
La recusación puede promoverse en cualquier etapa procesal,
hasta antes de empezar la audiencia final, a menos que después de
iniciada hubiere cambio de personal, en éste caso el nuevo titular
del órgano jurisdiccional debe notificar a las partes que es el nuevo
titular para que en el término legal de tres días manifiesten lo que a
sus intereses convenga.
Al promoverse una recusación, la parte que lo hace debe expresar
de forma concreta en cual causa de impedimento de las previstas
por la ley se encuentra comprendido el funcionario que recusa y
compete al recusante demostrar la existencia de tal impedimento.
La recusación se presenta ante el juez que corresponda,
interpuesta la misma se suspende el procedimiento hasta que sea
resuelta, para que prosiga el negocio ante quien debe conocer de
él.
30
La recusación se tramitara ante la sala del supremo tribunal de
justicia, en forma incidental y el funcionario recusado deberá rendir
informe en relación a dicha cuestión y en caso de no hacerlo ello
hará presumir la certeza de la causa de impedimento. Al decidirse la
recusación se calificara si se demostró ésta o no, de darse el primer
supuesto, se calificará la misma y se remitirá el conocimiento del
negocio a quien de acuerdo a la ley corresponda, de no ser así, no
se calificara la causa de recusación y volverán los autos a quien se
recusó.
Si la causa de recusación debe de constar en forma auténtica solo
se dará tramite a ésta si se prueba en dicha forma.
31
LA SUPLETORIEDAD.
La idea de supletoriedad fue expuesta por Friedrich Carl Von Savigny, en su obra Sistema del derecho romano actual, en el que
determinó dos clases de normas; absolutas o imperativas y
supletorias. Encuadrando dentro de las primeras las que contienen
mandatos que no dejan lugar a la voluntad individual y dentro de las
segundas están las que permiten la aplicación de los acuerdos
entre las partes.
En la actualidad, la idea de la supletoriedad no es entendida en la
forma expuesta por el autor citado, al considerarse ésta como una
categoría asignada a una ley o respecto de usos y costumbres y
principios generales de derecho1.
De acuerdo a lo que se ha expuesto, la supletoriedad como una de
las formas de integrar la ley, tiene como finalidad colmar una
omisión en la ley así como para interpretar sus disposiciones en
forma que se integren con principio generales contenidos en otras
leyes; éste segundo aspecto se observa en leyes de contenido
especializado, respecto de aquellas que son generales.
La supletoriedad se sustenta en el principio de economía e
integración legislativa para evitar la reiteración de tales principios en
los distintos ordenamientos jurídicos, es decir ya no hace
indispensable que en todas aquellas legislaciones en las cuales se
1 Ibidem. p.p. 2356-2359.
32
aluda a determinada cuestión jurídica se requieran ciertas
especificaciones.
Por lo tanto, la figura en cita cumple una función integradora de la
ley, pues suple las lagunas que existen en ésta, virtud a la ausencia
de una disposición establecida para resolver una cuestión jurídica
propiamente planteada.
Es decir, la supletoriedad es un instrumento de aplicación de la
ley, una herramienta que el legislador da al juez para aplicar la
norma general al caso concreto y así dar coherencia al sistema
jurídico. Dado que, las normas jurídicas forman parte de un
universo de disposiciones sustantivas y procésales y el análisis de
éstas debe ser sistemático y armónico, porque al no estar aisladas
sino formar parte de un todo, es lógico que exista complementación
o inclusión entre ellas de tal manera que permitan determinar su
alcance, interpretación y aplicación en forma cabal.
1.- SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE LA SUPLETORIEDAD
Cada una de las ramas del derecho tiene una legislación especial,
la que puede ser integrada para su aplicación por otras leyes, a las
que se les da la categoría de supletorias, que normalmente son
ordenamientos que contienen disposiciones generales. Sabiendo la
función integradora que tiene la figura de que se habla en la
aplicación del derecho, surge el problema de saber cuándo y en qué
casos procede aplicar supletoriamente un estatuto a otro.
33
La supletoriedad como elemento de aplicación e integración de la
ley, solo opera en aquellos casos donde ésta lo admite así
expresamente y refiere cual es el estatuto supletorio. Esto es así,
porque tanto la doctrina como la jurisprudencia emitida por los
Tribunales del Poder Judicial Federal no aceptan la supletoriedad
en forma absoluta, ya que han establecido una serie de reglas para
que se actualice la aplicación de un ordenamiento legal a otro en
forma supletoria. Esto es, para que opere la supletoriedad de unas
normas respecto de otras se deben cumplir determinados
requisitos, siendo estos los siguientes:
A. Que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita
expresamente y señale el estatuto supletorio.
B. Que el ordenamiento objeto de la supletoriedad prevea la
figura de que se trate.
C. No obstante esa prevención las normas existentes en tal
cuerpo jurídico sean insuficientes para su aplicación a la
institución concreta presentada por carencia total o parcial de
la reglamentación necesaria.
D. Que las disposiciones o principios que colmen las deficiencias
no contraríen de algún modo las bases esénciales del sistema
legal que da sustentación a la institución suplida.
La falta de alguno de los requisitos señalados hace improcedente la
supletoriedad.
Al particular se estima necesario citar en forma textual la
jurisprudencia establecida por el cuarto tribunal colegiado en
34
materia civil cuyo rubro y texto es el que sigue. “SUPLETORIEDAD
DE LA LEY. REQUISITOS PARA QUE OPERE.- Los requisitos
necesarios para que exista la supletoriedad de unas normas
respecto de otras, son: a) que el ordenamiento que se pretenda
suplir lo admita expresamente, y señale el estatuto supletorio; b)
que el ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución
jurídica de que se trate; c) que no obstante esa previsión, las
normas existentes en tal cuerpo jurídico sean insuficientes para su
aplicación a la situación concreta presentada, por carencia total o
parcial de la reglamentación necesaria, y d) que las disposiciones o
principios con los que se vaya a llenar la deficiencia no contraríen
de algún modo, las bases esenciales del sistema legal de
sustentación de la institución suplida. Anta la falta de uno de estos
requisitos, no puede operar la supletoriedad de una legislación en
otra.”- Cuarto tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer
Circuito.- Código de Comercio con Jurisprudencia.- Parte
Sustantiva y Parte Procesal 1917 a Mayo del 2000.- Página
3862.
Conforme a lo que se lleva dicho, la supletoriedad debe
considerarse en los términos que la ley lo dispone, es decir en la
propia ley suplida se señalan las fuentes, las leyes supletorias que
servirán para interpretar sus disposiciones en forma tal que se
integre con principios generales contenidos en otras leyes.
De los requerimientos establecidos en la Jurisprudencia citada es
dable colegir que para que pueda aplicarse supletoriamente una ley 2 Supletoriedad de la ley. Requisitos para que opere”. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, primera sala, octava época, página 33. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 124/92. Microtodo Azteca, S.A. DE C.V., 6 de febrero de 1992. Ponente: Gilda Rincón Orta.
35
a otra, se requiere que en determinada institución jurídica prevista
por la ley a suplir existan lagunas u omisiones, las cuales pueden
ser subsanadas con las normas que la ley supletoria contenga en
relación a dicha institución jurídica, más de ningún modo la
supletoriedad tendrá el alcance de aplicar dentro de la codificación
especial relativa instituciones o cuestiones no contemplados en la
ley a suplir.
En otros términos, la aplicación supletoria de una ley a otra se da
cuando la ley suplida no regula o lo hace en forma deficiente,
imprecisa o no clara una determinada institución jurídica que si se
encuentra prevista en la ley suplente, por lo que, es necesario a
acudir a otro cuerpo de leyes para determinar sus particularidades.
De acuerdo a lo anterior la supletoriedad, como institución
integradora de la ley, solo se puede presentar cuando se trate de
instituciones previstas pero no reguladas o normadas de manera
deficientemente, no así respecto de aquellas que el legislador en
forma voluntaria no estableció en la ley que se pretende suplir,
porque aquí se está en presencia de lo que el autor Alcala Zamora
denomina exclusión deseada.
36
SUPLETORIEDAD EN MATERIA MERCANTIL
A.- SUPLETORIEDAD PROCESAL EN EL CODIGO DE
COMERCIO
Una de las figuras procésales que en materia mercantil
constantemente se adopta, es la supletoriedad, cuya aplicación es
sumamente importante, dado que el libro quinto Código de
Comercio que establece los procedimientos para los juicios
mercantiles, regula en forma deficiente las diversas instituciones
procesales que prevé, a más de que en distintos ordinales de la
misma se hace mención expresa de la supletoriedad, de ahí que,
ésta cuestión constituye otro de los grandes efectos que debe
analizarse durante la tramitación de un juicio mercantil.
Los juicio mercantiles están regidos por el Código de Comercio y
por leyes especiales de carácter mercantil, pero en la práctica, hay
muchas situaciones procésales previstas en ésta, pero que se
hayan reguladas de manera incompleta, lo que hace necesario la
aplicación supletoria de otras leyes, las que concretamente será el
Código de Procedimientos Civiles Federal.
En el artículo 1054 del Código de comercio, se establece la
supletoriedad a favor de dicho ordenamiento Legal al disponer: “En
caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento
ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que
las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una
supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las
37
disposiciones de éste Libro y en su defecto se aplicará El
Código Federal de Procedimientos Civiles.
Asimismo, en el artículo 1063 del Ordenamiento legal citado
preceptúa: “Los juicios mercantiles se substanciaran de acuerdo a
los procedimientos aplicables conforme a éste código, las leyes
especiales en materia de comercio, y en su defecto por el código
federal de procedimientos civiles”.
Por su parte, el artículo 1387, del Ordenamiento Legal antes citado
dispone: “Para las pruebas documentales y supervenientes se
observará lo que dispone esta Código, y en su defecto lo que al
efecto disponga la Ley Procesal de la entidad federativa que
corresponda.”
Es importante destacar que cuando en los ordinales referidos en
primer término se prevé la supletoriedad del Código Federal de
Procedimientos Civiles al Código de comercio se limita tal cuestión
a la existencia de defecto de la ley aplicable, es decir nunca
alude a falta de, lo que no acontece con lo previsto en el numeral
1414 de la ley en mención, pues en este de manera clara se
permite la supletoriedad de la ley procesal civil de cada entidad
federativa a falta de, pero ello solo se hará en materia de incidentes
en juicios ejecutivos mercantiles.
Ahora bien, de acuerdo al imperativo contenido en los artículos
1054 y 1063 del Código mercantil en cita, en presencia de una
controversia, que tenga tramitación en una ley mercantil especial, el
procedimiento respectivo, deberá seguirse al tenor de la misma y
38
frente a los defectos, lagunas o deficiencias que la ley tenga deberá
estarse a la aplicación del procedimiento que la misma ley remita, y
en su caso, solo que las leyes procedimientales sean omisas
respecto de determinada cuestión, se aplicarán las reglas de ésta
índole establecidas en el código de comercio. Y si ésta legislación
no da solución al problema planteado, se estará a lo que dispone el
Código Federal de Procedimientos Civiles de los estados.
De acuerdo a lo anterior, la supletoriedad de los ordenamientos
procésales locales, tiene un carácter excepcional, es decir de
acuerdo con la ley debe ser extraordinario que el Juez acuda a
dicho ordenamiento para dar cumplimiento a su obligación de
impartir justicia, pues lo normal es que el juzgador se apoye en
reglas mercantiles.
Empero, a pesar de la prevención en el Código de Comercio, en el
sentido que la supletoriedad de los Códigos de procedimientos
Civiles de los Estados debe ser excepcional, en la práctica tal
cuestión no es así, dado que existen un gran número de
instituciones procésales no reglamentadas o deficientemente
reguladas, lo que ocasiona que en una gran mayoría de casos se
acuda a la aplicación de la ley procesal local, debido a la deficiente
reglamentación procesal en el Código de Comercio. Ciertamente,
con las reformas a tal cuerpo legal contenidas en el decreto del
ejecutivo federal publicado en el Diario oficial de la federación el 24
de mayo de 1996, se acoto en gran medida el problema de la
supletoriedad, dado que, antes de la entrada en vigor de la reforma
en mención, la aplicación supletoria de los Códigos de
Procedimientos Civiles locales era mayor a la del Código de
39
Comercio, es decir que, mediante la supletoriedad se resolvían la
mayoría de las cuestiones procésales en los juicios mercantiles,
pues eran aproximadamente 750 artículos de la ley Foral civil local,
los que se aplicaban en forma supletoria al Código Mercantil. Sin
embargo, a pesar de que la reforma referida vino en gran medida a
disminuir el problema del uso frecuente y hasta exagerado de la
supletoriedad de las leyes procésales locales al Código de
Comercio, sigue prevaleciendo dicha cuestión, si bien es cierto en
menor medida, pero aún en forma importante.
Por solo citar algunos casos de las deficiencias legislativas antes
referidas, en el Código de Comercio se prevé pero no se regula en
forma cabal lo relativo a la manera de practicar las notificaciones
personales, no se reglamenta lo correspondiente a la nulidad de
actuaciones, tampoco se dice nada de la revisión oficiosa que debe
hacer el juez respecto de aquellas diligencias que se practiquen
por un actuario fuera del despacho del juzgado, en materia de
recursos, establece la revocación, más no indica la forma de
substanciarse tal recurso, respecto de remates, se encuentran éstos
regulados en forma deficiente, no prevé la competencia por cuantía,
etc.
De acuerdo a lo antes dicho, es indudable que tratándose de las
normas procésales previstas en el Código de Comercio, a pesar de
la reforma a la que se ha aludido supra líneas, existen serias
deficiencias que hacen necesaria la supletoriedad de la Ley federal
Foral, revelando así la importancia del tema en la materia procesal
mercantil, dado que el Ordenamiento mercantil en su aspecto
40
procesal sigue siendo defectuoso, por lo que el problema de la
suplencia se plantea con más continuidad de la que se cree.
Tomando en cuenta lo expuesto, es necesario precisar en qué
casos se aplica el código de procedimientos local en forma
supletoria al de comercio. Así, para que puedan aplicarse las
normas de la legislación citada en primer término es necesario
encontrar en el ordenamiento mercantil una laguna u omisión. A
contrario sensu, siempre que exista una norma mercantil adecuada
al caso especifico, se aplicará la norma mercantil, aun cuando la
procesal civil pareciera más completa o justa, razón a que, la
supletoriedad no debe entenderse de un modo absoluto, sino sólo
cuando falten disposiciones expresas en el Código mercantil, y
además de que no sean contrarias que indiquen la intención del
legislador.
En otros términos, el hecho que la legislación adjetiva civil
atribuya a determinado acto procesal consecuencias no
mencionadas por la ley mercantil, hace improcedente la aplicación
supletoria de dicha ley, pues no son aplicables al proceso
mercantil las reglas contradictorias con sus principios estructurales.
Para entender mejor lo antes dicho, se estima necesario citar un
ejemplo, en caso del allanamiento de la demanda en un juicio
ordinario mercantil se producen las consecuencias a que se refiere
el artículo 1288, es decir, puede dicha confesión constituir
documento ejecutivo, mientras que el artículo 354 del ordenamiento
Adjetivo Civil, previene que para el caso de allanamiento de la
demanda, el efecto será que sin más trámite se pronuncie
sentencia.
41
En conclusión, el espacio reservado a la aplicación supletoria del
Código de Procedimientos civiles federales encuentra en aquellas
instituciones previstas pero no reglamentadas o deficientemente
reguladas, en forma tal que no permiten su aplicación adecuada,
bajo la condición de que el precepto que pretende aplicar
supletoriamente sea congruente con los principios del
enjuiciamiento de comercio e indispensable para su resolución.
No debe olvidarse que el procedimiento mercantil surgió de las
costumbres de los comerciantes, las que fueron recopiladas y
después recogidas en la legislación, siendo ésta la razón de que en
este código se encuentren normas tanto de contenido sustantivo
como adjetivo, predominado en éste las normas procésales.
Como el Código de Comercio es una ley federal, pues sólo a la
federación le está reservado legislar sobre ésta materia lo que hace
a través del Congreso de la Unión, al ser dicho tema de esa
naturaleza por disposición constitucional. En efecto, el artículo 124
de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece la distribución de competencias entre autoridades
federales y estatales, conforme al cual las facultades que no estén
expresamente concedidas por la propia Constitución a las primeras
están reservadas a las segundas. Y la fracción X del artículo
73 de la misma ley suprema concede al congreso de la unión
facultades expresas para legislar en materia mercantil, tanto
sustantiva como adjetiva.
42
CAPACIDAD DE LAS PARTES.
En relación a quien puede actuar en un proceso, el artículo 1 del
Código Federal de procedimientos civiles establece que solo puede
iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él quien tenga interés
en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o
imponga una condena o quien tenga un interés contrario. Actuaran
en juicio los mismos interesados o sus apoderados en los términos
de ley.
Por su parte, los artículos 1º y 2º del Código de procedimientos
civiles en el estado, respectivamente disponen: “Solamente puede
iniciarse la actividad judicial a instancia de parte legítima”; y “Puede
intervenir en un procedimiento judicial toda persona que tenga
interés directo o indirecto en el negocio que amerite la intervención
de la autoridad judicial.”
El contenido de los preceptos legales en cita, lleva implícito diversos
conceptos fundamentales del derecho procesal, como son: la
capacidad, el de parte, la representación, legitimación en la causa y
legitimación en el proceso y personalidad.
Por lo que se analizaran cada uno de los conceptos señalados:
43
Capacidad para ser parte y capacidad procesal.
En principio es menester recordar que la capacidad consiste en la
aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones a ésta se le
conoce como capacidad de ejercicio. Asimismo también es la
aptitud de ejercer por si los derechos y cumplir directamente las
obligaciones a ésta se le conoce como capacidad de ejercicio.
Ahora bien, referida la capacidad para intervenir en un juicio
debemos distinguir entre la capacidad para ser parte y la capacidad
procesal.
Estas dos capacidades equivalen a la capacidad de goce y a la
capacidad de ejercicio. En efecto, la capacidad para ser parte
consiste en la idoneidad de la persona para ser parte en un
proceso. Tienen capacidad para ser parte, todas las personas sin
excepción alguna.
La capacidad procesal es la aptitud para actuar en juicio y realizar
válidamente los actos procesales que corresponden a las partes.
De conformidad con lo previsto en el artículo 1056 del Código de
Comercio pueden intervenir en un juicio los que estén en pleno
ejercicio de sus derechos, lo que pueden hacer por sí o por
conducto de legal representante.
Conforme a lo anterior, la persona que ha de intervenir en juicio
puede hacerlo por sí o por conducto de legal represente.
44
Asimismo, puede la persona ya física ya jurídica comparecer a juicio
la primera por sí o por conducto de legal representante y la segunda
al ser una ficción jurídica solo lo hará por conducto de legal
representante.
La representación en sentido general es el fenómeno jurídico que
implica la actuación a nombre de otro en el campo del derecho. La
representación es la institución en virtud de la cual una persona
llamada representante realiza a nombre de otra llamada
representada actos jurídicos, que surten efectos en la esfera jurídica
del representado, como si hubieren sido realizados por él.
La representación puede ser voluntaria y legal.
La primera existe cuando mediante una manifestación de voluntad
una persona faculta a otra a actuar a su nombre y por su cuenta, lo
que se hará mediante poder o mediante mandato.
La representación legal, como su nombre lo indica dimana
directamente de la ley tal es el caso de los incapaces
El concepto de parte.
Las partes al igual que el juzgador son los sujetos principales de la
relación jurídico procesal y son los sujetos procésales cuyo interés
jurídico se debate en el proceso.
Existe una gran dificultad para conceptuar lo que es parte, prueba
de ello es que en la doctrina se han dado innumerables conceptos,
más para efectos prácticos se citaran solo algunos de estos:
45
Es clásica la definición de Chiovenda que dice: “Es parte el que
demanda en nombre propio (o en cuyo nombre es demandada) una
actuación de la voluntad de la ley, y aquel frente al cual ésta es
demandada”.
Parte es la persona interesada en un juicio y que sostiene en él sus
pretensiones, compareciendo por sí mismo o por medio de otros
que la representan real o presuntivamente. En general las partes
que intervienen en un juicio son dos: actor que presenta la demanda
ejercitando la acción y el reo que es a quien se exige el
cumplimiento de la obligación que se persigue mediante la acción.
Para el autor Becerra Bautista, parte es la persona que exige del
órgano jurisdiccional la aplicación de una norma sustantiva a un
caso concreto, en interés propio o ajeno.
Lo esencial a la parte en sentido procesal es que esta sea un sujeto
que reclame o inste para sí o para otro o que este en posibilidad de
reclamar una decisión jurisdiccional respecto de la pretensión que
en el proceso se debate.
La doctrina ha señalado que las partes pueden ser formales o
materiales.
Parte en sentido material es aquella en cuyo interés o en contra del
cual se provoca la intervención del poder jurisdiccional. Parte en
sentido formal es aquella que actúa en juicio, pero sin que recaiga
en ella en lo personal los efectos de la sentencia.
46
Como ya se expuso la capacidad para ser parte consiste en la
idoneidad de una persona para figurar como parte en un proceso.
La capacidad procesal es la aptitud para comparecer en juicio y
realizar válidamente los actos procésales que correspondan a las
partes, de lo anterior derivan los conceptos conocidos como
Legitimación ad procesum y legitimación ad causam
La legitimación en el proceso es la capacidad procesal o capacidad
para comparecer a juicio: Couture define la legitimación procesal
como “la aptitud o idoneidad para actuar en un proceso en ejercicio
de un derecho propio o en representación de otro.”
La legitmación en la causa la considera Chiovenda como una
condición para poder obtener una sentencia favorable y la entiende
como la identidad de la persona del actor con la persona a la cual
la ley le concede la acción o la identidad de la persona con aquella
contra la cual es concedida la acción.
Couture define la legitimación en la causa como la condición
jurídica en que se halla una persona en relación con el derecho que
invoca en juicio, ya sea en razón de su titularidad o de otras
circunstancias que justifiquen su pretensión.
A diferencia de la capacidad de ser parte y la capacidad procesal
que son características intrínsecas de las personas, la legitimación
en la causa es una condición extrínseca del sujeto, pues no
depende de las aptitudes propias y generales de la persona sino de
la vinculación de ésta con el litigio sometido a proceso.
Con base a lo anterior, la legitimación ad causam consiste en la
47
autorización que la ley otorga a una persona para ser parte en un
proceso determinado, por su vinculación especifica con el litigio.
Podemos concluir que la legitmación en la causa implica que solo
puede actuar en juicio quien es titular del derecho sustantivo hecho
valer o quien válidamente puede contradecirlo.
Cabe señalar que tanto la capacidad para ser parte, la capacidad
procesal, la legitimación en la causa y en el proceso son
presupuestos procésales que el juzgador debe analizar y resolver
aún de oficio.
Personalidad. A la facultad de actuar en un juicio se le llama personalidad. Tienen
personalidad quienes están capacitados para actuar en juicio
Litisconsorcio.
La participación en un juicio de un actor y de un demandado es lo
usual o lo normal en un proceso, sin embargo hay procesos en los
que intervienen parte complejas como las llama Carnelutti, es decir
varias personas físicas o morales figuran como actoras o como
demandadas, en la doctrina se denomina a ésta institución como
litisconsorcio.
La palabra litisconsorcio proviene de las locuciones latinas litis
consortium, la primera significa litigio o pleito y la segunda
comunidad de destino. Con ésta expresión se conoce el caso en
que dos o más personas ocupan la posición de parte actora o de
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parte demandada. Es una modalidad del proceso que consiste en la
pluralidad de actores o de demandados: por lo tanto hay
litisconsorcio cuando varias personas ejercitan una misma acción o
bien oponen una misma excepción.
El litisconsorcio puede ser voluntario o necesario. Es voluntario si se
lleva a cabo en uso de una facultad que otorgue la ley, es decir
éste tiene lugar cuando el actor hace que varias personas
intervengan en el juicio como demandadas porque así lo quiere,
pues podía intentar en procedimientos separados sus acciones y
obtener sentencias favorables.
Existe litisconsorcio necesario u obligatorio cuando el proceso no
puede iniciarse válidamente sino en la forma de litis consorcio
porque las cuestiones jurídicas que en él se ventilan afectan a más
de dos personas de tal manera que no sea posible pronunciar
sentencia válida y eficaz sin oírlas a todas. Es decir, cuando la
obligación de concurrir al pleito deriva de la naturaleza del litigio La
pluralidad de partes que refriere el litisconsorcio es en sentido
material.
El artículo 1060 del Código de Comercio señala: “Existirá
litisconsorcio, sea activo o sea pasivo, siempre que dos o más
personas ejerciten una misma acción u opongan la misma
excepción, para lo cual deberán litigar unidas y bajo una misma
representación. A este efecto, dentro de tres días, nombrarán un
mandatario judicial quien tendrá las facultades que en el poder se le
concedan, necesarias para la continuación del juicio. En caso de no
designar mandatario, podrán elegir de entre ellas mismas un
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representante común. Si dentro del término señalado, no nombraren
mandatario judicial ni hicieren la elección de representante común,
o no se pusieren de acuerdo en ella, el juez nombrará al
representante común escogiendo a alguno de los que hayan sido
propuestos; y si nadie lo hubiere sido, a cualquiera de los
interesados. El representante común que designe el juez tendrá las
mismas facultades como si litigara exclusivamente por su propio
derecho, excepto las de desistirse, transigir y comprometer en
árbitros, el que designen los interesados sólo tendrá estas últimas
facultades, si expresamente le fueren concedidas por los
litisconsortes. Cuando exista litisconsorcio de cualquier clase, el
mandatario nombrado, o en su caso el representante común, sea el
designado por los interesados o por el juez, será el único que puede
representar a los que hayan ejercitado la misma acción u opuesto la
misma excepción, con exclusión de las demás personas. El fin del
representante común o la designación del mandatario por los que
conforman un litisconsorcio es evitar solicitudes múltiples, contrarias
o contradictorias, por lo que tales mandatarios y representantes
serán inmediata y directamente responsables por negligencia en su
actuación y responderán de los daños y perjuicios que causen a sus
poderdantes y representados. El mandatario o el representante
común podrán actuar por medio de apoderado o mandatario y
autorizar personas para oír notificaciones en los términos del
Artículo 1069 de este Código.”
Si se tratara de la actora, el nombramiento de representante será
hecho en la demanda o en la primera promoción, o en su caso se le
concederán tres días para que haga la designación de
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representante común, lo mismo acontecerá con el demandado
Para el supuesto que la parte que integre un litisconsorcio no haga
designación de representante común, el juez hará dicha
designación dentro de los interesados mismos.
El representante deberá hacer valer todas las acciones y
excepciones comunes a todos los interesados y las personales de
cada uno de ellos. Y será este el que pueda representar a los que
hayan ejercitado la misma acción u opuesto la misma excepción
con exclusión de las demás personas, porque la finalidad de la
designación del representante común es la economía procesal,
porque se evita las solicitudes múltiples, contrarias o contradictorias
y los representantes serán directamente responsables por las
negligencias, porque incluso responderán por daños y perjuicios
que causen a sus representados, el representante común puede
actuar por conducto de legal representante.
El litisconsorcio obliga a quienes lo integran a litigar unidos y bajo
una representación común.
El representante común tendrá las mismas facultades que le
corresponderían si litigara exclusivamente por su propio derecho
excepto la de transigir y comprometer en árbitros, salvo que
expresamente se le hayan concedido por los interesados.
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La representación común descansa en las siguientes razones:
1.- De economía procesal. Dentro del proceso hay una multitud de actos que lo integran, si son
varios los actores o los demandados mediante la representación
común se simplifican los trámites del proceso, pues no tendrá que
entenderse con cada uno de ellos un acto procesal, sino sólo se
realizara el correspondiente trámite con el representante común.
2.- De orden. Mediante la representación común se excluyen, por razones de
orden, los planteamientos múltiples y sólo el representante común o
mandatario judicial hará planteamiento único.
3.- De expedición.- La celeridad que debe caracterizar a todo
proceso, se satisface de mejor manera cuando solo se atiende a las
pretensiones de un solo sujeto, representante común o mandatario
judicial, que cuando hubiera de atenderse todo lo que pueda ser
solicitado por varios actores y demandados.
4.- Unidad de posición.- Aún siendo varios actores o
demandados, la posición dentro del proceso es una sola de cada
lado, si es parte demandada o si es parte actora, por lo que se
conserva la unidad de posición mediante el representante común.
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FORMALIDADES Y ACTUACIONES PROCÉSALES.-
Todos los actos que se desarrollan en el proceso al exteriorizarse
adoptan una forma, es decir al realizar el juez, las partes y los
terceros intervinientes en el proceso actos jurídicos, materiales o
hechos jurídicos le dan un cierto aspecto exterior a sus actividades,
a las formas procesales se les denomina formalidades.
Las formalidades procesales son los requisitos externos de
realización de los actos jurídicos, hechos jurídicos y actos
materiales para la validez de ellos dentro del proceso.
En el concepto anterior aparece que en el proceso se realizan actos
y hechos jurídicos, lo anterior con base en la teoría sustantiva del
acto jurídico, de ahí que hecho procesal es aquel acontecimiento de
la vida que tiene consecuencias sobre el proceso,
independientemente de la voluntad humana. Couture define los
hechos procesales como aquellos acontecimientos de la vida que
proyectan sus efectos en el proceso.
Acto procesal es aquel donde interviene la voluntad del hombre con
la intención de crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones.
El autor citado define el acto procesal como el acto jurídico
emanado de las partes, de los agentes de la jurisdicción y aún de
los terceros ligados al proceso, susceptibles de crear, modificar o
extinguir efectos procesales.
El acto procesal tiene como característica fundamental que
regularmente se manifiesta durante la secuela del proceso.
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Un acto procesal para que se manifieste válidamente en el proceso
debe satisfacer condiciones, de tiempo, modo o forma y lugar.
FORMA.
La forma es la manera como deben de exteriorizarse los actos
procésales.
En relación al tema, el artículo 270 del Código Federal de
Procedimientos Civiles establece que:
1.- “Las actuaciones judiciales y promociones pueden efectuarse en
una forma cualquiera, siempre que la ley no haya previsto una
especial.”
No obstante esta regla de liberalidad en la forma, tratándose de
resoluciones judiciales, los requisitos de éstas se encuentran
previstos en los artículos 219, 221 y 222 del Código Foral citado
que a la letra dicen, respectivamente: “En los casos en que no haya
prevención especial de la ley, las resoluciones judiciales sólo
expresarán el tribunal que las dicte, el lugar, la fecha y sus
fundamentos legales, con la mayor brevedad, y la determinación
judicial, y se firmarán por el juez, magistrados o ministros que las
pronuncien, siendo autorizadas, en todo caso, por el secretario.”,
“Los decretos deberán dictarse al dar cuenta el secretario con la
promoción respectiva. Lo mismo se observará respecto de los autos
que, para ser dictados, no requieran citación para audiencia; en
caso contrario, se pronunciarán dentro del término que fije la ley, o,
en su defecto, dentro de cinco días. La sentencia se dictará en la
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forma y términos que previenen los artículos 346 y 347 de este
ordenamiento.”, y “Las sentencias contendrán, además de los
requisitos comunes a toda resolución judicial, una relación suscinta
de las cuestiones planteadas y de las pruebas rendidas, así como
las consideraciones jurídicas aplicables, tanto legales como
doctrinarias, comprendiendo, en ellas, los motivos para hacer o no
condenación en costas, y terminarán resolviendo, con toda
precisión, los puntos sujetos a la consideración del tribunal, y
fijando, en su caso, el plazo dentro del cual deben cumplirse.”
Además, que toda resolución judicial debe cumplir con la garantía
de legalidad y seguridad jurídica, estos es la autoridad jurisdiccional
tiene el deber de fundar y motivar sus resoluciones judiciales.
En cuanto a las promociones de las parte, la fracción I del artículo
1055 del Código de Comercio, establece que deben ser legibles a
simple vista y estar firmadas. Si el promoverte no pudiera o no
supiera firmar imprimirá su huella firmando otra persona a su ruego
o a su nombre, indicando tal circunstancia. Es recomendable
cumplir con ciertas exigencias lógicas como contener una
exposición clara de lo que se pide para que el Juez pueda
atenderla.
2- Las actuaciones judiciales y las promociones deben escribirse
en lengua española. Lo que se presente escrito en idioma
extranjero, se acompañara de la correspondiente traducción al
castellano. De acuerdo con esta disposición legal todas las
actuaciones de las partes y del juez deben escribirse en español
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que es el idioma oficial A esta formalidad se le conoce como la del
idioma.
3.- Las fechas y cantidades se escribirán con letra. (Artículo1055
fracción III). El que se exija que las fechas y cantidades se escriban
con letra tiene como justificación la mayor dificultad que hubiera de
una alteración o de un error en la anotación de la cantidad y fecha
por la trascendencia que en el fondo tienen esos datos.
4.- En las actuaciones judiciales no se emplearan abreviaturas ni se
rasparan las frases equivocadas, sobre las que sólo se pondrá una
línea delgada, salvándose al fin con toda precisión, el error
cometido. Igualmente se salvaran las fases escritas entre
renglones. (art. 1055 fracción III)
Este requisito formal constituye una garantía que no se modificara
lo establecido en un ocurso de las partes o en una actuación
judicial, podría suceder que se variara el texto documentario de un
expediente si no existiera esta formalidad
5.- Para su validez las actuaciones judiciales deberán ser
autorizadas por el funcionario público a quien corresponda dar fe o
certificar el acto. ( art. 1055 fracción IV )
Asimismo, todas las resoluciones de primera y de segunda
Instancia serán autorizadas por los jueces y secretarios o testigos
de asistencia.
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La formalidad anterior conlleva para el interesado en cuanto a la
autenticidad de lo actuado que lleve la autorización del funcionario
con aptitud legal para realizar la correspondiente autorización.
Tratándose de las resoluciones judiciales se requiere la firma de
quien la dicta y la del secretario que autoriza la resolución.
La falta de esta formalidad conlleva la nulidad de la actuación
6.- Las audiencias siempre serán públicas en todos los tribunales;
debiendo el secretario asentar la hora de inició y conclusión de la
misma, no debe interrumpirse, solo por causas autorizadas por la
ley, y el juez puede utilizar los medios de apremio en contra de las
partes o un tercero cuando interrumpan una audiencia. Art. 1080 c
de C.)
A esta formalidad se le conoce como publicidad de los actos
procésales, que consiste sustancialmente en el acceso libre del
público.
7.- El Juez recibirá por si, todas las declaraciones, y presidirá todos
los actos de prueba, bajo pena de nulidad y de responsabilidad. La
nulidad será estimada en la resolución definitiva del negocio. (art.
275 C. F. P. C. )
Dentro del proceso civil constituye una formalidad el contacto del
juez con las partes, legalmente es obligatorio que los jueces y
magistrados reciban por si mismos las declaraciones y presidan
todos los actos de prueba, bajo su responsabilidad. Este es la
formalidad de inmediación.
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8.- Formalidad sobre las copias.- Todo litigante en su primera
promoción deberá de acompañar el número de copias simples
necesarias para correr traslado a las demás partes, tanto de la
demanda principal o incidental como de los documentos que con
ella se acompañen. Si no se adjuntan las copias referidas, se
requerirá al promovente para que dentro del término de tres días
presente las omitidas; si no las exhibiere, el Juez o tribunal que
conozca del negocio tendrá por no interpuesta la promoción. Esta
disposición es aplicable en todos los casos en que haya que
correrse traslado de la promoción. Dicha formalidad se encuentra
prevista en la fracción V del artículo 1061 del C de Comercio en
relación con el artículo276 fracción del C. F. P. C.)
Asimismo, deberá de presentarse copias de los documentos
originales para agregarse al expediente, cotejada y autorizada por
el secretario. (Artículo 64 del C.F. P. C.)
Los interesados pueden presentar una copia más de sus escritos,
para que se les devuelva firmada y sellada por el secretario, con
anotación de la hora y fecha de presentación. (art. 277 C.F. P. C.).
Las partes en cualquier asunto judicial pueden pedir en todo tiempo
a su costa, copia certificada de cualquier constancia o documento
que obre en autos, y dichas copias serán autorizadas por el
secretario. (Artículos 278 y 279 del C. F. P. C. )
En todo caso de la devolución de los documentos originales, se
harán en ellos, autorizadas por el secretario, las indicaciones
necesarias para identificar el juicio en que fueron presentados,
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expresándose sí está pendiente o si ya fue resuelto definitivamente
y en éste caso, el sentido de la sentencia, con excepción de los
documentos justificativos de la personalidad. Cuando no quepa en
el documento dicha relación se le unirá una hoja, en que se
determine poniendo el sello de la secretaria, de manera que
abarque el documento y la hoja. De la entrega se asentará razón de
autos. (Articulo 280 C.F P. C.)
9.- El secretario hará constar el día y la hora en que se presente un
escrito, y dará cuenta con él dentro de las veinticuatro horas
siguientes, sin perjuicio de hacerlo de inmediato cuando se trate de
un caso urgente. En los partidos judiciales en donde exista oficialía
de partes común la recepción de las demandas y promociones
iníciales de procedimiento, estará a cargo de los oficiales adscritos
a ésta, quienes entregaran el mismo día a las once y quince horas
al secretario del juzgado a que se turnen.(artículo 1055 fracción VII
C.de C. )
Con el pretexto real o ficticio de exceso de labores, este deber es
frecuentemente desacatado, sin que se aplique de hecho sanción
alguna. El objetivo de ésta formalidad es evitar la dilación
provocada o deliberada o posterga miento malévolo de la
tramitación de los asuntos.
10.- Los secretarios cuidaran de que los expedientes sean
exactamente foliados al agregarse cada una de las hojas; rubricaran
o firmaran todas estas en el centro del escrito, y podrán, el sello de
la secretaria en el centro del cuaderno, de manera que abarque las
dos caras. (Artículo 1055 fracción V C. de C.)
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Esta formalidad es una garantía para las partes pues de ésta
manera se puede constatar de inmediato la sustracción de alguna
de las constancias de autos o el agregado de algún documento que
no existía en el expediente.
T I E M P O
Además de la forma en que deben exteriorizarse ciertos actos
procésales, estos deben de cumplir ciertas condiciones de tiempo,
para éste fin las leyes procésales sueles regular los siguientes
aspectos. Los días y horas hábiles en que se pueden llevar a cabo
válidamente las actuaciones judiciales. El establecimiento de plazos
y términos para la realización de los actos procésales y la forma de
computar los primeros.
Formalidades en cuanto al tiempo.
1.- Las actuaciones judiciales se practicaran en días y horas
hábiles. Son días hábiles todos los del año, menos los domingos y
los días que no laboren los tribunales. Son horas hábiles las
comprendidas entre las siete y las diecinueve. (art.1064 del C.de
C.).
El tribunal puede habilitar los días y horas hábiles cuando hubiere
causa urgente que lo exija expresando cual es esta y las diligencias
que hayan de practicarse. Si una diligencia se inició en día y hora
hábiles, puede llevarse hasta su fin sin interrupción, sin necesidad
de habilitación expresa. (art. 1065 c de C. y 282 de cfpc )
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2.- Siempre que deba tener lugar un acto judicial en día y hora
señalados, y por cualquier circunstancia no se efectuare, el
secretario hará constar, en los autos la razón por la cual no se
practicó. ( Artículo 283 C. F. P. C. )
3.- Para fijar la duración de los términos, los meses se regularan por
el número de días en que les corresponda y los días se entenderán
de 24 horas naturales, contados de las veinticuatro a las
veinticuatro. (art. 292 del cpcf)
4.- Para aquellos casos en que se hubiera omitido señalar un plazo
para determinado acto procesal se suelen prever plazos
subsidiarios, así en el artículo 1079 del Código de Comercio señala:
Cuando la ley no señale término para la práctica de un acto judicial
o para el ejercicio de un derecho, se tendrán por señalados los
siguientes: VIII tres días para todos los demás casos.
En las leyes y en la práctica forense mexicana se suele emplear
como expresiones sinónimas el término y el plazo. Y es en la
doctrina alemana y española donde se distinguen estos modos de
medir o de iniciar la medición del tiempo para realizar los actos
procésales. Para estas doctrinas el plazo es un periodo a lo largo
del cual, desde el momento inicial hasta el final, se puede realizar
válidamente un acto procesal. El término en cambio, es el momento
día y hora, señalado para el comienzo de un acto procesal.
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Atendiendo a ésta distinción los plazos pueden contarse por sus
unidades de medida en minutos, horas, por días, por meses y por
años.
Los plazos pueden ser objeto de diversas clasificaciones, como son:
por su origen, en razón a la parte para la que corre el plazo, por la
posibilidad o no de ampliarlos.
En razón a su origen, los plazos se clasifican en legales judiciales y
convencionales.
Plazo legal es el que se consagra directamente en la legislación.
Plazo judicial, es aquel que concretamente ha señalado el juzgador
dentro del proceso y aunque tenga base legal, no está determinado
con precisión en el juicio.
El plazo convencional es aquel que es el resultado del acuerdo de
los interesados, a través de una disposición contenida en un
convenio.
Los plazos pueden clasificarse en individuales y comunes. Es común el plazo cuando rige para ambas partes en el proceso. Y
es individual aquel que rige para solo una de las partes. En relación
al tema el artículo 290 de Ordenamiento adjetivo Federal Civil
dispone que: “Los términos que por disposición de la ley, no son
individuales, se tiene por comunes para todas las partes”.
El plazo prorrogable es aquel susceptible de ser ampliado y es
improrrogable el que no puede extenderse. Respecto de los
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primeros en el artículo 1075 del Código de Comercio señala: “Todos
los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a
aquel en que hayan surtido efectos el emplazamiento o
notificaciones y se contará en ellos el día de vencimiento. Las
notificaciones personales surten efectos al día siguiente del que se
hayan practicado, y las demás surten al día siguiente, de aquel en
que se hubieren hecho por boletín, gaceta o periódico judicial, o
fijado en los estrados de los tribunales, al igual que las que se
practiquen por correo o telégrafo, cuando exista la constancia de
haberse entregado al interesado, y la de edictos al día siguiente de
haberse hecho la última en el periódico oficial del Estado o del
Distrito Federal. Cuando se trate de la primera notificación, y ésta
deba de hacerse en otro lugar al de la residencia del tribunal,
aumentará a los términos que señale la ley o el juzgador, un día
más por cada doscientos kilómetros o por la fracción que exceda de
cien, pudiendo el juez, según las dificultades de las
comunicaciones, y aún los problemas climatológicos aumentar
dichos plazos, razonando y fundando debidamente su
determinación en ese sentido.”.
Para el cómputo de los plazos 1.- Los términos judiciales, salvo disposición diversa de la ley,
empezaran a correr al día siguiente al que surta efectos el
emplazamiento, citación o notificación, y se contara en ellos el día
de su vencimiento. (art. 1075 C. C. )
2.- En el computo de los plazos no se pueden incluir días que no
puedan tener lugar actuaciones judiciales, salvo disposición
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contraria de la ley. Cuando en uno o más días dentro de un término
no haya habido de hecho, despacho en el tribunal, se aumentará de
oficio, al término los días en que no hubiere habido despacho. (art.
286C.F. P. C. ).
3.- En los autos se asentará razón del día en que comience a correr
un término y del que debe concluir. La constancia deberá sentarse
precisamente el día en que deba surtir efectos la notificación de la
resolución en el que se conceda o mande abrir el juicio. La falta de
razón no surte más efectos que la responsabilidad del omiso. (art.
287 C. F: P. C. ).
4.- Los términos judiciales no pueden abrirse ni suspenderse
después de concluidos, pero pueden darse por terminados, por
acuerdo de las partes, cuando estén establecidos en su favor. (art.
291 C.F. P. C. ).
LUGAR.
El espacio normal en donde se desarrollan los actos procésales es
la sede del órgano jurisdiccional. En sus oficinas se llevan a cabo la
mayor parte de los actos del proceso desde que se constituye hasta
que se termina la relación jurídica procesal. En ocasiones sin
embargo ciertos actos judiciales deben llevarse a cabo fuera de las
oficinas del tribunal, como son las notificaciones personales, las
diligencias de embargo, ejecución de sentencias, etc. Cuando el
acto procesal deba realizarse fuera de la sede del juzgado o del
tribunal, pero dentro de la circunscripción territorial en que estos
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son competentes es un funcionario del órgano jurisdiccional el
encargado de ejecutar el acto.
En cambio cuando el acto procesal debe llevarse a cabo fuera de la
circunscripción geográfica del juzgador que lo ordena, este debe
dirigir un exhorto al órgano jurisdiccional en cuyo territorio debe
efectuarse el acto procesal.
La importancia de las formalidades procésales es tanto de interés
general, para asegurar una adecuada impartición de justicia, así
como de interés particular del litigante como salvaguarda de sus
propios derechos.
La inobservancia de estas formalidades puede producir en algunos
casos la ineficacia de dicha actuación.
Cuando el acto procesal está dotado de todos estos requisitos se
dice que es perfecto y por ende eficaz produciendo sus efectos.
Empero cuando no colma los requisitos de realización externa, el
acto es ineficaz, está afectado de nulidad y no surte sus efectos.
En el proceso como regla general la inobservancia de las
formalidades tiene como sanción la nulidad de la actuación en la
que se ha desacatado la formalidad establecida en la ley, la nulidad
correspondiente solo ha de pretenderla el sujeto perjudicado por
ella y no quien se vio beneficiado. Una actuación procesal viciada
por incumplimiento de una formalidad procesal, por regla general es
susceptible de verse afectada por ineficacia si no se han dado los
supuestos de convalidación que previene la legislación.
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Es importante precisar que las leyes procésales establecen una
serie de principio que orientan la regulación de la nulidad de los
actos procésales, siendo estos los siguientes:
1) El principio de especificidad.- De acuerdo con el cual no hay
nulidad si no hay ley especifica que lo establezca. Así el
artículo 270 de la Ley adjetiva Civil establece: Cuando la ley
prescriba una determinada forma para una actuación solo
será nula, si se efectúa en forma diversa, cuando la ley así lo
ordene.
2) Principio de trascendencia. Conforme al cual solo procede
decretar la nulidad de un acto procesal cuando la infracción
cometida afecte realmente algún derecho esencial de las
partes en el juicio. Lo que significa que la falta de alguna de
las formalidades en las actuaciones judiciales solo invalidará a
estas cuando deje en estado de indefensión a cualquiera de
las partes.
3) Principio de protección que establece que la nulidad solo
puede ser reclamada por la parte afectada por aquella y no
por la parte que dio lugar a la misma.-
4) El principio de convalidación, según el cual las actuaciones
judiciales cuya nulidad no se reclamen en la subsecuente se
convalidan por el consentimiento tácito de la parte afectada.
Este principio solo rige a la nulidad relativa, no a la absoluta.
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NOTIFICACIONES
Por notificación en términos generales se entiende la acción de
notificar y consiste en hacer saber, con efectos jurídicos cierto dato
al destinatario de la notificación es dar noticia oficial de algo a una
persona.
En concepto del autor Eduardo Pallares, la notificación es el medio
legal por el cual se da a conocer a las partes o a un tercero el
contenido de una resolución judicial.
Para el autor Carlos Arellano García la notificación es un acto
jurídico procesal ordenando por la ley o por el órgano jurisdiccional,
que debe satisfacer los requisitos legales, para hacer saber
oficialmente a las partes o a terceros un acto procesal.
Señala que es un acto jurídico procesal porque entraña una
manifestación de voluntad de quien ordena la notificación hecha con
la intención de producir consecuencias jurídicas, siendo éstas que
la persona notificada sea legalmente sabedora de aquello que se le
ha notificado.
La notificación debe hacerse porque lo ordena la ley o el órgano
jurisdiccional. La notificación debe reunir los requisitos legales
establecidos que tiendan a satisfacer la seguridad jurídica. El
objeto de las notificaciones es notificar, hacer saber a las partes o a
los terceros un acto procesal.
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Es garantía esencial del debido proceso que las partes estén
enteradas de todos y cada uno de los actos que se desarrollen y
que provengan de los demás sujetos del proceso, pues el sigilo
dejaría a las partes en estado de indefensión, vulnerando así la
garantía de seguridad jurídica.
El artículo 1068 del código de comercio señala las distintas formas
en que deben notificarse las resoluciones judiciales.
Siendo las siguientes:
1) Personales o por cedula.
2) Por boletín judicial, gaceta o periódico oficial, en aquellos
lugares en los que se edite el mismo, expresando los nombres
y apellidos completos de los interesados.
3) Por estrados.
4) por edictos.
5) Por correo certificado
6) Por telégrafo.
Ahora bien, el código de comercio no señala cuales de las
resoluciones judiciales han de notificarse en forma personal por lo
que se hace necesario que se aplique sobre el tema lo que al
respecto señala el artículo 309 del Código Federal de
procedimientos civiles que señala: “Las notificaciones serán
personales: I.- Para emplazar a juicio al demandado, y en todo caso
en que se trate de la primera notificación en el negocio; II.- Cuando
dejare de actuarse durante más de seis meses, por cualquier
motivo; en este caso, si se ignora el domicilio de una parte, se le
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hará la notificación por edictos; III.- Cuando el tribunal estime que
se trata de un caso urgente, o que, por alguna circunstancia, deban
ser personales, y así lo ordene expresamente, y IV.- En todo caso,
al Procurador de la República y Agentes del Ministerio Público
Federal, y cuando la ley expresamente lo disponga.”
Por lo tanto, tratándose de las resoluciones citadas siempre se
notificaran en forma personal. Desde el punto de vista de la forma
de practicar las notificaciones estas pueden ser personales y no
personales.
Ahora bien, en relación a la manera en que deben de practicarse
las notificaciones el Código de Comercio es omiso sobre el tema
por lo que en esta cuestión debe aplicarse también en forma
supletoria la legislación foral citada.
Para la práctica de las notificaciones personales es menester que el
litigante dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1069 del
Código de Comercio al establecer que todos los litigantes en el
primer escrito o en la primera diligencia judicial en que intervengan,
deben designar domicilio ubicado en el lugar de juicio para que se
les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que
sean necesarias. Por lo que, si el litigante no cumple con ésta
obligación, las notificaciones se le practicaran por lista, aun las
personales.
Por otra parte, en el artículo antes citado también se establece la
obligación para el actor de señalar el domicilio en donde debe ser
emplazada la demandada y en caso de omitir este no podrá
69
hacerse la notificación, salvo que el interesado comparezca al
tribunal.
Asimismo, mientras un litigante no hiciere designación de nueva
casa para recibir notificaciones, éstas se le seguirán haciendo en
dicho domicilio.
La realización de las notificaciones está encomendada por
disposición del artículo 67 de la Ley foral federal a un actuario.
Quien, cuando vaya a realizar dicha actuación debe observar las
siguientes formalidades procesales previstas para la realización de
estos medios de comunicación procesal.
El establecimiento de estas formalidades se encuentra previsto en
los artículos 310 y 311 del Código Federal de Procedimientos
Civiles.
Ahora bien de acuerdo a lo estatuido en los ordinales citados, el
actuario se debe constituir en el domicilio señalado para recibir
notificaciones, debe cerciorarse por cualquier medio legal de que
efectivamente ese es el que se señalo en autos, debiendo precisar
de qué manera adquirió la certeza de que se encuentra constituido
en el domicilio designado.
Posteriormente el actuario requerirá la presencia de la persona a
quien va a notificar, si la encuentra presente, le dará lectura integra
de la resolución judicial que se le ha encomendado notificar,
debiendo asentar razón de lo anterior, pudiendo firmar o no la
70
persona interesada, más siempre deberá hacer constar dicha
circunstancia.
Puede presentarse el supuesto de que la persona que busca, es
decir a quien debe notificar no se encuentre en ese momento, por lo
que en éste caso, la notificación se hará por medio de cedula que
dejara con la persona que lo atiende, o si no se encuentra a nadie o
quien este se niega a recibir la notificación, en este caso la cédula
se deja en el domicilio debiendo sentar razón de tal circunstancia.
El cedula es copia fiel de la resolución judicial que se notifica y debe
contener la fecha y hora en que se entrega, el nombre y apellido del
promoverte, el juez o tribunal que manda practicar la diligencia, la
determinación que se manda notificar.
Cuando se trate del emplazamiento, es menester la observancia de
mayores formalidades, pues mediante éste se hará saber al
demandado que existe una demanda instaurada en su contra y se
le concederá un plazo para que conteste ésta. Razón por la que, en
este caso, el actuario, debe cerciorarse de que el lugar designado
es la casa donde vive el demandado, cercioramiento que podrá
hacer por cualquier medio legal, dejando constancia de ello y sólo si
es posible que el actuario obtenga dicha certeza podrá continuar
con la práctica de la diligencia encomendada. Pues cuando ello no
sea factible debe abstenerse de emplazar al demandado.
Una vez que se ha cerciorado el actuario que en la casa en que se
encuentra constituido es el domicilio del demandado, procederá a
requerir su presencia, y si lo encuentra en ese momento entenderá
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la diligencia de que se trata, dándole lectura integra del auto de
radicación, emplazándolo para que comparezca al juzgado de los
autos a contestar la demanda en un plazo de 9 o 5 días
dependiendo si se trata de juicio ordinario o ejecutivo
respectivamente y correrá traslado con las copias de la demanda y
de los documentos aportados a ésta debidamente autorizados por
el secretario.
Para el supuesto de que al requerir la presencia del demandado,
éste no se encuentre en ese momento, se debe dejar citatorio para
que espere en la casa designada, a hora fija del día siguiente si es
un juicio ordinario mercantil, y, si no espera se le notificará por
cédula entregando las copias respectivas al hacer la notificación o
dejar el mismo.
Cuando a juicio del notificador hubiere sospecha fundada de que se
niegue que la persona por notificar vivir en la casa designada, le
hará la notificación en el lugar en que habitualmente trabaje, si lo
encuentra según los datos que proporcione el que lo hubiere
promovido. Puede hacerse la notificación al interesado en cualquier
lugar en que se encuentre, en cuyo caso deberá certificar el
secretario que la persona es de su personal conocimiento haberle
sido identificada por dos testigos de su conocimiento que firmaran
con él.
Las notificaciones que no deban ser personales, se harán en el
tribunal en lugar visible y de fácil acceso y por medio de lista
fechada, autorizada por el secretario que se fijará a primera hora de
despacho del día siguiente al de la fecha de la resolución, en el que
72
se expresará la naturaleza del juicio, la índole de la resolución
notificada y los nombres de las partes.
En los autos el secretario hará constar el día y hora de la
notificación por lista y formará con dichas listas un legajo mensual
que deberá de conservar por el término de un año a disposición de
los interesados.
Las notificaciones, citaciones y emplazamientos deben de realizarse
a más tardar, al día siguiente al en que se dicten las resoluciones
que las prevengan, cuando el tribunal en estas no dispusiere otra
cosa.
Tanto el secretario de acuerdos cuando hace las notificaciones en
el despacho del Juzgado, como el actuario, debe levantar una razón
de la notificación realizada, donde establecerán de manera clara lo
conducente a la identificación de la persona con la que se efectúa la
notificación, resolución judicial que se notifica, día y hora en que
ésta se hace y para que esta sea eficaz debe encontrarse
autorizada con la firma del secretario o del actuario según
corresponda.
La omisión de las formalidades señaladas en la ley procesal para la
práctica de las notificaciones puede originar su nulidad, tan es así
que el artículo 319 del ordenamiento Adjetivo de la Materia dispone
que cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la
prevenida por la ley, o se omitiere puede la parte agraviada
promover incidente sobre la nulidad de lo actuado, desde la
notificación hecha indebidamente u omitida
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Por lo tanto, si no se quiere sufrir la sanción de nulidad de una
notificación es menester cumplir cabalmente con todas y cada una
de las exigencias legales establecidas para este tipo de
actuaciones.
Al hacerse sabedora una parte de la providencia mal notificada o no
notificada convalida la notificación omitida o defectuosa. Esta
manifestación de hacerse sabedor de la providencia puede
efectuarse en forma expresa o tácita, no es necesario que se diga
expresamente que la parte se hace sabedora basta con que del
texto de algunas manifestaciones se desprenda dicha circunstancia.
Cuando se manifiesta sabedora, a partir de ese momento surte
efectos la notificación mal hecha o no notificada, pues esa actitud
procesal conlleva la convalidación de la notificación.
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Excepciones procésales
El artículo 1122 del Código de Comercio establece como
excepciones procésales las siguientes :
I.- La incompetencia del Juez.
II.- La Litispendencia.
III.- La Conexidad en la causa.
IV.- La falta de personalidad del actor o del demandado o la falta de
capacidad del actor.
V.- La falta del cumplimiento del plazo o de la condición a que este
sujeta la acción intentada .
VI.- La división y la excusión.
VII.- la improcedencia de la Vía
VIII.- Las demás a las que diera la Ley ese carácter.-
Todas las excepciones que tenga el demandado debe de oponerlas
al contestar la demandada, cualquiera que sea su naturaleza, esto
es las excepciones procésales deben de oponerse al contestar la
demanda y en ningún caso suspenderán el procedimiento.-
(ART.1127 C: de C.)
Todas las excepciones procésales , se tramitaran , en vía
incidental.. Ciertamente el artículo 1129 del Código de Comercio
establece como excepción a dicho trámite la incompetencia del
juez, ya que ésta se tramita a través de la inhibitoria y la declinatorio
para lo que el código de comercio tiene establecido un tramite
especifico muy similar al incidental señalado para las excepciones
procésales sólo difiere en cuanto a los plazos de celebración de la
audiencia es distinto- EL tramite para las excepción mencionadas
con la salvedad anotada es el siguiente: Opuesta la excepción
procesal se dará vista a la contraria por el término de tres días para
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que manifieste lo que a sus intereses convenga y ofrezca pruebas ,
y si no se ofrecen pruebas deberá dictarse resolución
correspondiente por el tribunal dentro de los 8 días siguientes
.Puede suceder que al oponerse una excepción procesal la parte
que lo hace desee ofrecer pruebas, dichas oferta deberá hacerse
en los escritos de demanda incidental y contestación de la vista de
tal demanda . De ser admitidas se ordenara su preparación y se
desahogaran en una sola audiencia que se efectuara dentro de los
8 días siguientes a que haya trascurrido el plazo concedido en la
vista .en la que además las partes alegarán y el Juez deberá dictar
la resolución correspondiente
Es importante señalar que en el trámite de las excepciones
procésales solo son admisibles como medios de prueba la
documental y la pericial ,salvo la litispendencia y la conexidad en la
causa , respecto de las cuales se admite además la inspección de
los autos.-
La Litispendencia es una excepción procesal que procede cuando
un juez conoce ya de un juicio en el que hay igualdad de partes,
acciones deducidas y cosas reclamadas.
Al oponerse esta excepción, al contestar la demanda debe
señalarse precisamente el juzgado en el que se tramita el primer
juicio , acompañando copia autorizada de las constancias que tenga
en su poder , o solicitando la inspección de los autos. Más la
inspección solo se podrá ofrecer cuando se trate de juzgados
radicados en la misma población , pues de no ser así la única
prueba que puede ofrecerse será la documental consistente en las
copias certificadas del primer juicio, que deberán contener demanda
y contestación , probanza que podrá ofrecerse hasta la audiencia
incidental.
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De acuerdo al contenido del artículo 1123 del Código de Comercio,
pareciera que contiene disposición contradictoria respecto al
momento procesal oportuno en que debe de ofrecerse la prueba
documental , pues mientras que su primera parte señala que al
oponerse la excepción de litispendencia deben acompañarse las
constancias que el actor tenga en su poder , y en último párrafo de
tal ordinal se señala que en los casos que la litispendencia solo se
pueda acreditar con copias certificadas estas deben de exhibirse y
ofrecerse en la audiencia incidental de pruebas alegatos y
sentencia.. Sin embargo no existe contradicción alguna , pues al
oponer la excepción no se exige la presentación de las copias
certificadas, de la demanda y contestación del juicio respecto del
que se opone la litispendencia, dado que solo se hace mención de
las constancias que tuviera en su poder el demandado. De ahí que
en momento procesal posterior puede perfectamente ofrecerse
dicha probanza de acuerdo a lo estatuido en el ordinal citado.-
Si se declara procedente la litispendencia, su efecto será:
1.- Cuando ambos jueces se encuentren dentro de la jurisdicción
del mismo tribunal de alzada ,y en la misma población, se remitirán
los autos al juzgado que previno en el conocimiento del negocio,
para que los acumule y los resuelva en una solo sentencia.-
2.-Cuando el tribunal que conozca del primer juicio no se encuentre
en la misma población o no pertenezca a la jurisdicción del tribunal
de alzada si se declara procedente la litispendencia , se dará por
concluido el segundo procedimiento, es decir su efecto es
sobreseer el segundo juicio.-
La excepción de conexidad en la causa procede :
Cuando exista identidad de personas y acciones , aunque las
cosas sean distintas.
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Identidad de personas y de cosas , aunque las acciones sean
distintas.
Acciones que provengan de una misma causa , aunque sean
diversas las personas y las cosas-
Identidad de acciones y de cosas , aunque las personas sean
diferentes.-
La excepción de conexidad tiene por objeto evitar que se divida la
continencia de la causa , la acepción de conexidad evoca
directamente relación, enlace de una cosa con otra
Al oponerse la excepción de conexidad debe señalarse el Juzgado
en donde se tramita el juicio conexo , acompañando copias
autorizadas de las constancias que tenga en su poder o solicitando
la inspección de autos , probanza que solo se podrá desahogar si
los tribunales que conocen de los juicios se encuentran dentro de la
misma población, Pues cuando no se encuentre el juzgado que
conoce del juicio conexo en la misma población o no pertenezca a
la jurisdicción del mismo tribunal de alzada para demostrar la
excepción de que se habla deberá de ofrecerse copias certificadas
del juicio conexo que deberá ofrecer y admitir en la audiencia
incidental
Si se declara procedente la excepción de conexidad , debe tomarse
en cuenta si ambos tribunales se encuentran en la misma población
,o pertenecen al mismo tribunal de alzada , en este caso su efecto
será la acumulación para que se tramiten en uno y se decidan en
una misma resolución.
Cuando los juzgados que conozcan de los juicios conexo
pertenezcan a tribunal de alzada diferente ,no procede la conexidad
ni tampoco cuando los pleitos se encuentren en diversas instancias
o se sigan en tribunales extranjeros.-
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La excepción de falta de personalidad se tramitara en vía incidental
(tramite indicado )y su efecto será si fuere subsanable y se trata de
la del actor el tribunal concede un plazo no mayor de diez días para
que se subsane, y de no hacerlo se sobreseerá el juicio. Si se trata
de la personalidad del demandado, y es subsanable se concede el
plazo antes señalado, más para el caso de que no lo haga se
seguirá el juicio en su rebeldía. La falta de capacidad del actor
obliga al juez a sobreseer el juicio.
Cuando se promueva la excepción de improcedencia de la vía y se
declara procedente, su efecto será el continuar el procedimiento
para el trámite del juicio en la vía que se considere procedente ,
declarando la validez de lo actuado con la obligación del juez de
regularizar el procedimiento de acuerdo a la vía que se declare
procedente.
En las excepciones de falta de cumplimiento del plazo o de la
condición a que este sujeta la obligación , de orden y de excusión,
si se allana la contraria se declaran procedentes de plano. Y de no
ser así se resolverán en vía incidental.-Su efecto será dejar a salvo
los derechos para que se hagan valer cuando cambien las
circunstancias que afectan su ejercicio.
La excepción de cosa juzgada se resuelve también en vía incidental
MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO.
En principio y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1201
del Código de Comercio las diligencias de prueba solo se deshogan
en la dilación probatoria, es decir dentro de juicio .Sin embargo, la
propia ley prevé la posibilidad de que se puedan desahogar ciertas
diligencias probatorias antes de iniciarse el juicio, y esto será a
través de los medios preparatorios. a juicio.
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Los medios preparatorios son procedimientos anteriores a juicio que
tienden a proporcionar a quien los promueve elementos del
conocimiento o de prueba que le permitirán promover un juicio
mercantil posterior .
Existen medios preparatorios a juicio ordinario o especial mercantil
y ejecutivo mercantil.
Son medios preparatorios a juicio ordinario mercantil :
1.- Declaración bajo protesta de decir verdad del futuro demandado
acerca de un hecho relativo a su personalidad o a la calidad de su
posesión o tenencia.
2.- Solicitud de exhibición de cosa mueble , que en su caso haya de
ser objeto de acción real que se trate de entablar.
3.- Pidiendo el comprador al vendedor o viceversa en caso de
evicción la exhibición de títulos u otros documentos que se refieran
a la cosa vendida .
4.-Pidiendo un socio o comunero la presentación de los documentos
y cuentas de la sociedad o comunidad al consorcio o codueño que
los tenga en su poder.
5.- Pidiendo el examen de testigos cuando estos sean de edad
avanzada o se hallen en peligro inminente de perder la vida o
próximos ausentarse a un lugar que sean difíciles las
comunicaciones y no sea posible intentar la acción , por depender
su ejercicio de un plazo o de una condición que no se haya
cumplido todavía.
6.-Pidiendo el examen de testigos para probar alguna excepción
siempre que la prueba sea indispensable y los testigos se hallen en
alguno de los casos señalados en la fracción anterior.-
7.-Pidiendo el examen de testigos u otras declaraciones que se
requieran en proceso extranjero.
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8.-Pidiendo el juicio pericial o la inspección judicial cuando el estado
de los bienes, salud de las personas, variaciones de las condiciones
, estado de tiempo o situaciones parecidas hagan tener al solicitante
la pérdida de un derecho o la necesidad de preservarlos.-
La procedencia de los medios preparatorios a juicio esta sujeta a las
condiciones que señala el Código de Comercio, esto es , al
solicitarse un medio preparatorio a juicio, debe de acreditarse el
derecho con el que se promueve y la necesidad de éste. Asimismo
al pedirse la diligencia preparatoria debe de expresarse el motivo
por el cual se solicita y el litigio que se trata de seguir o que se
teme.
No existen más medios preparatorios que los indicados en el código
de comercio , sin que en la materia existe supletoriedad
MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 1.-Confesión judicial de adeudo.
2.-Reconocimiento de contenido y firma de documento ante juez.
3.-Reconocimiento de contenido y firma de documento mercantil
ante notario público.- .
1.-Puede prepararse el juicio ejecutivo mercantil , pidiendo al
deudor confesión judicial bajo protesta de decir verdad , para lo
cual el juez señalara día y hora para la comparecencia. del deudor.
En la solicitud del medio preparatorio debe de indicarse el monto y
origen del adeudo Admitido a tramite el medio preparatorio se
ordenara citar al deudor para que comparezca al reconocimiento a
su cargo . En este caso, el deudor deberá de estar presente en el
lugar de juicio para que se le haga la citación en forma personal,
expresando en la notificación el nombre del promovente , objeto de
la diligencia , la cantidad que se reclame y el origen del adeudo,
además de correrle traslado con la copia de la solicitud respectiva ,
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cotejada y sellada. Si el deudor se hallare o no el domicilio se le
dejará cedula , la que entregara al deudor, su mandatario, pariente
más cercano que se encontrare en la casa, empleados y
domésticos . Si el deudor no comparece a la citación y se hubiere
hecho con apercibimiento de ser declarado confeso , así como
cumplidos los requisitos anteriores y la exhibición del pliego de
posiciones si se califican de legales se le tendrá por confeso de la
certeza de la deuda , y se despachara auto de embargo en su
contra , siguiéndose las reglas que la ley prevé para los juicios
ejecutivos mercantiles.
2.-El documento privado que contenga deuda liquida ,y sea de
plazo cumplido, permitirá al acreedor promover medios
preparatorios a juicio. Esto es, también puede prepararse el juicio
ejecutivo mercantil a través del reconocimiento de contenido y firma
de documento mercantil El documento que se quiere sea
reconocido debe reunir ciertas características , solo son
susceptibles de ser reconocidos aquellos documentos de los que
resulte una obligación mercantil, de dar una suma de dinero, que se
líquida y no sujeta a plazo .
El reconocimiento de firma para preparar el juicio ejecutivo mercantil
constituye una confesión rendida antes de juicio y es precisamente
el reconocimiento que se hace el que produce la certeza del adeudo
y permite el acceso a la vía ejecutiva.-La finalidad de las diligencias
preparatorias es atribuir eficacia ejecutiva a un documento que
originalmente no la tenía No es el documento privado el que tiene
fuerza ejecutiva sino la confesión de su certeza que es el
reconocimiento , pues al reconocer el documento significa que se
ha aceptado la obligación .
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Solo puede reconocer un documento privado el que lo firma, lo
manda extender o el legítimo representante con poder bastante
para absolver posiciones .
Procedimiento para este medio preparatorio.
El promovente de éste medio preparatorio deberá presentar su
demandada ante juez competente, en el que se expresara, el monto
del adeudo ,su origen y se acompañara el documento que se
pretende se reconozca en original. Una vez admitido dicho medio el
juez ordenara al actuario se constituya en el domicilio del deudor
para que bajo protesta de decir verdad haga reconocimiento de la
firma , así como del origen y monto del adeudo
Y se le entregara cedula de notificación en la que se encuentre
transcrita la orden del juez .De no encontrar al deudor se le dejara
citatorio para que espere al actuario dentro de las 6 a las 72 horas,
y así hasta cinco veces y de no localizarse ahí concluirán los
medios preparatorios devolviéndose al interesado los documentos
exhibidos y dejando a salvo los derechos.
Si se encuentra al deudor en cualquiera de las búsquedas se le
requerirá para que reconozca la firma, si requerido que sea dos
veces se niega a hacerlo se le tendrá por reconocida. Cuando se
reconozca la firma , más no el origen o el monto del adeudo el
actuario lo prevendrá para que en el acto de la diligencia o dentro
de los cinco días siguientes exhiba las pruebas documentales que
acrediten su contestación . De no hacerlo el juez tendrá por cierto el
adeudo o por la cantidad que deje de acreditarse que no se
adeuda.
Cuando no se reconozca la firma se dejaran a salvo los derechos
del acreedor para que los ejercite en la vía y forma que en derecho
proceda.
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Si se reconoce la firma y la certeza del adeudo se expedirán copias
certificadas al acreedor, para que estas sean su título ejecutivo.-
3.-Puede hacerse el reconocimiento de documento mercantil ante
notario o corredor público ya en el momento de su otorgamiento o
con posterioridad respecto de aquellos documentos que se hayan
firmado sin la presencia de dicho fedatario siempre que lo haga la
persona obligada en forma directa o el apoderado con cláusula
especial para ello. El Notario o corredor harán constar el
reconocimiento al pie del documento mismo asentando si la
persona que lo reconoce es el obligado directo o su apoderado
señalando el número de escritura y la fecha de la misma.
