Conceptos jurídicos indeterminados: Justiprecio o … · Conceptos jurídicos indeterminados:...

1

D E R E C H O E N S O C I E D AD , N . º 5 . J u l i o d e 2 0 1 3

Revista electrónica de la Facultad de Derecho, ULACIT – Costa Rica

Conceptos jurídicos indeterminados:

Justiprecio o precio justo Vanessa Zamora Guzmán1

Resumen

En términos generales, la conducta administrativa se realiza a través de diferentes actuaciones

materiales y formales asentadas en normas jurídicas. De ahí nace el término de concepto

jurídico indeterminado, con respecto al cual la ley no determina claramente cuál es el límite del

concepto, lo que causa que guarde un cierto grado de vaguedad. En alguna medida, esta es

una técnica necesaria para el legislador, aun cuando no necesariamente es la más idónea. Sin

embargo, a través de la doctrina, podemos conceptualizar los conceptos jurídicos

indeterminados como aquellos que no admiten una cuantificación o una determinación en

forma tajante y rigurosa ―a pesar de su referencia a una cierta imprecisión―, sino que se ve

contrastada con la referencia precisa de que se trata de un supuesto de la realidad que admite

ser precisado justamente en el momento de su aplicación. Para este artículo, se ha considerado

trabajar sobre un tema de los conceptos jurídicos indeterminados, enfocándose especialmente

en el justiprecio o precio justo. De esta forma, el justiprecio o justo precio será el pago que se

recibe como producto de la pérdida de los bienes y derechos que han sido retirados de su

1 Administradora de empresas con énfasis en Recursos Humanos, licenciada en Psicología, bachiller en Teología, máster en Administración de Proyectos, máster en Comunicación y Mercadeo y egresada de la Maestría en Gestión Ambiental. Actualmente se encuentra cursando el Doctorado en Ciencias de la Administración en la UNED, la Maestría en Docencia y Currículum Universitario y finalizando el Bachillerato en Derecho, ambos en ULACIT; el posgrado en Entornos Virtuales de Aprendizaje de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI); el bachillerato en Criminología y la licenciatura en Teología; ambas en la UNED. Labora como Especialista en monitoreo y evaluación para el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Correo electrónico: [email protected]

2



dominio, y supone una compensación íntegra por la pérdida patrimonial que ha sufrido la

persona expropiada. Palabras claves: Concepto jurídico indeterminado, justiprecio, precio

justo, pago, Ley de Expropiaciones.

Abstract:

Overall, the administrative conduct is conducted through different ways according to a number

of legal rules or regulations. Because of this situation, the indeterminate or vague legal concept

was born, and it seeks to explain an issue where the law does not clearly determined what´s its

own limit, which leads for legal aspects to a certain air of vagueness of the concept. However,

through the doctrine, we can conceptualize legal concepts such as the indeterminate legal

concept which does not support a quantification or determination as sharp and rigorous as

others. Despite its reference to some inaccuracy, it is contrasted with the precise reference of

its assumption as a reality that supports and is pointed precisely at the time of its own

application. For this article, and as part of the general work on indeterminate or vague legal

concepts, we will focus especially on the valuation or fair price. Thus, the valuation or fair price

will be a fair compensation that is received as a result of the loss of property and rights that

have been expropriated and it stands as a full compensation for the pecuniary loss suffered by

the person expropriated. Key words: Vague or indeterminate legal concept, valuation, fair

price, payment, Expropriation Law.

Introducción

Las preguntas que cabría formularse para iniciar este artículo serían si es pertinente partir de

una pseudo o presunta definición de los conceptos jurídicos indeterminados y de su nivel de

aplicación, cómo se definiría justiprecio o precio justo, cuáles serían sus elementos, cuáles

serían sus formas de pago y características, y cuál ha sido la jurisprudencia que se ha

establecido con respecto al concepto en Costa Rica.

3



El concepto jurídico indeterminado consta de factores objetivos y subjetivos que, dependiendo

de esa circunstancia específica, van a determinar su significado. Una primera aclaración que se

debe realizar es que la indeterminación no es absoluta o total, como si correspondiera a los

progresivos, donde en algunos de sus factores es fácilmente determinable si corresponde o no

al concepto, mientras que en otros casos, la generación de grises impide establecer esto con la

seguridad que se deseara.

Por su parte, Quirós (s.f.) indica que los conceptos jurídicos determinados definen con precisión

al objeto al cual se refieren, mientras que los conceptos jurídicos indeterminados carecen de

una precisa acepción (p. 2). Entonces, como objetivo general, es necesario determinar la

conceptualización del concepto jurídico indeterminado: justiprecio o precio justo.

Por consiguiente, se plantean los siguientes objetivos específicos, que servirán para enrumbar

la investigación:

Conceptualizar los conceptos jurídicos indeterminados

Contextualizar los conceptos jurídicos indeterminados en cuanto a su importancia para

el derecho

Conceptualizar el concepto jurídico indeterminado: justiprecio o precio justo

Contextualizar el concepto de justiprecio en relación con la jurisprudencia en Costa Rica

Capítulo I: Los conceptos jurídicos indeterminados

Para poder entrar en un tema por demás complejo, es pertinente realizar aproximaciones de

algunos aspectos básicos que se interrelacionan en la materia, por lo que se pasa en seguida a

considerarlos.

4



Sección I: La vaguedad del lenguaje

De acuerdo con Serrano (2007),

“El concepto jurídico indeterminado es, en sí mismo un concepto hueco que hay que

llenar: no basta con decir que hay interés público, hay que concretar en qué consiste, en

ese caso, el interés público. Los conceptos jurídicos indeterminados han de ser llenados

de contenido en cada caso concreto” (p. 1).

Como ya habíamos adelantado, hay momentos o situaciones donde es incuestionable que la

situación corresponde o no al concepto; y otros donde el nivel de indeterminación se

incrementa. Es allí donde radica lo interesante de la figura jurídica. Esto quiere decir que el

concepto jurídico indeterminado tiende a ser un concepto en creación, que no ha sido

finalizado, sino que varía para cada contexto y para cada caso concreto, y por ende debe verse

como tal y no en absoluto.

Afirma también Serrano (2007), que

“El concepto jurídico indeterminado tiene que ser llenado de contenido mediante la

aplicación a las circunstancias específicas del caso de los factores objetivos y subjetivos

que sean congruentes con su enunciado genérico, mediante una explicación y aplicación

al caso concreto: no se puede decir que hay urgencia sin explicar en qué consiste esa

urgencia y si se alude a la necesidad es preciso también explicar lo que se entiende por

ella” (p.1).

Al ser indeterminados, estos conceptos jurídicos no van a ser precisos, sino que su precisión

variará dependiendo del objeto al que se estén refiriendo en ese determinado momento o

5



contexto histórico. Esta situación genera un nivel de inseguridad jurídica y un amplio margen de

discrecionalidad administrativa para el operador jurídico.

Sección II: Características y estructura

Se hace necesaria una aclaración básica. Para el jurista español Eduardo García, no existen este

tipo de conceptos claramente definidos. La lógica del razonamiento es sencilla para el carácter

general, es decir que se tornan conceptos tan generales y abstractos que cuesta determinarlos

o definirlos, pero cuando se trata de un caso en concreto, en principio es la Administración

quien termina por definirlo o determinarlo y es en estos casos, cuando lo indeterminado se

torna determinado, dotándolo en ese momento de contenido, y salvándolo de su

indeterminación. Al respecto, García de Enterría y Fernández (2003) indican que:

“Doctrinariamente los conceptos jurídicos indeterminados se entenderán como aquellos

que ‘por su referencia a la realidad’, la ley refiere una esfera de realidad cuyos límites no

aparecen bien precisados en su enunciado, no obstante lo cual es claro que se intenta

delimitar un supuesto concreto. La ley no determina con exactitud los límites de esos

conceptos porque se trata de conceptos que no admiten una cuantificación o

determinación rigurosas, pero en todo caso es manifiesto que se está refiriendo a un

supuesto de la realidad que, no obstante la indeterminación del concepto, admite ser

precisado en el momento de la aplicación; pero al estar refiriéndose a supuestos

concretos y no a vaguedades imprecisas o contradictorias, es claro que la aplicación de

tales conceptos o la calificación de circunstancias concretas no admite más que una

solución” (p. 448-449).

6



Es más bien la posición crítica alemana, aceptada en muchas otras latitudes, la que pone en

evidencia lo complejo de los conceptos, la necesidad de delimitarlos y de alguna manera cerrar

la indeterminación al menos en alguna medida. Al ser conceptos que no están determinados,

como su nombre lo indica, no pueden ser tampoco delimitados en términos de cuantificación,

y por ende partirían de un supuesto de realidad, que será precisado justo y solo justamente al

momento de su aplicación.

García de Enterría y Fernández (2003) indican que “con los conceptos jurídicos indeterminados

es la misma indeterminación del enunciado lo cual no se debe de traducir en una

indeterminación de las aplicaciones del mismo, las cuales sólo permiten una única solución en

cada caso” (p. 1).

Por ello, y a continuación forma parte de las características propias de los conceptos jurídicos

indeterminados, es que permiten esa única y justa solución para un caso en específico. Pozas

(2008) por su parte indica, tomando como referencia a García de Enterría (2006) y a Muñoz

(2009), que las características del concepto jurídico indeterminado son, a saber (p. 1):

En este tipo de conceptos la ley se refiere a una esfera de realidad cuyos límites no

aparecen bien precisados en su enunciado, no obstante intenta delimitar un supuesto

concreto.

Admite una solución justa y correcta en cada caso.

Es un caso de aplicación de la ley, puesto que se trata de subsumir en una categoría

legal; por esto es un proceso reglado, en el que no interfiere ninguna decisión de

voluntad del aplicador, como es lo propio de quien ejercita una potestad discrecional.

El juez puede controlar la aplicación del concepto jurídico indeterminado, valorando si la

solución a que con ella se ha llegado es la única solución justa que la ley permite.

7



Entonces, es claro, cómo en el caso de los conceptos jurídicos indeterminados, la esfera de la

realidad no queda debidamente delimitada y se admite solamente una solución o alternativa

posible en cada caso.

Por otra parte, con respecto a la estructura de los conceptos jurídicos indeterminados, Muñoz

(2009) afirma que

“siguiendo la doctrina alemana y su teoría del margen de la apreciación

(Beurteilungsspielraum), se puede distinguir que un concepto jurídico indeterminado

está compuesto por “un núcleo de los conceptos” (Begriffskern) y su halo (Begriffshof) y

que el primero delimita un ámbito de absoluta certeza sobre la significación del

concepto, mientras que el segundo marca la zona de incertidumbre que existe en

cualquier concepto jurídico, y que es más amplia en el caso de los conceptos jurídicos

indeterminados” (p. 532)

Entonces, como se ha tratado de definir, el concepto jurídico como tal va a presentar la razón

de ser del concepto, su núcleo, pero al ser este indeterminado, presentará su halo, el cual es

precisamente el que le marca la incertidumbre que en este caso caracteriza a dichos conceptos

jurídicos. Sin embargo, en este mismo tema de las estructuras, se introduce una tercera

estructura de los conceptos jurídicos indeterminados (Muñoz, 2009, p. 532):

“un núcleo (begriffkerm) o zona de certeza configurado por datos previos y seguros, una

zona intermedia o de incertidumbre o Halo del Concepto (Begriffhof) más o menos

impreciso, y una zona de certeza negativa, también segura en cuanto a la extensión del

concepto”.

8



Este autor admite una zona más―además de las comentadas, el núcleo y el halo― y lo cataloga

como una zona de certeza negativa propia, que le brinda seguridad en cuanto a su concepto.

Por ejemplo, según García de Enterría y Fernández (2003, p. 452),

“la doctrina española para poder explicar la estructura de los conceptos jurídicos

indeterminados utiliza un criterio trizonal que es más antiguo que el anterior. Entonces

en la estructura de todo concepto jurídico indeterminado será “identificable un núcleo

fijo (Begriffskern) o “zona de certeza”, configurado por datos previos y seguros, una zona

intermedia o de incertidumbre o “halo del concepto” (Begriffshof), más o menos precisa,

y finalmente, una “zona de certeza negativa”, también segura en cuanto a la exclusión

del concepto”.

De esta forma, una conceptualización de alguna manera pragmática de los conceptos jurídicos

indeterminados se podría hacer al definirlos como normas que contienen una forma de textura

abierta, representando aquel tipo de reglas en donde el señalamiento de los elementos del

supuesto de hecho tiene la nota de ambigüedad.

Por esto, lo que se intenta demostrar es que son conceptos que tienen una definición

normativa que es necesariamente imprecisa, a la que ha de otorgarse alcance y significación

específica a la vista de hechos concretos, y que es precisamente por esto que su empleo

excluye que existan otras soluciones que sean igualmente legítimas, imponiendo la existencia

de una única y correcta solución para cada caso concreto. Brewer (2005) es el autor que

claramente complementa este concepto, al afirmar que

“los conceptos jurídicos indeterminados exigen por naturaleza, que a la luz de una

situación concreta, se indague su significado hasta dar con la única solución justa. Es

9



decir, describe un objetivo, un fin y un principio que sustenta a la idea o concepto que a

su vez considera en abstracto una serie de hechos, conductas o situaciones que pueden

ser objeto de regulación en los casos concretos” (p. 108).

Definir el contenido del supuesto de hecho en un concepto jurídico indeterminado resulta tan

complejo que puede requerir de una especial valoración, sobre todo por el lenguaje empleado

en su redacción, por lo que requerirá acudir a otras disciplinas para dicho proceso de

definición. Por último, Tron (s.f.) afirma que en mérito a lo dicho,

“definir si una determinada situación real afecta o no al interés público o tiene una cierta

calificación o trascendencia o significado bajo contextos variables y cambiantes, exige

una valoración o ponderación de las circunstancias que se plantean frente al supuesto

legal, que es extremadamente maleable y variable, incluso de un caso frente a otro, ya

que condiciones de tiempo, modo, lugar, axiológicas, sociales, políticas, económicas,

empíricas, etcétera, obligan a formular especiales valoraciones y reflexiones de corte

casuístico” (p.63).

Sección III: Tipos, control e interpretación

Para comentar sobre los tipos, el control y la interpretación de los conceptos jurídicos

indeterminados, García de Enterría y Fernández (2003) señalan que existen distintos tipos de

conceptos jurídicos indeterminados, a saber:

Los que incorporan nociones de experiencia, es decir, se ventilan en la apreciación de

los hechos la doctrina. Para éstos pone el ejemplo de verificar si un edificio está en ruina

o no.

10



Los que incorporan conceptos de valor, es decir, estos implican juicios de valor, bien

sean técnicos por ejemplo el “impacto ambiental”, o políticos por ejemplo “interés

público”, “utilidad pública” (p. 450).

Existen, entonces, dos tipos de conceptos jurídicos indeterminados: los que incluyen la

experiencia a través de la doctrina y los que incluyen los juicios de valor. Es decir, para definir,

están los tipos basados en la experiencia y los basados en los juicios de valor. Al respecto, Pozas

(2008) citando a Gordillo (2003)

“Hace una afirmación dejando en claro que será la justicia quien será la encargada al

final de determinar si se aplicó el concepto jurídico indeterminado de forma correcta. Los

conceptos jurídicos indeterminados son una aplicación de lo reglado, es decir, de la ley

que crea a este concepto; de ahí que correspondería al órgano Judicial subsumir una

categoría legal (configurada, no obstante su imprecisión de límites, con la intención de

acotar un supuesto concreto). Gordillo considera, en el caso de los conceptos jurídicos

indeterminados, que el control eficaz y valido es el jurisdiccional porque tiene la última

decisión y se trata de aplicación de la norma (no delimitada en su forma, pero sí en su

fondo)” (p.22).

Este autor indica que no es la experiencia ni el juicio de valor lo que definirá al concepto

jurídico indeterminado, sino la justicia que fuera aplicada o no a dicho concepto. Tal y como lo

indica Díaz (2006), “cuando hablamos de conceptos jurídicos indeterminados, estamos haciendo

referencia a aquellos términos contenidos en la ley, sujetos a la interpretación del órgano

administrativo en la aplicación del acto” (p. 30). Según Díaz (2006), es de hacer notar que “la

doctrina sostiene que la aplicación e interpretación de los conceptos jurídicos indeterminados es

un mecanismo diferente al aplicado cuando la ley atribuye a la administración facultades

11



discrecionales” (p.30). Entonces, lo que se intenta explicar es que la determinación del

concepto jurídico indeterminado es un proceso reglado, al aplicarse a una realidad concreta, en

particular, en la cual los jueces están facultados para controlar la aplicación de esa solución

desde el punto de vista fáctico jurídico.

Sección IV: Los conceptos y su importancia en el derecho

Siguiendo a González (1999),

“la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados, es común a todas las esferas del

derecho. En el marco del derecho privado queda enmarcada dentro de la teoría general

de la interpretación jurídica. A veces sin embargo, cuando son conceptos jurídicos muy

indeterminados, su interpretación se plantea como un problema de lagunas “intra

legem”. En el ámbito del derecho constitucional y administrativo, la teoría de los

conceptos jurídicos indeterminados es compleja. No es sólo cuestión de resolver

problemas de interpretación sino de establecer las razones a las que el poder judicial

puede revisar las decisiones en esta materia tomada por la Administración Pública. Se

trata de una teoría que se mueve en el ámbito de la dialéctica autoridad-libertad y cuya

tarea específica es como dice García de Enterría “servir a la idea de someter el poder

sistemáticamente a un juicio en el que cualquier ciudadano pueda exigirle

cumplidamente justificaciones de su comportamiento ante el derecho” (p.5-6).

Es así como el tema de los conceptos jurídicos se puede ver tanto desde la esfera pública,

como la privada. Ello quiere decir que independientemente de su esfera de acción o su ámbito

12



de trabajo, resultan fundamentalmente importantes y necesarios para el derecho y sus

diferentes ramas. Por su parte, García de Enterría y Fernández (2003) comentan que

“por su referencia a la realidad, los conceptos utilizados por las leyes pueden ser

determinados o indeterminados; los conceptos determinados delimitan el ámbito de

realidad al que se refieren de una manera precisa e inequívoca; en cambio con la técnica

del concepto jurídico indeterminado, la ley refiere una esfera de realidad cuyos límites no

aparecen bien precisados en su enunciado, no obstante lo cual es claro que se intenta

delimitar un supuesto concreto. La ley no determina con exactitud los límites de esos

conceptos porque se trata de conceptos que no admiten una cuantificación o

determinación rigurosas, pero en todo caso es manifiesto que se está refiriendo a un

supuesto de la realidad que, no obstante la indeterminación del concepto, admite ser

precisado en el momento de la aplicación; pero al estar refiriéndose a supuestos

concretos y no a vaguedades imprecisas o contradictorias, es claro que la aplicación de

tales conceptos o la calificación de circunstancias concretas no admite más que una

solución” (p. 452).

La importancia precisa para el derecho del concepto jurídico indeterminado radica en que

precisamente al ser no preciso, esa esfera de realidad y precisión que limita se la da el caso

concreto, que permite definir todo concepto jurídico que no esté previamente determinado,

para no caer en lagunas.

Según el Centro de Documentación Judicial de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, con

la técnica del concepto jurídico indeterminado, la ley se refiere a una esfera de realidad cuyos

13



límites no aparecen precisados en su enunciado, pero con lo cual se intenta delimitar un

supuesto concreto. Lo que sucede es que la ley no determina exactamente los límites de estos

conceptos porque se trata de conceptos que no admiten una cuantificación o determinación

rigurosas, pero manifiestan que se está refiriendo a un supuesto de la realidad que ―no

obstante su indeterminación― admite ser precisado en el momento de su aplicación.

Finaliza el Centro de Documentación Judicial de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador

indicando que siendo la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados un caso de aplicación

e interpretación de la propia ley que ha sido la que ha creado el concepto, el juez puede

fiscalizar sin esfuerzo dicha aplicación, valorando si la situación a la que se ha llegado es la única

justa que la ley permite para tal efecto.

Entonces, los conceptos jurídicos indeterminados son conceptos abstractos, universales y

generales, que tienen que incluir términos universales ante la imposibilidad de un casuismo.

El que se apliquen en el tiempo no depende de una voluntad discrecional, sino de una

interpretación y aplicación de la ley; no puede ser al azar, porque evolucionan y cambian según

el contexto histórico socio-cultural. Su importancia para el Derecho es que le permiten a este el

contar con un concepto lo suficientemente amplio y universal, que sirva para generar una línea

de base para determinar una conducta de la colectividad que va a ser regulada por el Derecho y

que tiene una única forma válida de interpretación, a saber, ese caso concreto.

Por eso, indica Tron (s.f.) que “la forma de actualizarlos al caso concreto, exige un proceso

argumentativo que debe reducir la discrecionalidad y las apreciaciones subjetivas, eliminando la

arbitrariedad”. (p.65)

Capítulo II. Justiprecio

Una vez señalados algunos aspectos básicos, se hace imperativo considerar lo concreto al tema

del justiprecio, base sustancial de este escrito.

14



Sección I: Concepto

Campos (2010) indica que

“el justiprecio ha sido y será una de las cuestiones más conflictivas del Derecho

Administrativo, pues viene a sintetizar el choque entre los intereses públicos y privados

de forma paradigmática, con la particularidad de que las reglas del juego las fija la

propia Administración, no solo por la vía normativa-reglamentaria sino también por los

órganos encargados de determinar el interés público” (p.1).

Sobre el justiprecio o precio justo, se dice que choca en cuanto a intereses públicos y privados,

pues prevalecerá el interés público, en el omento de su determinación. Continúa afirmando

Campos (2010), que “la voluntad de los autores no es otra que la de ofrecer instrumentos de

defensa frente a la actuación de los órganos de valoración”. (p. 1). Para comprender el

concepto de justiprecio, primero debemos empezar por conocer su contexto, por lo que resulta

imperativa la definición de expropiación.

Según la Unión Postal Universal (2008), a través de su Enciclopedia Jurídica consultada indica

que,

“la expropiación forzosa es una institución jurídica que existe en todos los países

democráticos. La Administración Pública, para la satisfacción del interés público, por

ejemplo, la construcción de una autopista puede necesitar de la propiedad privada. En

estos casos, la utilidad pública que representa esa propiedad, debe lógicamente

prevalecer sobre la utilidad del propietario. Entonces, la expropiación se realiza a través

de un procedimiento que se encuentra minuciosamente regulado en las leyes. En dicho

15



procedimiento los derechos del sujeto expropiado están debidamente garantizados. El

tema más conflictivo en las expropiaciones es la determinación del precio a pagar por el

bien o derecho expropiado. Se establece un procedimiento contradictorio en el que

valora la Administración expropiante y el sujeto expropiado. En caso de discrepancia

interviene un órgano que es quien fija el precio del bien expropiado, y si las partes no

están de acuerdo con el precio, pueden acudir a los Tribunales” (p.1).

De esta manera, el justiprecio sería el precio por pagar en una expropiación, y por ende, como

se ha mencionado, privará el interés público sobre el particular. Así, la Universidad de Málaga y

la Fundación Universitaria Andaluza Inca Garcilaso (2005) lo definen como:

“la estimación o apreciación de una cosa en su justo valor. La idea del precio justo deriva

de las enseñanzas de los escolásticos, particularmente el monje Tomás de Aquino (1225-

74), quien creía que el precio de una mercancía para ser justo tenía que permitir a 'su

productor o al artesano de aquella época conservar su nivel de vida. Los precios,

antiguamente, eran fijados por las autoridades y los gremios, pero, aun así, fluctuaban

por razones de cosechas, escasez de operarios o de materias primas. Carlomagno (742-

814) dictó leyes muy severas para imponer la estabilidad de los precios, pero las fuerzas

económicas operan independientemente de las nociones éticas, y de ahí que los

escolásticos más esclarecidos admiten que el precio justo no ha de ser precisamente un

precio fijo o estable” (p.1).

16



Como no ha de ser un precio fijo, variará según la ocasión o el interés público que se esté

velando; por ejemplo, según el Derecho Administrativo Español, el precio justo representa un

equilibrio razonable entre el sacrificio expropiatorio y su reparación económica. Por lo que se

da cierto margen de libertad para determinar las reglas de valoración de los bienes o derechos

expropiados; que espera como mínimo un equilibrio justo entre el valor económico del bien y la

indemnización.

Concluye indicando la legislación española que el justiprecio constituye esa indemnización

económica que compensa la pérdida de la cosa o derecho expropiado.

Sección II: Características, determinación y elementos

Para definir las características, determinación y elementos, el Derecho Administrativo Español,

hace una interesante reflexión académica al respecto. Según el Derecho Administrativo

Español, en términos generales, la jurisprudencia ha identificado el justiprecio y el valor de

sustitución y sostiene que la compensación por el bien que se pierde debe permitir al

perjudicado sustituir ese bien con otro que sea igual o similar. Continúa indicando el Derecho

Administrativo Español, que la jurisprudencia ha hecho una regla de libertad estimativa, a

saber:

El verdadero valor o el valor real que se pretende alcanzar no es el valor de mercado,

sino más bien el valor objetivo de ese bien o derecho.

Esa valoración que se le da al bien está libre de la utilización de criterios legales.

Esa misma valoración del bien debe estar motivada, para bienes similares o parecidos,

promoviendo así tanto la igualdad jurídica como la congruencia del acto administrativo.

Específicamente, en Costa Rica, para el tema que nos ocupa y según la Ley 7495 sobre las

Expropiaciones, para realizarlas será indispensable un acto motivado, mediante el cual el bien

17



por expropiar se declare de interés público. La declaratoria de interés público deberá

notificarse al interesado o a su representante legal y será publicada en La Gaceta.

Por su parte, según el artículo 21 de dicha Ley,

“sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 de esta ley, cuando se requiera adquirir

bienes o afectar derechos para fines de interés público, la Administración deberá solicitar

a la dependencia especializada respectiva o, si esta no existiere, a la Dirección General

de Tributación Directa, que practique el avalúo administrativo correspondiente por

medio de su propio personal o con la ayuda del personal necesario, según la especialidad

requerida. El avalúo deberá rendirse en un plazo máximo de dos meses, contado a partir

del recibo de la solicitud”. (Así reformado por el artículo 1º de la ley No.7757 de 10 de

marzo de 1998). (p.7).

Por ello, en nuestro país, para determinar el justo precio, aparte de los criterios estipulados en

el inciso 2) del artículo 40, el perito deberá cumplir las siguientes disposiciones:

El avalúo administrativo deberá indicar todos los datos necesarios para valorar el bien

que se expropia y describirá, en forma amplia y detallada, el método empleado.

Por otra parte, es importante mencionar a la legislación española cuando consigna que la

determinación del justiprecio está regulada en la Ley, señalándose tres sistemas sucesivos en el

tiempo:

por mutuo acuerdo: se establece que la Administración y el expropiado convienen en la

adquisición de los bienes o derechos objeto de la expropiación libremente, y ahí

concluye.

18



por hojas de aprecio contradictorias: se abrirá un expediente individual a cada

propietario de los bienes expropiados en los cuales la Administración requerirá que en

el plazo de 20 días presenten la hoja de aprecio en la que concreten el valor en que

estimen del objeto que se les está expropiando.

determinación por un Jurado de Expropiación: si el propietario rechazara el precio

ofrecido, se pasará el expediente de justiprecio al Jurado de Expropiación, para que éste

lo determine.

Existen otras leyes de expropiación en otros países, que son similares a la anteriormente

mencionada, y que siguen dichos sistemas. Por ejemplo, la Ley de Expropiación de Venezuela

indica que entre los elementos de obligatoria apreciación figura que en el justiprecio de todo

bien o derecho que se trate de expropiar, ya sea total o parcialmente, se especificará su clase,

calidad, situación y todas las otras circunstancias que influyan en los cálculos que se hayan

hecho para fijar su justo valor y este deberá ser equivalente al bien expropiado.

Sección III: Pago

Para hablar sobre el pago en las expropiaciones, es decir el pago de ese precio justo, García

(2011) nos indica que,

“en las expropiaciones, en las que el propietario pierde un bien inmueble, u otro tipo de

bien o derecho de manera forzosa, por razones de utilidad pública o interés social, el

expropiado tiene, a cambio, derecho a que se le abone un justo precio o justiprecio. Este

justiprecio, en principio, es una obligación de la Administración territorial (Estado,

Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos), pero, en ocasiones, puede

concurrir un tercero, el llamado beneficiario de la expropiación, que puede ser una

19



entidad pública o incluso privada (caso típico de los concesionarios) y es el que adquiere

el bien y está obligado a pagar el justiprecio. O solo usa el bien y paga el justiprecio, a

modo de beneficiario impropio, como las concesionarias de autopistas de peaje, ya que

la vía y los terrenos correspondientes son de dominio público de la Administración” (p.1).

Entonces, es importante indicar que en el tema específico de las expropiaciones, el expropiado

tiene derecho a que se le abone un justo precio o justiprecio. Al respecto y con el interés de

especificar, continúa mencionando García (2011), que

“aunque la regla general en nuestras leyes es que el expropiado cobre primero el valor

del bien expropiado y luego pierda su posesión, esta regla lo es solo en el papel y, en la

práctica, la inmensa mayoría de las expropiaciones se tramitan de manera urgente,

haciendo supuesto común de lo que la Ley considera como excepción, lo que permite

desposeer al expropiado desde el principio, con un pago a cuenta ridículo, mal calculado

sobre una normativa ya inaplicable, a la espera de que, tras meses y años, se determine

finalmente el justiprecio que deba cobrar y le sea ingresado” (p.1).

De esta forma, si se quiere extrapolarlo a la realidad socioeconómica y la crisis que se está

viviendo actualmente en nuestros países, complementa García (2011) indicando que

“ante la situación de crisis económica que se está viviendo, muchos expropiados se

preguntan qué pueda suceder si la entidad que está obligada al pago resulta insolvente.

Este problema resulta más alarmante en el caso de que el obligado al pago del

justiprecio (beneficiario, propio o impropio) sea una entidad distinta de la

20



Administración. Es cierto que, a día de hoy, tampoco constituye una gran seguridad que

una Administración Pública te deba dinero: el supuesto dogma de la solvencia de la

Administración no es ya sostenible”. (p.1)

Muchas Administraciones, en especial, ayuntamientos/municipalidades indica García (2011)

que,

“se encuentran en una verdadera situación de insolvencia. Pero, al menos, la

Administración no puede ser declarada en concurso, cabe pensar en impugnar los

presupuestos municipales si no recogen las partidas pertinentes para el pago y, en

definitiva, existe la expectativa de cobrar en algún momento. Teniendo en cuenta que los

intereses de demora, calculados al interés legal, son hoy bastante superiores al interés

bancario, por lo que la demora tampoco es tan preocupante (aunque, eso sí, priva de

liquidez al expropiado)” (p.1).

Por ello, indica García (2011),

“que el cobro del justiprecio exigirá el cumplimiento de las formalidades presupuestarias

correspondientes y se planteará el típico problema de la dificultad de cobrar frente a la

Administración y de la limitación de la ejecución de sentencias pecuniarias por los

tribunales respecto de bienes de dominio público o de dominio privado de la

Administración destinados a un uso o servicio público. Pero ésta es la situación ya

conocida, siquiera agravada por la crisis económica y la falta de liquidez de las

Administraciones Públicas” (p.1).

21



Entonces, el precio justo no podrá ni deberá ser pagado sino se han seguido y cumplido las

formalidades presupuestarias correspondientes y establecidas. Aquí conviene realizar una

precisión terminológica. La indemnización es una retribución posterior a partir de una lesión

antijurídica. El pago, por su parte es precio. La lógica en materia expropiatoria es que sea un

pago, de suerte que la persona desapoderada, adquiere el importe económico que le permita

comprar un bien de semejantes características. El problema radica ―como se está viendo― en

que el pago total, completo o definitivo se genera al final, con la sentencia que mediante un

proceso especial con autoridad y eficacia de la cosa juzgada formal (lo que indica que es

revisable) define el importe. Eso lleva a la consecuencia de que al menos el pago de lo ofrecido

por la Administración, que se supone que es buen pago hasta la sentencia, se realiza al principio

(con la puesta en posesión o el desapoderamiento del interesado) y el remanente con la

sentencia en caso de haberla. El artículo once de la ley de la materia llega a reconocer

intereses desde la puesta en posesión hasta el pago definitivo, lo que como frutos civiles de una

obligación dineraria tiene sentido; lamentablemente omite cualquier pronunciamiento en

cuanto a la actualización económica.

Por último, concluye García (2011) indicando que,

“la mayor inquietud de los expropiados es la relativa al caso de que el obligado al pago

sea un beneficiario, propio o impropio, distinto de la Administración. Si tiene un carácter

administrativo (p.ej. organismo autónomo o entidad pública empresarial) la situación no

es muy distinta del caso de que sea la propia Administración territorial la obligada”…“se

trata, al fin y al cabo, de entidades de Derecho público, meramente instrumentales de la

Administración, cuya creación, modificación o incluso extinción, nunca puede obviar un

crédito de Derecho público como es el justiprecio. Lo contrario constituiría un claro abuso

de la personalidad jurídica (que tiene un mero carácter instrumental, máxime en la

22



Administración Pública, y que no puede emplearse en fraude de los acreedores). A lo

sumo, se producirá una subrogación en la persona del deudor, pero nunca se podrá

eludir ni reducir el importe a pagar” (p.1).

Así, por ejemplo, en nuestro país, los artículos 47 y 48 de la Ley de Expropiaciones, determina el

pago y el depósito del justiprecio, al indicar que:

el justiprecio será pagado en dinero efectivo, salvo que el expropiado lo acepte en

títulos valores. En este caso, los títulos se tomarán por su valor real, que la Bolsa

Nacional de Valores certificará por medio de sus agentes o, en su defecto, un

corredor jurado. Firme la sentencia, el pago de la indemnización o de la diferencia

con el avalúo administrativo aceptado, depositado y retirado por el propietario, se

realizará mediante el trámite establecido en la Ley de Administración Financiera de

la República, para el caso del Gobierno central. Los demás entes públicos efectuarán

el acuerdo de pago. Transcurridos tres meses desde que el fallo es ejecutorio sin

que se haya pagado al expropiado, la Oficina de Presupuesto del Ministerio de

Hacienda y la Contraloría General de la República ordenarán una reserva, en el

presupuesto ordinario o extraordinario de la Administración obligada al pago, hasta

por el monto del justiprecio, para garantizar el cumplimiento de la sentencia. (Así

reformado por el artículo 1º de la ley No.7757 de 10 de marzo de 1998) y

cuando el expropiado no retire el justiprecio, éste permanecerá depositado a la

orden del juzgado que conoció de la expropiación. Los propietarios del justiprecio o

sus representantes legales podrán solicitar su giro en cualquier tiempo (p.18).

Al respecto, Rissel (2011) indica sobre el precio justo que:

23



“Fair price will be determined by an appraisal that the administration requests from the

respective specialized dependency or, if there is none, from the General Bureau of Direct

Taxation. With respect to the form of payment, the new Law clarifies one of the points

that had formerly been most controversial. In relation to this point, and on the possibility

of the indemnity being paid in bonds as jurisprudence had previously admitted, Article 47

expressly stipulates: "Fair price shall be paid in cash, unless the condemned accepts

payment in bonds. In this case, these bonds shall be for their real value, which the

National Stock Exchange will certify through its agent, or, in his absence, by a sworn

broker” (p. 2).

Por ello, para el caso de Costa Rica, Rissel (2011) indica que

“With respect to indemnity to be paid by the State, the new Law on Expropriation uses

the concept of "fair price." Article 1 of said Law establishes: "This law regulates forced

expropriation on grounds of legally proven public interest. Expropriation is based on the

exercise of the right of jurisdiction of the Public Administration and includes any form of

alienation of private property or rights or legitimate patrimonial interests, whoever their

owners may be, by the prior payment of an indemnity that represents the fair price of

the expropriated goods." (Article 1, Law on Expropriation No. 7495 of May 3, 1995) (p.2).

Con respecto al tema de los intereses, como ya lo indicamos, el artículo 11 de la Ley de

Expropiaciones de nuestro país, establece que

24



“la administración estará obligada a reconocer intereses al expropiado, de oficio y a la

tasa legal vigente, a partir de la desposesión del bien y hasta el pago efectivo. Cuando

exista un depósito del avalúo administrativo, los intereses se calcularán sobre la

diferencia entre este y el justiprecio” (p.4).

Otro de los temas, que no escapa a ser tratado en esta materia del justiprecio radica en el

hecho de cuál debe ser la fecha sobre la que se establezca el justiprecio. Esto quiere decir el

momento en el cual debe considerarse para el pago. Siguiendo los artículos 29 y 30 de la

mencionada Ley, la fecha sería considerada en el momento del avalúo administrativo.

Cito los artículos 29 y 30 de la Ley, para poder tener más claridad en el asunto.

ARTÍCULO 29.- Inicio del proceso especial de expropiación: La Administración Pública

deberá iniciar el proceso especial de expropiación ante el juzgado competente, dentro

de los seis meses posteriores a la oposición del propietario al avalúo administrativo. (Así

reformado por el artículo 1º de la ley No.7757 de 10 de marzo de 1998)

ARTÍCULO 30.- Objeto de litigio: En el proceso especial de expropiación, solo se

discutirán asuntos relacionados con la revisión del avalúo administrativo del bien

expropiado, según las condiciones en que se encontraba, para fijar el monto final de la

indemnización.

Sin embargo, existe una posición de que dicha fecha podría ser considerada en el momento del

avalúo judicial, y ante esta imprecisión, la Sala Primera se ha inclinado por fijarlo a la fecha más

cercana a la sentencia, para así evitar la desactualización económica.

Por último, existe otro tema por considerar en el justiprecio y que resulta determinante de

aclarar, y es el hecho de que lo que ha sido realizado en la vía judicial es específicamente la

25



fijación del justiprecio, no la revisión del avalúo administrativo, como se menciona en el artículo

ya citado con anterioridad.

Sección IV: Jurisprudencia

En nuestro país, existe gran cantidad de jurisprudencia sobre el tema en cuestión. Por ello, se

tratará de hacer apenas una mera aproximación de algunos textos en donde ha sido

considerado el tema del precio justo o justiprecio.

Por ejemplo, existe la sentencia 00569 del año 2010, del Expediente: 04-000779-0163-CA del

2004, que involucra los temas de:

Cuadro 1

Jurisprudencia en el tema de la expropiación

Fuente: Centro de Información Jurídica en línea. 2011. Recuperado de: http://www.cijulenlinea.ucr.ac.cr

Por otra parte, se encuentra la sentencia 608-2010-I del año 2010, del Expediente 06-000957-

163-CA, que por su parte involucra los temas del Estado y su “potestad” de expropiación.

Al respecto, dicha sentencia indica que:

Temas (Descriptores) Subtemas (Restrictores)

Indemnización por expropiación económica y forma de considerar la revisión del avalúo

administrativo

Expropiación económica y forma de considerar la revisión del avalúo administrativo

Avalúo administrativo para expropiación

l justiprecio, requisitos para la actualización económica y forma de considerar su revisión

26



“La mayoría de los autores consideran que el fundamento de la expropiación es la

utilidad pública, no obstante, se realizan a nivel doctrinal una serie de razonamientos

para aclarar el verdadero fundamento del instituto en estudio.- Se trata pues de

aprovecharse de ciertas ideas para fundar un intervencionismo de tipo conservador al

inicio, progresista en la actualidad que tiende a fortalecer la injerencia del Estado dentro

de la propiedad privada, como ente regulador y planificador de la economía: porque

desde luego, como bien lo afirma Marienhoff, no puede simplemente aceptarse como un

"despojo legal" sino reconocer que se trata de una "institución jurídica de base

constitucional". En el orden de la expropiación se ha dicho que el Estado posee la

facultad de expropiar en virtud de la facultad superior que posee sobre todas las cosas

de propiedad privada sitas en su territorio". Como se observa, esta teoría en la

actualidad es errónea, pues la realidad hoy es otra, amén de que no encontraría cabida

en los sistemas de Derecho.- En cuanto a la segunda teoría supra mencionada, sucede

todo lo contrario, ha de decirse que en virtud de que la propiedad privada no sólo está

reconocida, sino además garantizada, la facultad de expropiar se funda en la potestad

de imperio del Estado, obligando que los intereses particulares cedan ante el interés

general.- He aquí el verdadero fundamento. Como es bien sabido, el objeto del proceso

especial de expropiación, es la fijación de la indemnización debida a la o las personas

que ven lesionados sus derechos, todo con fundamento en la protección contenida en el

artículo cuarenta y cinco de la Constitución Política que ampara la propiedad privada,

27



permitiendo la desposesión, solo en casos específicos, previo pago de aquella. En

consecuencia, la indemnización es el mecanismo para solucionar la situación antagónica

entre el interés público y el privado, por lo que el justiprecio que se conceda, debe ser el

suficiente para cubrir el valor de reposición, esto es, que el desposeído, pueda adquirir

con él, una cosa al menos semejante a la que tenía”.

Asimismo, existe la sentencia No. 08-2011-I del 2011 del Expediente 07-001424-163-CA, que

incorpora el tema de las diligencias de avalúo por expropiación, del avalúo administrativo y el

hecho de que al final es importante dejar en claro que el valor venal del bien expropiado es el

interés del proceso de justiprecio.

Dicha sentencia indica que

“es de advertir sobre esa materia que la ley de rito parte de la premisa de la legitimidad

del avalúo administrativo, salvo que durante el proceso se logre desvirtuar, lo que en la

especie no se ha dado; lo que obligaría generar la consecuencia dicha, pero existen otros

aspectos que también lo legitiman”.

Por último, se incluye una nota del Ministerio de Hacienda, específicamente de Tributación

Directa, de 1998, nota oficial #839, en donde la entonces Directora General a.i. de Tributación

Directa, indica que: “Para el correcto justiprecio de un bien inmueble lo procedente es la

inspección de campo del bien inmueble objeto de valoración”.

Por otra parte, existe el Voto Nº 387-2011-I. del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección

Primera. II Circuito Judicial. San José, de las once horas del treinta de agosto del dos mil once

(EXP. 06-001079-0163-CA), que indica sobre el tema de la fijación y el avalúo del justiprecio en

la expropiación que:

28



1. por otra parte, ex lege, por imperativo legislativo, el rango de discrecionalidad del Juez,

en la fijación del justiprecio, oscilará siempre entre el avalúo menor y el avalúo mayor,

esto es, no podrá fijar una indemnización mayor a la estimada en los avalúos rendidos

(artículo 40 ibídem)

2. la prueba técnica y el reconocimiento judicial, son los elementos materiales ordinarios

mediante los cuales, el juez establecerá el justiprecio

3. El juzgador de instancia procedió a analizar cada uno de los peritajes rendidos y, para la

definición del justiprecio determinado, consideró tres factores, a saber: a) terreno y

Servidumbre, b) Daño al remanente y, c) Sitios de Torre

Conclusiones

El concepto jurídico indeterminado tiende a ser un concepto en creación, que no ha sido

finalizado, sino que varía para cada contexto y para cada caso concreto, por ende debe verse

como tal y no en absoluto. Siguiendo a Pozas (2008), “los conceptos jurídicos indeterminados se

encuentran regulados dentro de todos los ámbitos del derecho, y se encuentran dentro de las

determinaciones regladas” (p.1).

Gordillo (2003), por su parte nos dice que

“que la conducta administrativa a través de normas jurídicas puede realizarse de

distintas maneras y de esta manera logra realizar una clasificación de facultades

regladas y discrecionales, dentro de las que se pueden identificar como regladas nos

menciona que en la discrecionalidad cero, es donde se enmarcan los conceptos jurídicos

indeterminados, ya que dice que ambos términos están emparentados porque “es una

cuestión aparentemente discrecional, lleve a la determinación de que no existe sino una

29



única posible solución justa y razonable al caso, situación en la cual la solución deja de

ser discrecional y se transforma en reglada”. (p.17)

Por ello, al formar parte de las características propias de los conceptos jurídicos

indeterminados, es que permiten esa única y justa solución para un caso en específico, en

concreto. De esta forma, una conceptualización de alguna manera pragmática de los conceptos

jurídicos indeterminados sería definirlos como normas que contienen una forma de textura

abierta, representando aquel tipo de reglas en donde el señalamiento de los elementos del

supuesto de hecho tiene la nota de ambigüedad.

Por otra parte, nos queda claro a lo largo de la investigación, que tal y como lo menciona Pozas

(2008) en su documento,

“los conceptos jurídicos indeterminados como son un caso de aplicación e interpretación

de la ley que ha creado el concepto, el juez puede fiscalizar tal aplicación, valorando si la

solución a que con ella se ha llegado es la única solución justa que la ley permite. En

cambio, el juez no puede fiscalizar la entraña de la decisión, puesto que, se ésta del

sentido que sea, si se ha producido dentro de los límites de la remisión legal a la

apreciación administrativa, es necesariamente justa”. (p.1)

La importancia para el derecho del concepto jurídico indeterminado, radica en que

precisamente al ser no preciso, esa esfera de realidad y precisión que limita, se la da el caso

concreto, que permite definir todo concepto jurídico que no esté previamente determinado,

para no caer en lagunas. Uno de los conceptos jurídicos indeterminados que se abordó en esta

investigación fue el justiprecio o precio justo, que se define como aquél que representa un

razonable equilibrio entre el sacrificio expropiatorio y su reparación económica. De esta

30



manera, el justiprecio sería el precio a pagar en una expropiación. Por ende, como se ha

mencionado, privará el interés público sobre el particular.

En el caso concreto de nuestro país, el justiprecio o precio justo se aborda en la Ley de

Expropiaciones. Al respecto, el artículo 11 de la Ley de Expropiaciones de nuestro país,

establece que:

“la administración estará obligada a reconocer intereses al expropiado, de oficio y a la

tasa legal vigente, a partir de la desposesión del bien y hasta el pago efectivo que

cuando exista un depósito del avalúo administrativo, los intereses se calcularán sobre la

diferencia entre este y el justiprecio”. (p.4)

Por ello, en nuestro país, existe gran cantidad de jurisprudencia sobre el tema en cuestión, para

tratar de interpretar y precisar para cada caso concreto y en una realidad socio-histórica

específica. Por ello, a lo largo de la investigación, se hizo una aproximación muy sucinta de

algunos textos en donde ha sido considerado el tema del precio justo o justiprecio.

Por ejemplo, existe la sentencia 00569, del Expediente: 04-000779-0163-CA del 2004, cuyo

redactor del texto de origen es el Dr. Ricardo Madrigal Jiménez, e involucra los temas de

indemnización por expropiación, expropiación y avalúo administrativo para expropiación. Por

último, en una nota del Ministerio de Hacienda, específicamente de Tributación Directa y una

resolución del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Primera del II Circuito Judicial, se

tratan los temas de justiprecio, fijación y avalúo del justiprecio en la expropiación.

Referencias

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (1995). Ley 7495 de Expropiaciones. San

José, Costa Rica.

31



Brewer, A. (2005). La técnica de los conceptos jurídicos indeterminados como mecanismo de

control judicial de la actividad administrativa. Recuperado de:

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2396/12.pdf

Campos Daroca, José María. (2010). Justiprecio y expropiación forzosa: valoraciones,

tratamiento procesal, sustantivo y tributario. Barcelona. Recuperado de:

http://www.casadellibro.com/libro-justiprecio-y-expropiacion-forzosa-valoraciones-

tratamiento-pro-cesal-sustantivo-y-tributario/1705318/2900001383877

Corte Suprema de Justicia de El Salvador. (s.f.). Centro de Documentación Judicial. Recuperado

de:

http://www.csj.gob.sv/LINEAS%20JURISPRUDENCIALES.nsf/0/9675bd7647f5996b06256

99d0073de02?OpenDocument

Corte Suprema de Justicia. (2004). Sentencia 00569. Expediente: 04-000779-0163-CA del 2004.

Recuperado de :

http://200.91.68.20/SCIJ/busqueda/jurisprudencia/jur_detalle_sentencia.asp?nValor2=

491742&nTesauro=5&nValor1=1&strTipM=E1&pgn=TES&nTermino=13226&lResultado=

0&tem1=Bases%20para%20definir%20el%20justiprecio,%20requisitos%20para%20la%2

0actualizaci%F3n%20econ%F3mica%20y%20forma%20de%20considerar%20su%20revisi

%F3n&param7=0&tem4=''&tem2=&tem3=&nValor3=133833&strDirTe=DD

Díaz Blum, Miguel. (2006). Trabajo Especial de Grado. El principio de legalidad como límite de

las potestades discrecionales inherentes a la actividad administrativa. Universidad

Católica Andrés Bello. Valencia. Recuperado de:

http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAQ7086.pdf

García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón. (2003). Curso de Derecho

Administrativo, Tomo I. 10 edición. Madrid, España. Página 443 y siguientes.

32



García Gómez de Mercado, Francisco. (2011). Expropiación forzosa. ¿Puede la crisis perjudicar

el derecho al cobro del justiprecio? Actualidad Jurídica Aranzadi. Nº 823. Madrid,

España. Recuperado de: http://abogadosexpropiacion.blogspot.com/2011/07/puede-la-

crisis-perjudicar-el-derecho.html

González Ueltzen, Gastón. (1999). Los decretos de necesidad y urgencia en la reforma

Constitucional de l994. Especialización en Derecho Administrativo. Facultad de Ciencias

Jurídicas y Sociales. Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Recuperado de:

http://www.justiniano.com/revista_doctrina/decretos_de_necesidad_y_urgencia.htm

Gordillo, Agustín. (2003). Tratado de Derecho Administrativo. Fundación de Derecho

Administrativo, Buenos Aires, Argentina.

Leyes de Venezuela. (s.f.). Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social de

Venezuela. Recuperado de:

http://www.mipunto.com/venezuelavirtual/leyesdevenezuela/ordinarias/LeydeExpropi

acionporCausadeUtilidadPublicaoSocial.html

Ministerio de Hacienda. (1998). Nota oficial #839. Ministerio de Hacienda, específicamente de

la Directora General a.i.de Tributación Directa.

Muñoz Machado, Santiago. (2009). Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público

General, III. La organización territorial del Estado. Las administraciones públicas. Civitas,

Madrid, España.

Pozas, Mario. (2008). Derecho Administrativo. Sitio de consulta y apoyo para el Curso de

Derecho Administrativo de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. San

Salvador, El Salvador. Recuperado de: http://derecho-

administrativo.blogspot.com/2008/06/conceptos-jurdicos-indeterminados.html

33



Quirós, Inés. (s.f.). Monografía. Derecho Administrativo. Recuperado de:

http://www.monografias.com/trabajos41/derecho-administrativo/derecho-

administrativo2.shtml

Rissel, Dirk. Roger (2011). Eurojuris-Law-Journal. Foreign Investment in Costa Rica. Berlin,

Germany. Recuperado de: http://www.eurojurislawjournal.net/RA/Rissel/Foreign-

Investment-in-Costa-Rica.htm

Serrano Ferrer, Esperanza. (2007). Motivación de Conceptos Jurídicos Indeterminados: o es

Interés Público o es Autonomía Local. Recuperado de: Blog:

http://administracionpublica.com/motivacion-de-conceptos-juridicos-indeterminados-

o-es-interes-publico-o-es-autonomia-local/

Tribunal Contencioso Administrativo. (2011). Voto Nº 387-2011-I. del TRIBUNAL CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. II Circuito Judicial. San José, a las once horas del

treinta de agosto del dos mil once (EXP. 06-001079-0163-CA). Recuperado de:

http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&par

am2=1&tem1=justiprecio&nValor1=1&nValor2=521218&param7=0&strTipM=T&lResult

ado=5&strLib=LIB

Tron Petit, Jean Claude. (s.f.). El qué, cómo y para qué de un concepto jurídico indeterminado

del impuesto sobre la renta. México. Recuperado de:

http://jeanclaude.tronp.com/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=7

Unión Postal Universal (U.P.U). (2008). Expropiación forzosa. Enciclopedia Jurídica. Recuperado

de: http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/expropiacion-forzosa/expropiacion-

forzosa.htm

Universidad de Málaga y la Fundación Universitaria Andaluza Inca Garcilaso. (2005). Justiprecio.

Diccionario económico de nuestro tiempo. Recopilado por Manuel Serra Moret.

Recuperado de: http://www.eumed.net/cursecon/dic/dent/j/jus.htm

34



Conceptos jurídicos indeterminados: Justiprecio o … · Conceptos jurídicos indeterminados:...

Documents

Transcript of Conceptos jurídicos indeterminados: Justiprecio o … · Conceptos jurídicos indeterminados:...