UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA

UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA

CAMPUS CALPULALPAN

DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINARIA

TEMA DE INVESTIGACIÓN:

Corte Interamericana de Derechos Humanos y

Tratados Internacionales respecto a las violaciones

graves de derechos humanos

TUTOR:

GUERRA MÉNDEZ ALDER

PRESENTAN:

CERVANTES HERNÁNDEZ ANA LAURA

ROSALES ROJAS KARLA IZET

SOLÓRZANO CASTRO GLORIA EDITH

Calpulalpan, Tlaxcala, 2012.

2

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 3

CAPÍTULO I TRATADOS INTERNACIONALES 1.1 Concepto 7

1.2 Recepción de los tratados 7

1.3 Facultades de los poderes de la unión 8

1.4 Tratados internacionales en México 11

1.5 Recepción del derecho internacional dentro del derecho mexicano 12

CAPÍTULO II LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHO HUMANOS 2.1 Concepto de derechos humanos 14

2.2 La protección de los derechos fundamentales en el marco de las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno 14

2.3 Corte Interamericana de derechos humanos. 16

2.3.1 Procedimiento. 17

2.3.1.1 Escrito de demanda. 17

2.3.1.2 Sometimiento del caso por parte de un Estado. 17

2.3.1.3 Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas 18

2.3.1.4 Contenido de las sentencias 18

2.3.1.5 Sentencias de reparación y costas 19

2.3.1.6 Pronunciamiento y comunicación de sentencia. 20

CAPÍTULO III VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS 3.1 Definición 21

3.2 Estatuto de Roma 22

3.2.1 Crímenes de Lesa Humanidad 22

3.2.2 Características de los crímenes de lesa humanidad 23

CAPÍTULO IV LA PROPUESTA 4.1 Análisis de las violaciones a los derechos humanos 29

4.2 Puntos concretos a proponer 32

CONCLUSIÓN 33

BIBLIOGRAFÍA 35

3

INTRODUCCIÓN

Ante la realidad que vive el mundo, y ante los constantes cambios que se presentan en

nuestro país, surge la necesidad de hacer la revisión de algunos aspectos jurídicos que

son importantes en nuestro desarrollo como nación.

Dichos aspectos son de diversa índole: económicos, políticos, sociales, culturales y

jurídicos. Por tal razón, y con ámbitos tan complejos, el presente trabajo analiza la

relación existente entre los Tratados Internacionales y nuestra Constitución Política; así

como la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la necesidad de proteger a la

sociedad ante las grandes violaciones que afectan la integridad humana1.

La finalidad del presente trabajo es hacer un análisis, un diagnostico y una propuesta

sobre los cambios que nuestro país debe seguir en la conformación de un nuevo medio

de protección de derechos humanos2.

Debemos tener presente que nuestro Sistema Jurídico Mexicano debe adaptarse a las

circunstancias de los Tratados Internacionales celebrados por México y aceptar los

criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, actuando conjuntamente para el bien común. Y el proyecto que se

presenta, plantea considerar algunas directrices que son necesarias para tal fin; las

cuales pueden ser tomadas en cuenta en la reestructura de nuestro sistema normativo;

comprender el control de convencionalidad o difuso; es decir, que los jueces de cada

Estado podrán interpretar la ley respecto a la Constitución así como la obligatoriedad de

las jurisprudencias que emita la Corte Interamericana. Sin duda es un nuevo paradigma

de los derechos humanos en nuestro sistema de justicia, ya que es un Tribunal

Internacional el que de manera definitiva y en última instancia analiza, juzga e interpreta

las violaciones cometidas por cualquier Estado en perjuicio de sus ciudadanos; además,

de que no existe invasión de soberanía, en virtud de que es el propio Estado mexicano el

que acepta esta jurisdicción, por haber firmado previamente los tratados internacionales.

1 Objetivo general.

2 Objetivo especifico

4

En tal sentido, no podemos pasar en alto que en los últimos años muchas personas

han sido víctimas de desapariciones forzadas, o de cualquier otro delito que vulnere la

integridad humana, sin que exista una investigación y una sanción adecuada. Por el

contrario, estos sucesos han quedado como asuntos inconclusos y que por la naturaleza

de dichos crímenes han sido olvidados por las autoridades, por lo que hasta el momento

no se cuenta con un registro exacto de las víctimas de tan atroces actos.

Nuestra propuesta busca a través del análisis, y del uso de algunos métodos

científicos, encontrar las perspectivas idóneas que el derecho mexicano debe seguir, para

encontrar la manera en que él mismo entre en consonancia a nivel internacional, a través

de una estructura que proteja a los derechos humanos de manera eficaz.

En tal sentido, pretendemos que como país incorporemos un derecho flexible y

situado; el cual debe regular la investigación y sanción a las violaciones de los Derechos

Humanos, devolver a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo al artículo 97

Constitucional, la facultad de investigar violaciones graves a los derechos humanos y en

la praxis que sus decisiones tengan efectos vinculantes; es decir, que las resoluciones

que emita tengan fuerza coercible. De nada sirve a los ciudadanos saber que se violaron

sus derechos humanos, lo importante es lograr la restitución al goce del derecho violado o

en su defecto la reparación patrimonial, psicológica o moral, en otras palabras la finalidad

es que exista un Tribunal que obligue, y no solo que opine. Como ejemplo tenemos en

caso de Acteal y la guardería ABC, en donde sólo se determina que hay violación grave a

los derechos humanos, pero ninguna de las dos resoluciones a castigado u ordenado la

reparación de los daños; es por ello que debemos de analizar las resoluciones de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos y aprender cómo juzga este alto Tribunal.

Lo anterior, entre otras cosas, no se ha logrado, porque en nuestro país no se ha

realizado el diseño adecuado de las instituciones jurídicas; lo cual debe hacerse.

Consideramos, a partir del marco normativo ya existente, y tomando el apoyo de los

organismos internacionales que son protectores de los Derechos Humanos.

Para desarrollar nuestra propuesta, realizamos un análisis del derecho, y si bien,

dicho proceso no es una revisión histórica en detalle, si considera los aspectos

5

importantes que le dieron origen a la apertura de considerar la protección de los derechos

humanos dentro de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo tanto, en el presente texto, pondremos el acento en los patrones jurídicos

nacidos en la modernidad, con un derecho apoyado en el sistema lógico-jurídico, para

desde ahí considerar la influencia y excesos de dicho formalismo en la estructura de los

derechos humanos.

Dicha posición debe referirse, como hemos dicho, desde el mismo marco

constitucional mexicano, ya que sólo desde ahí se pueden proponer nuevos conceptos y

procedimientos en materia de Derechos Humanos, que beneficien a nuestro país.

En el presente trabajo utilizaremos el método deductivo e inductivo puesto, que se

analizará lo general para llegar a lo particular; mediante la técnica documental, se basará

en la recopilación de diferentes obras y autores3.

Nuestro punto de partida será considerar a los derechos humanos dentro de un marco

constitucional, especialmente, desde una posición estructo-funcional. Dicho sentido,

implica la vinculación del derecho con otros ámbitos, que traspasan lo exclusivamente

normativo.

Lo anterior obedece a que el Derecho Constitucional, y con ello los Derechos

Humanos, incorporar actualmente materias de estudio que habían sido dejadas fuera del

plano normativo en sentido estricto; y los cuales, están incidiendo en el quehacer

cotidiano de nuestras vidas.

Lo antes dicho lo vinculamos con la siguiente premisa: si aceptamos con el orden

constitucional perfecto y completo no existe, lo cual se corrobora con sólo analizar nuestro

entorno inmediato, nos percataremos de cuantas cosas de la vida cotidiana están fuera de

lo normativo. Entonces, intuitivamente, podemos decir que hay factores reales de poder y

de decisión, que no han sido considerados dentro del plano normativo en nuestro país, y

que es importante contemplar.

3 Metodología.

6

Aunado a lo anterior, recordemos que el Derecho Constitucional es por naturaleza

normativo, y que nunca ha sido descriptivo. Por lo que dicha postura, desde sus orígenes,

ha dejado fuera aspectos que ahora metodológicamente se están tratando de incorporar,

por lo que hacemos referencia a la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH)

que es considerada generalmente el fundamento de las normas internacionales sobre

derechos humanos. Aprobada hace casi 60 años, la DUDH ha inspirado un valioso

conjunto de tratados internacionales de derechos humanos legalmente vinculantes y la

promoción de estos derechos en todo el mundo a lo largo de las últimas seis décadas.

Además, sigue siendo una fuente de inspiración para cada uno de nosotros, ya sea en

momentos de conflicto, en sociedades que sufren represión, en la lucha contra las

injusticias, y en nuestros esfuerzos por lograr el disfrute universal de los derechos

humanos4.

El derecho internacional de derechos humanos establece las obligaciones que deben

cumplir los Estados. Al pasar a formar parte de tratados internacionales, los Estados

asumen deberes y obligaciones en virtud del derecho internacional, y se comprometen a

respetar, proteger y promover los derechos humanos. La obligación de respetar supone

que los Estados deben abstenerse de restringir los derechos humanos ó de interferir en

su realización. La obligación de proteger exige que los Estados protejan a las personas o

grupos de personas de las violaciones de los derechos humanos. La obligación de

promover significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar la

realización de los derechos humanos básicos5.

Una vez que las constituciones nacionales incorporan como derecho dentro de los

Estados, los tratados internacionales de derechos humanos, es importante conocer con

qué nivel jerárquico ingresan estos en el ordenamiento jurídico interno por ello, dentro del

presente trabajo, hacemos alusión a este tipo de problemática ocasionada por las

reformas citadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos6.

4 Justificación.

5 Hipótesis

6 Planteamiento del problema

7

CAPÍTULO I

TRATADOS INTERNACIONALES

1.1 CONCEPTO

Tratado internacional, es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y

regido por el Derecho Internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más

instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular7.

1.2 RECEPCIÓN DE LOS TRATADOS

En la medida en que las normas y obligaciones internacionales trascienden, en cuanto a

sus efectos, las relaciones interestatales, reclamando la actuación de los órganos internos

del Estado, es preciso determinar en qué medida se encuentran éstos vinculados por el

Derecho Internacional.

La vinculación de los órganos internos estatales al Derecho Internacional depende de

que éste se encuentre incorporado o no al Derecho Interno del Estado.

"Los Derechos estatales conciben la recepción de los tratados básicamente de dos

formas: previa transformación mediante un acto formal de producción normativa interna

(ley, decreto) -régimen de recepción especial- o mediante su incorporación inmediata

desde que el tratado es internacionalmente obligatorio, exigiendo eventualmente el acto

material de su publicación oficial -régimen de recepción automática."8

En la adopción del régimen influyen factores de distinta naturaleza:

Los factores ideológicos, vinculados a la valoración que se hace de la soberanía

del Estado y a postulados monistas o dualistas acerca de las relaciones entre el Derecho

Internacional y los Derechos Internos.

Los factores históricos, ligados a la tradición constitucional de cada Estado.

El factor técnicamente más importante estriba en la participación o no de las

Cámaras legislativas en la conclusión de los Tratados.

7 Convención de Viena

8 REMIRO Brotons, Antonio, Et. al., “Derecho Internaciona”l. Mc Graw Hill, Madrid, 1997, pp. 356, 357

8

El respeto de las competencias legislativas de las Cámaras exige la sujeción de la

eficacia interna de las disposiciones convencionales a su previa transformación en ley.

Con fundamento en lo antes expuesto, en México se sigue el régimen de recepción

automática.

1.3 FACULTADES DE LOS PODERES DE LA UNIÓN

El Estado crea el Derecho, se rige por la Constitución; otorga derechos y obligaciones,

representa a sus nacionales; ejerce jurisdicción; ejecuta sanciones, y establece vínculos

con el exterior. Al celebrar con los demás miembro de la comunidad internacional los

instrumentos jurídicos internacionales que lo obligan dentro de la propia comunidad. El

Estado es un sujeto de derechos y obligaciones, tanto en el ámbito internacional y en ese

carácter desarrolla conductas propias.

El Estado se organiza partiendo de la división de poderes y debe ser capaz de

enfrentar problemas internos y cumplir con los compromisos contraídos con otros

Estados.

Poder Ejecutivo

Las facultades y obligaciones del Presidente que establece la Constitución en su artículo

89 son variadas, para el objeto de esta investigación se resaltan las fracciones

concernientes a las tratados internacionales:

“X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales…, sometiéndolos a la

aprobación del Senado…"9

La facultad de celebrar tratados internacionales es exclusiva del Poder Ejecutivo, para

que éste órgano no se exceda en sus funciones, el tratado internacional tiene que estar

de acuerdo con la Constitución, así como ser aprobado por la Cámara de Senadores. El

Senado, en materia de política exterior, es el contrapeso del Ejecutivo.

Poder Legislativo

9 Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

9

La función principal que compete al Poder Legislativo es la elaboración de las leyes con

sus caracteres propios de generales, abstractas e impersonales.

El artículo 73 Constitucional señala que este Poder atiende las materias concernientes

a la soberanía nacional en el exterior, así como al desarrollo de la Federación en el

interior. Esto es, se concede al Congreso de la Unión la facultad para legislar en todas

aquellas materias esenciales para el desarrollo y progreso de nuestro país. En tal virtud,

se establece que el Congreso de la Unión tiene competencia federal expresa y limitada,

dejando a las entidades federativas, según lo expresa el artículo 124 constitucional, que

legislen en todas aquellas materias que la propia Constitución no reserva para ser

observadas por el Poder Legislativo Federal.

Las facultades contenidas en el artículo 73, fracciones I (admisión de nuevos

estados), XVI (legislación sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros,

ciudadanía, naturalización, colonización, emigración, inmigración y salubridad general de

la República), y XXIX (determinación de contribuciones de comercio exterior); así como el

artículo 78, fracción VII (ratificación de nombramientos realizados por el Presidente, de

ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales por parte de la Comisión

Permanente) y el 88 constitucional (solicitud de permiso al Congreso de la Unión o a la

Comisión Permanente para que el Presidente se ausente del territorio nacional). Éstas

son las que el Congreso se reservó en materia de relaciones internacionales; Tales

facultades se enfocan a las que ejercen ambas Cámaras.

Del análisis del artículo 74 constitucional, que contiene las facultades exclusivas de la

Cámara de Diputados, se desprende que dicho órgano legislativo no cuenta con

atribuciones otorgadas por el Constituyente en materia de relaciones internacionales.

El artículo 76 constitucional enmarca las facultades exclusivas del Senado:

"I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los

informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho

10

correspondiente rindan al Congreso; además, aprobar los tratados internacionales y

convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión…;"10

La Constitución faculta al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial a intervenir en las

relaciones internacionales de modo y en formas diferentes, ya que los tres poderes en

alguna forma se encuentran vinculados con sus contrapartes de otros países, con objeto

de buscar una adecuada corresponsalía y cooperación internacional en el ámbito de sus

respectivas competencias.

Poder Judicial

El Poder Judicial es el encargado de interpretar las normas que conforman el marco

jurídico nacional. Así, la Constitución en su artículo 104 establece que los Tribunales de la

Federación son competentes para conocer de "todas las controversias del orden civil o

criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los

tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano…"11 asimismo, la fracción VI

del mismo artículo constitucional señala que compete a estos Tribunales conocer de "los

casos concernientes a miembros del Cuerpo Diplomático y Consular"12.

De lo anterior se desprende que son los Tribunales de la Federación los facultados

para interpretar los tratados internacionales.

Con este poder se cierra el círculo donde cada uno de los poderes realiza funciones

que limitan al otro. Es decir, en primer lugar nos encontramos con el Poder Ejecutivo, que

es el facultado para celebrar los tratados internacionales; el segundo poder, el Legislativo,

que es el encargado de analizar la política exterior que lleve a cabo el Ejecutivo, así como

aprobar los tratados internacionales que regirán a la Nación; finalmente, el Poder Judicial,

que en caso de controversia, resolverá estableciendo los criterios de interpretación de los

tratados internacionales.

10

Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 11

Artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 12

Ídem

11

1.4 TRATADOS INTERNACIONALES EN MÉXICO

Este artículo que tiene su equivalente en la Constitución de Estados Unidos13, tiene una

desafortunada redacción. El hecho de que se mencione que deben ser celebrados por el

“presidente”, conduce a varios errores de interpretación ya que ocasionalmente es

ignorada por los juzgadores.

Pero, podemos afirmar que el punto toral en la comprensión del sistema constitucional

mexicano de recepción del derecho internacional, es el artículo 133 conocido como la

“Supremacía Constitucional” que en su versión actual dice lo siguiente:

Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados

que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República,

con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se

arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda

haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

Tradicionalmente en la doctrina de derecho constitucional se ha hablado que este

artículo establece una jerarquía de las normas en el ámbito mexicano: en primer lugar se

encuentra la Constitución, ordenamiento jurídico más alto; en segundo lugar las leyes

constitucionales y los tratados, y; en tercer lugar, coexisten el derecho federal y el local.

Sin embargo, la afirmación de que el artículo 133 Constitucional presenta un orden

jerárquico no es suficiente para responder a todas la hipótesis que se plantean respecto

de la relación entre el derecho interno y el derecho internacional. Esta debilidad se ha

manifestado más cuando la doctrina mexicana ha tratado de explicar el lugar del derecho

internacional en el orden jurídico interno, con motivo de su apertura a la economía

internacional, por lo que alrededor de dicho artículo, se trata de resolver dos aspectos

interrelacionados; la primera si existe un orden jerárquico en la normatividad y después,

cuál es la relación entre tratados y leyes constitucionales.

Sobre el primer aspecto, la doctrina más reciente no es tan unánime en considerar

que hay un orden jerárquico.14 Lo cual es comprensible desde el punto de vista de una

13

Diario Oficial de la Federación, 18 de enero de 1934. 14

Con argumentos inteligentes, Raúl Medina Mora, Jorge Adame Goddard y Fernando Vázquez Pando plantea cada quien, desde su perspectiva y con su lenguaje propio, que se está hablando en el artículo 133,

12

interpretación histórica, como lo hace Medina Mora.15 Interpretar el artículo 133

Constitucional establece una jerarquía constitucional, como se ha establecido en la

doctrina del derecho constitucional y en la jurisprudencia, nos lleva a discusiones

interminables sobre el lugar de los tratados en su jerarquía o “pirámide” normativa. No hay

duda que la Constitución es suprema en el interior del Estado mexicano, ya que la

normatividad así como los tratados deben estar de acuerdo con ella, pero cumpliéndose

con este requisito las leyes del Congreso de la Unión y los Tratados son “ley suprema de

toda la unión”. Realmente, como lo menciona Medina Mora, el artículo 133 está

enfatizando, el carácter federal del sistema mexicano; así como reconocer la

preeminencia de las disposiciones normativas derivadas de la federación, siempre y

cuando estén de acuerdo con la Constitución.

1.5 RECEPCIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL DENTRO DEL DERECHO

MEXICANO

Anteriormente diversas teorías coincidían en que la Constitución Política estaba por

encima del resto del orden jurídico, por lo tanto, la validez del orden jurídico internacional

se encontraba sujeta al reconocimiento que realizaba la Constitución, por lo que el

Derecho Internacional no formaba parte del orden jurídico de nuestro país, además, solo

el Poder Judicial Federal podía interpretar la Constitución, es decir, tenía el control de

juzgar una ley que estuviera en contra de la Constitución, no existía el control de

convencionalidad o difuso. 16

no de jerarquía sino de acentuar el sistema federal (Medina Mora) o una distribución de competencias (Vázquez Pando) o de la existencia de un sistema terciario compuesto no de una pirámide sino de tres estratos: el nacional, el derecho internacional y el derecho mercantil internacional (Adame Goddard). Véase los tratados de Pérez Nieto Castro, Leonel, “El artículo 133 Constitucional: una relectura”, jurídica, México, núm. 25, 1995, pp. 265-292; Adame Goddard, Jorge, “El Tratado de Libre Comercio de América del Norte”, México, UNAM, 1992, t. I, pp. 79-108 y Medina Mora, Raúl, “El artículo 133 constitucional y la relación entre el derecho interno y los tratados internacionales”, Pemex Lex, México, núm. 75-76, septiembre-octubre, 1994, pp. 7-22. 15

Medina Mora, Raúl, “El artículo 133…”, op. Cit., nota 200. 16

CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

La supremacía constitucional se configura como un principio consustancial del sistema jurídico-político mexicano, que descansa en la expresión primaria de la soberanía en la expedición de la Constitución, y que por ello coloca a ésta por encima de todas las leyes y de todas las autoridades, de ahí que las actuaciones de éstas deben ajustarse estrictamente a las disposiciones de aquélla. En este sentido, más que una

13

Los tratados internacionales entran a formar parte de nuestro Derecho y por lo tanto,

pasan actualmente formar parte de alguno de los órdenes que integran al Estado

mexicano.

La SCJN resolvió el 11 de julio de 2011 sobre el expediente 912 / 2010 Caso Radilla

Pacheco vs México, la obligatoriedad de las Sentencias de la Corte IDH para el Estado

mexicano en lo general, y para el Poder Judicial de la Federación en lo particular. En este

sentido, todos los jueces del país que conozcan de controversias sobre el fuero militar,

deberán replicar el criterio de la Corte IDH en el sentido de que ante violaciones de

derechos humanos de ninguna manera será el fuero militar competente para conocer del

caso, lo que supone que deberán ser los tribunales civiles quienes conozcan de aquellas

violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, dejando el fuero militar

únicamente para los delitos que afecten la disciplina militar.

Al respecto se debe de aclarar que existe la obligatoriedad de los criterios que emita la

Corte Interamericana de Derechos Humanos y por otro un concepto llamado control

difuso, el cual consiste en los jueces del fuero común pueden analizar una ley y si

consideran que es contraria a la Constitución pueden no aplicarla, por la razón de que

atenta contra los derechos humanos, por lo que es importante que las autoridades tengan

conocimiento de los criterios que emita la CIDH. 17

facultad, la supremacía constitucional impone a toda autoridad el deber de ajustar a los preceptos fundamentales, los actos desplegados en ejercicio de sus atribuciones. Por tanto, si bien es cierto que los tres Poderes de la Unión deben observar la Ley Suprema, no puede afirmarse que por esta razón, las autoridades puedan, por sí y ante sí, en el ejercicio de funciones materialmente jurisdiccionales, examinar la constitucionalidad de sus propios actos o de los ajenos, toda vez que, al respecto, la propia Constitución consagra, en sus artículos 103 y 107, un medio de defensa exprofeso, por vía de acción, como es el juicio de amparo y lo encomienda, en exclusiva, al Poder Judicial de la Federación, sentando las bases de su procedencia y tramitación.

17 CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. DEBE SER EJERCIDO POR LOS JUECES DEL ESTADO

MEXICANO EN LOS ASUNTOS SOMETIDOS A SU CONSIDERACIÓN, A FIN DE VERIFICAR QUE LA LEGISLACIÓN INTERNA NO CONTRAVENGA EL OBJETO Y FINALIDAD DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido criterios en el sentido de que, cuando un Estado, como en este caso México, ha ratificado un tratado internacional, como lo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sus Jueces, como parte del aparato estatal, deben velar porque las disposiciones ahí contenidas no se vean mermadas o limitadas por disposiciones internas que contraríen su objeto y fin, por lo que se debe ejercer un "control de convencionalidad" entre las normas de derecho interno y la propia convención, tomando en cuenta para ello no sólo el tratado, sino también la interpretación que de

14

CAPÍTULO II

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

2.1 CONCEPTO DE DERECHOS HUMANOS

Los derechos humanos pueden definirse como las prerrogativas que, conforme al

Derecho Internacional, tiene todo individuo frente a los órganos del poder para preservar

su dignidad como ser humano, y cuya función es excluir la interferencia del Estado en

áreas específicas de la vida individual, o asegurar la prestación de determinados servicios

por parte del Estado, para satisfacer sus necesidades básicas, y que reflejan las

exigencias fundamentales que cada ser humano puede formular a la sociedad de que

forma parte.18

2.2 LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL MARCO DE

LAS RELACIONES ENTRE EL DERECHO INTERNACIONAL Y EL DERECHO INTERNO

Los sistemas de protección de los derechos fundamentales inicialmente se encomendaron

al derecho interno de cada Estado, a través de los mecanismos de protección

establecidos en las constituciones de cada uno de estos (y eventualmente algunas

normas de desarrollo constitucional posterior). Sin embargo, esta concepción

abiertamente restringida respecto al reconocimiento de los derechos fundamentales fue

posteriormente superada por un fenómeno, al cual se le podría denominar

“internacionalización de los derechos humanos”, que opero después de la Segunda

Guerra Mundial.

él se ha realizado. Lo anterior adquiere relevancia para aquellos órganos que tienen a su cargo funciones jurisdiccionales, pues deben tratar de suprimir, en todo momento, prácticas que tiendan a denegar o delimitar el derecho de acceso a la justicia.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 505/2009. Rosalinda González Hernández. 21 de enero de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Víctor Octavio Luna Escobedo.

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5; Pág. 4319.; Registro: 200 0071. Numero de Tesis: III.4o.(III Región) 2 K (10a.) 18

FAÚNDEZ, Héctor. El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Aspectos Institucionales y Procesales. Instituto Interamericano de derechos Humanos.1996, pág.21

15

La insuficiencia del derecho interno en brindar garantías suficientes para la defensa de

los derechos fundamentales, y la pretendida asunción de algunos órganos o poderes

estatales en algunos países respecto a lo que se debería entender como “derecho

fundamental” fue el aliciente que permitió que los Estados adoptaran como necesidad la

implementación de un sistema supranacional que sea efectivo y vinculante en la

protección de los derechos fundamentales.

Inicialmente, dicha concepción primigenia adoptada por un pequeño grupo de Estados

(en Europa) fue combatida y reprimida por otros, aduciendo como fundamento su

“autodeterminación” en la solución de sus conflictos internos, debiendo el derecho

internacional limitarse a la solución de conflicto de naturaleza exterior.19 Dicho criterio fue

superado, conforme lo señala la profesora Gómez Pérez, cuando:20

“El derecho internacional público estableció como uno de sus fines esenciales la protección de

los derechos humanos y paso a paso, desde la proscripción de la trata de esclavos por los tratados

de Viena de 1815, hasta la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos

Humanos del Hombre aprobada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948 fue

consagrando una legislación internacional progresista que ha ido otorgando cada vez más y mejores

sistemas de protección de estos derechos.

Esta protección se ha ido dando a través de esquemas tanto universales como regionales. Así, la

Declaración de Derechos Humanos constituye un instrumento de tipo universal en el sistema de las

Naciones Unidas que, si bien no es un tratado sino una resolución de la Asamblea General, es una

fuente de derecho y constituye el fundamento esencial de todo el sistema de la ONU en esta materia”.

Sin embargo, este hecho que infunde el carácter progresivo de los derechos humanos

en el ámbito internacional no fue asumido de manera pacífica por los Estados, inclusive

cuando estos han ratificado y asumido como obligación de estos el carácter vinculante del

derecho internacional frente a cualquier disposición de derecho interno, ya sea de índole

legal o constitucional.

Es importante señalar que esta obligación, si bien no implica en algunos tratados

internacionales en materia de derechos humanos, forma parte del ius cogens del derecho

19

A tal efecto, revisar. Pastor Ridruejo, José Antonio. Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales. Madrid, Tecnos, 1996. 20

Gómez Pérez, Mara. La Protección Internacional de los Derechos Humanos y la Soberanía Nacional, en: Reviste Derecho PUCP N°54 (diciembre del 2004), Dr. Aníbal Quiroga León (Editor General), pp. 230-231.

16

de gentes, restringiéndonos a efectos de la presente Ponencia al Sistema Interamericano

de Protección de Derechos Humanos.

2.3 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH) se instituyó en 1969 como parte

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entró en vigor el 18 de julio de

1978, debido a que en ese momento se reunió el número de países establecido por el

instrumento para el inicio de su vigencia y falló su primer caso en 1988. Desde ese

momento, se produjo el proceso de establecimiento de una estructura judicial que tiene

como misión principal, hacer eficaces los derechos humanos en el continente.

La COIDH tiene dos funciones específicas en el sistema regional. Una función

jurisdiccional, a través de la cual evalúa la responsabilidad de los Estados, respecto a

situaciones que sean planteadas como infracciones a la Convención Americana de

Derechos Humanos. El instrumento regional prescribe que sólo la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos y los Estados partes de la Convención, están

facultados para someter a consideración del organismo un caso y que para que pueda ser

tramitada una controversia contra un Estado, éste debe haber reconocido o reconocer

la competencia expresamente de la Corte, para todos los casos o bien bajo la condición

de reciprocidad, por un período específico de tiempo o para una situación particular.

Hasta hoy, los países que han reconocido la competencia de dicho organismo son:

Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El

Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,

Republica Dominicana, Surinam, Uruguay, y Venezuela.

La otra función es la Consultiva, la cual el organismo ejerce según lo preceptuado en

el artículo 64 (1): "Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte

acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la

protección de los derechos humanos en los Estados Americanos. Asimismo, podrán

consultarla, en los que les compete a los órganos enumerados en el capítulo X de la

Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por

el Protocolo de Buenos Aires. De la misma manera, la norma señala que la Corte a

17

petición de los Estados, podrá emitir concepto entre la compatibilidad de una ley interna y

los instrumentos internacionales de derechos humanos.

2.3.1 Procedimiento

2.3.1.1 Escrito de demanda

El escrito de la demanda expresará:

1. Las pretensiones (incluidas las referidas a las reparaciones y costas); las partes en

el caso; la exposición de los hechos; las resoluciones de apertura del procedimiento y de

admisibilidad de la denuncia por la Comisión; las pruebas ofrecidas con indicación de los

hechos sobre los cuales versarán; la individualización de los testigos y peritos y el objeto

de sus declaraciones; los fundamentos de derecho y las conclusiones pertinentes.

Además, la Comisión deberá consignar el nombre y la dirección de las presuntas

víctimas o sus representantes debidamente acreditados en caso de ser posible.

2. Los nombres de los Agentes o de los Delegados.

3. En caso de que esta información no sea señalada en la demanda, la

Comisión será la representante procesal de las presuntas víctimas como garante del

interés público bajo la Convención Americana, de modo a evitar la indefensión de las

mismas.

2.3.1.2 Sometimiento del caso por parte de un Estado

Un Estado parte podrá someter un caso a la Corte conforme al artículo 61 de la

Convención, a través de un escrito motivado que deberá contener la siguiente

información:

a. Los nombres de los Agentes y Agentes alternos y la dirección en la que se tendrá

por recibidas oficialmente las comunicaciones pertinentes;

b. Los nombres, dirección, teléfono, correo electrónico y facsímile de los

representantes de las presuntas víctimas debidamente acreditados, de ser el caso;

c. Los motivos que llevaron al Estado a presentar el caso ante la Corte;

18

d. Copia de la totalidad del expediente ante la Comisión, incluyendo el informe al que

se refiere el artículo 50 de la Convención y toda comunicación posterior ha dicho informe;

e. Las pruebas que ofrece, con indicación de los hechos y argumentos sobre las

cuales versan;

f. La individualización de los declarantes y el objeto de sus declaraciones.

En el caso de los peritos, deberán además remitir su hoja de vida y sus datos de

contacto.

2.3.1.3 Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas

1. Notificada la presentación del caso a la presunta víctima o sus representantes,

éstos dispondrán de un plazo improrrogable de dos meses, contado a partir de la

recepción de este escrito y sus anexos, para presentar autónomamente a la Corte su

escrito de solicitudes, argumentos y pruebas.

2. El escrito de solicitudes, argumentos y pruebas deberá contener:

a. Descripción de los hechos dentro del marco fáctico fijado en la presentación del

caso por la Comisión;

b. Las pruebas ofrecidas debidamente ordenadas, con indicación de los hechos y

argumentos sobre los cuales versan;

c. La individualización de declarantes y el objeto de su declaración. En el caso de los

peritos, deberán además remitir su hoja de vida y sus datos de contacto;

d. Las pretensiones, incluidas las referidas a reparaciones y costas.

2.3.1.4 Contenido de las sentencias

1. La sentencia contendrá:

a. El nombre de quien preside la Corte y de los demás Jueces que la hubieren

dictado, del Secretario y del Secretario Adjunto;

19

b. La identificación de los intervinientes en el proceso y sus representantes;

c. Una relación de los actos del procedimiento;

d. La determinación de los hechos;

e. Las conclusiones de la Comisión, las víctimas o sus representantes, el Estado

demandado y, en su caso, el Estado demandante;

f. Los fundamentos de derecho;

g. La decisión sobre el caso;

h. El pronunciamiento sobre las reparaciones y costas, si procede;

i. El resultado de la votación;

j. La indicación sobre cuál es la versión auténtica de la sentencia.

2. Todo Juez que haya participado en el examen de un caso tiene derecho a unir a la

sentencia su voto concurrente o disidente que deberá ser razonado. Estos votos deberán

ser presentados dentro del plazo fijado por la Presidencia, de modo que puedan ser

conocidos por los Jueces antes de la notificación de la sentencia. Dichos votos sólo

podrán referirse a lo tratado en las sentencias.

2.3.1.5 Sentencia de reparaciones y costas

1. Cuando en la sentencia de fondo no se hubiere decidido específicamente sobre

reparaciones y costas, la Corte fijará la oportunidad para su posterior decisión y

determinará el procedimiento. 24

2. Si la Corte fuere informada de que las víctimas o sus representantes y el Estado

demandado y, en su caso, el Estado demandante, han llegado a un acuerdo respecto al

cumplimiento de la sentencia sobre el fondo, verificará que el acuerdo sea conforme con

la Convención y dispondrá lo conducente.

20

2.3.1.6 Pronunciamiento y comunicación de la sentencia

1. Llegado el estado de sentencia, la Corte deliberará en privado y aprobará la

sentencia, la cual será notificada por la Secretaría a la Comisión, a las víctimas o

presuntas víctimas o sus representantes, al Estado demandado y, en su caso, al Estado

demandante.

2. Mientras no se haya notificado la sentencia, los textos, los razonamientos y las

votaciones permanecerán en secreto.

3. Las sentencias serán firmadas por todos los Jueces que participaron en la votación

y por el Secretario. Sin embargo, será válida la sentencia firmada por la mayoría de los

Jueces y por el Secretario.

4. Los votos concurrentes o disidentes serán suscritos por los respectivos Jueces que

los sustenten y por el Secretario.

5. Las sentencias concluirán con una orden de comunicación y ejecución firmada por

la Presidencia y por el Secretario y sellada por éste.

6. Los originales de las sentencias quedarán depositados en los archivos de la Corte.

El Secretario expedirá copias certificadas a los Estados partes, a la Comisión, a las

víctimas o presuntas víctimas, o sus representantes, al Estado demandado y, en su caso,

al Estado demandante, al Consejo Permanente a través de su Presidencia, al Secretario

General de la OEA, y a toda otra persona interesada que lo solicite.

21

CAPÍTULO III

VIOLACIONES GRAVES A DERECHOS HUMANOS

3.1 DEFINICIÓN

Las violaciones a los Derechos Humanos son aquellos delitos que atentan contra los

derechos fundamentales del hombre, en cuanto a miembros de la humanidad, que se

encuentran definidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que son

realizadas por el Estado - directa, indirectamente o por omisión - al amparo de su poder

único. De esta manera, el Estado anula su finalidad esencial y provoca la inexistencia del

estado de derecho.

El sujeto o hechor de la violación a los derechos humanos, es un agente del Estado,

un funcionario público; persona o grupo de personas, que cuentan con la protección,

consentimiento o aquiescencia del Estado. En cambio, si el Estado lo pone a disposición

de la justicia ordinaria y no le brinda defensa, se entenderá como un delito común.

Aunado a lo anterior se cita como ejemplo los crímenes de lesa humanidad que datan

desde 1945 hasta que estos son reconocidos en el ámbito internacional, por lo que se

hace una breve mención de los acuerdos y principios de lo que da origen a que sean

reconocidos los crímenes de lesa humanidad:

1.- El Acuerdo o Carta de Londres de 8 de agosto de 1945, que estableció el Estatuto

del Tribunal de Núremberg, definió como "crímenes contra la humanidad" el "asesinato,

exterminio, esclavitud, deportación y cualquier otro acto inhumano contra la población

civil, o persecución por motivos religiosos, raciales o políticos, cuando dichos actos o

persecuciones se hacen en conexión con cualquier crimen contra la paz o en cualquier

crimen de guerra".

2.- En 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas confirmó los principios de

Derecho internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal y proclamó la resolución 96

(I) sobre el crimen de genocidio, que define como "una negación del derecho de

existencia a grupos humanos enteros", entre ellos los "raciales, religiosos o políticos",

instando a tomar las medidas necesarias para la prevención y sanción de este crimen.

22

3.- Esta resolución cristalizó en la Convención para la Prevención y la Sanción del

Delito de Genocidio, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su

resolución 260 A (III), de 9 de diciembre de 1948, y que entró en vigor en 1951.

4.- La definición de genocidio plasmada en la Convención de 1948 ha sido acogida en

el artículo 4 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, de

1993, el artículo 2 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, de 1994, y

el artículo 6 del Estatuto de Roma de 1998, por el que se creó la Corte Penal

Internacional.21

3.2 ESTATUTO DE ROMA

3.2.1 Crímenes de Lesa Humanidad

A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad”

cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque

generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

a) Asesinato;

b) Exterminio;

c) Esclavitud;

d) Deportación o traslado forzoso de población;

e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas

fundamentales de derecho internacional;

f) Tortura;

g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización

forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable;

h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos

políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el

21

Rueda Fernández, C.: Delitos de derecho internacional: tipificación y represión internacional. Editorial Bosch, Madrid, 2001. págs. 301-324

23

párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al

derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo

o con cualquier crimen de la competencia de la Corte;

i) Desaparición forzada de personas;

j) El crimen de apartheid;

k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes

sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.22

3.2.2 Características de los Crímenes de Lesa Humanidad

1.- Son actos generalizados.

2.- Son actos sistemáticos.

3.- Son perpetrados por las autoridades de un Estado o por particulares que actúan

por instigación de dichas autoridades o con su tolerancia, ayuda o complicidad.

4.- Están dirigidos contra la población civil por motivos sociales, políticos, económicos,

raciales, religiosos o culturales.

Cuando se dice generalizados se quiere destacar que se trata de crímenes que se

cometen contra una gran cantidad de víctimas, ya sea por la cantidad de crímenes o por

un crimen con muchas víctimas.

Sistemáticos, se quiere decir que son crímenes que se realizan con arreglo a un plan

o política preconcebida que permite la realización repetida o continuada de dichos actos

inhumanos. Es indispensable que el sujeto activo del crimen sea bien un agente estatal o

particular que trabaja para el Estado o que actúa con su apoyo, anuencia o tolerancia, lo

que en nuestro contexto se ha denominado grupos paramilitares y escuadrones de la

muerte.

22

Fernández, Jean Marcel, La Corte Penal Internacional. Soberanía versus justicia universal. Madrid, 2008, pág. 256

24

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) da a conocer un documento

elaborado con base en los recorridos que Jasminka Dzumhur (Bosnia y Herzegovina),

Osman El Hajjé (Líbano) y Ariel Dulitzky (Argentina) realizaron por el DF, Chihuahua,

Guerrero y Saltillo, donde pudieron entrevistarse con autoridades federales y estatales,

así como con representantes de distintas agrupaciones defensoras de derechos

humanos, además de víctimas y familiares.23

Incremento reciente

Una de las primeras conclusiones del Grupo de Trabajo de la ONU es que “el incremento

del número de nuevos casos durante 2010, el gran número de nuevas alegaciones

durante la visita (del año pasado), así como el descubrimiento de varias fosas comunes

en los últimos meses podría indicar un deterioro en relación con las desapariciones

forzadas en México“.

Y es que este organismo de la ONU tomó registro de 412 presuntos casos de

desaparición forzada en México entre 1980 y 2010 (de los cuales 218 no han sido

resueltos).

De hecho, destaca el informe, sólo en 2010 el Programa de Personas Desaparecidas

de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tomó registro de 346 presuntos casos.

En contraste, la Procuraduría General de la República ha reconocido únicamente 63

desapariciones forzadas: 49 durante el periodo de represión oficial conocido como Guerra

Sucia, en las décadas de los 60 y 70, más otros 14 casos ocurridos de entonces a la

fecha y sólo en dos de ellos ha habido sentencias condenatorias, “mismas que se

encuentran en apelación”.

Otro dato que ilustra la poca atención prestada al tema es que, de los 64 mil casos

que ha atendido la Suprema Corte desde 1995, sólo uno se relacionaba con desaparición

forzada, aunque no sobre la responsabilidad penal de algún acusado, “sino que se trató

de una controversia constitucional sobre la aplicación de un tratado internacional”.

23

Documentos oficiales de la Asamblea General, noveno periodo de sesiones. Suplemente No. 9 (A/2693 y Corr. 1) Pág. 10-11. Citado en Colombia Nunca Mas Crímenes de Lesa Humanidad. Pág. 84.

25

Las leyes

La ONU puso de manifiesto su “preocupación” ante las dificultades que la “estructura

federal” crea para implementar acciones efectivas contra la desaparición forzada en todo

el territorio nacional, en buena medida por la falta de una ley general “que regule todos los

aspectos de la desaparición forzada”.

Así, por ejemplo, mientras ocho estados (Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua,

Durango, DF, Guerrero, Nayarit y Oaxaca) han incluido este delito en sus respectivos

códigos penales, en los restantes 24 la desaparición forzada no es vista como un delito

“autónomo”, y por lo tanto es enfrentado como abuso de autoridad, detención arbitraria,

delitos contra la administración de la justicia o secuestro, en las que la “severidad de la

pena” no resulta apropiada. Incluso, subraya, algunas víctimas “son simplemente

consideradas como extraviadas o perdidas, particularmente en grupos como mujeres,

menores y migrantes”.

Además, resalta el grupo de expertos de la ONU, aún en aquellas entidades donde

este delito ha sido tipificado, se emplean definiciones incompletas, en las que no se

contempla la posibilidad de que las desapariciones forzadas sean cometidas por grupos

criminales, bajo auspicio de autoridades.

Otro fallo legal que impide prevenir las desapariciones forzadas, subraya el

documento, es la falta de normas, estatales y federales, que regulen el uso de la fuerza

pública, de lo cual es ejemplo que la ley en la materia avalada en 2009 por la Cámara de

Diputados “está pendiente de aprobación en el Senado”, mientras que otras reformas

legales, como la de 2008 en materia penal, destinada a combatir el crimen organizado,

“socavan la protección en contra de las desapariciones forzadas”.

El Grupo de Trabajo de la ONU hace referencia en particular a la consagración del

arraigo, ya que el paradero las personas que son sometidas a éste “es frecuentemente

desconocido”, lo que los expertos calificaron como “desaparición transitoria”.

Dado que en diciembre de 2006 el presidente Felipe Calderón decidió involucrar a las

Fuerzas Armadas en la guerra contra el crimen organizado, “no es de extrañar –señala el

26

informe de la ONU– que el número de quejas recibidas por la CNDH relacionadas con la

Secretaría de la Defensa Nacional haya aumentado de 182 en 2006, a mil 230 en 2008; a

mil 791 en 2009; y a mil 415 en 2010″.

Además, otros abusos cometidos en los últimos años por militares pueden encajar con

la definición internacional de desaparición forzada “por cortos periodos de tiempo,

particularmente detención de civiles que no son presentados inmediatamente al Ministerio

Público, sino trasladados a instalaciones castrenses, donde, según la información

proporcionada a la ONU, han sido interrogados por soldados, torturados o sometidos a

tratos inhumanos.

En estos casos, subraya, “supuestamente no se habría reconocido la detención y sólo

después de varios días se habría presentado a la persona detenida ante las autoridades

civiles”.

En torno a la actuación militar, remata el informe, aunque la Secretaría de la Defensa

Nacional ha aceptado todas las recomendaciones en su contra emitidas por la CNDH, en

el caso de las desapariciones forzadas no hay ningún sancionado.

La justicia

El Grupo de Trabajo de la ONU pone de manifiesto que, “de acuerdo con varias fuentes”,

las autoridades que atienden las denuncias de desaparición forzada, “especialmente los

agentes del Ministerio Público”, intentan desacreditar a las víctimas, presumiendo su

implicación con grupos delictivos sin ninguna evidencia.

Además, hace patente la existencia de “severos problemas” en relación con las

investigaciones, incluyendo omisiones, retrasos y falta de debida diligencia.

“Muchos Ministerios Públicos –señala el documento– se niegan a recibir denuncias de

desapariciones forzadas, aceptando sólo iniciar actas circunstanciadas, por lo cual no

emprenden una adecuada investigación (…) o consignan (los expedientes) por delitos

menores y los jueces no utilizan sus atribuciones para reclasificar los delitos.”

27

También se subraya que en la mayoría de las investigaciones la autoridad no aporta

pruebas, y si éstas existen “son aquellas ofrecidas por los familiares”, además de que “un

gran número de autoridades” se niegan a iniciar investigaciones antes de que se cumplan

72 horas desde la desaparición, periodo “fundamental para obtener información sobre la

suerte o el paradero” de la víctima.

Ya en el campo de los jueces que valoran las desapariciones forzadas, la ONU

destaca las deficiencias en la atención de recursos de amparo presentados por familiares

de víctimas, ya que “muchos jueces de amparo solicitan al quejoso que identifique a la

autoridad responsable, cuando en casos de desaparición forzada la identidad del

perpetrador es muchas veces desconocida”.

En tanto que, en otras ocasiones, los jueces “requieren a los familiares identificar el

lugar donde se encuentra la persona detenida y la ratificación de la demanda de amparo

por la víctima directa”, requisitos ambos imposibles de cumplir dada la naturaleza misma

de una desaparición.

La guerra sucia

En 2001, la CNDH documentó 532 casos de presuntas desapariciones forzadas como

producto de la represión política de las décadas de los 60 y 70 del siglo XX, en 275 de los

cuales se contó con pruebas de que la víctima sufrió “detención, interrogatorio y una

posible desaparición forzada perpetrada por funcionarios públicos”, y a partir de estas

conclusiones el gobierno del entonces presidente Vicente Fox creó la Fiscalía Especial

para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.

Esta fiscalía, dependiente de la PGR, investigó 797 casos de desaparición forzada, sin

embargo, para marzo de 2011, cuando el grupo de expertos de la ONU visitó México, la

Procuraduría General de la República informó que sólo se emprendieron 298

averiguaciones previas, de las que 149 ya fueron cerradas: en 69 casos el organismo

federal determinó no emprender acciones penales contra nadie, en otros 29 casos se

declaró incompetente, 27 los sumó a otros procesos penales y una más se encuentra “en

reserva”, a la espera de nuevos elementos.

28

Además, algunos de los casos investigados por la PGR fueron luego turnados a la

Procuraduría Militar, pero “el procurador de Justicia Militar no informó al Grupo de Trabajo

sobre ningún caso que haya resultado en la condena de algún elemento”.

Cinco años después de su creación, en 2006 la FEMOSPP fue formalmente cerrada y,

aunque “fue la única vía abierta por el Estado (…) no garantizó el derecho a la verdad y la

justicia”, afirma el informe de la ONU.24

24

Animal Político revista editada por PARIS, Martínez

29

CAPÍTULO IV

LA PROPUESTA

4.1 ANÁLISIS DE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

El derecho internacional de los derechos humanos, bien, la protección internacional de los

derechos humanos25 en el sistema interamericano se encuentra estipulado en la

Convención Americana de los Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica el

22 de noviembre de 1969, y ratificada por México en marzo de 1981, en este sentido,

tiempo después se creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos y México acepta

su competencia contenciosa en diciembre de 1998.26 Los crímenes bajo el derecho

internacional humanitario, se encuentran delimitados en el Estatuto de Roma de la Corte

Penal Internacional, adoptado el 17 de julio de 1998, del cual México es parte a partir del

21 de junio de 2005, fecha en que finaliza el proceso interno del Estado Mexicano para

comprometerse con la comunidad internacional a través del Estatuto de Roma.

Ahora bien, estos dos ámbitos del derecho internacional que se ocupan de proteger a

la persona humana bajo distintos supuestos, es decir uno de ellos se encuentra vigente

en todo momento, ya sea paz o guerra, mientras que el Derecho Internacional

Humanitario (DIH), encuentra vigencia una vez que se actualice un estado de conflicto

armado, interno o internacional.

Las graves violaciones de derechos humanos han sido objeto de estudio por parte de

la comunidad internacional, la que ha llegado a la conclusión de considerar como tales a

la tortura, las ejecuciones sumarias, extrajudiciales o arbitrarias y las desapariciones

forzadas.27 Asimismo, algunos órganos internacionales que se encargan de la protección

de los derechos humanos, por ejemplo el Comité de Derechos Humanos de la ONU,

25

Sobre este tema ver: “Protección Internacional de Derechos Humanos, nuevos desafíos”, compiladores Courtis Christian, Dense Hauser, Rodríguez Huerta Gabriela, Edit. Porrúa, ITAM, México 2005. 26

México presentó dos declaraciones interpretativas y una reserva. 27

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha reiterado en varias ocasiones que los actos mencionados son graves violaciones a los derechos humanos, ver: las Resoluciones No. 53/147, “ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias”, adoptada el 9 de diciembre de 1998; y la Resolución No. 55/89 “La tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, adoptada el 22 de febrero de 2001.

30

reitera en este sentido, es decir ha calificado entre otros actos, la tortura, la ejecución

extrajudicial y la desaparición forzada como graves violaciones a los derechos humanos.28

El elemento de grave de las violaciones se lo da el carácter de inderogables de los

derechos humanos afectados, así, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos

afirmó que eran graves violaciones a los derechos humanos: “actos tales como la tortura,

las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas

ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho

Internacional de los Derechos Humanos”29

Estas graves violaciones a los derechos humanos, entre otros actos, constituyen

crímenes bajo el derecho internacional. Esto quiere decir que tales actos han sido

reconocidos como crímenes por órganos que representan a la comunidad internacional de

estados (por ejemplo la Comisión de Derecho Internacional de la ONU), son actos que

vulneran a dicha comunidad y por lo tanto están interesados en su sanción. Y como

crímenes bajo el derecho internacional, tanto convencional como consuetudinario, se

someten a dicho régimen jurídico, es decir por ejemplo, el Estado tiene la obligación

internacional de juzgar y castigar a los responsables de estos crímenes, sin la posibilidad

de alegar ya sea la obediencia debida o el cumplimiento de órdenes superiores para

exonerarse de responsabilidad penal.

Es interesante al respecto tener en cuenta que en el ámbito internacional se habla de

dos tipos de responsabilidades, individual penal y estatal, el DIH busca sancionar al

individuo penalmente mientras que el sistema interamericano, el de derechos humanos

habla de responsabilidad estatal; sin menoscabo de que al no cumplir con las

obligaciones contraídas como Estado a través del Estatuto de Roma, el que crea a la

Corte Penal Internacional (la que juzga violaciones al DIH y busca la responsabilidad

individual), pueda comprometer al estado Mexicano, pues firma y ratifica y es parte de

dicho tratado en obediencia a reglas del derecho internacional como la Convención de

28

Ver por ejemplo, Decisión del 29 marzo 1982, Comunicación N° 30/1978, Caso Bléiser Lewhoff y Valiño Bleier c. Uruguay; y ver Observaciones finales- Burundi del 3 de agosto de 1994, en documento de las Naciones Unidas, CCPR/C/79/add.41, párrafo 9. 29

Corte Interamericana de los Derechos Humanos, sentencia de 14 de marzo de 2001, Caso Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre y otros vs Perú), párrafo 41.

31

Viena sobre el Derecho de los Tratados la que señala que ante incumplimiento de una

norma se compromete el Estado como tal ante la comunidad internacional. Mientras que

cuando el Estado es responsable por violaciones a los derechos humanos, lo es ante la

comunidad internacional pero la obligación directa de responder es ante una instancia

jurisdiccional y debe pagar daños y perjuicios, además de ser juzgado, por ejemplo por la

Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Con este orden de ideas, debe hablarse ahora sobre otro tipo de actos que constituye

una grave violación a los derechos humanos, por ende un crimen bajo el derecho

internacional y no necesariamente es solo un crimen bajo el derecho internacional

humanitario como antes se concebía; se está hablando de los crímenes de lesa

humanidad o crímenes contra la humanidad.

Al respecto, sobre este crimen se ha escrito mucho, sin embargo el aspecto relevante

es que en la actualidad el mismo se puede presentar también en tiempos de paz, y no

solo dentro del contexto de un conflicto armado, lo anterior implica que constituye una

grave violación a los derechos humanos. Esto es, el Estatuto del Tribunal de Nuremberg

ató a la definición de este crimen la situación de un conflicto armado, pero hoy día el

derecho internacional ya no exige tal contexto, tras un proceso de estudio para delimitar la

esencia del crimen que es el concepto de la humanidad como víctima por lo tanto no

importa bajo que perspectiva se presente, debe protegerse a la persona humana.30 El

crimen de lesa humanidad se definía en general como aquel crimen contra la condición

humana, que como tal son: el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación, y

otros actos inhumanos cometidos contra la población civil, persecuciones por motivos

políticos, raciales religiosos. Más se comienza a definir al crimen contra la humanidad

como actos de violencia que dañan a los seres humanos al golpear lo más esencial para

ellos: su vida, su libertad, su bienestar físico, su salud y/o su dignidad. Es todo aquél acto

que va más allá del límite de lo tolerable por la comunidad internacional y por lo tanto

busca sancionarlo. A la luz del derecho internacional ya sea convencional como

30

Ver entre otros: la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de lesa humanidad (artículo I, b); la Convención para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio (articulo I); el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (artículo 7); el Estatuto de Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (artículo 5): Estatuto de Tribunal Penal Internacional para Ruanda (artículo 3) y el Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona (artículo 2).

32

consuetudinario constituyen crimen contra la humanidad, actos como el genocidio, el

apartheid y la esclavitud, o bien, la práctica sistemática o a gran escala del asesinato, la

tortura, las desapariciones forzadas, la detención arbitraria, la reducción en estado

servidumbre o trabajo forzoso, las persecuciones por motivos políticos, raciales, religioso

o étnicos, las violaciones y otras formas de abusos sexuales, la deportación o traslado

forzoso de poblaciones con carácter arbitrario.

En este sentido, no hay posibilidad jurídica alguna que las violaciones a los derechos

humanos más fundamentales, que son los que están comprometidos en los crímenes

contra la humanidad, no sean sometidas a juicio y sus autores castigados. Todo Estado,

según el derecho internacional, tiene la obligación juzgar y castigar a los responsables de

crímenes contra la humanidad, es una norma imperativa de este derecho y por lo tanto

pertenece al ius cogens.31

3.2 PUNTOS CONCRETOS A PROPONER

1. Establecerse de manera clara en el Código Penal Federal, específicamente en su Titulo

Tercero la imprescriptibilidad del delito, cuando existan violaciones graves a los derechos

humanos.

2. Devolver a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo al artículo 97

Constitucional la facultad de investigar violaciones graves a los derechos humanos, así

mismo que las resoluciones que emita tengan fuerza coercible y contemple la reparación

inmediata de los daños que se causen.

3. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación coadyuve con los criterios de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos y se logré por parte del Estado una mayor defensa

y desarrollo de los derechos humanos.

31

Ius cogens: una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

33

CONCLUSIÓN

Las desapariciones forzadas son el crimen de lesa humanidad más preocupante para el

país en la actualidad, ya que afecta gravemente a miles de personas y a sus familiares,

sin que hasta el momento el gobierno haya aplicado mecanismos de investigación y

búsqueda eficientes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos encomió algunos avances

importantes, entre ellos la reforma constitucional de derechos humanos del pasado 10 de

junio de 2011; la restricción del fuero militar, y la reforma al amparo, señaló que el país

sigue siendo víctima de fenómenos como la tortura, las fallas al debido proceso, el trabajo

infantil y la discriminación y violencia contra sectores vulnerables, como mujeres,

indígenas, discapacitados y homosexuales.

De acuerdo con la información recabada por la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos, entre 2008 y 2010 la violencia criminal ha aumentado 50 por ciento

cada año, con más de 34 mil asesinatos ocurridos en los cinco años recientes, como parte

de una ola de criminalidad en la cual también participan algunos servidores públicos; y ya

que México forma parte de todo aquel tratado relacionado con la promoción de los

Derechos Humanos podrá secundar con la Corte Interamericana para tal protección, es

por ello que la propuesta a considerar principalmente, pretende que se resguarden esos

derechos, regularizando la investigación y sanción cuando estos sean violentados,

regresándole esa potestad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del

artículo 97 Constitucional, ya que en las reformas aprobadas en el 2010 se facultó a la

Comisión Nacional de Derechos Humanos o más exactamente, a su consejo consultivo,

órgano creado en la ley orgánica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con un

propósito entero diferente, y al que habría que habilitar, luego de desnaturalizarlo, para

que pueda encargarse de "desarrollar y desahogar" investigaciones constitucionales que

por el solo hecho de ser efectuadas por un apéndice de un órgano constitucional

autónomo pierden la prestancia y el peso institucional que les confería su realización por

el tribunal constitucional.

Hoy en día las autoridades que nos rigen desconocen el tema de los Derechos

Humanos e intentan desacreditar a las víctimas, presumiendo su implicación con grupos

34

delictivos sin ninguna evidencia, asimismo, hace patente la existencia de “severos

problemas” en relación con las investigaciones, incluyendo omisiones, retrasos y falta de

debida diligencia y muchos Ministerios Públicos se niegan a recibir denuncias de

desapariciones forzadas, aceptando sólo iniciar actas circunstanciadas, por lo cual no

emprenden una adecuada investigación (…) o consignan (los expedientes) por delitos

menores y los jueces no utilizan sus atribuciones para reclasificar los delitos.

Por lo anterior se considera que tanto los órganos internacionales como nacionales

colaboren en su conjunto para proteger con mayor eficacia los derechos humanos

especificando la imprescriptibilidad del delito en el título tercero del código penal federal.

35

BIBLIOGRAFÍA

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México, UNAM, 1992, t. I, pp. 79-108

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2012.

Convención de Viena

COURTIS Christian, Dense Hauser, Rodríguez Huerta Gabriela, “Protección

Internacional de Derechos Humanos, nuevos desafíos”, compiladores Edit. Porrúa, ITAM,

México 2005.

Diario Oficial de la Federación, 18 de enero de 1934.

FAÚNDEZ, Héctor. El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos

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