Criminología Latonoamericana

7/23/2019 Criminologa Latonoamericana

1/20

Espacio Abierto Cuaderno Venezolano de SociologaISSN 1315-0006 / Depsito legal pp 199202ZU44

Vol. 19 No. 2 (abril-junio, 2010): 253 - 272

La criminologa latinoamericana: temas,perspectivas y polticas pblicas en eltrnsito del milenio

Luis Gerardo Gabaldn *

ResumenEl artculo revisa las contribuciones latinoamericanas a la criminolo-ga desde la dcada de los setenta del siglo pasado hasta el primerlustro del nuevo siglo, a travs de tres dimensiones: la funcin y elcampo de estudio de la criminologa, la visin del delincuente y susmotivaciones y las modalidades de la reaccin social. Partiendo de ladiscusin acadmica sobre el sentido de la disciplina y su relativadesvinculacin de la praxisde la prevencin y delcontrol deldelito en

Amrica latina, se analizan la delimitacin del mbito del estudio,que ha generado gran discusin entre quienes se ocupan de la disci-plina,los estilos intelectuales de aproximacinal objeto de reflexin,la predominancia delenfoque sobre la reaccin socialy el sistema de

justicia penal, antes que sobre las motivaciones delictivas, as comola pretensin holstica queparece subyacer en losabordajes concep-tualesy en las proposiciones de intervencin, la mayora de lasvecessin anclaje en datos robustos para soportar las propuestas; as mis-mo, se aborda la potencialidad que representa el cuestionamientodel orden legal como injusto para analizar y proponer programas decontrol delictivo e intervencin social al margen de la estereotipia ju-rdica, que, paradjicamente, marca significativamente el abordajede la cuestin criminal en nuestro subcontinente.

Palabras clave: Criminologa, reaccin social, potencialidad, or-den legal, reflexin,disciplina, delito, prevencin.

* Universidad Catlica Andrs Bello (UCAB). Caracas, Venezuela. E-mail: [email protected]@gmail.com

Recibido: 01-10-09/ Aceptado: 22-01-10


2/20

Latin American Criminology: Themes,Perspectives and Public Policies in the Millennial

Transition

AbstractThis article approaches Latin American contributions to criminologyfrom the 1970s up to the beginning of the new millennium, examiningthree main issues: the function and field of study of criminology, theconcept of the criminal and his motivations and the social reaction to-

ward crime and criminals. Based on academic discussion about the

meaning of the discipline and its relative lack of connection with thepraxis of crime prevention and control in Latin America, the definition ofthe area of study is analyzed. This definition hasgenerated an extendeddiscussion among those who occupy themselves with the discipline in-cluding the intellectual styles of approaching the object of reflection, thepredominance of the approach about social reaction and the penal jus-tice system before considering criminalmotivations, as wellas the holis-tic pretension that seems to underlie conceptual approaches andpropositions for intervention, most often without an anchor in robustdate to support the proposals; likewise, it approaches the potential rep-resented by questioningthe legal order as unjust in order to analyze andpropose programsfor crime control andprevention at themargin of the

juridical stereotype that paradoxically, marks the approach to the crimi-nal question significantly on our subcontinent.

Key words: Criminology, social reaction, potentiality, legal order,reflection, discipline, crime, prevention.

1. Contexto y alcance

Un tema que genera frecuente discusin es la conexin entre conoci-mientoacadmicoy aplicacin prctica. En materia de criminologaesta discu-sin pareciera particularmente relevante, dado que sus contenidos y produc-tosestnestrechamente vinculados a la gestin social y a laspolticas pblicas.Un criminlogo argentino ha sostenido que la criminologa en nuestro subcontinente se encuentra muy vinculada a la proposicin de cambios socioeco-nmicos e ideolgicos, lo cual le confiere un carcter formal expresivo, ale-jndola de la aplicabilidad cotidiana (David, 1999: 149-151). Por su lado, unacriminloga venezolana ha indicado que, siendo nuestros pases perifricos, la

formulacin terica autctona tiene poco impacto en los programas guberna-mentales, dado que ellos tienden a confiar ms en la produccin de los pasescentrales (Aniyar de Castro, 1990: 22). Para estos dos autores, la conexin y ladesconexin con la poltica parecieran explicar el mismo efecto: la falta de im-

en foco: la agenda de la violencia en la contemporaneidad latinoamericana254 / espacio abierto vol. 19 n 2 (abril-junio, 2010): 253 - 272


3/20

pacto del conocimiento criminolgico, que se manifiesta en una fisura entredesarrollo terico y aplicacin pragmtica. Esta coincidencia en cuanto al re-sultado y discrepancia en cuantoa lascausas, es un buen punto de partida parareflexionar sobre los temas y perspectivas de nuestra criminologa en los lti-mos aos y su proyeccin actual.

El propsito del presente ensayo es analizar los estilos intelectuales y latemtica de la criminologa latinoamericana desde el ltimo tercio del siglo XXhasta el inicio del nuevo milenio, asumiendo que la disciplina, aun refirindosea temas de gestin social tan importantes como el control del delito, mantieneautonoma con relacin a cualquier programa social o gubernamental (unaparticularidad que no es especfica de Latinoamrica, cfr. Birkbeck, 2004). Sibiensus productosintelectuales no se traducen necesariamente en programas

o planes de intervencin social, la visin de sus cultivadores sobre el entornosocial de su disciplina puede contribuir a explicar la conexin o desconexin deestos saberes con las polticas de gestin social. Por Latinoamrica se entien-denlos 19 pases colonizados porEspaa y Portugal entre el sur del RoGrandey el Estrecho de Magallanes a partir del siglo XVI, que, aunque registran dife-rencias importantes en cuanto a recursos naturales, desarrollo econmico,mestizaje, estratificacin y movilidad social, comparten, sin embargo, un lega-do comn de instituciones jurdicas y polticas, patrones de colonizacin yasentamiento territorial, reglas sobre la propiedad, religin (salvo la emergen-cia reciente de confesiones evanglicas y la creciente visibilidad de creenciassincrticas, que tambin tienden a ser comunes), estructura familiar y coalicio-nes sociales, lo cual autoriza el tratamiento de la subregin como un ambienterelativamente homogneo, que ha favorecido un sentido se solidaridad y her-

mandad entre todos sus habitantes. El punto de partida es la dcada de 1970,que representa el comienzo de la conformacin autnoma de la criminologalatinoamericana, anteriormente considerada como un apndice de la medici-na legal o del derecho penal para resolver cuestiones vinculadas a la imputabi-lidad de los infractores. A partir de estos aos, si bien la criminologa ha conti-nuado, por lo general, como husped de las escuelas de derecho, se manifestun enriquecimiento proveniente de diversas ramas de las ciencias sociales, fa-cilitando la ampliacin de su campo de reflexin. El anlisis se centraen tres te-mas fundamentales: la funcin y el campo de estudio de la criminologa, la vi-sin deldelincuentey susmotivaciones y lasmodalidades de la reaccin social.

2. La funcin y el campo de estudiode la criminologa

Las disputas sobre el campo temtico de la criminologa son frecuentesen Amrica latina, como si fuese necesario colocar lmites adecuados a su focode estudio como requisito para la definicin de su estatus cientfico. En 1985 se

la criminologa latinoamericana: temas, perspectivas y polticas pblicasen el trnsito del milenio luis gerardo gabaldn 255


4/20

desarroll una disputa entre un jurista chileno y una criminloga venezolanaacerca de lo que debera ser el campo temtico de la criminologa para alcan-zar respetabilidad cientfica. El chileno argumentaba que la criminologa debapermanecer limitada al mbito del orden jurdico, pues otras formas de controlpodran ocasionar imprecisin y dispersin en el conocimiento (Novoa Mon-real, 1985: 264, 272). Este jurista propugnaba el desarrollo de una teora quepudiese organizar los datos, alegando que el cambio social no era el propsitode los acadmicos sino de los luchadores sociales (Ibidem: 275). La venezola-na, por su parte, alegaba que tanto el control jurdico como extrajurdico cons-tituan parte de un ms amplio contexto, de modo que la legislacin penal de-ba tomar en consideracin referentes sustantivos por fuera del derecho paraconstruir la nocin del delito (Aniyar de Castro, 1986: 309-310). En esta opor-

tunidad, ella argument en contra de la formalizacin de las teoras, lo que im-plicara entronizar el poder, rechazando las verdades absolutas y las respues-tas definitivas (Ibidem, 312). La disputa, adelantada con verbosidad e irona,se asemejaba ms a un debatejudicial quea una discusincientfica, si bien re-flejaba un rasgo que parece distinguir a la criminologa latinoamericana: la im-portancia de colocar lmites al campo de estudio. La implicacin de cada postu-ra para el mejor entendimiento delproblema criminal no resultaba fcil de cap-tar, si bien la denuncia del orden establecidocomo injusto, un rasgo recurrenteen la literatura criminolgica latinoamericana, se puso claramente de mani-fiestoen dicha disputa. Esta cuestin ha infiltrado profundamente las discusio-nes acadmicas sobre la construccin y la naturaleza de las teoras.

Ello puede explicar, al menos en parte, el gran nfasis quecolocan loscri-minlogos latinoamericanos en la dimensin jurdica del control social, enten-

dida como la expresin de la opresin, y dentro de la cual el conocimiento in -formado se considera como una va para el cambio de la justicia penal, trayen-do algn consuelo a los desaventajados. Es as como Del Olmo (1987: 63-64)ha hablado de la necesidad de una sntesis entre la criminologa y el derechopenal para generar influencia en la prctica legal, donde los jueces podran mi-nimizar los efectos negativos de la criminalizacin. Por su parte, Zaffaroni(1988: 19) ha sostenido que el propsito de la criminologa es explicar cmolos sistemas punitivos, como expresiones del poder y del control social, ope-ran, tanto de manera formal como informal, mostrando su lado oscuro y per-verso. Y Zambrano Pasquel (1987: 233) ha propuesto tratar una sociologa delderecho penal que ponga su lupa en una teora sobre la criminalizacin comoexpresin de la estructura poltica y social. Este nfasis en la justicia penal reve-la a menudo la creencia de que los cambios en los patrones de control social

formal, una tarea en la cual la criminologa debera participar en forma deter-minante, pueden contribuir a transformar las relaciones sociales en funcin dela equidad. La ilustracin intelectual como va para la promocin de dichoscambios es un argumentofrecuente dentrode la criminologacrtica, una pers-



5/20

pectiva ampliamente extendida en Amrica latina desde 1980. Sandoval Huer-tas (1985: 106, 115 ss.) concibi como propsito de esta criminologa contri-buir a lograr de una sociedad ms igualitaria, a travs de la reduccin de la cri-minalizacin y la encarcelacin a corto plazo, y de la abolicin del sistema pe-nal a largo plazo. Martnez (1999: 279 ss.) ha propuestoa los criminlogospar-ticipar en poltica social antes que en poltica criminal, pues solo de este modopueden hacerse visibles y aprehenderse en su dimensin real los conflictossubyacentes a la justicia penal. Estas discusiones son generalmente plantea-das sin soporte alguno de datos (los cuales, segn algunos, seran innecesa-rios dada la naturaleza evidente de los abusos y la desigualdad, cfr Zaffaroni,1988: 189) y con fuerte carga de denuncia moral.

En cuanto al campo especfico de estudio de la criminologa, algunos au-

tores admiten que comprende tanto las causas del comportamiento delictivocomo las respuestas al mismo (Gabaldn, 1987: 13; Molina Arrubla, 1988: 26;Reyes, 1980: 20; Prez Pinzn, 2001: 21-27); otros restringen su mbito a laexplicacin de la conducta antisocial o delictiva (Rodrguez Manzanera,1991:16; Sols Quiroga, 1985:12); hay quienes tratan de confinar el campo dela criminologa a losmecanismos de poder, desigualdad y dominacin (Gonz-lez Vidaurri y Snchez Sandoval, 2005: 5; Villavicencio, 2000: 3), e incluso algu-no ha rechazado la etiqueta de criminlogo por considerarla un estigma aso-ciado al mantenimiento del orden oficial (Bergalli, 1983: 200).

Aunque la reaccin social frente al delito es el tema predominante de es-tudio tanto a nivel conceptual como emprico, las disputas sobre el campo deestudio han sido frecuentes, como si la calidad y relevancia de la investigacindependiesen de un acuerdo sobre lostemas a serabordados y sobre losprop-sitos de la criminloga, antes que de la adecuacin del diseo y del mtodo altema de la investigacin. La ciencia misma se convierteen el centrodeldebate,antes que los resultados o datos vinculados a determinadas hiptesis o pro-puestas. Elbert (1996: 62), por ejemplo, ha mantenido que cualquiera que seaplique a la criminologa debera primeramente aclarar qu entiende por co-nocimiento cientfico, dado que, de otro modo, podra originarse un caos aso-ciado a diferentes concepciones y mtodos; ms aun, en una perspectiva dog-mtica y prescriptiva, sugiere que el campo de la criminologa debera ser elderecho penal y su aplicacin, mientras que la unificacin de conceptos y cate-goras seran indispensables por razones de coherencia y despeje de confusio-nes (Ibid: 254).

Estas consideraciones permiten precisar que la bsqueda del consenso

en el conocimiento es un aspecto importante en la criminologa latinoamerica-na. Es como si una comunidad ideal de investigadores, trabajando con temas ymtodos comunes, fuese la condicin de un trabajo intelectual productivo, ycomo si la integracin delconocimiento proviniese de un diseouniformeen la



6/20

investigacin. As, el estatus y la legitimidad del conocimiento derivara de laaclaracin previa sobre el tema a serabordadoy el mtodo a ser empleado, an-tes que de la precisin y consistencia de los datos adquiridos.

Varios autores latinoamericanos han defendido la singularidad del subcontinente y la necesidad de construir formulaciones autctonas, aunque lamaterializacin de dicho propsito est muy lejos de haberse cumplido. En unensayo sobre las posibilidades y perspectivas de teoras criminolgicasespec-ficas para Amrica Latina, Birkbeck (1985: 131, 141) ha argumentado en prode su factibilidad, siempre que se identifiquen problemas particulares que ge-neren proposiciones tericas cuyo dominio, esto es, el segmento de realidadcubierto porla teora, resulte especfico para la subregin. Dentro delmarcodeesta discusin, Carranza (1985: 165) ha defendido un concepto amplio de teo-

ra, dentrodel cual la descripcin sustentada poruna estructura hipottico des-criptiva, aun cuando carezca de sistematizacin, reglas de correspondencia ydefiniciones operacionales, sera un marco cientfico apropiado para entendery explicar cuestiones vinculadas a la criminalidad en Latinoamrica. La discre-pancia sobre lo que debera entenderse por conocimiento cientfico revela unapersistente disputa sobre el alcance del saber criminolgico, donde precisin ygeneralidad se encuentran en constante contraposicin a intuicin y singulari-dad, un hecho con amplias implicaciones sobre los programas de intervencinsocial. La investigacin misma se convierte en tema de disputa. Algunos ale-gan que ella enfrenta problemas y limitaciones debido a la falta de recursos, ala interferencia poltica y a las debilidades metodolgicas (Marc del Pont,1983: 45-47). Otros vislumbran amplias posibilidades y perspectivas, a pesarde algunas dificultades, por cierto superables (Birkbeck, 1988: 64 ss.).

Si bien la orientacin predominante de la criminologa latinoamericanaes hacia la respuesta social hacia la criminalidad, especialmente hacia el siste-ma de justicia penal, los estudiosempricos sobre esta materia no hanalcanza-do aun suficiente desarrollo, dado que es en las escuelas de derecho dondemora la criminologa, lo cual dificulta, por entrenamiento, horizonte profesio-nal y perspectivas metodolgicas de los abogados, la aprehensin del sistemade justicia como realidad ms all de lo prescriptivo y normativo. Una visinfundamentalmente dogmtica del trabajo intelectual en este medio probable-mente ha influido en la suposicin de que la definicin precisa del rango tem-tico de la disciplina, antes que la evaluacin y discusin de los datos, es la con-dicin para la validacin cientfica del conocimiento. Ello coexiste con la ideapredominante de queel cambiosocial es una tarea importante de la criminolo-ga y con la recurrencia, en los discursos de los intelectuales de la denunciamoral del orden social como opresivo e injusto.



7/20

3. Visin del delincuente y sus motivaciones

Los criminlogos latinoamericanos, desde1970, han vinculado las expli-caciones de la conducta delictiva, al menos la de naturaleza convencional, a di-versas formas de privacin y carencias. En un ambicioso estudio que contem-pl series estadsticas entre 1928 y 1966, Quiroz Cuarn (1970: 534-535) ar-gument por la prevalencia de los factores socioeconmicos sobre los cultura-les en la explicacin de la criminalidad oficial en Mxico, estableciendo comohiptesis que el incremento delictivo se encontraba directamente relacionadocon el aumento poblacional e inversamente relacionado con el ingreso perso-nal. Ms de una dcada despus, Carranza (1983: 392) sostena que tanto ladelincuencia convencional contra la propiedad como la delincuencia femenina

se hallaban vinculadas a la privacin de recursos mnimos de vida, mientras ladelincuencia no convencional contra la propiedad podra ser explicada por lafalta de acceso a medios legtimos, y el terrorismo y los abusosde los derechoshumanos deberan ser atribuidos a las fallas del liberalismo econmico parasustentar la democracia poltica. En estas explicaciones, por cierto no susten-tadas por datos confiables, existe un hilo comn en torno a la inequidad en ladistribucin de la riqueza y a la deprivacin en la explicacin de la motivacindelictiva. Aniyar de Castro (1987: 118, 125) ha sostenido, de nuevo sin apoyoen datos, que indudablemente las mejoras en el crecimiento econmico, enla efectividad de las instituciones y en el aumento de la expectativa de vida y laoferta en saludy educacin, contribuirn a satisfacer legtimamente las necesi-dades de la poblacin, bajando por consiguiente la incidencia delictiva, si bienpara los crmenes de los poderosos estos factores no tendran efecto alguno.

Esta autora sostuvo en este ensayo que la solidaridad no es factible bajo condi-ciones de consumismo irrestricto, con metas de hacer dinero y con la lucha detodos contra todos, implicando que las condiciones socioeconmicas vincula-das a la desigualdad son factores crimingenos. Santos (1982: 144-145), porsu parte, ha sostenido quela injusticia en el orden social se puede definir comoun sustrato para la explicacin del delito, en particular el de tipo violento.

Los estudios que han examinado tendencias de la criminalidad, en parti-cular contra la propiedad, usualmente vinculan la motivacin delictiva a la po-breza y la privacin (Castillo Barrantes, 1981: 59), aunque tambin a la disfun-cionalidady desintegracin familiares (Mrquez de Villalobos, 1976: 120-121).Rara vez existe alguna referencia a formulaciones tericas para explicar estasvinculaciones. La falta de solidaridad, de cooperacin y de organizacin a nivelde los vecindarios han sido recientemente postulados comoexplicacin parala

emergencia y consolidacin de bandas juveniles en Centroamrica, aunque,aparte de la dificultad de probar relaciones causales a travsde medidas de co-rrelacin, la pobreza y la desigualdad no parecieran estar vinculadas a este fe-nmeno (UCA, 2004: 109, 295). Las privaciones han sido tambin considera-



8/20

das, a travs de los conceptos de estmulosaversivos, discriminacin, injusticiaen procedimientos legales y hacinamiento (Crdova Monasterio, 1988: 13 ss.),as como de la ruptura de estructuras precarias de contencin (Hidalgo y Jor-dan, 1993-1994: 139), como factores predictivos del comportamiento agresi-vo en el medio carcelario.

La perspectiva situacional del delito y sobre las oportunidades delictivashan recibido alguna atencin en Amrica Latina, tanto de desde la perspectivaterica (Birkbeck, 1984-1985) como emprica (Lafree y Birkbeck, 1988; Gabal-dn y Becerra, 2008). El tema de la corrupcin ha generado algn inters, entorno a lasideasde intimidaciny la perspectiva de la escogencia racional de ladelincuencia (Njaim, 1991), si bien la evaluacin emprica del modelo aguardatodava. Las explicaciones biolgicasy psicopatolgicas del delito son, definiti-

vamente, impopularesy tienden a ser descartadas,aun por quienes se encuen-tran ms cercanos a dichos enfoques, debido a la probabilidad de la estigmati-zacin y exclusin de los delincuentes (Rosero Cueva, 1990: 145).

Una revisin de la literatura latinoamericana sobre la motivacin delictivamuestra, en general, enfoques muy amplios a travs de conceptos que rara vezson operacionalizados con el propsito de probar hiptesis, as como un vastoespectro de delitosincluidos en las proposiciones explicativas, centradas funda-mentalmente enla privaciny la injusticia,como si la delincuencia,convencionalo no convencional, nacional o transnacional, singular u organizada, tuviese unanclaje comn en lasestructuras de poder y dominacindentrode la sociedad.

4. Modalidades de la reaccin social

Las respuestas frente al delito tienden a ser analizadas en Latinoamricadentro del marco legal (aunque usualmente percibido como abusivo) del ejer-cicio de la coaccin estatal, y dentrodel contexto de lasreacciones ilegales,fre-cuentemente violentas, de los ciudadanos, bien como seres dispersos o comoorganizados con el apoyo de los representantes del Estado. A continuacin sepresenta una revisin de los principales enfoques y hallazgos vinculados al sis-tema de justicia penal (polica, tribunales y crceles)y a la justicia informal, ma-ligna o benigna segn el grado de coaccin empleado.

Los estudios sobre la polica, desarrollados principalmente desde 1990,sehan centrado en la utilizacin dela fuerza y en la corrupcin, aunque los pro-cesos de selectividad y discrecionalidad han merecido tambin alguna aten-cin. Los estudios sobre la polica en Amrica latina enfrentan al menos dos ti-pos de dificultad; por una parte el acceso limitado a los datos y rutinas policia-les, y por la otra la resistencia de los acadmicos a vincularse con una agenciaque tiende a ser percibida como abusiva y/o primitiva, adems de corrupta. Anivel microanaltico, la confrontacin y resistencia frente a la polica por parte



9/20

de coaliciones grupales ha sido postulada como una hiptesis para explicar eluso desmedido de la fuerza, mientras que a nivel macroanaltico, la ms soco-rrida de las hiptesis es la del estado autoritario, mediante la cual se asumequela polica est conformada para actuar a favor de la clase dominante contralospobres (cfr. para una revisin general,Gabaldn, 1993). La oposicin pbli-ca a la polica ha encontrado algn respaldo emprico a travs de un estudioque mostr la alta probabilidad de que los policas fuesen muertos en embos-cadas (Del Olmo, 1990: 235). Tambin se ha avanzado la idea de un crculo vi-cioso en la represin policial, que generara sospecha y desconfianza entre lapoblacin, las cuales, a su vez alimentaran reacciones violentas de sta ltimahacia la polica, generando, a su vez muertes como respuesta policial (Zaffaro-ni, 1993: 132-135). La investigacin emprica ha mostrado que el estatus so-

cial es una variable asociada a mayores niveles de coaccin policial, bien a tra-vs de actitudes y justificaciones, (Gabaldn y Birkbeck, 1996, 1998) bien a tra-vs de homicidios (Huggins y Mesquita, 1995), as como que la disposicin adenunciar a la polica, por parte de los ciudadanos, es menor que en pases in-dustrializados (Birkbeck, Gabaldn y Lafree, 1996), lo cual sugiere un espaciosocial de reconocimiento reducido para la polica. Se ha podido demostrar quela polica utiliza castigos directos hacia los infractores y que, incluso, negociasu aplicacin convctimas de la delincuencia, en unasuerte de concesinsitua-cional (Gabaldn y Serrano, 2001: 63 Paes Machado y Vilar Noronha, 2002: 70-72), siendo que tales formas de castigo son justificadas como una forma susti-tutiva de hacer justicia, en especial cuando las vctimas del delito son los pro-pios policas (Monsalve Briceo, 2006). La corrupcin policial ha sido descritacomo estructural, en el sentido que se desarrollan prcticas normalizadas que

permiten explotar a una clientela externa (Mingardi, 1991) o a los mismosfuncionarios policiales queseran requeridos a pagar a suspropios colegas porlos ascensos o con ocasin de sus trabajos cotidianos (Schmid, 1996; Bobea,2003: 225). La selectividad policial ha mostrado reflejar prejuicios de clase(Gabaldn y Bettiol, 1996) y sexuales (Hidalgo, 2003), lo cual pone en entredi-cho el suministro de un servicio policial uniforme.

Los tribunales penales han merecido atencin de la investigacin entorno, fundamentalmente, a la discriminacin, el acceso restringido a deter-minados sectores de la poblacin y a las decisiones que perjudican a los msdbiles. Si bien a la polica se le hanreconocidopoderes de aplicacin de san-ciones detentivas a lo largo del subcontinente (ver, para Argentina, Zaffaroni,1984, para Bolivia, Colanzi, 1987 y para Venezuela, Gabaldn y Bettiol, 1996),los tribunales han merecido la atencin creciente por cuanto sus decisiones

representan las sanciones ms emblemticas frente a la delincuencia y porcuanto la globalizacin y la adopcin de estndares internacionales sobre laprivacin de la libertad han implicado la ampliacin del mandato y los pode-res de los tribunales. Si bien alguna investigacin ha podido determinar que,



10/20

a nivel municipal, los tribunales actan con mayor eficiencia quela polica en lasustanciacin y disposicin final de los casos (Silva Garca, 1991), en generallos resultados de la actividad judicial penal han sido presentados como evi-dencia de sesgos producto de la disparidad socioeconmica de los justicia-bles, en particular en cuanto a la detencin y la condena. Van Groningen(1980) determin que las sentencias eran ms severas para los homicidiosejecutados por personas de clase baja que de clase alta, mientras Birkbeck(1996) encontr una correlacin positiva entre la detencin preventiva y lazona ms desventajosa de residencia de los transgresores. Por su parte, Gon-zlez Amado (1984) encontr que consecuencias desfavorables dentro delproceso penal, como la detencin preventiva, el llamado a juicioy el bajo ndi-ce de absoluciones, eran mayormente recurrentes para los transgresores de

bajo estatus social. Tambin se han documentado sesgos de la justicia penalvinculados al gnero (en particular la sobrecriminalizacin de las mujeres enlos casos de drogas, Francia, 1998) y a la etnia (de Lima, 2004), si bien en es-tas investigaciones ha faltado el control de la participacin diferencial en ladelincuencia segn las variables analizadas. El acceso a la justicia ha sidoconsiderado comolimitado no slo debido a minusvala socioeconmica (Co-rrea y Jimnez, 1997) sino a la distancia cultural entre el grueso de la pobla-cin y el sistema (Rochey Richter, 2005). El argumento de la distancia culturalha sido extendido al marco legal del castigo, percibido como el producto dediseos extranjerizantes, en su mayor parte europeos, que cuando son apli-cados a nuestros pases, bien incrementan los perfiles autoritarios y limitan laautonoma de la judicatura (Camacho Flrez, 1988) bien refuerzan el dominiode las clases privilegiadas entre las cuales son reclutados los jueces mismos

(Garca Mndez, 1988). La persecucin penal, cuando ha sido evaluada,muestra que la duracin del proceso excede ampliamente los lapsos legales yque algunas salvaguardas jurdicas, como el sistema de jurados, representanun obstculo para la fluidez y eficacia del sistema de justicia (Muoz, 1981:208, 213). La eficiencia del proceso militar, que supuestamente implicaramayor celeridad, tambin ha sido cuestionada, segn los datos de una inves-tigacin en Colombia, que permiti evaluar suficientes casos dada la cotidia-nidad de tal proceso durante varios aos (Marroqun y Camacho, 1984).

La prisin ha recibido en Amrica latina bastante atencin, para denun-ciar la injusticia, los prejuicios de clase social, el hacinamiento y la violencia,antes quepara proponer un manejo eficiente del sistema carcelario. Las dispa-ridades en la encarcelacin son presentadas como una forma especial de abu-so de poder, que sobre victimiza a los pobres y los coloca en peligro de vida

(Muoz, 1993). El incremento en las tasas de encarcelacin ha sido criticadocomoel producto de errneas polticas pblicas latinoamericanas paraenfren-tar el delito y de fallas atribuibles al proceso penal, que enfatizan la detencinpreventiva, a pesar de quepases caribeos con sistemas de inspiracin anglo-



11/20

sajona muestran ms elevadas tasas de encarcelacin que los latinoamerica-nos (Carranza, 2001: 13). Si bien las alternativas a la encarcelacin no parecenfuncionar del todo mal en trminos de reincidencia (Birkbeck, 2002; Valera,1989), las crticas abundan en cuanto a que la restitucin de la vctima ha falla-do (Silva Garca, 1995) o sobre la resistencia de los juecesa aplicar las medidassustitutivas (Morais, 2001: 92). A pesarde queexiste un discurso de sentido co-mnsobre la eficacia del sistema de justicia en funcin del encarcelamiento delos transgresores, pareciera existir, entre los acadmicos, un persistente senti-miento de incomodidad sobre la perspectiva de enviar gente a la prisin, locual hace que cualquier discusin sobre las funciones intimidativas o neutrali-zantesde la prisin seainexistente. Ello es probablementedebido a la violenciay lamentables condiciones sanitarias que imperan en las crceles. Investiga-

cin reciente muestra patrones de autorregulacin carcelaria, donde tanto losreclusos ordinarios (Hidalgo, 1995) como las pandillas vinculadas al trfico dedrogas (Caldeira, 2004) definen sus propias reglas y procedimientos para lospremios y castigos al margen del sistema legal, haciendo que las crceles seanpercibidas comores derelictao sometidas a una maligna privatizacin de he-cho. Este tipo de ambiente fomenta ambivalencia y entorpecelos planesde co-laboracin entre investigadores y funcionarios gubernamentales en cuanto alas polticas de gestin carcelaria.

El control social informal, especialmente sus variedades asociadas a la vio-lencia y la dureza, ha sido objeto de algunos estudios empricos que, en su con-junto, muestran su utilizacin como prctica abusiva, en algunos casos fomenta-da porlosmismosfuncionariosgubernamentales y enotros productode respues-tasdesorganizadas de la poblacin, como consecuenciade la percepcinde inefi-

cacia estatalpara contener la delincuencia(RomeroSalazar, 2002). Los escuadro-nes de la muerte han sido descritos como expresin de la autoridad estatal a tra-vs de medios ilegales, tanto en condiciones de guerra (Cano, 2001) como detransicin a la democracia luego de regmenes dictatoriales (Pinheiro, 1991), ycomo una forma de reprimir a los pobres, si bien algunos consideran que msbien reflejan las carencias de un Estado estable y la resistencia de la poblacin aobedecer sus mandatos, abriendo paso a la violencia privada (Figueroa Ibarra,1991). Esta ltima interpretacin pareciera estar sustentada por un estudio re-ciente donde una muestra de ciudadanos de diferentes ciudades mostr acuer-dos, entre 35% y 15% en matar a delincuentes persistentes y entre 20% y 6% enapoyar acciones de escuadrones de la muerte para la limpieza social (BriceoLen, Camardiel y Avila, 2002:391-392). Estos datos sugieren un bajo nivel deconfianza en el monopolio estatal de la fuerza entrelos particulares. La investiga-

cin sobre los linchamientos y la justicia callejera en Brasil, durante fines de1970 y comienzos de 1980, ha encontrado que no existe proporcionalidad entreel tipo de delito y la entidad delcastigo impuesto, as como que, enalgunos casos,las propias comisaras policiales donde se encontraban los sospechosos fueron



12/20

atacadas por los enfurecidos vecinos (Benevides y Ferreira, 1983: 231). Estoshallazgossugierenun abierto desafo al sistema legal.Los linchamientos se in-crementaron en Brasil en un 5% luego de caer la dictadura (Souza Martins,1991: 23), lo cual sugiere un efecto compensatorio frente al relajamiento delas respuestas estatales frente al delito. Un estudio venezolano sobre reporta-jes de prensa de linchamientos, entre 1995 y 1996, sugiere la fragilidad del es-tado de derecho y la falta de confianza en el sistema judicial como las principa-les explicaciones (Han, 1998).

En general, para el caso latinoamericano se podra sostener que existeuna presuncin generalizada de inequidady prejuicio en la operacin delsiste-ma penal, as como una percepcin de que los mecanismos extralegales decontrol, en su mayor parte violentos y en los cuales participan con frecuencia

los mismos agentes del Estado, refuerzan la ilegitimidad del sistema legal. Lareaccin social, formal e informal, se ceba sobre los grupos ms desfavoreci-dos desde el punto de vista econmico y social, como una clientela desprote-gida debidoa su escaso poder de reclamo social. Esta situacinpuede explicar,al menos en parte, la actitud virtualmente subversiva de los acadmicos lati-noamericanos hacia el sistema de justicia penal, y el escaso inters en partici-par, mediante proyectos y diagnsticos plausibles, en el incremento de unosniveles de eficiencia para el sistema penal que, dados sus rasgos de desigual-dad, terminaran por perjudicar a los sectores ms dbiles de la poblacin.

5. El enfoque y el propsito del conocimientocriminolgico en Amrica Latina

La revisin de la literatura criminolgica latinoamericana desde 1970permite determinar una gran preocupacin por la definicin del tema de estu-dio de la disciplina, fuertemente inclinado hacia un sistema de justicia percibi-do como la expresin de un orden opresivo a favor de la clase dominante. A pe-sar de esta visin negativa del control social, las conductas relevantes para lainvestigacin criminolgicas parecen estar confinadas por las definiciones le-gales del delito, lo cual podra parecer contradictorio considerando el continuodesafo al ordenamiento legal comoexpresinde interesesminoritarios de cla-se. Este confinamiento, sin embargo, es consistente con la percepcin de quela criminalizacin y, por consiguiente, la respuesta estatal basada en las defini-ciones legales, independientemente de su razonabilidad y justicia, constituyeel ncleo de la reflexin criminolgica, abriendo una perspectiva para el cam-biosocial. En este sentido, la criminologa crtica, a pesar de haberse generado

en otras latitudes, ha encontrado en Amrica latina un campo frtil para su flo-recimiento. Por otro lado, las explicaciones del delito solo consideran de modomarginal factores individuales, y se encuentran centradas en las condicionessociales que fomentan la privacin. Dentro de este marco, la normalizacin y la



13/20

reintegracin de delincuentes se convierten en el propsito de un enfoque hu-manstico para enfrentar el delito y reducir la injusticia. Ello puede explicar elcontinuo criticismo sobre el rigor del sistema de justicia (que, curiosamente,coexiste con la percepcin lega de su lenidad y la impunidad que propicia) y elfuerte nfasis en los discursos y argumentos de denuncia moral, antes que so-bre hechos y datos especficos; el orden se asume como desprovisto de legiti-midad y su prueba es considerada irrelevante. Conocimiento y discurso sonrara vezincorporados a la praxis del sistema de justicia penal, como si dicha in-corporacin, en la medida que contribuya a incrementar su eficacia o eficien-cia, implicara la colusin de los intelectuales con los representantes del ordenopresivo. Esto puede tambin explicar la emergencia de un nuevo paradigmasobre seguridad ciudadana, desarrollado a partir de 1990 con el apoyo de las

agencias multilaterales de desarrollo, y centrado en las ideas de gobernabili-dad, sociedad civil y fortalecimiento de sistema de justicia, y que ha incluidouna reforma procesalpenal orientada por los principios del modelo acusatorio,donde los criminlogos han permanecido virtualmente ausentes de los deba-tes, manejados fundamentalmente por politlogos, economistas y litigantes,dentrode una enfoque pragmtico quemaximiza la intimidacin y el expansio-nismo jurdico y minimiza las medidas sociales o macroeconmicas para elcontrol del delito (cfr, para una discusin general, Gabaldn, 2007). Es como silos criminlogos latinoamericanos rehusasen participar en un modelo que, ennombre de la eficiencia, la gobernabilidad y el individualismo, expanda el de-sempeo estatal a travs de medidas estrictamente represivas.

Estos rasgosseguramente tienen efectos sobre la incorporacin o no de lainvestigacin criminolgica a las polticas pblicas. Si bien es probable que los

criminlogos latinoamericanos se mantengan ms alejados que colegas deotras regiones de las agencias gubernamentales porque resultan menos fre-cuentemente convocados a participar(las universidades seranreductos de criti-cismo catrtico y poco constructivo), ello no explica toda la historia de la escasaconexin entre saber acadmico y polticas pblicas en el control de la criminali-dad en Amrica Latina. Por una parte las universidades han recibido financia-miento y soporte consistente y permanente por parte del sector pblico, lo cualpermitira prever una colaboracin ms efectiva, pero por la otra, an progra-masestatales contratados y costosamentefinanciadospor el Estado, se dejan delado por los gobiernos que los han contratado, cuando discrepancias y desen-tendimientos entre sus mismos representantes afloran, como lo ilustra el re-ciente caso de la reforma policial en Venezuela (Birkbeck y Gabaldn, 2009).

La conexin con la poltica o el desprecio del saber autctono para expli-car la falta de impacto del conocimiento criminolgico en la praxis social esms compleja de lo sugerido por los criminlogos citados al inicio del ensayo.Por una parte, las universidades financiadas por el Estado han gozado tradicio-nalmente de gran autonoma para la gestin de sus recursos y la definicin de



14/20

sus proyectos, lo cual las mantiene institucionalmente desconectadas; porotro lado, las races tericas de los enfoque crticos hacia el sistema de justiciano son, en realidad, autctonos, proviniendo, fundamentalmente, de perspec-tivaseuropeas. Pero, sobre todo, resulta interesante averiguar por qu en Am-rica latina resulta tan importante el consenso normativo en torno al foco y laagenda de la investigacin, por qu dicho foco permanece anclado en uno delostrminos de la ecuacin delictiva, esto es, la reaccin social, y porqu la mi-nimizacin de las respuestas estatales, percibidas como excesivas e injustas,es tan relevante en el discurso criminolgico. Tal pareciera que un patrn deconocimiento holstico, centrado en torno a la intuicin y la integracin, emer-ge en el contexto latinoamericano; los individuos no son concebidos como su-jetos relevantesfuera de grupos o comunidades de interesesy las disparidades

de poder, incluyendo las derivadas del gobierno, son percibidas como arreglosdesbalanceados de la vida social. De este modo, la criminologa en Latinoam-rica debera servir como una fuerza liberadora y desatadora de los lazos de po-der. Evidentemente se requiere investigacin adicional sobre este tema, inclu-so ms all del mbito de la criminologa.

6. Conclusin y perspectivas

El presente ensayo ha tenido como propsito revisar el desarrollo de lacriminologa latinoamericana durante los ltimos siete lustros a travs de trescuestiones fundamentales vinculadas a la disciplina: su campo y propsito deestudio, las explicaciones del delito y las respuestas de control social formal einformal. Surgen como rasgos caractersticos, la disputa sobre el propsito y

rea de estudio de la criminologa, la concentracin en la privacin e injusticiacomo motivaciones para la conducta delictiva y el nfasis en la exclusin y elmaltratocomo aspectos definitorios de la reaccin social hacia la delincuencia.La criminologa latinoamericana se presenta como predominantementeholstica, prescriptiva y con gran carga de denuncia moral.

Las disputas sobre el propsito, campo de estudio y tareas de la crimino-loga parecen estriles, si se consideraque cualquierdisciplina define su alcan-ce en funcin de losproblemas e intereses quedefinen quienes la cultivan. Estatendencia prescriptiva y dogmtica de la criminologa latinoamericana, proba-blemente determinada por la filiacin jurdica de la mayor parte de sus acad-micos, parece intil para contribuir a la ampliacin del conocimiento crimino-lgico. Por otro lado, la cuestin de las causas del delito pareciera requerir mu-cha ms reflexin por parte de los criminlogos, quienes tienden a abordar la

cuestin en forma ms bien superficial, sin recoger ni analizar datos, tanto enperspectiva longitudinal como transversal. En todo caso, no pareciera muyprobable que los investigadores latinoamericanos se empeen en el futuroprximo en investigaciones orientadas a probar hiptesis sobre factores per-



15/20

sonales asociados a la comisin delictiva, dado que dicha cuestin parece aje-na a la forma como son percibidos la dinmica y los procesos de criminaliza-cin. Por lo que se refiere a las reacciones frente a la conducta delictiva, la cri-minologa latinoamericana puede realizar aportes sustantivos a travs de la in-vestigacin sobre la conformacin y operacin de sistemas formales e infor-males de castigo, temas que parecen ms prximos a los intereses intelectua-les de sus acadmicos quela explicacin de las causas del delito. En este senti-do, la coexistencia de amplios mecanismos de control social informal,de diver-sos grados de coaccin, con el sistema penal, le ha dado a los criminlogos la-tinoamericanos una visin multifactica del control social, poniendo en entre-dicho la idea de que el sistema legal constituye la manifestacin consumadadel monopolio estatal sobre el arbitraje y la coaccin para resolver las disputas

interpersonales, algo que, en otros contextos socioculturales podra ser perci-bido como desorden o falta de gobernabilidad, alejndolo del inters de la in-vestigacin acadmica. En este sentido, la crisis de legitimidad que parece en-volver al sistema de justicia latinoamericanopuede ser una ventaja para descu-brir, analizar y proponer polticas pblicas dentro de un marco no exclusiva-mente legalista, dado que la legalidad resulta, obviamente, insuficiente para eldesarrollo de planes sensatos de control de la delincuencia.

Referencias bibliogrficas

ANIYAR DE CASTRO, L. (1986) El jardn de al lado o respondiendo a Novoa sobre la cri-minologa crtica,Doctrina Penal,9, 33-34, pp. 305-313.

_______ (1987) Prevencin del delito y medios de comunicacin: entre la vaguedad y loimposible,Derecho Penal y Criminologa, 9, 32/33, pp. 115-134.

_______ (1990) Introduccin: La poltica criminal y la nueva criminologa en Amrica La-tina,en Lola Aniyarde Castro(editora)Criminologa en Amrica Latina. Roma,Unicri, pp. 9-37.

BENAVIDES, M. y FISCHER FERREIRA, R. (1983)Respostas populares e violencia urbana:o caso de linchamento no Brasil (1979-1982) en Paulo Sergio Pinheiro (editor)Crime, violencia e poder.Sao Paulo, Brasiliense, pp. 227-243.

BERGALLI, R. (1983) El pensamiento crtico y la criminologa, en R. Bergalli, J. BustosRamrez y T. Miralles (editores),El pensamiento criminolgico I.Bogot: Te-mis, pp. 181-208.

BIRKBECK, C. (1984-1985) El concepto de oportunidades para el delito, su definicin yconsecuencias,Revista Cenipec, 9, pp. 43-81.

_______ (1985) La criminologa comparada y las perspectivas para el desarrollo de unateora latinoamericana en Christopher Birkbeck y J. Martnez Rincones (editores)

La Criminologa en Amrica Latina: balance y perspectivas.Mrida: Univer-sidad de Los Andes, pp. 121-149.



16/20

________ (1988) La investigacin criminolgica, su mtodo, su importancia y susprinci-pales dificultades, en Lecciones de Criminologa.Asociacin Colombiana deCriminologa Alfonso Reyes Echanda. Bogot: Temis, pp. 47-76.

________ (1996) Clase social y criminalizacin diferencial: un estudio emprico referido alrea metropolitana de Mrida, en Luis Gerardo Gabaldn y Christopher Birkbeck(editores) Control social y justicia penal en Venezuela. Ensayos en homenaje aHctor Febres Cordero.Mrida: Universidad de Los Andes, pp. 153-182.

________ (2002) El funcionamiento del rgimen de prueba en Venezuela: un estudio enla regin andina, 1980-2000,Captulo Criminolgico,30, 2, pp. 49-82.

________ (2004) Experticia y prevencin del delito: un estudio comparado de Canad yVenezuela,Captulo Criminolgico,32, 2, pp. 147-189.

BIRKBECK, C. y GABALDN,L.G.(2009) Venezuela: policing as an exercise in authority,en Mercedes Hinton y Tim Newburn (editores) Policing Developing Democra-cies, London, Routledge, pp.165-187.

BIRKBECK,C.; GABALDN L.G. y LAFREE, G. (1996)La decisin de llamara la polica: unanlisis actitudinal comparativo entre Venezuela y Estados Unidos, en Luis Gerar-do Gabaldn y Christopher Birkbeck, (editores)Control social y justicia penalen Venezuela. Ensayos en homenaje a Hctor Febres Cordero.Mrida, Universi-dad de Los Andes, pp. 125-149.

BOBEA, L. (2003) Economa poltica de la inseguridad y desafos de las polticas de se-guridad ciudadana en la Repblica Dominicana: cero tolerancia bajo la mirilla,enLilian Bobea (editora) Entre el crimen y el castigo: seguridad ciudadana ycontrol democrtico en Amrica Latinay el Caribe. Caracas: NuevaSociedad,pp. 175-228.

BRICEO LEN, R.,CAMARDIEL, A y AVILA, O (2002)El derecho a matar en Amrica Lati-na, en Roberto Briceo Len (editor)Violencia, sociedad y justicia en Amrica

Latina.Buenos Aires: Clacso, pp.383-404.CALDEIRA, C. (2004) Bangu I: A politica do carcere duro, Revista de Estudos Crimi-nais, 13, pp. 34-56.

CAMACHO FLREZ, J. (1988) Derecho penal y realidad social, Derecho Penal y Crimi-nologa,10, 36, pp. 113-124.

CANO, I. (2001) Polica, paramilitares y escuadrones de la muerte en Amrica Latina, enKlaus Bodemer, Sabine Kurtenbach y Klaus Meschkat (editores) Violencia y regu-lacinde conflictos en AmricaLatina. Caracas: Nueva Sociedad, pp. 219-235.

CARRANZA, E. (1983) Desarrollo y tendencias de la criminalidad y algunos criterios parasu prevencin,Derecho Penal y Criminologa,6, 21, pp. 384-399.

________ (1985) Notas sobre el tema de una teora criminolgica latinoamericana, enChristopher Birkbeck y J. Martnez Rincones (editores) La Criminologa en Am-rica Latina: balance y perspectivas. Mrida: Universidad de Los Andes, pp.151-175.

________ (2001) Sobrepoblacin penitenciaria en Amrica Latina y el Caribe: situacin yrespuestas posibles, en Elas Carranza (editor)Justicia penal y sobrepobla-cin penitenciaria: respuestas posibles.Mxico: Siglo XXI, pp. 11-47.



17/20

CASTILLO BARRANTES, E. (1981) El funcionamiento de la administracin de la justiciapenal en Costa Rica,Cuadernos Panameos de Criminologa, 10,pp. 48-69.

COLANZI, A. (1987) Granja de Espejos: aberracin jurdica o lucha de clases. SantaCruz, Cabildo.

CRDOVA MONASTERIO, T. (1988) Los condicionantes negativos en la agresin car-celaria.Maracaibo: Universidad del Zulia.

CORREA, J.S. y JIMNEZ, M.A. (1998)Sistemajudicial y pobreza: Estudio sobre el accesoa la justicia en Argentina, Chile, Per y Venezuela. Cuadernos de Anlisis Jur-dico, 35, Santiago: Universidad Diego Portales.

DAVID, P. (1999) La globalizacin jurdica y el rol de la universidad, en Pedro R. David,Globalizacin, prevencin del delito y justicia penal,Buenos Aires: Zavalia,pp. 145-178.

DE LIMA, R. (2004) Atributos raciais no funcionamento do sistema de justica criminalpaulista,Sao Paulo em Perspectiva,18, 1, pp. 60-65.

DEL OLMO, R. (1987) Criminologa y derecho penal: aspectos gnoseolgicos de una re-lacin necesaria en la Amrica Latinaactual,Criminalia, 53, 1-112, pp. 50-67.

________ (1990) Violencia policial en las calle de Caracas, en Rosa del Olmo (editora),Segunda ruptura criminolgica. Caracas: Universidad Central de Venezuela,pp. 217-239.

ELBERT, C. (1996) Criminologa Latinoamericana. Teora y propuestas sobre elcontrol social en el tercer milenio.Buenos Aires: Editorial Universidad.

FIGUEROA IBARRA, C. (1991) Guatemala: the recourse of fear, en Martha K. Huggins(editora)Vigilantism and the State in Moderna Latina America, essays onextralegal violence.New York, Praeger, pp. 73-83.

FRANCIA, L. (1998) Problemas que enfrenta la mujer en el proceso de criminalizacin,en Rosa del Olmo (editora)Criminalidad y criminalizacin de la mujer en laregin andina.Caracas: Nueva Sociedad, pp. 49-62.

GABALDN, L. G. (2007) Territorialidad, legitimidad y empoderamiento en la seguridadciudadana y el control del delito en Amrica Latina,Espacio Abierto,16, 1, pp.119-134.

________(1993) Polica, incertidumbre y violencia en Amrica latina una alternativa almodelo del Estado autoritario, Derecho Penal y Criminologa,XV. 31, pp. 193-210.

________(1987) Control social y criminologa. Caracas: EditorialJurdica Venezolana.

GABALDN L. G. y BIRKBECK, C. (1996) Estatus social, comportamiento ciudadano yviolencia policial: una evaluacin actitudinal en policas venezolanos,CaptuloCriminolgico,24, 2, pp. 31-59.

_________ (1998) Criterios situacionales de funcionarios policiales sobre el uso de lafuerza fsica,Captulo Criminolgico,26, 2, pp. 315-338.

GABALDN,L. G. y BETTIOL, D. (1996) Visibilidad y recursos en el control social formal:unaevaluacin en el contexto de la Ley sobre Vagos y Maleantes, en Luis GerardoGabaldn y Christopher Birkbeck, (editores)Control social y justicia penal en



18/20

Venezuela. Ensayos en homenaje a Hctor Febres Cordero. Mrida: Universidadde Los Andes, pp. 183-200.

GABALDN, L. G. y SERRANO, C. (2001) Violencia urbana. Perspectivas de jvenestransgresores y funcionarios policiales en Venezuela.Caracas, UniversidadCatlica Andrs Bello.

GABALDN,L. G. y BECERRA, N. (2008)Variablesasociadas a la consumacin y al agota-mientodel fraude mediante transferencias bancarias por va electrnica, Captu-lo Criminolgico,36, 2, pp. 123-153.

GARCA MNDEZ, E. (1988) Dominacin poltica y hegemona jurdica, Derecho Penaly Criminologa,10, 35, pp. 105-115.

GONZLEZ AMADO, I. (1984) Nivel social y proceso penal, Derecho Penal y Crimino-loga,7, 22, pp. 55-70.

GONZLEZ VIDAURRI, A. y SNCHEZ SANDOVAL,A. (2005) Criminologa. Mxico. Porrua.VAN GRONINGEN, K. (1980) Desigualdad social y aplicacin de la ley penal. Caracas:

Editorial Jurdica Venezolana.

HAN,P. (1998) Los linchamientos en el Estado de derecho venezolano (1995-1996), Ca-ptulo Criminolgico,26, 1, pp. 67-87.

HIDALGO, R. (1995) Control disciplinario informal en los establecimientos penales: pre-misas para un enfoque comparativo entre EE.UU y Venezuela, un caso venezola-no,Revista Cenipec,16, pp. 69-94.

________ (2003) Violencia domstica homosexual y respuesta policial: un estudio preli-minar comparativo entre Estados Unidos y Venezuela, Revista Cenipec, 22,pp.197-220.

HIDALGO, R. y JORDAN, M. (1993-1994) Amotinamientos carcelarios: de los cambios ad-ministrativos a la ruptura del control, Sabaneta, enero de 1994, Revista Ceni-pec,15, pp. 125-142.

HUGGINS, M.. y MESQUITA, M. (1995) Scapegoating outsiders:the murder of street youthin modern Brazil,Policing and Society, 5, pp. 265-280.

LAFREE, G. y BIRKBECK.C. (1988)El anlisis situacionaldel delitocon referencia a Vene-zuela y Estados Unidos,Revista Cenipec,11, pp. 55-79.

MRQUEZ, M. (1976) Homicidas menores de edad, l963-1974, Cuadernos Paname-os de Criminologa,5, pp. 107-131.

MARROQUN GRILLO, G. y CAMACHO FLREZ, J. (1984) Informe de investigacin, la du-racin real del consejo verbal de guerra, Derecho Penal y Criminologa, 7, 24,pp.97-112.

MARTNEZ,M. (1999)El estadoactual de la criminologay de la poltica criminal, en Car-los Alberto Elbert (editor) La criminologa del siglo XXI en Amrica Latina.Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, pp. 261-289.

MINGARDI, G. (1991)Tiras, gansos e trutas. Cotidiano e reforma na policia civil .Sao Paulo, Scritta.

MOLINA ARRUBLA, C. (1988)Introduccin a la criminologa.Bogot, Dik.



19/20

MONSALVE BRICEO, Y. (2006) Repercusiones del sistema de justicia en el castigo poli-cial,Captulo Criminolgico, 34, 1, pp. 5-32.

MUOZ, J. A. (1981) La duracin real del Proceso Penal, Derecho Penal y Criminolo-ga,4, 15, pp. 198-222.

________ (1993) El concepto de pena y la legislacin carcelaria,Derecho Penal y Cri-minologa,15, 50, pp. 287-303.

MORAIS, M. G. (2001) El funcionamiento de los tribunales de ejecucin del Circui-to Judicial Penal del rea Metropolitana de Caracas.Caracas: UniversidadCatlica Andrs Bello, mimeo.

NJAIM, H. (1991) Alcances y limitaciones de la ley en la lucha contra la corrupcin, enRogelio Prez Perdomo y Ruth Capriles (editores) Corrupcin y control: unaperspectiva comparada.Caracas: Ediciones Iesa, pp. 109-140.

NOVOA MONREAL, E. (1985) Desorientacin epistemolgica en la criminologa crti-ca?,Doctrina Penal, 8, 30, pp. 263-275.

PAES MACHADO, E. y VILAR NORONHA, C. (2002) Policing the Brazilian poor: resistanceto and acceptance of police brutality in urban popular classes (Salvador, Brazil),International Criminal Justice Review, 12, pp. 53-76).

PREZ PINZN, A. (2001)Curso de Criminologa.Bogot: Universidad Externado deColombia.

PINHEIRO, P. S. (1991)Police andpolitical crisis: thecase of theMilitary Police, en MarthaHuggins (editora)Vigilantism and the State in Modern Latin America, essayson extralegal violence.New York, Praeger, pp. 167-188.

QUIROZ CUARN, A. (1970) El costo social del delito en Mxico, Criminalia, 36, 7, pp.431-535.

REYES, A. (1980)Criminologa.Bogot: Universidad Externado de Colombia.

ROCHE,C.L. y RICHTER, J. (2005)Barreras culturales para el accesoa la justicia en Vene-zuela en Jess Mara Casal et al. (editores)Derechos humanos, equidad y ac-ceso a la justicia.Caracas: Ildis, pp.67-112.

RODRGUEZ MANZANERA, L. (1991)Criminologa.Mxico: Porrua.

ROMERO SALAZAR, ALEXIS (2002) Control Social; Nuevas Realidades, Nuevos Enfo-ques.Espacio Abierto.Vol. XI. No. 4.

ROSERO CUEVA, H. (1990) Estado actual de la criminologa clnica en Amrica Latina,en Lola Aniyar de Castro (editora) Criminologa en Amrica Latina.Roma: Uni-cri, pp. 135-147.

SANDOVAL HUERTAS, E. (1985) Sistema penal y criminologa crtica. Bogot: Temis.

SANTOS, T. (1982)Apuntes para un explicacin estructural de la criminalidad. Ma-racaibo: Universidad del Zulia.

SCHMID, R. (1996)La corrupctin en la polica preventivadel Distrito Federalen Mxico,

en Peter Waldmann (editor)Justicia en la calle. Ensayos sobre la polica enAmrica Latina.Medelln: Dik.



20/20

SILVA GARCA, G. (1991) Evaluacin de las disposiciones legales para la descongestinde despachos judiciales en la esfera penal Derecho Penal y Criminologa, 13,45, pp.157-181.

________ (1995) Fluctuaciones de la poblacin penitenciaria colombiana, Derecho Pe-nal y Criminologa, 17, 54/55, pp.125-172.

SOLS QUIROGA, H. (1985)Sociologa criminal.Mxico: Porrua.

SOUZA MARTINS, J. (1991) Lynchings__life by a Thread: street justice in Brazil, 1979-1988, en Martha K. Huggins (editora)Vigilantism and the State in Modern La-tin America, essays on extralegal violence.New York: Praeger, pp. 19-32.

UCA (Universidad Centroamericana Jos Simen Caas) (2004) Maras y pandillas enCentroamrica: pandillas y capital social.San Salvador: Universidad Centro-americana Jos Simen Caas.

VALERA, M. (1989) Los establecimientos abiertos en Venezuela: una evaluacin del tra-tamiento a infractores bajo el mtodo de semilibertad, Revista Cenipec, 12, pp.53-71.

VILLAVICENCIO, F. (2000)Introduccin a la criminologa.Lima: Grijley.

ZAFFARONI, E. R. (1984)El sistemacontravencional de la ciudadde BuenosAires. La mi-nimizacin formal para la represivizacin material,Criminologa Crtica, I Se-minario.Medelln: Universidad de Medelln, pp. 105-115.

_______ (1988)Criminologa. Aproximacin desde un margen.Bogot: Temis.

________ (1993b)Muertes anunciadas.Bogot: Temis.

ZAMBRANO PASQUEL, A. (1987) Nueva criminologa y derecho penal, Criminalia,53,1-12, pp. 228-24.


Criminología Latonoamericana

Documents

Transcript of Criminología Latonoamericana