Dan Church Aid

CODECOPAN

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¿Cuál es el Gran Secreto?Observaciones y Comentarios sobre la Mina San Andrésy la Regulación Minera en Honduras

Informe preparado por:Robert E. Moran, Ph.D.Mayo 2002

Informe comisionado por:Comisión de Desarrollo del Departamento de Copán (CODECOPAN)a través de la Asociación de Organismos No Gubernamentales (ASONOG)

Robert E. Moran, Ph.D.Calidad de Agua / Hidrogeología / Geoquímica501 Hess Ave., Golden, CO 80401 U.S.A.Tele: (303) 526-1405Fax: (303) 526-2678Internet: remoran@aol.com

Traducción al español hecho por ASONOG

Fotografía de Portada : Tajo abierto de la Mina San Andrés. Es el antiguositio de la comunidad de San Andrés, que fue reubicada en 1998. (Fototomada por Anna Cody.)Fotografía inserta: Piscina de lixiviación en la Mina San Andrés. (ASONOG)

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¿Cuál es el Gran Secreto?

Observaciones y Comentariossobre la Mina San Andrés

y la Regulación Minera en Honduras

Informe preparado por:Robert E. Moran, Ph.D.

Informe comisionado por:Comisión de Desarrollo del

Departamento de Copán (CODECOPAN)a través de la Asociación de Organismos

No Gubernamentales (ASONOG)

Mayo 2002

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INDICE

Prefacio ............................................................... 1

Resumen Ejecutivo ............................................ 5

Introducción ....................................................... 7

Hallazgos ............................................................ 13

Asuntos Relacionados ...................................... 31

Conclusiones y Recomendaciones ............... 41

Referencias Citadas .......................................... 43

Apéndice ............................................................ 47

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PREFACIOLos problemas que rodean la Mina San Andrés son demostrativo de la pre-caria situación minera en Honduras, un país donde el poder y la influenciade la industria minera sobre el gobierno se hace más que evidente. Gran-des expansiones del territorio nacional han sido otorgados en concesionesa compañías mineras. Varios municipios y miles de hondureños están sien-do afectados por las actividades de estas empresas. A las municipalidadesy los habitantes locales no se les permite ninguna participación en el otorga-miento de las concesiones; desde el principio, los intereses e inquietudes delos gobiernos municipales y de la población son regularmente descuidadospor el gobierno nacional.

La Ley General de Minería, aprobada seis semanas después del HuracánMitch en 1998, permite la exclusión de los interesados locales de decisio-nes que afectarán sus tierras y sus vidas cotidianas. De acuerdo a esta ley,todo el subsuelo del territorio nacional pertenece al Estado de Honduras, yes suyo para otorgar en concesiones de exploración y explotación a com-pañías mineras. Además, esta ley contiene provisiones para la expropia-ción forzosa de tierras pertenecientes a terceros si es que obstruyen laexplotación minera dentro de la concesión.

Desde finales de los años 1990s, la Asociación de Organismos No Guber-namentales (ASONOG) ha estado trabajado directamente con las tres co-munidades aldeanas que han sido las más afectadas por las actividades enla Mina San Andrés, encontrada dentro el Municipio de La Unión, Copán, enla región occidental de Honduras. En respuesta a las preocupaciones deciudadanos que las aguas locales podrían estar siendo contaminadas poroperaciones mineras, ASONOG, a inicios de 2001, fue comisionada parabuscar el apoyo de un experto como el Dr. Robert Moran. El Dr. Moran esun hidrogeólogo y geoquímico respetado internacionalmente con más de 30años de experiencia en asuntos de calidad de agua y otros asuntos relacio-nados con la minería. Fue contratado para realizar un estudio técnico inde-pendiente con respecto a los asuntos mineros-ambientales en la zona.

Cumpliendo con todos los trámites legales exigidos por la ley, ASONOG,conjuntamente con la Comisión de Desarrollo del Departamento de Copán(CODECOPAN), recibió permiso para formar parte de una evaluación am-biental ordenado por el gobierno sobre la Mina San Andrés y su compañía

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operadora, Minerales de Occidente (MINOSA). (La Mina San Andrés eraanteriormente operada por la empresa canadiense Greenstone ResourcesLtd., hasta 1999, cuando se declaró en quiebra.) De acuerdo a Ley hondu-reña, no se permite ningún estudio realizado independientemente de la apro-bación del gobierno central, o de la compañía minera.

El estudio ordenado por el gobierno, planificado para la segunda semana dediciembre 2001, fue interrumpido por MINOSA cuando ilegalmente rehusa-ron la entrada de ASONOG (que es miembro de la CODECOPAN) y el Dr.Moran a sus instalaciones. El informe a continuación hace un recuento delos eventos que rodean ese estudio, y habla sobre la naturaleza inadecuadade la vigilancia provista por las autoridades hondureñas. El Dr. Moran tam-bién trata con otros asuntos muy importantes, como los posibles daños aotras comunidades en la región, los problemas comúnmente experimenta-dos en sitios mineros, y además presenta varias recomendaciones paramejorar la situación minera actual en Honduras. Entre sus conclusiones semanifiesta que la industria minera claramente tiene un gran control sobre laregulación minera (en legislación y exigencia real), y que ninguna concesiónminera nueva debe otorgarse hasta que las capacidades y procedimientosde vigilancia sean mejoradas drásticamente.

Es nuestro deseo que este informe contribuirá a las conversaciones y pro-cesos que mejorarán las protecciones de los derechos humanos y del am-biente para el pueblo hondureño. Actualmente existe un ambiente de des-confianza entre algunas de las comunidades afectadas hacia las institucio-nes reguladoras gubernamentales; creen que estas agencias no siempretienen en mente sus intereses o bienestar, y a menudo se sienten sin ningúnpoder para mejorar su situación. Esto bien se entiende cuando se conside-ra que ASONOG, después de meses de coordinación, y a costo considera-ble para obtener una opinión técnica científica independiente y de un exper-to, no fue permitida realizar ninguna evaluación ambiental. ¿Se supone quedeberíamos creer que un campesino local tendrá los recursos, o que siquie-ra le sería permitido avanzar más allá que en este caso? Es nuestra espe-ranza que este informe servirá como crítica constructiva hacia el desarrollode una bien fundada confianza en las instituciones gubernamentales de par-te del público, después que se realicen cambios dramáticos en las funcio-nes, políticas, y prácticas de las pertinentes instituciones gubernamentalesde vigilancia.

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Finalmente, no olvidemos las palabras de Su Eminencia Reverendísima, ElCardenal Oscar Andrés Rodríguez M. (S.D.B.): “No podemos explotar nues-tros recursos naturales y después que venga el diluvio. Tenemos que entre-gar una tierra mejor que la que recibimos, tenemos que entregar bosquesmejor que los que recibimos, tenemos que dar a nuestras futuras generacio-nes razones de esperanza, razones para vivir con dignidad como hijos deDios ”

Asociación de Organismos No Gubernamentales (ASONOG)Mayo 2002

Para más información sobre la situación minera en Honduras, y las resultantesviolaciones de los derechos humanos, por favor véase la publicación deASONOG, “Cráteres, Venenos, Derechos Humanos,” actualmente disponible sóloen español. Pronto disponible en el sitio web: www.asonog.hn.

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RESUMEN EJECUTIVO

Después de varios meses de esfuerzos, conjuntamente entre la Comisiónde Desarrollo Departamental de Copán (CODECOPAN) y la Asociación deOrganismos No Gubernamentales (ASONOG) se logró conseguir permisode formar parte de un estudio ordenado por el gobierno para evaluar lascondiciones ambientales en la Mina San Andrés. ASONOG pagó para traera Honduras el apoyo de un experto para el estudio. Al final, los operadoresde la mina, Minerales de Occidente, rehusaron permitir que se realizara elestudio. Los representantes del gobierno de Honduras no anularon estaacción ilegal.

El informe que sigue indica claramente que no existe una vigilancia efectivade parte del gobierno sobre las actividades en la Mina San Andrés, y querealmente es la compañía quién determina hasta qué punto desea cumplircon las regulaciones ambientales. Demuestra, además, que el monitoreoambiental realizado por la autoridad minera hondureña, DEFOMIN,es principalmente inadecuado para revelar la presencia de una posi-ble contaminación química de la minera en los suelos, aguas y medioambiente en la zona.

Es importante notar que el informe demuestra que existe poca transpa-rencia dentro del actual sistema legal y reglamentario; por lo tanto, al públi-co en general no se le permite adecuadamente evaluar las actividades eimpactos que realmente ocurren en la Mina San Andrés. Aparte de los estu-dios de baja calidad producidos por DEFOMIN, las únicas otras fuentes deinformación ambiental son aquellas pagadas por la empresa minera, las cua-les son desfasadas por varios años, y las cuales a menudo son basadas enuna “ciencia” inadecuada y parcial. Aún estos estudios a menudo no estánrealmente disponibles al público, y no hay acceso a los datos de monitoreode la compañía. Claramente, existe una necesidad drástica de estu-dios ambientales realizados por fuentes independientes de la influen-cia de la empresa minera y el gobierno.

Esta visita truncada, pero reveladora, también demostró lo siguiente:• Las actividades mineras obviamente están contribuyendo a la contami-

nación de fuentes de agua locales, y pueden generar impactos de largoplazo. Esta contaminación puede impactar negativamente el nuevo pro-

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grama de tratamiento de aguas de la Municipalidad de Santa Rosa deCopán.

• El papel principal de la institución minera reguladora en Honduras espromover la minería, lo que presenta un obvio conflicto de intereses cuan-do se trata de la vigilancia ambiental. Existe una leve exigencia en lasórdenes y regulaciones del gobierno, más una leve provisión para cual-quier tipo de seguro financiero o “fondo de garantía” exigido a las em-presas mineras. Por lo tanto, los “costos” económicos, sociales, y de lasalud, resultantes de estos impactos, están siendo cargados por los ciu-dadanos afectados, no por las empresas.

• Actualmente, el gobierno hondureño carece de las capacidades paravigilar adecuadamente los impactos ambientales y sociales causadospor las actividades mineras. Por lo tanto, no se debe otorgar ningunaconcesión nueva, ni permitir ningún inicio de nuevas explotaciones, has-ta que estas capacidades de supervisar sean drásticamente mejoradas.

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INTRODUCCIÓN

“La Historia”Así que usted teme que su río local y posiblemente su agua potable esténsiendo contaminadas por las actividades no-tan-públicas de una empresaminera que utiliza el cianuro para extraer el oro de roca nativa. ¿Qué haceusted? En Canadá, los Estados Unidos, o Europa Occidental podría con-tactar una de las instituciones reguladoras regionales o nacionales para queprovean información y ayuda. Pero si usted es ciudadano de Honduras, esmucho más complicado. Aquí también existen instituciones reguladoras dela minería y el ambiente, pero entre el público existe una profunda descon-fianza en la capacidad e independencia de su personal, y es obvio que suprimera lealtad es a la industria que deben regular, y promover.

Tal es la situación para los ciudadanos que viven cerca de la Mina San An-drés en el Municipio de La Unión, en las tierras altas del occidente de Hon-duras. Los residentes de tres aldeas, San Andrés, San Miguel y Azacualpa,tienen preocupaciones razonables sobre posibles impactos negativos en lasalud pública, la seguridad, y la economía local principalmente de subsisten-cia, como resultado de las actividades en esta mina.

Dada la predominante desconfianza en la compañía y en las autoridadesnacionales, los ciudadanos consiguieron el apoyo de una red de organiza-ciones no gubernamentales hondureñas, la Asociación de Organismos NoGubernamentales (ASONOG), y la Comisión de Desarrollo del Departamentode Copán (CODECOPAN) para ayudarles a examinar y entender estos im-pactos, y para tratar de negociar mejoras. Como parte de estos esfuerzos,ASONOG quiso realizar una evaluación independiente sobre los impactosen las fuentes locales de agua, resultantes de las actividades mineras. Mecontactaron, y acordé realizar un estudio a fines del verano, 2001.

Luego, ASONOG fue informado que los reglamentos de la legislación am-biental hondureña no permiten realizar tales estudios independientes. Todoy cualquier estudio ambiental tiene que ser realizado de acuerdo al Regla-mento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA).De acuerdo a este Reglamento, los estudios ambientales sólo pueden serrealizados por la empresa minera misma, por la Dirección General de Eva-luación de Impacto y Control Ambiental (DECA), o por consultores o firmas

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alistados en un Registro mantenido por la Secretaría de Estado en los Des-pachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA). (Nota: La DECA esuna dirección dentro de la SERNA. Ver apéndice.).

Por lo tanto, al no permitírsele realizar su propio estudio independiente,ASONOG, en coordinación con CODECOPAN, solicitó de la SERNA permi-so para participar en un estudio ambiental del sitio minero y áreas pertinen-tes. ASONOG también recaudó los fondos necesarios de fuentes interna-cionales para contratar apoyo de un experto concerniente en asuntos deagua. Después de algunos meses, la SERNA concedió, permitiendo queCODECOPAN, ASONOG y su consultor formaran parte de un equipo inves-tigador organizado para evaluar si Minerales de Occidente estaba cumpliendoadecuadamente las medidas de mitigación, y para inspeccionar las actualescondiciones de los impactos en el ambiente. Este equipo fue convocado porel Gobierno Nacional (por medio de la SERNA) de acuerdo al Reglamentodel SINEIA, y fue integrado por personal del Gobierno Nacional (la DECA, yla Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería [DEFOMIN], que tambiénqueda dentro de la SERNA), y varias entidades regionales (como la UnidadTécnica Intermunicipal [UTIM] y las Unidades Municipales Ambientales[UMAs] de Santa Rosa de Copán y La Unión). Los estudios del SINEIApueden realizarse legalmente sin dar aviso previo a la compañía minera.Sin embargo, en el caso actual, el Vice Ministro de la SERNA anunció lasfechas del estudio en una reunión pública en la Municipalidad de La Unión (elmunicipio dentro el cual se ubica la mina) el 8 de noviembre, 2001. Repre-sentantes de Minerales de Occidente (MINOSA) estaban presentes en estareunión.

La evaluación y monitoreo tenían que ser realizados durante la semana del10 de diciembre, 2001. Se llevaron a cabo reuniones preliminares entre losmiembros del equipo evaluador en la oficina de la alcaldía municipal de LaUnión el 10 y 11 de diciembre, para arreglar los detalles del programa. Sinembargo, el 12 de diciembre, Minerales de Occidente formalmente rehusóla entrada de ASONOG y sus representantes porque, según argumentabaMinerales, un ex – empleado de ASONOG previamente había escrito unartículo anti-minero. (He leído este artículo, y claro que no era aduladorhacia MINOSA, pero no era anti-minero.) El mensaje obvio era que MINOSAno estaba dispuesto a permitir la entrada a una organización que ellos sa-bían traería un ojo crítico al estudio. Por lo tanto, permitirían la entrada delos representantes de gobierno, pero no de ASONOG y su consultor. Enese momento, los otros miembros votaron para cancelar la evaluación. Uno

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de los representantes de la DECA (Mauro Suazo) hizo notar que si a unmiembro del estudio SINEIA no se le permitía participar, el estudio no eracompleto, y no podía proceder. El equipo luego fue a San Miguel, y redactóun documento legal censurando la compañía.

Por lo tanto, MINOSA ilegalmente previno que la evaluación se realizara,demostrando que ellos y la industria minera llevan el control sobre las activi-dades ambientales mineras, no las autoridades hondureñas.

¿Qué es lo que esconden?Esta red de ONGs trató de obtener respuesta a sus motivos de queja si-guiendo los procedimientos dictados por el gobierno para obtener una eva-luación independiente, pero fueron desbaratados por una combinación dereglamentos y instituciones difíciles e ineptos. ¿Qué otro medio de res-puesta les queda?

Propósito y ÁmbitoEl propósito de este informe es resumir mis conclusiones concernientes a lasituación ambiental en la Mina San Andrés, con enfoque sobre aspectosrelacionados al agua. Este informe además incluye algunas observacionessobre la Ley Minera actual, la vigilancia minera ambiental en Honduras, y laexpansión del suministro de agua para Santa Rosa de Copán. El informetiene como propósito proveer una perspectiva que sea independiente dela empresa minera, sus consultores, y los reguladores gubernamentales.

Como se resume arriba, no se me permitió participar en la inspección inde-pendiente del sitio, y, por lo tanto, obtuve poca información directa. Sinembargo, se obtuvo considerable información indirecta. Las opiniones deeste informe son basados en lo siguiente:• Recorrido en Honduras entre el 6 y el 19 de diciembre, 2001. Durante

este tiempo, visité las partes públicamente accesibles de la Mina SanAndrés y sus alrededores, incluso a las aldeas de San Andrés, San Mi-guel, y Azacualpa, acompañado por personal de ASONOG el 7 de di-ciembre, y nuevamente el 11 y 12 de diciembre con los otros miembrosdel equipo del estudio SINEIA.

• Entrevistas y charlas con varios aldeanos y oficiales de los pueblos afec-tados, representantes de ONGs locales y regionales, oficiales guberna-mentales y políticos de Santa Rosa de Copán y sus alrededores, repre-sentantes de organizaciones reguladoras nacionales (DECA, DEFOMIN),y una entrevista con un representante de la Fiscalía de Ambiente.

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• Revisión de la información públicamente disponible sobre el ProyectoSan Andrés, que incluye los volúmenes 1 y 3 del Estudio de ImpactoAmbiental (EIA) producido por Steffen Robertson and Kirsten, Inc., [U.S.],(SRK). Desgraciadamente, no se pudo encontrar ni una copia pública-mente disponible del volumen 2, aún luego de numerosas solicitudes porvarias entidades, incluso los alcaldes de La Unión y Santa Rosa. Su-puestamente este volumen contiene los datos de base del sitio.

• Revisión de varios informes de monitoreo de DEFOMIN (también los dela antigua autoridad minera) para la Mina San Andrés, entre diciembre1997 y mayo 2001.

• Revisión del informe: Evaluación—Diagnóstico de la Calidad del Aguadel Río Higuito, Oct. 1998 (realizado por USAID).

• Más de 30 años de experiencia aplicada en hidrogeología y geoquímica,mucha de ella en sitios mineros por todo el mundo.

Con este informe no se pretende decir a los ciudadanos y a las institucionesreguladoras qué hacer. El propósito es proveer un apoyo técnico indepen-diente a los interesados locales y ONGs, y ayudarles a determinar sus pro-pias decisiones concernientes al medio ambiente y el desarrollo. Además,se propone presentar en el informe opiniones que puedan influir de maneraconstructiva sobre las prácticas de monitoreo del gobierno hondureño. Seespera que este esfuerzo ayude a minimizar los impactos inevitables delproyecto, y que mejore las probabilidades de que futuros impactos negati-vos sean adecuadamente mitigados y, de hecho, pagados por Minerales deOccidente, no por el público ni los donantes internacionales.

Ni ASONOG, ni CODECOPAN, ni el Dr. Moran somos filosóficamente anti-mineros, mas aquí nos enfocamos en hacer públicamente conocidas lasprácticas irresponsables, a fines de cambiarlas donde sea posible.

Todas las actividades dirigidas a la elaboración de este informe han sidoapoyadas por fondos de Dan Church AID (el gobierno danés y ONGs dane-ses) y Christian AID (una ONG inglesa), con apoyo logístico de la Asocia-ción de Organismos No Gubernamentales (ASONOG) y CODECOPAN. Sinembargo, lo expresado en este informe son mis propios hallazgos y opinio-nes.

AntecedentesDe acuerdo a Humphrey (2000, pg. 30), los Aztecas de México le contarona Cortés que recibían su oro de las montañas de Honduras; por lo tanto,

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muy pronto se emprendieron expediciones hacia el sur y el este, alrededorde los años 1524-1525. Se reporta que el cuerpo mineral de San Andrésfue explotado por los españoles por primera vez en el siglo 16 (Engineering& Mining Journal, Feb. 1992, p. 7), y que fue el primer descubrimiento deoro reportado en Honduras (EIA, Vol. 1, pg.1-3).

Las operaciones de minería a cielo abierto y lixiviación con cianuro en SanAndrés comenzaron en 1983 y continuaron hasta 1997, bajo el nombre Cia.Minerales de Copán (EIA, pg.5). Doan (1997) reporta que, de hecho, estacompañía pertenecía el 99% a Greenstone Resources Ltd., de Canadá.Entre 1996 o 1997 (dependiendo de información de la autoridad minera [1997]o el EIA [1998]) y 1999, el nombre oficial del operador era Greenstone Mine-ra de Honduras, S.A., cuando la compañía se fue a la quiebra y fue adquiridopor uno de sus acreedores, Banco Atlántida. Actualmente opera bajo elnombre de Minerales de Occidente, S.A. de C.V.

Bajo la posesión de Greenstone, las operaciones a cielo abierto fueron ex-pandidas, forzando la reubicación de la antigua aldea de San Andrés a unsitio varios kilómetros de donde estaba originalmente. Después de la ex-pansión de las instalaciones de lixiviación, algunas viviendas en San Miguelquedaron apenas a unos 42 metros de las orillas de las canchas de lixiviación(donde se apila la roca triturada para el riego con una solución de cianuro).El tajo abierto se ha expandido de tal forma que queda inmediatamente aba-jo de la aldea de Azacualpa, con algunas viviendas colocadas tan cercacomo entre 150 y 200m del margen del tajo.

Las instalaciones expandidas han sido construidas sobre tierras legalmentecompradas de grandes propietarios. Pero estas tierras antes eran alquila-das por campesinos locales para la producción de cultivos de subsistencia.Estas tierras altas y montañosas tienen muy pocos suelos verdaderamenteaprovechable para la agricultura. La expansión de las operaciones minerasha cambiado la economía anteriormente de subsistencia, comprometiendola seguridad alimentaria para muchos.

Aldeanos locales se han quejado varias veces por el ruido y las vibracionesde las voladuras cercanas, y por agravios relacionados a las expectativasno cumplidas con respecto a la creación de empleos. También alegan quesufren varios impactos en la salud debido a la construcción de instalacionesde lixiviación tan cerca de donde viven, que tienen que respirar polvos car-gados de compuestos de cianuro, metales y otros químicos. Sin embargo,

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este informe se enfoca en las supuestas descargas de contaminantes enlas aguas subterráneas y superficiales locales, y los impactos relacionadosal ambiente y a la salud.

Los impactos potenciales de la operación en San Andrés no se limitan asólo esos que tienen que ver con recursos hídricos locales. La ciudad másgrande de la región, Santa Rosa de Copán, ha comenzado la construcciónde instalaciones para expandir y mejorar el suministro de agua. Planeandesviar mucha del agua adicional del Río Higuito, que es abastecido por ríosque pasan por la zona minera. Durante mi visita, el alcalde de la Municipali-dad de Santa Rosa, Ing. Juan Carlos Elvir, expresó su obvia preocupaciónsobre la posibilidad de que alguna contaminación de la mina impactara elsuministro de agua potable y aumentara los costos de tratamiento.

Una de las viviendas de San Miguel más cercanas a las canchas delixiviación, donde se riegan los apilamientos de roca triturada con

solución de cianuro.Foto: Anna Cody (CESR)

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HALLAZGOS

Estudio de MuestreoComo se describe arriba, en diciembre 2001, Minerales de Occidente rehu-só permitir mi entrada y la del personal de ASONOG a sus instalacionescomo parte de un estudio ordenado por el gobierno. El objetivo de esteesfuerzo era evaluar las condiciones en la Mina San Andrés, y determinar siMINOSA estaba cumpliendo los términos del Contrato de Medidas de Miti-gación, firmado por la compañía con el Estado de Honduras. Curiosamen-te, MINOSA anteriormente había permitido el acceso al sitio a personal deASONOG, pero ninguno de éstos eran expertos en asuntos técnicos deaguas o minería. MINOSA también había permitido al personal de DEFOMIN,y a asesores japoneses seleccionados, realizar muestreos rutinarios envarias ocasiones. Claramente, en este caso, MINOSA no deseaba queciertos detalles de sus operaciones fueran hechas públicas—seguramenteno a mi persona, ni a una audiencia internacional potencialmente más críti-ca.

Sin embargo, fue posible conocer mucho sobre los procedimientosoperacionales y ambientales de la Mina San Andrés simplemente observan-do las instalaciones visibles de las vías públicas (las pilas de lixiviación, de-sechos de roca, el tajo abierto, instalaciones de trituración), que pasan pormedio del centro de operaciones. De hecho, los habitantes de las aldeaslocales tienen que pasar por medio de las operaciones para llegar a susviviendas. Estas impresiones fueron aumentadas también por conversa-ciones con aldeanos locales, oficiales y representantes del grupo de consu-midores de aguas, y con los equipos técnicos de DEFOMIN, DECA, lasUMAs (Unidad Municipal de Ambiente) de Santa Rosa y La Unión, la UTIM(Unidad Técnica Intermunicipal), ASONOG y CODECOPAN—de los cualesmuchos llevan varios años de experiencia con las operaciones en la mina.Estas fuentes, junto con la revisión del EIA (1998) y de varios informes he-chos por DEFOMIN, brindaron una buena impresión de lo que ha estadopasando en la Mina San Andrés.

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Manejo de MuestrasPor ejemplo, en la primera tarde de nuestro estudio truncado, varios miem-bros del equipo de estudio me informaron que muestras previas de cali-dad de agua tomadas en el sitio por DEFOMIN no se habían filtrado nipreservado en el campo a la hora de muestreo. (Preservación significaagregar químicos como el ácido nítrico para prevenir que los metales caiganal fondo de la botella. Comúnmente se agrega sodio-hidróxido para prevenirla “pérdida” de cianuro previo al análisis.) O sea, el procedimiento rutinariopara el equipo de DEFOMIN había sido tomar las muestras en todos lossitios de muestreo durante el día, viajar de regreso a Santa Rosa de Copán,y luego filtrar y preservar las muestras por la noche en su hotel. Estas acti-vidades de manejo no se llevarían a cabo hasta que ya hubieran pasadovarias horas o aún días después de que se había tomado una muestra.

Estos procedimientos son totalmente contrarios a los procedimientos acep-tados internacionalmente. Por décadas ha sido una práctica estándar filtrary luego preservar en el campo, a la hora del muestreo. (O simplemente agre-

Niño en el camino hacia la comunidad de Azacualpa,que pasa en medio de operaciones mineras.

Foto: Heine Pedersen (Dan Church Aid)

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gar preservante a una muestra no-filtrada.) Existen varias razones prácti-cas por las cuales no esperar para tratar las muestras.

Primeramente, en zonas tan remotas como los sitios de San Andrés, pue-den pasar horas o aún días hasta que las muestras se lleven al hotel parafiltración y preservación. Además, las aguas afectadas por la minería, am-bas superficiales y subterráneas, usualmente son inestables químicamente,y sus contenidos disueltos tienden a formar partículas sólidas que se salende solución, cayéndose al fondo o pegándose a las paredes de la botella demuestreo—si es que no se le agrega el preservante rápidamente. La par-cialidad de muestreo es agravada aún más cuando se filtran estas mues-tras químicamente inestables, que ahora son “viejas” por varias horas odías. Esto remueve las partículas sólidas que anteriormente estaban di-sueltas; por lo tanto, estos constituyentes no están disponibles para ser de-tectados en los posteriores análisis de laboratorio. No es sorprendenteque este proceso resulta en índices de concentraciones más bajaspara la mayoría de constituyentes químicos, especialmente los meta-les.

Por lo tanto, existe bastante razón para cuestionar si las muestrasde calidad de aguas recogidas en los estudios de monitoreo deDEFOMIN representan correctamente las actuales condiciones dellas aguas superficiales y subterráneas.

Temprano el 11 de diciembre, el personal de DEFOMIN confirmó que éstoseran los procedimientos de muestreo que les habían enseñado sus aseso-res japoneses, y los cuales habían sido utilizados en monitoreos pasados.(La autoridad minera de Honduras tenía un acuerdo de cooperación técnicacon el gobierno de Japón, bajo el cual recibieron capacitación ambiental.)Yo afirmé que tales procedimientos no eran aceptables y no deberían usar-se en el muestreo propuesto. Como compromiso, sugerí que tomáramosmuestras duplicadas: unas manejadas por los métodos de DEFOMIN; yotro juego preservado en el campo, para ser luego filtrado en laboratorio, oanalizado para “metales totales.”

Hasta aquí, los miembros del equipo todavía asumían que el estudio se lle-varía a cabo. Además, DEFOMIN había planeado realizar su propio estudioperiódico de la mina (lo que hubiera incluido muestreo), simultáneamentecon el estudio SINEIA. Sin embargo, la disputa sobre el muestreo causódesacuerdo y preocupación de la parte de DEFOMIN, y allí comenzaron las

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demoras mientras ellos consultaban con su laboratorio en Tegucigalpa, susjefes, y probablemente con MINOSA. Muy pronto, se hizo claro que MINOSAse opondría a la inclusión de mi persona y de ASONOG en el estudio. Elconflicto sobre el manejo de muestras parece haber contribuido a la subsi-guiente oposición de MINOSA.

Una vez que se hizo claro que el estudio SINEIA no continuaría, los repre-sentantes de DEFOMIN dijeron que también suspenderían su rutina demonitoreo para esa semana. Pero el jueves 13, el día después de que elestudio SINEIA se cerró, y una vez que yo había regresado a Santa Rosade Copán, de todos modos, DEFOMIN tomó sus muestras.

Monitoreo de la EmpresaDe acuerdo al EIA y varios miembros del equipo, MINOSA realizabarutinariamente sus propios monitoreos de calidad de agua, y por lo tantodebería ser posible comparar esos datos con los datos pasados deDEFOMIN. Esto podría dar luces sobre algunos de los asuntos de muestreo.¿Qué procedimientos usó MINOSA, y qué tan comparables fueron los resul-tados? Desgraciadamente, el personal de DECA y DEFOMIN informaronque los datos de la compañía nunca se habían hecho públicos. Elgobierno tendría que haber recibido y revisado tal información de la compa-ñía, pero por varios años nunca habían exigido que estos datos se entrega-ran.

Impactos¿Cuáles impactos fueron evidentes por mi “limitada” inspección?• Durante mi primer visita el 7 de diciembre, observamos un área donde

un drenaje de agua subterránea color naranja-amarillenta entraba enuna orilla remota del Río Lara, opuesta al portón principal del área deinstalaciones de proceso. El área descolorido era alrededor de 30 me-tros de ancho, y tenía la apariencia característica de aguas que sonácidas. Tales aguas (a los que se refieren como drenaje ácido de ro-cas, DAR) a menudo se encuentran en sitios mineros, y el color resultainvariablemente de un alto contenido de hierro (también, con frecuencia,un alto contenido de manganeso y aluminio), usualmente acompañadopor concentraciones elevadas de muchos otros metales y metaloides.Como mínimo, el agua subterránea, cuesta arriba, a distancia de la ori-lla, había contactado materiales sólidos que le causaron hacerse algoácido, de ese modo disolvió otros constituyentes químicos, los cualesfueron llevados hacia el río. ¿Qué eran estos sólidos? No lo sé. Po-

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drían haber sido antiguos desechos de rocas, o mineral antiguo previa-mente lixiviado (mineral gastado), reactivos químicos enterrados, o sue-los naturalmente ácidas que se habían apilado. El área de donde pare-cía que provenía esta agua subterránea había sido obviamenteregradado, recontornado, y posiblemente revegetado. Fuera lo que fue-ra este material indefinido, allí había sido enterrado, y estaba actuandocomo fuente de contaminación al río.

Parte del área descolorida por aguas naranja-amarillentas en la orilladel Río Lara; esta es la apariencia característica de drenaje ácido de

rocas (DAR).Foto: Anna Cody (CESR)

• Las acumulaciones de desechos de roca estaban siendo visiblementeerosionadas por la lluvia, y están obviamente reaccionando químicamentecon la lluvia para disolver químicos (metales, no-metales) de la roca, queluego fluyen por las aguas superficiales y subterráneas. Estas observa-ciones son corroboradas por medidas de conductividad eléctrica toma-das por DEFOMIN abajo de las áreas de desechos de roca. Además,pruebas geoquímicas de muestras de desechos de roca, descritas en elEIA (ver discusión más adelante), demuestran claramente que estosmateriales están generando lixiviados ácidos, y que lo continuarán en elfuturo. En el EIA, pg. 4-18 a 4-20, el Estudio reconoce que algunosdesechos de roca y minerales procesados generarán ácidos y liberaránmetales.

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(La minería produce grandes cantidades de desechos sólidos [desechos deroca, colas] que contienen químicos de proceso, desechos de metales, yotros componentes tóxicos. La Agencia para la Protección del Ambiente[EPA] de los Estados Unidos, declara en su Informe de Tóxicos Liberados[TRI] de 2001 que la industria minera es la fuente más grande de contami-nantes tóxicos en los Estados Unidos [U.S. EPA, 2001]. En el año 1999,liberó aproximadamente 3.98 billones [3.98 mil millones] de libras de mate-riales tóxicos, más de la mitad de toda la contaminación tóxica [7.8 billones]emitida en los Estados Unidos ese año.)

• Algunas de las viviendas de San Miguel están tan cerca de las instala-ciones de lixiviación que los habitantes están obviamente forzados ainhalar polvo cargado con contaminantes, especialmente durante épo-cas ventosas. DEFOMIN informa que las viviendas más cercanas que-dan a solamente 42 metros de la cerca de las instalaciónes de lixiviación(Informe de Monitoreo Ambiental # 03-01, 09 marzo 2001). Nunca ha-bía visto casas tan cerca de tales instalaciones—en más de 30 años deexperiencia en sitios mineros.

• Los ciudadanos locales aseveran que han habido por lo menos 6 ó 7 descargas deaguas contaminadas [de lixiviación] en las aguas superficiales locales; aparente-mente la compañía y DEFOMIN han admitido que es cierto (CESR, 2001).

• Medidas de campo de conductividad eléctrica en piezómetro No. 2, to-madas por DEFOMIN, indican que fluidos de lixiviación probablementeestán fugándose en las aguas subterráneas poco profundas, y posible-mente en las aguas superficiales (ver los detalles en posterior discu-sión).

La industria minera con frecuencia manifiesta que no habrá ninguna fuga de las instala-ciones de colas modernas porque estarán forradas con membrenas sintéticas. Por lotanto, a menudo se llaman “instalaciones de cero-descarga”—lo que implica al ciuda-dano cotidiano que no habrá ninguna fuga. Desgraciadamente, esta es una exagera-ción obvia; todo forro permite fuga en cierta medida. Esta fuga puede ser muysignificante si los forros no fueron instalados correctamente. Los forros sintéticos parainstalaciones de este tipo normalmente son colocados utilizando equipo pesado quepasa sobre los forros, lo que crea agujeros en el material sintético. Aún cuando seinstalan correctamente, pequeñas fugas pueden producir impactos significativos si ocu-rren en largos períodos de tiempo. El manejo de fugas potenciales se vuelve aún más

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Las piscinas de lixiviación de Minerales de Occidente (MINOSA), en laMina San Andrés, conteniendo solución de cianuro.

Foto: Heine Pedersen (Dan Church Aid)

difícil cuando ya se cierra la mina. Puede requerir que algún tipo de activi-dad de manejo de aguas continúe a perpetuidad luego del cierre de la mina.

• El uso de aguas locales por MINOSA exacerba la competencia paraestas aguas. Miembros del grupo local de consumidores de agua creenque los niveles de aguas superficiales han disminuido desde la expan-sión minera.

Aunque no es un impacto relacionado al agua, es difícil no notar la proximidad dealgunas viviendas en Azacualpa al tajo abierto activo. Esta aldea está colocada sobreun cerro inmediatamente arriba del tajo en continua expansión, con algunas viviendascerca a sólo unos 150m del margen del tajo. Los habitantes se quejan de ruido exce-sivo y temblores fuertes durante las voladuras, y dado que el área es sísmicamenteactiva, los precipicios parecerían estar en peligro de desmoronase (ver la discusiónsobre el EIA). Este riesgo sería especialmente alto si ocurriera un terremoto duranteun período de lluvias prolongadas.

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Por el hecho de que se nos impidió participar en el monitoreo de calidad deaguas, carecemos los datos verdaderamente “sólidos” necesarios parademostrar otros impactos a los recursos hídricos. Sin embargo, mi expe-riencia en centenares de otros sitios mineros me permite algunaextrapolación.

Primeramente, se tiene que decir que siempre existen impactos en los re-cursos hídricos en los sitios mineros. El simple hecho de que los procesosmineros incluyen la voladura y/o la trituración de roca en pedazos relativa-mente pequeños causa un gran aumento en el área superficial de la roca.Esto aumenta la velocidad en que estas rocas reaccionan químicamentecon agua u otros químicos—comparada a las velocidades de reacción deroca no fracturada en su estado natural. Por lo tanto, casi todo material deroca afectado por la minería—desechos de roca, mineral expuesto, roca delas paredes del tajo, colas, y materiales lixiviados—es más probable de libe-rar lixiviados contaminados que otra roca similar, no quebrada. Por estarazón, cualquier actividad minera, y relacionada al procesamiento de mine-rales, comenzado en un sitio previamente no minado siempre produce algu-na degradación en la calidad base de las aguas. Lo mismo invariablementeocurre cuando un sitio previamente minado se expande.

Desgraciadamente, en el sitio de San Andrés, los operadores han fallado en recopilarun conjunto de datos de base—ni para calidades ni cantidades de aguas (ver la discu-sión sobre el EIA). Por lo tanto, los impactos actuales han sido escondidos. Obvia-mente, los reguladores tampoco han requerido que el conjunto de datos de base ade-cuado sea provisto.

Estudios PasadosEIA. Greenstone contrató la firma Steffen, Robertson & Kirsten, con sedeen los EEUU, para preparar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA, 1998)cuando se estaban expandiendo las operaciones. El EIA informa que el“Estudio de Base” fue incluido en el Volumen 2; sin embargo, ninguno de losciudadanos u oficiales locales que entrevistamos jamás había visto una co-pia del Volumen 2—tampoco los miembros de la DECA. Aparentemente elpersonal de DEFOMIN había visto este volumen. Curiosamente, unos do-cumentos de reuniones públicas muestran que los alcaldes locales y otros represen-tantes oficiales habían públicamente solicitado la entrega de una copia del Volumen 2desde por lo menos el 13 de febrero, 2001. Más de un año después, todavía no se haentregado una copia de este volumen.

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Por lo tanto, no existen datos fiables (presentados en el EIA) que le permitena uno determinar si han ocurrido impactos a la calidad de agua en el pasado,o si están actualmente ocurriendo. ¡El lector tiene que recordar que lasoperaciones a cielo abierto en esta mina se han realizado desde 1983 u 84!

El “desaparecido” Volumen 2 además contiene las descripciones de la his-toria de operaciones detallada del sitio, las líneas de base para la biologíaacuática, y descripciones de las fuentes de agua. Por lo tanto, ninguno delos grupos locales interesados han podido revisar nada de esta información.

El EIA, en las páginas 4-11 al 4-14 y la Tabla 4.1.2, presenta datos y discu-siones que ponen en claro que mucho de los desechos de roca y minerallixiviado generarán DAR y otros lixiviados tóxicos. Varias de las muestrasde mineral y mineral procesado llevaban valores de pH de pasta que variabanentre 3.6 y 5.8. Numerosos valores de pH de pasta de desechos de rocavariaban entre 2.7 y 5.0. Todas las muestras en la Tabla 4.1.2 llevabanvalores muy bajos de potencial de neutralización (PN).

Como los desechos de roca y la roca de las paredes del tajo, mucho delmineral lixiviado es probable que se haga ácido a largo plazo. El EIA noexplica que los procedimientos de procesamiento del mineral cuentan conpasos QUÍMICOS, tal como pasos físicos. Se utiliza una solución diluido decianuro de sodio y cal para extraer el oro y la plata del mineral.

Los fluidos de lixiviación se mantienen en un pH alto (entre alrededor de 10 y 12,inicialmente), en parte para permitir usar de nuevo el cianuro, una sustancia cara, ypara prevenir la generación de gas de cianuro, que es extremadamente tóxico y confrecuencia letal para los humanos.

Minerales lixiviados (gastados) usualmente tienen valores altos de pH, ini-cialmente, junto con concentraciones elevadas de varios constituyentes tóxi-cos, como: metales (aluminio, antimonio, arsénico, bario, cadmio, cobre,cromo, cobalto, hierro, plomo, manganeso, mercurio, molibdeno, níquel,selenio, plata, talio, vanadio, zinc); no-metales (sulfato, nitrato, amoníaco,boro); cianuro y compuestos relacionados con su descomposición (com-puestos metálicos-cianúricos, cianato, tiocianato); y posiblemente radioactivos (uranio,alfa y beta en bruto).

Una vez que reaccione la alcalinidad de los minerales procesados, la rocase puede volver ácido, si existe suficiente material sulfato. Este proceso

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puede requerir varios años para hacerse visible. La alta precipitación deesta zona (el valor medio es aproximadamente 1600mm por año) aseguraque los minerales gastados generarán lixiviados—alcalinos o ácidos—de-pendiendo de la geoquímica de los desechos en el momento. Lixiviados(ácidos o alcalinos) de tales desechos pueden ser potencialmente tóxicospara las plantas y los organismos acuáticos.

EIA, página 4-13: Estas discusiones sobre los procedimientos de lixiviaciónsintético son mayormente inútiles para señalar la característica de loslixiviados que se generarán por estas rocas. Las pruebas sintéticas delixiviación (las pruebas del EPA 1311 / TCLP, y EPA 1312) se han utilizadoincorrectamente. Fueron originalmente utilizadas por el EPA de los EEUUpara dar una indicación en bruto sobre las concentraciones de constituyen-tes seleccionados que pueden ser fácilmente movilizados de los desechosindustriales—sin ocurrir ninguna reacción química. Estas pruebas nuncatuvieron como propósito evaluar la reactividad de los desechos de minas.

Esas pruebas son adecuadas solamente para dar una indicación en brutode constituyentes que pueden ser lixiviados rápidamente (dentro dealrededor de 18 hrs.) de materiales geológicos por líquidos lluviosos [oparecidos a la lluvia]. Por lo tanto, las pruebas no representan correctamen-te los lixiviados que pueden desarrollarse por reacciones químicas entre laroca y el agua que requieren tiempo considerable para ocurrir, como casitoda reacción a los elementos climáticos, disminución de alcalinidad, y lageneración de drenaje ácido de rocas. De mayor importancia, la genera-ción de DAR y otras reacciones requieren la presencia de una bacteria es-pecializada para acelerar las velocidades de reacción. Se requiere un tiem-po significativo para que esta bacteria crezca y se multiplique, y las pobla-ciones de bacteria no crecen a menos que el pH sea menos de alrededor de4.5. Una prueba de 18 horas no deja tiempo para que estos cambios ocu-rran. Además, los procedimientos que se usan en las pruebas sintéticas delixiviación no requieren que las muestras de prueba de lixiviados seanacidificados previo al análisis—una omisión extraña, considerando que lamayoría de las agencias reguladoras internacionales requieren que las mues-tras de agua, tomadas con el propósito de análisis de metales, seanacidificadas previo al análisis. Al no acidificar las muestras de lixiviados, es probableque se deje a los metales salir de la solución, lo que resultaría en medidas de concen-traciones demasiadas bajas, poco realistas (ver discusión sobre Manejo de Muestras).Además, el alcance de pH de la prueba hace improbable que las muestras de lixiviadoscontengan concentraciones reales de compuestos de oxianiones metales (como for-

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mas de arsénico, uranio, níquel, selenio, etc.) que pueden ser bien móvilesen valores elevados de pH.

EIA, la Tabla 4.1.5, titulado Análisis de la Solución Final Impregnada, cierta-mente, no es muy reveladora en cuanto a los contenidos reales de estoslíquidos. No contiene ninguna medida de pH o conductividad eléctrica, y loslímites de detección de análisis para muchos de los constituyentes son de-masiados altos para ser de cualquier valor ambiental verdadero. Por ejem-plo, note los límites de detección para los siguientes constituyentes tóxicos:

Límite de Detección (mg/L) Norma Hondureña*(mg/L) selenio menos de 2.5 0.20 cadmio menos de 0.15 0.05 arsénico menos de 0.50 0.10

(* Normas de calidad para descargas de agua, alistadas en informes deDEFOMIN.)

En estos análisis, la concentración de selenio, por ejemplo, se reportaríacomo menos de 2.5 mg/L, a menos que resultara más alta. Por supuesto,cualquier cantidad arriba de 0.20 mg/L excedería lo permitido en estas nor-mas hondureñas, pero no sería detectable utilizando estas técnicas analíti-cas a menos que fuera más de diez veces más alta. (Los laboratorios sóloreportan concentraciones cuando están arriba de un límite predetermina-do—el límite de detección. Para detectar cuantitativamente concentracio-nes abajo de este límite, puede requerir que el laboratorio utilice procedi-mientos de pre-análisis diferentes, o aún técnicas analíticas más sensibles.)

Estos son sólo tres ejemplos, pero claramente demuestran que, utilizandoestos límites de detección, uno no podría detectar el Se, Cd, o As en unamuestra hasta que estas concentraciones fueran mucho más altas que lasnormas legales—por lo tanto, estos datos y métodos son inútiles para finesambientales. También se debe mencionar que las normas hondureñas sonmucho más leves que estándares comparables internacionales (ver luego discusiónsobre estándares).

EIA, las páginas 4-35 y 4-36 informan que el tajo abierto puede llenarse deagua, formando un lago, el cual puede ser impactado por el drenaje ácido derocas. Si dicho lago-de-tajo se formara, fugas del tajo podrían desestabili-zar los apilamientos de roca adyacentes, causando erosión y derrumbes, yla degradación de calidad de aguas a largo plazo.

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EIA, la página 4-36 hace mención de concentraciones elevadas de arsénicoy mercurio en muestras de agua superficial, y asume que son el resultado deactividades mineras anteriores, o de fuentes termales naturales. Por la au-sencia de una verdadera serie de datos de base, uno no puede determinarlas fuentes de estos constituyentes.

El EIA y algunos mapas muestran “colas” depositadas cerca del tajo anti-guo. Aparentemente, estas son minerales gastados [lixiviados], generadospor Minerales de Copán, que habían sido previamente lavados.

EIA, la página 4-43 indica que no existía ningún piezómetro o pozo demonitoreo para el tiempo en que se preparó el EIA; por lo tanto, no huboninguna base de datos de aguas subterráneas—ni para cantidad ni calidad.

EIA, las páginas 4-58—4-60 informan que el proyecto está colocado en un área demucha actividad sísmica, con frecuentes temblores de magnitud relativamente alta. Elinforme citado, hecho por Bukovansky Assoc., reporta que “las condiciones geológicasno son favorables en el aspecto de la estabilidad de la mina.” Esta conclusión obvia-mente lleva implicaciones para la estabilidad de los precipicios que sostienen muchasviviendas de Azacualpa. Además, enfatiza las posibilidades del fallo de va-rias estructuras a largo plazo, como represas de retención, apilamientos dedesechos de roca y minerales lixiviados, etc.

Una de las casas de Azacualpa más cercanasal margen del tajo abierto de San Andrés.

Foto: Anna Cody (CESR)

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Curiosamente, el 12 de diciembre 2001, Ricardo Pineda, gerente de recur-sos humanos y relaciones comunitarias para MINOSA, anunció al equipo deestudio que SRK había preparado un nuevo EIA, el cual sería pronto divulga-do. Esto puede ser en respuesta a las intenciones de MINOSA de expandirlas operaciones mineras.

Informes de Monitoreo de DEFOMIN. Como previamente he mencionado, el manejode muestras utilizado por DEFOMIN garantiza que las concentraciones medidas deconstituyentes químicos en muestras de agua serán más bajas que si se siguieranprocedimientos generalmente aceptados. Esto significa que la mayoría de los datosde análisis de laboratorio de DEFOMIN para San Andrés no son fiables para deter-minar si se han liberado contaminantes por las actividades mineras.

De igual importancia es la manera principalmente desorganizada en la queestos estudios se han conducido. Por ejemplo:• La lista de constituyentes químicos monitoreados es severamente inadecuado para

detectar descargas potenciales. Aunque la mayoría de los análisis amplios soncaros, algunos de los menos caros y más útiles indicadores de los lixiviados mine-ros (como sulfato, nitrato, amoníaco, cloruro, alcalinidad total, y otros hierro) noson realizados. Además, no se determinan numerosos constituyentes potencial-mente tóxicos que a menudo se encuentran en desechos de lixiviados de oro—como selenio, molibdeno, uranio, etc.

• Parecen haber algunos problemas analíticos. En la mayoría de los estudios rela-cionados a la minería en las que he estado involucrado, es rutinario que los labora-torios reporten resultados fiables, de alta confianza, con límites de detección mu-cho más bajos que los límites alistados en los informes de DEFOMIN. Es comúnreportar estos metales confiablemente al microgramo por litro [mg/L] más cerca-no utilizando técnicas de absorción atómica.

• La calidad y reproducibilidad analítica se hacen ciertamente más difícil por el he-cho de que la parte de atrás del vehículo de muestreo de DEFOMIN estaba abiertoa todo el polvo en los caminos de tierra. La parte de atrás es donde se carga todoel equipo de muestreo. Se tiene que recordar que estos análisis rutinariamenteson para reportar resultados en el rango de partes por billón (microgramos porlitro). Por lo tanto, tan sólo una partícula de polvo puede alterar los resultados.

• La ordenación de las muestras en las tablas de resumen y en los mapas,y la clasificación de botellas de muestreo, son confuso para el lectorgeneral. ¡Nunca antes había visto un programa en el que las bote-llas de muestreo fueran específicamente enumeradas, pero lasestaciones de monitoreo no! Además, los sitios de monitoreo no semantenían en forma consistente de un estudio al otro. Esto hace no

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confiable la comparación de resultados de los estudios periódicos. Tam-bién hace difícil el análisis computarizado de los datos. ¿Era ese elobjetivo?

• Ningún resumen de datos por estación de pasados monitoreos fue pre-sentado en ninguno de los informes revisados.

• No se toman muestras en las mismas estaciones de muestreo en todoslos estudios periódicos.

• Como el monitoreo no incluye ninguno de los aniones comunes, que sonlos constituyentes más móviles, es mayormente imposible interpre-tar verdaderamente estos datos. Los aniones son los mejoresindicadores de la producción de DAR, el uso de explosivos, la descargade productos de lixiviación con cianuro y productos de la descomposi-ción del cianuro, más otros reactivos, la presencia de pesticidas y ferti-lizantes, etc. Algunas de estas determinaciones aún pueden ser realiza-das en el campo, por lo menos semi-cuantitativamente.

• No se ha hecho ningún esfuerzo de parte de DEFOMIN para obte-ner los datos de monitoreo de MINOSA, y comparar esos resulta-dos a los suyos.

• DEFOMIN no comparte sus datos con otras agencias, como con laDECA.

Varios de estos informes contienen declaraciones que parecen algo fantástico. Porejemplo, Informe No. 08-00; 21 de septiempre, 2000: el informe reporta que no seencontró nada de cianuro detectable donde había ocurrido una descarga significativode solución de lixiviación. ¿Cómo es posible haber descargado 1800 galones de flui-dos de proceso conteniendo cianuro (con una concentración de CN alrededor de 0.10mg/L), y no poder detectar nada de CN total en los suelos cercanos? (He tomadosimilares muestras de suelo que todavía contenían decenas de miligramos por kilogra-mo de CN total, más de 40 años luego de que las descargas al ambiente habíanparado. [Moran, 2000])

¿Es posible que los suelos impactados fueron tratados con hipoclorito paradescomponer los compuestos de cianuro? De nuevo, como los datos deDEFOMIN no incluyen aniones, por ejemplo el cloruro, no es posible discer-nir la respuesta. ¿Qué muestran los datos de monitoreo de MINOSA?No se han hecho públicos. (Un ex – empleado de la mina le afirmó aASONOG que había visto algunas descargas siendo tratadas con algunaforma de compuesto conteniendo cloro.)

Varias medidas que parecen proveer evidencias de contaminación minera amenudo no se tratan en estos informes. Por ejemplo: el piezómetro No. 2

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rutinariamente muestra medidas elevadas de conductividad eléctrica, fre-cuentemente en el rango de 1100 a 1400 µS/cm, mientras la muestra deagua superficial cuesta arriba presenta una conductividad de alrededor de200 µS. No existe ninguna explicación para el gran aumento cerca de lasinstalaciones de lixiviación.

El Informe 07-01; 3 de mayo 2001, reporta que se construyeron dos nuevospiezómetros, pero en lugares distintos a los que se habían solicitado. Apa-rentemente, DEFOMIN no supervisó los procedimientos de colocación yconstrucción. ¿Qué procedimientos de finalización y desarrollo de pozosfueron utilizados? Los piezómetros 4, 5, y 6 tenían niveles de pH cerca de6.0, lo que sería muy insólito en pozos recién construidos. Normalmente,esos pozos tendrían niveles de pH un poco elevados, asumiendo que elencaje superficial se había colocado utilizando una mezcla de cemento ytierra. ¿Qué les podría causar ser ácidos? ¡El informe no contiene ningunaexplicación!

Papel del GobiernoDurante nuestras actividades de intentas de evaluación en el sitio, la com-pañía minera obviamente controlaba el proceso. De hecho, en ningunaocasión intentó el personal de DECA o DEFOMIN anular el rehúsoilegal de parte de Minerales de Occidente de permitirnos la entradaal sitio.

Queda claro que las diferentes instituciones de gobierno carecen de losfondos suficientes y el personal capacitado para vigilar adecuadamente ta-les actividades. Más importante aún, estas instituciones son comisionadosprincipalmente a la promoción de la minería, en vez de su regulación. Estoes especialmente verdad para DEFOMIN, como sugiere su título. De igualmanera, queda claro que los ciudadanos no confían en los informes ambien-tales que producen, y sienten que estas instituciones no representan susintereses cuando tienen que competir contra los de una compañía minera.

Los informes de monitoreo de DEFOMIN parecen ser diseñados principal-mente para convencer al público que no existe ningún problema, y que elgobierno está vigilando por la seguridad de los ciudadanos. Desgraciada-mente, estos estudios son realizados de una manera que previene que elgobierno y el público descubran lo que realmente está pasando en el am-biente.

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Estos organismos no asisten al público en exigir que los datos e informes demonitoreo de la compañía sean hechos públicos, ni exigen vigorosamentelas estipulaciones presentadas en el Contrato de Medidas de Mitigación.(En el caso actual, se refiere a este documento como el Contrato de Cumpli-miento de Medidas de Mitigación para el Desarrollo del Proyecto “MineroSan Andrés, Copán.”) Por ejemplo, de acuerdo a los términos del “Contra-to,” se había requerido de MINOSA preparar y presentar varios informes aDECA. Estos incluían: Plan para el Manejo y Depósito de Desechos de laMina, Plan para el Control de Erosión, Ruido, Estudio de las Aguas Subte-rráneas. Durante nuestras reuniones con MINOSA el 11-12 de diciembre,se hizo obvio que varios de estos documentos o no se habían escrito, o nose habían entregado. Además, el sistema de aguas negras de San Andrésno había funcionado por varios meses, así que MINOSA, que es responsa-ble para proveer este servicio, fue requerido por DECA para proponer unplazo para repararlo. Ninguna acción previa se había tomado al respectopor el gobierno o MINOSA.

Aunque MINOSA no había cumplido muchas de las estipulaciones en el “Contrato,” aúnle fue permitido a la compañía determinar su propio plazo con respecto a la entrega deestos informes atrasados. Claramente, estos informes solamente servirán para finescosméticos, y serán inútiles a menos que se involucren participantes independientes, yde afuera, en su elaboración. Más importante, los términos de tales programas debenser exigidos.

En esta situación, el concepto de “exigencia” de parte de DECA con-sistió en leer a MINOSA el Contrato de Medidas de Mitigación, DENUEVO, en frente de nosotros. Existe poca coordinación técnica entreDECA y DEFOMIN, por lo menos de una manera que ayudaría al público aentender y corregir las disputas mineras ambientales. Conversaciones conel personal de DECA pusieron en claro que nunca habían visto ni revisadoninguno de los informes de monitoreo de DEFOMIN de la Mina San Andrés.De hecho, DECA reportó que los informes de DEFOMIN no habían sidoregularmente enviados a su institución, o a SERNA, la Secretaría bajo lacual ambas se encuentran.

Los representantes de DECA y DEFOMIN declararon que el gobierno nohabía adecuadamente vigilado las actividades en San Andrés en el pasado.Se puso en claro durante nuestras reuniones que Greenstone en verdad nohabía cumplido con las medidas de mitigación en el pasado, y que el nivel deexigencia había quedado igual para MINOSA.

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El mecanismo del “Contrato” asume que la compañía minera actuará comola entidad que provee beneficios socio-económicos a las comunidadesimpactadas. Sin embargo, estas compañías normalmente no saben realizarel trabajo de desarrollo, y aparte, no les rinde dinero—así que rara vez sehace efectivamente.

Después de ver estos organismos en acción, uno quisiera preguntar: ¿Al-guna vez ha cobrado una multa el gobierno de Honduras por violacionesmineras ambientales, o cerrado una mina por cualquier razón ambiental?

TransparenciaLa situación en la Mina San Andrés es un clásico ejemplo de cómo la falta deapertura o transparencia da camino a una gran desconfianza de parte delpúblico en la empresa minera y en los que regulan las actividades mineras.Al rehusarme a mí y a los otros miembros del equipo SINEIA realizar nuestroestudio, Minerales de Occidente reveló mucho sobre lo poco que se tolera laapertura. La respuesta principalmente impotente de parte de los reguladores hondure-ños también revela mucho sobre su interés en apoyar el derecho del público de serinformado acerca de los temas.

Por ejemplo, DEFOMIN informó que actualmente están elaborando y revi-sando el contenido de un manual minero (Manual de Política Ambiental Mi-nera) y el Reglamento de la Ley Minera, pero que a ninguno de los interesa-dos públicos, como las comunidades afectadas u organizaciones para laprotección del ambiente, se les había permitido ser parte de este proceso.Los siguientes comentarios despectivos hechos por un técnico de DEFOMINdemuestra que DEFOMIN no considera importante ni relevante la participa-ción del público en el proceso del EIA: “Si enviamos las decisiones a loscampesinos habrá anarquía. No es realista preguntarle a gente analfabetaqué se debe hacer. Esas decisiones son para los expertos, haciendo co-rrectamente el trabajo.” (CESR, 2001, p.24 [p.27 en el informe en español]).

Es obvio que estos organismos reguladores ponen poco o ningún esfuerzopara ayudar al público a obtener la necesaria información de monitoreo dela empresa; jamás se ha recogido. Segundo, la información ambiental queproducen estas instituciones reguladoras es, para decirlo cortésmente, dedudosa calidad. Parecería que revelar problemas ambientales no fuera unade sus funciones principales.

Para el ciudadano común es difícil encontrar copias de la mayoría de losdocumentos técnicos ambientales producidos por la compañía. En el caso

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actual, algunos de los documentos más importantes nunca se han hechopúblicos. Más importante, aparte de los informes de DEFOMIN que son devalor cuestionable, la información técnica y ambiental para la Mina San An-drés es pagada y elaborada por representantes de, o consultores de la em-presa minera. Estos documentos ambientales preparados por los consulto-res a la empresa minera normalmente no logran considerar impactos poten-ciales del punto de vista de los más probables a ser impactados—los ciuda-danos locales.

Los informes de los consultores mineros a menudo fallan en verdaderamen-te tratar con los impactos desagradables; no es bueno para sus esperanzasde futuro empleo, y es más fácil para los políticos aprobar proyectos cuandono se “prevén” impactos negativos. Informes no-tan-francos de los consul-tores son la norma en los países desarrollados y sub-desarrollados cuandose trata de asuntos mineros ambientales.

En la situación actual, no es probable que los interesados confiarían en estudios reali-zados por las instituciones reguladoras mineras. Los reguladores hondureños tienenun inherente conflicto de intereses. En el caso de DEFOMIN, como implica su nombre,su responsabilidad principal es fomentar la minería; por lo tanto, la activa exigencia deregulaciones ambientales puede parecer como poniendo trabas al progreso económi-co.

En tales situaciones, es imperativo que los estudios ambientales sean reali-zados por entidades que son independientes de la empresa minera porser regulada. Al recaudar fondos internacionales y al contratar ayuda ex-perta independiente, ASONOG intentó proveer un punto de vista “de afue-ra.” Aunque estos esfuerzos para aumentar la transparencia fueron mayor-mente desbaratados por Minerales de Occidente, se han obtenido variasobservaciones interesantes—a un costo considerable para ASONOG. Dadoel ambiente de ocultismo, uno sólo puede imaginar lo poco que puede des-cubrir un campesino común sobre la verdadera situación ambiental en laMina San Andrés.

NOTA: Aún más de 4 meses después de que se cerró el estudio SINEIAinterrumpido en diciembre 2001, no se ha entregado ningún informe SINEIApor DECA a las Municipalidades de La Unión o Santa Rosa, oCODECOPAN. Se realizó otro estudio SINEIA a inicios en enero, sin laparticipación de ASONOG o mi persona. El informe de DECA para el es-tudio de enero tampoco se ha presentado. Esto señala la poca seriedaddemostrada por las instituciones reguladoras en este asunto.

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ASUNTOS RELACIONADOS

Proyecto de Suministro de Agua—Santa Rosa de CopánSanta Rosa de Copán ha crecido dramáticamente en los años recientes, loque ha creado una gran presión sobre la infraestructura—especialmente elsuministro de aguas y el sistema de aguas negras. Actualmente, esta co-munidad de alrededor de 28,000 habitantes (dentro del casco urbano) utilizaagua subterránea como su fuente. Sin embargo, cerca del 79% de las vi-viendas reciben agua solamente dos veces a la semana. Alrededor del 30al 40% toman aguas no-tratadas. Aproximadamente el 56% de las viviendas estánconectadas a alguna forma de sistema de aguas negras que se descarga directamenteen la quebrada local (Ing. Juan Carlos Elvir, Alcalde de Santa Rosa de Copán, 13-14dic. 2001).

Para tratar con algunas de estas necesidades, la municipalidad ha diseñadoun programa que aumentará el suministro de aguas tratadas, desviando aguasadicionales del Río Higuito. Pero parte de la corriente del Río Higuito esdesembocado por tributarios que drenan la zona concesionaria de San An-drés. Por lo tanto, el alcalde de Santa Rosa de Copán ha estado preocupa-do con la posibilidad de que alguna contaminación de la operación mineracause problemas y aumente los costos de tratamiento y operación para lamunicipalidad. Responder a estas cuestiones en detalle obviamente estáfuera del ámbito de este informe, y requeriría un estudio aparte. Sin embar-go, como el alcalde me planteó estas preguntas, parece apropiado comen-tar sobre estos asuntos.

De acuerdo al Ing. Elvir, el agua del Río Higuito será extraída por pozosconstruidos en el aluvión del río, y luego será transportada por tubería a laplanta expandida de tratamiento de aguas. Este programa incluye la cons-trucción de instalaciones de desvío y un sistema de galerías, la expansiónde la antigua planta y el remodelación del laboratorio, y el desarrollo de unlaboratorio móvil. Se estima que la primera fase de construcción (desvío ygalerías) costará L. 40M (40,000,000 lempiras, alrededor de US$ 2,500,000);la segunda, alrededor de L. 24M (US$ 1.5M). Fondos han sido provistospor la U.S. Agency for International Development (AID [de los EEUU])—L.30M donados, y L. 10-15M provistos en la forma de préstamos de largoplazo.

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En preparación para el comienzo del programa de expansión de aguas,USAID realizó una evaluación de la calidad actual de las aguas regionales.Lastimosamente, la información presentada en ese estudio—Diagnósticode la Calidad del Agua del Río Higuito—no contiene muestreos de calidad deagua adecuadamente detalladas para realmente definir las condiciones pa-sadas, especialmente para el sitio en el Río Lara próximo a la zona minera.Solamente una muestra fue tomada por sitio. Tampoco se determinaronvarios de los posibles contaminantes mineros en estas muestras únicas.Además, algunos de los límites de detección no eran adecuados para estasfunciones, como: As < 0.1 mg/L. Por lo tanto, el informe no provee unadescripción completa de la peor agua con que se encontrará esta nuevaplanta.

Si se puede demostrar contaminación de la mina—crónica, o de eventosprecisos—es posible que a la municipalidad se le obligue a disponer de fon-dos adicionales para el tratamiento de estas aguas. Actualmente, no esposible decir cuales podrían ser los costos adicionales; esto requeriría unaevaluación detallada, incluso la recolección de datos de calidad de aguaconsiderablemente más completos.

Por lo tanto, sería prudente que se realice un juego de análisis sobre lasaguas que van a ser tratadas, y las aguas finales ya tratadas. Estos análisisdeben incluir todos los constituyentes anotados en la sección sobreestándares internacionales, con límites de detección analítico adecuados.Además, algunas de estas muestras deben ser analizadas para cianuro to-tal, tiocianato, y cianato.

Bien se sabe que si compuestos de cianuro están presentes en las aguasde insumo del Río Higuito, éstos podrían convertirse en numerosos otroscompuestos durante el tratamiento de las aguas (Wild, et. al.1994). Muchosde estos compuestos no se detectan en análisis normales de cianuro (Mo-ran 2000).

En el pasado, ni la empresa minera ni las agencias reguladoras nacionales han hechodisponibles al público datos adecuados de monitoreo de calidad de aguas. Por lotanto, si ocurriera cualquier clase de derrame o descarga de contaminantesrío arriba del proyecto de agua, la Municipalidad de Santa Rosa de Copánno tendría conocimiento de él, salvo que tuviera sus propias capacidadespara detectar tales eventos. Por ello, el alcalde mencionó su deseo de teneruna laboratorio móvil que a la municipalidad le permitiría detectar rápida-mente señales de contaminación seria—como derrames mineros. Esto se

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podría hacer fácilmente al tener la capacidad de tomar medidas in situ depH, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, nitrato, amoníaco, sulfato ycloruro. Si estos parámetros fueran monitoreados rutinariamente (junto conotras determinaciones de laboratorio), se dispondría de una adecuada líneade base de datos, tal que se podría detectar rápidamente la presencia dederrames.

Dadas estas circunstancias, no es extraño que el Ing. Elvir expresara además la nece-sidad de un sistema autónomo, uno que no dependa del apoyo del gobierno central.

Si se vuelve obvio que la contaminación de la mina está aumentando loscostos del sistema ampliado de tratamiento de aguas, algunos de estos cos-tos adicionales deberían ser pagados por los operadores mineros. Los da-tos existentes son inadecuados para determinar estas preguntas, y dadaslas debilidades del estudio pasado, parecería que ese fuera el intento.

En la mayoría de los países en desarrollo, a menudo existen fulgurantessubterfugios legales que permiten a las compañías mineras utilizar el agua acosto pequeño o ninguno. Aunque no he podido adecuadamente revisar losdetalles hondureños, uno de los participantes de DEFOMIN en nuestro es-tudio SINEIA afirmó que los precios hondureños para el agua fueron esta-blecidos por la Ley de Aguas de 1929, a veces llamado el “Canon,” y queestipulaba que el costo del agua, a cualquiera, era y es $0.02 / m3. Si estoes verdad, puede explicar mucho del uso descuidado de agua por las com-pañías mineras.

Normas y EstándaresLos informes de monitoreo de DEFOMIN previamente mencionados citannormas de calidad de aguas que son extremadamente leves cuando se com-paran a otros estándares y criterios internacionales, como se puede ver enla tabla siguiente.

Esta tabla se presenta sólo con el objetivo de comparar, y no es para expre-sar que un juego de normas es más pertinente en la situación de San Andrésque otra. Mas aún, las fuentes originales de esta tabla abarcaban detallestécnicos, a menudo en la forma de notas de pie complicadas, los que pue-den no haber sido incluidos aquí. No obstante, la tabla es útil para un enten-dimiento aproximado de algunos estándares internacionales aplicados avarios usos del agua—agua potable, usos agrícolas, protección de la vida acuática, ydescargas industriales. Observe que la tabla no incluye ninguno de los nu-

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merosos compuestos orgánicos que se pueden encontrar en un sitio mine-ro.

Primeramente, esta tabla demuestra que muchos de los constituyentes deimportancia internacional no se mencionan en los informes de San Andrés—ni en el EIA, ni los informes de DEFOMIN. Segundo, muchas de las normashondureñas permiten concentraciones de descargas muchos más altas queesas aceptables para varios usos del agua, de acuerdo a estándares inter-nacionales.

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1World Bank General Env.-Proc. Wastewater discharges to surface waters: Pollution Pre-vention and Abatement Handbook, July 1998 [Descargas de aguas desechadas a aguassuperficiales: Manual sobre la Prevención y Mitigación de Contaminación, Julio 1998]:http://wbln0018.worldbank.org/essd/PMExt.nsf/d798dd11401b4e068525668000766b9d/cb6c29e967664f658525666e00705a4e?OpenDocument2Organización Mundial de Salud, 1996—Normas para Agua Potable.3U.S. Environmental Protection Agency (US EPA) [Agencia para la Protección del Ambien-te, EEUU] Estándares para Agua Potable: http://www.epa.gov/safewater/mcl.html#inorganic.Estándar para arsénico en ( ), vigente en enero 2006. Estándar para uranio vigente en2003.4US EPA Criterio de Calidad de Agua para la Vida Acuática—para eventos precisos, ycrónico: http://www.epa.gov/OST/standards/index.html#criteria. Debido al espacio limita-do: P=preciso, y C=crónico.5Normas Canadienes para la Protección de los Usos Agrícolas del Agua (1999)—Riego yGanadería (Ganad.): http://www2.ec.gc.ca/ceqg-rcqe/agrtbl_e.doc. Debido al espacio li-mitado: R=riego, y G=ganadería.6Norma de Calidad para Descargas de Aguas Residuales en Cuerpos Receptores—comocitado en los informes de monitoreo de DEFOMIN para la Mina San Andrés.

Ley Minera de HondurasUna detallada discusión sobre la Ley Minera de Honduras es más allá de miespecialización y el ámbito de este informe. Sin embargo, queda claro quemuchas de las deficiencias ambientales arriba mencionadas son en partefomentadas por la Ley Minera hondureña, cuya meta principal obviamentefue promover la minería. Los detalles de esta ley fueron claramente elabo-rados por representantes de la industria minera.

El público tiene poco acceso real a los datos y documentos detallados am-bientales necesarios. Cuando los documentos sí están disponibles, son decalidad inaceptablemente baja, y son claramente elaborados con una par-cialidad pro-industria. Más preocupante aún, si un grupo de ciudadanos desea disputaraspectos de una concesión (ver Artículo 60), tienen solamente 15 días calendario luegode la publicación del aviso del la intención de otorgar la concesión para someter suoposición. Durante estos 15 días, deben además tener preparados todos sus argu-mentos técnicos. Esta estipulación existe claramente para prevenir cualquier oposiciónsignificativa.

La Ley no contiene ninguna provisión para los estudios ambientales verda-deramente independientes. Actualmente, todo estudio es controlado por losintereses mineros—como bien se evidencia por lo farsante de los eventosde nuestro estudio SINEIA intentado en la Mina San Andrés. Además, las

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leyes que regulan los procedimientos para los estudios ambientales no per-miten estudios fuera de la aprobación del gobierno o de la empresa.

Una lectura inexperta de la Ley indica que ella permite la expropiación forzo-sa de tierras para fines mineros, y que aún promueve la reubicación decomunidades—sin requerir el permiso de los ciudadanos afectados—si esque los minerales están ubicados debajo de las comunidades. La Ley aúncontiene provisiones de “servidumbre” que permiten a las empresas mine-ras, por medio del gobierno, forzosamente condenar tierras privadas adicio-nales que la compañía considera necesarias para permitirle “ejecutar losbeneficios de la concesión.” Mientras los propietarios de estas tierras de-ben ser compensados económicamente, parece absurdo creer que el pro-ceso provee provisiones para asegurar que reciban precios justos de mer-cado para sus tierras.

El carácter abrumadoramente pro-industria de esta Ley y la aparentementeleve exigencia de regulaciones ambientales dejan a los ciudadanos con po-cas, si algunas, maneras significativas para legalmente impactar el “proce-so.” Por lo tanto, esta onerosa Ley indirectamente incita a los ciudadanosno obedecer las directivas del gobierno, y disuade la cooperación con lasempresas mineras.

De manera interesante, esta moderna ley hondureña, adoptada en 1999,contiene varias facetas que son muy similares a las de la ley minera de losEstados Unidos, La Ley General de Minería, o el Hardrock Act de 1872—pero la ley estadounidense fue creada más de 125 años previo. La leyestadounidense de 1872 también era desbalanceada y pro-minería, perofue aprobada principalmente como un medio para estimular a los ciudada-nos a asentarse en tierras dispersamente pobladas del occidente. En Hon-duras no existe una situación paralela. En los 125 años entre medio, se handesarrollado en los EEUU varias protecciones adicionales (leyes y agen-cias reguladoras) para los derechos de los ciudadanos y el ambiente. Estasprotecciones han ayudado a corregir muchos, pero no todos, de losdesbalances originales en esa Ley. La “situación” hondureña, provee alpúblico pocas de estas protecciones. Como tal, ella incita prácticas am-bientales deficientes de parte de las compañías mineras—muchas de ellascon sede fuera de Honduras. Claramente, no se les permitiría operar deforma similar en Canadá, los EEUU, o Europa Occidental.

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Garantía FinancieraQueda claro que las actividades mineras a menudo producen beneficiosfinancieros de corto plazo a comunidades y trabajadores (empleos, gastoscomerciales generales) y que frecuentemente mejoran porciones de la in-fraestructura local, como vías, sistemas de electricidad y de reparto de agua,etc. Sin embargo, estas mismas actividades producen impactos de largoplazo al ambiente y a la salud, por las que las empresas mineras a menudoevitan pagar (Moran, R.E., 2001c).

La minería siempre ha sido una industria “globalizada” en la que compañíasinternacionales operan en los países en desarrollo, usualmente como subsi-diarios separados de compañías matrices. Si una compañía experimentaproblemas financieros, posiblemente como resultado de la disminución deprecios en los metales, o por errores en el comercio, o aún por pleno fraude,el subsidiario puede ser forzado a cerrar inesperadamente, y puede decla-rarse en bancarrota. Estas compañías a menudo han causado serios pro-blemas ambientales, pero recientemente en la mayoría de países, los regu-ladores no han requerido de las compañías mineras el pago de los costosasociados con muchos de los impactos pos-operación. O la contaminaciónquedaba sin remediar, actuando como un “costo escondido” al públicoimpactado, o la limpieza lo tenían que pagar el gobierno / los ciudadanos.

El Mineral Policy Center [Centro de Políticas Minerales] (Da Rosa, 1999)estima que existen más de 500,000 minas abandonadas en los EEUU, quepodrían costar al gobierno entre US$ 32 billones [US$ 32 mil millones] y US$72 billones para remediar.

La minería moderna de roca dura emplea tecnologías que permiten la explo-tación de minerales de baja calidad (como la minería a cielo abierto / lixiviaciónquímica), pero que resultan en operaciones masivas que pueden producirimpactos mucho más dañinos que los de tecnologías antiguas. Estas nue-vas tecnologías, junto con requisitos ambientales razonablemente estrictos,han aumentado drásticamente los costos de la restauración de tierras yaguas dañadas por la minería. Los elevados costos de restauración, juntocon otros variados factores de la globalización como mercados de capitalmás flexibles y fluctuaciones drásticas en los precios de comodidades, hancontribuido a un reciente aumento en el número de cierres y quiebras decompañías mineras. Por lo tanto, el monto de cargas públicas ambientales,resultante de las actividades mineras, ha explotado.

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Gobiernos y grupos de ciudadanos han litigado de vez en cuando contraestas compañías en un esfuerzo para recuperar algunos costos, pero amenudo la compañía operadora en quiebra tiene pocos o ningunos bienes.

Un ejemplo ilustrativo es el de la mina de Summitville, que causó extensacontaminación acuática en Colorado, EEUU. Los permisos ambientalespara esta mina fueron aprobados con poca supervisión durante la recesióneconómica nacional a los inicios de los 1980s. Los oficiales y ciudadanoslocales querían empleos. Luego la compañía se fue a la bancarrota, cos-tando a los contribuyentes de impuestos entre US$ 150 millones y US$ 200millones (en costos de litigación y limpieza), y los problemas ambientalestodavía no se han remediado. El bono provisto al Estado de Colorado por lacompañía operadora (a mediados de los años 1980s) valía alrededor de solamenteUS$ 1 millón, y la mayor parte de esto era no convertible a efectivo. Elgobierno estadounidense puso demanda contra la compañía matriz que erafinancieramente segura, pero como tenía sede en Canadá, con la mayoríade sus bienes fuera de los EEUU, este esfuerzo fue engorroso e inicialmen-te no exitoso. Frecuentemente, las leyes internacionales y de bancarrotaprotegen a las compañías matrices de sus responsabilidades—especial-mente las responsabilidades ambientales.

Actualmente, a la mayoría de las nuevas minas de roca dura en los EEUU yCanadá se les requiere garantizar que los futuros costos ambientales seránpagados (durante las operaciones y luego del cierre de la mina), aunque lacompañía se vaya a la bancarrota. Todos los estados occidentales de losEEUU ahora requieren que las compañías mineras provean alguna formade “bono de reclamo”—fondos de garantía creados con el propósito de ase-gurar que las operaciones son realizadas responsablemente, y que limitenla carga pública en caso que las empresas mineras fallen en remediar ade-cuadamente. Sin embargo, los requisitos de bono de estos estados varíanmucho en su efectividad.

Este proceso a menudo requiere que la compañía minera compre un bonode una compañía aseguradora, que será retenido por un fideicomisario in-dependiente. Actualmente es común en los EEUU y Canadá que los bonoscubran todos los costos pos-cierre anticipados de remoción de tierras yreforestación. Sin embargo, los programas que requieren a las compañíasmineras comprar bonos que cubren problemas de calidad de aguas a largoplazo todavía se encuentran en una etapa temprana de desarrollo y aplica-ción. Los reguladores han usualmente requerido de las compañías mineras

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proveer garantía financiera solamente para impactos que ellos puedan ra-zonablemente predecir que ocurrirán. Las predicciones típicamente hansido elaboradas por consultores pagados por las empresas mineras, y losresultados a menudo han sido demasiado optimistas. Como resultado, losimpactos pos-operación, especialmente los impactos muy caros queinvolucran problemas de calidad de agua a largo plazo, han sido a menudoimprevistos, dejando al gobierno con fondos inadecuados para completar (oaún comenzar) una limpieza.

Un reciente estudio por Kuipers (2000) resume los programas de bono devarias agencias del occidente de los EEUU, provee estudios de caso, yresume las potenciales responsabilidades de reclamo no financiadas de cadaestado. Los autores manifiestan que el total de las responsabilidades dereclamo potenciales no financiadas para todos los estados es más de unbillón de dólares (US). Predicciones independientes de alta calidad sobrefuturas responsabilidades obviamente proveerían estimados de bonos másrazonables y reducirían las responsabilidades no financiadas.

Los costos asociados con la operación de una planta de tratamiento deaguas a menudo representan los costos más significativos de reparaciónde daños a largo plazo (ejemplos: Summitville, Colorado; Zortman-Landusky,Montana; Golden Sunlight, Montana). Por lo tanto, los bonos para proble-mas anticipados pos-cierre de calidad de agua se están volviendo muy co-munes en los EEUU y Canadá. Por ejemplo, el Estado de Nuevo México(EEUU) recientemente realizó estudios de evaluación de bonos que reque-rirán a dos compañías mineras proveer bonos arriba de US$ 100 millonespara la reparación de daños de minas y la operación de instalaciones detratamiento de aguas (Moran and McLaughlin Water Engineers, 2001).

El seguro es otra forma de garantía financiera que está siendo consideradapor los reguladores. Se está considerando requerir a los operadores denuevas minas comprar formas mejoradas de seguro de responsabilidadesambientales previo a la aprobación de un permiso. Es importante notar quelas compañías aseguradoras establecen los precios de cobertura basadosen los riesgos asociados con los accidentes que ocurren en una poblaciónde sitios similares—no en predicciones para el futuro de un sólo sitio.

La garantía financiera es usualmente inadecuada o carente en los paísesen desarrollo; por lo tanto, los ciudadanos y gobiernos subsidian los costosde impacto ambiental. Por ejemplo, después del derrame de colas en un

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sitio de procesamiento de oro en Baia Mare, Rumania (febrero-marzo 2000),se descubrió que el gobierno rumano, siendo socio en la operación, no re-quirió a la compañía pagar ningún bono financiero, o cualquier otro segurofinanciero. Luego del derrame, la compañía fue requerida pagar una multaequivalente a US$ 170! La compañía está siendo demandada en cortesaustralianas por el gobierno de Hungría para recuperar daños de más deUS$ 150 millones.

Ni el EIA de San Andrés ni la Ley General de Minería hacen alguna menciónde asuntos de garantía financiera. Existe una leve provisión para el reque-rimiento de un “Fondo de Garantía” en el Reglamento SINEIA. Sin embargo,la decisión sobre la creación de tal fondo es dejada exclusivamente a laSERNA. Actualmente, MINOSA opera sin ninguna forma de seguro finan-ciero.

Impactos a Largo PlazoAlgunos impactos mineros no se hacen visibles por muchos años. Por ejemplo, puedeser que las descargas ácidas de desechos de minas no produzcan impactos negativosobvios por muchos años, o aún décadas. Como resultado, algunas modernas situacio-nes mineras pueden parecer estar sin impacto, cuando la realidad es que puede serdemasiado temprano para determinarlo. Sin embargo, ya cuando tales im-pactos sí se desarrollan, pueden continuar por siglos si no son adecuada- ycontinuamente manejados.

Una de las deficiencias más grandes en la mayoría de los estudios minerostiene que ver con la subestimación del plazo de tiempo que el público debeconsiderar cuando se trata de evaluar futuros impactos. Por ejemplo, eldrenaje ácido ha continuado por centenares y aún miles de años en sitiosoriginalmente minados en la antigua Escandinavia, España, y Grecia. Ade-más, es una suposición sin probar que los desechos enterrados permane-cerán “contenidos” aún luego de cien años en el futuro. Como evidencia deestas preocupaciones, el Estado de Nuevo México (EEUU) recientementerecomendó que las compañías mineras proveyeran bonos financieros ade-cuados para pagar el tratamiento de aguas contaminadas por un período de100 años después del cierre de la mina (Moran, R.E. and McLaughlinEngineers, 2001).

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El resultado totalmente inaceptable del estudio SINEIA sin realizar en la MinaSan Andrés señala numerosas debilidades fulgurantes en el sistema regula-dor minero actual que deben ser cambiadas. A continuación siguen algunasrecomendaciones para tratar con los problemas más significativos:

• Financiar estudios verdaderamente independientes. Los ciudadanos localesserían mucho más capaces de confiar en declaraciones sobre los impactos actua-les y futuros si se realizara un estudio “independiente” sobre los datos e informa-ción de la Mina San Andrés. Por lo tanto, se recomienda que Minerales de Occi-dente sea obligada a proveer a los líderes comunitarios e interesados los fondospara realizar su propia evaluación independiente de condiciones ambientales en lamina. Tal estudio independiente incluiría la toma y análisis de muestras indepen-dientes.

• Revisar los procedimientos dentro de la SERNA de tal manera quese forme un grupo ambiental independiente, comisionado para elmonitoreo y vigilancia de actividades mineras específicas. Estegrupo debería tener capacidades de exigencia verdaderas, y no deberíatener ningún papel en la promoción de la minería. Uno de los papelesprincipales de este grupo sería promover la transparencia en el pro-ceso, con el propósito general de ayudar al público obtener el acceso ainformación y/o datos detallados de fuentes provenientes de la compa-ñía y del gobierno, ambas. Este grupo debe promover, cuando sea posi-ble, involucrar a los interesados en la toma de decisiones sobre el am-biente y actividades de monitoreo. Los fondos para la operación de estegrupo deben venir principalmente de la industria minera.

• Los procedimientos de monitoreo (la toma y el manejo de mues-tras, análisis laboratorios) utilizados por los reguladores guber-namentales y las compañías mineras deben caber dentro los pro-tocolos aceptados internacionalmente. Basado en estudios reali-zados por el U.S. Geological Survey (Johnson, y otros, 2002) y variasotras fuentes, los operadores mineros que utilizan procesos de extrac-ción con cianuro deben ser obligados a monitorear para cianato,

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tiocianato, y cianuro total, junto con los metales y no-metalesrutinariamente monitoreados.

• Las compañías mineras deben ser obligadas a tomar, resumir ypresentar todos los datos de monitoreo a la instancia reguladoradel ambiente, por lo menos cuatrimestralmente. Estos datos luegoserían hechos disponibles a todo grupo o persona interesado. Además,se debe requerir que los reguladores gubernamentales comparen losdatos de monitoreo de la compañía con los datos tomados por sus pro-pias instituciones. Obviamente, los programas de monitoreo guberna-mentales deben ser diseñados de tal forma que los datos sean fácilmen-te comparados a los datos de la compañía.

•• Actualmente, el gobierno (SERNA, DEFOMIN, DECA) es claramenteincapaz de o no dispuesto a realizar estos trabajos de monitoreoy vigilancia de una manera aceptable e imparcial. Dada esta rea-lidad, parece solamente responsable que se pare el proceso delotorgamiento de concesiones mineras adicionales hasta que lascapacidades de monitoreo y supervisión sean mejoradasdrásticamente.

• Miembros de la sociedad civil deben tomar un papel integral enayudar a mejorar estas capacidades de monitoreo y supervisión.El consentimiento informado de los ciudadanos es ahora consideradofundamental para la aprobación de proyectos por la Comisión Mundialsobre Presas [World Commission on Dams] (2000). (El informe enterocomisionado por el Banco Mundial se puede encontrar en: www.dams.org.Sin embargo, la porción más relevante a la participación ciudadana es elCapítulo 7: Incrementando los Derechos Humanos: Derechos, Riesgosy Resultados Negociados, que se puede encontrar en:http://www.damsreport.org/docs/report/wcdch7.pdf ).

• Reformar la Ley General de Minería, de tal manera que provea al-gún balance de protecciones ambientales y sociales para las co-munidades afectadas y el público hondureño en general. Estasreformas deben incluir provisiones que requieran a las compañías mine-ras proveer seguro financiero adecuado para pagar los impactos ambientales alargo plazo, entre otros. Los términos de tal programa podrían ser fácilmentetomados de los ejemplos más progresistas actualmente empleados enCanadá y en los Estados Unidos.

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APÉNDICE

Secretaria de Estado en los Despachos deRecursos Naturales y Ambiente (SERNA)

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

SECRETARIO DE ESTADO

CONSEJO CONSULTIVO ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS

ORGANISMOSDESCONCENTRADOS

MECANISMO DE APOYOEXTERNO A LA

FORMULACION DE POLITICAS

COMISION NACIONALDE ENERGIA

DIRECCION EJECUTIVA DEFOMENTO A LA MINERIA

(DEFOMIN)

AUDITORIA INTERNA

UNIDAD DE PLANEAMIENTO YEVALUACION DE GESTION

UNIDAD DEMODERNIZACION

COMISION PRESIDENCIAL DEMODERNIZACION DEL ESTADO

AREA DE ORDENAMIENTOTERRITORIAL

GERENCIAADMINISTRATIVA

UNIDAD DESERVICIOS LEGALES

UNIDAD DECOMUNICACIONINSTITUCIONAL

SECRETARIA GENERAL

UNIDAD DE COOPERACIONEXTERNA Y MOV. DE

RECURSOS

PROGRAMASESPECIALES

SUBSECRETARIA DE RECURSOSNATURALES Y ENERGIA

UNIDADTECNICA DEL

PETROLEO

PROGRAMAS YPROYECTOSESPECIALES

COMISIONTECNICOASESORA

DIRECCION DE ENERGIADIRECCION DERECURSOS HIDRICOS

PRESUPUESTOS RECURSOSHUMANOS

RECURSOSMATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARIA DELAMBIENTE

Direcciónde GestiónAmbiental

PROGRAMAS YPROYECTOSESPECIALES

COMITE TECNICOASESOR

Direcciónde

Biodiver-sidad

Dirección deEvaluación y

ControlAmbiental(DECA)

CESCCO