Declaración del PCR

ANTE LA CRISIS POLÍTICA: LUCHAR POR UNA SALIDA POPULARCon los cambios en el gabinete nacional y con la renuncia de Chacho Alvarez a la vicepresidencia de la Nación, la crisis política que comenzó con la denuncia de los sobornos en el Senado entró en una nueva fase.

La crisis gubernamental es el producto del fracaso de una línea que ha continuado y profundizado la política de hambre y entrega del menemismo. Los cambios realizados por De la Rúa en el gabinete pretenden proseguir y reforzar ese rumbo.

Nuestro IXº Congreso, realizado el 12,13 y 14 de agosto de este año, planteó que el proceso de auge de masas abierto con el santiagueñazo, en Diciembre de 1993, marchaba a un desemboque y que los imperialismos que disputan el control de la Argentina y las distintas clases sociales en pugna, se reagrupaban para decidir el rumbo futuro del país. Y que la clase obrera y el pueblo debían prepararse para terciar en el desenlace que se avecinaba con el fin de imponer su propia solución a la crisis económica y social en curso. La crisis política actual marca el inicio de ese período de definición del proceso de grandes luchas de los últimos años. Con la renuncia de Chacho Alvarez y los cambios en el gabinete, lejos de agotarse, la crisis política se profundizará. Se ha fracturado la Alianza gobernante y su futuro tiene pronóstico reservado. Se marcha a un acelerado reagrupamiento de fuerzas dentro y fuera del gobierno.

Ha salido a la luz la corrupción del Poder Ejecutivo, del Parlamento y de la Justicia. Esta corrupción es funcional a esta democracia constitucional ya que se mantiene intacto el viejo Estado oligárquico-imperialista. El mismo de la dictadura militar, el alfonsinismo y el menemismo. La corrupción permite que las instituciones de ese Estado (justicia, parlamento, burocracia, aparato represivo, gobierno) sean utilizadas para explotar y oprimir a la clase obrera y el pueblo y para que las potencias imperialistas y sus monopolios opriman a la Nación Argentina.

Chacho Alvarez ayudó a decidir, y luego avaló, las principales medidas del gobierno: ley de flexibilización laboral (que se negoció en su despacho del Senado); rebaja salarial (que decidió junto a De la Rúa); el proyecto de ley de Emergencia Económica; el decreto de "desregulación" de las obras sociales (que él firmó); la represión a los luchadores sociales y a las protestas populares, entre otras. Ahora, al renunciar a su cargo en el gobierno, Alvarez

ha denunciado la corrupción en el Senado pero no ha hecho una sola crítica a la política económica y social del gobierno y, tras su renuncia, ha expresado su apoyo a De la Rúa y Machinea.

La lucha entre los de arriba, por encima de las anécdotas periodísticas, las ambiciones personales y las intrigas de los políticos y funcionarios burgueses, es la expresión de la puja feroz que se ha desatado entre las distintas potencias imperialistas y grupos monopolistas y terratenientes por el control del poder para dirimir quiénes serán los principales beneficiarios de la política que descarga la crisis sobre el pueblo.

Estamos próximos a los tres años de "recesión", como llaman los escribas de la burguesía a la crisis económica. Con el gobierno de la Alianza ha crecido la desocupación, el cierre de empresas, la rebaja salarial, la liquidación de las conquistas sociales, la superexplotación, el hambre, y la quiebra de los pequeños y medianos productores y comerciantes, aún más que con Menem. Todo esto ha agravado la crisis social y la desesperación de millones de trabajadores ocupados, desocupados y jubilados y de miles de pequeños y medianos productores del campo y la ciudad condenados a la quiebra. Los cambios en el gabinete nacional realizados por De la Rúa se han hecho para reforzar este rumbo. Así se agravará la contradicción principal que enfrenta a las grandes masas populares con el gobierno de De la Rúa.

Esta política llevará al país a un verdadero desastre económico y social. Solo terminando con ella se podrá acabar con el hambre, la desocupación, la entrega, la corrupción y la usura. Es imposible salir de esta crisis, en beneficio del pueblo, pagando más de un millón de dólares por hora de intereses de la deuda externa ilegítima y usuraria, siete mil millones de dólares al año por el déficit previsional en beneficio de las AFJP privadas y los subsidios y jugosos beneficios que se llevan las empresas privatizadas y los especuladores nacionales y extranjeros. El gobierno ratifica que seguirá con esta política. Por lo tanto, sólo imponiendo un gobierno de unidad popular que aplique un plan de emergencia económica y laboral, y las diez medidas que propone nuestro Partido, se encontrará una salida a la crisis económica y social en beneficio de la clase obrera y el pueblo. Y esto solo será posible con una gran pueblada nacional, un "argentinazo", un "nuevo 17 de octubre" que, a escala nacional, permita al pueblo protagonizar el camino que mostraron a niveles provinciales el santiagueñazo, el cutralcazo, el jujeñazo, el correntinazo y la pueblada de Mosconi-Tartagal en Salta. Los recientes ejemplos de Ecuador, Perú y Yugoslavia han demostrado la potencialidad revolucionaria de esta forma plebeya de terciar en la lucha política. Esta es la tarea central que el momento impone a la clase obrera y el pueblo.

Para ello urge unir y organizar a la clase obrera, el campesinado, los estudiantes, la intelectualidad y las grandes masas populares para la lucha

por sus reivindicaciones y por un tal tipo de gobierno, que aplique ese programa de emergencia y convoque a una asamblea constituyente verdaderamente independiente y soberana que sancione una reforma agraria radical y profunda y las reformas de fondo que abran el camino a la revolución democrática-popular, agraria, antiimperialista en marcha ininterrumpida al socialismo. En ese camino llamamos a la unidad de la CTA, la CGT (rebelde), la CCC, y las organizaciones de desocupados, jubilados, estudiantiles, agrarias y populares y a apoyar y movilizarse masivamente el 11/10 a la Plaza de Mayo contra esta política, por la libertad de Castells, Alí, la anulación de la condena a Reiffenberg, la amnistía a los militantes populares procesados y por un paro nacional activo de 36 horas con cortes de ruta, como ha planteado la Corriente Clasista y Combativa. La garantía de todo esto es el fortalecimiento del Partido Comunista Revolucionario.

PCR-Comisión Política del CC- 8/10/00