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DELIMITAR NO ES EXCLUIR: EL CASO DEL SANEAMIENTO FÍSICO-
LEGAL DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE VILCAS HUAMAN, AYACUCHO
Oscar Espinoza Martín
Qhapaq Ñan – Sede Nacional
El proceso de saneamiento físico-legal de los monumentos arqueológicos incas de la
ciudad de Vilcas Huaman, involucró la puesta en marcha de una serie de trabajos donde
la población vilquina jugó un rol protagónico. Desde el reconocimiento arqueológico
inicial hasta la socialización de los planos de delimitación se contó con la activa
participación de mujeres y hombres, adultos y jóvenes, quienes echaron mano de un
procedimiento arqueológico-legal para convertirlo en objeto de debate público. No
solamente estaba en juego la protección de su patrimonio cultural y todo el imaginario
que le da sentido, sino también una serie de intereses que reactualizaron temas tan
sensibles como el periodo reciente de violencia política.
Vilcas Huaman
El centro urbano de Vilcas Huaman es la capital de la provincia ayacuchana del mismo
nombre, asentada sobre unos 3380 m.s.n.m. La población está conformada tanto por
comuneros de la Comunidad Campesina de Pomacocha y Anexos, constituida en 1975,
así como por personas no afiliadas a la institucionalidad comunal.
Una de las características más resaltantes de la población es su carácter migrante.
Como consecuencia de la época del gamonalismo (segunda mitad del s. XIX – primera
mitad del s. XX) y el conflicto armado interno (1980-2000), el mapa social vilquino está
compuesto por personas de diversas regiones del país en constante movilidad. Por
ejemplo, en la actualidad están regresando a Vilcas Huaman las personas que migraron
debido a los episodios de violencia suscitados durante el periodo de conflicto armado,
lo que ha generado pugnas alrededor de la recuperación de los terrenos que fueron
abandonados.
Fig.1. Vista panorámica de la ciudad de Vilcas Huaman. Nótese la traza urbana abigarrada: viviendas,
predios rurales y estructuras arqueológicas yuxtapuestas (Google Earth 2016)
Este escenario se complejiza si tenemos en cuenta el desarrollo económico local. Junto
al cultivo de autoabastecimiento encontramos el que es parte de una economía de
mercado (Landa 2007), lo que establece una serie de desigualdades de orden
económico. La diferenciación entre comerciantes, prestadores de servicios (turísticos,
de transporte), profesionales y agricultores constituye el campo social sobre el que las
problemáticas locales son leídas, incluida la patrimonial. En este contexto, la
heterogeneidad sociocultural vilquina constituye un reto para la gestión pública y, en
especial, para la puesta en uso social del patrimonio arqueológico.1
Por otro lado, dentro de la ciudad se encuentran evidencias arqueológicas como el
centro ceremonial de Campanayuq Rumi (1000-500 a.C.), materialización de la
influencia de Chavín de Huántar (Matsumoto y Cavero 2009, 2012), y una serie de
estructuras arqueológicas que corresponden al periodo de expansión del Tawantinsuyu
en la sierra sur. El Templo del Sol y la Luna, Ushnu, Baño del Inca, Piedra del Vaticinio,
Muralla Pachacutec y Arkupunku son testimonios de una de las ciudades incas más
importante de los Andes Centrales (Gonzales, Cosmópolis y Lévano 1981; Gonzales y
Pozzi-Escot 2002; Santillana 2012).
Saneamiento físico-legal de sitios arqueológicos en el Perú
El saneamiento físico-legal de sitios arqueológicos es un procedimiento técnico,
normado y ejecutado por el Ministerio de Cultura. Involucra la delimitación y
monumentación (colocación de hitos) de evidencias arqueológicas con la finalidad de
inscribirlas en Registros Públicos como propiedad del Estado. Tiene como objetivo la
protección de los monumentos arqueológicos inmuebles del país mediante el
establecimiento de las condiciones legales necesarias para, entre otros procedimientos,
el desarrollo de proyectos de puesta en valor de carácter público o privado.
Regularmente, este procedimiento no involucra la participación de quienes viven en los
alrededores de los monumentos arqueológicos. Un equipo liderado por un arqueólogo
establece los linderos en base a una serie de criterios técnicos y, posteriormente, hace
entrega al municipio o comunidad (campesina o nativa) del expediente técnico, incluidos
los planos de delimitación, para que presenten o no sus alegaciones.
Podría tratarse de un procedimiento técnico más, pero ¿Qué implicancias sociales tiene
delimitar sitios arqueológicos dentro de territorios comunales? o, como en nuestro caso,
¿Cómo delimitar evidencias arqueológicas superpuestas a viviendas y predios rurales?
En Vilcas Huaman los sitios arqueológicos incas están yuxtapuestos a infraestructura
moderna, es decir hay viviendas y parcelas de cultivo junto o sobre las estructuras
arqueológicas, lo que generado tanto la precarización de las evidencias del pasado
como de la misma población. Debido a la normativa legal vigente, el uso habitacional de
los espacios arqueológicos imposibilitó que toda la población acceda a un título de
propiedad; además, la implementación de un reglamento urbanístico imposibilita que se
puedan construir viviendas de material noble en la zona monumental de la ciudad a
pesar que la misma comunidad desea remodelar sus viviendas con este tipo de material,
debido, entre otros motivos, a los problemas de salubridad que causan las ratas.2
_____________________________________________________________________ 1 La puesta en uso social involucra la gestión del patrimonio cultural a partir del establecimiento
de espacios de diálogo y negociación institucionalizados, donde los intereses y necesidades de
la sociedad civil y las entidades gubernamentales competentes constituyan el insumo para la
toma de decisiones (Canclini 1999: 24, Marcone y Ruiz 2014: 119). 2 El “Reglamento para el Poblado Histórico de Vilcashuamán”, elaborado por el entonces INC,
dispone una serie de normas técnicas de aplicación obligatoria que regulan y controlan los usos,
funciones, acciones e intervenciones que se realicen en inmuebles y ambientes urbanos
comprendidos dentro de la ciudad.
Esta situación ha generado que el patrimonio cultural, y el aparato burocrático que lo
administra, sea percibido como una dificultad, una traba en los legítimos proyectos de
desarrollo de la población vilquina. Es así como una visión proteccionista y poco
participativa del patrimonio cultural ayuda al mantenimiento de condiciones que vulneran
tanto a los monumentos arqueológicos como el derecho a decidir el tipo de ciudad que
aspira habitar la comunidad.
En este contexto, surgió la necesidad de replantear el procedimiento y vincular a nuevos
actores. Delimitar de manera unidireccional no solamente podría acarrear un conflicto
con la población, y en especial con los posesionarios involucrados, sino también
intervenir, inconsultamente, en los proyectos de vida de familias que habían pasado por
episodios de violencia en las últimas décadas del siglo pasado.
Fig. 2. Colindancia entre vivienda y el Ushnu (Qhapaq Ñan-Sede Nacional 2016)
Fig. 3. Viviendas ubicadas sobre la Muralla Pachacutec-Sector B (Qhapaq Ñan-Sede Nacional 2015)
El Proceso
Desde el Qhapaq Ñan-Sede Nacional, a través del equipo del Proyecto de Tramo
Vilcashuamán-La Centinela, se tomó el reto de facilitar el proceso de saneamiento físico-
legal. El objetivo fue generar planos de delimitación para las estructuras arqueológicas
incas de Vilcas Huaman a partir del establecimiento de espacios de diálogo entre las
diversas partes involucradas (Ministerio de Cultura, Municipalidad Provincial de Vilcas
Huaman y la comunidad vilquina). En este sentido, se establecieron los siguientes ejes
de trabajo:
a. Fomento de la participación comunitaria. – Se incentivó la participación de la
comunidad, así como de los posesionarios directamente involucrados.
Entendiendo la participación como el involucramiento de la población en
espacios de toma de decisión que determinen el transcurso del proyecto.
b. Diálogo y negociación. – Fue mediante el establecimiento de espacios diálogo
y negociación que se garantizó la transparencia del proceso. Un diálogo
constante, sincero y crítico. Desde asambleas comunales hasta conversaciones
informales, en todo momento se procuró absolver dudas y no generar falsas
expectativas. Asimismo, la negociación sirvió como medio para la construcción
de consensos mínimos que permitan un sano entendimiento entre las partes
involucradas.
c. Productividad del disenso.– La complejidad del escenario, y especialmente los
intereses que estaban en juego, posibilitó la existencia de voces disidentes a lo
largo del proceso. Sus observaciones fueron escuchadas para mejorar nuestras
acciones y canalizadas mediante los conductos regulares.
d. Respeto a las formas de organización y deliberación locales. - Los trabajos
se adecuaron a las dinámicas sociales locales, desde las coordinaciones con las
autoridades comunales y municipales hasta la elección de una hora adecuada
para el inicio de las reuniones (teniendo en cuenta las ocupaciones y
desplazamientos diarios de la población). En este sentido, las asambleas
comunales fueron momentos importantes para la toma colectiva de decisiones.
Siguiendo estos lineamientos, los trabajos fueron realizados durante dos años
(2015- 2016) y comprendieron las siguientes acciones:
a. Fase de reconocimiento social.- Se realizó un mapeo de actores sociales para
identificar la red de relaciones de poder e intereses entre las diferentes
autoridades comunales y ediles, así como para conocer su disposición a
participar del proceso. Este método permitió comprender el contexto
sociopolítico vilquino y diseñar una estrategia general que responda a las
dinámicas sociales que se establecían entre los diferentes actores sociales de la
ciudad. Al tratarse de relaciones sociales complejas y altamente dinámicas, el
mapeo se actualizó constantemente.
b. Fase de reconocimiento arqueológico.- Se hizo un reconocimiento
arqueológico de la ciudad de Vilcas Huaman con el objetivo de identificar los
monumentos arqueológicos involucrados en el proceso (Templo del Sol y la
Luna, Ushnu, Baño del Inca, Muralla Pachacutec, Piedra del Vaticinio y
Arkupunku), así como los posibles predios afectados. Se contó con la
participación de algunas personas que nos brindaron información acerca de la
historia prehispánica y reciente de los restos arqueológicos, lo que complementó
el registro.
c. Fase de diálogo.- Consistió en una serie de reuniones a nivel comunal, barrial
y escolar con la finalidad de generar espacios de diálogo con la población acerca
de los objetivos del proyecto, así como para debatir sobre la situación actual de
su patrimonio cultural. Inicialmente, en una asamblea comunal se solicitó la
participación de la población, garantizada mediante la firma de un acta de
compromisos. Asimismo, se propiciaron conversaciones informales en diferentes
espacios, lo que permitió escuchar especialmente las voces de las mujeres
vilquinas, quienes por motivos estructurales, no hacen escuchar sus opiniones
en las asambleas comunales. Siendo el diálogo la matriz sobre la que se
desarrolló el proceso, este tipo de espacios se mantuvieron durante todas las
fases de trabajo.
Una de las estrategias de diálogo más productivas fueron los talleres de
identificación de patrimonios culturales. Las sesiones fueron desarrolladas
haciendo uso de diferentes medios, como el dibujo y la música, para crear las
condiciones adecuadas para la visibilización de la memoria histórica de cada
participante. La habilitación de este tipo de espacios nos permitió generar un
clima de confianza con la población, el tejido de una relación más cercana y
horizontal entre arqueólogos y comunidad.
d. Fase de registro.– Involucró la identificación y registro de todos los
posesionarios de los predios involucrados. Mediante entrevistas se pudieron
conocer sus historias familiares, algunas íntimamente relacionadas con las
consecuencias del conflicto armado interno, proyectos de vida y disposición a
participar del proyecto. En general, la mayoría aceptó colaborar, sin embargo,
algunos se rehusaron debido a que pensaban que sus terrenos serían
expropiados, lo que tiene sentido dentro de un clima de desconfianza histórica
hacia las instituciones gubernamentales (Espinoza sp.).
e. Fase de Delimitación.– Se conformó un grupo de acompañamiento de
autoridades locales que monitoree los trabajos de delimitación, realizados por un
equipo (arqueólogo e ingeniero) de la Dirección de Catastro y Saneamiento
Físico Legal del Ministerio de Cultura, oficina encargada a nivel nacional de este
tipo de trabajos. El día de la delimitación se contó, además, con la participación
de algunos pobladores que expresaron sus voces y propuestas. Si bien la
determinación de los límites fue decidida por el arqueólogo del equipo de
catastro, la población mediante el comité de autoridades y algunos vecinos y el
equipo del Qhapaq Ñan – Sede Nacional influyeron en la forma de los polígonos
de delimitación. Así, junto a criterios técnicos, se tuvo en cuenta la mínima
afectación social de los polígonos de delimitación en tanto se consideró la menor
cantidad de viviendas y terrenos de cultivo.
Posteriormente, en una asamblea comunal se informó el estado del proceso y
se asumieron algunos compromisos, como la responsabilidad de la
Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman de negociar con las familias
involucradas acerca del futuro de los terrenos que quedaron dentro de las
poligonales de delimitación.
f. Fase de procesamiento de datos y búsqueda catastral. – Etapa realizada por
el equipo de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal. Consistió en
la elaboración de las fichas técnicas, memorias descriptivas y planos de los
monumentos arqueológicos. Además, se hizo la búsqueda catastral ante
diversas entidades públicas para conocer si los polígonos propuestos estarían
superpuestos en alguna propiedad.
g. Declaratoria como patrimonio cultural de la nación. – Mediante la Resolución
Viceministerial N° 119-2016-VMPCIC se declara Patrimonio Cultural de la
Nación a los siguientes sectores del monumento arqueológico de Vilcas
Huaman: Templo del Sol y la Luna, Ushnu, Baño del Inca, Piedra del Vaticinio,
Arkupunku, Muralla Pachacutec A y B.
h. Fase de socialización.- En una asamblea comunal fueron presentados los planos de delimitación para transparentar el proceso y absolver las dudas de la población. En la misma se eligió un comité de acompañamiento (conformado por autoridades comunales y municipales, así como por vecinos) que recorra, con plano en mano, los límites de las estructuras arqueológicas en cuestión. Durante dos días se reconocieron los polígonos de delimitación y conversó con los posesionarios involucrados acerca de las implicancias legales de la inclusión de sus predios, situación que complejizó más el proceso.
Fig. 4. Asamblea comunal en la que se solicitó la participación de la población en el proceso
(Qhapaq Ñan-Sede Nacional 2015)
Fig. 5. Mapeo de actores, entrevistas con autoridades locales (Qhapaq Ñan-Sede Nacional 2015)
Fig. 5. Regidor vilquino, como parte del comité ciudadano que acompañó la delimitación, conversando con un vecino (Qhapaq Ñan-Sede Nacional 2015)
Tensiones alrededor del proceso
A lo largo de todo el proceso surgieron una serie de discrepancias por parte de la
comunidad vilquina acerca del propósito y los resultados del proyecto. En un primer
momento, algunos de los posesionarios de los predios directamente involucrados
estuvieron en total desacuerdo de participar, no estaban dispuestos a permitir que sus
terrenos eventualmente ya no estén bajo su posesión. Sus argumentos se cimentaban
en malas experiencias de trabajo con algunas instituciones gubernamentales que no
habían cumplido con sus compromisos en un proceso de reubicación anterior.3 La
desconfianza en el Estado, exacerbada aún más por las graves violaciones de derechos
humanos durante el conflicto armado del siglo pasado, generaba un clima donde las
palabras y promesas no bastaban más. Tejer una nueva relación con la población iba a
ser aún más difícil.
La socialización de los planos definitivos de delimitación presentó un nuevo matiz,
totalmente predecible en la historia del proceso. Durante la reunión de presentación de
los planos surgieron una serie de observaciones acerca del trabajo de delimitación,
expresadas a través de discursos políticos atados a diferentes tipos de intereses.
____________________________________________________________________________3 Entre los años 2007 y 2008 se llevó a cabo el proyecto “Puesta en Valor de los Atractivos
Turísticos de la Ciudad Inca de Vilcashuamán” bajo la ejecución del Gobierno Regional de
Ayacucho y la Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman. Para lograr con los objetivos, se
demolieron 27 viviendas ubicadas en el frontis del Templo del Sol y la Luna, así como del Ushnu.
Se implementó un sistema de compensaciones en el que el Gobierno Regional de Ayacucho
indemnizó económicamente a quienes se vieron afectados, mientras que la municipalidad
provincial se comprometió a conceder nuevos terrenos. Sin embargo, no se hizo entrega de los
terrenos prometidos a todas las personas implicadas.
Se cuestionó en especial que un hotel no sea incluido en la poligonal de una de las
estructuras arqueológicas. Como propiedad de una de las personas más pudientes de
la ciudad, incentivó las suspicacias de algunas personas. El tema de la clase social fue
traído a colación bajo la premisa de por qué se “benefició” al propietario, mientras otras
personas “pobres” no lo fueron. La pobreza fue remarcada aún más haciendo hincapié
en las secuelas del conflicto armado interno y el anterior proceso de reubicación. Las
palabras temblaban, “hemos sido una población muy golpeada”, “no nos pueden tratar
así”.
Si bien se les explicó que la delimitación fue producto de un trabajo participativo y estuvo
guiada por criterios técnicos y apelando a la menor afectación social posible, el halo de
desconfianza se mantuvo, y aún se mantiene en un sector de la comunidad. Es
totalmente comprensible, pues la violencia perpetrada por diferentes instituciones
estatales ha provocado un distanciamiento, el malestar está sedimentado en la memoria
colectiva y se hace explícito ante “la presencia del Estado”, sobre todo si duelo y
reconciliación son procesos inacabados y, en algunos casos, aún lejanos.
Es importante mencionar que junto a estos discursos surgieron voces con intereses muy
particulares. Algunas personas desconocieron los compromisos asumidos inicialmente
y aprovecharon el legítimo descontento para desconocerlos. Solemos asociar a las
comunidades andinas como éticamente correctas, pero la realidad es lo suficientemente
compleja como para no abrazar nociones racializadas acerca del “hombre andino”,
probo e ingenuo. Todo proceso de diálogo involucra también silencios, omisiones y
retrocesos que no deben ser tomados como dificultades, sino como retos propios de las
dinámicas comunicacionales.
Ante este tipo de situaciones es muy importante afinar las capacidades de análisis e
intentar leer entrelineas. ¿Qué se dice cuando se habla a favor de la protección del
patrimonio?, ¿Qué hay detrás del descontento de la población?, ¿Todos hablan desde
el mismo lugar de enunciación? Comprender y tomar en cuenta la dinámica sociopolítica
de un territorio debería ser un requisito para la ejecución de proyectos de gestión del
patrimonio cultural. Los discursos, así como la delimitación, no caen sobre un escenario
carente de contenidos políticos, estos dan sentido y jerarquizan tanto nuestra pretensión
proteccionista como los intereses de quienes nos escuchan.
Delimitar con puntadas
Delimitar un sitio arqueológico no tiene por qué ser un mecanismo que simule el vacío
político o cultural de un territorio. Muchos sitios arqueológicos en el país se encuentran,
en su totalidad o en parte, dentro de territorios comunales o terrenos privados (viviendas,
predios rurales), situación que debería ser tomada en cuenta al momento de emprender
procesos de saneamiento físico-legal.
Si bien la normativa alrededor de estos procesos no contempla algún tipo de
participación ciudadana, es importante abrir el debate e involucrar a poblaciones y
comunidades en los procesos de delimitación de sus patrimonios culturales, ya que:
- Evitamos situaciones de conflictividad. Es necesario generar procesos de
saneamiento físico-legal participativos en los que las poblaciones directamente
implicadas tengan la oportunidad de hacer escuchar sus propuestas y participen
en los espacios de toma de decisión. Mediante un diálogo fluido y la construcción
de consensos, no exentos de diferencias, se evitará generar conflictos sociales
y mayores descontentos con la performance del Estado.
- Garantizamos la sostenibilidad del proceso. Una delimitación sustentada sobre la base de la participación ciudadana informada es un mecanismo más seguro
para la protección física de los sitios arqueológicos. El conjunto de señales de las que se vale la delimitación (paneles de señalización, hitos, cercos perimétricos) en la práctica de poco ha servido a la real salvaguarda del patrimonio cultural. Hitos y paneles informativos nos han evitado que muchos sitios arqueológicos sean “invadidos”. Por el contrario, si la población es vinculada en los procesos de gestión cultural se generan las condiciones para un cambio en las percepciones hacia el patrimonio cultural que garanticen usos sostenibles que permitan su conservación.
- Promovemos una base social que dinamice la protección del patrimonio cultural. Un trabajo participativo de delimitación puede ser el “pretexto” ideal para fortalecer grupos culturales o personas interesadas en la protección del patrimonio cultural. En Vilcas Huaman, aprovechando los días de trabajo, se facilitó la conformación del Comité de Defensa del Patrimonio Cultural, grupo de ciudadanos que actualmente está trabajando en un plan de trabajo para el año 2017.
- Generamos un nuevo tipo de relacionamiento entre Estado y ciudadanía. En contextos donde las instituciones estatales han generado impactos negativos, las delimitaciones participativas, en el marco de proyectos de gestión más amplios, pueden transformarse en una oportunidad para tejer relaciones más saludables y positivas.
Es importante detenernos y enfatizar un aspecto que estamos dejando de lado: junto al
amplio espectro de temas que involucra la delimitación de sitios arqueológicos está el
de la vivienda. Acceder a una vivienda adecuada no solamente es tener un techo sobre
el que dormir, abarca una serie de requisitos como contar con una infraestructura
habitable y asequible, servicios básicos (agua, desagüe y luz), estabilidad jurídica
acerca de la tenencia (posesión o propiedad) y, fundamentalmente, un ambiente que
garantice el vivir con seguridad, paz y dignidad (Naciones Unidas 2010). En este marco,
garantizar el derecho a la vivienda podría no ser compatible, en algunos casos, con el
principio de protección del patrimonio cultural. Por ejemplo, si bien ningún predio en
Vilcas Huaman cuenta en la actualidad con un título de propiedad, porque los
monumentos arqueológicos no estaban saneados legalmente, todas las viviendas,
incluidas las ubicadas sobre o junto a los sitios arqueológicos, tienen acceso a servicios
básicos. La total descoordinación de las entidades involucradas generaba las
condiciones para que la informalidad sea aún más compleja, avalada por algunas
instituciones y condenada por otras. En este contexto, la delimitación procuró la
conservación física de los monumentos arqueológicos, pero sin llegar a vulnerar el
derecho a poseer una vivienda. Las familias que vieron comprometidos sus predios
pueden permanecer donde están hasta que lleguen a un acuerdo con la municipalidad
provincial.
Si tenemos en cuenta el progresivo aumento de conflictos sociales en el país (Pajuelo
2016), latentes o patentes, es más que necesario el ejercicio de una función pública
comprometida con la prevención y gestión de escenarios de conflictividad social en
plena concordancia a la legislación nacional vigente y el respeto a los derechos
humanos, incluido el derecho a la vivienda. Esto no implica de ninguna manera
abandonar la ética arqueológica, exige replantearla a la luz del contexto social que
habitamos. Proteger el patrimonio no tiene por qué ser una ortodoxia, en el terreno nos
damos cuenta lo complejo que es implementar principios rígidos y socialmente vacíos.
Así, lejos de renunciar al estudio del pasado, generamos en el presente nuevas formas
de relacionamiento entre arqueólogos y comunidades, donde la participación de ambos
será el pilar sobre el que se proyecte una forma más democrática de hacer arqueología
en el país.
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